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15may14
Abogados representantes judiciales de victimas suspenden sus actividades ante la falta de garantías
Los abogados defensores de derechos humanos Germán Romero y Jorge Eliécer Molano, integrantes de dhColombia - Sembrar, representantes de los desaparecidos del Palacio de Justicia y de familiares de víctimas de falsos positivos, en el día de hoy, le han manifestado a la Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Tribunales de Bogotá, Caldas y Cartagena, Jueces de la República (Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Popayán) y Fiscalía General de la Nación, que a partir de la fecha suspenden sus actuaciones judiciales en cualquier audiencia o diligencia ante la administración de justicia en Colombia, pues no cuentan con garantías para su ejercicio profesional.
En los escritos dirigidos a estas autoridades judiciales los defensores de derechos humanos han manifestado que "durante el transcurso del presente año hemos vivenciado ataques a familiares, asaltos de residencias con el propósito de hurtar información, ataques a nuestros correos electrónicos y página web, interceptación y triangulación de nuestras comunicaciones y seguimientos a quienes hacemos parte de dhColombia y la Corporación Sembrar, hecho que inclusive originaron la salida del país de dos integrantes del equipo de trabajo".
En la comunicación precisan los abogados Romero y Molano, que el gobierno ha calificado desde enero de 2013 el riesgo como extraordinario y el 26 de marzo de 2014, asumió el compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos de adoptar medidas de protección, las cuales hasta el momento son inexistentes.
Los procesos que dejarán de contar con su participación son entre otros los adelantados contra el Presidente de la República, el Ministro de la Defensa, el Procurador General de la Nación y el Director de la Policía Nacional, en la que son denunciantes. También, casos como el relacionado con las desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia, la masacre en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, falsos positivos en el Eje Cafetero, Operación Dragón en el Valle del Cauca (Plan para asesinar a sindicalistas, Defensores de Derechos Humanos y al Senador Alexander López Maya), entre otros procesos que han tenido relevancia nacional. Asimismo, se verá afectada su participación en la investigación por amenazas con fines terroristas, hechas por las "Águilas Negras" en donde han señalado la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos y José Obdulio Gaviria. Como también, en la que se representan a familiares y víctimas en crímenes de ejecuciones extrajudiciales, persecución a líderes políticos, sociales de oposición, al igual que los procesos de formación en derechos humanos y de asesoría en restitución de tierras.
En su comunicación le solicitan a las autoridades judiciales, "que si esta decisión que lamentamos, afecta el normal funcionamiento de la administración de justicia, se ordene sean compulsadas las copias a efectos de que se adelanten las investigaciones penales y/o disciplinarias, en contra de las personas que a través la acción y/o omisión, nos han forzado a llegar a la presente determinación".
Sin duda alguna, las amenazas contra la vida e integridad de estos defensores de derechos humanos representan también un atentado contra la administración de justicia toda vez que, por un lado, las víctimas que gozan de su representación judicial se verán inmediatamente afectadas en su derecho a una pronta y cumplida justicia y, por el otro lado, el hecho envía un mensaje público lamentable por cuanto lo que se vislumbra es que los victimarios continúan su práctica de sometimiento integral a la administración de justicia.
[Fuente: Por Dhcolombia, Bogotá, 15may14]
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