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Declaración de los Pueblos Indígenas del Darién y la región fronteriza de Colombia.

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La dirigencia de las comunidades indígenas de Alto del Tuira representadas en las comunidades de Aruza, Púcuru, Paya, Punuza, Jabakirú, Sobiakirú, Matugantí, Bajo Lepe, Balsal, Paca, Mercadeo; de Jaqué, representada por las comunidades de Guayabito, Valle Alegre y la dirigencia de la Región de Tupiza Barranquillita, de Panamá; la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; la Organización Indígena de Colombia, OIA; la Organización Indígena OREWA, Chocó; Organización Indígena del Bajo Atrato, CAMIZBA, de Colombia.

Los organismos humanitarios de Derechos Humanos de Panamá y de Colombia, el CIPDH, Consultoría para el Desplazamientos, CODHES, Comité Andino de Servicios , la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, reunidos(as) en la provincia de Darién (Yaviza), durante los días 20 al 23 de agosto del 2003, en el marco del Taller Binacional "Derecho de los Refugiados, Pueblos Indígenas y el Papel de la Sociedad Civil".

DECLARAMOS QUE:

1. Los problemas fronterizos entre Colombia y Panamá se producen por una violación integral a los Derechos Humanos de las comunidades indígenas, también afrodescendientes y sector campesino en el marco de la implementación de políticas de la globalización del mercado en esta región estratégica en el modelo de privatización internacional.

2. Las políticas de seguridad binacional se desarrollan bajo una visión simplemente militar en ambos lados de la frontera inspiradas en el "Plan Colombia" y el Plan Regional Andino. Estas estrategias han significado el aumento de presupuestos para la Fuerza Pública de ambos países y la creciente violación de los derechos civiles y políticos de personas que cruzan la frontera buscando refugio en Panamá y de las comunidades indígenas receptoras. La implementación del denominado "Plan Colombia" en nuestros países, se ha constituido en una gran amenaza para la seguridad de la población, en la medida en que es la expresión del plan militar de los Estados Unidos para controlar los territorios que habitamos, expandir su poderío armamentista y promover un intervencionismo en los asuntos de cada país, lo que se expresa en la militarización del área fronteriza, lo cual ha generado una multiplicidad de casos de violación de Derechos Humanos, como por ejemplo, lo sucedido en la comunidad de Paya y Púcuru el día 18 de enero, con la muerte de algunos de nuestros dirigentes,y de TODA la población que habita la región.

3. El conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia, que se ha extendido a Panamá, una de cuyas expresiones es la búsqueda de refugio de centenares de colombianos, ha sido el pretexto bajo el cual se militarizan las fronteras, y a lado y lado, se toman medidas contra la población. La restricción a la libre circulación, los señalamientos, los saqueos, el desplazamiento forzoso, las torturas, los intentos de accesos carnales han sido las técnicas y los métodos utilizados contra los pobladores de ambos países, tanto lo que en una actitud solidaria reciben a los refugiados,como aquellos que huyen de Colombia

4. Los gobiernos de Colombia y Panamá han violado los pactos y protocolos internacionales contemplados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, continúan haciéndolo sin que se perciba al corto y mediano plazo una voluntad políticas de los estados para respetar integralmente los derechos de los pueblos indígenas. Constatamos el deplorable estado de la población de refugiados que habita la región del Darién, relacionada con la crítica situación derivada de la agudización del conflicto armado interno en Colombia, en particular las graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, creados por el aumento de la militarización en toda la región. Especial preocupación merece la existencia de cientos de miles de desplazados internos en Colombia, que viven en condiciones precarias, sin atención eficaz del Estado, a la par que la presencia de familias Afrodescendientes e indígenas refugiadas en los países de frontera con Colombia, y otras naciones. En ese sentido es necesario precisar que en el caso de las poblaciones refugiadas en el área del Darién sus condiciones son diferentes, dependiendo de la comunidad donde se encuentran, aún así, se presentan situaciones comunes en las que no se permite el acceso a éstas a servicios fundamentales como el de salud, vivienda, trabajo entre otras.

5. Se percibe el deterioro creciente de las condiciones de vida de la población, puesto que la mayoría vive por debajo de la línea de pobreza, como resultado de políticas económicas y sociales impuestas por los gobiernos de Panamá y Colombia. En función de la Problemática de violencia que vive este último y la implementación de recetas económicas generadas por la aplicación del actual modelo económico, con consecuencias nefastas en estas poblaciones. Estas políticas acentúan las desigualdades históricas a que han estado sometidos los pueblos indígenas como consecuencia de la esclavitud, el racismo y la discriminación.

6. Uno de los aspectos que merece más atención es la aguda situación originada en las condiciones de marginalidad y abandono histórico en la que actualmente viven miles de indígenas en las ciudades, pueblos, centros urbanos y la región fronteriza, una de cuyas manifestaciones es la criminalización de las y los jóvenes, la adicción a drogas psicoactivas, el desempleo (en las ciudades), y la falta de acceso a la educación media y superior y otros servicios de salud, vivienda, energía eléctrica, comunicaciones, transporte, agua potable y alcantarillado, sumado a la falta de oportunidades para personas y grupos de origen indígena. Todas estas situaciones reflejan una persistente violación, por parte de las instituciones de los gobiernos panameño y colombiano de instrumentos internacionales que en materia de Derechos Humanos tienen la obligación de cumplir, promover y respetar.

7. El Acuerdo de Libre Comercio de América, ALCA, pone en alerta a las organizaciones sociales, populares y étnicas sobre los riesgos que éste representa en términos económicos, políticos, sociales y culturales para nuestras sociedades indígenas, en particular por su estrecha relación con el "Plan Colombia", Plan Regional Andino, Plan Puebla Panamá" que combina los elementos de agresión militar con la imposición de modelos económicos que violan todos los derechos de la población.

8. El esfuerzo de integración más reciente para la Región de Centroamérica conocido como Plan Puebla Panamá constituye la continuidad de las estrategias destinadas a materializar el ALCA y el Plan Colombia, beneficia las corporaciones privadas y trasnacionales bajo la propuesta del "progreso" para nuestros pueblos. Estas políticas se traduce en condiciones desfavorables para los pueblos indígenas, un grave deterioro del ambiente, nuevas formas de desarraigo y de esclavitud, la construcción de obras de infraestructura, la implementación de proyectos agroindustriales pretenden realizar una transformación de nuestra madre tierra, por tanto de nuestra vida y de nuestra cultura en la provincia del Darién.

9. Así mismo se ha documentado por medio de entrevistas, encuesta y otros, que el querer de la gran mayoría de las familias refugiadas no desean volver a sus comunidades de origen hasta tanto la situación en ellas les garanticen su seguridad y la de sus familias. Es también importante señalar que esa inmensa mayoría de refugiados ya han hecho familias con nacionales y tienen hijos panameños, además de propiedades y otros lasos que lo unen fuertemente a nuestro territorio. De igual forma hemos constatado las presiones a las que se ha sometido a la población de refugiados en el esfuerzo de los gobiernos de Panamá y Colombia de repatriar de una manera "voluntaria", obligándolos a firmar documentos bajo la amenaza de una posterior deportación en el mes de septiembre y diciembre, lo cual vulnera las normas nacionales e internacionales que protegen a los refugiados de otras naciones que huyen de situaciones de conflicto.

10. La presencia en los territorios ancestrales de las comunidades indígenas de la región de valiosos recursos naturales, incluyendo la biodiversidad, los recursos genéticos y el conocimiento tradicional que sobre ellos poseen las mismas, sistemáticamente vienen siendo explotados y expoliados por grupos económicos nacionales e internacionales, incluyendo el narcotráfico, causando un gravísimo impacto en el ecosistema, la seguridad alimentaria y un modelo de desarrollo que se fundamenta en la identidad cultural y el respeto por la naturaleza.

11. Que el gobierno panameño junto con el de Colombia persiste en señalar que los organismos de Derechos Humanos que trabajan en el área y la iglesia católica se dedican a proteger a los "delincuentes", desconociendo con esto una larga tradición que las mismas han llevado a cabo, en el marco del ordenamiento jurídico nacional e internacional.

En consecuencia, teniendo en consideración estas circunstancias,

RESOLVEMOS:

1. Constituirnos como espacio de Pueblos indígenas en la Región e integrarnos formalmente en un esfuerzo binacional, destinado a frenar cualquier forma de explotación, atropello o discriminación de nuestros pueblos, en el entendimiento de la necesidad de aunar estrategias de inserción de otros pueblos indígenas de construir y fortalecer la unidad entre los mismos

2. Demandar a los gobiernos de Panamá y Colombia la inmediata puesta en marcha de políticas públicas con planes y programas tendientes al reconocimiento de la existencia de los derechos de las comunidades indígenas en la región, la erradicación de las formas de racismo, discriminación racial, abandono histórico y marginalidad a la que han sido sometidos los nuestros pueblos,tendientes al respeto de los derechos territoriales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, del medio ambiente y al desarrollo contenidos en instrumentos internacionales vinculantes para los Estados de la región, en cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

3. Exigir de los gobiernos de Panamá y Colombia el cese de todo tipo de operación militar dentro de las comunidades donde se encuentra la población civil, ya que la presencia de este tipo de contingentes lo que genera es la constante violación de los Derechos Humanos y un clima de inseguridad para las poblaciones. De igual forma RECHAZAR con toda nuestras fuerzas la implementación del Plan Colombia como alternativa militar de solución del conflicto en este país, ya que el mismo se traduce en mas violencia y en la prolongación del mismo.

4. Rechazar de igual manera el ALCA que no significa otra cosa que un mecanismo de dominación económica para nuestros pueblos, lo cual deteriora mucho mas la situación de dependencia de nuestros países hacia los Estados Unidos. De igual forma condenamos la iniciativa del Plan Puebla Panamá, que consideramos es el preámbulo de las anteriores iniciativas del ALCA y el Plan Colombia cuyas consecuencias son nefastas para nuestras poblaciones.

5. Denunciar las violaciones de los derechos humanos de que son objeto los pueblos indígenas,en especial las cometidas por acción y omisión de los gobiernos de Panamá y Colombia respecto de las poblaciones desplazadas internas de éste último, y las refugiadas en el primero; y, exigir, en consecuencia, que se acojan las recomendaciones emanadas por órganos de la OEA y la ONU sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, en especial las Medidas Cautelares emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, y otras instancias de Derechos Humanos, para que se elaboren políticas y normas que tengan en cuenta a los y las indígenas.

6. RECHAZAR la creciente militarización de la región como producto de la implementación del Plan Colombia por parte de los Estados Unidos, las acciones violatorias de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por LAS PARTES en contienda, en especial en Colombia, país en el que las organizaciones indígenas reclamamos nuestra autonomía frente a los actores armados y exigimos el respeto a nuestros territorios, a nuestras comunidades y no ser vinculados en ellos dentro de sus filas.

7. Impulsar en nuestros países la creación de espacios amplios de la sociedad civil, que junto con los gobiernos nacionales, en donde ello sea posible, trabajen los Planes de Acción para implementar acciones destinadas al respeto de los Derechos Humanos, y el Derecho Internacional Humanitario que garanticen para la población de refugiados e indígenas mejores condiciones de vida y al acceso a los territorios, a los servicios de salud, vivienda, trabajo, educación, ciudadanía, alimentación, libertad y a una convivencia pacífica y digna.

8. Demandar el respeto por los derechos territoriales, los recursos naturales, la biodiversidad, el conocimiento tradicional y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, que denotarían manifestaciones de racismo ambiental, puesto que las comunidades afectadas por la expropiación de sus recursos son fundamentalmente pueblos indígenas y Afrodescendientes, que han protegido estos recursos como alternativa a modelos económicos globalizados. Por tanto, exigir a los gobiernos panameño y colombiano la inclusión de las perspectivas de los(as) indígenas y Afrodescendientes en las políticas seguidas para estos fines.

9. Conscientes de que se vienen tiempos de mayor presión y agresión para nuestros pueblos y que los indígenas por tradición e historia estamos llamados a jugar un papel importante en la defensa y construcción de sociedades democráticas inclusivas y respetuosas de las diferencias, llamar a los indígenas de la región y sus organizaciones, a redoblar los esfuerzos y comprometerse en la coordinación, trabajo conjunto y unidad de acción encaminada a hacer exigibles los derechos ancestrales.

10. RECHAZAR firmemente la postura de los gobiernos de Panamá y Colombia de vincular el trabajo de la iglesia católica y los organismos de Derechos Humanos panameños e internacionales, con elementos de la delincuencia o de partes vinculadas en el conflicto armado en Colombia, y REAFIRMAR nuestra convicción de trabajo por mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos y comunidades basadas en el respeto de los Derechos Humanos.

11. Sumarse a las voces y a la convocatoria de los distintos sectores sociales del continente en lucha contra el ALCA y en consecuencia, participar activamente en las actividades programadas por la sociedad civil en torno de este tema.

12. Defender el derecho de nuestros pueblos a la autonomía y la libre determinación, con una firme oposición al militarismo y a cualquier ingerencia en los asuntos internos de nuestros países, en particular a la cooperación internacional para la guerra y el incremento de la militarización de nuestras comunidades. En consecuencia, renovamos nuestro compromiso con la naturaleza, la paz mundial y la de nuestra región.

Dado en Yaviza, a los 23 días del mes de agosto del 2003.

Firmas,

• Dirigencia Wuonan de Aruza
• Dirigencia Kuna de Púcuru,
• Dirigencia Kuna de Paya,
• Dirigencia Embera de Punuza,
• Dirigencia Embera de Jabakirú,
• Dirigencia Embera de Sobiakirú,
• Dirigencia Embera de Matugantí,
• Dirigencia Embera de Bajo Lepe,
• Dirigencia Embera de Balsal,
• Dirigencia Embera de Paca,
• Dirigencia Embera de Mercadeo;
• Dirigencia Embera - Wuonan de Jaqué:
• Dirigencia Embera de Guayabito
• Dirigencia Embera Valle Alegre
• Representante de la Región de Tupiza
• Dirigencia Embera de Barranquillita,
• La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC;
• Organización Indígena de Colombia, OIA;
• Organización Indígena OREWA, Chocó;
• Organización Indígena del Bajo Atrato, CAMIZBA, de Colombia.

  Los organismos humanitarios de Derechos Humanos de Panamá y de Colombia,

• Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
• Consultoría para el Desplazamientos, CODHES,
• Comité Andino de Servicios,
• Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Este documento ha sido publicado el 01sep03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights