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Como acto de protesta todos los miembros indígenas se retiran de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.

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Bogotá, 31 de mayo de 2007
Señor Ministro de Agricultura
Ciudad

Cordial saludo.

Los suscritos delegados indígenas en la comisión nacional de territorios reunidos en Bogotá los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2007 expresamos nuestra posición respecto a las actuaciones del gobierno nacional frente a los Derechos de los pueblos indígenas de Colombia.

Como resultado de la evaluación de los resultados de los once años de vigencia del Decreto 1397 de 1996 que crea la comisión de territorios como instancia de relación entre el gobierno y los pueblos indígenas, nos permitimos expresar lo siguiente:

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas fue creada con el propósito de avanzar en la solución a la problemática territorial de los pueblos indígenas y en esa medida de construir confianza en la relación entre los pueblos indígenas y el Gobierno.

En esa medida, uno de los propósitos es concertar las acciones que se requieran para la constitución, ampliación, saneamiento de Resguardos, y conversión de Reservas Indígenas, de acuerdo con la información actualizada sobre las necesidades de las comunidades, y consecuentemente preparar un estimativo de los costos por periodos anuales de las actividades identificadas. El Decreto estableció que el Gobierno Nacional incluirá anualmente en el Proyecto de Ley de Presupuesto, las partidas necesarias estimadas para la ejecución de dicha programación.

Contrario a esto, la comisión ha venido siendo convocada para repartir los irrisorios presupuestos que el gobierno de forma inconsulta y arbitraria asigna para supuestamente "resolver" los problemas territoriales de los pueblos indígenas.

No menos de 420 expedientes se encuentran sin avance alguno desde hace más de una década. Como resultado tenemos la reducción sustancial de territorios titulados a los pueblos indígenas, en un momento en el que requerimos mayor seguridad jurídica ante los riesgos y efectos del desplazamiento forzado y ante la irrupción de actores económicos transnacionales que han venido reordenando y expropiando de forma violenta nuestros territorios.

Y si esto fuera poco, el Incoder se ha dado a la tarea de legalizar las tierras adquiridas violentamente por los narcotraficantes/paramilitares. Como ejemplo: La Resolución del Incoder titulando tierras que ya estaban tituladas a comunidades afro en Bajo Atrato, para entregarlas a cultivadores de palma; y la titulación de 16.330 hectáreas de tierras supuestamente "baldías" en el Vichada a personas vinculadas directamente con el narcotráfico o como ha venido sucediendo en el Departamento de la Guajira donde se esta titulando territorios ancestrales del pueblo Wayúu para la realización de proyectos económicos de particulares.

Sumamos el sistemático incumplimiento por parte del gobierno nacional de acuerdos específicos: los reiterados reclamos de adiciones presupuestales y aumento de los presupuestos anuales han sido respondidos con sumas que constituyen burlas abiertas; la caracterización nacional de las necesidades territoriales de los pueblos indígenas ordenada por el Decreto 1397/96 ha sido aplazada año tras año y por el contrario hoy se nos quiere mostrar que se ha avanzado al respecto cuando en realidad de forma arbitraria, divisionista y en contravía de los criterios planteados por las organizaciones indígenas se ha iniciado un estudio unilateral y regional; incluso al respecto el ministerio de agricultura ha planteado que las decisiones tomadas por la comisión de territorios no son vinculantes.

De esta manera, señor ministro no se construye confianza.

No se construye confianza cuando el gobierno nacional contrario a desarrollar la constitución política de 1991 en materia de reconocimiento de nuestros derechos lo que ha hecho es recortarlos y hacerle creer a la comunidad nacional e internacional que esta cumpliendo con sus obligaciones.

O acaso no es eso lo que ocurrió con la Ley General Forestal, el código de Minas y como ahora estas sucediendo con la Ley de Desarrollo Rural.

O cuando de forma irrespetuosa se responde a nuestras solicitudes y reclamos con argumentos como los que recientemente en carta dirigida a representante Osinia Polanco según el cual la consulta previa no es obligatoria para los trámites legislativos o incluso que se puede realizarse luego de ser aprobada la Ley en el Congreso y un poquito antes de su expedición por el Presidente, en una argumentación carente de seriedad, hecha con evidente mala fe y abiertamente contraria a la Sentencia T-382 de 2006, en la cual la Corte Constitucional señala que "el derecho de consulta previa tiene carácter fundamental y debe aplicarse, conforme a los usos y costumbres de cada etnia, no solo a los trámites administrativos, sino también al procedimiento legislativo".

Señor Ministro, no se construye confianza cuando el gobierno nacional le quiere hacer creer a la comunidad internacional que cualquier reunión con algunos indígenas, en cualquier escenario y de cualquier manera, ya constituye consulta para los pueblos indígenas.

No se construye confianza cuando se utiliza a algunas personas indígenas para legitimar acciones del gobierno, desconociendo las instancias legítimas de autoridad y representación. Cuando se invita a líderes para hacer parte de comisiones que defiendan el TLC en los Estados Unidos mediante engaños y ofrecimientos ilegales, o para que participen en supuestos espacios de concertación, o para que sirvan de escenografía a la participación del gobierno en espacios internacionales como el Foro de la ONU de Pueblos Indígenas o en la visitas del presidente de Estados Unidos a Colombia. Todo esto resultan pruebas evidentes de la mala fe con que obra el gobierno de Álvaro Uribe en materia de consulta y concertación con los pueblos indígenas.

La doble moral con la que actúa el gobierno colombiano no es nueva; así lo hemos evidenciado en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, la cual fue convocada supuestamente para discutir la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pero, al mismo tiempo, el gobierno de Álvaro Uribe se opone a la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el marco de la ONU.

Señores del Gobierno nacional, no le permitiremos que sigan mostrando la sola convocatoria a nuestros escenarios legítimos como muestra de voluntad política cuando en la realidad nuestros derechos son desmontados, nuestras manifestaciones sociales son reprimas y tratadas con leyes de orden publico como si fuéramos terroristas o delincuentes; NO permitimos que se siga diciendo que los pueblos indígena somos terratenientes y que el gobierno nos ha comprado y entregado nuestras tierras, cuando en la realidad la gran mayoría de nuestras tierras son reservas, lagunas, desiertos, montañas selvas y son tierras ancestrales conservadas milenariamente, de las cuales seguimos siendo expropiados, desplazados a los corredores de miseria de las pequeñas y grandes ciudades.

Por todo lo anterior, señor Ministro, los miembros indígenas integrantes de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, creada por Decreto 1397 de 1996, le informamos a Usted:

• 1. La decisión de las organizaciones indígenas y los miembros indígenas integrantes de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, de retirarnos de esta instancia hasta tanto el gobierno no cumpla el Decreto 1397/96 en materia de presentar una propuesta de presupuesto destinado a la constitución, ampliación y saneamiento de Resguardos, y conversión de Reservas Indígenas, que se corresponda por lo menos con las demandas de tierras ya identificadas y solicitadas por los pueblos indígenas.

• 2. Debe quedar claro que la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, no es la instancia que tiene la responsabilidad de cubrir las necesidades territoriales de los pueblos indígenas. Esta responsabilidad es exclusivamente del gobierno, quien debe destinar los presupuestos necesarios para las demandas que año tras año reiteramos los pueblos y organizaciones indígenas.

• 3. La decisión de no permitir que la Comisión Nacional de Territorios Indígenas se convierta en una instancia legitimadora de las violaciones que el gobierno nacional ejecuta del derecho a la consulta previa sobre medidas administrativas y legislativas. En consecuencia, los pueblos indígenas no aceptaremos convocatorias a sesiones de esta Comisión que busquen subsanar este incumplimiento.

• 4. Nuestra clara constancia de que no ha habido consulta previa, en ninguna modalidad, para efectos del trámite de la Ley de Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley General Forestal, o para definir la "Política de Participación social en las áreas protegidas y su relación con los pueblos indígenas".

• 5. Nuestro repudio a la mala fe como el gobierno nacional utiliza a líderes indígenas en el propósito de legitimar sus políticas, así como la forma en que utiliza espacios espurios para presentarlos como escenarios de consulta previa.

• 6. No abandonamos nuestra vocación de diálogo constructivo de políticas que tiendan hacia el reconocimiento de nuestros derechos; pero requerimos de verdaderas manifestaciones de voluntad política.

Cordialmente,

Firman:
Tomas Roman Sanchez, Delegado OPIAC; Luis Evelis Andrade Casama, Presidente ONIC; Alfonso Peña Chepe, Exconstituyente Indígena; Lorenso Muelas Hurtado, Exconstituyente Indígena; Helver Zapata Izquierdo, Delegado CIT; José Ignacio Maya Cuasque, Delegado AICO; Carlos Sanchez Sanchez, Delegado Macro Occidente; Juan Carlos Salazar, Delegado Macro Orinoquia; Jaime Arias Arias, Delegado Macro Norte; Fausto Borraes Mongorofe, Delgado Macro Amazonia; Ulises Tique Esquivel, Delegado Macro centro oriente; Manuel Jesús Cuases y Delegado AICO

Informes DH en Colombia

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