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07may06
Sombrío panorama sobre el desplazamiento en Colombia revela estudio de la Universidad de los Andes.
Según éste, las 1.2 millones de hectáreas abandonadas por cuenta del fenómeno equivalen a dos veces el número de tierras entregadas por la Reforma Agraria entre 1993 y 2002.
El estudio, denominado ‘Hacia una política proactiva para la población desplazada’, indica que prácticamente todos los municipios del país hoy en día son lugares de recepción o expulsión de población desplazada.
De igual forma, indica que los hogares afectados no reciben el paquete completo de las ayudas contempladas por la legislación y que las tierras desalojadas por efecto del conflicto tienen un valor de $976 mil millones.
El trabajo, en el que también participó el Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombia, se llevó a cabo a través de la realización de encuestas a 2.322 hogares desplazados de 48 municipios comprendidos en 21 departamentos del territorio nacional.
“Dos tipos de encuestas se aplicaron durante el proyecto: una encuesta detallada de hogares desplazados y una encuesta de beneficiarios. El objetivo era recopilar información detallada acerca del proceso migratorio de los hogares desplazados, las condiciones socioeconómicas y el acceso a servicios sociales en los municipios de origen y recepción, la vinculación a mercados laborales, el deseo de retorno, el consumo de los hogares, la tenencia de tierras y activos y la producción agrícola”, según el informe.
De acuerdo con las cifras de dicho trabajo, el total de hogares desplazados inscritos en el Sistema único de Registro es de 1'784.626 personas , lo cual equivale a cerca del 3.7 por ciento de la población colombiana y al 13.7 por ciento de la población rural. “Más aún, en 2004, la intensidad del desplazamiento en los diez municipios del país más afectados por dicho fenómeno oscilaba entre 60.000 y 80.000 personas desplazadas por cada 100.000 habitantes”, añade el escrito.
De igual forma, señala que a pesar de los esfuerzos del Estado y otras instituciones para ayudar a esta población la situación sigue siendo crítica. “Pocas familias se vinculan a los mercados laborales y su ingreso exiguo ubica a casi todos los hogares bajo la línea de pobreza. Cerca de la mitad de los niños de familias desplazadas están desnutridos, un porcentaje significativo no asisten al colegio y muchos trabajan para contribuir con el ingreso familiar”.
Las tierras
El estudio indica que únicamente el 12.8% de los hogares controlan las tierras: directamente (1.2%) o con apoyo de familiares o amigos (11.6%). Sin embargo, sólo el 8% de los predios están siendo explotados con fines agrícolas por razones económicas o de conflicto.
Uno de los datos que más llama la atención es que el 18.6% de los hogares son encabezados por mujeres, en la mayoría de los casos porque el jefe de hogar fue asesinado. Dicha situación, según el estudio, hace más precaria la situación de la familia perjudicada. “Cerca de 28% enfrentan un cambio en la composición del hogar y en el 15% es por asesinato de un miembro”, según el diagnóstico.
Conclusiones
Dentro de las múltiples conclusiones del estudio, toda desfavorables ante la situación, se desprenden las siguientes:
Las pérdidas de activos de la población desplazada son sustanciales y equivalen al 1.7 del PIB.
Las ganancias que se dejan de percibir por explotar los predios agrícolas alcanzan un valor anual del 2.1% del PIB agropecuario.
Las caídas en bienestar para la población desplazada son pronunciadas.
Sus condiciones económicas en los receptores: peores que los pobres y en ocasiones que la población indigente. Y además no progresan necesariamente con el tiempo de asentamiento.
Baja escolaridad y falta de habilidades específicas para los mercados urbanos: barrera para acceder a mercados laborales urbanos.
Pérdidas de activos y condiciones socioeconómicas pueden condenar a un grupo de la población colombiana a una pobreza crónica.
Capacidad para generar ingresos, acceso a mercados laborales, la posesión de activos y control sobre predios en origen: esenciales para recuperar activos, mitigar la caída del bienestar e incrementar los niveles de bienestar.
La ayuda estatal es mayor en servicios típicamente prestados por el estado y deficiente en la ayuda diseñada especialmente para la población desplazada.
Los programas de generación de ingresos tienen un impacto positivo sobre sus beneficiarios, pero es apenas suficiente para colocar a los hogares desplazados en los niveles de la población pobre.
Con el trabajo, sus gestores buscan contribuir en el diseño de políticas dirigidas a apoyar a dicha población. “Los objetivos del estudio son tres: explorar las pérdidas de bienestar para la población desplazada; evaluar los impactos de los programas de asistencia para la población desplazada; y explorar las pérdidas de activos de la población víctima del desplazamiento. A continuación se desarrolla un breve resumen del proceso desarrollado así como de los resultados más relevantes”, enfatiza el escrito.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 07may06]
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