Este documento ha sido publicado el 02jun03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
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31may03
Se abre el debate por el dilema entre juzgar o perdonar delitos atroces
Analistas se dividen entre el pragmatismo de perdonar con tal de desactivar la violencia paramilitar y velar por el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
Por ejemplo, Iván Cepeda clama justicia en el caso de su padre, el senador de la UP Manuel Cepeda Vargas, asesinado por paramilitares en asocio con militares y cuya autoría intelectual confesó Carlos Castaño en su libro.
Como víctima, le parece aberrante que esta confesión sin desparpajo no cause efecto en un proceso judicial que exculpó al jefe paramilitar del crimen.
Este investigador social le acabó de escribir una segunda carta al Alto Comisionado para la Paz, inquieto por el discreto proceso que se lleva a cabo con los 'paras' y las herramientas jurídicas que se están utilizando para hacerlo posible, manifestándole que la sociedad "requiere recibir explicaciones sobre los hechos de impunidad que se están consumando ante los ojos del mundo en medio del silencio generalizado".
Castaño, confeso autor de un número considerable de masacres cometidas en el país, dice que también ha sufrido de impunidad. ¿O dónde están los autores del crimen de su padre, Jesús Antonio Castaño González? El jefe paramilitar afirma que lleva esperando 22 años a que se haga justicia. "(...) Ahora, mucha gente quiere que no haya impunidad para mí", afirma en entrevista con EL TIEMPO.
Esta es la encrucijada colombiana y a la que se han enfrentado los procesos de reconciliación en el mundo. Han hecho carrera dos escuelas. Una es la pragmática, que dice que si el precio para superar el conflicto es la impunidad, pues hay que tomar decisiones en consecuencia.
Y otra es la de la ética moral que asegura que la impunidad no constituye bases sólidas para mantener la democracia, por lo que puede haber hacia futuro nuevos brotes de violencia.
Esa tensión entre perdonar o juzgar (paz o justicia) crece cuando, como en este caso, hay en ciernes un proceso cuyo objetivo es llevar a la desmovilización masiva de actores armados ilegales incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
"Es cierto que todo proceso tiene algo de impunidad", dice de manera franca un funcionario del Gobierno, de la línea 'blanda', retomando palabras del ministro Fernando Londoño, que en su momento causaron estupor, pues apenas se iniciaban los diálogos exploratorios con los paramilitares.
"El precio no puede ser la impunidad de los delitos de lesa humanidad", replica el defensor Eduardo Cifuentes, al referirse al proyecto de ley que les garantiza su libertad condicional.
Carlos Rodríguez, de la Comisión Colombiana de Juristas, advierte que el titular de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación son las víctimas y, por tanto, el Estado no puede jugar con ellas.
El fiscal Luis Camilo Osorio asegura que todo sea por el bien supremo de "la búsqueda de la paz". Pero el ex consejero de paz Carlos Vicente de Roux advierte que lamentablemente aquí no hay a la vista todavía un proceso sólido de negociación. "Por ahora, lo que estaríamos pagando es un precio demasiado alto por desvinculaciones graniaditas de autores de atrocidades", comenta.
Todas estas inquietudes manifiestan que Colombia debe debatir a fondo el tema, pues las experiencias internacionales han mostrado que las cosas mal hechas, en este campo, no son sostenibles en el tiempo.
Comisiones de la verdad
Hay una multiplicidad de experiencias acumuladas en el mundo sobre las llamadas comisiones de la verdad, en las que se han dado beneficios a los autores intelectuales y materiales de delitos atroces, pero sobre la base de ayudar a reconstruir la película de la violencia de un país en un período determinado. En América Latina se han conformado cinco.
Por ejemplo, en Sudáfrica estos autores tenían amnistía, pero solo si se confesaba todo ante un tribunal. Por tanto, los delitos no confesados, no eran objeto del perdón.
El Salvador tenía una Comisión de la verdad que incluía el castigo, aunque su informe era de carácter confidencial.
En Guatemala hubo una Comisión de la Verdad, sin castigo, es decir, sin judicialización.
Chile tenía una Comisión de la Verdad, sin nombres.
Argentina creó una específica para los casos de desaparición forzada, que incluyó el encausamiento judicial.
Hoy hay una actualmente funcionando en el Perú.
[Fuente: Diario El Tiempo, Bogotá, Col, 31may03]
Este documento ha sido publicado el 02jun03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights