29sep03

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Presentan una cuarta denuncia penal contra Justicia y Paz, esta vez por rebelión.

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"Para qué sirve la sal si no está donde se cuecen las habas, en el puchero? De qué sirve "creer" que hay que denunciar la mentira, si luego nos callamos por miedo, porque no sabemos..., por lo que sea...., si no estamos donde se cuecen los problemas de los seres humanos, de los empobrecidos?"
Monseñor Oscar Romero

En desarrollo de la estrategia de control, de desestructuración y coptación de la propuesta de los afrodescendientes del Cacarica agrupados en las Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA a través de la deslegitimación mediática, de las operaciones militares de presión psicológica a niñas y niños, jóvenes y mujeres, de la judicialización contra integrantes de la población civil organizada en un Proyecto de Vida basado en el principio de distinción y contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, se conoció una nueva denuncia penal, instaurada el pasado 28 de agosto en Urabá, ahora por el delito de rebelión.

El 20 de agosto, conocimos de la interposición de dos denuncias penales contra miembros de CAVIDA y contra Justicia y Paz una en la Unidad Anticorrupción y otra en la Unidad Antiterrorista de Bogotá en una reunión convocada por la abogada JOHANNA CABEZA ARIAS en la Biblioteca Luis Ángel Arango de la capital del país. Un día después, en horas de la mañana se realizó una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Defensa convocada por el General JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, en la que se hicieron falsas aseveraciones e imputaciones contra nuestra comisión. Días más tarde se conoció un documento en lenguaje propio de la inteligencia militar en el que se expresa que somos el brazo político de las FARC EP, traficantes de drogas, que hemos planeado asesinatos e intentos de asesinato en Turbo, hemos amenazado de muerte a los "testigos" que aún no conocemos, que hemos logrado incidir sobre los organismos del Estado para defender nuestros intereses sobre los recursos naturales y el territorio de los afrodescendientes evitando el "progreso" de la región. Al mismo tiempo, conocimos el borrador de una denuncia penal por los delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley FARC y amenazas. Ahora conocemos la cuarta denuncia contra Justicia y Paz por el delito de rebelión.

Lunes 15 de septiembre:

integrantes de nuestra Comisión Justicia y Paz se presentaron a rendir una versión libre con presencia de uno de sus apoderados sin lograr ser escuchados debido a que los procesos penales no se han concentrado en una sola unidad.

Martes 23 de septiembre:

hacia las 11:00 horas en la reunión de seguimiento a la adopción de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 8 de septiembre a favor de Justicia y Paz, en las que son peticionarios la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Reiniciar, la delegada de la Fiscalía General de la Nación informó que en la actualidad se encuentran en curso 2 investigaciones contra integrante de nuestra Comisión Justicia y Paz en el caso del Cacarica, nombró la radicación en la Unidad de Derechos Humanos por violación de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional, y la recientemente interpuesta por el Delito de Rebelión.

Sin embargo, nuestra Comisión conoce que son cuatro procesos los existentes:

• 1) Delito Abuso de confianza, denuncia que fue radicada en Riosucio, interpuesta en el 2002, la que no ha sido trasladada a Bogotá.

• 2) Delito Violación de Derechos Humanos y DIH radicado 1701 Unidad de Derechos Humanos Bogotá, interpuesta el 5 de mayo de 2003

• 3) Delito Rebelión, radicado en el Despacho 41 de Urabá, interpuesta el 28 de agosto de 2003

• 4) Delito (sin precisar), al parecer, concierto para delinquir, conformación de grupos al margen de la ley, amenazas, radicada en la Unidad Antiterrorista de Bogotá, sería trasladada a la Unidad de Derechos Humanos.

En la misma reunión, los peticionarios reiteraron que la adopción de las medidas preventivas requeridas no son armadas. Las medidas preventivas se refieren a la necesidad de que el Presidente Álvaro Uribe como comandante máximo de las Fuerzas Militares o la Ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, como superiores del General MORA RANGEL, rectifique o corrijan a través de los mismos medios y procedimientos, las calumnias y los señalamientos contra Justicia y Paz por su proceso de acompañamiento a las comunidades de CAVIDA en el Cacarica.

Jueves 25 de septiembre:

el Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca citó a uno de los abogados de nuestra Comisión para notificarle que se ha abierto proceso disciplinario en su contra. La querellante o quejosa es una juez penal militar de la XVII Brigada del Ejercito, quien en investigación penal preliminar en la jurisdicción militar iniciada por una Constancia Histórica realizada por hechos ocurridos en San José de Apartadó ordena llamar a declara al secretario ejecutivo de Justicia y Paz; ante la solicitud, la Comisión dirige un

escrito explicando las razones jurídicas, políticas y éticas por la cual se considera la Justicia Penal Militar como una jurisdicción parcializada y nada independiente, constituyéndose en un recurso más de impunidad. En el auto de fondo que resuelve sobre la participación de militares en graves violaciones a los derechos humanos, decide proferir auto inhibitoria, absteniéndose de abrir investigación contra los miembros de la XVII Brigada y en el mismo fallo ordena compulsar copia al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue disciplinariamente al abogado de la Comisión por haber irrespetado a la Justicia Penal Militar.

"Del escrito remitido por el abogado Asesor de la mencionada ONG, se desprende una total falta de respeto y acatamiento al Juzgado, arbitrariamente y sin consideración a los parámetros legales dice solo se niegan a concurrir a los estrados judiciales Militares, tildando a esta Institución de parcializada, inoperante, ineficaz y prevaricadora. Dichas afirmaciones realizadas por el abogado son ante todo desbordadas de la ética y profesionalismo que debe reinar en un profesional del Derecho. La Justicia Penal Militar, es un ente administrador de justicia legalmente constituido, con los poderes y facultades de cualquier otro administrador de justicia, razón por la cual los abogados deben referirse a esta en tonos cordiales, considerados y respetuosos".

Sábado 27 de septiembre:

habitantes de Riosucio han presentado quejas ante la Defensoría del Pueblo en Apartadó en los que se denuncia a Justicia y Paz por violación de los Derechos Humanos.

Pobladores de Turbo han presionado, a familiares de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Riosucio, Clamores, conformada en su mayoría por viudas, y a integrantes de CAVIDA que han estado en este municipio adquiriendo bienes de supervivencia, para declarar contra Justicia y Paz.

Nuestro derecho a la defensa de los derechos humanos, a la promoción y a la defensa de los derechos de los afrodescendientes con el acompañamiento integral a las familias que han decidido afirmar sus derechos a la Vida y al Territorio sin hacer parte de los actores de la guerra militar continúa siendo judicializado.

Los procedimientos, la sustentación de la pruebas en sana crítica se caerán de su peso. El principio de imparcialidad y de un juicio justo, y del derecho a la defensa están en cuestionamiento.

• ¿Por qué los militares en desarrollo de sus actuaciones armadas en el Cacarica anuncian que esperan las órdenes de captura con tanta anticipación?
• ¿Por qué y qué saben de los procesos judiciales, por qué dan a conocer los nombres de los posibles judicializados de CAVIDA y de Justicia y Paz, cuándo aún no ha sido ni siquiera posible acceder a la defensa a los mismos procesos?
• ¿Por qué se continúa presionando, se ofrecen recursos económicos en Turbo y en Riosucio a personas para que declaren contra Justicia y Paz?
• ¿Por qué unidades militares han ofrecido recursos a pobladores del Cacaricapara ser parte de la red de cooperantes, de la red de informantes o eventualmente ser testigos contra CAVIDA y contra Justicia y Paz?
• ¿Cómo es posible asumir la defensa en los municipios de Turbo (Antioquia) y de Riosucio (Chocó) cuándo los mismas estructuras armadas encubiertas paramilitares ejercen un control sobre la vida de los municipios, al lado de autoridades civiles y militares?

Mientras se logra probar la inocencia - por qué la culpabilidad no existe y no puede ser probada por que no es verdad - de los integrantes de CAVIDA y de Justicia y Paz, no lograrán acaso intentar terminar la explotación de las últimas manchas de cativo en el Cacarica e implementar la siembra de palma aceitera - propuesta agroindustrial para los futuros paramilitares desmovilizados y mecanismo de reconciliación-, asegurando la impunidad, el silencio frente a las violaciones de derechos humanos y derecho humanitario.

Las presiones que se ejercen sobre los afrodescendientes, los modos como se buscan testigos, nos hablan de un montaje que quiere controlar y destruir uno de los pocos procesos comunitarios que en la región del bajo Atrato, exigen justicia frente a la operación "Génesis" y los 85 crímenes y violaciones de los derechos humanos, que comprometen la responsabilidad del Estado, en el 95% de los casos, en particular de la Brigada XVII al mando del General RITO ALEJO DEL RIO.

Es evidente que el ejercicio del derecho en defensa del Territorio frente aprovechamientos forestales desarrollados por empresas privadas madereras de gran poder han afectado sus intereses económico. La negativa de los miembros de CAVIDA a sembrar la palma aceitera y la coca promocionada a través de la estrategia paramilitar ha encontrado un obstáculo en la estrategia de control social y militar. La exigencia de justicia y por tanto, la negativa al perdón y al olvido a través de propuestas de alternatividad penal, es una razón para que este proceso de CAVIDA sea controlado, silenciado y sus acompañantes nacionales deslegitimados, encarcelados y expulsados de la región.

De las amenazas de muerte, de los señalamientos se ha pasado al uso de las herramientas legales para sostener la ilegalidad. El derecho construido para defender y limitar los abusos del poder, se usa para judicializar a los empobrecidos que ejercen su derecho sin el uso de la violencia a la defensa de la vida y del Territorio. Desde 1.997 hasta hoy los mecanismos de intentos de control y de limitación a nuestro derecho legítimo a defender los derechos humanos se han cualificado. El allanamiento a Justicia y Paz (mayo 1.998) dirigido por el General Rito Alejo del Río, trasladado de Urabá a Bogotá; el intento de divulgación de Informes de Inteligencia elaborados en la Brigada XVII a través de la Revista Semana (marzo 1.999); amenazas y el exilio de los asesores técnicos de vivienda como el caso de Iván Almarales (abril 1.999), las amenazas y seguimientos a miembros del equipo misionero de Turbo y de Bogotá (abril 1.999), denuncias por injuria y calumnia presentadas por los Comandantes de la XVII Brigada el Brigadier general Martín Orlando Carreño (septiembre 1999): propuestas de concertación de espaldas al Derecho a Justicia y Paz llegaron tres representantes de la empresa Maderas del Darién para desmentir las denuncias formuladas por las comunidades del Cacarica relativas a la explotación ilegal e irracional de madera en los territorios titulados y solicitarnos incidir en la comunidad para aceptar sus propuestas sociales.

Días después, los cuatro miembros de Justicia y Paz que participaron en esa reunión fueron convocados a una reunión por el jefe paramilitar de la región de Urabá. Justicia y Paz se negó a dialogar por razones de orden jurídico, ético y práctico (octubre de 1.999): demanda por calumnia del Brigadier general Carlos Enrique Vargas Forero (febrero de 2000); ).

Seguimientos y amenazas de muerte con sufragios (2002) Campaña de desprestigio en la prensa local y regional del Urabá y del Chocó (mayo del 2003)

No solamente se ha generado un profundo daño moral ante la sociedad. Los señalamientos en el escenario mediático y social colocan en alto riesgo la vida e integridad personal de los integrantes de Justicia y Paz, como el acompañamiento humanitario internacional.

Bogotá, D.C. septiembre 29 de 2003
Comision Intereclesial de Justicia y Paz

Este documento ha sido publicado el 01oct03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights