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Asesinado poblador de Jiguamiandó, persiste el bloqueo y amenaza de incursión paramilitar.

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Informe ejecutivo 6.

El miércoles 4 de diciembre, miembros del consejo comunitario de la Cuenca del Jiguamiandó, ante el incumplimiento de respuesta estatal frente a la visita acordada a realizarse del 1 al 4 de este mes en el marco de la Comisión Mixta de Seguimiento, los pobladores decidieron por su propia cuenta iniciar la búsqueda de mayor información sobre el paradero de CRISTÓBAL HINESTROZA PAZ, detenido desaparecido el 26 de noviembre por los paramilitares. (Informe Ejecutivo 5 del 02 de diciembre del 2002)

Ese día hacia las 16:00 horas los afrodescendientes encontraron el cuerpo de CRISTÓBAL en el punto conocido como El Cruce, que conduce de Urada hacia Pavarandó, en donde se encuentra una base militar regular y a pocos minutos una base paramilitar. El cuerpo se encontró desmembrado en varias partes y su cabeza a varios metros distante de su tronco a unos 10 metros.

El cadáver de CRISTÓBAL se encontró con el pantalón que usaba el día de su detención desaparición, a cambio de la camisa de su camiseta blanca, sus victimarios le colocaron al lado una camiseta verde oliva y una camisa de uso militar camuflado. Ante tal situación, los familiares y demás miembros de la comunidad se abstuvieron de recoger los restos con la esperanza de una respuesta estatal para el levantamiento del cuerpo.

Sábado 14 de diciembre, en horas de la tarde, ante la negligencia de respuesta estatal integral en el orden humanitario y preventivo, frente a los que se ha dejado Constancia al gobierno Nacional, se realizó una visita a la cuenca del río Jiguamiandó, con la participación de la iglesia católica - Diócesis de Quibdó-, organismos humanitarios internacionales como Paz y Tercer Mundo, Peace Brigades International, PBI y nuestra Comisión, con la presencia de la Defensoría Nacional del Pueblo

Domingo 15 de diciembre y con una decisión basada en una respuesta humanitaria, ante la ausencia de respuesta estatal y el derecho de las familias a la sepultara, en este caso de una víctima de la violencia política, se integró una comisión con el fin de recoger los restos de CRISTÓBAL, en la que participaron la Diócesis de Quibdó, Paz y Tercer Mundo, y nuestra Comisión.

Hacia las 12:10 horas, los restos de CRISTÓBAL fueron encontrados por esta Comisión a 50 metros de la orilla del río Urada a la altura del puerto de Urada y a 10 metros del camino que del río Urada conduce a la comunidad de Pueblo Nuevo.

Se corroboró que los restos encontrados estaban dispersos en un área de 10 metros cuadrados aproximadamente, en la que se encontraba un par de botas No 42 marca "Macha de Croydon" donadas por la Diócesis de Apartadó, un pantalón jean, con manchas de sangre y unos interiores de color blanco que formaban parte de la indumentaria de CRISTÓBAL el día de su detención arbitraria desaparición, ninguna de estas prendas se encontró cubriendo el cuerpo. Cerca de una parte de los restos, la Comisión Humanitaria encontró una camisa de uso militar y en otro lugar, junto a otro grupo de restos, una camiseta, también de color militar, con algunas manchas de sangre. La camiseta blanca que portaba originalmente CRISTÓBAL no se encontró en el sitio.

Los restos encontrados sumaron 77 piezas que fueron entregadas a la Defensoría del Pueblo que levantó acta de diligencia y dispuso los restos para la sepultura en el cementerio de Pueblo Nuevo.

En el territorio que forma parte del Título Colectivo de la Cuenca del Curbaradó, municipio del Carmen del Darién, la empresa Urapalma con protección armada perimetral y concéntrica de militares adscritos a las Brigada XVII y de "civiles" armados en sus factorías y bancos de semillas, continúan adelantado la siembra de cerca de 1500 hectáreas de palma aceitera en predios pertenecientes a los afrodescendientes que se encuentran desplazadas en las riveras del río Jiguamiandó.

Los cultivos se extienden por las comunidades de Camelia, Brisitas, La Iguana, La cristalina, Cetino, La Nevera, No Hay Como Dios, El Firme y Buena Vista. La Palma Aceitera sembrada en este momento tiene una altura de 2 mts y cada semilla está sembrada a una distancia de 7 mts una de otra. La preparación de la tierra para la extensión del cultivo sigue avanzando en dirección de la comunidad Nueva Esperanza, a menos de una hora, de este lugar escogidos por el Consejo comunitario de las cuencas del Jiguamiandó y Curbaradó para la construcción de las Zonas Humanitarias. Se conoció que en los límites en la comunidad de Camelia se encuentran dos letreros en los que se lee " Ejército Nacional Brigada XVII"

Información Adicional:

Habitantes que colindan con el territorio colectivo de las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó informaron a nuestra Comisión, en la segunda semana de diciembre, que el día 3 de marzo pasado, en el trayecto del poblado de Urada al caserío de Pavarandó fueron desaparecidos por "civiles" armados de la estrategia paramilitar, los indígenas QUICO SINAGUI de 33 años, ANÍBAL DOMICÓ de 22 años, ENRIQUE DOMICÓ de 26 años. También fueron desaparecidos los indígenas JAIRO SINAGUI y CARLOS ANTONIO BAILARÍN. (Informe Ejecutivo 4 del 09 de octubre del 2002)

En el trayecto donde se presentaron las desapariciones forzosas de los indígenas, los miembros del resguardo indígena de Urada, recientemente encontraron restos de dos cuerpos que por su estado de descomposición no se han podido identificar, pero se presume es posible que correspondan a algunas de las víctimas.

A pesar la solicitud de adopción de las medidas cautelares al Gobierno Nacional por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre, la respuesta estatal ha sido nula. Los compromisos asumidos de visitas preventivas han sido incumplidos afirmando que la Brigada XVII no considera que existan condiciones para el ingreso de entidades gubernamentales; no existe respuesta humanitaria alguna para enfrentar la crisis alimentaria producto del bloqueo económico que se desarrolla a través de la estrategia paramilitar sobre el río Atrato al lado de una significativa presencia militar estatal; se ha dilatado la respuesta gubernamental para las zonas humanitarias argumentando problemas presupuéstales; se ha mentido a través de contradicciones verbales y escritas, se sostiene a la comunidad nacional e internacional por parte de la Cancillería una versión que es totalmente incoherentes con la que el Ministerio del Interior presenta verbalmente a nacionales e internacionales, el primero expresando que se están tomando actuaciones o medidas preventivas presénciales, mientras el segundo manifestando que no es posible por razones de seguridad.

Es evidente que no existe una intervención estatal para enfrentar estructuralmente la acción armada encubierta a través del paramilitarismo, se continúa desconociendo los derechos de las comunidades afrodescendientes; se amplia la siembra ilegal e ilícita de la Palma Aceitera amparada por la protección armada. Al mismo tiempo se anuncian formalmente operativos sobre las bases paramilitares que se encuentran a menos de 15 minutos de las bases de la Brigada XVII en Pavarandó o en Mutatá, Belén de Bajirá y Brisas, que no son ciertos, así como se afirma de un cese de hostilidades y de acciones armadas de los paramilitares mientras continúan controlando y acompañando la siembra de la Palma Aceitera.

La propuesta del Consejo Comunitario del Jiguamiandó y de las comunidades de Curbaradó que se encuentran desplazadas dentro del territorio del Jiguamiandó, basada en el ejercicio de Derechos Fundamentales, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario, es novedoso y una fórmula no violenta de afirmación de la vida y de la defensa del territorio que requiere con urgencia ser escuchada para evitar el desplazamientos de más de 2.300 personas afrodescendientes y mestizas; de no lograrse una respuesta humanitaria integral y de cumplirse las amenazas de incursión armada en los lugares en que se encuentra resistiendo en condiciones infrahumanas estas familias se producirá una nueva tragedia humanitaria de resultados inesperados, más allá del desplazamiento forzoso.

Bogotá, Diciembre 23 del 2002
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Este documento ha sido publicado el 7ene03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights