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02jul10
El presupuesto para tierras de este año es igual al costo de un helicóptero Black Hawk
En el 2010, no hay plata para comprarles predios a campesinos.
Para desplazados únicamente hay $ 37.400 millones. En 8 años, sólo 111 mil familias recibieron tierra.
Este sábado, el Ministerio de Agricultura y el Incoder rendirán cuentas al presidente Uribe y al país en torno de la política de tierras aplicada en este Gobierno. Y si las cifras concuerdan con las obtenidas por EL TIEMPO, el balance no va a ser muy halagador.
El cumplimiento de metas de entrega de parcelas a campesinos y a desplazados se quedó corto, y el presupuesto asignado para la compra de tierras ha descendido.
Este año no hay plata para comprarles tierras a campesinos y para desplazados, apenas hay disponibles 37.400 millones, lo que vale uno solo de los helicópteros Black Hawk comprados por el Ejército.
Cifras del propio Incoder indican que, de agosto del 2002 a abril del 2010, se les entregaron tierras a tan sólo 111.000 familias, incluidas comunidades negras y colonos. Y el número de
hectáreas adjudicadas no superó los 5 millones.
En el primer cuatrienio Uribe, la meta era entregarles tierras a 15.000 familias y obtuvieron parcelas 5.502.
El Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno (Sigob) indica que los resultados alcanzados están entre un 35 y un 40 por ciento de lo presupuestado. Pero el Incoder dice que el porcentaje puede ser más alto (aunque no dice en cuánto) y que ya pidió su revisión.
Modificación de metas
Al respecto, este diario conoció dos cartas, del 2009, en las que el Incoder le pidió a Planeación que le redujera las metas porque iba a ser imposible cumplir lo prometido. Por ejemplo, no se pudieron entregar las 130.000 hectáreas extinguidas a la mafia que, por ley, ahora irán a parar al Fondo de Reparación de Víctimas.
Pero la mejor evidencia de que la política de tierras se ha quedado rezagada frente a la demanda -generada por la pobreza, el desplazamiento y la tenencia de la tierra por el narcoparamilitarismo- se puede advertir en los resultados de las recién creadas convocatorias para la compra de predios y desarrollo de proyectos productivos.
El mecanismo -al que ya se le han tenido que hacer varios ajustes- fue implantado en la administración del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, para mayor transparencia y equidad en la adjudicación de predios.
En el 2008, se presentaron 21.543 familias de desplazados y campesinos, con 1.656 proyectos, que costaban 389.250 millones de pesos.
Sin embargo, sólo hubo 54.628 millones disponibles que alcanzaron para 1.137 familias.
Además del bajo presupuesto, asesores del director del Incoder admiten que los requisitos exigidos inicialmente a los campesinos y desplazados -como estudios de suelos y de aguas- eran difíciles de cumplir.
También dicen que algunas de las tierras que se postularon para los proyectos tenían líos judiciales o precios inflados hasta cinco veces.
Por eso, ese año se quedaron sin ejecutar 9.000 millones de pesos que volvieron a las arcas del Estado.
En el 2009, el panorama fue similar: se presentaron 34.700 familias con 3.686 proyectos, pero sólo hubo plata para 1.616 familias.
Y este año, 15.122 familias desplazadas esperan que sus proyectos sean aprobados, pero el presupuesto se redujo sustancialmente.
Cerca de 11.000 millones que deberían ir a ese rubro se usarán en la atención de 210 proyectos del 2009, para los que la plata no alcanzó.
Un indicador claro de la precariedad del dinero destinado a la compra de tierras es el presupuesto de 1996: 103 mil millones de pesos. Otro indicador es que, en las cuatro convocatorias realizadas desde el 2008, sólo se han adquirido 21.628 mil hectáreas.
Descuadre y herencia negra
La falta de plata, la corrupción en el Incoder (que Arias intentó sanear en el primer cuatrienio), sumado a la caída del Estatuto de Desarrollo Rural -andamiaje jurídico con el que se pensaba darle un revolcón al sector- han influido en este rezago.
El Estatuto (tumbado por la Corte Constitucional) había trasladado funciones del Incoder, como la entrega de tierras a comunidades negras, a otros entes que no registraron mayores avances en dos años.
Y las consecuencias de la corrupción (como la compra de tierra improductiva) aún se siguen pagando. Este año, el Incoder tuvo que reservar 7.477 millones (que deberían ir a la compra de tierras) para reubicar a 200 familias que recibieron parcelas inservibles o de difícil orden público. Varias de las reubicaciones se ordenaron vía tutela.
Además, se siguen legalizando 5.700 predios que el viejo Incora le heredó al Incoder, incluida la Isla de Mompox que mide 265.000 hectáreas.
Y aunque aún no se conoce la estrategia del nuevo Gobierno -que ya declaró como prioridad el tema de tierras- lo que sí está claro es que se debe tramitar una nueva ley. La razón: toda la estrategia en esta materia está soportada en el Plan de Desarrollo del Gobierno Uribe que está a punto de expirar.
'Entrega de tierras es un chiste': Gustavo Petro, senador del Polo.
"El balance es negativo. Uribe se rajó en política de tierras. Por años, el Incoder fue entregado a sectores afines al paramilitarismo.
Y en el último año, apenas se repartieron 18.000 hectáreas. Eso es un chiste. Hubo una política pro grandes poseedores, se hizo poco para quitarle tierras a la mafia y la política de extinción ha fracasado. Hasta los jefes 'paras' pudieron trasladar sus tierras a testaferros, sin problema y no hubo un volumen importante de tierras para restitución y reparación".
'Justicia debe agilizar extinción': Andrés F. Arias, ex ministro de Agricultura.
"La única forma de cumplir con la meta de entrega de tierras es que la justicia empiece a aplicar con agilidad y transparencia las sentencias de extinción. La Corte Constitucional tumbó el Estatuto de Desarrollo Rural e impidió que desplazados y víctimas recibieran la tierra que se le quitaba a la mafia. Las convocatorias del Incoder son un éxito, porque se acabó un esquema politiquero. Pero hay poco presupuesto y ni con un billón por año alcanzaría para comprar tierras al precio de hoy".
Corte C. suspende pagos de indemnización a desplazados
Los pagos por reparación vía tutela para desplazados quedaron congelados desde ayer mientras la Corte Constitucional los revisa y unifica criterios. En esos casos, dice la Corte, los jueces han impartido diferentes conceptos por hechos que son similares y fueron acumulados para ser fallados en sentencia de unificación, por considerarse análogos. Las tutelas han sido instauradas en contra de Acción Social por desplazados y los fallos recriminan a esa entidad por haber entregado solamente ayuda humanitaria a estas personas y desconocer sus demás derechos.
'Es obvio que tenemos limitación presupuestal': Incoder
¿Por qué este año no hay plata para comprarles tierras a los campesinos?
Fue una decisión política. Nosotros la ejecutamos. La Corte Constitucional exigió darle prioridad a la población desplazada y eso se hizo.
Pero sólo hay $ 37.400 millones para eso, mucho menos que el año pasado...
El presupuesto para tierras, en el 2010, es de 54 mil millones. Pero tuvimos que tomar parte de esa plata (11.287 millones) para proyectos que se quedaron desfinanciados del 2009. Y el resto (7.477 millones) para sentencias judiciales de reubicación.
¿El problema es de plata?
Tenemos una limitación presupuestal, que es la que aprueba el Congreso, y sobre esa base nos movemos. Obvio que es insuficiente y necesitamos un presupuesto más importante si queremos un verdadero impacto en la tarea de reforma agraria.
¿Hubo metas que no se cumplieron en estos 8 años?
Las metas que se establecieron eran para un Incoder no reestructurado y no contábamos con que perderíamos la competencia para entregar las 130 mil hectáreas extinguidas a la mafia. Y con la caída del Estatuto Agrario nos regresaron funciones que ya no teníamos presupuestadas.
Según el Sigob, ¿el cumplimiento de ustedes es bajo?
Hicimos todas las gestiones para que Planeación redujera las metas en razón de la nueva realidad legal y para que nos incluyeran la titulación de baldíos a colonos y comunidades negras -más de 1'200.000 hectáreas-, pero no se pudo.
¿Pero ustedes suman los baldíos en el total de tierras entregadas en 8 años?
Sí. Con eso alcanzamos las 5 millones de hectáreas, que son una suma importante.
¿Las convocatorias están funcionando?
Es un ejercicio interesante y transparente, que permite la libre concurrencia y garantiza la participación en igualdad de condiciones.
Pero la demanda es mayor a la capacidad del Incoder y han tenido que reajustarlas...
Es un proceso de aprendizaje. Ahora estamos apoyando la formulación de proyectos y el avalúo de tierras con financiación nuestra y de Acción Social. Y ese es el presupuesto que tenemos.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, 02jul10]
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