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20ago17
Lyons dice que ayudó en la 'vaca' para pagar soborno a magistrado
Durante más de seis horas, agentes de la DEA grabaron en Miami al corrupto fiscal Gustavo Moreno y a su socio, Leonardo Pinilla, hablando de cómo miembros de la Corte Suprema de Justicia recibieron sobornos para favorecer a senadores investigados por corrupción y 'parapolítica'.
Involucraron en la red a los hoy exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. Además, dieron cifras, casos y fechas con el propósito de convencer a su interlocutor, el procesado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, de que a cambio de un millón de dólares le podían ofrecer blindaje judicial, incluso en la Corte.
El episodio causó estupor en todos los sectores del país luego de revelarlo la Fiscalía a mitad de semana, lo que lo convirtió en el peor escándalo que ha afrontado la Corte. La misma institución que se enfrentó valientemente a la mafia en los 90 y sacó adelante el proceso 8.000 y la 'parapolítica' en contra de poderosos intereses quedó herida al ser acusada de favorecer a senadores como el polémico Musa Besaile y el conservador Hernán Andrade. Además, al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.
Con ese solo indicio, pero con muchas versiones de que algo pasaba en ese tribunal, el Gobierno pidió ese mismo martes celeridad y severidad en la investigación. Y políticos de varios partidos exigen de nuevo una constituyente para tomar, de una vez por todas, medidas de transparencia que la Rama Judicial y el Congreso han abortado dos veces en el último lustro en fallidas reformas.
La Sala Penal de la Corte en pleno, por su parte, compulsó copias a la Comisión de Acusación para investigar a Bustos y a Ricaurte "por conductas de corrupción posiblemente cometidas durante sus cargos".
El traslado del caso a una de las instituciones más desacreditadas, la Comisión de Acusación, avivó el debate sobre la urgente depuración de la justicia.
Pero, EL TIEMPO estableció que el audio aportado por la DEA no es la única evidencia que la Fiscalía ha recaudado sobre el más escandaloso episodio de infiltración a la justicia colombiana. Otra prueba será el testimonio del exgobernador Lyons, quien, para rebajar a la quinta parte los 24 años que le esperan de cárcel por el saqueo de Córdoba, empezó a entregar información clave.
"Desde mayo, cuando iniciamos los acercamientos con su defensa, se le advirtió que debía devolver la plata robada, pagar cárcel efectiva y empezar a hablar hacia arriba. Aquí no se le regala nada a nadie", explicó una alta fuente del equipo del fiscal Néstor Humberto Martínez.
Bajo esa premisa, Lyons asegura que tiene cómo probar que políticos de Córdoba, entre ellos él, hicieron aportes para completar los 3.000 millones de pesos que costó frenar el expediente contra el poderoso senador Musa Besaile, también protagonista del escándalo de Odebrecht.
De hecho, afirma que la exigencia inicial era por 5.000 millones de pesos y que uno de los exmagistrados salpicados, muy cercano al senador Bernardo 'Ñoño' Elías, se encargó de recoger el pago.
Y aquí hay otra pieza más bajo análisis. Todos los exmagistrados mencionados hasta ahora en el escándalo tienen jugosos contratos públicos. El caso más llamativo es el de Francisco Ricaurte, quien registra tres, por 700 millones de pesos en Fonade, fortín burocráticos del 'Ñoño' Elías, socio político de Besaile y quien duerme en La Picota por el caso Odebrecht. Las fechas de los contratos al exmagistrado son tan frescas como el audio de la DEA.
La colecta, por el contrario, se empezó a mover tiempo después de que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso incluyó a Besaile en la lista de congresistas de Córdoba que trabajaban con los paramilitares. En una declaración de 2007 mencionó su nombre al lado del de Miguel de la Espriella, Eleonora Pineda, Reginaldo Montes, Julio Manzur y Zulema Jattin.
Los tres primeros fueron condenados. Pero Manzur y Jattin aún esperan un fallo, a pesar de que ambos alcanzaron a pisar la cárcel. En el caso de Besaile no hay decisiones de fondo en una década.
La versión que maneja la Fiscalía es que la supuesta vaca era para impedir la orden de captura contra el cuestionado político de Sahagún.
En octubre de 2014, los procesos de la 'parapolítica' fueron redistribuidos. El de Besaile quedó en el despacho del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández. Malo llegó a la Corte en 2012, impulsado por Francisco Ricaurte, su antiguo subalterno en la Rama Judicial de Bolívar, de donde ambos son oriundos.
A través de uno de sus magistrados auxiliares, Malo le dijo a EL TIEMPO que en el proceso se han practicado varias pruebas y se alista una decisión una vez se resuelvan algunas solicitudes de las partes. Confirmó que el abogado de Besaile es Ignacio Lyons España, primo del exgobernador Alejandro Lyons. Pero negó versiones según las cuales José Reyes, el primer magistrado auxiliar del caso, hoy por fuera de la Corte, hubiera proyectado una decisión contra el senador. Sin embargo, no se le pudo preguntar por un contrato que tiene en Fonade un supuesto allegado suyo.
La actual Sala Penal de la Corte revisa con lupa el desarrollo de ese expediente, al igual que los del senador Andrade y el de Luis Alfredo Ramos.
Andrade ha salido indemne de escándalos como el de pagos de los saqueadores de Cajanal y la repartija de bienes de la mafia, en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que nunca tomó vuelo.
Ramos, por su parte, estaba a la espera de un fallo absolutorio por 'parapolítica' luego de que testigos en su contra fueron calificados de falsos. Pero ahora, con su exabogado Moreno preso por corrupto y con la mención en el audio de la DEA, su situación jurídica se complica, al igual que su aspiración presidencial.
A esos casos se unen otros en los que siempre hubo dudas. Uno de ellos implica a un miembro de un clan político de Bello, Antioquia, y a Javier Suárez, hermano del condenado alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo. La Fiscalía desempolvará una denuncia, de 2013, según la cual Javier Suárez abordó a la hija de Leonidas Bustos para recordarle que le habían pagado 800 millones de pesos para colaborar en un caso, al parecer por homicidio.
Bustos enteró del episodio a sus colegas Javier Zapata y María del Rosario González, y esta última no solo tomó la iniciativa de denunciar. Le puso el acelerador al proceso y confirmó la condena. A los pocos días llegó una recusación contra la magistrada. Sin embargo, no prosperó porque ya había fallo. Es claro que buscaban bloquearla.
Y, aunque pocos le apuestan a que la Comisión de Acusación rompa su proverbial falta de resultados con el caso de los exmagistrados, la historia podría cambiar gracias al capítulo que adelanta la Fiscalía.
Al igual que en el caso Odebrecht -en donde ya supera los resultados frente a otros países: ya llevó ante la justicia a más de 15 personas y logró la primera condena de uno de los implicados, que purgará siete años de cárcel. De hecho, se preparan nuevas capturas y se habla de la posible colaboración de otro de los grandes implicados.
Pero, por lo pronto, el escándalo tiene acorralados a dos de los hombres más poderosos y cuestionados de la justicia. Ricaurte se dio el lujo de 'reinar' en la Corte y saltar a la Judicatura. De hecho, luego de perder el cargo por decisión del Consejo de Estado, aspiraba a ser magistrado de la JEP y hasta precandidato presidencial de su partido, el Conservador.
Cercano al exprocurador Alejandro Ordóñez, terminó compartiendo oficina en Bogotá con Gustavo Moreno antes de que este último fuera nombrado jefe de la Unidad Anticorrupción.
En cuanto a Bustos, quien se pavoneaba con Moreno en los comités interinstitucionales de la Rama y lo recomendaba como abogado, consolidó su influencia de la mano de un coterráneo: el también tolimense Eduardo Montealegre, exfiscal general.
De hecho, funcionarios dicen que el apoyo de Bustos era casi un requisito para llegar a los cargos de la Fiscalía. Incluso, varias de sus fichas terminaron como delegados ante la Corte, cargo disputado y bien pago. Uno de ellos es Julio César Martínez, nombrado en junio de 2014. En ese despacho estuvo el proceso contra el exgobernador Alejandro Lyons por el crimen del director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa. La negociación del exgobernador Lyons no incluye impunidad en caso de ser llamado a juicio por su presunta responsabilidad en ese homicidio.
Otro hombre de Bustos en la fiscalía de Montealegre fue Carlos Iván Mejía Abello. Asumió en febrero de 2014 y le imputó cargos a la excontralora Sandra Morelli, contradictora de Montealegre, a quien le atribuyen cercanía con Juan Pablo Duque, secretario de la Comisión de Acusaciones.
Y, en la Procuraduría de Ordóñez, que esta semana llamó a una cruzada contra la corrupción en la justicia, estuvieron trabajando en altos cargos la exesposa de Bustos, Ana Josefa Velasco, y Martha Cristina Pineda, su actual cónyuge. Además, Bustos y Ricaurte fueron grandes opositores a iniciativas que pretendían poner, por fin, algún tipo de control a los integrantes de las altas cortes.
En cuanto a Tarquino, su caso seguirá en la Fiscalía, pues su presunta participación en la red corresponde a un período posterior a su salida de la Corte, cuando se dedicó a dar asesorías a entidades como la Aeronáutica Civil, bajo la administración Bocanegra.
[Fuente: El Tiempo, Unidad Investigativa y Redacción Justicia, Bogotá, 20ago17]
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