08dic04

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Advierten sobre la aplicación de un estado de excepción de facto en Medellín.

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El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL) es una coordinación de organizaciones sociales, sindicales y no gubernamentales que desde 1995 realiza el trabajo de difusión y defensa de los derechos humanos en los Departamentos de Antioquia y Chocó; hace parte de la Coordinacion Colombia Europa Estados Unidos desde su creación y participa en diferentes espacios nacionales e internacionales.

De nuestro equipo hacen parte organizaciones de desplazados, atención a presos políticos, familiares de detenidos desaparecidos, campesinos, estudiantes, obreros, abogados y artistas.

Nuestra labor se ha caracterizado por la vinculación directa con comunidades, el trabajo de campo y la participación de organizaciones de víctimas.

El acompañamiento en asentamientos de desplazados, en comunidades campesinas en resistencia y en barrios subnormales ha significado una opción por la protesta y la movilización pacíficas y por la denuncia permanente en todos aquellos sectores sociales con los que desarrollamos nuestra labor.

En esta ciudad de Medellín, en particular, CODEHSEL, a través de sus organizaciones parte, ha estado presente en diversos conflictos laborales y sindicales, realizado eventos públicos de difusión y denuncia, orientado escuelas de formación de líderes, promovido la organización de las víctimas y acompañado a los desplazados en sus reclamaciones.

En las regiones de Nordeste, Suroeste, Oriente, Urabá y Medio Atrato CODEHSEL ha acompañado el proceso de resistencia de comunidades campesinas en riesgo de desplazamiento.

Adicional a los peligros derivados de la confrontación armada que se libra en buena parte de las zonas donde trabajamos, hemos sido sometidos a una permanente labor de desprestigio con la que funcionarios públicos quieren presentar nuestra labor como de apoyo a la insurgencia, para lo cual se está trascendiendo de la fase de comentarios y opiniones a la de la búsqueda de judicialización mediante irregulares procedimientos.

Durante estos años hemos sido testigos de excepción de la forma como se cierra una tenaza paramilitar sobre la ciudad de Medellín, de cómo el apoyo de la fuerza pública ha permitido la implantación y la consolidación de bandas paramilitares que asumen el control de los barrios populares, de cómo los masivos e irregulares operativos, con allanamientos y retenciones sin orden, han conseguido la desarticulación de las organizaciones sociales y las formas de resistencia adoptadas por las comunidades más vulneradas.

De todo ello hemos formulado denuncia pública sin que hasta el momento contemos con resultados concretos, pero en cambio sí evidenciamos una serie de acciones tendientes a comprometer penalmente a quienes formulamos las quejas.

La situación presentada durante este último año en los barrios La Cruz y La Honda, en la zona Nororiente de la ciudad, es bastante ilustrativa de la forma como se viene atacando la organización comunitaria y sus acompañantes y sirve como antecedente para explicar la actual situación de persecución en contra del Colectivo y algunas organizaciones sindicales:

1.. El 6 de Noviembre de 2002 unos 200 desplazados se tomaron pacíficamente las instalaciones de la Universidad de Antioquia y en la semana siguiente se realizó un una reunión en el barrio La Cruz con delegados de la Procuraduría departamental, la Defensoría del pueblo, Comité municipal de desplazados, La personería municipal, Pastoral Social de la Arquidiócesis de Medellín, La Suboficina Medellín del Alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, entre otros, en la cual se escucharon las diversas denuncias formuladas en contra de la fuerza pública.

- Durante el año 2003 y 2004 se realizaron numerosas capturas arbitrarias por parte de la estación de policía de San Blas y del Comando Elite Antiterrorista CEAT, que posteriormente fueron legalizadas como capturas administrativas.

2. El 13 de Enero de 2003 se inició el operativo "Estrella VI".

Allanaron casas y detuvieron a cerca de cien (100) personas.

Dentro de los detenidos se encontraban todos los directivos del Movimiento Social de Desplazados -MOSDA-, el presidente la Junta de Acción Comunal del barrio La Honda y coordinadores de los diversos comités barriales.

3.. El día 18 de marzo del 2003, miembros de la policía (CEAT) realizaron un operativo en el Barrio la Honda; en éste, allanaron un gran numero de viviendas, donde sacaron 25 personas y llevándolas para la estación de policía de San Blas, muchas de ellas fueron fuertemente golpeadas.

Desde entonces no han cesado los operativos irregulares con allanamientos y capturas que se hacen de manera indiscriminada.

Desde mayo de 2004 la comunidad ha denunciado que personas, supuestamente desmovilizadas, hacen presencia en el sector acompañados de integrantes de la banda conocida como "La Treinta" y conjuntamente patrullan y controlan la zona, utilizando armas de fuego y presentándose ante la comunidad como miembros de grupos paramilitares.

Estos mismos jóvenes son los que realizan patrullaje conjunto con los agentes de policía de la estación San Blas.

En abril 28 de 2004 miembros de esta Estación realizaron un irregular operativo en el barrio La Honda, con participación de varios integrantes de una banda que opera en el sector a la que se conoce con el nombre de "la montañita".

4.. En mayo 27, miembros de la policía llegaron hasta la escuela en compañía de civiles armados y un encapuchado, en momentos en que se realizaba taller de CODEHSEL y retuvieron a varias personas.

5.. En desarrollo de los operativos, aparecen buscando a los líderes y a otros miembros de la comunidad, llevando consigo sus fotografías cuando meses atrás fueron capturados, reseñados, fotografiados y dejados en libertad.

6. Varias de las personas que han sido retenidas con esta modalidad han sido víctimas de homicidio luego de recuperar su libertad.

El ataque a estas comunidades se complementa con la persecución a las personas y organizaciones que les han brindado apoyo y acompañamiento, con lo cual se evidencia la intención de ilegitimar y perseguir la labor de las organizaciones sociales y de derechos humanos mediante la penalización de su conducta.

Al respecto, hemos registrado los siguientes hechos:

1. El 24 de julio de 2004 varios miembros de nuestro Colectivo fueron fotografiados por seis individuos, mientras se encontraban en el "Parque del periodista" en disposición de asistir a nuestra asamblea ordinaria;

2. En uno de los eventos de la "Caravana Internacional por la Vida de los Trabajadores y Trabajadoras en Colombia" en los cuales participaron las organizaciones que hacen parte de Codehsel, se verificó la infiltración de una persona que realizaba labores de inteligencia en el lugar;

3. Durante la jornada de protesta de los habitantes en el Norte del área Metropolitana de Medellín contra el Peajito Social en el mes de mayo de 2004, los líderes e integrantes de los organismos de derechos humanos que acudieron para verificar la grave situación de violación de los derechos humanos perpetradas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía fueron permanentemente fotografiados y filmados por parte de la Policía;

4. El 4 de septiembre de 2004 en el marco de la Tercera Jornada Por los derechos humanos y contra la Impunidad impulsada por Codehsel se programó la realización de la IV Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad.

Dos sujetos trataron de abordar fraudulentamente nuestro transporte y al impedírselo se contactaron con dos hombres que se encontraban a bordo de una motocicleta, los cuales realizaron la persecución de nuestro autobús hasta el lugar de la reunión.

5. Durante este año, y particularmente en el último semestre, nos hemos percatado de la presencia de individuos que realizan vigilancia sobre nuestras sedes y seguimiento a sus miembros, efectuando fotografía o filmación.

Algunos de nuestros integrantes han advertido esta vigilancia también en sus residencias y lugares de parqueo de vehículo.

6. Algunas de las personas que han sido víctimas de las retenciones arbitrarias efectuadas bajo la figura de la captura administrativa han sido interrogadas insistentemente sobre los nombres, características y funciones de las organizaciones acompañantes, pretendiendo establecer supuestos nexos con la insurgencia.

7. Personas que han sido señaladas como ex milicianos de la guerrilla y que reciben remuneración y de manera extraña gozan de libertad sin haber hecho trámite de reinserción, han sido utilizadas como informantes y testigos en contra de líderes de la comunidad y ahora, junto con personas comprometidas penalmente, hacen parte del grupo de declarantes que aparecen en diversos procesos refiriendo supuestos nexos entre nuestro trabajo y la insurgencia, con afirmaciones tan vagas y genéricas tales como que somos los abogados de la organización, se hacen reuniones en nuestras sedes, instruimos a la población para protestar contra el gobierno, hacemos escuelas de líderes y enseñamos sobre DIH.

8. Los organismos de seguridad, a través de sus oficinas de policía judicial, y algunas fiscalías delegadas están presentando la persecución como la desarticulación de redes o estructuras; justificando con ello labores de seguimiento a nuestras sedes e integrantes y la captura injusta de personas a quienes no les encuentran ningún elemento de delito.

Para el propósito se valen de una práctica bastante peligrosa, consistente en mezclar acusaciones y procedimientos bien fundamentados y delicados con informes vagos; la declaración de un desertor o informante que puede arrojar resultados positivos contra la guerrilla se mezcla con sus divagaciones y suposiciones sobre el trabajo de las organizaciones sociales y con ello se da por sentada la existencia del vínculo.

9. Es así como nuestras organizaciones y sus miembros están clasificados como parte de estructuras ilegales en los organigramas y ordenes de batalla que manejan los organismos de inteligencia y algunas de nuestras sedes reportan seguimiento dentro de investigaciones penales adelantadas contra grupos armados.

10. El asunto es de tal gravedad que los informantes se han atrevido a lanzar acusaciones contra personas y organizaciones que hacen acompañamiento internacional y en el caso de una de éstas tal hecho se ha traducido en una amenaza contra su vida, en pleno centro de la ciudad, proferida por sujetos que se presentaron como miembros de grupos paramilitares, luego de abordarle al salir precisamente de una de nuestras sedes.

Tal situación nos lleva a temer por nuestra integridad física y por el buen desempeño de nuestro trabajo, al tiempo que nos permite formular las siguientes peticiones:

1. A la Fiscalía General de la Nación:

• Retirar las Unidades Delegadas ante organismos de seguridad por toda la comprobada contaminación que sufre la función judicial.
• Ejercer un control efectivo sobre la calidad de los testigos, principalmente cuando se trate de informantes por remuneración o cualquier otro beneficio y ex miembros de grupos armados ilegales, respecto de los cuales se tienen suficientes argumentos para desconfiar de sus dichos.
• Dar aplicación estricta a los límites que la Corte Constitucional ha definido para la aplicación de la captura administrativa y rechazar de plano todas las diligencias realizadas sin el cumplimiento de las formas legales.
• Investigar eficazmente las reiteradas denuncias hechas por nuestras organizaciones, referentes a los procedimientos ilegales de la fuerza pública.
• Revisar aquellos procesos en los que se formulan acusaciones contra organizaciones y personas vinculadas al trabajo sindical y de derechos humanos, en razón de su labor y pedir a los fiscales que informen a la respectiva dirección sobre cualquier decisión al respecto.

2. A los organismos de Control:

• Que la Procuraduría revise efectivamente los archivos de inteligencia para establecer la información que en ellos se contiene sobre nuestras organizaciones y sus integrantes.
• Vigilar de manera especial los procesos en los que se hacen acusaciones contra nuestro trabajo.
• Adelantar las acciones disciplinarias que se derivan de las irregularidades denunciadas por las comunidades y nuestras organizaciones.
• Activar mecanismos eficaces para dar cumplimiento a los compromisos asumidos con la comunidad de los barrios La Honda y La Cruz desde el año 2002.

3. A la OACNUDH:

• Mantener el acompañamiento brindado a nuestra labor.
• Hacer seguimiento a las peticiones formuladas a los Órganos estatales.
• Fortalecer la presencia en las comunidades con las que trabajamos.

4. A las organizaciones sociales y de Derechos Humanos:

• Estar vigilantes a la evolución de esta situación.
• Sumarse a las peticiones formuladas.
• Aportar la información sobre cualquier situación con su organización, comunidad de referencia o equipo de trabajo, que dé cuenta de una labor de persecución similar a la que aquí denunciamos.

Medellín, 8 de diciembre de 2004.

Firman:

• ADIDA,
• Central Unitaria de Trabajadores,
• SINTRA Empresas Varias de Medellin,
• SINALTRAINAL Medellin,
• Sintralimenticia Medellin,
• SINTRAPINTUCO,
• SINTRAINCAPLA,
• SINTRATEXTIL,
• SINDESENA,
• Corporacion Juridica Libertad,
• ASFADDES Seccional Medellín,
• FCSPP seccional Medellín,
• ACA,
• SUMAPAZ,
• Comité Permanente por la Defensa de los DDHH Hector Abad Gomez,
• Cristianos y Cristianas por la Justicia Y la Paz,
• ANDAS.

DDHH en Colombia

Este documento ha sido publicado el 17Dic04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights