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DERECHOS


12jun02

Aparece un afiche anónimo en el que se acusa al Colectivo de Abogados de ser el "brazo jurídico del ELN"

La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Colombia) denuncia ante las organizaciones de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, organizaciones sindicales, populares, sociales, asociaciones gremiales, cuerpos diplomáticos, agencias de cooperación internacional y a las autoridades del orden local, departamental y nacional, que se han incrementado los señalamientos, persecuciones, hostigamientos y agresiones en contra de nuestra organización defensora de los Derechos Humanos.

CONTEXTO:

Con el transcurso del tiempo debido a la dinámica del conflicto armado colombiano, a las manifestaciones de violencia política y social y en respuesta a la salida de varios abogados del país, el Colectivo de Abogados ha fortalecido su equipo jurídico y su actuar institucional, vinculando nuevos abogados y abogadas defensores de derechos humanos a la organización e incursionando en nuevas áreas de acción jurídica tanto en el plano nacional como internacional. De esta manera, queremos afianzar el reconocimiento global del cual se ha hecho acreedor el Colectivo en base a su amplio recorrido jurídico-político y a la credibilidad obtenida tras más de 20 años de lucha por la defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

En razón de su trabajo, desde comienzos de 1980 los integrantes del Colectivo han sido objeto de contínuas amenazas y hostigamientos, al punto que varios de sus miembros se encuentran hoy en el exilio. Los victimarios, son agentes del Estado pertenecientes a la Fuerza Pública, miembros de organismos de seguridad del Estado y particulares que actúan con el apoyo, la aquiescencia, la tolerancia y la protección de servidores públicos, quienes, en represalia por la actividad legítima que desarrolla el Colectivo, lo han convertido en objetivo de sus ataques a través de amenazas, seguimientos y órdenes de ejecución y señalamientos en varios informes de Inteligencia militar.

Esta situación se ubica en un contexto generalizado de represión estatal contra las organizaciones sociales y populares en general y de aquellas dedicadas a la denuncia de violaciones a derechos humanos en particular. Esta persecución se traduce hace ya tiempo en guerra sucia, criminalización de la protesta, desacreditación del trabajo de asociaciones gremiales, sindicales, sociales y populares, y en la persecución política e intento de deslegitimación de todas ellas.

En los últimos meses el Colectivo de Abogados ha sido víctima de este tipo de ataques en represalia por el ejercicio de sus funciones de denuncia, representación y defensa de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

El ejemplo más representativo en los últimos días, se produjo como consecuencia del hecho que nuestra organización actúa como parte civil en el proceso penal que se adelanta ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación por el atentado del que fuera objeto el 15 de diciembre de 2000 el Presidente de FENALTRASE y hoy congresista de la República, Wilson Borja Díaz. En este proceso la Fiscalía General de la Nación compulsó copias para que se vinculara a la investigación a los generales del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel y Reinaldo Castellanos, y llamó a juicio al mayor César Alfonso Maldonado Vidales.

1. El día martes 21 de mayo comenzó a circular en algunas universidades y en la Fiscalía General de la Nación un afiche (cartel) a color, en el cual se señala a la Corporación Colectivo de Abogados como el "brazo jurídico del ELN", solicitando "solidaridad con un héroe nacional", en referencia al Mayor Maldonado Vidales. Esto último se refiere a las actuaciones jurídicas que ha adelantado el Colectivo de Abogados en la referida investigación y a su intervención, como peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de medidas cautelares de protección de las que actualmente es beneficiario Wilson Borja.

2. El contenido del mencionado afiche, además de hacer un llamado al aniquilamiento institucional del Colectivo de Abogados -toda vez que se solicita actuar en nuestra contra- enaltece la labor del Mayor CESAR ALONSO MALDONADO VIDALES e invita a solidarizarse con su persona y a hacer un reconocimiento público de su inocencia y de su calidad de Héroe Nacional. El afiche denucia, asimismo, la "guerra sucia" que, afirma, han desarrollado el líder sindical Wilson Borja y "su Colectivo de Abogados con el único fin de acabarlo y destruirlo" (a Maldonado). De manera tal, que, paralelo al ataque frontal contra el Colectivo de Abogados, el escrito busca deslegitimar la lucha de Wilson Borja como dirigente sindical y representante a la Cámara.

3. Es de conocimiento público, que en la investigación que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación por el atentado del que fuera objeto Wilson Borja Díaz, se dictó resolución de acusación y llamamiento a juicio, contra el mencionado mayor Maldonado, identificándolo como autor intelectual del hecho.

4. Cabe recordar que en otro caso, que actualmente tramita el Colectivo de Abogados, el señor Maldonado, siendo entonces Teniente del Ejército Nacional y comandante del grupo CAES -Grupo Especial de la sección de Inteligencia del Grupo de Caballería mecanizado No.5 Maza, participó en la detención arbitraria y tortura de los dirigentes sindicales RAMON ALIRIO PEREZ Y NELSON EMILIO ORTEGA, y la incineración en vida de GERARDO LIEVANO GARCIA, después de ser objeto de torturas por varios oficiales bajo el mando del citado oficial del Ejército.

5. Por estos hechos y a pesar de estar plenamente probada su responsabilidad penal, el señor Maldonado fue absuelto en la Jurisdicción Penal Militar, proceso que fue declarado nulo. En este momento, la investigación contra Maldonado se encuentra en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, pendiente de dictar resolución de acusación y llamamiento a juicio en su contra por estos hechos ocurridos en la ciudad de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander.

6. El pliego de cargos contra el señor Maldonado señala que encontrándose en ejercicio de sus funciones "participó y ordenó que el personal bajo su mando efectuará la retención ilegal"; "efectuó conductas configurativas de desaparición forzada"; "sometió y permitió que personal bajo su mando sometiera a GERARDO LIEVANO, a castigos corporales físicos constitutivos de tortura, que aunado a las lesiones sufridas al momento de la detención causaron su muerte violenta e injustificada"; y "efectuó y permitió que personal bajo su mando desarrollara actos constitutivos de torturas físicas y psicológicas a RAMON ALIRIO PEREZ y NELSON EMILIO ORTEGA".

7. El contenido del referido afiche nos hace presumir que el Mayor Maldonado estuvo involucrado en su elaboración, toda vez que resume las aseveraciones que el sindicado realizó en varias piezas procesales de la investigación en el proceso Borja; Además, presenta a este integrante de las Fuerzas Militares como un Héroe Nacional, y como víctima de la "guerra jurídica" que ha adelantado el Colectivo desconociendo que el mayor Maldonado "el único daño que le ha hecho al país" "es el de entregarse a su juramento patrio, defendiendo con su misma vida a todos los Colombianos de bien, constituyéndose como uno de los Oficiales que más personas secuestradas ha liberado de las manos de los grupos narcoterroristas, en especial del E.L.N., de ahí la guerra sucia que está sufriendo".

8. El texto del temerario comunicado cuestiona nuestro ejercicio de defensa de los derechos humanos, presenta a los victimarios como víctimas y señala como una estrategia de guerra el reclamo legítimo de superación de la impunidad y el cumplimiento de las obligaciones estatales de investigación, sanción y reparación frente a las violaciones a derechos humanos.

9. Presupone un nivel inconmesurable de influencia que presuntamente tiene el Colectivo a nivel nacional e internacional, afirmando que ejercemos trabajos de manipulación y corrupción al interior de sectores de la Fiscalía General de la Nación, Ministerio Público y Magistratura, y presionamos a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, poniendo en tela de juicio el reconocimiento de status consultivo que tiene nuestra organización ante la Organización de Estados Americanos OEA.

10. Igualmente, asigna al Colectivo la calificación como organización testaferro del ELN, financiada por "organizaciones narcoterroristas", controvirtiendo así la naturaleza de las agencias de cooperación internacional que financian nuestra labor, así como la de otras organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Los recursos que posibilitan el trabajo que el Colectivo de Abogados desarrolla, provienen precisamente de agencias de cooperación internacional, que avalan nuestra labor, y de recursos propios producto de demandas administrativas que hemos ganado contra el Estado colombiano, en aquellos casos en los que

10.1 las autoridades judiciales penales, administrativas y disciplinarias han comprobado la responsabilidad estatal en las violaciones a derechos humanos.

10.2 las organizaciones internacionales como la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han declarado la responsabilidad internacional del Estado colombiano.

11. Señalan nuestro trabajo de difusión y defensa de los derechos humanos y de las violaciones que contra ellos se cometen, como una "vieja estrategia subversiva" para presionar políticamente las decisiones jurídicas. De igual forma, se cataloga nuestra tarea de difusión de denuncia contra la impunidad, como desinformación "al país entero y a la opinión pública internacional".

12. Especial preocupación genera el señalamiento de que es objeto el abogado del Colectivo Luis Guillermo Pérez Casas, quien es tildado como "jefe del brazo jurídico del ELN" y administrador financiero de "grupo narcoterrorista". P Precisamente, Luis Guillermo Pérez se encuentra actualmente fuera del país en razón de los hostigamientos y amenazas de que ha sido víctima como abogado de la parte civil en los procesos penales que se adelantan por la masacre de Mapiripán y el atentado contra Wilson Borja Díaz, entre otros.

13. En la parte final del texto del afiche, los "firmantes" demandan una "investigación contra el Colectivo de Abogados, para judicializar a sus integrantes", afirmando que "de esta manera se asestaría un duro golpe al E.L.N y sus finanzas", aseverando que la organización de derechos humanos es más peligrosa que la subversión. De esta forma, los autores del mensaje desconocen que la comisión de crímenes de lesa humanidad es un verdadero acto de subversión de los postulados en los cuales se afirma el Estado de Derecho y colocan en un grave riesgo a las organizaciones sindicales, gremiales, sociales y populares dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Colombia, justificando una arremetida estatal contra las mismas y legitimando la persecución que contra ellas se ejerce. Esta política estatal en otra época no muy lejana se perfiló en contra de las organizaciones políticas y asociaciones gremiales de trabajadores, conllevando su aniquilamiento y destrucción.

14. En el documento se solicita igualmente la intervención de "todas las organizaciones Defensoras de D.D.H.H. que funcionen en el territorio nacional, para establecer si realmente cumplen esta función o son testaferros de las organizaciones narcoterroristas, que le lideran la guerra político-jurídica y sus finanzas", observándose nuevamente la criminalización de la actividad de defensa de los derechos humanos en Colombia.

15. Este pasquín, en el que se designa a los abogados del Colectivo, como "cabecillas de la organización narcoterrorista", no debe entenderse como un hecho aislado, sino en el contexto de amenazas, hostigamientos, señalamientos y agresiones a nuestra organización de derechos humanos, persecución que ha tenido múltiples y diversas manifestaciones y que se ubica en un nuevo plano de agresión ya no dirigido contra cada uno de los abogados que la conforman, sino contra la totalidad de la institución.

16. Recientemente, el Colectivo de Abogados ha tenido conocimiento de otros hechos relacionados con señalamientos y actividades de inteligencia militar sobre el trabajo de nuestros abogados defensores de derechos humanos y de la institución misma. Son los siguientes:

a) El Colectivo de Abogados, a petición de las organizaciones que agrupan desplazados y del Ministerio del Interior, realizó un convenio con aportes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el objeto de desarrollar una serie de seminarios regionales y un "Encuentro Nacional de Desplazados" llevado a cabo los días 5, 6 y 7 de abril de 2002, y cuya clausura contó con la presencia del Ministro del Interior, Armando Estrada Villa.

Con posterioridad al evento, en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía se inició el Proceso No 1209. En el marco de esta investigación se hicieron por lo menos 17 allanamientos en Bogotá y se detuvieron algunas personas desplazadas que pertenecen a las organizaciones de desplazados que fueron partícipes de los encuentros regionales y nacional mencionados. Lo sorprendente es que en este proceso aparece el informe de inteligencia No. 01579, firmado entre otros, por el Capitán Harold Salazar y el Teniente Coronel Echeverry del Batallón 13 de Policía Militar, haciendo cargos contra nuestra institución como una organización de las FARC y diciendo que en la oficina que cedimos para organizar esos talleres operaba el bloque Antonio Nariño de las FARC.

b) Igualmente, tenemos conocimiento de un informe del Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía, CTI, que da fe de órdenes de ejecutar a varias personas, entre ellas a ocho fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, a miembros del CTI, a una persona de la ONG colombiana Minga y a dos miembros del Colectivo de Abogados: Luis Guillermo Pérez y Alirio Uribe. Se tiene conocimiento de una fuente de máxima credibilidad de que esta es una órden dictada por el Ejército Nacional a los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC.

c) Los seguimientos y vigilancias a la sede del Colectivo se han incrementado: en las últimas semanas se han hecho presentes en nuestras oficinas una mujer y un hombre de quienes sabemos tienen vínculos con la Inteligencia Militar, preguntando por el abogado Alirio Uribe. Igualmente, estas personas han sido vistas en el primer piso del edificio, en actividades de observación o inteligencia.

d) Fuentes de alta credibilidad nos han comunicado que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, en las investigaciones que corresponden a los radicados No. 590 ó No. 912, realizó inspecciones a los archivos de Inteligencia y encontró información respecto de varios de los abogados de nuestra organización. Sin embargo, mediante respuesta a derecho de petición formulado institucionalmente, esta Unidad de la Fiscalía niega esa información.

A pesar de la existencia comprobada de estos informes de inteligencia que generalmente suelen ser preludio de otras acciones de mayor gravedad como detenciones, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales u otras formas de vulneración de los derechos fundamentales, no existe una actividad estatal tendiente a la judicialización de sus autores, perpetuando de esta manera la impunidad que se cierne sobre los hechos de hostigamiento de que históricamente ha sido víctima el Colectivo de Abogados:

1. La investigación disciplinaria que adelantó el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en razón de las amenazas a los abogados Luis Guillermo Pérez, Maret Cecilia García y Alirio Uribe Muñoz fue archivada.

2. Igualmente fue archivada en la Procuraduría General de la Nación, la investigación disciplinaria por las amenazas al abogado Reinaldo Villalba Vargas, por hechos sucedidos en Fusagasugá, departamento de Cundinamarca.

3. Todas las investigaciones penales que ha adelantado el Colectivo ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación se encuentran archivadas o en fase preliminar, sin que hasta la fecha exista un solo sindicado por los hechos que dieron origen a cada una de ellas, a pesar de que en varias de ellas aparecen informes de inteligencia en contra del Colectivo de Abogados, suscritos por funcionarios de la Fuerza Pública. A pesar de todo ello, no se ha procedido a la vinculación de estos organismos en los respectivos procesos.

Como hecho agravante de esta situación, el gobierno de Colombia no ha implementado las medidas de protección y de seguridad solicitadas en numerosas oportunidades por la Organización de Derechos Humanos, lo cual, aunado a la impunidad penal y disciplinaria sobre los hechos de agresión contra el Colectivo, ha facilitado el agravamiento de la situación de riesgo de los abogados y abogadas defensores de derechos humanos que laboran en el Colectivo.

Por todo lo expuesto, les SOLICITAMOS dirigirse a las autoridades colombianas para exigirles:

A) Avalar y reivindicar como absolutamente necesario en Colombia, teniendo en cuenta el actual contexto político del país, el trabajo nacional e internacional que en materia de Derechos Humanos desarrolla la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".

B) Denunciar los actos de persecución y criminalización de nuestro trabajo que se ha efectuado desde la cúpula militar colombiana y desde la Inteligencia Militar en contra del Colectivo de Abogados.

C) Solicitar resultados concretos en las investigaciones penales que se adelantan ante la Fiscalía General de la Nación, exigiendo que sean vinculadas las personas que suscriben los informes de inteligencia y sancionados los responsables de las amenazas en contra del Colectivo de Abogados.

D) Exigir que se garantice la vida e integridad física y psicológica de los abogados y abogadas del Colectivo y el libre ejercicio de su profesión como defensores de derechos humanos.

E) Responsabilizar al Estado colombiano de cualquier atentado contra la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos en Colombia.

Por favor, enviar original de cada una de las comunicaciones enviadas a la siguiente dirección:

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Calle 16 No. 6 - 66 Oficina 2506 Edificio Avianca. Bogotá, D.C - Colombia.
Fax: (571) 282 42 70
y al E-mail: Colectivo de Abogados

Muchas gracias,

atentamente,

COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO.

DDHH en Colombia

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Este documento ha sido publicado el 27jun02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights