08oct03

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El Defensor del Pueblo condena el asesinato del Alcalde del Municipio de Bolivar.

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El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, condena el asesinato del alcalde del municipio de Bolívar, en el sur del Cauca, Orlando Hoyos, ocurrido ayer en inmediaciones del municipio de San Sebastián, en la Bota Caucana, y exige la inmediata liberación del Asesor de Paz del Meta, José Rafael Cáliz Haad, quien, al parecer, fue secuestrado por las FARC el pasado viernes 3 de octubre en la inspección de La Julia, jurisdicción del municipio de Uribe.

Luego de una reunión con autoridades del departamento, el Gobernador del Cauca, Floro Alberto Tunubalá, manifestó que pudieron haber sido las FARC las responsables del asesinato del mandatario local; grupo que ha proferido amenazas contra los funcionarios públicos de todo el país.

Una comisión integrada por el Asesor de Paz del Cauca, Humberto Urrego, el personero de Bolívar y los alcaldes de San Sebastián, Santa Rosa, Sucre y Bolívar se encontraban realizando gestiones humanitarias, con el fin de encontrar salidas a las amenazas de las organizaciones armadas ilegales contra los alcaldes y aspirantes a cargos de elección popular en esta región. Cuando regresaban de Santa Rosa, el vehículo en el que se transportaban los funcionarios fue detenido en un retén ilegal en la población de Santiago, en San Sebastián. Horas más tarde, se supo del asesinato del mencionado alcalde.

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, asegura que las amenazas generalizadas, homicidios, toma de rehenes y desplazamientos forzados contra alcaldes, diputados, concejales y personeros, constituyen graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y exige a los actores armados ilegales cesar cualquier amenaza contra las autoridades locales.

Asimismo, solicita de la Fuerza Pública brindar las medidas de seguridad necesarias que protejan la actividad de los alcaldes y los aspirantes a ocupar tales cargos.

El Defensor del Pueblo presentará la próxima semana la Resolución Defensorial sobre ataques contra alcaldes y funcionarios de administraciones municipales.

Secuestro en el Meta.

Un sacerdote del municipio de Granada, en el Meta, fue quien dio a conocer la noticia del secuestro del Asesor de Paz del Meta, José Rafael Cáliz Haad, quien según las autoridades del departamento, fue secuestrado por el frente 40 de las FARC cuando adelantaba gestiones humanitarias en La Julia, encaminadas a permitir el retorno de la población desplazada a la cabecera municipal de Uribe, y el desbloqueo económico de la localidad.

Según conoció la Defensoría, este grupo armado ilegal ordenó a los habitantes abandonar el municipio de Uribe, luego del ingreso temporal de miembros de las autodefensas a la cabecera municipal, lo que provocó la salida del 95% de la población hacia la inspección de La Julia y otros corregimientos del municipio.

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, reitera a los actores armados ilegales que deben acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que prohiben cualquier acto de violencia o ataque contra la población civil, y exige respeto a los funcionarios públicos, en particular a quienes realizan labores de carácter humanitario en zonas de conflicto.

Volmar Pérez Ortiz recuerda que los civiles son considerados personas protegidas, según el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra y que en consecuencia no deben ser privados de la libertad.

El Defensor manifiesta que los asesores de paz de las entidades territoriales deben gozar de una protección especial, de acuerdo a lo dispuesto en el DIH, puesto que su función está dirigida a buscar la humanización de los conflictos y favorecer la búsqueda de la paz.

En este sentido, el Defensor del Pueblo urge la inmediata liberación del Consejero de Paz departamental, en reconocimiento a la dignidad que ostentan las organizaciones humanitarias en el país.

[Fuente: Defensoría del Pueblo, Comunicado número 888, Bogotá, 8oct03]

Este documento ha sido publicado el 10oct03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights