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21ago07
Informe sobre la situación de derechos de la población desplazada en Norte de Santander
INFORME SOBRE LA SITUACION DE DERECHOS DE LA POBLACION DESPLAZADA EN NORTE DE SANTANDER
MESA DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE POBLACION DESPLAZADA DE NORTE DE SANTANDER
AGOSTO 21 DE 2007INTRODUCCION
El interés económico sobre la zona del Catatumbo, principal causa de la violencia paramilitar por el control del territorio, se tradujo en la realización de homicidios selectivos, desapariciones, desplazamientos masivos, secuestros, torturas y bloqueos económicos frente a los cuales la población más vulnerable y afectada hemos sido indígenas, colonos y campesinos.
Actualmente y de acuerdo con datos oficiales en el departamento de Norte de Santander se encuentran 67.513 |1| desplazados asentados en este departamento, acumulados desde 1995 hasta junio de 2007 discriminados en las siguientes ciudades con mayor presencia de población: Cúcuta y su Area metropolitana (41863 personas), Convencion (8001) Ocaña (5400), El Tarra (3411), Tibu (2097), El Zulia (1061), Sardinata (872), Teorama (753), Hacari (628) y El Carmen (568). Si tenemos en cuenta el subregistro, que se conforma por las personas que no declaran ya sea por razones de seguridad o desconocimiento, y las que declaran y no son registradas, esta suma puede llegar al doble.
De acuerdo con los datos acumulativos de CODHES desde el año 1998 hasta el 2005, en el departamento se encuentran aproximadamente 109.748 desplazados y los municipios mas representativos son: Área Metropolitana de Cúcuta (55.596), Convención (14.582), el Tarra (9784), Ocaña (7.950), Tibú (6578), San Calixto (3112), Sardinata (3104), Hacarí (1224), El Carmen (1473), El Zulia (2091), entre otros municipios que también tienen presencia de población desplazada.
Después de despejados los territorios del que nos despojaron, se evidencian intereses sobre nuestras tierras, la siembra de 6.500 hectáreas de Palma Africana |2|, el Laboratorio de Paz del Catatumbo |3|, los proyectos de exploración y explotación petrolera |4| y los proyectos carboníferos |5|, a los cuales se suman los intereses sobre los cultivos de uso ilícito y el trafico de armas. Pero además de esto, debimos observar como después a los mismos que nos causaron tanto daño y tragedia humana a nuestros hogares, han merecido mas atención y consideración por parte de las autoridades publicas y del gobierno nacional, ya que de 31521 desmovilizados, 26790 recibieron apoyos del gobierno, entre otros beneficios, de un subsidio mensual durante 18 meses de $351.000. en donde no hay cobertura total pero porque no se sabe el paradero de los otros posibles beneficiarios.
Es por eso que ahora después de mas de 8 años de desplazamiento, 10 años de expedición la ley 387 de 1997, mas de 19 sentencias de la Corte Constitucional que sentaron nueva jurisprudencia en materia de atención integral a la población desplazada, de la Declaración de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de atención integral a la población desplazada por esta misma Alta Corte y la formulación de un nuevo Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, es fundamental que las instituciones publicas y el gobierno departamental y municipal redireccionen sus politicas de atención integral a la población desplazada y muestre verdadera voluntad politica para enfrentar esta problemática social; nuestra conclusión es que hay interés desde algunos espacios institucionales por impulsar la real aplicación del Marco Jurídico Nacional e Internacional de Protección de la Población Desplazada, que ha llevado a que ahora las políticas publicas existan y se intenten ejecutar pero lamentablemente nada ha mejorado y todo se esta ejecutando mal, desde el 2006 a la fecha los lideres de la Población Desplazada continuamos demandando respuestas, soluciones y salidas, pero el Estado nos tiene participando en una rueda burocrática sin fin, con supuestas reuniones de Mesas Temáticas, de Comités municipales, de formulación de Planes Integrales Únicos y nada se ha podido materializar.
Teniendo en cuenta que el día 15 de agosto de 2007 se presento a la Gobernación de Norte de Santander y al Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada Informe Preliminar de la Situación de Derechos Humanos de la población desplazada en cada uno de los municipios del departamento, nuestro principal propósito en este documento es presentar algunas propuestas que consideramos pueden brindar una salida a la problemática del desplazamiento forzado en el departamento, que permita generar compromisos de todas y cada una de las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada en el orden nacional, departamental y municipal.
PROPUESTAS Y SOLICITUDES
1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA
Propuestas:
- Que las instituciones y entidades publicas que conforman el SNAIPD en el orden Nacional y Departamental consoliden la creación de una oficina de atención a la población desplazada y designen a un funcionario para que cumpla la función especial de participar en los Comités Municipales y Departamentales y de atender a la población de manera personal.
- Que los funcionarios encargados de atender a la población desplazada sean elegidos por carrera administrativa en su defecto por meritocracia, pero que cumplan un perfil especifico para asumir estas tareas, es decir que conozca los derechos de la población desplazada, que tenga experiencia en esta área, que sea sensible a la problemática y que conozca las funciones y obligaciones de la entidad que representa.
- Que se sancione disciplinariamente a los funcionarios públicos que no cumplan con las obligaciones de participación en la construcción de los PIU municipales y departamental.
- Que la Acción Social promueva la consolidación de las caracterizaciones que se han adelantado desde la misma Acción Social, la UTEC y los municipios. Si se evidencia que el proceso de caracterización no ha culminado, definir algunas propuestas para terminarla con el apoyo del departamento y los municipios.
Solicitudes:
- Que se definan rubros específicos de nivel departamental y municipal para cada uno de los componentes de atención integral a la población desplazada tal y como señala la sentencia T 025 de 2004.
- Es necesario reactivar las mesas temáticas del departamento, definir líneas estratégicas de trabajo, y la metodología para empezar a concretar una verdadera propuesta de PIU Departamental y se empiece la toma de decisiones para la inversión de los recursos de esta vigencia fiscal.
- Es necesario que exista voluntad política de los funcionarios y las instituciones en adelantar estas propuestas participando activamente en las reuniones, acercándose al marco jurídico de protección de la población desplazada, retroalimentando dentro de sus instituciones los temas adelantados en las reuniones de Comités, y principalmente que conozcan las obligaciones y funciones que tienen las instituciones que representan. Ya que de no observarse estas consideraciones la población desplazada suspenderá su participación en las mesas temáticas pues no estamos dispuestos a legitimar la mera formalidad de la realización de estas reuniones.
- Que se suspenda las aprobaciones de los PIU`s Municipales hasta que se realice una evaluación y análisis conjunta entre instituciones departamentales, organos de control regionales y la Mesa Departamental de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada para emitir un concepto de aval de los mismos que garanticen la formulación de políticas publicas constitucionales y legales en los planes integrales únicos de los municipios. Los PIU que ya han sido aprobados deben someterse al mismo procedimiento.
- Sobre las Quejas Disciplinarias: Solicitamos a la Procuraduría Regional que presente un informe sobre el numero de procesos disciplinarios iniciados de oficio o por solicitud de la población desplazada, con ocasión del incumplimiento a la Sentencia T-025 de 2004, donde se mencione las principales causas, los funcionarios implicados, la etapa en que se encuentran los procesos y los resultados de estas investigaciones y de manera especial los procesos disciplinarios que se han adelantado contra el funcionario Ismael Caicedo, las principales causas, en qué etapa se encuentran y resultados de las mismas.
- Solicitamos de manera especial y particular que el funcionario Ismael Caicedo no continúe posesionado del cargo de Coordinador Área de Desplazados en Acción Social y en su lugar se nombre a una persona sensible a la problemática del desplazamiento, respetuosa de los derechos humanos y de la población en general y con calidad humana.
2. PREVENCION Y PROTECCIÓN DE COMUNIDADES EN RIESGO DE DESPLAZAMIENTO
Propuestas:
- Que se brinde capacitación a las entidades territoriales sobre este desconocido componente de la atención integral a la población desplazada y se diseñen metodologías para formular PIU teniendo en cuenta este componente, que no consiste solo en la presencia militar en las regiones apartadas.
- Que se deleguen defensores comunitarios en todos los municipios del Catatumbo que garantice la promoción, divulgación y protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la región.
- Que los organismos de control promuevan la realización de acciones humanitarias de manera periódica a la región para controlar y vigilar las actuaciones de los miembros del ejército nacional y de los grupos armados ilegales.
- Que se promuevan espacios públicos de dialogo con las comunidades campesinas e indígenas para escuchar sus necesidades, problemáticas y solicitudes para que sean tenidas en cuenta para la elaboración de los PIU municipales y departamental y propiciar la participación efectiva y cualificada en los diversos escenarios de toma de decisiones y planeación del desarrollo territorial a las Juntas de Acción Comunal de las Veredas.
- Que se incorpore a la Mesa de Derechos Humanos, DIH y Fortalecimiento Comunitario la DIAN, la Cámara de Comercio de Cúcuta y Ocaña, Oficina de Registros de Instrumentos Publicos, Registraduria, IGAC y Notarias.
- Que se implementen correos electrónicos para la presentación de quejas y denuncias en las instituciones que brindan atención integral a la población desplazada.
- Que se adopten las medidas necesarias para prevenir el desplazamiento forzado por causa de las fumigaciones, del accionar del ejército nacional a través de bombardeos, ametrallamientos indiscriminados, ocupación ilegal de inmuebles, intimidación de la población civil, entre otras formas de operar, daños por el derrame de petróleo a causa de las voladuras de los tubos y las Minas Antipersona.
- Que se convoque a la Empresa ECOPETROL a la Mesa Temática de Derechos Humanos, DIH y fortalecimiento comunitario para que se implementen acciones de reacción inmediata para evitar daños ambientales y ecológicos y se cree un fondo de reparación inmediato para las comunidades afectadas por este flagelo.
- Que se protejan la vida, la integridad personal y demás derechos y de manera particular los derechos de posesión y dominio de los territorios de las comunidades campesinas e indígenas frente a los intereses de las empresas que desean adelantar proyectos de explotación de petróleo y carbón en la región.
- Que se realicen jornadas de divulgación o difusión para la definición de la situación militar de la población desplazada en un proceso publico y amplio con observadores internacionales e incluso con atención psicosocial.
Solicitudes:
- Que se reactive de manera urgente la Mesa Temática de DDHH, DIH y Fortalecimiento Comunitario pues es importante adoptar medidas sobre las graves situaciones de violación de derechos humanos en diferentes zonas del departamento, en donde se garantice la presencia de la defensoria del pueblo y la procuraduría regional.
- Que se suspendan las fumigaciones en la región del Catatumbo, ya que estas acciones estatales van en contravia de las obligaciones y deberes de prevención del desplazamiento e impiden la búsqueda de estabilización socioeconómica de las familias que han decidido retornar por las difíciles condiciones económicas en las ciudades.
- Que se intensifiquen los talleres sobre Promoción de los Derechos Humanos por parte de la Defensoria del Pueblo y la Cruz Roja Colombiana en los efectivos del ejército nacional que operan en la región del Catatumbo.
- Que la Fuerza Publica participe en los comités municipales y departamentales y presenten un informe periódico sobre comunidades en riesgo, las actuaciones de la fuerza pública adelantadas y los análisis de condiciones de seguridad y orden público.
- Que se inicien los procesos disciplinarios y penales por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el ejercito nacional, Trigésima Brigada y Brigada Móvil numero 15.
- Que se faciliten los procesos de legalización de juntas directivas, de constitución de asociaciones de población desplazada y se eliminen las deudas y sanciones de multas por parte de la DIAN a las Asociaciones de Población Desplazada.
- Que se constituya un rubro especifico en cada uno de los municipios para el fortalecimiento a organizaciones de población desplazada, con el fin de que las asociaciones no dependan del aporte de sus asociados sino que la labor de orientación y gestión social que realizan las asociaciones sea apoyada por las administraciones municipales en capacidad local y funcionamiento.
- Que se suspenda el reclutamiento de la población desplazada para la prestación del servicio militar obligatorio, hasta tanto no se analicen las problemáticas sociales a las que conlleva esa política militar, pues por las formas como se esta realizando se esta pareciendo a un reclutamiento forzado, teniendo en cuenta que estan siendo enviados a las mismas zonas de donde fueron desplazados y ni siquiera se tiene en cuenta su estado psicologico, emocional y mental para asumir esta actividad.
3. ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA
Propuestas:
- Que se defina un rubro específico mínimo para esta fase de la atención en cada uno de los municipios complementado con presupuesto del departamento, principalmente los municipios que se encuentran en Riesgo de Desplazamiento.
- Que se brinde apoyo alimentario a los hogares en situación de extrema urgencia, también a través de este rubro, especialmente aquellos hogares con características como el liderazgo femenino, culturas étnicas o afro descendientes, hombres y mujeres de la tercera edad a cargo del hogar, discapacitados y enfermos graves que merecen especial protección por parte de las entidades municipales, ya que la Acción Social demora la entrega de la Atención Humanitaria de Emergencia y en muchos casos no otorga la prorroga de la misma a pesar de las difíciles y especiales circunstancias que enfrentan algunos hogares.
- Que se adjudiquen albergues temporales y los predios de paso de explotación temporal en los municipios para que las familias permanezcan allí mientras son reubicadas o deciden retornar con garantías de restablecimiento socioeconómico. Los recursos para la adquisición del inmueble pueden ser complementados entre el INCODER o la entidad que asuma sus funciones, los municipios y el Departamento.
- Que se apoye la apertura de Unidades de Atención y Orientación en los principales municipios receptores del desplazamiento, ejemplo: Tarra, Convención, Tibú, entre otros.
- Que en los casos en los que la población desplazada cancele gastos médicos de la atención inicial de urgencias durante la etapa de valoración de la declaración, se promueva una política de reembolso de dichos gastos.
- Que se realice una evaluación a las políticas de Inscripción en el SIPOD y se adopten mecanismos que reduzcan el subregistro que se deriva de las mismas, previo a un informe elaborado por Acción Social y ACNUR en Norte de Santander sobre el numero de familias que han declarado en los últimos 8 años, a las que se les ha negado la inscripción, las que han presentado recurso de reposición, las que han tenido respuesta favorable y las principales causas o razones de negación del registro.
Solicitudes:
- Se solicita que sea entregada la atención humanitaria de emergencia a las familias que de la caracterización se derive que no han recibido completo los componentes de la AHE o que no hayan recibido ninguno.
- Que el Departamento aporte los recursos para el transporte de la atención humanitaria de emergencia entregada por Acción Social a los municipios.
- Que se presente un informe por parte de la Procuraduría Regional de las quejas presentadas por la población desplazada por la negación de la prestación del servicio de urgencias y en los casos que se requiera se sancione ejemplarmente a los responsables.
- Que el Instituto Departamental de Salud, exhorte a los gerentes de los hospitales y los centros de salud para que se atienda de manera efectiva, oportuna y gratuita a la población desplazada especialmente en los casos de la atención inicial de urgencias.
4. ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA:
Propuestas:
- Que se efectúe plenamente el proceso de caracterización ordenado por la Corte Constitucional para que con base en sus resultados se formulen políticas publicas de estabilización socioeconómica, teniendo claridad en el interés de retorno o reubicación de cada una de las familias y así realizar la gestión necesaria para impulsar y ejecutar cada una de las propuestas que busque la verdadera superación de esta problemática.
- Que se formule y promueva una política departamental de retorno masivo a las regiones, articulado con los municipios y la nación, un retorno en condiciones de seguridad y garantías de acompañamiento y asistencia técnica y administrativa, con otorgamiento de subsidios agrícolas para compra de maquinaria, capital semilla, proyectos productivos, condonación de deudas de servicios públicos, hipotecarias y fiscales, titulación de tierras, apoyo o asistencia alimentaria y todos aquellos componentes que deben contener las políticas de retorno.
- Que se les recuerde a los municipios que la población desplazada no debe ni necesita ser sisbenizada para acceder a los programas o políticas públicas municipales.
- Que se diseñen y apliquen estrategias que garanticen las rutas de acceso al sistema de salud a la población desplazada, que impliquen campañas de sensibilización de la problemática y formación de los derechos de la población desplazada especialmente el derecho a la salud, al personal de los centros de salud, ips y hospitales, que atienden a la población desplazada.
- Que se suscriban convenios interadministrativos entre las ARS, EPS, IPS, los Hospitales y el Instituto Departamental de Salud para que se atienda efectiva, oportuna y gratuitamente a la PD, es decir, que la población no se tenga que ver obligada a presentar acciones de tutela para que se ordenen exámenes, se entregue medicamento, se practiquen las cirugías o se realicen los tratamientos correspondientes para garantizar el derecho a la salud de la población desplazada, sino que sea una función mas de las ARS buscar la financiación de los gastos médicos que no cubra el pos-s.
- Que se promueva una política sancionatoria a las entidades de salud que no garanticen o promuevan la gratuidad en la prestación del servicio de salud a la población desplazada que implique entre otras cosas, el reembolso de los gastos en los que se vea inmersa la población desplazada.
- Que se implementen modelos educativos flexibles y pertinentes que impida la deserción de los estudiantes del sistema escolar.
- Que se promueva la Capacitación de docentes sobre derechos de la población desplazada y herramientas pedagógicas que garanticen el mantenimiento de los menores en el sistema escolar.
- Que el Departamento y los municipios garanticen la culminación de los grados décimo y once para la población desplazada.
- Que se definan políticas departamentales de subsidios educativos para la compra de uniformes y útiles escolares, diferentes a familias en acción, que es una política nacional, pero por su carácter de pago bimensual no facilita el proceso de compra de uniformes ni de útiles escolares al principio de los años.
- Que se definan políticas publicas que fomenten y promuevan becas universitarias para la población desplazada que aspire continuar con la educación superior, puesto que la población desplazada se ve obligada a enfrentar una realidad mas compleja en las ciudades donde se asienta y que le exige una mayor preparación académica y profesional para enfrentar los retos de su nuevo estilo urbano de vida.
- Ante la imposibilidad de garantizar la gratuidad y ampliación de la cobertura de los restaurantes escolares y los comunitarios es necesario que el Departamento complemente los recursos o apoyos para que estos programas de seguridad alimentaria se desarrollen con mayor éxito, por ejemplo, es necesario garantizar el transporte de los alimentos de los programas del ICBF.
- Desde hace muchos años se plantea que después de la capacitación del SENA la población no recibe el capital semilla para adelantar sus proyectos de generación de ingresos y es necesario que al respecto el Departamento y los municipios también adopte medidas que contribuyan a la complementariedad de la política o facilitador para la misma.
- Que se constituya la mesa de Generación de Ingresos Rurales y Urbanos, donde se convoque a empresas, sectores productivos, entre otras, para generar alianzas productivas que faciliten la vinculación laboral de la población desplazada y se convoque las Umatas, Incoder, Corsonoc, laboratorio de paz, fundaciones y ongs que tienen entre sus actividades y funciones el desarrollo de proyectos productivos.
- Que se formulen políticas publicas sobre programas de generación de ingresos no solo colectivos sino individuales, teniendo en cuenta que lo que se apoya en la actualidad de manera colectiva son proyectos que en la realidad solo pueden beneficiar a un solo núcleo familiar por la actividad económica que se apoya.
- Que se formulen políticas de contratación laboral o de prestación de servicios para la población desplazada en instituciones públicas de servicio social y comunitario. - Que se adelanten las gestiones necesarias para la titulación de los bienes inmuebles abandonados por la población desplazada.
- Tierras
- Que en materia del derecho a la vivienda el Departamento y los municipios otorguen a las familias que reciban subsidio nacional de vivienda, los subsidios complementarios de vivienda para que las familias accedan a la compra de una vivienda nueva o usada.
- Que desde la Mesa Temática de Vivienda se definan políticas que faciliten la oferta y adquisición de vivienda de interés social, ejemplo, la creación de un banco de datos bienes inmuebles urbanos para la compra de vivienda nueva o usada.
- Que se legalicen las zonas de invasión donde se encuentra asentada la población desplazada en el municipio de Cucuta, Ocaña, Tibu, Villa del Rosario y Zulia principalmente y en general que los municipios formulen una política de vivienda de interes social donde se destinen inmuebles urbanos con servicios publicos para que los proyectos sean complementados a través de otros recursos a nivel departamental y nacional.
Solicitudes:
- Que se promueva un espacio de participación comunitaria donde el objetivo sea realizar un informe de seguimiento y evaluación al plan de retorno del año 2003, y se definan otras metodologías que faciliten este objetivo.
- Que se promueva un espacio de participación para los beneficiarios de los programas de reubicación rural con el objetivo de realizar un informe de seguimiento y evaluación a esta política pública y de ser posible se definan otras metodologías que aporten al logro de este objetivo.
- Que se ordene la cobertura total de la población desplazada en el régimen subsidiado.
- Que se sancione ejemplarmente a las ARS que mantengan y promuevan políticas de negación de la prestación del servicio a la población desplazada, especialmente aquellas que insisten en la presentación de acciones de tutela para prestación del servicio.
- Que se efectúen campañas de difusión sobre los Planes de Atención Básica (PAB) en el orden municipal y departamental, para conocer en que consisten, cuales son sus objetivos y como participa efectivamente la población desplazada.
- En materia del Derecho a la Educación se exhorte a los municipios que cumplan con la política pública de garantizar la ampliación de cobertura educativa gratuita a la población desplazada menor de edad.
- Que se amplíen los cupos en los comedores o restaurantes escolares y los comunitarios, especialmente para las madres cabeza de hogar, para los adultos de la tercera edad, las personas discapacitadas y en grave estado de salud y se definan estrategias de seguimiento a estos programas en los municipios.
- Que se reactive y convoque de manera urgente a la Mesa Temática de Tierras para realizar un análisis sobre la situación actual de las familias reubicadas en los predios rurales adjudicados por el Incoder, en donde se garantice la presencia de la Procuraduría Regional y brinden información a la población desplazada sobre la problemática que se evidencio en la opinión publica sobre el manejo de los programas en el INCODER, que tipos de investigaciones se ha iniciado a nivel departamental y que seguimiento esta realizando al mismo.
- Que se reactive y convoque de manera urgente la mesa temática de Vivienda.
- Que mientras no se definan políticas serias de vivienda de interés social se suspendan la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda provisional otorgado por el Departamento, pues esto deteriora el gasto público y no contribuyen a la solución definitiva de esta problemática relacionada con el derecho a la vivienda.
Documento elaborado por la Corporación colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez
Agosto 2007Notas
1. www.accionsocial.gov.co [Volver]
2. Ministerio de Agricultura - Incoder. www.incoder.gov.co. Marzo 14 de 2005. [Volver]
4. Proyecto Alamo I, Proyecto Río de Oro, Proyecto Tibú - Barco, por parte de Ecopetrol y Petrotesting y la exploración del área de Catguas por parte de la Empresa Solana Petroleum Exploration Colombia Limited con un área de 159.000 hectáreas. [Volver]
5. Propuesta para la concesión de las reservas de carbón del municipio del Carmen, proyecto de explotación a cielo abierto en las veredas Caño Mariela, Caño Danta y Caño Pereza, en Teorema y Tibú. Se plantea la construcción de una carretera por la vía Cúcuta-Tibú-Orú-el Tarra-Convención- La Mata hasta conectarse con el río magdalena. Nota periodística del diario la Opinión. [Volver]
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