27jun03

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El relator de la CIDH finaliza visita de trabajo a la Republica de Colombia.

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En el día de la fecha, el Profesor Robert K.Goldman -miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para los asuntos de la República de Colombia- finalizó una visita de trabajo de diez días a ese país. La CID1-11 es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington DC, con el mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región. La Comisión Interamericana es un ente colegiado, compuesto por siete expertos elegidos en su calidad individual por los Estados miembros de la OEA, y su jurisdicción se deriva de la Carta de dicha Organización y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados de los cuales Colombia es parte desde hace ya varias décadas.

El Comisionado Goldman, quien contó con -el apoyo técnico y logístico de tres funcionarias de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, mantuvo reuniones con autoridades nacionales y locales, visitó los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, y recibió diversos testimonios de personas, representantes comunitarios y Miembros de organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo principal de informarse a fondo sobre la situación en la Comuna Trece de la ciudad de Medellín, y verificar el cumplimiento con las medidas cautelares otorgadas a favor del pueblo indígena Embera Katío y a favor de comunidades afrocolombianas reasentadas en el Cacarica. Las medidas cautelares son un mecanismo principalmente orientado a la protección de la vida y la integridad física de personas o grupos de personas, invocado por la CIDH a solicitud de los afectados, toda vez que ésta considera que la urgencia generada por una situación de peligro inminente, así como la gravedad e irreparabilidad de sus posibles consecuencias, justifican solicitar al Estado la adopción de medidas especiales de protección y la investigación judicial de los hechos de violencia que demuestran la pertinencia de la medida. Durante la visita, la delegación de la CIDH contó con garantías para efectuar su labor de observación con total libertad y en condiciones de seguridad, así como con la mayor disposición por parte de los ministros, funcionarios y miembros de la fuerza pública entrevistados.

Durante su estadía, la delegación de la CIDH tuvo la oportunidad de visitar varios barrios de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, así como también de recibir testimonios de miembros de la comunidad sobre asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y otros actos de violencia e intimidación alegadamente perpetrados por grupos paramilitares a pesar de la presencia de la fuerza pública. En forma consistente se indicó a la CIDH que muchos de estos hechos no han sido denunciados ante las autoridades judiciales debido al temor de la población a ser víctima de represalias. La CIDH completó su observación mediante una serie de entrevistas con autoridades de la Alcaldía de Medellín, funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría a nivel local, así como con el comandante de la IV Brigada del Ejército y el comandante de la Policía.

El Relator de la CIDH para Colombia reconoció los esfuerzos de la fuerza pública, en particular de la Policía Nacional, por reestablecer la autoridad del Estado y el orden en una Comuna cuyos habitantes se han visto, por años, gravemente afectados por actividades delictivas de grupos tales como las FARC y el ELN, entre otros. Sin embargo, expresó preocupación por la posible consolidación de la presencia de grupos paramilitares que continuarían involucrados en la comisión de graves crímenes en la Comuna Trece. El Profesor Goldman instó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para desmontar las estructuras paramilitares que operan en la zona, establecer al Estado como sola autoridad y acabar con el clima de inseguridad y temor que interfiere e impide la investigación por parte de las autoridades judiciales de asesinatos selectivos, y desapariciones perpetrados desde que la fuerza pública estableció su presencia en la zona. Asimismo se plantearon inquietudes relacionadas con el desarrollo de los procesos judiciales en contra de los detenidos, en una serie de operativos practicados por la fuerza pública, con la intervención del CTI y la Fiscalía.

La delegación de la CIDH se desplazó asimismo a Tierralta, en el departamento de Córdoba, con el fin de visitar al pueblo indígena Embera Katío. Las autoridades tradicionales, líderes y miembros de las diferentes comunidades Embera Katío viven en un clima de amenazas y señalamientos por parte de las FARC y otros grupos armados al margen de la ley que pretenden controlar su territorio ancestral. Estas comunidades se encuentran protegidas por medidas cautelares desde el 4 de junio de 2001, tras la desaparición del líder indígena Kimy Pernía Domicó. La delegación de la CIDH recibió información sobre el cumplimiento con las medidas de protección y de esclarecimiento judicial de los actos de violencia e intimidación perpetrados contra esta comunidad. La información recibida indica que, a pesar de la vigencia de las medidas cautelares, los Embera Katío continúan en situación de peligro inminente según demuestra el asesinato del gobernador de la comunidad de Porremía, Augusto Lana Domicó, el 18 de abril de 2003 y las amenazas de muerte proferidas contra varios gobernadores y líderes que se han visto forzados a desplazarse de sus comunidades.

Durante la visita de trabajo a Tierralta, la delegación de la CIDH celebró encuentros con autoridades tradicionales y líderes del pueblo Embera Katío e Isabel Madaríaga, abogada de la Relatoría de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, se adentró en uno de sus resguardos. Como parte de su observación, la delegación se entrevistó tanto con autoridades civiles como de la fuerza pública en Tierralta y Montería, con el fin de profundizar el diálogo sobre las dificultades encontradas en la implementación de las medidas cautelares. Como resultado de su observación, la CIDH instó tanto a autoridades locales como nacionales a concertar con las comunidades indígenas y hacer efectivo en forma inmediata un esquema de protección que contemple la especial relación que los pueblos indígenas tienen con su territorio. En ese sentido, la CIDH valoró la Circular 2064 del 4 de marzo de 2003, emitida por el Ministerio de Defensa con el objeto fortalecer la política de promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por la fuerza pública e hizo votos para que se implementara en forma eficaz.

La delegación de la CIDH se desplazó también hacia los márgenes del río Cacarica en el norte del Chocó, con el fin de visitar la comunidad de vida y de trabajo "Nueva Vida", cuyos miembros se encuentran protegidos por medidas cautelares desde diciembre de 1997. Esta comunidad afrodescediente se encuentra reasentada en territorio titulado colectivamente, tras varios años de desplazamiento producto inicial de un bombardeo perpetrado en 1996 en la localidad de Riosucio. Durante su estadía la delegación recibió información y testimonios sobre asesinatos, torturas, actos de violencia e intimidación perpetrados contra miembros de la comunidad por parte de grupos paramilitares que operan, en la zona, a pesar de la presencia de la Brigada XVII del Ejército. Asimismo, representantes de las comunidades en Dabeiba y Naya -también protegidos por medidas cautelares- Jugiamiandó y Curbaradó -cobijadas por medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- se hicieron presentes con motivo de la visita de la CIDH con el fin de proveer información sobre su situación.

El Relator de la CIDH notó con preocupación las consistentes denuncias sobre agresiones por parte de grupos paramilitares, alegadamente perpetradas con la aquiescencia y colaboración de la fuerza pública que opera en la región. Asimismo, recibió información sobre el fenómeno de la deforestación del territorio colectivo y sobre los actos de hostigamiento destinados a forzar a algunas de estas comunidades a plegarse a la siembra de palma africana como clásico preludio a la introducción de cultivos de uso ilícito. Asimismo resaltó la vital importancia de la labor de acompañamiento que las Brigadas Internacionales de Paz han llevado a cabo a favor de las comunidades afrodescendientes del Chocó y el positivo efecto que ha tenido en su protección.

En sus encuentros en la ciudad de Bogotá con el Vicepresidente de la Nación, Francisco Santos, la Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, el Ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, el Viceministro de Defensa, Andrés Peñate Giraldo, y el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, el Relator de la CIDH para Colombia planteó sus inquietudes y preocupaciones con relación a estos temas, así como a la implementación del mecanismo de medidas cautelares en general, el cual se aplica actualmente a varias docenas de situaciones de grave riesgo que involucran a comunidades indígenas y afrodescendientes, defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicalistas y periodistas, entre otros. El Relator de la CIDH enfatizó la importancia de que las partes interesadas colaboren en la eficaz implementación de estas medidas en un clima de concertación y diálogo. Asimismo ofreció sus buenos oficios en la tarea de superar cierto clima de tensión entre órganos del Estado involucrados en la lucha contra la impunidad y representantes de víctimas afectadas por la violencia y de esa forma abrir espacios para lograr objetivos comunes.

Cabe resaltar que muchas de estas medidas cautelares han debido ser otorgadas con el objeto de prevenir actos de violencia por parte de grupos paramilitares, muchas veces, en zonas del país que cuentan con la presencia de la fuerza pública. La delegación de la CIDH expresó su preocupación por las continuas denuncias sobre aquiescencia o cooperación de miembros de la fuerza pública con las autodefensas en la comisión de actos de intimidación y violencia contra personas o grupos de personas cobijadas por estas medidas y la falta de investigación judicial efectiva que ha impedido esclarecimiento y reparación de muchos de estos actos.

La delegación de la CIDH aprovechó este contacto para plantear otros temas y preocupaciones tales como la necesidad de apoyar la labor de los defensores de derechos humanos conforme a las resoluciones adoptadas tanto en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos como de las Naciones Unidas. También reiteró la importancia de compatibilizar cualquier medida destinada a regular la lucha contra grupos armados al margen de la ley con los parámetros establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación plasmada por la CIDH en su reciente "Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos". En este sentido, aseguró a las autoridades que seguirá de cerca tanto la aprobación como la implementación y aplicación de este tipo de normas.

La delegación de la CIDH mantuvo asimismo un cordial encuentro con el Presidente de la Corte Constitucional, doctor Eduardo Montealegre Lynett, con el objeto de comentar los últimos avances jurisprudenciales impulsados por ese cuerpo y expresar su apoyo a la importante labor desplegada por sus jueces. Asimismo, mantuvo reuniones tanto con el Defensor del Pueblo como con el Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objeto de debatir temas de interés común. Entre las varias reuniones de trabajo mantenidas durante la visita, se destaca el encuentro destinado a consolidar la labor realizada con el fin de llegar a una solución amistosa en el caso de la Unión Patriótica, el cual fuera declarado admisible por la CIDH en 1997 y ha sido objeto de intensas negociaciones desde 1998, bajo los buenos oficios de la CIDH. Tanto la delegación de la CIDH como la representante de la Relatoría Especial para los Pueblos Indígenas, mantuvieron también una serie de reuniones con líderes y organizaciones indígenas de vastas regiones del país donde se recibió información sobre asesinatos, masacres, desplazamientos así como sobre la precaria situación alimentaria, de salud y educación que afecta el derecho de los pueblos indígenas a la supervivencia cultural.

Hacia el final de la visita, el Relator de la CIDH resaltó los desafíos que enfrenta el Gobierno del Presidente álvaro Uribe Vélez en sus esfuerzos por lograr la paz y la desmovilización de miembros de los grupos armados al margen de la ley. En este sentido, enfatizó el deber del Estado de abstenerse de adoptar medidas que dejen impunes crímenes de lesa humanidad u otras graves violaciones al derecho internacional humanitario.

Por último, el Relator expresó su agradecimiento por la colaboración recibida durante el desarrollo de la visita, así como por la disposición al diálogo constructivo sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y las medidas propuestas por el Gobierno para mejorarla.

[Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Bogotá, 27 de junio de 2003]

Este documento ha sido publicado el 13jul03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights