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20ago17
Bustos, Ricaurte y Tarquino tienen jugosos contratos públicos
El mismo día en el que se le cumplía su inhabilidad legal como exmagistrado, Leonidas Bustos fue contratado como asesor por la Gobernación de Cundinamarca, en cabeza de Jorge Rey.
Bustos recibirá 87'500.000 pesos por asesorar durante siete meses a la Secretaría Jurídica de esa entidad, un contrato de prestación de servicios, del cual ya ha recibido dos pagos, que se empezó a cocinar en octubre de 2016.
Para esa misma época, su recomendado Gustavo Moreno se posesionó como jefe anticorrupción de la Fiscalía, haciéndose cargo de procesos claves como el de los cambios ilegales de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), para convertir predios rurales en atractivos lotes urbanizables, disparando su valor comercial.
Tal como lo reveló EL TIEMPO, en ese expediente aparecen mencionados altos funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca, entre ellos Nicolás García, entonces alcalde encargado de Mosquera. También, el actual gerente de la Empresa de Licores del departamento, Jorge Enrique Machuca que, cuando se desempeñó como alcalde de Funza, su oficina de Planeación expidió licencias turbias que se están investigando.
Martha Cristina Pineda, la esposa de Bustos y quien fue ternada por el presidente Juan Manuel Santos a la Sala de Disciplina Judicial, también es contratista pública. La Secretaría de Ambiente de Bogotá le va a pagar 72 millones de pesos por asesorías judiciales durante 7 meses. Y la Contraloría Distrital, en manos de Cambio Radical, le desembolsará 98 millones de pesos durante 10 meses por una asesoría similar.
Los contratos de Ricaurte
Pero los contratos más jugosos los concentra el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte. Asesora a la Auditoría General de la República y a Fonade, el fortín burocrático del senador Bernando 'Ñoño' Elías, preso por el caso Odebrecht y socio político del también investigado Musa Besaile.
Con Fonade ya son tres los contratos de asesoría por cerca de 700 millones de pesos. Uno de ellos, para asesorías en la defensa jurídica de esa entidad, que estuvo a cargo, hasta hace unos días, de Alfredo Bula, cuota de 'Ñoño'.
El más jugoso, por 340 millones de pesos, se firmó en mayo.
Con la Auditoría firmó un primer contrato, en 2016, por 66 millones de pesos, para "apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico en la elaboración de un documento que contenga los lineamientos sobre la prevención de riesgos asociados a las situaciones y novedades laborales que se presenten en la Auditoría y en contralorías territoriales, que puedan ocasionar demandas".
Y este año recibirá 90 millones de pesos más, por 9 meses de asesoría "para conceptualizar jurídicamente sobre los asuntos solicitados por el despacho de la Auditoría general", en cabeza del saliente Felipe Córdoba.
Finalmente, Camilo Tarquino asesora a la Aeronáutica Civil. Recibirá 95 millones de pesos por "prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico especializado a la dirección general para fortalecimiento institucional en aspectos de seguimiento, control y conceptualización en derecho laboral, procesal laboral y laboral administrativo".
En la Aerocivil también laboraba Carlos Núñez de León, exsecretario jurídico de Cormagdalena y su director cuando se firmó el polémico contrato con Odebrecht.
Este diario estableció que Núñez fue el primer defensor de Carolina Rico, esposa de Gustavo Moreno, cuando la detuvieron por narcotráfico. De hecho, fue él quien nombró como abogado suplente a Moreno.
Tarquino le admitió a EL TIEMPO que conocía a Gustavo Moreno, pero negó tener negocios o intereses con él.
[Fuente: El Tiempo, Unidad investigativa, Bogotá, 20ago17]
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