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Las detenciones masivas son un secuestro institucional.

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La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organismo no gubernamental de derechos humanos, denuncia ante la comunidad nacional e internacional las detenciones masivas y arbitrarias que se están presentando en los departamentos del Valle y el Cauca al suroccidente de Colombia.

Denunciamos el encarcelamiento arbitrario y el secuestro institucional que viola principios jurídicos del Estado de Derecho, como el Debido proceso, los Derechos del Capturado y otros, cuando 25 habitantes del Municipio de pradera, 23 del Corregimiento Queremal (municipio Dagua), 43 del Corregimiento de Cisneros en el Municipio de Dagua, están en este momento encerrados en las inhumanas prisiones del Departamento del Valle, acusados de ser apoyos, cómplices o coautores con los grupos insurgentes que según las autoridades, hacen presencia en sus lugares de origen. Entre estos detenidos, casi la mayoría humildes labriegos, transportadores rurales, tenderos y dirigentes comunitarios se encuentran varios indígenas de los resguardos Kwet Wala, Cabildo Río Pepitas, Cabildo San Cristóbal, presentándose una flagrante violación de la Constitución política del 91, cuando se desconoce de manera arbitraria la autonomía de los indígenas para juzgar a sus miembros, como está estatuido en los artículos 7 y 246 de la Constitución política de Colombia, que reconoce la diversidad cultural y la jurisdicción especial para los pueblos indígenas en procura de que se den su propia justicia.

De manera arbitraria para toda lógica jurídica y social, el fiscal 31 seccional de Cali, encargado de adelantar la investigación de los líderes indígenas Luís Ángel Perdomo, Alfredo Fernández y Libardo Álvarez capturados en el Municipio de Pradera Valle, según el abogado defensor, "decidió desconocerle su condición de aborígenes para negarle los derechos procésales que les corresponde, como el ser juzgados por sus propias autoridades indígenas, y el no ser encarcelados al amparo del artículo 10 del convenio 169 de la OIT, del cual, Colombia es parte desde 1991".

A estas detenciones masivas del Departamento del Valle se suman las de 51 detenidos del Departamento del Cauca, a los cuales se les sindica también de ser apoyos de las guerrillas con situaciones procesales similares a las de todas las detenciones masivas que está llevando a cabo el actual gobierno, con informaciones de inteligencia sustentadas en supuestos desertores e informantes y donde se plantean cantidad de contradicciones que los abogados defensores ya han denunciado, como otorgarles a los sindicados el don de la ubicuidad, al ser acusados de estar en campamentos guerrilleros en fechas en los cuales han comprobado estar en sus trabajos u hogares.

Esta práctica de terror y poder desmedido desde el gobierno, violando todas las recomendaciones que ha declarado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de derechos Humanos y las ONG nacionales e internacionales; violando la exigencia del Derecho Internacional Humanitario del no involucramiento de la población civil en el conflicto, se puede apreciar en toda su magnitud, cuando muchos de los detenidos y las comunidades agredidas por el Estado con estas redadas, han sido en los últimos 4 años víctimas de los crímenes de lesa humanidad por las Autodefensas Unidas de Colombia (bloques Calima, Farallones y Pacífico). Varios de los detenidos de Cajibio Cauca son familiares de personas que han sido asesinadas en masacres perpetradas por estos grupos paramilitares y varios de ellos en el momento de la detención se encontraban desplazados y reconocidos en las listas de la Red de Solidaridad Social.

De manera muy coincidente y nada casual los términos y señalamientos que utilizan en los informes de inteligencia como el que los campesinos son apoyos o auxiliadores de la guerrilla, son utilizados también en las proclamas y grafittis de los grupos paramilitares. Incluso se presentan situaciones aberrantes, como la del informe de inteligencia a partir del cual se captura y encarcela a los habitantes de Pradera, donde se plantea que estas personas se encuentran en listas de los Grupos paramilitares, como si esta fuera una prueba verídica y legítima de la Fiscalía.

Exigimos:

• Que cesen las redadas y el secuestro institucional de campesinos y dirigentes comunitarios e indígenas.

• Se garantice y se proteja el derecho fundamental de la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente, el derecho al debido proceso y la imparcialidad e independencia de la Justicia.

• Se investigue al Gobierno de Uribe Vélez por ordenar detenciones masivas en el territorio nacional contra poblaciones y comunidades que y venían siendo hostigadas y sometidas a crímenes de lesa humanidad porlos grupos paramilitares. Pues se ha pasado de las masacres a las detenciones masivas.

Solicitamos

A la comunidad nacional e internacional.

• Apoyar y acompañar las movilizaciones de los familiares, vecinos y amigos de los detenidos masivamente en el suroccidente colombiano.

• Participar activa y solidariamente en el Acto Cultural que se Realizará en la Ciudad de Popayán el día 15 de enero de 2004, impulsado por Familiares y organizaciones sociales de la región. (Lugar sede de la CUT Cauca)

• Participar en la Concentración que se va a realizar en el Corregimiento de Cisneros Vía Cali - Buenaventura, el día 29 de enero de 2004 impulsado por la Red de Derechos Humanos del Valle del Cauca.

• Presionar al Gobierno Nacional para que se desmonte la política de seguridad democrática, se derogue el Estatuto Antiterrorista, y cese el hostigamiento y persecución a las comunidades.

Santiago de Cali, enero 10 de 2004
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Este documento ha sido publicado el 05feb04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights