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Amenazas de nueva actuación armada a fin o comienzo de año.

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Informe ejecutivo 11.

Los métodos perversos de la justicia colombiana en el Cacarica.

1.Viernes 13 de diciembre, hacia las 14:00 horas en el punto conocido como Tumaradó, en donde desde hace dos años, los "civiles" armados en la estrategia militar encubierta mantienen el control de personas y de bienes que se dirigen desde el Cacarica hacia Turbo, detuvieron a un grupo de habitantes de esta cuenca, a quiénes les cobraron el impuesto por unas rastras de madera. Los paramilitares les manifestaron: "váyanse preparando que algo va a pasar" (…) "en los asentamientos están es guerrilleros, nosotros manejamos el Atrato y por aquí no se nos van a colocar nadie, dejen de pasar información a los acompañantes" (...) "van a recibir noticias nuestras pronto" - Los armados, luego de cobrar el peaje, los dejaron seguir su marcha.

Este mensaje ha sido interpretado en referencia al retén que pretenden colocar en Puente América, Territorio Colectivo del Cacarica, vía de acceso principal por el río Cacarica a las zonas humanitarias o a la posible acción armada para obligar a los pobladores a guardar silencio, concertar con la empresa Maderas del Darién que se encuentra ampliando la explotación ilegal de árboles en el poblado de Bocachica, territorio titulado colectivamente a las comunidades del Cacarica, y definir la siembra de Palma Africana y de coca.

Al mismo tiempo varios de los pobladores vecinos de las zonas humanitarias han expresado que algunas de las pocas familias que vivían en Bocachica se vieron obligadas a desplazarse ante la presión de los "civiles armados" para entregar los recursos maderables a la empresa Maderas del Darién, mientras avanza la apertura de un canal que posibilita la fácil movilización de los paramilitares.

Se continúa cobrando un impuesto de salida en el río Atrato en el punto conocido como La Honda, Territorio Colectivo del Cacarica. De acuerdo con las versiones reunidas, allí se han instalado algunos burdeles y bailaderos, que se administran desde la base armada que se encuentra en La Balsa, distante a dos horas de la Zona Humanitaria "Nueva Vida".

2. Sábado 14 de diciembre, cuatro fiscales delegados por la dirección de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación y dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones, uno de ellos adscrito a Turbo, llegaron a la zona humanitaria de "Esperanza en Dios". La Comisión coordinada por el Fiscal GIOVANNI ALVAREZ y en la que participaron MISAEL RODRIGUEZ CASTALLENOS, ALBEIRO CHAVARRA, FERNANDO SERRANO, LUIS ENRIQUE CASTRILLON, DANILO HENAO, llegaron en horas de la mañana, al sitio conocido como La Tapa, a 30 minutos en embarcación de madera sin motor de la zona humanitaria "Esperanza en Dios", pobladores que allí se encontraban preguntaron a la comisión de fiscales que pretendía ingresar a las zonas humanitarias, por los sobrevuelos de helicópteros en las zonas humanitarias, a los que estos respondieron que no tenían conocimiento.

Durante este día a raíz de la presencia de varias embarcaciones de las pirañas del Batallón Fluvial 20, Infantería de Marina, sobre el río Atrato entre Sautata y Puente América no se presentaron acciones de control paramilitar en el retén en Tumaradó.

Hacia las 15:15 minutos, la comisión de la Fiscalía llegó a la zona humanitaria de "Esperanza en Dios". Se presentaron a la Defensoría del Pueblo del Cacarica y a los integrantes de las Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA. Los campesinos ubicaron a los fiscales en el puesto de salud, lugar situado afuera de la zona humanitaria.

Cuando, los campesinos presentaron la zona humanitaria como espacio de la población civil, los investigadores estatales manifestaron no traer armas, incluyendo a los del C.T.I., agregaron que el motivo de su presencia era tomar declaraciones sobre el desplazamiento forzoso y los asesinatos, las desapariciones denunciadas por la comunidad y por Justicia y Paz. Entre las partes acordaron la prohibición de toma fotográficas, de video y solo aceptaron las de audio.

Los afrodescendientes y mestizos de la comunidad expresaron a la comisión delegada varias inquietudes:

• ¿Por qué después de seis años se vienen a tomar las declaraciones?
• ¿Se han desarrollado dos audiencias en la Comisión Interamericana, dos sesiones de seguimiento, ha habido compromiso de entregar resultados y nada ha pasado?
• ¿Qué tipo de pruebas se han tomado sobre la "Operación Génesis", en los sitios donde son visibles los boquetes de las bombas y del ametrallamiento aéreo, de la quema de casas?
• ¿Qué acciones se han adelantado sobre la base armada encubierta que se encuentra en La Balsa, desde donde los "civiles" armados "protegen" el corte ilegal de los bosques de la comunidad?
• ¿Qué declaraciones se han tomado en la Brigada XVII y qué otras pruebas de los operativos realizados en febrero 24 y 27 de 1.997?
• ¿Qué tipo de pruebas sobre los asesinatos, las desapariciones forzosas, las torturas se han tomado, más que testimonios y declaraciones, de los familiares que nunca vieron lo qué pasó?
• ¿La Fiscalía ha solicitado copias de las tres declaraciones rendidas en la Procuraduría General de la Nación en 1.997 sobre el desplazamiento forzoso?
• ¿Han recogido los fallos de la acción de Tutela instaurada por la Comunidad en torno al desplazamiento, han sido o no incluidos, los fallos en el proceso por el desplazamiento? ¿Existe proceso abierto o no, por qué razones?
• ¿Por qué las investigaciones por los crímenes, atropellos, y demás violaciones de derechos humanos, después de muchos años se encuentran en etapa preliminar, mucho no tienen proceso?
• ¿Por qué no se evalúa la sistematicidad de las acciones?
• ¿Qué respuesta tiene la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional ante la propuesta presentada en el mes de octubre en la Audiencia celebrada en el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a crear una Comisión de Esclarecimiento, que diagnostique las razones por las cuales, la investigación por la "Operación Génesis no existe o no ha avanzado; por qué el General RITO ALEJO DEL RIO no ha sido vinculado a proceso alguno, si cuando ocurrió la operación armada, él era comandante de la Brigada XVII; por qué las investigaciones sobre los más de 85 asesinatos, desapariciones forzosas, torturas, saqueos, quemas de cosechas no se encuentran más que en etapa preliminar, en algunos de los casos, y en otros no hay absolutamente ningún avance? y finalmente se formulen recomendaciones sobre el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia.

Luego de este conjunto de preguntas, los fiscales guardaron silencio. Uno de ellos insistió "este es un primer acercamiento, para ganar confianza, tenemos mucha esperanza en avanzar (...) no, no es posible ir a La Balsa por razones de seguridad". Agregaron que es básico para la investigación los testimonios, "si alguien estaba dispuesto a rendir declaraciones, de acuerdo con el tipo de testimonio, se le trasladaría del lugar o al exterior dependiendo el caso"

Después de una hora de diálogo en que se acordó que ambas partes podrían grabar en cinta de audio lo conversado, pero abstenerse, durante todo el tiempo de esta comisión de 5 días, de tomar fotografías y grabaciones en video sobre la zona humanitaria, sus personas y sus bienes, ya que "las pruebas y las grabaciones deberían hacerse no sobre las zonas humanitaria sino en La Loma, Bijao Cacarica, límites entre Cacarica y Salaquí, La Balsa, Puente América, insistió la comunidad, se terminó la reunión hacia las 16:30 horas.

Los habitantes de la Zona Humanitaria de "Esperanza en Dios" se comprometieron a participar en una nueva reunión con la Comisión de fiscales al siguiente día, luego de verificar si hubiese alguno de la comunidad dispuesto a declarar, pero que desde ya se creía que nadie iba a cambiar la posición.

3. Domingo 15 de diciembre, hacia las 9:00 horas se dio inicio a la reunión, mientras se produce un nuevo sobrevuelo de helicópteros, en ese momento los fiscales solicitan parar la reunión para salir a donde las unidades militares los visibilicen, pues "así se irán más rápido". Agregó uno de los fiscales: "no se preocupen, ni tengan miedo que mañana vuelve y va a traer dulces para los niños".

Luego de terminar la reunión en la que la comunidad reiteró que esperan respuesta a todas las inquietudes, que ningún integrante de CAVIDA cambia de posición y esperaban respuesta a las preguntas de fondo planteadas el día anterior. Los fiscales, por su parte, programaron sus días, contando con apoyo logístico de los campesinos para alguna de sus movilizaciones.

Durante ese día comienzan a acercarse a niñas (menores de edad) y a los jóvenes con el pretexto de conocer las manillas que tejen las niñas; empezaron a entregar dulces mientras preguntan, por los nombres de ellos, en algunas ocasiones de sus padres, el lugar donde estaban antes y durante el desplazamiento: "¿Cómo se llama tu papá y tu mamá?" Desde este día permitieron que niños y jovencitas entraran a su alojamiento durante largos ratos. Comenzaron a tomar fotos, registros en video y grabaciones de audio.

4. Lunes 16 de diciembre, en horas de la mañana, la comisión de fiscales se dirigió hacia el sitio conocido como La Loma, parque Nacional de los Katíos, retén armado de los paramilitares en 1.997, a pocos minutos de Puente América. En la tarde continúan su acercamiento a los niños y a las niñas y las y los jóvenes con las mismas técnicas de acercamiento.

A un joven de CAVIDA, los fiscales lo llaman, le ofrecen comida y un viaje a Bogotá, y dinero, le manifestaron que es muy importante hablar de los problemas de la comunidad, le propusieron hablar con el Coronel RUIZ. A los menores de edad les pidieron cantar Rap para grabarlos y les solicitaron explicación del contenido de las mismas. Inquieren sobre sus labores diarias y las de la comunidad, de la organización, de las responsabilidades y de los responsables, los nombres de los adultos.

Los fiscales a través de ofrecimiento de dulces, tortas, galletas, lecheras, jamonetas, toallas, suéteres, pasta dental, gasolina y plata solicitaron información, permitieron el acceso a la manipulación de la computadora.

Hacia las 10:40 de la mañana, en un sobrevuelo de helicópteros de la Brigada XVII, uno de estos se realizó a menos de 25 metros de altura de la zona humanitaria "Nueva Vida". Desde el helicóptero que produjo la estampida de la gente, un militar con una mano daba un saludo y con la otra apuntaba con su metralleta.

Este mismo lunes, a eso de las 17:45 hora local, en el sitio conocido como La Isla ingreso al río Cacarica en aproximación al caserío de Puente América, territorio colectivo del Cacarica, miembros del Batallón Fluvial 20 de la Infantería de Marina que se movilizan en una embarcación de alta potencia, llamada "Piraña" detienen la panga privada en que se moviliza la Defensoría del Pueblo, cinco integrantes de la comunidad del Cacarica y dos integrantes de Justicia y Paz.

El militar, según él lo manifestó, es cabo de Infantería de Marina, solicitó la identificación de todos los ocupantes, comentó a la Defensora del Cacarica: "a usted no la conozco y llevo más de 4 años en la zona". Le solicitó entonces el carné que la acredita como tal, a pesar de llevar sus distintivos y la bandera de la entidad estatal.

Agregó que el control que ellos desarrollan es distinto al de la Punta, a las afueras de Turbo. El militar tomó en un cuaderno los nombres y los números de los documentos de identidad del resto de pasajeros, preguntó a los integrantes de nuestra Comisión, cuánto tiempo llevaban en la región, cuánto tiempo se iban a demorar, y los cargos dentro de la iglesia o las iglesias. Preguntó luego por el tiempo que se gastaba hacia los Asentamientos, y si sus embarcaciones ingresasen.

Volvió a retomar la conversación con la Defensora del Pueblo y le preguntó por la comunidad indígena a la que pertenecía. Después de 12 minutos autorizó continuar el recorrido, segundos después denegó la misma y preguntó por lo que se llevaba en los maletines y en las siete cajas pequeñas con alimentos para el equipo misionero y unas pequeñas remesas, avaluadas en no más de 150 mil pesos (U.S $ 43).

Agregó que ellos estaban autorizados para hacer el control de alimentos, y que no hay autorización para transportar tanto mercado. A esta afirmación se le preguntó que si existía un decreto, una directiva presidencial o alguna sustentación al amparo de la conmoción interior para dicho control en la zona, a lo que el militar respondió que si existía y la tenía por escrito, sin embargo, al ratificarle la solicitud de mostrar dicha orden, expresó que no la tenía. Inmediatamente, volvió a dar la autorización de la movilización.

5. Martes 17 de diciembre, hacia las 10:40, los integrantes de la comisión de fiscales y del CTI, se trasladaron a la zona humanitaria de "Nueva Vida". Allí se presentan como miembros de la fiscalía, luego de que manifestaron no portar armas, los afrodescendientes abrieron la portezuela de la Malla de la Vida que delimita la Zona Humanitaria, uno de los integrantes de la Comisión, MISAEL RODRIGUEZ, asumió la vocería.

Los fiscales manifestaron que era necesario saber el nombre de las tres personas que rindieron testimonio en 1.997 sobre el desplazamiento, "¿a quién le rindieron el testimonio? ¿dónde lo hicieron?, ¿en qué fecha?" Afirmaron posteriormente, que: "la comisión está dando buenos resultados, lo que pasa es que por protección de la comunidad no podemos compartir los avances.".

Durante su visita a la zona humanitaria de "Nueva Vida", hacen grabación de audio sin autorización y a escondidas, preguntan por la emisora, la casa de Peace Brigades International, P.B.I., la sede de Justicia y Paz, el sistema de teléfono, por qué tienen los cultivos de pan coger cerca de la malla.

En horas de la tarde regresan a la zona humanitaria de "Esperanza en Dios". Allí continúan sus ofrecimientos a niñas (os), jóvenes mujeres. A eso de las 21:30 horas los fiscales a través de la Defensoría del Pueblo envían un diario de campo de su visita y solicitan hablar con la comunidad. A esta solicitud la comunidad accede, se realiza una nueva reunión en la que a los fiscales, la comunidad le reitera que continúan esperando la respuesta de Gobierno Nacional a las solicitudes presentadas en la última audiencia en la CIDH.

En horas de la noche a dos niñas de la comunidad entre los 14 y los 16 años y a una joven de 18, integrantes de la fiscalía ofrecieron dinero a cambio de información y de una posible relación sexual.

Ese martes hacia las 11:00 hora local, se presentó otro hecho en el río Atrato. Una chalupa en la que se movilizan algunas rastras de madera de aprovechamiento familiar autorizadas por la ley 70, es detenida a la altura del caserío de Puente América por unidades de la Infantería de Marina, Batallón Fluvial 20. Todos los pasajeros se bajaron en el sitio donde permanecen los pescadores.

En la chalupa, donde viaja con su hija que se encuentra enferma una integrante de la comunidad del Cacarica que habita en una de las zonas humanitarias es abordada por el militar, al parecer el mismo cabo, que detuvo la embarcación en la que se movilizaba la Defensoría del Pueblo del Cacarica, el día anterior: "¿por qué no salió en la panga de la Defensoría el domingo?". Agregó: "¿Conoce usted a la defensora?" Ella responde con miedo, no. A lo que el militar indicó: "cómo no la va a conocer, ella es una india". Continuó con las preguntas: ¿Y esos que los acompañan a ustedes son buena gente? qué hacen? Ella respondió: "sí, por eso es que nos acompañan". Después preguntó por varios integrantes de la comunidad con nombre propio, la mayoría de ellos corresponde a nombres de la coordinación. El militar insiste y pregunta por nombres propios a uno de los integrantes de la coordinación, y agrega: "usted como que no quiere conocer a nadie" (...) "no conoce a nadie allá". Vuelve a preguntar por el nombre de un coordinador: "¿entonces no lo conoce?" Ella vuelve a responder: "no". Por último le dice, "¿usted qué hace en ese caño?, ¿por qué no se sale de allá?. Dígame en que barrio de Turbo usted se queda a dormir para seguir hablando, ella nombra un barrio de Turbo.

Minutos después que autoriza el movimiento de la chalupa en dirección a Turbo, una panga de la empresa Maderas del Darién hace parar la embarcación diciendo: "la señora con la niña enferma, que se pase aquí, tenemos la orden de recogerla".

6. Miércoles 18 de diciembre, en horas de la mañana la Comisión de fiscales parte hacia Turbo.

7. Sábado 21 de diciembre, dos familias de las zonas humanitarias, más de 15 personas, deciden cruzar la frontera con Panamá, pues consideran que los últimos hechos, de retenciones, de amenazas, de control en el río Atrato, y las actuaciones paramilitares que se están desplegando desde la Balsa, Tumaradó, La Honda; la actuación de la Infantería de Marina y las unidades de la Brigada XVII; la irrespetuosa e incoherente actuación de los fiscales, indican que no existen condiciones ni garantías para la vida, para el trabajo ni el respeto al territorio. Por eso decidieron buscar refugio en Panamá.

Ha sido desafortunada, vergonzosa y vergonzante para el Estado colombiano, la actuación de los fiscales transgrediendo los principios de la ética pública, de la profesionalidad y de los mínimos en la investigación. No solamente se violaron los acuerdos con las comunidades afrodescendientes frente a los registros. Sino que al ejercicio del derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia, las comunidades del Cacarica, CAVIDA, solo se han encontrado con la negligencia, la ineficacia y ahora con un nuevo mecanismo de impunidad, el uso de métodos de investigación similares a las técnicas de inteligencia militar, al uso de la autoridad con las técnicas de la seducción, incluso, las de tipo sexual, y las basadas en la inocencia, en la ingenuidad y las necesidades básicas insatisfechas de la población infantil y juvenil.

Perversa actuación, siniestro episodio de la justicia, que vuelve a evidenciar que en Colombia es imposible de encontrarla. Ha quedado en evidencia la erosión del Estado de Derecho. No hay diferencia entre el guerrero y el justiciero. Los principios normativos de actuación en lo público de las autoridades de justicia han quedado totalmente derruidos. Se trataba en todo caso de una comisión de la Unidad de Derechos Humanos y de DIH, una comisión especial, que supone el estar en contacto con un grupo de víctimas de sistemáticas violaciones de derechos humanos, sometida a permanente persecución por estructuras criminales que han nacido en el Estado.

Se trata de comunidades, de sujetos de derecho que a pesar de tanta presión continúan exigiendo justicia, en medio de las amenazas, del bloqueo económico, de las quemas de sus cosechas. Aquí no se usó del pago de recompensas monetarias por la entrega de información con encapuchados públicos que reciben la honra de ser "buenos ciudadanos", se trata del aparato de justicia usando de las técnicas que pervierten su autoridad, su legitimidad, es el uso de la necesidad como mercancía para supuestamente allanar la verdad, la justicia; es el uso del cuerpo humano, de la mujer, como instrumento para acceder a la verdad... no existe proporción entre los fines y los medios.

El absoluto desconocimiento del carácter de víctimas de violaciones de derechos humanos, de comunidades desplazadas, sometidas a los más refinados métodos de control ahora trasladados al campo de la justicia, lo sucedido con las comunidades del Cacarica es el rompimiento de los parámetros mínimos de la autoridad, de su comportamiento. No hay distinción entre medio y fines, es la perversión del poder publico, es el actuar sin ética o en la lógica del guerrero, del mercenario.

Queda de presente que el testimonio, que las declaraciones, que las actuaciones estatales de la justicia no se ha orientado a los victimarios sino a usar a las víctimas, a cualquier precio, para actuar posiblemente contra ella. No solamente son los responsables de la impunidad sino que el problema de las violaciones de los derechos humanos, de los abusos oficiales en ejércitos regulares e irregulares /paramilitares/ son responsabilidad de la comunidad. Por eso es necesario investigar a las víctimas, saber quiénes son los que allí viven, qué hacen los agentes externos, cómo se comunican, qué canta la comunidad, cuáles son o no son sus problemas, como establecer comunicación de esos problemas comunitarios a las autoridades militares... triste papel de la llamada "justicia", entre tanto, la estrategia militar encubierta avanza hacia las zonas humanitarias apoyando la deforestación que desarrolla de modo ilegal la empresa Maderas del Darién, amparada en las armas y el silencio del Ministerio del Medio Ambiente... y la "justicia" perdida, negada a encontrar las pruebas en La Balsa, en Tumaradó, en Turbo, en Riosucio, en la Brigada XVII, allá no llega.

En pocos días, si lo aquí escrito les escandaliza, dirán para justificarse que todo es invención, que es un mal entendido o que se iniciaran investigaciones exhaustivas para recobrar el honor de la justicia o dirán que es parte de una estrategia para evitar las actuaciones del Estado o que las niñas y los niños se acercaron, se ofrecieron para dar información e incluso ofrecieron su propia intimidad; agregarán que no es posible acceder a la justicia porque nada permitió la comunidad o los acompañantes... triste, pero profundamente indignante de nuestra "justicia".

Doloroso e indigno para aquellos que solamente han exigido y siguen exigiendo justicia, y siguen siendo sometidos a la persecución, a la presión, a los señalamientos, al bloqueo, a la extracción de sus recursos naturales.

Es evidente que los supuestos acercamientos humanitarios y ceses de hostilidades de los paramilitares son mentira, son una apariencia, son una formalidad del engaño, para justificar la tesis de un tercer actor... lo que sucede en el territorio del Cacarica evidencia que esos ceses de hostilidades son avances para el engaño, para el circo público... los sobrevuelos no se hicieron sobre La Balsa, los operativos militares no se hicieron sobre Tumaradó, La Honda o La Balsa, el corte de madera por la empresa Maderas del Darién sigue acompañada por la protección "privada" paramilitar.

Siguen los signos de unas nuevas acciones de control sobre la población del Cacarica y la coordinación de las Zonas Humanitarias, a través de estrategias encubiertas que posibiliten que el negocio de la Palma Aceitera y de la Coca promovida por esas estructuras criminales se desarrolle, al mismo tiempo que se haga silencio y se concerte con la empresa Maderas del Darién. Ahí se entiende el carácter total de la estrategia contrainsurgente, la posesión del territorio y el sometimiento de los proyectos de vida de las comunidades a los proyectos agroindustriales. Existe un pretexto engañoso para las acciones contrainsurgentes la presencia de las FARC EP en la región del bajo Atrato, sin embargo, todas las acciones de control y de represión se dirigen no contra ellas sino contra la población civil que habita en las zonas humanitarias y que sobreviven con dignidad de sus cultivos de pan coger.

Finalmente retomamos, las solicitudes presentadas por nuestra Comisión al gobierno colombiano en materia de justicia, en la Audiencia de octubre pasado celebrada en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y frente a la cual existe absoluto silencio por parte del Estado, tanto como de las medidas preventivas referidas al derecho a la vida y al territorio.

Solicitamos a la Fiscalía dar a conocer a la Comunidad del Cacarica el estado de las investigaciones que por oficio han debido realizar por las acciones ilegales que desarrolla la Empresa Maderas del Darién en el Territorio Colectivo del Cacarica, conocidas por el Fiscal General de la Nación

Solicitamos crear en el marco de la Comisión Mixta de Verificación un mecanismo de evaluación de las investigaciones adelantadas hasta hoy, que comprenda la participación de las víctimas, de organismos humanitarios de derechos humanos no gubernamentales nacionales e internacionales, organismos intergubernamentales, y por supuesto del Estado y del Gobierno colombiano, con la finalidad de abordar, en relación con la "Operación Génesis" que generó el desplazamiento: el tipo de pruebas recaudadas, las limitaciones de la investigación -mecanismos que imposibilitan el acceso a la verdad y a la justicia-, las razones por las cuáles hay o no vinculación de agentes estatales y de particulares en esta operación militar.

Solicitamos, que este mismo mecanismo de evaluación diagnóstica debe abarcar las investigaciones adelantadas hasta hoy, por los asesinatos, las desapariciones forzosas, las torturas cometidos desde 1.996 hasta hoy, por qué se han o no leído como una acción sistemática, pues se han focalizado a un grupo humano, tienen un mismo modelo y patrón de acción; por qué muchos procesos no se han abierto; por qué la totalidad se encuentran en etapa preliminar, y no se han archivado o abierta, a otras etapas, porqué no hay agentes estatales vinculados o como responsables, que tipo de pruebas se ha recaudado diferentes a las del testimonio.

Esta comisión además del diagnóstico, formulará una serie de recomendaciones para el ejercicio del derecho a la memoria y a la verdad

Solicitamos, se dé explicación de las razones por las cuales no se ha dado respuesta frente a la Reparación Moral exigida por la comunidad desde 1.997

Solicitamos, se requiera al gobierno colombiano dar a conocer a la Honorable CIDH, la respuesta a la acción de tutela instaurada por el P JAVIER GIRALDO S.J en la Corte Suprema de Justicia, el pasado 9 de septiembre del 2002

Bogotá, Diciembre 24 del 2002
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

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