04jun03

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¿Cúal es la seguridad democrática de la que habla el presidente Uribe Vélez?

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Con preocupación los pueblos indígenas del Chocó sentimos, después de haber recogido numerosos testimonios en las comunidades, como poco a poco nos hemos convertido en el blanco predilecto de todos los actores de la guerra que consume al Departamento del Chocó, por el hecho de habernos negado a ser participes directos de esta y mantener una posición digna de autonomía y resistencia en nuestros codiciados territorios.

En medio de la disputa que se da por el control militar del territorio, los indígenas somos víctimas de toda clase de atropellos y presiones por parte de todos los actores armados y somos señalados por unos y otros como informantes, simpatizantes o miembros activos de sus respectivos adversarios

No podemos negar que cuando se posiciono el actual presidente con la consigna de avanzar en la construcción de un estado comunitario y de ganar seguridad democrática nos imaginábamos que por fin veríamos a un presidente de los colombianos ordenando investigaciones por los atropellos cometidos, tanto por funcionarios como por miembros de la fuerza publica contra nuestras comunidades. Ordenando la captura de los paramilitares que nos violentan. Priorizando los verdaderos problemas que padecemos y respetando nuestra cultura, autonomía y autoridades. Diez meses después de su posesión encontramos que:

La fuerza pública, tanto la Policía nacional como el Batallón Manosalva Flórez, al intensificar las operaciones para contrarrestar la acción de la insurgencia ha venido estableciendo un bloqueo económico, de alimentos y medicamentos, que esta afectando a todas nuestras comunidades. En particular las de la carretera, Bojayá Alto Andágueda, río Capá y Alto San Juan.

La fuerza pública nos impide la libre movilización por nuestros caminos y quebradas. Ha prohibido que los vehículos que prestan el servicio publico nos recojan en la carretera, llegando incluso a impedir la movilización de nuestros enfermos.

El Ejército ha prohibido la ida a nuestras parcelas generando con ello hambre, sobre todo en la población infantil y por ello se ha incrementaron los niveles de desnutrición y consecuentemente un sinnúmero de enfermedades. Muchas familias indígenas están enfermas con paludismo, conjuntivitis, infección respiratoria aguda y por ellos han fallecido varios compañeros como por ejemplo en Chanu, Bojayá donde murieron 32 indígenas o en Capa donde fallecieron seis indígenas por paludismo cerebral.

El ejército nos quita la energía, como ha ocurrido en el Alto san Juan y además amenaza con tumbar el puente de acceso a las comunidades de Peñas del Olvido, en el municipio de Tadó.

En las comunidades indígenas que quedan ubicadas sobre la carretera que de Quibdó conduce a Medellín el ejercito ha incendio varias casas y daño las puertas de otras. El 15 de abril, tropas del Batallón Manosalva Flórez en la comunidad de Mumbú - Lloró, dañaron y se llevaron algunas piezas del teléfono público.

El Ejército utiliza a los guerrilleros desertores como informantes. Esas mismas personas que como guerrilleros nos obligaban a punta de fusil a asistir a reuniones y a prestarles servicios, ahora nos acusan y señalan como colaboradores de la guerrilla.

En colusión con el Ejército y policía Nacional los paramilitares que se encuentran en el casco urbano de Bagadó envían notas amenazantes a los cabildos locales, pidiendo su presencia.

La fuerza pública ha asesinado a varios de nuestros compañeros como es el caso del estudiante indígena de solo 15 años, José Amancio Niasa Arce, quien fue bajado del bus de la flota Occidental en el que se transportaba hacia Guarato por una patrulla perteneciente al Batallón Manosalva Florez el 30 de Enero del presente año. El compañero había salido de la comunidad indígena de Palmira a Guarato a reclamar un dinero de la comunidad, a los pocos días su cuerpo fue presentado en Tadó, vistiendo prendas militares y con señales de tortura.

El 23 de Febrero una patrulla del batallón Manosalva Florez detuvo y asesino a los indígenas Fernando Antivia Y Evelio Sanapi Sintua alguaciles de la comunidad de la Meseta que habían salido a cazar. Posteriormente fueron presentados como muertos en combate con la guerrilla, vistiéndolos con camuflado.

El 15 de Abril una patrulla del Batallón Manosalva Flores asesinó al compañero Arsecio Dumaza Tunay, de 14 años e hirió a Manuel Dumaza Amagara, cuando se dirigían con los miembros del Cabildo Mayor, por el camino de Mindo a Mombú, a un encuentro de Gobernadores. Al reclamar por la muerte, el ejército manifestó que había resultado muerto y herido en combate con la guerrilla. Fuera de ello robaron $535.000 del bolso que dejo abandonado el cabildo Mayor cuando salió corriendo ante los disparos que le estaban haciendo. El ejército presento el bolso del Cabildo Mayor como un morral de la guerrilla y le introdujo una hamaca y un revolver.

Son muchos los atropellos ha que han sometido a nuestras comunidades a continuación reseñamos solo algunos de ellos:

El 26 de Enero el señor Milton Antivia de la comunidad indígena de Peñas del Olvido, fue agredido por una Patrulla del Batallón San Mateo de Pereira, fracturándole la columna. No fue atendido en el hospital de Quibdó y se dice que falleció hace unos días, no se ha podido verificar pues el ejército no deja entrar a las comunidades.

El 31 de Enero del presente año una patrulla del batallón Manosalva Flórez detuvo al profesor Rafael Duave y Marino Valencia de la comunidad de Tarena. Los golpearon y maltrataron psicológicamente y se les prohibió seguir utilizando el camino de la comunidad.

En Marzo el ejército en la comunidad de Jampapa, municipio de Quibdó, hizo perder madera que se traía a vender, lo mismo que unas canoas y amenazaron a la comunidad. Cuando se habla con el Batallón Manosalva Flórez dicen que ellos si fueron y lo hicieron para que la comunidad delatara a la guerrilla.

El 28 de Marzo del presente año miembros del ejército, intentaron violar una mujer en la comunidad de Murando.

El 4 de abril al segundo Gobernador de la comunidad de Murando, Álvaro Chajito, le colocaron una granada en el morral que llevaba, cuando regresaba de vender plátano en la cabecera municipal de lloro. Le pegaron en los testículos, acusándolo de guerrillero.

El 9 de Abril una patrulla del Batallón Manosalva Flores detuvo en la comunidad de Guarato, Tadó, al indígena Daniel Valencia Duave, lo maltrataron y le quitaron 10 pares de botas, 100 panes y $5000 pesos por dejarlo en libertad.

El 10 de Abril al Gobernador de la Comunidad de la Meseta, Tadó, Alfredo Sanapi fue maltratado por el ejército y acusado de ser guerrillero.

El 20 de Abril en Bagado, a los gobernadores de Kipara, Gegora y Jiguadó, la policía requiso y posteriormente los amenazo y trato de guerrilleros. Les manifestó que si iban solos a Bagado no respondían que iban a matar maestros, promotores de salud y Gobernadores Indígenas. Que todos los indígenas debían mostrar la mercancía que llevaban a la comunidad pues ellos no eran como los anteriores policías, que ellos eran de las AUC.

El 27 de abril, el Ejército detuvo a dos indígenas de la comunidad de Churina - Bagadó, actualmente desplazada en Mojarrita - Bagadó, los cuales según testimonio de su comunidad fueron torturados. A uno de ellos le robaron $50.000 pesos. Al día siguiente fueron dejados en libertad en la comunidad de Piedra Honda.

El 22 de mayo fue retenido, en Bagadó, por la policía el indígena Alirio Tequia, acusándolo de guerrillero. En el comando de policía se nos informo que iba ser remitido a la Fiscalía, pero al momento de escribir este comunicado aún no ha sido puesto a disposición a su disposición configurándose una detención arbitraria.

El 28 de abril, se dio el primer desplazamiento masivo de una comunidad indígena en esta zona. 179 personas agrupadas en 32 familias pertenecientes a la Comunidad Indígena de Mumbú en la zona de Capá-Lloro se desplazaron hacia Villa Claret-Lloró por la continua presión, bloqueo y las amenazas de miembros del Ejército.

Ante esos hechos le exigimos al gobierno de Uribe Vélez:

• Que cese inmediatamente el bloqueo económico ha que a sometido a las comunidades indígenas y se levanten las restricciones impuestas a la libre circulación y del transporte.
• Qué los miembros de la Fuerza Pública y los funcionarios del Estado se abstengan de hacer señalamientos a lo indígenas de ser colaboradores de la guerrilla sólo por el hecho de vivir en territorios donde los grupos insurgentes hacen presencia.
• Qué responda a su obligación de garantizar los servicios básicos de salud y educación a nuestras comunidades y se preste atención a las familias indígenas desplazadas.
• Qué se abra cuanto antes investigaciones sobre las actuaciones de la Fuerza Pública por los robos, incendios, heridas, torturas, y asesinatos cometidos contra la población indígena y se sancione a los responsables.
• Qué se garantice que estas acciones no se sigan repitiendo.
• Qué se garantice la permanencia de las comunidades indígenas dentro de sus territorios.
• Qué no siga conviviendo con los paramilitares.

Quibdó, 4 de junio de 2003
Consejo de Autoridades de la Organización Regional Embera Wounaan - Orewa

Este documento ha sido publicado el 12jun03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights