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28jun19
Crímenes sistemáticos contra organizaciones sociales y de derechos humanos en el Sur de Córdoba
Grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y "Los Caparrapos" vienen ejerciendo violencia calculada, organizada y ejecutada de manera sistemática en contra de organizaciones sociales y de derechos humanos en el Sur de Córdoba, lo cual hace evidente la existencia de un plan para atacar a sus principales líderes y lideresas, infundir terror y neutralizar sus acciones dirigidas a la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en el punto relativo a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Todo ello porque la actividad organizativa de las comunidades es contraria a intereses económicos ligados al narcotráfico y minería ilegal, así como a la captura de recursos públicos.
Un hecho que ejemplifica este accionar es la masacre del pasado 23 de mayo en la que grupos armados al margen de la ley incursionaron en el corregimiento Brazo Izquierdo del municipio de San José de Uré, sacaron a las familias de sus hogares y asesinaron a tres campesinos frente a toda la comunidad: Jader Polo y Jader Pertuz, beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y Luis Fernando Velásquez, quien adelantaba gestiones para ingresar al programa. Las tres víctimas participaron en el paro realizado en febrero del presente año ante los incumplimientos relacionados con el PNIS. En su retiro, los victimarios advirtieron que, "si el Ejército subía hasta el corregimiento, regresarían para masacrarlos".
La sistematicidad es evidente, el 26 de junio en el corregimiento El Palmar, municipio de Montelíbano desapareció el campesino Manuel Gregorio Gonzáles, beneficiario del PNIS, quien, a pesar de la activación del mecanismo de búsqueda urgente y la presencia de la Comisión de Paz del Senado, fue hallado sin vida en la mañana del 27 de junio con signos de tortura, varios impactos de bala y sus manos atadas. Los cuatro líderes antes mencionados pertenecían a la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR).
En este mismo contexto de agresiones a liderazgos comunitarios, el 21 de junio ocurrió el homicidio de María del Pilar Hurtado, lideresa social y negociadora a nombre de una comunidad asentada en un lote de propiedad del padre del actual alcalde de Tierralta, Córdoba, hecho que conmocionó al país debido a la consumación del crimen frente a sus hijos menores. Este asesinato fue cometido presuntamente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Estos hechos se suman a las múltiples violaciones a los derechos humanos y el DIH que ha venido documentando y denunciando la Comisión Colombiana de Juristas y demuestran la existencia de un patrón de agresiones contra las organizaciones sociales en el Sur de Córdoba, como la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS) y la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR). Estas organizaciones defienden los derechos humanos y del campesinado, impulsando figuras de ordenamiento territorial como las zonas de reserva campesina, son integrantes de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) y del Movimiento Marcha Patriótica, participando activamente en la construcción de paz y la implementación de los acuerdos de la Habana, haciendo pedagogía de paz y participando en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Desde 2016 la Defensoría del Pueblo ha emitido siete (7) documentos de alerta (contando Informe de Riesgo, Notas de Seguimiento y Alertas Tempranas) donde señalan los riesgos en materia de derechos humanos en la región, sin que las autoridades competentes tanto locales como nacionales hayan cumplido con su obligación de atender las recomendaciones.
En la actualidad persisten profundos e íntimos vínculos que han ligado a la clase política cordobesa con el paramilitarismo durante las últimas décadas. Las causas que propiciaron los anteriores ciclos de violencia continúan, sin que existan garantías de no repetición. El gobierno nacional tiene la obligación de identificar y desmantelar inmediatamente la acción criminal de los grupos paramilitares y sus planes de agresión contra las organizaciones sociales. No obstante, el Gobierno del presidente Iván Duque no ha actuado con debida diligencia y, por el contrario, con su negación de los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz solamente ha logrado acrecentar los factores de violencia en la región.
La Comisión Colombiana de Juristas rechaza tajantemente la violación sistemática a los derechos humanos contra lideresas, líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, y hace especial énfasis en la vulneración de la que son víctimas quienes participan en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, punto cuatro del Acuerdo Final de Paz. Creemos firmemente que las condiciones de seguridad en la implementación del acuerdo deben ser proporcionadas por el Gobierno nacional, haciendo uso de los mecanismos constitucionales dispuestos para tal fin. Su omisión frente a la prestación de la obligación de seguridad configura su responsabilidad y contribuye a la persecución sistemática.
Por lo anterior, exhortamos al Gobierno para que convoque a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en cumplimiento del artículo 5° del Decreto-Ley 154 de 2017, de tal manera que sesione mensualmente como mínimo, y adopte medidas eficaces que modifiquen el preocupante panorama nacional y se atiendan así las denuncias públicas de las organizaciones sociales y de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, las preocupaciones manifestadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los informes anuales de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
[Fuente: Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, 28jun19]
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