Continúan las amenazas contra los derechos humanos en Colombia

Santafé de Bogotá, Julio 10 de 1998

CONSTANCIA ANTE LA OPINION PUBLICA


La Conferencia de Religiosos de Colombia y la Comisión Intercongregacional
de Justicia y Paz, dejan constancia  ante la opinión pública nacional e
internacional, las delegaciones diplomáticas, los medios de comunicación y
el Estado colombiano que:

1. Después del operativo militar ("allanamiento") a la sede de la Comisión
Intercongregacional de Justicia y Paz, el pasado 13 de mayo, han continuado
las amenazas contra miembros de la Comisión que acompañan procesos de la
población civil, en la afirmación de sus derechos en medio del conflicto,
así como los procesos de condena y estigmatización de que ha sido objeto la
Comisión en sus 10 años de vida.

2. Hemos recibido informaciones confidenciales que consideramos fidedignas,
provenientes de personas que hacen parte de espacios religiosos, de medios
de información, de representaciones diplomáticas e incluso de organismos de
control del Estado, según las cuales, el secretario ejecutivo de Justicia y
Paz, P. Javier Giraldo M. s.j., ha sido declarado "objetivo militar", e
incluso, que existe un operativo en marcha para atentar contra su vida.
También, hemos conocido que altos mandos militares han expresado
abiertamente su animadversión hacia el P. Javier Giraldo.

3. A pesar de conocer dichas informaciones y de tener la certeza de su
veracidad,  por primera vez en los diez años de existencia de la Comisión
Intercongregacional de Justicia y Paz, nos encontramos "maniatados" por la
aparente carencia de elementos "objetivos" que permitan denunciar tales
planes criminales y emprender acción alguna, penal o disciplinaria -por
estériles que hayan sido hasta ahora-, de cara a prevenir la comisión de
otro crimen de lesa humanidad, decidido, diseñado y ejecutado por agentes
del Estado o con su aquiescencia.

4. Constatamos una vez más con dolor y con horror, el perfeccionamiento de
los métodos de guerra sucia y de los mecanismos de represión, que amplían
su radio de acción a vastos sectores de la población; el refinamiento de
los mecanismos tendientes a garantizar que los crímenes queden en la
impunidad -desde antes de su ejecución-, a imposibilitar que la Verdad
sobre esos crímenes se conozca y sirva de fundamento para la exigencia de
Justicia y de Reparación, y obviamente, a  prevenir la consumación de
nuevos crímenes.

5. Nos asiste la convicción de que la arremetida contra los defensores de
derechos humanos,  hace parte de una estrategia encaminada a impedir su
activa participación en cualquier proceso de negociación del conflicto, y
garantizar de esta forma, que los miles de crímenes de lesa humanidad
cometidos hasta ahora, sean dejados en el olvido, como si las víctimas
nunca hubieran existido, y de otra parte, que los victimarios gocen de un
perdón incondicional. 

6. Los asesinatos recientes de Jesús María Valle y de Eduardo Umaña Mendoza
dejan ver con nitidez la intención de exterminar a personas que por su
trayectoria histórica y postura ético-política, se constituyen en garantía
para no dejar impune todo lo vivido. Por eso, un posible atentado contra la
vida del P. Javier Giraldo sería otro hecho que se enmarca en esta lógica
de aniquilamiento. Se está atentando no sólo contra las personas, sino
contra lo que representan: la lucha por poner al desnudo la impunidad de
los crímenes, la denuncia de los poderes que los patrocinan, y la exigencia
de garantías reales para el ejercicio de los derechos humanos,
integralmente concebidos.

7. Por todo lo anterior, el P. Javier Giraldo, se ha visto obligado a
adoptar medidas de precaución para salvaguardar su vida, viéndose afectada
su labor cotidiana en solidaridad con las víctimas. Tampoco le fue posible
participar de manera personal, en la reunión que desde el día 12 de los
corrientes se realiza en Maguncia, Alemania, a la cual estaba invitado, a
pesar de valorar de suma importancia este  evento, por cuanto se constituye
en una oportunidad histórica para visualizar –desde la opción por la
defensa de los derechos humanos-, los desafíos a tener en cuenta en un
proceso serio de negociación política del conflicto interno armado que
desde hace más de 30 años se desarrolla en Colombia, en el marco del cual
se ha justificado el asesinato de casi 26.000 colombianos por motivos
políticos, cerca de 2.500 desapariciones forzadas(1), al amparo del fuero
militar, del auge del paramilitarismo y de la injusticia estructural de la
justicia colombiana. Esto significa el silenciamiento del clamor de las
víctimas, de sus familias, comunidades y organizaciones.

Como religiosos, religiosas y laicos comprometidos en la defensa de la vida
digna:

- Ponemos en su conocimiento,  no una denuncia formal, sino la constancia
histórica de la situación por la cual estamos atravesando. No solicitamos a
las instituciones estatales ni gubernamentales, investigación alguna. No
solicitamos tampoco medidas de protección. Nuestra experiencia en estos
diez años nos ha evidenciado que estas vías no han evitado que los
anunciados crímenes se cometan.

- Reafirmamos nuestra opción en defensa de la vida digna, y por ello
reiteramos que cualquier proceso de negociación política del conflicto
armado, debe basarse en la Verdad histórica sobre los crímenes de lesa
humanidad cometidos en nuestro país, tales como los homicidios políticos,
el genocidio, la detención – desaparición forzada,  la tortura y el
desplazamiento forzado; además, debe garantizarse el derecho a la Justicia,
entendida como el sometimiento a juicio de los  responsables de los
crímenes y su castigo, y la Reparación Integral en relación con los
crímenes cometidos por los agentes estatales por acción u omisión, o por
los particulares bajo el patrocinio o tolerancia del estado, para las
comunidades étnicas, regionales o locales, las organizaciones políticas o
gremiales, los familiares y las víctimas mismas, cuando sea posible.

En nombre de Jesús de Nazareth, de las víctimas y de sus familiares, de la
verdad oculta, de la justicia que clama al cielo y de la posibilidad de un
futuro con auténtica paz, les decimos a los victimarios y a sus
instigadores: "¡ay! de ustedes que transforman las leyes en algo tan amargo
como el ajenjo y tiran por el suelo la justicia, ustedes odian al que
defiende lo justo (...) y aborrecen al que dice la verdad" Amós 5,10.

Hacemos un llamado a toda la sociedad para no ser cómplice de este posible
crimen y de otros que estén siendo planeados, pues "el Padre me ama porque
yo mismo doy mi vida y la volveré a tomar. Nadie ha podido quitarme la vida
sino que yo mismo la voy a entregar. Libremente la entregaré, y libremente
también la recobraré: Así lo dispuso mi Padre" Juan 10, 17-18.


Por la Conferencia de Religiosos de Colombia, 

Hna. Silvia Vallejo V.  O.D.N.  Presidente.	


Por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz,

Hna. Libia Duque A.C.I.  	         Hna. Nohemy Palencia O.P.
Clemencia Correa, 		         Hna. Isabel Gutiérrez, S.A.C
Hna. Maritze Trigos O.P.                Danilo Rueda	
Iván Forero                                      Mauricio Llantén, s.j.			

Este documento es publicado en la internet por Derechos Human Rights