05dic03

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Presión mediática, jurídica, militar contra Justicia y Paz

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"Cuando doy pan a un pobre, me llaman santo. Cuando pregunto porque los pobres no tienen que comer me llaman comunista". Dom Helder Cámara

Resumen

Después de poder acceder a los procesos judiciales en los que se encuentran vinculados personas que han prestado su servicio a la Comisión Justicia y Paz, en octubre y noviembre, (6-7, -10-03/ 18-11-03) presentaron su versión libre ante la Unidad de Derechos Humanos, en la que se logró la unificación de dos procesos penales bajo el mismo radicado, el 1701.

Mientras se presentaron estas versiones libres en etapa preeliminar, se conoció que además de la denuncia penal del 28 de agosto, radicado 870 en el despacho 41 de Apartadó; existe una nueva denuncia con el radicado 7994 Seccional 124 de Apartadó, del que se desconoce el tipo penal.

La instauración de dos nuevas denuncias penales en Fiscalías de Apartadó que al parecer son del mismo tipo penal no ha logrado ser ni conocida la información básica y menos su unificación.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para que exista acumulación de procesos argumentan deben ser autorizados directamente por el Fiscal General de la Nación, sustentarlo lo anterior en un reciente fallo de la Corte constitucional relacionado con la reasignación de procesos.

En seguimiento a las medidas cautelares, nuestros peticionarios, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", y Reiniciar, en dos sesiones con el gobierno, la Fiscalía General, la Procuraduría han planteado la adopción de medidas de carácter político como la rectificación a través de una rueda de prensa, por los mismos medios y mecanismos, a través de los cuales la comandancia de las Fuerzas Militares propició el escenario de las injurias y calumnias contra el ejercicio de defensa de los derechos humanos que realiza nuestra Comisión. Hasta el día de hoy no existe ninguna respuesta efectiva y de fondo. (Octubre/03)

Simultáneamente, presionados por personas vinculadas directa e indirectamente a la empresa Maderas del Darién, se conoció que se han ofrecido una serie de beneficios a personas para que se conviertan en testigos contra nuestra Comisión Justicia y Paz y afirmen sin sustento alguno, y aprendiendo un libreto, que somos miembros de las guerrillas de las FARC, que hemos amenazado y que hemos atentado contra la vida e integridad de personas. (IE5 09/09/03)

Por otra parte, hemos leído y hemos conocido respuestas escritas del Gobierno Colombiano a través de sus delegaciones diplomáticas en diversos países del mundo, dando respuesta a la solidaridad y a las manifestaciones de preocupación por la situación de protección y de seguridad de nuestra Comisión Justicia y Paz, en las que se expresa que no se logra interlocutar o dialogar con nosotros.

El contenido de las respuestas oficial divulgada a través de su delegación en Bruselas (30-10- 03) El gobierno expresa en algunas respuestas, que ha dirigido comunicaciones de diverso tipo sin lograr contestación alguna de nuestra Comisión. En otras manifiesta que se han ofrecido medidas de protección dentro del programa de protección a defensores de derechos humanos y líderes sociales y esta se refieren a la serie de amenazas que se han producido contra integrantes de nuestra Comisión, a través de seguimientos, llamadas telefónicas amenazantes, cartas con amenazas de muerte, en particular entre el segundo semestre del 2002 y comienzos del 2003.

Las dos respuestas son equívocas y faltan a la verdad.

Al finalizar la Peregrinación por el Atrato, "Atratiando: por un buen trato en el Atrato", en el municipio de Turbo, unidades militares, multicopiaron, una traducción del artículo calumnioso e injurioso publicado en el Wall Street Journal, presentadas desde el 21 de agosto en la rueda de prensa convocada por el General Jorge E Mora Rangel. La traducción del artículo fue repartida entre los asistentes nacionales e internacionales (21/11/03).

No cesan los mecanismos para negar el ejercicio legítimo de las defensas de los derechos a la Vida y al Territorio de las comunidades afrodescendientes y mestizas del Cacarica. Mientras en desarrollo de las operaciones militares las unidades regulares continúan expresando su animadversión a la presencia humanitaria de nuestra Comisión Justicia y Paz y de los organismos humanitarios internacionales de observación y acompañamiento, continúan montándose nuevas denuncias penales, en las cuales persiste la presión para que las falsas acusaciones se puedan sostener. Es tal la perversión de los intereses privados y de las lógicas de la fuerza que a través de intimidaciones, acompañadas de ofrecimientos y halagos quieren montar testigos sobre lo que no es verdad y sobre lo que nunca hemos sido y hemos hecho.

Detrás de este escenario local en el ámbito internacional mediático se expresa la difamación, la calumnia contra todo tipo de principio informativo y de ética profesional. Expresiones periodísticas usadas públicamente en lo local con el propósito nada oculto de deslegitimar nuestra labor como defensores de derechos humanos o de lograr nuestro "destierro" para que puedan implementarse proyectos de monocultivos para la reconciliación y la desmovilización paramilitar y contra la exigencia de verdad, de justicia y de reparación integral que ejercen comunidades afrodescendientes y mestizas en el Atrato, como la del Cacarica.

Respecto a las respuestas a la solidaridad internacionales tenemos que expresar que hemos sido convocados por el gobierno nacional, hasta antes de las medidas cautelares, para evaluar nuestra situación de riesgo y de seguridad, pero nunca se logró concretar una reunión en la que fuera posible la participación de la Junta Directiva de nuestra Comisión Justicia y Paz, pues se trata de un problema organizacional no personal.

Es cierto, que por principio se rechazan los esquemas duros pero no es porque hayamos recibido ofrecimiento alguno del gobierno y hayamos podido expresar nuestro parecer. Nuestra Comisión no asume un esquema de protección que implique el uso de la fuerza o de actuación de organismos de seguridad del Estado.

A través de comunicaciones acerca de la situación de amenazas de muerte sobre integrantes de nuestra Comisión, hemos planteado una serie de medidas políticas que hasta el día de hoy nunca han sido respondidas, pues se encuentran vinculadas a problemas estructurales como la impunidad y la desestructuración de actuaciones armadas encubiertas. (O8-12/02) (02/03)

Detalles

• Lunes 6 y Martes 7 de octubre, durante un día y medio, uno de los denunciados penalmente por su trabajo como defensor de derechos humanos en el acompañamiento a las comunidades del Cacarica presentó versión libre ante la Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos.

  Su presentación estuvo acompañada de su apoderado, defensor de derechos humanos, y en presencia de un Procurador Especial quienes escucharon su sustentación frente a las calumnias e injurias, que como aparece en un documento del perfil de uno de los denunciantes pretende "desterrar a Justicia y Paz de la región del bajo Atrato"

  Con la versión oral se presentaron 100 pruebas documentales.

• El 8 de septiembre, a favor de nuestra Comisión Justicia y Paz fueron resueltas medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que se encuentran como peticionarios la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados, "José Alvear Restrepo" y la Fundación Reiniciar.

  Cuatro aspectos contemplan las medidas:

  1. Adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

  2. Adoptar las medidas necesarias para que los integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz puedan cumplir con su labor de promoción y defensa de los derechos humanos en la República de Colombia

  3. Concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y los peticionarios

  4. Informar sobre las acciones adoptadas con el fin de clarificar e investigar las amenazas y actos de hostigamiento contra los beneficiarios.

• Jueves 30 de octubre, conocimos una respuesta de la embajada colombiana en Bruselas en la que se expresa respecto a la situación de protección de nuestra Comisión Justicia y Paz, como lo han hecho algunos funcionarios del gobierno nacional indicando que no hemos respondido a los ofrecimientos y llamadas que nos ha hecho el gobierno nacional frente a la seguridad de los miembros de Justicia y Paz. Hasta la fecha, reiteramos que no hemos recibido ninguna comunicación del gobierno nacional para tal fin.

• Domingo 16 de noviembre hacia las 16:00 horas, en el lugar humanitario que fue conocido como "Esperanza en Dios", mientras repartían volantes contra la guerrilla y se acercaban a las niñas y niños, les expresaban los miembros de la Brigada XVII, "los monos y los que los acompañan se quedan con la plata, ellos son los que se quieren quedar con sus tierras"

• Martes 18 de noviembre, durante el día, otro defensor de derechos humanos, denunciado penalmente por su trabajo en defensa de las comunidades afrodescendientes, rindió versión libre acerca de las falsas acusaciones proferidas en su contra.

• Viernes 21 de noviembre, hacia las 9:00 horas en el municipio de Turbo, en desarrollo el cierre de la Peregrinación "Atratiando: Por un buen trato en el Atrato" convocada por las organizaciones afrodescendientes e indígenas del Atrato y la iglesia católica, un hombre quien se identificó como integrante de las Fuerzas Militares, entrego a Nelson Zapata uno de los pobladores del municipio un paquete con fotocopias traducidas del artículo: "In Colombia, Are They Safe Havens or FARC Havens?" by Mary Anastasia O'Grady, publicado el pasado 14 de Noviembre en el Wall Street Journal.

  De acuerdo con la versión, el militar le solicitó al poblador distribuir el artículo pues el debía tomar un vuelo en Apartadó.

Lineas de interpretacion

Durante la administración del Presidente Andres Pastrana y la del Presidente Alvaro Uribe nunca fuimos convocados para analizar nuestra situación de riesgo o de seguridad, aunque siempre participamos en sesiones de las comisiones de interlocución con el Estado construidas en relación con procesos comunitarios que acompañamos, entre otros, las comunidades del Cacarica, del Jiguamiandó y Trujillo.

En los espacios de interlocución nunca hubo alusión a los problemas de seguridad o de protección de nuestra Comisión a pesar que se conocía de la vulneración del derecho a la asistencia humanitaria y de derechos humanos, no solo de nuestra Comisión Justicia y Paz sino también de organismos humanitarios internacionales y de instituciones estatales de control como la Defensoría del Pueblo.

Antes del otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH, luego de haber revisado todos nuestros archivos, constatamos que nunca hemos recibido comunicación escrita en la que explicita y concreten propuestas gubernamentales. Todos los espacios de interlocución multilateral -comisiones de verificación- , bilateral -Gobierno Justicia y Paz- se han referido única y exclusivamente, a los procesos comunitarios que acompañamos.

En una sola ocasión en una conversación con la Vice Presidencia sobre la Comunidad del Cacarica se insinuó verbalmente la disposición de algún medio de comunicación y el ofrecimiento de números telefónicos oficiales para alguna emergencia.

Hasta antes de las medidas cautelares nunca ninguno de los dos gobiernos abordó el problema de nuestra Comisión Justicia y paz, nunca ofreció esquema de protección alguno dentro del programa de defensores de derechos humanos.

No es verdad que hayamos dicho no a lo que nunca fue planteado nunca hemos podido plantear nuestras opiniones respecto a las medidas de protección y de seguridad al gobierno o estado colombiano.

No es verdad que nunca hayamos sido localizados. Nuestra sede conocida públicamente por organizaciones nacionales e internacionales, miembros de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General de la Nación, nunca se ha recibido información sobre la solicitud de reuniones con nuestra Comisión.

Se ha desinformado a la solidaridad internacional y a quiénes desde instancias de iglesia o desde la comunidad de derechos humanos han exigido o han manifestado su preocupación al Estado colombiano por la necesidad de crear garantías para el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos, en este caso, de nuestra Comisión Justicia y Paz.

Creemos que las medidas preventivas de tipo duro, articuladas a los sistemas de seguridad estatal no brindan las garantías necesarias.

Creemos que por nuestra filosofía e identidad de creyentes que esquemas que impliquen el uso de la fuerza no van a generar condiciones para el ejercicio de nuestra defensa de los derechos humanos.

Creemos que estos esquemas además si están vinculados entes estatales que han estado comprometidos por acción por omisión, por tolerancia y por complicidad en la creación de estructuras encubiertas, no generan ningún tipo de confianza.

Creemos que las garantías legítimas de la posibilidad de ejercicio de defensa de los derechos humanos es intrínseco a las medidas de protección de las comunidades acompañadas y sus esquemas de fortalecimiento preventivo de tipo civil estatal.

Creemos que hasta tanto, los hechos denunciados sobre los que se ha dejado nuestra Constancia y nuestra expresión de censura moral en los despachos de las altas autoridades del Estado y del Gobierno, no sean investigados con la celeridad, la eficacia requerida, la independencia judicial, no se acopien pruebas más allá de los testimonios de las víctimas, y no se sancione con prontitud, no existen plenas garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos. Mientras exista la impunidad para violadores de derechos humanos, y persistan las estructuras criminales, aun disfrazadas de civilidad, no habrá garantías para el ejercicio pleno de la defensa de los derechos humanos.

Creemos que hasta tanto las estructuras del poder militar en Colombia no acaten un estricto respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, y desde el poder civil no adopten las medidas recomendadas por la comunidad internacional de derechos humanos, expresada en muchísimas recomendaciones, no es posible abrigar la esperanza de la vigencia de los derechos humanos, mucho más, cuando existe la tendencia, en sectores de los cuerpos de investigación judicial a romper los límites y las fronteras con el aparato de la fuerza, cuando el aparato de justicia se hace mecanismo del aparato militar.

Creemos que hasta tanto, las corporaciones privadas no modifiquen su mirada que privilegia el principio de la ganancia y de la rentabilidad, el uso de su poder para seducir, para mentir , para imponer las lógicas de mercado por encima de las personas y de su dignidad, para intentar usar del derecho a su favor, usar del dinero para comprar funcionarios y falazmente pretendan imponer "el progreso" no es posible que existan garantías para las organizaciones y comunidades afrodescendientes de afirmar sus derechos.

Bogotá, Diciembre 5 de 2003
Comision Intereclesial De Justicia Y Paz

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