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"No queremos desplazarnos. Nos estamos agrupando".

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Informe Ejecutivo No 11
Consejo Comunitario Jiguamiandó y Familias de Curbaradó
Situación Comunidad de Nueva Esperanza y Directiva Consejo Comunitario

Sigue sin haber respuesta gubernamental en materia humanitaria y de protección a las comunidades.

1. El caserío, ahora llamado de "Nueva Esperanza", ubicada en la margen derecha del río Jiguamiandó, ha servido de refugio de más de dos centenares de afrodescendientes y de mestizos desde el 2001, a raíz de la incursión de tipo paramilitar en el lugar original de este poblado a la margen izquierda del río Jiguamiandó.

A raíz de la incursión armada en Puerto Lleras del domingo 5 de enero, con excepción de 25 personas de 5 familias, la totalidad de los pobladores de este lugar huyeron hacia la zonas selváticas y altas en la que un significativo número de personas se ocultaron.

2. El miércoles 7 de enero, quiénes se encontraban ocultos en la selva, entre las 7:00 horas y las 8:00 horas escucharon tiros de fusil, en sitios distantes a tres horas de su lugar de refugio. De acuerdo con los testimonios se valora que no se trató de ningún contacto armado pues los sonidos indican que iban dirigidos en la misma dirección y no hubo respuesta

3. Hasta el pasado viernes 10 de enero como mecanismo de protección preventiva ante el actuar de tipo paramilitar, la mayoría de los pobladores se mantuvieron refugiados en la selva.

4. Desde el pasado sábado 11 de enero, 25 delegados, de 28 de los consejos comunitarios, manifestaron a la Comisión Humanitaria, que se desplazó a la zona desde el pasado jueves 9 de enero, y en la que no participa ninguna entidad gubernamental, la decisión de agruparse provisionalmente en tres sitios "Nueva Esperanza", Pueblo Nuevo", "Caño Seco", y otro grupo de familias se mantiene en Puerto Lleras, donde esperan una respuesta institucional y humanitaria de emergencia que evite su desplazamiento, que posibilite la afirmación de sus derechos integralmente concebidos como población civil y los contemplados en la ley 70.

5. Hasta el momento no ha existido ninguna respuesta gubernamental ni en materia humanitaria ni de protección a las comunidades, ni en el marco de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde noviembre pasado. Persisten las acciones de control de unidades paramilitares en Mutatá, Pavarandó, Las Brisas, muy cerca de los controles regulares de la fuerza pública Brigada XVII Batallón Voltígeros y Fluvial 20 en el río Atrato en Turbo, Riosucio, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién, Bellavista que impiden el libre tránsito de los afrodescendientes y mestizos del Jiguamiandó. Debido a la incursión armada se percibe una parálisis en las actividades de las siembras de los productos de pan coger, lo que permite prever que la situación alimentaria se hará más grave en el corto y mediano plazo. Se conoció que la implementación del Proyecto Agroindustrial de Palma Aceitera continúa su curso sin que se haya siquiera consultado a los Consejos Comunitarios y con la gravedad que su promoción se continúa desarrollando a través de las acciones de tipo paramilitar. Los efectos psicológicos sobre la población se han agudizado, cuyas manifestaciones más evidentes han sido la imposibilidad de dormir, de sembrar, el temor permanente y las expresiones de tristeza.

Bogotá, 11 de enero de 2003
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, CIJyP

Este documento ha sido publicado el 14ene03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights