Equipo Nizkor - Agresiones contra líderes sociales antes y después del acuerdo de paz.

El 22 de mayo pasado, a eso de las ocho de la noche, desde una camioneta doble cabina y de color rojo, un hombre disparó 30 veces contra la camioneta blindada en la que se movilizaba María Ruth Sanabria Rueda, líder del Comité Permanente de los Derechos Humanos de Arauca. Iba junto a los dos escoltas que le proporcionó el Estado, como parte de su esquema de seguridad, quienes la llevaron hasta la estación de Policía del municipio de Fortul (Arauca). Sanabria salió ilesa del atentado, pero sigue denunciando que todo obedece a las denuncias contra el reagrupamiento paramilitar que, según la líder, están viviendo los siete municipios de este departamento fronterizo, tras el Acuerdo de Paz con las Farc.

Esta denuncia la realizó en varios concejos de seguridad regionales y ante organizaciones internacionales, como una de sus tareas en la defensa de los derechos humanos de estas poblaciones históricamente golpeadas por los actores del conflicto armado. “Logré salvarme porque era una líder visible ante el país, gracias al Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos que gané en 2016”, dice Sanabria, lamentando la situación que viven los líderes sociales invisibles.

Cada dos días, uno de estos hombres y mujeres es amenazado, desplazado o asesinado, según el último informe de Somos Defensores, la organización no gubernamental que desde hace más de una década documenta las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

Una de las cifras reveladoras del informe es la que se registró durante los ocho años del Gobierno de Juan Manuel Santos en esta materia: desde 2010 hasta junio de 2018 fueron asesinados 609 líderes sociales, se registraron 2.646 amenazas y 328 atentados contra esta población. Lo que quiere decir, según lo muestra la curva de agresiones, que después de iniciados los diálogos de paz los homicidios se incrementaron, en mayor proporción después de la firma del acuerdo. Asimismo, las intimidaciones, que despuntaron en 2016, se incrementaron en 2017 y no se detienen en lo corrido del 2018.

“Es claro que el Gobierno de Juan Manuel Santos se lleva para la historia la impronta de haber cerrado el conflicto armado con las Farc y dejado el proceso adelantado con el Eln. No obstante, el saldo en relación con el derecho a la vida e integridad de los defensores de los derechos humanos pasa en rojo”, resalta el documento que será entregado esta semana a varias entidades del Estado y organismos multilaterales de distintos países.

“Más allá de las cifras” es el nombre del informe que pretende significar la confusión de datos respecto a las agresiones contra líderes sociales. La razón: las diferentes bases de datos que surgieron después del Acuerdo de Paz para registrar estas víctimas. Así, por ejemplo, mientras la Defensoría del Pueblo dice que 331 líderes fueron asesinados entre enero de 2016 y agosto de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia apenas reportó, hasta julio pasado, 179 homicidios. Y así existen otras organizaciones no gubernamentales con cifras distintas, pero todas reportando que esta población cada día es más vulnerable en los territorios. En el mismo período, Somos Defensores documentó los casos de 263 líderes asesinados.

Dice el documento: “El fenómeno va más allá de las cifras, que se convirtieron en el ‘problema en sí mismo’, dada la multiplicación de fuentes de información, las discrepancias entre estas y los datos asumidos por el Estado colombiano”, que en últimas son los de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Pero, más allá de las cifras, como dice el informe, lo cierto es que el grado de impunidad es alto desde mucho antes del Acuerdo de Paz con las Farc. De los 563 casos que esta organización ha registrado en sus bases de datos desde 2009 hasta 2017, la Fiscalía General de la Nación afirma que 362 están en indagación, 59 en juicio y que 48 casos tienen sentencia de jueces de ejecución de penas.

“La Fiscalía ha anunciado, con muchísima resonancia mediática, que el 50 % de los casos investigados ya están esclarecidos; podría pensarse que se trata de al menos 300 procesos, lo cual no es cierto, pues se refiere a 181 casos de los dos últimos años; mientras el sistema de Somos Defensores registra 609 asesinatos en los dos períodos presidenciales de Santos”, resalta el informe

24sep18

Agresiones contra líderes sociales antes y después del acuerdo de paz

[Fuente: Por Edinson Arley Bolaños, El Espectador, Bogotá, 24sep19]

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