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26abr96

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Colombia y el área andina: los vacíos de la guerra

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"Quien con monstruos lucha cuide a su vez en no convertirse en monstruo.
Cuando miras largo tiempo a un abismo,
también este mira dentro de ti"

F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal

El contexto regional: usos y abusos de la política antidroga

Mientras crecen los lazos intrarregionales de la economía ilegal de las drogas en la zona andina, el vacío de políticas coordinadas en el área es cada vez mayor. En efecto, fenómenos recientes demuestran el grado de interdependencia ilegal de las zonas fronterizas: así por ejemplo, el encierro de la cúpula de Cali originó una crisis de demanda de pasta básica en el Alto Huallaga en el Perú con lo cual la economía de esa región se sumió en una crisis tal, que originó una hambruna en la zona y un desplazamiento de la producción a nuevas áreas que empiezan a tener un peso significativo: regiones como Aguaytía y Apurímac representan hoy más de una tercera parte de la geografía coquera del Perú.

Por otra parte, la nueva situación del grupo de Cali está produciendo no sólo una apertura en la participación del mercado ilegal de nuevos grupos colombianos, sino que está generando una readecuación del peso de las "firmas" peruanas intermediarias en la demanda de base en ese país. Una parte de las organizaciones peruanas están desarrollando nexos con grupos mexicanos que pujan por una mayor influencia en el mercado norteamericano de la cocaína. Sin embargo, la incidencia colombiana en la reestructuración de las nuevas firmas peruanas es aún significativa: entre los cuatro capos de las firmas más prominentes del Perú se encuentran los colombianos Waldo Vargas (el Ministro) y otro con el alias de "Negro Azul" el cual trabaja en sociedad con el ex-policía peruano Jorge Chávez.

Mientras tanto la contribución peruana se establece con los nombres de Julián Pariona (Claudio) que al parecer es quien maneja la red de oficiales de la fuerza aérea comprometidos con el comercio de drogas. Como se recuerda, a mediados de mayo de 1996 cayó un alijo de 174 kilos de cocaína manejado por el Grupo Aéreo No. 8 y que utilizó la nave que recientemente servía como avión presidencial de Fujimori. Los escándalos en este sentido se remontan a lo largo de toda la década al ser denunciados nombres como el del general Eduardo Bellido jefe superior de las tropas del Huallaga como colaborador de los narcotraficantes o el teniente coronel Luis Aparicio Manrique, que también utilizó el cuerpo de ingenieros del Proyecto Especial del Alto Huallaga para construir pistas que facilitacen el vuelo de helicópteros que transportaban drogas desde Cañuto |1|.

Hasta diciembre de 1995 existían en el Perú 390 oficiales, entre ellos varios generales, enjuiciados por el delito de complicidad con el narcotráfico.

Finalmente el cuarto jefe es Wilber Alvarado (Champa) que luego de varios ajustes de cuentas frente a otras bandas de narcotraficantes y de su separación del colombiano Vargas, decidió crear su propia organización.

Este nuevo escenario también abarca a Bolivia sobre todo a partir del caso del "narcoavión" interceptado en Lima en septiembre de 1995 y que se dirigía con un cargamento de más de tres toneladas de cocaína hacia Mexicali (México), mercancía que pertenecía al mafiosos mexicano Amado Carrillo, lo que desató un escándalo internacional al involucrar por omisión, a altos funcionarios del gobierno y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia.

Simultáneamente se experimenta el surgimiento de nuevas rutas de contrabando de drogas desde Bolivia a través de Brasil y otros puntos de Suramérica, que toman como puente al Africa para salir finalmente a Europa o para comercializar las drogas en el mismo continente africano. Este nuevo mapa da cuenta de la magnitud de los cambios que se vienen experimentando en el contexto mundial con el mercado de la cocaína, ámbito en el cual se están produciendo reacomodamientos de los grupos organizados con iniciativas fuertes de los grupos mexicanos y peruanos, que buscan un mayor margen de apropiación al control que tenía el grupo de Cali.

Simultáneamente a lo largo de la actual década pero sobre todo hacia 1995, se experimentan un auge de la corrupción gubernamental y de las fuerzas del orden relacionada con las drogas ilegales en los casos de los países del área andina y México, lo que pone de presente el desarrollo de otra década de fracasos contundentes de las políticas antidroga a nivel de todo el hemisferio.

El usufructo de las cifras

Desde la perspectiva del Norte, resulta incoherente pero políticamente funcional el manejo dado por la administración Clinton al problema para el área andina. La señal enviada con la descertificación a Colombia, por ejemplo, afianza un trato separado a los países del área que responde más a las especificidades de la situación política interna y al juego de intereses en la región, que a pautas claras que establezcan los compromisos en materia antidroga sobre la base del respeto a los derechos humanos: Bolivia por ejemplo, fue certificada a pesar de su posición radical en contra de las fumigaciones para garantizar la erradicación de los cultivos de coca, o Perú que recibió el visto bueno a pesar de las graves denuncias de corrupción y de violaciones a los derechos humanos de altos mandos de sus fuerzas armadas.

Ese trato discriminatorio por parte de EE.UU. se refleja también en los manejos de los fondos dedicados a la cooperación en las tareas antidroga. El presupuesto solicitado por el presidente Clinton para su política antidrogas de 1997 asciende a 15.100 millones de dólares lo que representa un incremento del 9.3%, es decir 1.300 millones más sobre el presupuesto de 1996. Las líneas gruesas de la política representan una continuidad de lo efectuado durante 1996:

1. Compromisos en programas internos de prevención y tratamiento
2. Apoyo en la implementación de la estrategia internacional de control, referidas al fortalecimiento de las acciones conjuntas con México y al desarrollo de los desafíos que provoca Birmania como principal exportador de heroína hacia EE.UU. y frente a Colombia, junto con los países andinos, en relación con la cocaína.
3. Incremento de las actividades para detener en las fronteras el ingreso de drogas. La idea es reforzar las acciones de control en la frontera con México ( Cumbre sobre la Frontera Suroeste en El Paso ) y en otro frente, desarrollar los mismos propósitos desde Puerto Rico a lo largo de todo el Caribe.
4. Fortalecer las iniciativas locales de aplicación de la ley.
5. Proveer más recursos a las comunidades para los desafíos que cada día presenta el combate a las drogas |2|.

En relación con el frente externo, la tendencia que se consolida con la administración Clinton es la asunción de los costos de la guerra por parte de los mismos países catalogados como "productores" o de "lugares de tránsito".

En efecto, de los U.S.$ 13.800 millones aprobados para 1996 fueron dedicados a los 3 países del área andina 137 millones (el 1% del presupuesto) |3| de los cuales U.S. $75.3 millones se dedicaron a apoyos a la policía y a los militares en contraste con U.S.$ 4.4 millones que se destinaron al fortalecimiento de los sistemas de justicia en los 3 países. De esos 4.4 millones, Bolivia recibió U.S.$ 4 millones es decir que entre Perú y Colombia se recibieron 400.000 dólares para ese fin que Clinton ha argumentado como un punto central de su política: la promoción de las instituciones democráticas |4|.

Mientras tanto, a lo largo de la década se experimentan recortes significativos de la cooperación norteamericana. Tan sólo en una década (1984-1994) el total de la ayuda para los tres países andinos ascendió a tan sólo 1.956 millones, cifra que contrasta por ejemplo, con lo que invirtió Colombia durante 1995 y que llegó a cerca de 1.000 millones de dólares. Por otra parte, son indicativos los promedios que presenta la dedicación de estos fondos: 52% ayuda económica y 42% en fondos dedicados a las fuerzas armadas y de policía.

Sin embargo, cabe destacar el comportamiento atípico de Colombia: de los fondos de cooperación suministrados el 81.12% se destinaron a la policía y a las fuerzas armadas y tan sólo un 18.98% fue a objetivos distintos.

	Cuadro No.1 Años 1984-1994 Ayuda económica, policial y militar a Bolivia, Colombia y Perú
		Económica	Policial	Militar	Total
	Bolivia	580.991	125.822	144.401	852.214
	Colombia	119.366	167.718	342.323	628.676
	Perú	323.788	102.790	49.648	476.226
	Total	1.024.145	396.330	536.372	1.956.116
	Fuente: WOLA Brieffing Series marzo 1996

Uno de los impactos más severos de los énfasis militares de la lucha antidroga es el costo en materia de derechos fundamentales de la población civil. La tendencia predominante a nivel del área andina durante la actual década es justamente el contraste entre la permisividad de la corrupción que abarca altas esferas de los gobiernos del área, incluyendo sus fuerzas armadas como lo muestra gravemente el caso del Perú y los énfasis de las políticas antidroga.

En otras palabras, mientras el narcotráfico se afianza como poder corruptor, las políticas referidas a esta dimesión del problema son pobres al lado de la fuerza adquirida en la represión del problema de los cultivos ilícitos.

Las tendencias en esta dirección son altamente preocupantes. En el caso del Perú el problema se interrelaciona con la presencia de Sendero Luminoso en las zonas cocaleras. Como se sabe, a diferencia del gobierno colombiano, Fujimori previó que las acciones contra los campesinos cocaleros llevaría a afianzar una base social de apoyo a la guerrilla terrorista del Perú, lo que generó un manejo internacional de presentación del problema, con el fin de propiciar las condiciones políticas para lograr una separación temporal de las medidas contra los cultivos de coca.

En efecto, con esa diferenciación, Fujimori logró incorporar a los campesinos a su estrategia antisubversiva a través de los sistemas de rondas campesinas manteniendo una relativa permisividad frente a los cultivos ilegales.

Pero esta estrategia se encuentra hoy en el centro del debate peruano, dado los relativos éxitos que obtuvo el gobierno a raíz de la captura de Abimael Guzmán y la presencia de una presión norteamericana por medidas más contundentes. Sin embargo en la implementación de la misma estrategia, entre 1990 y la captura de Abimael Guzmán (septiembre de 1993) la confluencia entre columnas senderistas interesadas en destruir al Estado peruano, la presencia de bases militares distribuidas en este complejo escenario que durante algún tiempo se dedicaron tan sólo a combatir a Sendero y finalmente, los representantes de las "firmas" de traficantes, dificultaron enormemente la adopción de una estrategia definida en un escenario salpicado por acciones militares, ataques terroristas y la afectación del derecho a la vida. En medio de este conflicto más de 470.000 personas que viven directa e indirectamente de los cultivos de coca, sufrieron las consecuencias de esa trama de intereses y objetivos geopolíticos en el escenario conocido como "infierno verde" |5|.

A esta situación, deberá agregarse la actual legislación antidroga que viola preceptos constitucionales del debido proceso, la creación de una legislación especial que crea una jurisdicción paralela a la justicia ordinaria con consecuencias graves a nivel de garantías procedimentales.

Para el caso de Bolivia, más que una lucha efectiva contra el narcotráfico, la guerra a las drogas se ha convertido en un instrumento de violación de los derechos humanos de los productores de coca asentados en el trópico cochabambino (Chapare) y en Los Yungas de La Paz. Así lo demuestran las denuncias recibidas por organizaciones nacionales, medios de comunicación, entidades gubernamentales y organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Abusos físicos y psicológicos, intimidaciones, hallanamientos de domicilios, detenciones ilegales, persecución a dirigentes sindicales, robo de dinero y objetos de valor y la erradicación forzosa de cocales, ámbito en el cual se han afectado derechos de las mujeres y niños, quienes han sido golpeados, hostigados, amedrentados e incluso en el caso de las mujeres, violadas amén de saldos de muertes con la responsabilidad presunta de los Leopardos de la UMOPAR |6|.

Cabe señalar, por otra parte, las recientes denuncias de persecución de la Guardia Nacional Venezolana contra campesinos colombianos de la Serranía de Perijá acusados y perseguidos bajo la justificación de ser amapoleros lo cual contribuye a generar dinámicas de inestabilidad fronteriza, conflictos de orden social, dejando entrever una situación que se agrava en nombre del combate a los cultivos ilícitos.

Conclusiones sobre la región

El área andina da muestras de retrocesos graves en los impactos del problema de las drogas. En primer lugar, resulta cada vez más difícil hablar de políticas autónomas y soberanas en materia de manejo de los cultivos de coca, amapola y marihuana.

La presión externa al cumplimiento de tareas de erradicación está demandando con más fuerza el involucramiento de las fuerzas armadas de los países de la región soslayando con ello su papel en materia de seguridad democrática y afectando gravemente los derechos de los campesinos e indígenas que participan en esta economía.

En segundo lugar, se ha abierto una paradoja entre la tolerancia burocrática con el narcotráfico que está afectando gravemente a los gobiernos del área y a sectores de las fuerzas de seguridad, hechos que se buscan opacar en relación con decisiones radicales en materia de cultivos ilegales.

En tercer lugar, se está asistiendo a un proceso de asunción de costos por parte de los países del área llegándose a casos críticos como el de Colombia que en un sólo año gasta la mitad de lo que EE.UU. ha dedicado en un década para toda la región andina en materia de lucha antidrogas.

Por otra parte, es claro que las medidas que toma uno de los países del área afecta inmediatamente a aquellos que se encuentran interconectados con la economía ilegal de las drogas. Sin embargo esta situación de base no ha constituido una condición para el proceso de toma de decisiones en el interior de cada país. La razón: no existe una percepción integral, un diagnóstico serio regional del problema; hasta ahora ha prevalecido un manejo bilateral del tema frente a EE.UU. con una pérdida creciente en la capacidad de manejo autónomo de los países de la región, prevaleciendo la creación de relaciones asimétricas, unilaterales y con efectos de deslegitimación de cada uno de los Estados del área.

La deslegitimación está asociada al grado de dependencia social en la fase de producción de la economía de las drogas ilegales, calculada en 470.000 personas en el Perú, 300.000 en Colombia y más de 70.000 familias en el caso de Bolivia aunada a las medidas de fuerza que se toman contra los pequeños cultivadores e indígenas del área andina.

En el caso de Colombia y Perú, el fenómeno está siendo crecientemente asociado a los conflictos bélicos internos con lo cual se agrava la situación de los cultivadores colonos, campesinos e indígenas ya que las medidas de excepción están vulnerando de manera creciente sus derechos y garantías ante la ley.

Se requiere una reformulación total en el manejo del problema a nivel de toda la región. Establecer un principio de acciones tendientes a recuperar un mínimo de manejo autónomo frente al Norte, inicialmente en el tema de la producción de materia prima, a través de un proceso de apertura frente a la participación de la sociedad civil andina tanto en el diagnóstico como en las soluciones. Temas como la erradicación forzosa, el desarrollo alternativo, el involucramiento de las fuerzas armadas en tareas antidroga, deberían abordarse conjuntamente para ir ganando elementos que permitan construir puntos comunes para la región.

En el mismo sentido deberían abordarse temas a presentar ante la comunidad internacional relacionados con el nivel del tráfico: la extradición, el manejo de fronteras y el problema de las drogas desde una perspectiva que no sea sólo militar, la recuperación de la pertenencia a la amazonía y el problema de la economía ilegal, los impactos en materia de derechos fundamentales y del debido proceso por razón de las legislaciones de excepción frente al problema de las drogas, y en general, generar un liderazgo que llame la atención del hemisferio hacia la construcción de propuestas que replanteen más de dos décadas de fracasos en las trincheras desde las cuales se viene librando la "guerra a las drogas".

El caso colombiano frente a los cultivos ilícitos: de la crisis de la colonización a la guerra de las drogas

A lo largo de la década de los setenta, Colombia fue conocida mundialmente como un país productor y exportador de marihuana. A finales de esa década y durante los ochenta, la fama colombiana se desplazó a la condición de país procesador de cocaína y sobre todo, país sede de las principales organizaciones del narcotráfico con capacidad de exportación hacia los mercados consumidores de EE.UU. y de Europa. Durante este período las cifras oficiales sobre producción de coca en Colombia se colocaron en el rango de las 16.000 hectáreas y las 35.000, lo que llevó a que el país se situara como el principal importador de base de coca de Bolivia y Perú, con el fin de satisfacer una demanda internacional permanentemente en ascenso.

Luego del boom de la marihuana, el escenario del conflicto en Colombia en relación con el fenómeno de las drogas estuvo determinado principalmente por las acciones antidroga orientadas a la interdicción de insumos químicos para procesar las sustancias psicoactivas, a la incautación de estas, la destrucción de laboratorios y de pistas para vuelos ilegales. Pero, sobre todo a partir de 1984 con el asesinato del Ministro de Justicia de entonces Rodrigo Lara Bonilla se pasó luego, a la definición de una política contra los narcotraficantes mediada centralmente por disputas jurídicas y acciones violentas alrededor de la implantación institucional de la extradición, hecho que se definió en 1991 a favor de los llamados "extraditables", con la inclusión en la nueva Constitución Nacional de la prohibición de la extradición para los nacionales nacidos en Colombia.

Ya al comenzar la década de los noventa, el escenario de las drogas en Colombia pasaba por transformaciones significativas que se han venido desarrollando a los largo de la actual década, principalmente en el escenario que se relaciona con el nivel de la producción.

Veamos las principales características de esos cambios en el nivel internacional:

1. Mientras el mercado de la cocaína en el interior de Estados Unidos experimentó a finales de los ochenta una saturación de la oferta que contribuyó a una pérdida de precio, situándose en U.S.$14.000 dólares kilo en 1990 |7|, el mercado europeo experimentó a partir de ese período, precios en el circuito al por mayor de la cocaína que se sitúan entre U.S.$50.000 y U.S. $60.000 kilo. Esto llevó a cálculos sobre el porcentaje del mercado europeo frente al total de los ingresos netos para Colombia que se ubicaron entre un 35% |8| y un 60.6% |9| al comenzar la actual década. En otras palabras, existe un estímulo a la oferta por parte del mercado europeo a partir de 1990 que va a incidir significativamente en el tamaño de los cultivos de coca en Colombia. Cabe aclarar que las tendencias en la disminución de precios en EE.UU. se inclinan a resolverse con recuperaciones estables que los sitúan en U.S.$20.000 dólares kilo.
2. Mientras tanto, en el lado de la oferta la producción coquera boliviana experimenta una relativa estabilización entre 47.000 y 48.000 hectáreas de coca, determinada por la fuerte presión norteamericana. En cifras del gobierno norteamericano la situación para Bolivia es como sigue:

   	Año	Area Geográfica Has.	Rendimiento TM
   	1990	50.300	74.400
   	1991	47.900	78.000
   	1992	45.500	80.300
   	1993	47.200	84.400
   	1994	48.100	89.800
   	1995	48.600	85.000
   	Fuente: Acción del estado sobre Producción de hoja de coca Comisión Andina de Juristas. Lima, mayo 1996

   Es decir, la relativa disminución del área boliviana ha sido compensada con un mejoramiento de los rendimientos, lo cual se explica por la intensificación de los cultivos, aumento de densidad de las plantaciones y la elevación de la tecnología utilizada.

3. Mientras tanto en el Perú se produce un relativo estancamiento de las zonas cultivadoras:

   	Año	Area Geográfica	Rendimiento
   	1990	121.300	196.900
   	1991	120.800	222.700
   	1992	129.100	223.900
   	1993	108.800	155.500
   	1994	108.600	165.300
   	1995	115.300	s.d.
   	Fuente: U.S. Department of State, INCSR cit. por Comisión Andina de Juristas (1996) ibídem pág.29

   Lo más significativo en el caso peruano es la movilización de los cultivos hecho que contribuye a variar el viejo mapa cocalero del país andino, situándose regiones como Aguaytía (20% del total del área a nivel nacional) y Apurimac (16%) como las regiones con tendencias sustitutivas de los tradicionales cultivos del Alto Huallaga. La disminución relativa de las áreas peruanas de coca se asocia a la presencia del hongo fusarium oxysporum que afectó unas 20.000 hectáreas de coca en el lapso de 1992 y 1993.

   Cabe señalar que hacia septiembre de 1995 con la detención de la cúpula de Cali en Colombia, la región del Huallaga experiementa la peor caída de precios dada la alta dependencia que esta zona tenía de los traficantes de la capital del Valle del Cauca. El hecho generó situaciones de hambruna en la zona lo cual motivó desplazamientos de campesinos hacia otras regiones. En el mismo sentido, la caída de precios del Huallaga contribuyó al auge de los precios de la base en Colombia, teniendo en cuenta que los bajos salarios y las condiciones de producción del Perú, contribuían a mantener deprimidos los precios de la base colombiana.

   En efecto a partir de finales de 1995 las zonas productoras de Colombia experimentaron un incremento del precio que se mantuvo hasta junio de 1996, situándose en U.S.$1.200 dólares kilo mientras en 1995 estuvo en un promedio de U.S.$ 600 kilo de base.

   A las enfermedades biológicas de la coca peruana cabría agregar los efectos disuasivos contra los traficantes colombianos causados por las medidas interdictivas del gobierno peruano contra las avionetas que se movilizan en la frontera Colombo-Peruana, ordenando disparar contra las aeronaves no identificadas |10|.

4. Finalmente, la aparición de una demanda de heroína en el interior de Estados Unidos con características distintas al consumo intravenoso, es decir heroína fumable e inhalable, que generará una transformación en los rituales de consumo. Esto contribuirá a que circule por los canales propios de la cocaína, incidiendo en la consiguiente pérdida de "percepción de peligrosidad" asociada tradicionalmente a la jeringa y la transmisión del VIH. Esta demanda transformó la estabilización del número de heroinómanos, calculados en 500.000 durante décadas, siendo hoy una de las drogas ilegales que más experimenta ritmos acelerados de demanda interna.

   Estas características del nuevo boom de la heroína contribuyeron a que narcos colombianos tuvieran acceso a una porción del mercado norteamericano de opiáceos. El auge de los cultivos de amapola en Colombia se relaciona con este fenómeno.

Por otra parte, vale la pena considerar los cambios internos que repercuten directa e indirectamente en el auge de los cultivos ilícitos en Colombia.

1. La grave situación del sector agropecuario colombiano que se expresa en la pobre incorporación de nuevas tecnologías, bajos rendimientos de los principales productos, limitada capacidad de acceso a los créditos por parte del campesino, la caída de los precios del café, hechos que se acentuaron con las políticas de internacionalización de la economía, lo que generó una baja capacidad de competencia del sector y por tanto gran inseguridad social que se reflejó en un incremento de la pobreza absoluta en el campo.

   Entre 1990 y 1994 la balanza comercial agropecuaria disminuyó en un promedio anual del 6.6%, evidenciando el menor dinamismo de la actividad agroexportadora frente a las importaciones agropecuarias. Durante el mismo período el PIB agropecuario registró un crecimiento anual promedió de apenas el 1.4% frente al 4.5% del quinquenio anterior. La pobreza rural aumentó del 26% al 31% entre 1991 y 1992. La disminución del empleo explica la agudización de la pobreza rural.

2. A ello deberá agregarse la grave situación de violencia tanto la derivada del conflicto bélico interno como una violencia social que expresa los niveles de impunidad en el país que gira entre el 97% y 99%. En el caso de un sólo departamento, el Putumayo la violencia social alcanza cifras de 425 muertes violentas por 100.000 habitantes en contraste con Urabá que arroja 350 por 100.000 o Colombia que presenta 77 por 100.000 mientras que países como Francia o Suiza alcanzan 5 por 100.000.

   La violencia en el campo acarrea costos de más del 13% del PIB agropecuario con las consecuencias de desplazamiento forzoso hacia la periferia de las principales ciudades del país y el abandono de fincas que agudizan la ya deteriorada producción agropecuaria.

3. La descentralización, al lado del incremento, de los grupos organizados del narcotráfico en diversas regiones de Colombia que están demandando materia prima para exportar a diferentes partes del mundo. Se caracterizan por ser personas anónimas, con estructuras poco conocidas y que han asimilado las experiencias anteriores como la guerra librada por Pablo Escobar y que culminó en su muerte y la de sus principales lugartenientes.

   Allí también cabe mencionar la reestructuración silenciosa del grupo de Medellín y que hoy participa de la economía ilegal junto con grupos regionales de la costa, Santanderes, centro del país, centro y norte del Valle, Huila-Tolima, LLanos Orientales.etc.

   La confluencia de los fenómenos internos y externos han contribuido a un auge sin antecedentes de los cultivos ilícitos en Colombia, situados en el área andina en la cota de 1.800 a 3.000 metros para la amapola, con una grave afectación de los bosques de páramo en donde nacen los principales ríos. Se calcula una extensión que oscila entre 10.000 y 20.000 hectáreas del opiáceo.

   Mientras tanto en la región amazónica y orinoquía se sitúa el 85% de la nueva producción de coca y que se constituye hoy en un escenario de conflicto cuyas raíces se derivan de los procesos de colonización de los años 50 por razón de la expulsión de los campesinos del área andina por parte de los terratenientes y de la violencia política. De acuerdo con las comunidades la extensión de los cultivos de coca por departamentos es así:

   Departamento	No. de Hectáreas
   1. Caquetá	50.000
   2. Guaviare	40.000
   3. Putumayo	40.000
   4. Meta	10.000
   5. Bolívar (Sur)	20.000
   6. Norte de Santander (Catatumbo)	5.000
   TOTAL	165.000

Una causa estructural del problema: la crisis de la colonización en Colombia

A mediados del actual siglo, grandes colonizaciones se abrieron espontáneamente hacia la región del Ariari o se dirigieron a San José del Guaviare, Calamar y ocuparon lugares como las sabanas de La Fuga; otros se desplazaron por todo el piedemonte caqueteño o se situaron a lo largo del río Losada, Caquetá y el Fragua; más hacia el sur, masas migrantes se desplazaban hasta llegar al Bajo Putumayo, pasando por toda la zona media de ese departamento, incluyendo las vegas de todos los ríos andinos y amazónicos.

En esos lugares se asentó una colonización originada en el terror y la violencia del interior del país de los años 50, que entre otras cosas consolidó un modelo terrateniente para el campo colombiano con exclusión y expulsión de los campesinos del área andina. Y el Estado, ante el fracaso de la reforma agraria y de sus intentos por controlar la colonización, admitió su derrota de presencia eficaz en todas las zonas de desplazamiento forzoso del campesino y se decidió por una fórmula transaccional implícita: dejar a la iniciativa espontánea del campesino la colonización de frontera, sin exigir mucho a cambio de estas zonas.

En esos veinte años, el campesino descuajó el monte, sacó dos o tres cosechas de arroz o maíz en su "abierto" y finalmente las convirtió en pastizales para ganadería que vendía a los nuevos terratenientes para ir a repetir el proceso selva adentro.

A modo de ejemplo, en la memoria de viejos colonos de El Retorno (Guaviare) está aún fresca la experiencia que creó la incentivación del cultivo de maíz que hiciera el Estado en 1975, lo que generó una sobreproducción de 14.000 toneladas del grano cuando en las bodegas del IDEMA sólo se estaba en capacidad de recibir 4.000 toneladas, hecho que generó una crisis de precios, creando así las condiciones óptimas para que el colono entrase masivamente en los cultivos de coca y en los cuales se ha mantenido durante veinte años.

Sin embargo la economía ilegal tampoco solucionó los problemas de fondo de las zonas de colonización: se tradujo simplemente en un ingreso oscilante pero seguro en el corlo plazo. Dió para que el colono subsistiera y para que otros empresarios y comerciantes se enriquecieran.

En efecto, con la coca los colonos tampoco han podido resolver los seculares problemas de salud, educación, vías, justicia, desarrollo y manejo ambiental de estas regiones. Los municipios han carecido de capacidad de retención de los excedentes de la coca. En zonas con cultivos extensivos pero particularmente, en economías de tipo empresarial, los flujos de circulante salen de las regiones quedando en ellas solamente una parte de los valores correspondientes a los salarios de los raspadores de hoja, los ingresos de los pequeños y medianos productores y finalmente, a través de imposiciones penales de la guerrilla, se quedan aquellos dineros que vía impuestos extrainstitucionales se establecen a los comerciantes con el fin de pagar maestros o desarrollar excepcionalmente algunas obras de infraestructura de servicios básicos.

El fracaso en el desarrollo social y económico sustentable de las zonas productoras de coca, la creación de condiciones favorables para el desarrollo de una violencia social sólo coyunturalmente controlada por la insurgencia, es lo que permite una voluntad del pequeño colono con arraigo en esta regiones: ha terminado por reconocer que deben haber alternativas a la coca y que hace falta Estado, pero no uno corrupto como el que nos muestra hoy la situación de entidades del sector agropecuario en Colombia como el IDEMA o un Estado deficiente como se pone de presente en las políticas macroeconómicas para todo el sector agropecuario.

Con la coca se estabilizó la vieja colonización de frontera, pero creó una atracción que se tradujo en un desplazamiento masivo desde todas las regiones del interior del país. De este modo se estimuló una neocolonización dirigida a las "puntas", en donde se estableció una economía ilegal que ha transformado en veinte años todo el escenario so

[falta una página en la copia en papel del documento de origen de la que disponemos]

do el mambeo en sus variedades de amarga y dulce. Aquella resistente incluso frente al rastrojo, ésta más frágil pero más rendidora en su nuevo uso: la cocaína. Y esto fue lo novedoso: la coca era utilizable para extraer un polvo blanco que empezaba a tener una buena demanda en los mercados internacionales. Lo difícil radicaba en conocer el procedimiento para obtener la base, que tempranamente se convierte en el valor agregado que irá a transformar profundamente todas las experiencias extractivas de la selva.

Nadie imaginaba por entonces los cambios económicos, poblacionales, culturales y de violencia que irían a acompañar el nuevo producto que aparecía como la redención a una zona totalmente olvidada por el Estado. Al comenzar los setenta Miraflores tenía un crecimiento poblacional "normal": casi 4.000 habitantes según el censo de 1973. Era un punto más perdido en la amazonia colombiana y dejado a la iniciativa de los colonos. Esta situación se mantiene sin sobresaltos hasta 1985, cuando tenía cerca de 4.500 habitantes.

Avanzada la década de los ochenta y más aún comenzando la actual década, se empieza a experimentar una revolución demográfica: según el censo de 1993 Miraflores tenía 2.867 habitantes en la cabecera municipal y 10.251 en el resto del municipio. Hoy en día esta población se ha doblado: en el casco municipal hay 4.000 personas y en el resto 20.000 habitantes conformados en un 80% por una población de jornaleros y 20% de pequeños y medianos campesinos.

El inicio de la producción coquera se da a través de un control de grupos organizados (familias) venidas de sitios como Muzo en Boyacá. Fue la época en que Miraflores se convirtió en un lugar de alta peligrosidad, con un uso indiscriminado de la justicia por mano propia y por consiguiente en niveles de violencia salidos de todo cauce. Sólo la presencia activa de la guerrilla que se da a comienzos de los ochenta, logra erradicar este tipo de violencia pero genera una nueva situación que es parte de los elementos del actual conflicto: a los ojos del Estado, Miraflores representa una de las principales fuentes financieras de la guerrilla y desde entonces la población civil ingresa en un período que lleva 15 años en el cual se le da un tratamiento indiscriminado de narcoguerrilleros, con momentos muy difíciles en los cuales han puesto una cuota muy alta de muertos y heridos, violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en el marco del enfrentamiento entre la insurgencia y las fuerzas armadas.

Una compleja economía ilegal

Hoy en día la economía coquera de Miraflores se estructura así:

1. Presencia de fincas empresariales de hasta 100-150 hectáreas en manos de personas anónimas que no viven en la región ni generan circuitos económicos que irriguen la economía regional, salvo los salarios de los jornaleros venidos de todas partes del país.

2. Un segundo grupo constituido por pequeños y medianos chagreros de 5 a 20 hectáreas, que empiezan a diversificar sus fincas con una incipiente economía campesina y que dan empleo a un buen número de jornaleros.

   Estos están en una dinámica organizativa a través de las Juntas de Acción Comunal, proceso que se inicia en 1992.

3. Un sector comercial que vive de los dineros que irriga el segundo grupo y todos los jornaleros de las fincas. Algunos de ellos tienen un arraigo en el poblado.

En síntesis, Miraflores genera anualmente ingresos totales del orden de los 100 mil millones de pesos que se distribuyen en un pequeño sector de empresarios con sedes en el exterior y en ciudades capitales de Colombia, pero también en la circulación de esta suma participan por lo menos cien mil personas agrupadas en familias de todo el país que dependen de los ingresos que reciben sus parientes en la región.

Durante 45 días, el movimiento cívico de 1996 en Miraflores fue sostenido por los pequeños y medianos chagreros, comerciantes y sobre todo por una masa de 16.000 raspadores de hoja.

Como conclusión, la economía ilegal de la coca generó nuevos procesos de migración en los años 80 encontrándonos hoy con un mapa muy complejo de ocupación de zonas de reserva indígena, reserva forestal, parques naturales con graves impactos de deforestación del bosque húmedo tropical cuya causa no es sólo la coca sino, entre otras, la misma política de represión contra los cultivos ilícitos dentro de la cual la fumigación obliga a los colonos a derribar más bosque con el fin de recuperar las áreas perdidas: de las fumigaciones de finales del 94, las que se han hecho a lo largo del 95 y 96, hoy en día aparece un nuevo mapa de cultivos ilícitos que afecta a nuevas zonas de reserva y de bosque amazónico como en el caso del Vaupés y el Guainía.

Otra responsabilidad en la extensión del fenómeno: la ausencia estatal.

Por su parte el Estado colombiano carece de una política de gran alcance para el reordenamiento de estas zonas y ha reducido el problema a los cultivos de coca sin tocar fenómenos estructurales cruciales como:

• El desarrollo de una política ambiental capaz de estabilizar la intervención de áreas frágiles, de defender las zonas de reserva, de ofrecer mecanismos de manejo del bosque aprovechando un potencial biogenético aún desconocido para el país.

• El reordenamiento adecuado de estas zonas, a través de la concertación con las comunidades de los procesos de ocupación, ofreciendo el fortalecimiento de áreas de reserva campesina, cuya experiencia piloto acaba de ser formulada y de 'cuyos resultados depende la posibilidad de ofrecer polos de atracción para los colonos que están selva' adentro cultivando coca y que quieren y buscan alternativas.

• El desarrollo de una política de reforma agraria que revierta el proceso de concentración generado por el narcotráfico que ha venido acumulando cifras escandalosas con los consiguientes efectos sociales y de violencia privada.

  Se calcula que de 5'800.000 hectáreas de tierras óptimas para la explotación agropecuaria los narcoterratenientes poseen más de 3'000.000, lugares en los cuales se asienta un poder regional omnímodo amparado en el uso de la violencia privada y ofreciendo ejércitos privados contra la población civil para la contención violenta del apoyo social a las fuerzas insurgentes.

En el interior de las áreas con procesos socioeconómicos ilegales y como resultado del control territorial de algunas zonas que se sustenta en el predominio de la fuerza, la insurgencia ha generado formas de regulación de la producción y el comercio, expresándose en arreglos locales y obtención de excedentes para la guerra.

La ruptura circunstancial de esos equilibrios por parte del Estado ha creado, veinte años más tarde, un escenario que coloca al país, a los medios de comunicación, al gobierno central, a las fuerza armadas, en vilo frente a una protesta que rompe los ritmos tradicionales de duración y de número de participantes, en un movimiento que rechaza el "despertar" de un Estado que es percibido como una amenaza que busca golpear la base económica de las zonas de frontera. Es un Estado de fuerza el que irrumpe hoy en las zonas con cultivos ilícitos.

Pero más aún, un Estado cuyos móviles para actuar violentamente en estas zonas no son claros ni legítimos : la presión de EE.UU. para que el gobierno Samper demuestre en el corto plazo sus compromisos antidroga, quien a su vez y como respuesta preventiva utiliza el tema de los cultivos ilegales para neutralizar las presiones externas o los posibles fracasos en aquellos puntos que señala Washington como fundamentales: la extradición, el endurecimiento de penas para narcotraficantes, la extinción del derecho de dominio de los bienes adquiridos por el narcotráfico y medidas creíbles para el control del lavado de activos. Es por eso que Samper "se compromete" a lo imposible: erradicar en dos años un problema de más de dos décadas.

En síntesis, resulta una verdad a medias señalar que el problema de fondo en la actual crisis de las zonas con cultivos ilícitos, es la ausencia de Estado. Hay también una crisis de fondo del mismo Estado. El colono no la teoriza, la vive cotidianamente.

Causas inmediatas en el actual momento para las zonas con cultivos ilícitos

Desde finales de 1994 y a lo largo de 1995 se ubica al departamento del Guaviare como el escenario piloto de las acciones de erradicación de los cultivos "ilícitos". La movilización campesina hacia el aeropuerto de San José en la época navideña del 94 y la firma de unos acuerdos que reconocían la no fumigación y un tratamiento de sustitución gradual para los cultivos de subsistencia (menos de 3 hectáreas de coca), generaron inconformidad en funcionarios norteamericanos. La tormenta del proceso 8.000 crecía a lo largo del país. A los 15 días de firmados esos acuerdos, el gobierno saluda el año nuevo del Guaviare con la "fumiga" de todos los cultivos pequeños situados a los largo del río Inírida y se inician los intentos por entrar a Miraflores.

El saldo en este propósito es una derrota estruendosa para la policía antinarcóticos encargada de las fumigaciones: de diez oficiales, suboficiales y agentes muertos en acciones de fumigación, siete caen en Miraflores durante 1995. A ello deberán agregarse los intentos de la guerrilla por tomarse la base antinarcóticos de Miraflores el 7 de agosto de ese año, con un saldo grave en vidas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Comparando cifras a nivel nacional, de 16 acciones bélicas producidas en el contexto de los cultivos ilícitos 10 se desarrollan en el Guaviare. El 17% de las bajas de la Policía Nacional y el 25% de sus heridos se produjeron durante ese año, en acciones antidroga.

En altos círculos tanto del poder civil como militar apoyados en investigaciones "serias y científicas" comenzaron a plantearse una estrategia para Miraflores: la erradicación de sus habitantes como única salida al problema. El pueblo se convirtió en el principal objetivo militar para 1996 en el marco de la estrategia antidroga.

Como parte de ese objetivo, se crea la primera Escuela de Fuerzas Especiales Antiterroristas del ejército en la Base de Infantería de Marina "El Barrancón" en San José del Guaviare, que se inauguró el pasado 14 de julio. La estrategia se complementa con una legislación para la guerra: El escenario jurídico para la pacificación de las zonas de colonización fueron los Decretos 0900 y 0717 con los cuales se violenta entre otros, el poder civil de los alcaldes y gobernadores, la libre movilización de las personas y se violentan garantías como el debido proceso contemplado en el artículo 28 de la Constitución.

Con el argumento de combatir a la narcoguerrilla se inició en la vereda Buenos Aires de Miraflores el pasado 13 de julio el operativo por parte de la fuerza pública que buscaba obligar á la población hacia un retiro forzoso de la zona.

Las primeras denuncias hacían prever una situación grave en materia de Derechos Humanos:

1. Incendio de viviendas de los campesinos con todos sus haberes sin que se les permitiese sacar algo de las casas.
2. Robos de joyas, dineros y enseres por parte de quienes adelantan los operativos.
3. Ordenes de desalojo de la zona sin derecho a retornar por los bienes o las fincas.
4. Acusaciones de ser narcoguerrilleros y por tanto objeto de medidas inconsultas y violatorias de los procedimientos judiciales establecidos.
5. Riguroso control a la circulación de alimentos o medicamentos para la región.
6. Incautaciones de radiotransmisores de las comunidades, prejuzgadas como auxiliadores de la guerrilla.

Mientras tanto las tareas de erradicación de la coca se inicia con el apoyo de helicópteros artillados y bombarderos, lo que llevó al desplazamiento campesino hacia la cabecera municipal de Miraflores, igualmente en dirección a San José desde Calamar, en el caso del Guaviare. Hacia Orito, Puerto Asís, Mocoa y Puerto Guzmán en Putumayo; y hacia Cartagena del Chairá, San José del Fragua, Puerto Rico, Doncello y finalmente hacia Morelia y Santuario cerca a Florencia en el caso del Caquetá (véase cuadro No.1). En fin, más de 200.000 personas movilizadas escalonadamente reclamando que el Estado les deje hacer su propio destino, ya que nunca ha hecho una presencia eficiente en estas alejadas regiones.

La presunta desaparición de tres manifestantes en El Retorno, las heridas causadas a más de veinte personas, la detención de 31 campesinos como resultado del intento de avance de la marcha desde El Retorno hacia San José el pasado 21 de julio y el bombardeo de la carretera para detener a los carros del que llevan las "remesas" de los campesinos, dieron buena cuenta del espíritu de guerra con que se enfrentó una situación que reclamaba y exige hoy, justamente otro tipo de medidas.

Las acciones de fuerza contra los manifestantes de Puerto Asís y Orito en el Putumayo o los desalojos violentos de las marchas pacíficas detenidas en Santuario, Doncello, Morelia y en diferentes puntos del Caquetá; las medidas violentas contra los núcleos de campesinos detenidos en Puerto Colombia y el Mielón en el caso del Meta; las acciones forzosas contra los jornaleros que raspan la coca en la amazonia, nos sitúan frente a severos fenómenos de desligitimación estatal y de polarización de las regiones que reclaman del Estado central una presencia distinta a las acciones bélicas contra los campesinos. Los colonos reclamaron a cambio una guerra a muerte contra el atraso y la pobreza.

CUADRO No.1 Movilizaciones campesinas durante julio-septiembre de 1996
Departamento	Lugar	No. De campesinos	Total
Guaviare y Sur del Meta	Miraflores Calamar-El Retorno Puerto Colombia Maripipán El Mielón Trocha Ganadera	25.000 16.000 4.500 10.000 5.000 2.500	63.000
Meta	Concordia Alto Ariari (El Castillo-Lejanías)	3.000   10.000	13.000
Putumayo	Mocoa Villapinzón Puerto Asis Orito El Tigre Puerto Caicedo Cedal La Hormiga	1.2000 3.000 12.000 8.000 3.000 3.000 1.000 15.000	57.000
Caquetá	Santuario (región Orteguaza-Montañita) Caguán-Doncello San José-Morelia-Curillo Valparaiso	30.000 12.000 32.000 2.000	78.000
Norte de Santander	Zulia (Catatumbo)	15.000	15.000
Bolívar	Sur de Bolívar	15.000	15.000
GRAN TOTAL			241.000
Fuente: Datos del autor elaborados con dirigentes de los departamentos movilizados

Comportamientos diferenciados y tratos disimiles a las movilizaciones por parte del Estado central

El ingreso del Putumayo a las movilizaciones se motiva en el incumplimiento gubernamental de las demandas sociales, económicas y de infraestructura consignadas en un pliego presentado al gobierno central en febrero de 1995.

Las acciones violentas contra el tubo del oleoducto, la no declaratoria de "zona especial" para ese departamento, la capacidad de resistencia de los putumayenses movilizados frente a hechos graves de violencia, producen una respuesta rápida del gobierno si se compara con el trato dilatorio y de castigo al Guaviare.

Para los dirigentes del paro, fue un triunfo que se considerara en los acuerdos al pequeño cultivador de coca como un "interlocutor válido y necesario para la definición y puesta en marcha de soluciones integrales" |11|.

Sin embargo, los acuerdos se caracterizan más por compromisos de incremento de algunas partidas para obras de infraestructura sobre todo en vías y electrificación. El documento es vago en la parte productiva y no avanzó en dinámicas de concertación sobre este punto con las comunidades. Este aspecto se reduce a que "se acuerda el fortalecimiento financiero y operativo regional de las entidades adscritas al ministerio de Agricultura, al Plante y a la Red de Solidaridad". Es decir "se acuerda" una obligación estatal de sentido común.

En el caso del Caquetá, lugar donde se encuentran las iniciativas más importantes de desarrollo alternativo surgidas de las comunidades organizadas, la movilización es estimulada por la fumigación en el Medio Caguán de los cultivos sustitutivos de caucho, cacao y pastos por parte de los encargados de erradicar la coca. Pero también hay una respuesta inmediata de otras regiones como todo el río Orteguaza que confluyó en la población de Santuario y finalmente, la zona sur que abarca a Curillo, San José del Fragua y Belén, quienes se agruparon en una gran concentración en Morelia, lugar que trascendió mundialmente a raíz de las acciones violentas del ejército contra periodistas que filmaban las respuestas de las fuerzas armadas contra los campesinos que presionaban el paso hacia Florencia.

También en el Caquetá se produjo una paradoja en relación con el "objeto de protección" de los organismos de seguridad estatal, a la postre donde se plasmaba el honor militar de las fuerzas armadas frente a todas las marchas: la ciudad de Florencia. Mientras los taponamientos para la "defensa" de la ciudad produjeron cerca de 70 heridos y cerca de una decena de muertos, manifestantes de la misma ciudad semidestruyeron varios lugares de representación institucional y la policía se hizo famosa mundialmente por el uso ilegal de la Cruz Roja, al introducir en el interior de una ambulancia elementos bélicos para contener la protesta.

A diferencia de Putumayo y Guaviare, en el Caquetá las negociaciones buscaron avanzar frente al tema de los cultivos ilícitos y se produce un acuerdo en el cual el Estado reconocerá $2'300.000 pesos (U.S. $2.300) por cada hectárea erradicada. Esto representa en términos reales una suma que se acerca a los $92.000'000.000 millones de pesos (U.S.$ 92 millones de dólares, lo que equivale a toda la financiación externa del Plante para 1997) calculando solo una cifra de 40.000 hectáreas de coca para ese departamento |12|. Simultáneamente el Estado se compromete con un pliego de inversiones sociales y económicas por un valor de $14.000 millones de pesos (U.S. $14 millones), suma que equivale a unos tres meses de mercado de base de coca tan sólo en Remolino del Caguán (Caquetá) que tiene una influencia territorial que abarca una población de 10.000 habitantes.

Por otra parte, cabe señalar la dispersión que mostró el movimiento campesino del Caquetá caracterizado por identidades locales que se tradujeron en iniciativas de negociación para ciertas y determinadas subregiones (caso Medio y Bajo Caguán, por ejemplo) sin que estuviese presente al menos una perspectiva departamental del problema.

Este hecho se tradujo en una descoordinación de la dirección del movimiento campesino, celos entre los representantes de las diferentes zonas y una incidencia muy grande del señalamiento como narcoguerrilleros a quienes se colocasen al frente de la negociación, lo que a la postre se reflejó en una muy baja representatividad de los negociadores finales, creándose mecanismos improvisados de consulta con las direcciones de las marchas y al final posiblemente, una percepción no muy favorable de los resultados de las negociaciones.

Finalmente, en el Guaviare donde la economía depende en un 97% de la coca, se mantiene el trato de escarmiento y dilación motivado en contradicciones políticas no muy claras de autoridades centrales frente a esa región, en los récords que arroja la guerrilla de esa zona contra las fuerzas antidroga y la debilidad que mostró el movimiento campesino que se agrupó en El Retorno el cual decide replegarse ante las acciones de fuerza del ejército.

El poder central entregó al Guaviare una "Propuesta Final del Gobierno Nacional" el pasado 3 de septiembre que es calificada por los representantes de las comunidades como alejada "totalmente de la línea de propuestas iniciales presentada por las organizaciones cívicas y comunitarias, ya que se limita a una serie de formulaciones que equivale más a un trabajo de gestión burocrático que a un compromiso de ejecución en las tres etapas que son absolutamente indispensables: de contingencia, los programas de mediano plazo y los de largo plazo" |13|.

En síntesis, el Guaviare rechaza la iniciativa del gobierno y decide iniciar un proceso de desarrollo de Mesa Regional y Nacional, en donde se aborden los temas no considerados en la propuesta gubernamental y por la elaboración de soluciones estructurales a los problemas de fondo que llevaron a la economía del departamento a una monodependencia coquera.

La actual respuesta gubernamental es el resultado de cálculos
que pueden costar la poca estabilidad del país

Dada la magnitud de las movilizaciones campesinas y los ataques guerrilleros durante la época de las marchas, que hacen presuponer el incremento de la capacidad política y militar de la guerrilla, el gobierno se prepara para enfrentar la situación con base en un diagnóstico y en una serie de medidas que colocan al país al borde de una confrontación civil generalizada. Para ello se dispone de las siguientes pautas:

1. La incorporación interna de la política de "guerra a las drogas", ahora asociada del conflicto interno:

   El gobierno Samper busca internacionalizar el conflicto bélico interno usufructuando el concepto de "narcoguerrilla" o de presencia del tercer cartel en suelo colombiano en cabeza de las FARC, apoyándose en la teoría del "crimen organizado" que promueven círculos académicos y de presión en los Estados Unidos, la cual presenta al narcotráfico como uno de los peligros mundiales en la época post-muro de Berlín.

   Con ello busca neutralizar la fuerte presión de Washington sobre el gobierno colombiano, considerado símbolo de la tolerancia con las drogas y desviar la atención sobre el restablecimiento de la extradición como único mecanismo que abre el camino hacia la normalización de la relaciones bilaterales con Norteamérica.

   El Congreso de Estados Unidos empieza a dar señales favorables a la oferta de Samper de compromisos de guerra contra el "Tercer Cartel" al dar el visto bueno a la venta de 12 helicópetros Blac-kHawk y ofrecer 11 más como donación.

   Este hecho nos sitúa frente a consecuencias políticas de gran complejidad:

   -La ausencia de una diferenciación entre conflicto interno y criminalidad organizada a nivel internacional, lo cual sitúa a los grupos alzados en armas como enemigos del orden mundial por sus vínculos con la economía de las drogas lo que los hace asimilables a narcotraficantes.

   -Se borra la especificidad del nivel de la producción de materia prima, ámbito en el cual se sitúa, el rol de seguridad de las guerrillas que tienen ingresos derivados de la economía ilegal de las drogas, frente al nivel del tráfico, que es el lugar por excelencia donde se sitúan las bandas organizadas de narcotraficantes y que se asocian sustancialmente con el control de mercados internacionales.

   - Como resultado, la aplicación de medidas como la extradición abarcaría también a la cúpula guerrillera lo cual afianzaría un escenario de conflicto internacional en el interior del país.

2. El protagonismo de la guerrilla en acciones como las desarrolladas contra las Bases militares de Las Delicias en el Bajo Putumayo y La Carpa en el Guaviare, los efectos políticos que deja el reconocimiento a la imposibilidad del Estado para controlar más de 200.000 campesinos movilizados y que son percibidos como la base social de las guerrillas, desatará nuevos fenómenos políticos en las zonas de colonización conduciéndonos necesariamente a un nuevo momento en el cual el tema de "los cultivos ilícitos" será el escenario de desarrollo de una confrontación hacia la cual se dirigirán los actuales preparativos para la guerra.

3. La contrarreforma política de la Constitución de 1991 y que cuenta con un bloque a favor de 40 senadores que buscan restablecer algunos privilegios perdidos, más el visto bueno emitido por parte de los principales gremios económicos, empiezan a generar un bloque de poder que avala una legislación para la guerra caracterizada por limitaciones a los organismos de control del accionar de las fuerzas armadas y por una entrega de prerrogativas propias del poder civil en las regiones y asunciones de funciones de policía judicial, todo lo cual nos lleva a un agravamiento del escenario de derechos humanos en Colombia.

Alternativas

Con la intención de evitar ese escenario se ha lanzado la idea de una Mesa Nacional de Concertación a iniciativa de los líderes y de las comunidades organizadas de las regiones movilizadas, buscando articular en ella a la sociedad civil que está por la paz, de modo que contribuya a adelantar análisis de fondo y a encontrar propuestas en donde se consignen soluciones pacíficas, integrales y soberanas a las causas estructurales de un problema que puede constituirse en el detonante de una guerra civil generalizada en Colombia. En ese sentido se buscan abrir espacios en donde se barajen diferentes iniciativas, entre otras, como las que a continuación proponemos:

1. Iniciar la construcción y puesta en marcha de una política antidroga soberana en materia de cultivos ilícitos y sobre el consumo de psicoactivos. Por tanto las dos materias no deberían aparecer en la agenda bilateral con los Estados Unidos.
2. Establecer en materia de tráfico de drogas y delitos afines (lavado de dólares, contrabando de armas e insumos químicos, enriquecimiento ilícito, etc.) condiciones de corresponsabilidad con los países del Norte para los cuales deben caber también tareas medibles en el tiempo, que deben ser supervisadas por organismos multilaterales y no por un país con problemas severos de consumo como son los Estados Unidos.
3. En el caso de los cultivos ilícitos, suspender las fumigaciones y terminar el condicionamiento de las políticas de Desarrollo a las medidas de fuerza. Este tipo de condiciones no han conducido a resolver el problema sino a agravarlo tal y como sucede hoy en día en el Guaviare, Caquetá, Putumayo, Meta, Sur de Bolívar, amenazando con extenderse a Vaupés, Guainía, Vichada, etc.
4. Iniciar un proceso de diálogo con comunidades organizadas, poderes locales, Iglesia, tendientes a establecer principios de acuerdos para disminuir el riesgo de la monoproducción de coca o de economías dependientes regionalmente de los ilícitos.

La disminución del daño para el caso de la producción es coherente con medidas que apunten a:

- Desarrollar acciones efectivas de extinción del derecho de dominio de los narcotraficantes, sobre terrenos en los cuales se pueda desarrollar una reforma agraria y se garantice una presencia democrática y eficaz del Estado

- Disminuir los índices delirantes de violencia tal y como sucede en zonas como el Putumayo o en alguna zonas del Caquetá.

- Sobre la base de reordenamiento territorial a nivel municipal y subregional, adelantar procesos de diversificación de la producción de modo que a cinco años se pueda hablar de una base económica sustentable, ámbito en el cual se puedan implementar medidas de erradicación de los ilícitos con el aval de las comunidades y el compromiso de que en ese lapso no habrán economías locales o regionales dependiendo de los ilícitos.

Para eso se requieren estudios puntuales a nivel departamental y local, mesas de trabajo locales con poder de supervisión del asunto y de decisión sobre el tema. En este tipo de propuestas debe haber un compromiso del Estado central, las entidades del orden regional y los poderes locales junto con las comunidades en torno al desarrollo de las regiones.

El inicio de muestras de voluntad política del Estado en estas materias debe plasmarse, para la actual coyuntura, a través del respeto del poder por parte de las autoridades civiles que la Constitución señala.

Deben crearse las condiciones para que no se vuelvan a repetir experiencias como la del alcalde de El Retorno, por ejemplo, que debió pedir permiso a la autoridad militar para poder desplazarse a San José y hacer lo mismo para que se le permitiera el regreso para ejercer sus funciones como alcalde, tal como sucedió el pasado 16 de julio. En ese sentido, el retorno de los militares en el cumplimiento de tareas contra los cultivos sólo podrá terminar en lo mismo que terminó hace veinte años cuando fueron involucrados en la erradicación de la marihuana en la Guajira: alto nivel de corrupción, desmoralización de las tropas y desgaste político del poder armado estatal.

Mientras tanto se deben desarrollar acciones urgentes de diferentes organizaciones tanto nacionales |14| como internacionales |15| encaminadas a evitar que se repita el derramamiento de sangre y las violaciones a los derechos fundamentales de los pobladores de estas zonas y crear las condiciones para un diálogo de cara al país sobre un tema que se ha convertido en un eterno retorno de lo mismo: a mayor represión, mayor movilidad y crecimiento de la economía ilegal de las drogas. Pero también más motivos para prolongar la violencia en Colombia y en diferentes lugares del mundo.

Ricardo Vargas Meza es Sociólogo, investigador del CINEP.

[Fuente: Controversia, segunda etapa, nº 169, nov96]

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Notas:

1.  Vénse: Miko Lauer "Paquetazo clandestino" en La Repúbica Lima, mayo 16 de 1996 y Younguers Coletta "Fueling Failure: U.S. drugs efforts in the Andes" WOLA abril de 1995 Washington [Back]

2.  Opening Statement to the Senate Comittee on Apropiations by Barry McCaffrey Director, Office of National Drug Control Policy june 13 1996. [Back]

3.  Sólo Colombia dedica una cifra 8 veces superior a todo lo que EE.UU. dispone para el área andina. Es decir, ni aún sobre la base de un esquema represivo se establecen criterios claros de corresponsabilidad. [Back]

4.  Younguers, Coletta “The Andean Quagmire: Rethinking U.S. Drug Control Efforts in the Andes” en Wola Briefing Series March 1996 [Back]

5.  Véase una relación detallada de este proceso en Soberón Ricardo "Las políticas antidrogas en el Perú y sus costos en materia de derechos humanos" (mimeo) Lima, septiembre de 1996. [Back]

6.  Véase Ramos, Verónica y Roncken, Theo "En el trópico boliviano, la guerra a las drogas viola minuto a minuto los derechos fundamentales de los pobladores" (mimeo) Cochabamba, agosto de 1996. Igualmente a nivel testimonial: Red Andina de Información "El peso de la Ley 1008" Cochabamba 1995 y Cedib - Red Andina de Información "Desde la cárcel" Cochabamba julio de 1996. [Back]

7.  Tendencia en la cual coinciden los principales analistas de los impactos macroeconómicos del narcotráfico en la economía colombiana. Eduardo Sarmiento señala incluso un precio de U.S.$10.000 dólares kilo al por mayor a partir de 1989. Véase Caray, Luis "Macroeconomía de los flujos de capital" Tercer Mundo-Fedesarrollo-Fescol 1993. Cuadros comparativos y referencias bibliográficas en Vargas R. y Barragán J. "Economía y violencia del narcotráfico en Colombia" Cinep 1993. [Back]

8.  Kalmanovitz, S.(1994) [Back]

9.  O'Byrne, Andrés y Reina, Mauricio (1993) [Back]

10.  En 1995 fueron capturadas 20 narcoavionetas y destruídas 13 pistas clandestinas de aterrizaje. Veáse Perú:Colombians gains more turf in Amazonas Región IPS-1996. [Back]

11.  Véase "Acta Final de Acuerdo entre la Comisión Negociadora del Gobierno Nacional y la Comisión Negociadora del Paro Cívico del Departamento del Putumayo" Orito, agosto 19 de 1996. [Back]

12.  La secretaría de agricultura del Caquetá, calcula que existen 45.000 hectáreas de coca. [Back]

13.  Véase documento de respuesta a la Propuesta Final del Gobierno Nacional. [Back]

14.  Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Cruz Roja [Back]

15.  Naciones Unidas, OEA, ONGs que velan por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario [Back]

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