DIAGNOSTICO Y SITUACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL CHOCO-COLOMBIA.
1.DESCRIPCION GEOPOLITICA
La Cuenca del Pacífico colombiano tiene un área de 49.930 kilómetros cuadrados, con 1300 kilómetros de costas y está conformado por 23 municipios pertenecientes a los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó.
Su población está compuesta fundamentalmente por los grupos étnicos negro e indígena. Ambos condenados históricamente a la marginación, negación, exclusión y muerte. El Pacífico Colombiano lo constituye, paradójicamente, un pueblo pobre en un territorio rico, que podemos sintetizar de la siguiente manera:
Miseria del pueblo.
* En promedio, el 79.7% de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas, según cifras del DANE.
* La esperanza de vida en la región es de 55 años mientras el promedio nacional es de 64 años.
* El 56% de las familias tiene un ingreso inferior al salario mínimo; de éstas, un 70% tiene ingresos inferiores a los $10.000 mensuales.
* Sólo el 29% de las viviendas cuentan con servicios públicos completos. El 15% cuenta con alcantarillado y el 23% con agua potable.
Riqueza del territorio.
La Costa Pacífica hace actualmente el siguiente aporte a la producción nacional:
* El 69% de la pesca marítima. El potencial de pesca marítima está situado entre 120.000 y 160.000 toneladas anuales. Actualmente sólo se producen 13.641 toneladas.
* El 70% de la materia prima para la industria pulpera.
* El 42.23% de la madera aserrada. El volumen de bosque es de 198 millones de metros cúbicos de los cuales el 17% es reserva forestal.
* El 82.17% del platino (850.000 dólares).
* El 18% de oro (49 millones de dólares)
* El 13.84% de la plata (437 millones de pesos).
* Se encuentran yacimientos de minerales de importancia estratégica destinados a la siderurgia, la electrometalurgia, la industria aeroespacial y la producción de energía nuclear: bauxita, manganeso, cobalto radioactivo, estaño, cromo, níquel y petróleo.1
El Chocó en particular reviste gran importancia estratégica dada su especial ubicación como punto de encuentro de los dos océanos, y centro donde han fijado su atención las políticas mundiales para el desarrollo del mar del siglo XXI.
El Departamento del Chocó tiene una superficie de 44.935 kilómetros cuadrados y casi medio millón de habitantes. Limita al norte con la república de Panamá y el mar Caribe; por el este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; por el sur con el Valle del Cauca y por el Oeste con el océano Pacífico.
El departamento del Chocó es uno de los más lluviosos de Colombia -de ahí sus numerosos ríos- que unido a las altas temperaturas mayores de 30 centígrados, de las tierras bajas, mantienen una alta humedad y exuberante vegetación. Por este motivo el Chocó ofrece una de las mayores riquezas en recursos naturales del país.
El Chocó es territorio compartido tradicionalmente entre negros, indígenas y mestizos.
REALIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Hacen presencia tres grupos indígenas: Embera, Wounaan y Tule. Los Embera a su vez están conformados por varias subfamilias: Embera de río, Katíos y Chamí.
En conjunto según el censo de 1994 sumas 31.403 personas distribuidas en 5631 familias y 219 comunidades que representan el 8.61% de la población total del departamento del Chocó.
En la actualidad en el departamento del Chocó se han constituido 83 resguardos indígenas y 13 más se encuentran listos para ser aprobados por la Junta Directiva del INCORA. Estos resguardos representan aproximadamente el 70% de la territorialidad tradicional o que forman parte de su hábitat; es decir, que falta un 30% de su territorialidad por ser titulada en forma de resguardo. El 23.3% del área total del departamento corresponde a la territorialidad de los pueblos indígenas.
En las 219 comunidades indígenas, existen solamente 170 escuelas, la mayoría de ellas en mal estado y fuera de ello, sólo existen unos 130 maestros con deficiente capacitación. Sólo 59 maestros están en proceso de profesionalización para obtener su título de normalistas.
Casi el 80% de las comunidades tiene promotores voluntarios de salud, pero la mayoría de ellos con mala preparación. Son muy pocos los promotores que hayan sido nombrados por el Servicio Seccional de Salud. En la mayoría de las comunidades no han funcionado o han entrado en franco deterioro las llamadas boticas comunitarias.
Actualmente los resguardos indígenas diseñan algunos programas de inversión gracias a los recursos que por concepto de Transferencia Presupuestal les cede el gobierno.
REALIDAD DEL PUEBLO NEGRO
Reviste vital importancia para la consideración de cualquier historia nacional la lucha que los pueblos negros han sostenido desde su llegada al continente americano a fin de poder sobrevivir. El Chocó fue lugar de trabajo esclavizante en las zonas mineras, pero también lugar para la libertad con la huida y construcción de palenques.
La lucha adquiere especial importancia y resonancia cuando por la presión de las organizaciones negras (por el Chocó participaron Asociación Campesina Integral del Atrato-ACIA, Organización de Barrios Populares-OBAPO, Asociación Campesina del San Juan-ACADESAN, Organización Campesina del Bajo Atrato-OCABA, Asociación Campesina del Baudó-ACABA, Organización Popular Campesina del Andágueda-OPOCA) aparece en la Nueva Constitución Política de Colombia (Constitución de 1991) el Artículo Transitorio 55, que desarrollado posteriormente a través de la Ley 70 de 1993, posibilita y abre espacios a la titulación colectiva de sus territorios. Esfuerzos y triunfos históricos que cabalgan sobre el pueblo negro y sus organizaciones.
REALIDAD DEL PUEBLO MESTIZO
Aunque juntos en su condición de mestizos, en su realidad representan dos culturas diferentes y habitan dos zonas también distintas. En primer lugar se encuentra el pueblo mestizo de ascendencia paisa, que puebla el municipio del Carmen de Atrato; campesinos que llegados hace varias décadas, tumbaron monte, colonizaron y ahora participan de la producción del café y el fique.
En segundo lugar se encuentra el pueblo mestizo que habita la zona del bajo Atrato. Desplazados por los conflictos armados de Córdoba y Sucre han encontrado en los bosques del municipio de Ríosucio un lugar apto para establecer allí su nuevo hábitat. Muchos han encontrado en la explotación maderera su manera de vivir, otros tanto han aprovechado la bonanza de la marihuana y la coca para establecer sus cultivos y participar de la misma.
2. PLANES DEL PACIFICO Y DERECHOS HUMANOS
(Del medio ambiente al miedo ambiente)
La premisa fundamental con la cual encaramos el problema de la violación de los Derechos Humanos en el Chocó (y el Pacífico en general) será particular e incluso específica respecto al resto de la nación en cuanto en esta región más que en ninguna otra se tienen que abordar de manera articulada los derechos civiles y políticos con los derechos de los pueblos.
La historia del Pacífico esta cruzada por la marginación y el olvido. Lugar de nacimientos y luchas de los pueblos indígenas que se resistieron a la empresa colonizadora. Lugar de llegada y libertad para la población negra que esclavizada por las élites del Valle, Cauca y Antioquia, sólo veían en estas tierras la nostalgia de su pasado y el paraíso de su porvenir. El Pacífico, podríamos sintetizar, tiene en su tortuoso historial sólo las figuras de filibusteros, encomenderos, misioneros y politiqueros.
Desde siempre las políticas económicas han sido extractivistas; desde siempre las políticas sociales han sido nulas. Por el Chocó han desfilados las más variadas expresiones de empresas que con su presencia han arrasado muchos de los ricos recursos de la región, desde la extracción minera en el San Juan, el Alto Atrato y el Andágueda, la extracción maderera en el bajo Atrato y Truandó, la tala de bosque y potrerización del alto San Juan, Acandí y Unguía, hasta la extracción genética hoy presente en todo el departamento. Pero nunca han hecho presencia políticas de inversión social que mejoren las condiciones de vida de los nativos pobladores.
Por otro lado, lo que estas prácticas extractivas, permitidas y propiciadas por las políticas estatales de desarrollo, no consiguen destruir en términos socioambientales, entra a ser destruido por la construcción de obras de infraestructura, que buscan más una respuesta a las necesidades de adecuación de la región para el desarrollo del capital, que una respuesta a las necesidades de la población y al fortalecimiento de sus modelos culturales2
Efectivamente estas políticas extractivas toman otro carácter, hoy son obras de infraestructura. Pero qué pasa en la unión de estos dos modelos políticos-económicos? Cuál es la articulación real existente entre uno y otro? Dónde quedan los pueblos negros e indígenas del Chocó?
500 años de expoliación y marginación han sido más que suficientes para que tanto negros como indígenas buscarán mecanismos de resistencia que les permitiera sobrevivir en medio de dragas, motosierras y lanchas. Concientemente se han venido elaborando propuestas y estrategias que radican fundamentalmente en la necesaria unidad de unos y otros, negros e indígenas, para rechazar modelos impuestos como los que pretenden nuevamente el capital nacional e internacional, y para proponer modelos alternativos que tengan en cuenta y respeten su mundo simbólico cultural.
El interés económico pretende pasar por encima de la vida de los pueblos. Los US 7.673.000.000 destinados para un Canal que permitirá el paso de buques de 250 toneladas métricas, de portaaviones y de submarinos sin emerger, justifican en su perspectiva cualquier etnocidio.
Pero esta es una pequeña muestra de los proyectos estatales; ya desde 1990 las organizaciones vienen denunciando los funestos planes que se han diseñado para la región, algunos de los cuales ya se han construido:
- La construcción de un puente terrestre interoceánico que una los océanos Atlántico y Pacífico.
- La construcción de dos puertos marítimos, uno sobre la Bahía de Cupica y otro sobre el Golfo de Urabá.
- La conexión de la carretera Panamericana y una línea férrea que conecte ambos puertos, un oleoducto y una línea de residuos del carbón.
- Carretera Medellín-Urrao hasta el puerto de Bahía Cupica.
- Formación de industrias y agroindustrias.
- Trazo de la carretera panamericana ramal Nuquí-Bahía Solano.
- La base militar de Bahía Málaga.
- El puerto fluvial de Malaguita.
- La nautopista entre los esteros del litoral.
- La conexión vial de Malaguita en el río Malaguita con la carretera a Bahía Málaga.
- Hidroeléctricas de Boroboro y Calima.
- Ciudadela industrial de Málaga.3
Es aquí, en este momento, cuando el salto entre una política extractivista a una política de obras de infraestructura, se quiebra. Y lo quiebran los pobladores. La lucha cambia entonces de escenarios y de formas. La fuerza y la eliminación de los líderes de lasorganizaciones y el terror entre sus bases es el camino creado por el Estado para desarrollar, por encima de todo, sus planes.
En estos tiempos donde el gobierno viene hablando de paz, valdría la pena recordarle que el origen de la violencia que actualmente padecemos se debe a que sus leyes y su fuerza están beneficiando siempre a la clase dominante.
En otras palabras compañeros, una violencia institucional al servicio del desarrollo, una violencia acostumbrada a convertir nuestra selva en cementerios culturales.4
La guerra entonces que padece hoy el Chocó no es casual, diríamos en su lugar que es causal. Cuando se ven todos los intereses nacionales e internacionales que se ciernen y proyectan sobre el Chocó, se entiende como por esos mismos intereses se viene asesinando y desplazando a los pobladores; se entiende y comprende cómo cuando empiezan a concentrarse las miradas económicas sobre el Chocó se va incrementando el cordón paramilitar. En este contexto político se ubica el desarrollo de dicho proyecto como una política de Estado, que busca generar las condiciones para adecuar la zona a las exigencias del capital internacional y posibilitar la concreción de los megaproyectos propuestos para la región.
La astucia e inteligencia del gobierno estriba en la manera como encubren la realidad, la falsean y la distorsionan; a partir de la constitución del 91 se muestra como garante y defensor de los derechos humanos pero a la vez impulsa los grupos paramilitares y los legitima a través de las Cooperativas de Vigilancia Ciudadana CONVIVIR y se fortalecen a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar con poder absoluto aún en contra de la autonomía de las comunidades negras, indígenas y mestizas de la región.
El Estado sigue privilegiando los intereses de las multinacionales sobre los derechos de los pueblos negros e indígenas, a quienes se les hacen algunos reconocimientos de sus derechos que son engañosos porque con el desarrollo de la guerra se copan los territorios y se desplaza a las comunidades. Definitivamente podemos afirmar junto con los pueblos negros e indígenas que el desarrollo para el capital es la muerte para la humanidad.
Esta realidad se torna más compleja en la medida que se aceleran los procesos de integración de la región a los proyectos del Estado colombiano, donde la articulación por la vía de la guerra se constituye en alternativa y se multiplican en el Pacífico los actores
violentos que luchan por el control territorial y por el acceso a los recursos naturales.5
Nuevamente afirmamos que como en ninguna otra región, junto a los derechos civiles y políticos también, aquí en el Pacífico, se desconocen los derechos de los pueblos culturales, sociales y económicos.
3.SITUACION REGIONAL
Abordar la situación derechos humanos en el departamento del Chocó, nos remite a la relación de una serie de hechos que se han venido presentando en varios municipios; los cuales dan cuenta de las fases, intereses y estrategias del desarrollo de una política sistemática de violación a los derechos humanos y de los pueblos. Los hechos que el informe presenta no recogen en ningún momento la totalidad de los acontecimientos; la intencionalidad de los mismos es ofrecer una primera aproximación de conocimiento a la región para la denuncia nacional e internacional.
A. JURADO
En la comunidad de Coredó, el día 11 de mayo de 1996 a las 12 del día, fueron masacradas 8 personas:
1. Guido Ramón Orobio (25 años, nativo de Coredó y profesor de la comunidad de Guarín),
2. Oscar Rivera Vanegas (38 años, nativo de Coredó, agricultor),
3. Adolfo León García (27 años, nativo de Coredó, agricultor),
4. Víctor Bermúdez Díaz (33 años, nativo de Coredó, agricultor),
5. Herminio Bermúdez Díaz (45 años, nativo de Coredó, agricultor),
6. Omar Herrera Bermúdez (16 años, nativo de Guarín, estudiante y agricultor),
7. Cedilio Urrutia (50 años, nativo de Patajona, inspector de policía),
8. Sisney Renteria (35 años, nativo de Cali y residente en la zona hacía 3 años, trabajador de la pesquera de Patajona).
A este hecho sangriento sobrevivieron Eleuterio Valoy Díaz (17 años, nativo de Coredó, estudiante) e Ignacio Herrera (20 años, nativo de Guarín). Este último sobreviviente permanece en la comunidad y está amenazado.
La comunidad de Coredó venía siendo maltratada por la Armada Naval (según la narración de sus habitantes), quienes en reiteradas ocasiones entraban y tendían a la gente en el piso, amenazándoles con matarlos si no hablaban. Tres días antes de la masacre, estos indagaron a la sobre la presencia de grupos insurgentes, ante la negativa de sus habitantes les advirtieron que se atuviesen a las consecuencias.
Las personas que entraron a Coredó a realizar la masacre eran ocho (8), vestían prendas de uso militar. De estos ocho, dos estaban encapuchados. El grupo estaba conformado por negros y mestizos. Los encapuchados eran trigueños. Estas personas, según parece, estaban esperando dentro del monte que la comunidad de Coredó volviese de Juradó y Guarín. Al llegar el grupo de personas de Coredó aparecieron los asesinos y se entraron a la casa de una de las señoras de la comunidad (Alejandrina). Allí se llevaron un par de tenis y un maletín y procedieron a reunir a los diez (10) personas de la comunidad. A ellos los tendieron en el piso boca abajo. A la gente no le extrañó el hecho, pues era una práctica comúnmente empleada por miembros de la Armada Naval. Con la gente ya en el piso empezaron a dispararles las ráfagas, de las cuales sólo sobrevivieron dos personas.
La gente de la comunidad dice que el grupo vino, mató y se fue, sin decir nada. Luego de realizar la masacre, el grupo salió hacia la playa en donde les esperaba una lancha (blanca y azul) que los transportó, desconociendo su destino.
En los sitios de paso obligatorio de la lancha en la que se desplazaba el grupo que cometió la masacre, se encontraban ubicadas dos embarcaciones de la Armada Naval que aseguran no haber visto movilizarse a esta lancha.
Frente al hecho no hizo presencia ninguna autoridad civil ni judicial. No se realizó el levantamiento de los cadáveres. Cada uno de los dolientes tuvo que desplazar el cuerpo de su familiar hasta la cabecera municipal. En Juradó fueron enterrados siete (7) de los ocho muertos. Mientras que, por deseo de la familia, se sepultó al otro en Coredó.
De los habitantes de las comunidades afectadas por este hecho de violencia: Coredó, Guarín y Patajona, se resalta la actitud de una mujer que ha enfrentado a las fuerzas militares ante sus reiteradas acciones de maltrato de la población. A esta mujer le asesinaron un hermano. A ella el Ejército le tomó fotos con el cadáver de su pariente y le pidió, con grabadora en mano, que acusara a la guerrilla de la masacre cometida. Esta mujer les insistió que las Fuerzas Militares del Estado estaban implicadas en el hecho. Por lo anterior se teme por su vida.
Este hecho de violencia originó el desplazamiento de cincuenta (50) familias de las comunidades de Coredó y Patajona por temor a que se cometan nuevas masacres. Estas personas buscaron refugio en Panamá, Bahía Solano y Juradó.
Frente a esta situación la gente ha quedado muy atemorizada y no desean volver a sus caseríos, enfrentándose por ello a todas las dificultades económicas, sociales, de seguridad, etc. Consecuencia del desplazamiento.
Posteriormente, con fecha del mes de febrero de 1997, aparece en el municipio de Juradó una hoja volante en que se amenaza a varios de los pobladores desplazados de los corregimientos de Coredó, Patajona y Guarín. De las doce (12) personas que cuyo nombre aparece en dicha lista, ya han sido asesinados tres (3).
B. CONDOTO
En la primera semana del mes de junio (4 de junio) de 1996, después de un enfrentamiento, tropas del ejército colombiano, acantonados en la zona amenazaron a la población civil en los sitios aledaños: Tadó, el Guamo, Tadocito; buscando información sobre grupos insurgentes o delaciones de posibles colaboradores, por medio del uso de la violencia física y sicológica.
En Tadocito quemaron dos (2) casas de madera a cuyos propietarios acusaron de colaboradores de la guerrilla. A uno de ellos le quemaron además diez (10) sacos de maíz y le destruyeron sus árboles frutales.
Otra acción se llevó a cabo, en la misma fecha, en el corregimiento de Santa Bárbara del municipio de Condoto y en el caserío de Papagayo, ambos en el río Iró, donde el Ejército allanó violentamente las viviendas de sus habitantes. En una de las casas voltearon cajones, camas, escaparates, etc., y se llevaron la escopeta de cacería.
También se amenazó la población con la versión de una supuesta lista de colaboradores de la guerrilla, acusados por ellos de haber brindado en algún momento alimento, agua o conversación, según sus fuentes de información.
En el caserío de Papagayo se obligó a la población a desplazarse hacia Santa Bárbara, advirtiéndoles que en el siguiente sobrevuelo de helicópteros se bombardearía la zona.
El día 1 de julio de 1996 se llevó a cabo un enfrentamiento, en hora de la tarde, en inmediaciones de los caseríos de Curubá y Calle del cedro; al término de éste, el Ejército acudió a Calle del cedro. Allí violentó las puertas del centro de salud y de la inspección de policía, por no encontrarse los funcionarios que pudiesen abrirlas. Luego detuvieron a tres campesinos que trabajaban en ese momento, preguntándoles insistentemente por los grupos insurgentes, al no tener ellos ninguna información, se los llevaron consigo monte adentro hacia el camino entre una comunidad y otra, luego según versiones de otras personas, se supo que estas personas fueron llevadas detenidas a Itsmina, sin saberse el cargo que se les imputaba. Los campesino fueron trasladados en ropa de trabajo. Dentro de los campesinos detenidos figura Juan Sotelo, hombre de 60 años; él, junto con los otros dos hombres estuvieron detenidos en Itsmina y durante las primeras cuarenta y ocho (48) horas fueron tenidos sin ninguna alimentación y amenazados permanentemente con matarlos; estuvieron detenidos durante un mes, obligados a presentarse después periódicamente al comando.
Ese mismo día (1 de julio de 1996), para trasladarse por el río Iró, el Ejército obligó a un ayudante de lancha a transportarlos en ausencia del motorista. Ante la negativa del joven, por falta de gasolina, lo golpearon dejándolo muy lastimado. El pánico y la incertidumbre acompañan la población. El desplazamiento es cada vez mayor.
C. CARMEN DE ATRATO
1. ANTECEDENTES:
A. Desde el 1 de Abril de 1996, por ordenes del Comando de Policía del Chocó, fue retirada la subestación de policía de la vereda la Mansa, es de anotar que dicha subestación se encontraba ubicada en la carretera que conduce de Medellín a Quibdó, por lo que cumplía una labor de control de quienes se desplazaban por dicha vía.
B. El día 7 de abril de 1996, ante el anuncio de paro armado de la guerrilla, fueron reunidos los comerciantes, los directores de escuelas y colegios, con el Comité Municipal de Derechos Humanos, para un consejo de seguridad. Allí se les manifestó a los asistentes que deben laborar normalmente, pues de lo contrario, sería estar de acuerdo con los movimientos que lideran el paro.
C. El día 19 de Abril circula un comunicado del grupo Dignidad por Antioquia (grupo paramilitar) donde se amenaza a la población en el sentido de que quien no labore normalmente será objeto de represalias.
D. Desde mediados del mes de abril y durante el mes de mayo, circulan en el municipio versiones donde se afirma de la existencia de personas extrañas en el pueblo, que indagan sobre algunas personas concretas, en algunas oportunidades se da cuenta de la presencia de personas vestidas de civil que transitan armadas.
E. A mediados del mes de marzo de 1996, se presentan forasteros en un establecimiento público de la vereda de Hábita, allí manifestaron que próximamente habría una masacre en Hábita y el Barrio la Paz.
F. Principios del mes de Junio, se incrementa la presencia militar en el Municipio.
2. HECHOS:
a) 12 Junio de 1996 fue detenido el Señor Guillermo León Barrera Henao, con un grupo de estudiantes y exalumnos del Colegio Liceo Nacionalizado Marco Fidel Suárez, de la localidad, por parte de miembros del ejército, al parecer adscritos al Batallón Granaderos. Durante su detención el Señor Barrera Henao fue separado del resto del grupo e introducido en un establo, donde fue acusado de ser colaborador de la guerrilla, de transportarlos en su vehículo y que dicho automotor era del grupo insurgente, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de tener asuntos pendientes con la fiscalía de Medellín. A los jóvenes se les señaló como guerrilleros y luego de tomar los nombres de todos, fueron objeto de reconocimiento por otra unidad del ejército. Posterior a ello quien comandaba la unidad se comunicó por radioteléfono y los dejaron en libertad.
b) 13 de Junio de 1996, siendo las 10:30 de la mañana, se presentaron en el corregimiento de El Siete,( a cinco minutos del casco urbano) hombres armados, alrededor de siete, quienes se autodenominaron AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CORDOBA Y URABA (ACCU) según los letreros que dejaron en las paredes de las viviendas; con lista en mano, ingresaron en varias viviendas, obligaron a los pobladores a concentrarse en un sector denominado LA VIRGEN; leyeron la lista, que según ellos, eran colaboradores de la guerrilla, llamaron entre las gentes a los señores FRANCISCO JAVIER TABORDA TABORDA, GUILLERMO LEON BARRERA HENAO, los hicieron sentar en las gradas de la imagen de la Virgen y allí les dispararon. Minutos más tarde, buscaron al Señor ALVARO VASQUEZ, a quien le quemaron un carro con el cual trabajaba, y luego lo asesinaron.
c) 25 de Junio se desplazan al Municipio, miembros de la procuraduría y fiscalía, para investigar los hechos ocurridos el pasado 13 de Junio, gestión hecha por el Comité de Derechos Humanos de la población.
d) 27 de Junio, volvieron a incursionar miembros del grupo paramilitar MOVIMIENTO DE AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE URABA Y CORDOBA, quienes colocaron una granada en una de las casas del corregimiento de El Siete, dejaron un comunicado en donde amenazan a 26 personas habitantes del Municipio, entre ellos algunos miembros del Comité de Derechos Humanos de la población
Las personas amenazadas, fueron trasladadas en helicópteros a Medellín, la ciudad más cercana y cada una ha ido sacando sus cosas, desplazándose con sus familias a diferentes lugares.
e) Los siguientes hechos sólo cobijan la carretera que de Quibdó comunica con Medellín, concretamente entre los corregimiento de El Siete y El 18
El día 14 de diciembre de 1996 fue asesinado el señor Gustavo Taborda, por dos personas que vistiendo prendas militares, lo sacaron de su casa.
El día 23 de enero de 1997 entre las 9 y las 10 de la noche, fue asesinada la señora Libia Vera, en el restaurante del Km 20 por un grupo de paramilitares que vienen desde el año pasado haciendo presencia en la zona.
El día 3 de febrero de 1997 sale del Km 18 el señor Marcos Jiménez con su esposa e hijo por temor a represalias contra sus vidas. Ese mismo día llegaron al sector hombres que vestían prendas militares, guantes negros y capuchas, preguntando por las siguientes personas: la señora Marleny y su hijo Eleazar; al no encontrarlos hicieron salir a los empleados del restaurante La Selva y luego de intimidarlos con armas y hacerlos acostar en el piso, éste fue incendiado destruyendo todas sus instalaciones. Se llevaron consigo a un anciano (NN) a quien asesinaron en el puente del Río Playa, arrojando su cadáver a las aguas, sin que se haya podido encontrar su cuerpo.
Muchas de las familias se desplazaron a Quibdó por temor a represalias de los grupos paramilitares que operan en la zona; otras se desplazaron a las veredas Porvenir y Arboleda del municipio del El Carmen.
El día cinco (5) de febrero las últimas familias que aún habitaban el km 15 se desplazaron hacia el municipio de El Carmen, dejando casas y tierra abandonadas.
Las comunidades indígenas son las únicas que aún permanecen en la zona, pero ya han sido señaladas y amenazadas con la quema de sus viviendas; especialmente ha sido objeto de estas amenazas la comunidad de Sabaleta, ubicada en el Km 10. Es de anotar que durante el mes de febrero de 1997 se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y los grupos insurgentes dentro de los resguardos indígenas.
Del 3 al 7 de febrero de 1997 el Ejército Nacional ha venido realizando censos entre los pobladores con la supuesta intención de detectar el número de desplazados. Coincidencialmente durante estos mismos días dos hombres forasteros estuvieron tomando fotografías en el Sanatorio de El Carmen (lugar donde se encuentran varias de las familias desplazadas).
De los desplazados de la carretera Quibdó-Medellín que se encuentran en Quibdó, se tiene información de 30 familias, con un total de 114 personas.
D. RIOSUCIO
1. INTRODUCCION
El municipio de Ríosucio es donde se viene agudizando la violación a los derechos humanos, ya que ofrece las condiciones estratégicas para el inicio del proyecto de mayor envergadura en el Pacífico, cual es el canal interoceánico. Junto a ello el incremento de la fuerza pública y la presencia de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), que como actores del conflicto han agudizado el cerco de incomunicación y aislamiento que sobre la región desde tiempo atrás se viene desarrollando
2. ACCIONAR DE LAS AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CORDOBA Y URABA -ACCU-
El día primero (1) de abril de 1996, en la ciudad de Turbo, cuando se dirigía a una oficina bancaria, fue abordado por varios sujetos y posteriormente desaparecido el líder indígena Rito Sobricama, miembro del Cabildo Mayor del Bajo Atrato y quien en ese momento trabajaba en un convenio entre la OREWA -Organización Regional Indígena Embera Waunaan del Chocó- y CODECHOCO.
La masacre de campesinos el seis (6) de octubre de 1996, en la vereda de Brisas de la Madre en los límites de Antioquia y Chocó por parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, intimidaron a los campesinos de las veredas de Ríosucio adentro y las veredas del margen derecho e izquierdo del Río Curbaradó, y les dijeron que muy pronto estarían en el casco urbano de Ríosucio. Estas autodefensas y los militares tienen su sede en Bajirá, allí decomisan cascos y motores fuera de borda que no tengan documentos de compra y limitan el transporte de alimentos a las veredas.
Por el camino carreteable hacia Bajirá las ACCU asesinó al señor Antonio Echevarría, cortándole la cabeza y lo dejaron cerca a la carretera que conduce del Díez a Bajirá. El señor Echavarría era líder campesino, de los primeros que llegaron a esta región hace más de 25 años, fundador de la vereda el Díez, padre de nueve (9) hijos. Igualmente en noviembre en Brisas, los paramilitares asesinaron al señor Eliécer Muñoz, identificado con cc. 6.705.742 de Mutatá, y dueño de un restaurante.
En el mes de diciembre, terminado el año escolar, algunas familias de campesinos y del casco urbano se han ido desplazando hacia los centros de Turbo, Quibdó, Cartagena, Montería, Medellín, Vigía del Fuerte, etc., aprovechando las embarcaciones grandes con motor de centro y los motores fuera de borda que transitan por el río Atrato.
3. TOMA PARAMILITAR
El día 20 de diciembre de 1996 algunas personas de la población se despertaron al oír el ruido de los motores y vieron cuatro pangas que veloces se desplazaban por el río Atrato hasta la parte alta del pueblo. Los paramilitares que llegaron en las pangas organizaron la toma de la población.
Unos se repartieron hacia la parte baja del pueblo cerca de la casa cural y de las Hnas. de la Presentación, otros, guiados por Cesar Arce (paramilitar reconocido en la zona, nativo de Ríosucio), allanaron algunas casas por él señaladas; con lista en mano entraban en ellas violentando las puertas, con palabras y empujones a las personas. A las personas que encontraron las sacaron y amarraron. Buscaban armas y se llevaron dinero.
Los paramilitares que estaban cerca del comando, fingieron un enfrentamiento con la Policía, disparando ambos bandos al aire. Empezaron a las 6;30 am. En algunos momentos se paraba el supuesto combate y luego avisados con tres o cuatro tiros volvían a las descargas, atemorizando y teniendo encerrada en sus casas a toda la población civil. Hacia las 10;30 am. se escuchó el ruido de un helicóptero que dejó los primeros militares que venían a auxiliar a la población; esta operación se repitió.
Los paramilitares amarraron y embarcaron a las siguientes personas: José Lisneo Asprilla Murillo, 45 años con cc. 15.366.068 de Apartadó, casado, con once (11) hijos; Benjamín Arboleda Chaverra, alcalde encargado, casado, con cinco (5) hijos; Edinson Rivas Cuesta, de 24 años con cc. 12.006.257 de Ríosucio, casado, con dos hijas; Robinson Martínez Moya, de 15 años; Francisco Martínez Mena, 21 años, con cc. 12.000498 de Ríosucio.
Con estas personas, las pangas de los paramilitares atravesaron el Río Atrato, entraron a la boca del río Truandó, por la ciénaga salieron a la desembocadura del río Salaquí al Atrato para dirigirse rumbo a Turbo. Cuando salieron al Atrato, casi en frente del puesto de la policía, estos fingieron atacarla con una descarga.
Ese mismo día desaparecieron cuatro personas (NN), dos del barrio Escolar y dos del río Truandó.
El supuesto combate finalizó a las 1:00 de la tarde aproximadamente.
Cuando el Ejército entró en la población fue recogiendo algunos jóvenes que los reunió muy cerca al Comando, frente a la casa de las Hermanas de la Presentación, intimidaron a los jóvenes diciéndoles que «cuidado hacían alguna gracia, que ellos sabían usar muy bien esas armas». Les obligaron a avisar de casa en casa que salieran todos a las puertas, porque si permanecía alguna cerrada disparaban contra ella. El Personero junto con uno de los sacerdotes de la Parroquia, visitaron todos los barrios de la población para escuchar las quejas de muchas personas que fueron maltratadas por los paramilitares y constataron el nombre y número de personas que se llevaron con ellos.
El 22 de diciembre regresó de Turbo Francisco Armando Martínez Mena, el único superviviente de los que se habían llevado. Sus compañeros fueron llevados a Santamaría la Nueva del Darién, donde los mataron y enterraron. Dos enterrados en el cementerio de Santa María y los otros cerca a la ciénaga de Unguía.
Los días siguientes continuó el señalamiento por parte del paramilitar Cesar Arce y organizaron reuniones con diferentes grupos de la localidad. Pintaron muchas casas con sus consignas de «muerte violenta a los sapos de la guerrilla» y «Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá».
La presencia del Ejército sólo duró dos días en el casco urbano. El control de la población quedó en manos de los paramilitares y policías. Policías y paramilitares empezaron a exigir los documentos de identificación personal y documentos de compra de motores fuera de borda, los cuales eran quitados si no tenían estos documentos. Sólo permiten sacar para el campo $50.000 pesos en provisiones, decomisando los mercados grandes que lleven los campesinos e indígenas.
El 22 de diciembre de 1996, el grupo de paramilitares que estaba por el camino carreteable hacia el aeropuerto, bajó del caballo al campesino Edilberto Sánchez Negrete, de 29 años, muerto y enterrado por ellos mismos; asesinaron también ese mismo día a Willian Cuesta Valencia, de 22 años.
El 27 de diciembre de 1996, al joven Luis Alberto Murray Cabrera, le robaron el bote, el motor 40 y el mercado que llevaba para una tienda en La Nueva, en el río Truandó, lo amarraron en un árbol al otro lado en la desembocadura del río Ríosucio y lo mataron al día siguiente 28 de diciembre.
El día 30 de diciembre degollaron a Francisco Ibargüen. Los paramilitares organizaron jornadas de trabajo para quitar los puentes y limpiar las calles, porque ya había secado la inundación del Río Atrato que duró dos años. Trajeron de Urabá motos para circular por las angostas calles del pueblo.
El 1 de enero de 1997 mataron a Raúl Panesso, de 24 años. El 2 de enero, sacaron de sus casas a Pastor Córdoba y a Juan Córdoba y los mataron al otro lado del río, en Villa Rufina. El 3 de enero mataron a Cipriano Cornelio Mosquera.
El 5 de enero, a las 11:00 de la noche, llegaron algunos paramilitares a la casa de Emiro Mosquera, de 29 años, lo llamaron y esperaron que se colocara la ropa y los zapatos y lo llevaron a orillas del río Atrato, donde lo asesinaron. El 9 de enero a las 6:00 de la mañana los paramilitares asesinan al señor Luis Eduardo Giraldo.
De los 11 cadáveres (NN) que algunas personas han visto bajar por el río, sólo fueron enterrados tres.
El día 9 de enero de 1997, de Necoclí llegó una panga con treinta (30) paramilitares.
Este mismo día (9 de enero) en la cabecera municipal se presentó un enfrentamiento entre la guerrilla con los paramilitares y policía.
Cabe señalar que en la zona del Bajo Atrato (Ríosucio, Unguía y Acandí) se vienen presentando enfrentamientos armados entre grupos insurgentes que hacen presencia en la región con grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas; en estas acciones bélicas los grupos insurgentes han cometido atropellos contra la población civil.
En la mañana del 10 de enero, a las 7:30 am, unos policías llegaron al muelle donde estaba la Barcaza Darién, insultando a los trabajadores de la misma, le lanzaron una bomba que hizo una fuerte explosión. Uno de los policías mató a un trabajador NN, apodado «Colombia», oriundo de Cartagena, a pesar que levantó las manos, rogando que no lo asesinaran, ya que la Barcaza no trajo a los guerrilleros, sino que ellos la aprovecharon como punto estratégico.
El mismo 10 de enero el Ejército sobrevoló la zona del Salaquí y bombardeó la ciénaga del Guineo.
La presencia del Ejército, luego de que las FARC tomaran como prisioneros de guerra a los 10 infantes de marina, se ha intensificado en toda la zona del bajo Atrato. De manera especial hicieron presencia el día 6 de enero en el resguardo indígena de Peñasblancas, donde botaron los documentos del gobernador indígena, se llevaron los machetes de la comunidad, se comieron la gallinas y destruyeron todos los frutales de la comunidad.
4. DESPLAZADOS
Posterior a la masacre de Bajirá cometida por paramilitares todas las personas fueron obligadas a abandonar sus parcelas y concentrarse en el casco urbano del municipio de Ríosucio. 38 familias, con un total de 181 personas, 73 adultos y 108 niños.
De Villa Hermosa, salieron desplazadas el 8 de enero dos familias. Son once personas, 4 adultos y 7 niños.
Caño Seco, 5 familias. Son 28 personas, 8 adultos, 20 niños.
Las Delicias, 1 familia. Son 6 personas, 2 adultos y 4 niños.
Playa Bonita, 6 familias. Son 28 personas, 13 adultos, 15 niños.
Salaquisito, 1 familia. Son 19 personas, 3 adultos, 16 niños.
Muchos campesinos de todas las veredas que quedan en la margen del río Curbaradó y en el camino carreteable de Ríosucio adentro, abandonan sus parcelas y se desplazan de la región. De la vereda Despensa Baja, seis familias desplazadas. De Honorio, dos familias. De Brisas, diez familias. Del Guamo, cuatro familias. De Despensa Media, cuatro familias. De el Diez, diez familias. De los Manguitos, cuatro familias. De Campo Alegre, cinco familias.
A la ciudad de Quibdó hasta el 15 de enero de 1997 se han desplazado de manera aproximada 81 familias. Son 566 personas.
De los desplazados al municipio de Turbo se cuenta con los siguientes datos:
Las Pajas 35 Familias Salaquí 25 Familias Bijao Cacarica 70 Familias Bogotá 29 Familias Quebrada del Medio 85 Familias Balsita 84 Familias Quebrada bonita 16 Familias Montañitas 80 Familias San Ignacio 35 Familias Limón Peranchito 160 Familias La virginia 21 Familias Quebrada bonita-Sta Lucia 6 Familias Puerto Nuevo 19 Familias Bocas del Atrato 14 FamiliasHasta el viernes 21 de marzo, según datos de el periódico El Colombiano III-23-97 pg 7B, habían llegado 1350 personas al Coliseo de Turbo.
En el puesto de policía de Ríosucio se anotan en un libro el nombre e identificación de todas las personas que salen y entran de la cabecera municipal.
Y la muerte los persigue.
De los desplazados hacia Cartagena no se tiene estadística exacta. Pero conviene anotar cómo los señores Ernesto Escobar Escobar, presidente del Sindicato Simbradera de Ríosucio, Juan Antonio Valderrama Moreno, de 31 años, padre de tres hijos, vicepresidente del Sindicato Simbradera de Ríosucio, Heraclio N.N. y otro N.N., quienes habían salido de Ríosucio en la barcaza Darién a las 10 de la mañana del día 25 de diciembre de 1996, fueron asesinados en Cartagena el día miércoles 12 de febrero, en horas de la tarde luego de salir de su nuevo trabajo.
Igual suerte han corrido muchos de los desplazados hacia Quibdó. Entre los asesinatos que se tiene información, figuran el del comerciante de maderas conocido como «Cuchi», efectuado en octubre de 1996; Luis Demetrio Mosquera, secretario de la Alcaldía, miembro de la UP, también asesinado en el mes de octubre de 1996; el señor Luis Eduardo Córdoba, apodado «Avispa», asesinado en el mes de noviembre de 1996; también en este mismo mes, el señor Erney Rojas; el dirigente campesino Joaquin (N), miembro de la OCABA y asesinado en el mes de enero de 1997.
E. QUIBDO
Dada la imposibilidad de obtener información correcta, presentar un cuadro detallado de la situación de Quibdó es difícil. Sin embargo queremos ofrecer algunos detalles que nos permitan intencionalmente descubrir cual es el presente y futuro de la ciudad en materia de derechos humanos.
Podemos contextualizar el proceso de violación a los derechos humanos en dos momentos.
Un primer momento o fase surge «coincidencialmente» con la presencia misma de la Fuerza de Tarea del Ejército Colombiano en el Chocó. A partir de marzo de 1996 aparecen por vez primera en la ciudad las acciones de limpieza social. No cabe duda que el sustrato ideológico de estas acciones no es otro que el de un modelo fascista de sociedad que se va instaurando en todo el territorio nacional. Lo que en verdad ha buscado introducir esta abominable práctica es un «acostumbramiento», insensibilización y finalmente aceptación de este tipo de muerte por parte de la población. El camino recorrido pasa de una «limpieza social» a una «limpieza política» ( y aquí incluso «limpieza étnica»). De esta manera se excluye, condena y asesina por parte del Estado a la población que él mismo ha marginado.
El segundo momento o fase surge con el asesinato de los desplazados de las zonas de conflicto: Bajo Atrato, Baudó y Carretera, especialmente. Ya los pobladores hablan de la fuerte presencia paramilitar en la ciudad.
No es entonces de extrañar que la mancha de muerte se vaya extendiendo cada vez más y profundizando a su paso el conflicto de la región.
En torno a los desplazados que se encuentran en la ciudad de
Quibdó, se conocen los siguientes datos parciales:
Ríosucio 566 personas Apartadó 123 personas Turbo 41 personas Chigorodó 25 personas Carepa 5 personas Baudó 64 personas Carmen de Atrato 38 personas Carretera Med-Quibdó 33 personas Pizarro 10 personas Currulao 18 personas Napipí 245 personas TOTAL 1160 PERSONAS
4.RECOMENDACIONES
Para las organizaciones sociales y de derechos humanos que suscriben el presente informe del Chocó, denunciamos a la opinión pública nacional e internacional estos hechos. Nos preocupa además que existiendo una fuerte presencia de organismos del Estado (fuerzas especiales de contraguerrilla del Ejército, DAS, Sijin, Policía, etc) se desarrolle con tanta rapidez y libertad el proyecto paramilitar en la región.
Por estas situaciones solicitamos:
1. Que se exija al Gobierno Nacional se investiguen y esclarezcan los anteriores hechos y se sancione a sus responsables.
2 Se exija el desmonte por parte del Estado colombiano de los grupos paramilitares en la región y de las Cooperativas de Vigilancia Ciudadana -CONVIVIR-.
3. Que el Gobierno cumpla con sus obligaciones sociales con la población, de modo especial con los que se encuentran desplazados.
4. Que se garantice el retorno de las comunidades que han sido despojadas de sus tierras, para poder llevar a cabo la titulación de su territorio conforme a su lucha organizativa.
5. Exigir a los actores del conflicto presentes en el departamento del Chocó respeto a la población civil y la autonomía de las comunidades.
Firman:
DIOCESIS DE QUIBDO UNION DE MAESTROS DEL CHOCO - UMACH PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, Secc. Chocó CUT, Secc. Chocó ORGANIZACION REGIONAL EMBERA WAUNAN DEL CHOCO - OREWA MISIONEROS CLARETIANOS (Provincia de Colombia Occidental) COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS SEMILLAS DE LIBERTAD - CODEHSEL CORPORACION JURIDICA LIBERTAD FUNDACION PASILLA COMITE DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS, Secc. Antioquia ASOCIACION DE FAMILIARES DETENIDOS DESAPARECIDOS -ASFADES, Secc. Medellín. CORPORACION PROCURADORES COMUNITARIOS COMITE DE DERECHOS HUMANOS DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO FEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES DE ANTIOQUIA - FUTRAN ASOCIACION NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA Sec. Medellín CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS - SEMBRAR COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE CEBs.BIBLIOGRAFIA
1. Tamayo, Jorge. "La invasión al Pacífico". Revista JAIBIA , No. 6; Quibdó, agosto, 1989, 20-29 pp.
2. ECOFONDO, CERPA. Prioridades Sociambientales del departamento del Chocó. Quibdó, octubre, 1995.
3. "A los pueblos del mundo". Revista JAIBIA, No. 7; Quibdó, marzo, 1990, 12-15 pp. 4. OREWA. "Tierra y recursos naturales en la cuenca del Pacífico". Revista POR LA VIDA, No. 9; Quibdó, julio-agosto, 1990, 29-36 pp.
5. Villa, Willian. "El territorio de las comunidades negras". En Comunidades Negras, territorio y desarrollo. Medellín: Esteros, 1996.
ANEXO: Comunicado Público de la Organizacion Regional Embera Wounaan del Chocó - OREWA-
SOS
Los pueblos indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule que habitan el Departamento del Chocó, hacemos un angustioso llamado a la comunidad nacional e internacional para que se pronuncien ante las autoridades colombianas, manifestándoles que cesen en su campaña violenta contra los pueblos indígenas y negros que habitan
el Departamento del Chocó, hechos que tienen en zozobra a las comunidades.
Denunciamos los siguientes hechos:
A. El asesinato del indígena VENTURA VISCUÑA en el resguardo indígena de Bochoromá.
B. El asesinato del indígena JHONIER TAFU, ocurrido el 19 de marzo de 1996, en el resguardo indígena de Purricha, municipio de Bajo Baudó.
C. La desparición del líder indígena RITO SOBRICAMA, en la cabecera municipal de Turbo, Antioquia, ocurrida el primero de abril de 1996, por paramilitares.
D. La desparición de dos indígenas de la comunidad de Motordó, ocurrida en diciembre de 1996, por los paramilitares que se han tomado la Carretera Quibdó-Medellí, que quieren obligar a las comunidades indígenas para que desalojen la región.
E. La detención y hostigamiento por grupos paramilitares al indígena HERNAN SALAZAR de la comunidad de Pescadito, municipio de Acandí.
F. La detención arbitraria que sufriera WALTER MECHA FORASTERO, en Quibdó y por la cual pagó cinco meses de cárcel.
G. La detención arbitraria por parte de agentes de la Policía de los indígenas ARMANDO ACHITO Y FELIX CHAJITO el 27 de mayo de 1996.
H. La detención arbitraria de DAVID ACHITO Y SEBASTIAN SABUGARA el 29 de marzo de 1996, por parte de una cooperativa de CONVIVIR, dirigida por el Alcalde de Pie de Pató, ANGEL RUBY RIVAS.
I.Ladetenciónarbitrar ia y desaparición del estudiante indígena JORGE TUNAY, de la comunidad El 21, por parte del Ejército, el día 13 de diciembre de 1996.
J. Intento de asesinato (recibió tres impactos de bala en la cabeza) al indígena CARLOS MARTINEZ, de la comunidad Makilacuntiwala (Arquía), febrero 10 de 1997, por parte de paramilitares en el municipio de Unguía.
K. La detenció arbitraria de los estudiantes de Etnobiología y líderes indígenas ARCENIO CAMAPURO, LUCIANO CASAMA, ISRAEL ISMARE, y de los profesionales SILVIA COBALEDA, MARIA CIRO y LUIS QUINTO LEMUS, colaboradores de la OREWA, por parte de la Policía Nacional, en el corregimiento de Yuto, el día 5 de marzo de 1997.
En estos momentos, en especial, nos preocupa la suerte de las comunidades indígenas que están ubicadas en el eje carreteable de Quibdó - Medellín y las que están ubicadas en los municipios de Riosucio, Unguía y Acandí, ya que están siendo sometidas a fuertes presiones para que desalojen sus resguardos, algunas de las comunidades han sido bombardeadas por la fuerza aérea. A estas comunidades no se les permite salir de allá, ni entrar alimentos ni medicinas. Se encuentran como prisioneros de los grupos armados que están en confrontación.
Es de anotar que la violencia en esas regiones se disparó desde que el Presidente Samper anunciara la construcción de un Canal Interoceánico en la región, por ello decimos que los grupos armados no son los únicos gestores de violencia, sino que éstos cumplen las orientaciones que desde el alto gobierno se imparten, ya que quieren imponernos un modelo de vida que no va con nuestra cultura, desconociendo el derecho, que como pueblos tenemos a estos territorios y por lo tanto somos quienes debemos decidir sobre nuestro futuro.
Solicitamos que se le exija al gobierno que permita que una comisión internacional verifique lo que hemos denunciado, que sean escuchadas nuestras demandas y se tomen los correctivos necesarios. Igualmente solicitamos se ejerza una veeduría sobre las actividades de las autoridades departamentales y localen en territorios indígenas. Esta comisión debe estar compuesta por representantes de:
AMNISTIA INTERNACIONAL
CRUZ ROJA INTERNACIONALMarzo 14 de 1997.