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16mar17
ONU totalizó 385 ataques contra defensores de Derechos Humanos en Colombia
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contabilizó solo en 2016 385 agresiones contra activistas de esta materia en Colombia.
Llamó especialmente la atención de las Naciones Unidas la situación de los defensores de derechos humanos, pues se afirmó que hasta el 31 de diciembre de 2016 se presentaron 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas (69 colectivas), 72 violaciones a la privacidad. Entre los asesinados, hubo cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes Lgbti, tres sindicalistas, un afro y dos líderes juveniles.
Estos casos se presentaron principalmente en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba y los perpetradores serían principalmente actores criminales vinculados con casos colectivos o individuales, el Eln, el Epl, milicianos y disidentes de las Farc, particulares; y la policía en un caso de una protesta social.
A esto se suma que "es notable el aumento en asesinatos en las áreas rurales frente al 2015, cuando la oficina registró 25 víctimas. Esto está relacionado con los vacíos de poder que han dejado las Farc, la débil presencia del Estado y la competencia entre grupos criminales por el control de actividades económicas ilegales".
De acuerdo con Todd Howland, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el gobierno debe "reconocer que estos asesinatos son un problema" y por eso se debe trabajar en alianzas para mejorar su situación.
"Recomienda que el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Policía, la Unidad Nacional de Protección, las autoridades regionales y locales cumplan con los compromisos políticos y técnicos acordados con defensores de derechos humanos que persiste en algunos sectores", dice el informe que además resalta que hay casos de defensores de derechos humanos con órdenes de captura que terminan en detenciones prolongadas, esto a pesar de la falta de pruebas, en lo que afecta la diligencia de las investigaciones.
Además, el vocero de ONU en esta materia enfatizó que tanto el Estado como las Farc deben reconocer plenamente su responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el conflicto a fin de generar procesos efectivos de reparación, en consenso con las víctimas.
Howland, señaló que es menester que el Estado y las Farc garanticen la no repetición priorizando un enfoque de género, los derechos de los niños, especialmente en la desvinculación de menores de la guerrilla, la participación de las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas y luchar contra la impunidad de los casos de la violencia sexual, entre otros.
Se resaltó, en ese sentido, que debe haber límites y regulaciones en el otorgamiento de amnistías, indultos y medidas especiales y que se deben redoblar los esfuerzos para poner fin al desplazamiento forzado.
¿Qué dice el Gobierno frente al tema?
Como respuesta, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rescató que este informe tiene una diferencia radical con los que se han entregado en años anteriores y evidencia una disminución efectiva de la violencia en el país.
"El impacto positivo del Acuerdo con las Farc en los territorios no se nos puede olvidar. Hay razones de optimismo, esperanza y los desafíos para consolidar la paz territorial", dijo Cristo.
Frente a la situación de los defensores de derechos humanos, Cristo reconoció que en Cauca, bajo cauco Arnioqueño, Chocó, El Catatumbo y el pacífico nariñense se están concentrado esos casos de amenazas a líderes.
"Y coinciden esos lugares con zonas en donde se presentaba ocupación, presencia y dominio de las FARC, con zonas en donde hoy hay cultivos ilícitos y minería ilegal. Ahí vemos homicidios y amenazas", dijo.
Cristo agregó que se trata principalmente de 'El Clan del Golfo', que tiene interés en amedrentar a la población para hacerse de esas economías ilegales.
"Aquí tenemos un problema", reconoció Cristo. "El aumento de los cultivos ilícitos y los asesinatos de líderes y en esos dos frentes estamos trabajando", agregó al indicar que no van a entrar en una discusión sobre si están o no ocurriendo los casos, sino en cómo se va a enfrentar esta realidad.
Por otro lado, Cristo dijo que ninguno de los líderes asesinados el año pasado había pedido protección al Estado.
[Fuente: El Colombiano, Colprensa, Medellín, 16mar17]
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