EQUIPO NIZKOR |
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14sep09
Denuncia presentada a la Señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial de Naciones Unidas para la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
A INFORMACIÓN ESENCIAL B INFORMACIÓN ESENCIAL Y PROBATORIA 1. CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PÉREZ La Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez, la cual es una entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica, identificada con Nit. 804.011.807-0 y constituida según Acta de Asamblea No. 2 el día trece (13) de Octubre de 2001, como consta en el certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio de número de registro 05-503906-31. (Anexo 1. Certificado de Cámara de Comercio) y que tiene como fin el acercar el derecho a las comunidades, a los sectores sociales y populares, de manera tal que éste se ponga al servicio de las realidades comunitarias, sociales, políticas y culturales en que se encuentra inmersa la población.
Nuestra Corporación tiene su domicilio en la ciudad de Bucaramanga, y desde hace aproximadamente tres años tiene sus instalaciones en la Calle 10 No 23-14 del Barrio la Universidad.
Ámbito territorial de las actividades de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez:
Actualmente, nuestra Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez cuenta con dos sedes, su oficina principal ubicada en la ciudad de Bucaramanga (Departamento Santander) y una oficina de apoyo en la ciudad de Cúcuta (Departamento Norte de Santander).
Sin embargo, hacemos presencia en una región llamada Magdalena Medio, que comprende un territorio del que hacen parte cuatro departamentos: Cesar, Bolívar, Antioquia y Santander.
Municipios en los que trabajamos:
En el departamento de Santander:
Bucaramanga, Sn Gil, Curití, Charalá, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Cerrito, Río Negro y Sabana de Torres.
En el departamento de Norte de Santander:
Cúcuta, Ocaña, Tibú, Tarra, Salazar, Sardinata, Convención, Abrego, Cucutillla, Zulia, Los Patios y Villa del Rosario.
En el Magdalena Medio:
Simiti, Santa Rosa, y Barrancabermeja.
Estos municipios son visitados por equipo de trabajo de nuestra Corporación, tanto en su área urbana como rural.
Por otro lado, dentro del trabajo de acompañamiento jurídico, político y educativo que hacemos a algunos procesos organizativos y comunidades indígenas y campesinas, llegamos a regiones como el Catatumbo (Norte de Santander) y Guamocó (Entre el Sur de Bolívar y Antioquia) que se caracterizan por ser ecosistemas de bosque húmedo tropical que mantienes una gran biodiversidad y yacimientos de recursos naturales no renovables.
Naturaleza del trabajo que desarrolla la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez:
Impulsamos el desarrollo de una sociedad democrática, pluralista, tolerante y respetuosa de los Derechos Humanos, todos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario y propendemos porque en nuestro ordenamiento jurídico se desarrollen los conceptos y principios de un Derecho garantista y democrático, que desarrolle realmente los principios del modelo de Estado Social y Democrático mucho más justo. (Anexo 2. Plegable de la organización).
- La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, trabaja por contribuir a la transformación social donde haya justicia, igualdad y equidad social y a la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos y de los pueblos.
A la vez, deseamos acompañar permanentemente a las víctimas en la defensa, reivindicación y protección de sus más elementales Derechos Humanos, así como en la forma de hacerlos valer y en la promoción de los mismos.
Impulsamos iniciativas que propendan por construir un país menos violento, menos antidemocrático, menos intolerante, menos injusto; que le apueste a la paz con justicia social, donde el Derecho obedezca a procesos consensuados y donde la participación de toda la ciudadanía sea la característica principal, sin exclusiones de ningún tipo.
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PÉREZ Nuestras actividades van dirigidas a:
1. Promover la Educación Popular: encuentros pedagogicos a través de escuelas de formación política, talleres, foros, seminarios, encuentros y experiencias entre comunidades.
2. Lucha contra la impunidad: Asesoría, acompañamiento jurídico y presentación de Acciones jurídicas del orden regional y nacional (jurisdicción penal, administrativa, disciplinaria y constitucional) según nuestras apuestas sociales y jurídicas en donde se incurra en una grave violación a los DDHH.
* Informes sobre graves violaciones a los derechos humanos, sustentados en en el trabajo de campo que hacemos y en las denuncias que recibimos de las vicitmas, sobre crimines que tipiquen: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, criminalización de las actividades legitimas de los Defensores y defensoras; vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
* Seguimiento a los procesos jurídicos adelantados en las áreas administrativa, penal, disciplinaria y constitucional.
3. Seguimiento de la Situación de los DDHH y DIH e Incidencia Política
- Participación en comisiones de verificación
- Promoción de visitas internacionales.
- Realización de informes de DDHH temáticas, sectoriales y subregionales.
- Construcción de la base de datos con denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.
- Elaboración, presentación y seguimiento de denuncias.
- Elaboración boletines electrónicos semestrales.
- Producción, registro y difusión de documentales.
- Participación e interlocución en espacios gubernamentales como: Comité Departamental de Derechos Humanos (liderado por vicepresidencia de la República y las gobernaciones) en Santander y Norte de Santander.
- Acompañamiento a refugios humanitarios
- Visitas a municipios
- Foros
- Ruedas y entrevistas a los medios de comunicación
- Movilizaciones y manifestaciones públicas pacificas, apoyando el rchazo a las graves violaciones a los derechos humanos.
- Giras de incidencia política, a nivel nacional e internacional.
- Interlocución y solicitudes vía derecho de petición con organismos de control en lo local, departamental y nacional.
- Interlocución y solicitudes vía derecho de petición con las administraciones locales y departamentales.
- Interlocución y solicitudes vía derecho de petición con el Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agricultura etc. - Interlocución y solicitudes vía derecho de petición a instituciones del Estado como, INCODER, ACCIÓN SOCIAL, ICBF, etc.
- Solictudes Vía derecho de petición, a organismos de inteligencias como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la fuerza pública (policía y Ejercito Nacional).
4. Defensa de los derechos colectivos, ambientales y de la biodiversidad:
- A través de reuniones con las comunidades, comisiones de verificación, etc. Se identifican amenazas relacionadas con los intereses económicos de la región y a los responsables tanto del sector público como privado. Se investiga qué empresas nacionales e internacionales están vinculadas con proyectos económicos que amenazan la vida de las personas y la conservación de los recursos naturales.
- Solicitud a autoridades competentes y seguimientos a los Planes de Ordenamientos Territoriales (herramienta de planeación territorial, ambiental, cultural, etc. de cada municipio conforme a su número de habitantes, según la Ley 388 de 1997) y a los Planes de Desarrollo junto con el presupuesto de cada municipio. Solicitud que se hace vía derecho de petición.
- Solicitud a las autoridades competentes, sobre registros, títulos, concesiones, tramites mineros que han hecho personas naturales y jurídicas de ámbito nacional e internacional, y seguimiento a esta información. Solicitud que se hace vía derecho de petición. (Anexo 3. Copias de respuestas de autoridades sobre sustracción de reserva forestal en Catatumbo y de títulos mineros otorgados en zonas de bosque tropical y donde la explotación causará un gran impacto ambiental en Guamocó).
- Revisión de expedientes de solicitud de explotación minera; especialmente, ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- Sensibilización de la comunidad por respeto a la vida, naturaleza, territorio y cultura, a través de espacios pedagógicos, foros, recorridos, movilizaciones, actos culturales, etc.
- Acompañamiento y fortalecimiento a procesos organizativos de base, en especial campesinos, indígenas, comités de veeduría ambiental y victimas de graves violaciones a los derechos humanos.
- Impulso de acciones jurídicas a favor de la defensa del agua, a la no explotación de yacimientos minerales en zonas de protección especial.
2. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PÉREZ Nuestra líneas estratégicas de trabajo comprenden las siguientes áreas:
- La Educación Popular: Nos comprometemos a implementar y desarrollar un programa de formación política y de educación popular para contribuir a la formación y capacitación de sujetos políticos capaces de comprender históricamente las relaciones sociales, económicas, culturales y de poder, capaces de liderar procesos de transformación social para la paz con justicia social y para reivindicar y promover la educación popular como herramienta de lucha y necesidad para fomentar y fortalecer procesos organizativos y elevar los niveles de conciencia de los sectores populares a través de las Escuelas de formación política, DDHH y DIH.
- Lucha Contra la Impunidad: Nos reconocemos como abogados y defensores al servicio del pueblo siendo uno de nuestros propósitos acercar y poner el derecho al servicio de las comunidades y acompañar los procesos de exigibilidad de derechos y lucha contra la impunidad, a través del acompañamiento permanente a las Víctimas de graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, en la defensa, reivindicación y protección de sus más elementales DDHH, así como en la forma de hacerlos valer y en la promoción de los mismos.
- Seguimiento de la Situación de DDHH y DIH: Decidimos sumarnos a los esfuerzos de visibilización y sensibilización sobre la problemática de los derechos humanos y sobre los problemas sociales que aquejan a la región y a los sectores sociales que acompañamos; es necesario mostrar clara, objetiva y directamente lo que está ocurriendo al Pueblo en relación con la vulneración y violación de sus derechos humanos. Así como rescatar los esfuerzos y propuestas que las comunidades y sectores sociales y populares organizados están adelantando con el propósito de transformar sus realidades y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
- Defensa de los derechos colectivos, ambientales y de la biodiversidad: Reconocemos que el impacto en la violación de DDHH en las comunidades, la usurpación del derecho a la tierra y al territorio, así como las dinámicas de violencia que se han dirigido hacia el pueblo obedecen y están íntimamente relacionados con el proyecto político y económico que se impone de concentración del poder y la riqueza y de empobrecimiento de las clases populares y que se materializa en la expedición de marcos jurídicos y políticas publicas de economía extractiva facilitando la explotación de recursos naturales a gran escala, el desarrollo de megaproyectos de infraestructura vial, hídricos, energéticos, de telecomunicaciones, entre otros; y de políticas públicas de economía agroindustrial que amenazan la seguridad, soberanía alimentaria y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Por lo anterior la Corporación entiende la defensa de los derechos colectivos, ambientales y de la biodiversidad como una forma de desarrollo sostenible para garantizar no solo una vida digna para los pueblos oprimidos y excluidos sino para la conservación del planeta y la Luna.
Comunidades y procesos organizativos que acompañamos
Actualmente hacemos acompañamiento jurídico, politico y educativo a:
1. En Norte de Santander a la Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Norte Santander, que agrupa a más de 25 Asociaciones de Población desplazada de 13 Municipios del Departamento, de igual forma trabajamos por el fortalecimiento de la Asociación de Población Desplazada de la Provincia de Ocaña- ASODEPO. Acompañamos en la defensa de su cultura y territorio al Pueblo Indígena Bari, quienes están conformados por 23 comunidades adscritas a cinco municipios: Tibú, El Carmen, Teorama, Tarra y Convención. A la Asociación Campesina del Catatumbo y al Movimiento Regional de Víctimas- Capitulo Norte de Santander.
2. En el Departamento de Santander trabajamos por las justas causas en la defensa de los derechos colectivos, ambientales y de la biodiversidad que lideran los Comités Cívicos Ambientales de Charalá, San Gil y Curití, entre otros. Se realiza el acompañamiento a Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en su búsqueda por la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral.
3. En el Magdalena Medio acompañamos procesos organizativos que han venido liderando la reivindicación de sus derechos a la tierra, los recursos naturales y respeto y conservación del medio ambiente como la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra-ACVC y la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco-AHERAMIGUA. Apoyamos la reivindicación de los derechos de las Víctimas de la Asociación de Victimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio-ASORVIM.
Articulación del trabajo de la Coporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez con organizaciones de derechos humanos, plataformas de derechos humanos y agencias de cooperación.
1. En lo regional, mantenemos convenio con la Corpración Regional para la Defensa de los Derechos Humanos del Magdalena Medio-CREDHOS; y proceso de hermanamiento con el Comité Permanente de los Derechos Humanos de Santander-CPDH. 2. En lo nacional, hacemos parte de la Coordinación Colombia Europa y Estados Unidos-CCEEU, integrando el nodo nororiental de la misma; del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado-MOVICE y de los Movimientos Regionales de Magdalena Medio, Santander y Norte de Santander.
Hacemos parte de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza- ACADEUM (de la cual somos socios fundadoresy Judith Maldonado Mojica nuestra representante legal es actualmente la presidenta).
Mantenemos convenios con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,
Igualmente adelantamos procesos de hermanamiento con la Unión Sindical Obrera-USO-ECOPETROL, con Abogados Sin Fronteras-Francia, con el Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP, con el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos-CPDH, con la Corporación REINICIAR, con la Asociación Nacional de Victimas de Desplazamiento Forzado-ANDAS, con la Comisión Colombiana de Juristas-CCJ y con otros importantes procesos organizativos regionales, nacionales e internacionales de defensa y aplicación de los DDHH, que ven en nuestra organización un referente y un aliado importante en materia de prevención y protección de los Derechos Humanos.
3. Actualmente nos financian y apoyan políticamente las siguientes agencies de cooperación internacional:
Christian Aid, MISEREOR, Pan para el Mundo, Project Counselling Service-PCS y Diakonia Suecia.
4. Tenemos el acompañamiento para nuestro trabajo de los obsrvadores internacionales, Brigadas Internacionales de Paz.
4. VIOLACIONES COMETIDAS CONTRA NUESTRA ORGANIZACIÓN PRIMERO: La Revista semana en sus ediciones 1399 del 21 de febrero y 1400 del 28 de Febrero del presente año, publicaron artículos titulados EL DAS SIGUE GRABANDO y el DAS ESTA FUERA DE CONTROL. Igualmente, diversos medios de información nacional e internacional han difundido textos, imágenes, voces de actividades ilegales de "inteligencia" por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
El 9 de junio del año en curso, el Senador Gustavo Petro, promovió un debate parlamentario donde presentó de manera escalofriante informaciones y análisis de un informe denominado: "Informe consolidado AZ 2004 -2005" del 3 de abril de 2009, considerado como un Informe Parcial elaborado por orden del Director del DAS FELIPE MUÑOZ GOMEZ al CTI para que revisara 104 carpetas AZ, producto de las inspecciones judiciales realizadas al DAS los días 22 de Febrero, 1 y 19 de Marzo de 2009. Este informe fue presentado a la Fiscalía General de la Nación. El departamento Administrativo de Seguridad DAS es un órgano que depende de manera directa de la Presidencia de la República y conforme a la normatividad vigente que regula esta entidad, su misión es Producir información privilegiada, conocimiento que produzca acción y proveer insumos al Presidente de la República para la toma de decisiones y la formulación de políticas relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado. De esta forma, uno de sus objetivos y funciones principales es producir la inteligencia de Estado que requiere el Gobierno Nacional, con los limites propios al poder del Estado, como la vigencia y garantía de los Derechos Humanos.
Al parecer, el DAS, se dedico a desarrollar actividades ilícitas para seguimiento de organismos no gubernamentales, líderes de la oposición política, magistrados y periodistas, hechos que fueron consignados y presentados de manera general en el Informe precitado.
Se nos informó en el mes de junio de 2009: que dentro de las evidencia que la Fiscalía encontró en las inspecciones judiciales realizadas al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS el 29 de febrero y 1 y 19 de marzo de 2009, aprecía en una de las carpetas incautadas el nombre de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérezdo aparecía reseñado en el punto 20, así: "CARPETA AZ 23 - 2004. Este legajo consta de 408 folios, con diferentes documentos de los cuales revisten un interés para la indagación con el perfil de militares posibles negociados con las FARC, un directorio de una ONG y teléfonos de las mismas. En esa medida se extrajeron los siguientes documentos:
…En folios 321 a 327, registros de personas, abonados telefónicos, y correos electrónicos, adscritos al CINEP, y organizaciones afiliadas donde se destacan Asfaddes, Codhes, Cajar, Colectivo de Abogados Luis Carlos Perez, ccj, Comité Permanente, Corporación Siempre Viva, Diakonía Colombia, humanidad vigente, ilsa, minga, movimiento Cimarrón". (Subrayado y negrilla es nuestro).
Esta situación nos permitió inferir que la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, en principio, ha sido objeto de interceptación ilegal de los correos electrónicos, teléfonos fijos y celulares, seguimientos, entre otras actividades ilícitas de las que presumimos sigue siendo objeto nuestra organización.
5. INCIDENTES ANTERIORES A LAS INTERCEPCIONES Y SEGUIMIENTOS ILEGALES POR PARTE DEL DAPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGUIDAD-DAS Hechos que desde el año 2005, han significado una amenaza para nuestra organización
- En el mes Octubre de 2005, personas y organizaciones de alta credibilidad y confianza, nos comentan del inicio de labores de investigación e inteligencia adelantada por el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, contra la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, con informes de inteligencia militar que refieren que la organización está conformada principalmente por mujeres de izquierda, radicales y de carácter fuerte, además de un registro de todos y cada uno de los profesionales que fueron o estuvieron vinculados de manera voluntaria o por contrato a la Corporación hasta ese momento.
- El 5 de febrero de 2007, a través de una amenaza que llego a nuestro correo electrónico, al igual que a otras organizaciones se descalifica el trabajo realizado por las organizaciones defensoras de derechos humanos, haciendo especial énfasis en los Colectivos de Abogados. (Anexo 4. Copia de amenaza escrita encontrada en nuestro correo electrónico de la Corporación)
- A través de una persona de alta credibilidad tenemos conocimiento que funcionarios adscritos a la Empresa ECOPETROL, han manifestado dolosamente que la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez "es una organización al servicio de la guerrilla"; para ese momento, nuestra Corporación adelantaba una tutela en defensa de los derechos del Pueblo Indigena Bari (Catatumbo-Norte de Santander), en el caso del Bloque de Petróleo Álamo I de ECOPETROL; tutela que fue fallada a favor del Pueblo Indigena Bari, a través de la Sentencia T 880 de 2006 por la Corte Constitucional.
- Tenemos conocimiento y pruebas documentales del interés de adelantar un proceso de criminalización y judicialización contra la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Asocbari -Asociación de Comunidades Bari-, y Ascamcat - Asociación Campesinos del Catatumbo-, organizaciones que estamos desarrollando un trabajo por la defensa del Catatumbo (Norte de Santander), ya que la Fiscalía 29 Especializada Unidad Antiterrorista Estructura de Apoyo del CATATUMBO, cuyas oficinas se encuentran en las instalaciones de la Brigada 30, del Ejercito Nacional en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander - Colombia, recibió una declaración el día 28 de Agosto de 2008, que de manera extraña y sospechosa se aparta o por lo menos no tiene relación directa con los temas o asuntos de la investigación que se adelanta, sino que parece que su único propósito es el de introducir información sobre el trabajo que las organizaciones venimos acompañando en la región del Catatumbo en el Marco de la Oposición a la exploración y explotación de carbón. (Anexo 5. Copia de declaración ante la Fiscalía, en contra de nuestra organización y las comunidades indigenas y campesinas que acompañamos.).
- En el mes de Noviembre del año 2008, se distribuyeron en la Gabarra, copias de la declaración antes dicha, manifestando que habían órdenes de captura contra todos los que el declarante había acusado, que se había logrado deshacer de todos, del colectivo de abogados y de la Asociación Campesina del Catatumbo- ASCAMCAT.
- Adicional a lo anterior, en el mes de Marzo de 2009, en el marco de una investigación de los trámites de sustracción de reserva forestal en el Catatumbo, identificamos, que se adelanta una solicitud ante el Ministerio de Ambiente Desarrollo y Vivienda Territorial, por parte de Geofising EU, representada por Jairo Cuellar Ramírez, quien señala de manera categórica la urgencia de que su solicitud de sustracción sea resuelta para continuar con el tramite de licencia ambiental para la explotación, ya que cada vez la situación de seguridad en la región es mas difícil por cuanto la guerrilla actúa de manera anómala a través de organizaciones que presionan a la población para que se opongan a la Explotación, escrito que se dirige con copia al Presidente Álvaro Uribe, y adjunta un panfleto de las FARC, con el propósito de someter su comparación con el folleto diseñado por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez para el Foro Vida Naturaleza Territorio y Cultura llevado a cabo en el municipio de Tibú, el día 23 de noviembre de 2007 y expone a la autoridad ambiental señalamientos sobre la Corporación y de manera particular contra la Abogada Judith Maldonado Mojica, directora del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.
- El día 31 de marzo de 2009, a JUDITH MALDONADO MOJICA, Directiva de la Corporación le fue hurtado de su lugar de habitación, en el municipio de Arauca, todos sus objetos electrónicos (Computador Portátil, grabadora digital, cámara digital, agenda electrónica - Palm y el teclado del mismo), lo que significo la perdida de toda la información del trabajo de casi 8 años de la organización, relacionado con la lucha contra la impunidad, la defensa del territorio, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, etc. Información que compromete a Paramilitares, Fuerza Publica, y a las empresas que quieren adelantar la explotación de carbón a cielo abierto en el Catatumbo.
- Desde el día 1 de abril del 2009, hemos identificado correos fantasmas en la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico paraquehayajusticia@yahoo.es, es decir, un programa con la capacidad de sustraer los correos electrónicos que recibimos y los reemplazan con correos en blanco, a pesar de que el correo sigue siendo visible en la bandeja de entrada. Esto aumenta nuestra preocupación en el sentido de que además de ser posible extraer y modificar correos recibidos, puedan también incluir o incorporarlos y con base en estas herramientas informáticas puedan realizar montajes judiciales sobre envío y recibo de correspondencia electrónica que pueda comprometer el trabajo de la Corporación.
-Adicional a la violación ilícita de comunicaciones, debemos resaltar el hecho que a finales del mes de Julio y principios del mes agosto del año 2008, en la sede principal de la Corporación, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, nuestro servicio de telefonía fija e internet estuvo completamente suspendida durante un mes, y las razones argumentadas por la empresa de telefonía (Telebucaramanga) no fueron satisfactorias, ya que el servicio fue restablecido en menos de 10 días al resto de los usuarios del mismo barrio e incluso de la misma manzana. Telebucaramanga, además, durante el transcurso del año 2008, en varias oportunidades, cambio la dirección IP del sistema de banda ancha y nunca nos notifico los cambios, solo por razones internas tuvimos conocimiento de este hecho, a lo que Telebucaramanga argumento siempre cambios de redes.
- El 13 de Abril de 2009, nos enteramos de la alteración o distorsión malintencionada que se ha realizado del Sonoviso (Documento visual colgado en la pagina You Tube) "Catatumbo en la Mira" elaborado por la Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT, documental que tiene como objetivo principal, contextualizar la región del Catatumbo y denunciar el interés que existe en esta zona ambiental y culturalmente sensible de adelantar proyectos de carbón a cielo abierto, y por ello, se menciona a las empresas de carbón que tienen títulos mineros, se denuncia los crímenes cometidos por los paramilitares y las ejecuciones atribuidas a la Fuerza Pública (Brigada Móvil No. 15 y Brigada 30); este Sonoviso que tenia una duración de 10 minutos y que había sido montado en la pagina de www.Youtube.com, fue alterado y convertido en un Sonoviso de 5 minutos con el título "Catatumbo en la mira de las FARC" y que también fue montado a la pagina web de youtube por un grupo denominado ColombiasinPF con el link http://www.youtube.com/watch?v=vU9VolOcX1g, convirtiéndose este en un nuevo hecho que intenta comprometer a las organizaciones que adelantamos la campaña por la defensa de la Vida Naturaleza Territorio y Cultura con grupos subversivos y en donde creemos, por el contenido omitido del sonoviso alterado, se encuentra comprometida la responsabilidad de las empresas de carbón, del ejército nacional, del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y de los grupos paramilitares.
-También existe el interés desde los más altos cargos del Gobierno de señalar y descalificar la labor de defensa de derechos humanos de las organizaciones que activamente desde hace aproximadamente dos años, hemos denunciado y hecho seguimiento a la situación de derechos humanos en el nororiente ante los espacios intergubernamentales y las autoridades competentes, y hemos representado jurídicamente a los familiares de quienes han sido víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales o Falsos Positivos, es decir, personas que han sido asesinadas y presentadas como dados de baja en combate, implementada por miembros del Ejército Nacional que operaban en la jurisdicción del Catatumbo y el resto del departamento; y a quienes se les atribuye la responsabilidad de la mayoría de los crímenes que existen en el País y donde se develó de manera escandalosa la implementación de esta práctica sistemática de violación a los derechos humanos, con el propósito de intimidarnos e impedir que continuemos realizando nuestra labor de recibir las denuncias de los campesinos y líderes sociales de la región, de realizar comisiones de verificación y de elaborar informes y denuncias sobre estas violaciones a los derechos humanos.
6. AUTORES DE LAS VIOLACIONES COMETIDAS CONTRA LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PÉREZ 1. Departamento Administrativo de Seguridad-DAS
2. Fuerza Pública, en particular el Ejército Nacional.
3. Fiscalía General de la Nación
4. Paramilitares
5. Ministerio del Interior y de Justicia
6. Vicepresidencia de la República
7. Empresas nacionales e internacionales que tienen intereses de explotación en el Catatumbo-Norte de Santander, como Geofising EU, representada por Jairo Cuellar.
7. ACCIONES JURÍDICAS, POLÍTICAS Y DE SEGURIDAD FRENTE A LAS VIOLACIONES COMETIDAS CONTRA NUESTRA ORGANIZACIÓN 1. ACCIONES JURÍDICAS
- En el mes de Julio de 2009, se enviaron Derechos de Petición a la FISCALía GENERAL DE LA NACION, y las Direcciones Seccionales de las Fiscalías de los departamentos de Santander y Norte de Santander, con el fin de que se nos informara si de acuerdo a los hechos ocurridos de intrceptación illegal, violación a nuestro sistema informatico y de más violaciones sufridas por nuestra Corporación, la Fiscalía General de la Nación ha adelantado o está adelantando investigaciones penales o Indagaciones preliminares contra la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez o contra sus miembros y/o vinculados. (Anexo 6. Derechos de petición y las respuestas entregadas por la Fiscalía).
- CONSTITUCIÓN DE PARTE CIVIL INDIVIDUAL ante el FISCAL ONCE DELEGADO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de Bogotá dentro del proceso penal que se sigue contra el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, por el delito de ACTOS DE TERRORISMO POR INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACION CIVIL EN EL CONFLICTO (144 C.P.P), TENTATIVA DE TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA CON FINES DE INTIMIDACION (137 C.P.P), VIOLACION ILICITA DE COMUNICACIONES (192 C.P.P) ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO (ART 195 C.P.P.), UTILIZACION ILICITA DE EQUIPOS TRANSMISORES O RECEPTORES (197 C.P.P), PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE (399 C.P.P.), CONCIERTO PARA DELINQUIR CON FINES DE TERRORISMO DE ESTADO (340 C.P.P.), TERRORISMO (343 C.P.P.) y todos aquellos que se llegaran a configurar producto de la investigación penal. (Anexo 7. Parte Civil ante la Fiscalía)
- Denuncia Penal promovida por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, por violación ilícita de comunicaciones, ante la FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER, en abril de 2009. (Anexo 8. Denuncia presentada ante la Fiscalía)
- Denuncia ante la Fiscalía por el hurto de los equipos electronicos de Judith Maldonado Mojica. (Anexo 9. Copia denuncia).
- Denuncia penal por las amenazas hechas a nuestra organización en febrero de 2007. (Anexo 10. Respuestas Ministerio del Interior y Justicia por la denuncia Pública).
2. ACCIONES POLÍTICAS
- En mayo de 2009, se denuncia publicamente las violaciones cometidas contra la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.
- Denuncia pública, por amenazas a nuestra organización febrero de 2007. (Anexo 11. Copia de la denuncia publica
- Socialización de todas las violaciones de las que hemos sido victimas ante las agencies de cooperación que nos financian actualmente, organizaciones defensoras de derechos humanos regionales y nacionales, plataformas de derechos humanos.
- Socialización y documentación de nuestro caso a la organización Human Rights Watch.
- Participamos en la campaña Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia, promovida por Christian Aid, junto a la US Office on Colombia, ABC, OIDHACO, DIAL, PODEC y otras organizaciones internacionales.
- Se esta elaborando la solicitud de medidas cautelares a Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Busqueda de financiación, para la iniciar un proceso de seguridad informatica a toda nuestra información.
- Busqueda de financiación, para la implementación de camaras de seguridad al interior de nuestra organización.
- Estrictos análisis de riesgo y protocolos de seguridad de lquier miembro de nuestra organización.
- Solicitud de mayor acompañamiento a Brigadas Internacionales de Paz y su interlocución con la fuerza pública.
8. TESTIGOS 1. Cada uno de los miembros del equipo de trabajo de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.
2. Comunidad y organizaciones con quienes trabajamos
3. Los medios de comuniación han hecho público, las actividades ilegales de interceptación ilegal de los medios informaticos y de comunicación, al igual que los seguimientos ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS.
9. MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 1. Frente a las intercepciones y seguimientos ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, no nos admitió la demanda de constitución de parte civil. A esta decisión nuestra Corporación apelo y estamos esperando respuesta.
2. Frente a las denuncias penales por pérdida de equipos electronicos de Judith Maldonado Mojica (representate legal), no existe ningun avance.
3. Frente a las denuncias penales por la interceptación illegal de nuestros correos electronicos, no ha habido ningun avance.
4. Frente a las amenazas recibidas en febrero de 2007, no se notifico sobre los resultados de la investigación.
6. CONEXIÓN ENTRE LA VIOLACIÓN Y LA LABOR DE DERECHOS HUMANOS LAS VIOLACIONES SON UN ATENTADO DIRECTO A NUESTRA LABOR COMO DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Sobre estos hechos, podemos concluir que las violaciones a nuestra Corporación tiene la intension de atacar nuestra labor como defensoras/es de derechos humanos:
1. Conforme al título 5, ítem 4 de este documento, podemos afirmar que las declaraciones recibidas por la Fiscalía 29 Especializada Unidad Antiterrorista Estructura de Apoyo del CATATUMBO, se basan en acusaciones a la labor legitima y legal de defensa de los derechos humanos que realizamos, pues en la declaración (que se adjunta a la presente solicitud) se mencionan las actividades pedagógicas y de incidencia política que se ha desarrollado a través de la campaña de defensa de la región del Catatumbo y sus recursos naturales frente a la explotación de carbón a cielo abierto.
2. Con esta declaración se quiere vincular o relacionar el trabajo de defensa de derechos humanos de la Corporación con grupos subversivos de la región como las FARC y el ELN.
3. El Ejercito es quien está conduciendo y aportando la información que esta fundamentando la investigación, además de tener una incidencia directa que pone en duda el ejercicio de una administración de justicia imparcial o independencia, son quienes elaboran los informes de inteligencia, son los que llevaron a este testigo, y ejercen una influencia directa y cotidiana sobre esta fiscalía, que se encuentra en sus instalaciones.
Adicional a lo anterior, en el mes de marzo de este año, en el marco de una investigación de los trámites de sustracción de reserva forestal en el Catatumbo, identificamos, que se adelantan tres solicitudes ante el Ministerio de Ambiente Desarrollo y Vivienda Territorial, uno, por parte del Ejercito Nacional, un segundo por parte de un particular y una tercera solicitud, por parte de Geofising EU, representada por Jairo Cuellar Ramírez, quien en su tramite o solicitud, adjunta un panfleto de las FARC, y a través de un escrito lo compara con el folleto diseñado por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez para el Foro Vida Naturaleza Territorio y Cultura llevado a cabo en el municipio de Tibú, el día 23 de noviembre de 2007 y expone a la autoridad ambiental señalamientos sobre la corporación y de manera particular contra la abogada Judith Maldonado Mojica, directora de la misma, (se adjunta los correspondientes documentos.
4. POR RAZON DE LAS DENUNCIAS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN ESTOS PROCESOS
Durante los 2006, 2007 y 2008 las organizaciones sociales campesinas e indígenas de la región y organizaciones defensoras de derechos humanos, denunciamos de manera vehemente, el aumento de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Publica, por ello, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos en coordinación con la Asociación Campesina del Catatumbo, decidimos promover dos comisiones de verificación y observación de la situación de derechos humanos en la región del Catatumbo, la primera se adelantó del 9 al 12 de agosto del año 2007 y la segunda, del 6 al 11 de julio de 2008, en donde se mantuvieron reuniones con los lideres y miembros de las comunidades campesinas e indígenas, se recepcionaron denuncias, insistimos a los pobladores de la región en la necesidad de realizar las denuncias, de documentar las graves violaciones a los derechos humanos y de animar a quienes han sido víctimas de no guardar silencio.
Con el propósito de brindar mayor protección a las comunidades campesinas e indígenas nos comprometimos a elaborar informes de derechos humanos, que fueron presentados ante las autoridades públicas judiciales y administrativas del departamento y de la nación, con el propósito de impulsar las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes; igualmente, fueron presentados, en escenarios y espacios intergubernamentales, donde fue visibilizada esta problemática, además del difícil trabajo de posicionar esta grave situación en los medios de comunicación locales y regionales, con el fin de abrir el debate en la opinión pública sobre las violaciones de los derechos humanos, y en particular de las ejecuciones extrajudiciales, las torturas física y psicológica, el pillaje y el desplazamiento forzado, cuya responsabilidad estaba recayendo principalmente en miembros de la Fuerza Pública que operaban en el Catatumbo.
Durante este campaña de lucha contra la impunidad frente a la practica sistemática de ejecuciones extrajudiciales y de la reciente practica que estábamos identificando de desaparición forzada de jóvenes de los barrios populares de la ciudad de Cúcuta, que posteriormente eran presentados como guerrilleros o extorsionistas dados de baja en combate, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos y sus abogadas fueron señaladas y estigmatizadas por funcionarios públicos quienes manifestaron que teníamos el interés de desprestigiar al Ejercito Nacional y de manera particular por el funcionario Fernando Ibarra de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, quien manifiesta que le cuestiona que no hayan igual número de denuncias de hechos cometidos por las FARC en los informes, descalificándolos y considerándolos tendenciosos.
Esta situación fue visible por todos los participantes en la sesión del 11 de septiembre del 2008 del Comité Departamental de Derechos Humanos del Departamento de Norte de Santander, en donde tuvimos que solicitarle al señor Fernando Ibarra respeto hacia la labor legitima y legal de defensa de los derechos humanos que realiza la corporación, además de manifestarle que si el interés principal de la Oficina de la Vicepresidencia era recibir denuncias solo contra las Farc, acudiríamos a su oficina solo en esos casos. Nos encontrábamos elaborando un informe de derechos humanos de manera específica sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, cuando el 22 de septiembre de 2008, empieza a develarse ante la opinión pública a través de todos los medios de comunicación radiales y de televisión no solo regionales sino también nacionales de la existencia de una fosa común en el municipio de Ocaña, en donde presuntamente se encontraban los restos de 11 jóvenes que habían desaparecido varios meses atrás del municipio de Soacha y del Barrio Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá, al mismo tiempo el Ejército Nacional argumentaba que los cuerpos que se hallaban en esas fosas eran de NN que habían sido abatidos en combate|1|.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos que tenemos presencia en la región coincidimos en nuestros comunicados, declaraciones de prensa y radiales, y denuncias a los órganos de control, en la preocupante situación de que estuviéramos frente a una red criminal mas organizada con alianzas incluso de grupos armados ilegales y de estructuras paramilitares, dedicadas a reclutar jóvenes de estratos populares no solo de Cúcuta sino también de otras ciudades para mostrar lo que se empezó a denominar como falsos positivos y así lograr reconocimientos pecuniarios y reconocimientos militares al interior de la institución, porque las Brigadas Móvil No 15 y la 30 ya no podían continuar presentando campesinos de la región del Catatumbo, generalmente como guerrilleros, abatidos en combate.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la corporación adelanta representación judicial en varios casos de ejecuciones extrajudiciales de campesinos de la región del Catatumbo, adelantamos una serie de recursos judiciales para reactivar los procesos que habían sido archivados, y para solicitar el envío de los expedientes de la jurisdicción penal militar a la jurisdicción ordinaria, insistiéndose en la vinculación jurídica de militares a estos procesos penales de manera inmediata.
También como resultado de estas denuncias, la Brigada Móvil No 15 fue desarticulada y sus miembros fueron reasignados a otros batallones y tropas del ejército en diferentes partes del país, hubo destitución de militares y algunos procesos judiciales han sido reactivados, incluso se han adelantado capturas; sin embargo, la mayoría de las víctimas no tienen representación judicial, así que la Corporación decide adelantar un Informe de Ejecuciones Extrajudiciales del Departamento de Norte de Santander en donde realizamos graves denuncias sobre la acción y la omisión de autoridades públicas en el desarrollo de esta práctica grave y sistemática de violación a los derechos humanos y sobre la situación de los derechos de las victimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, que fue presentado a la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, solicitando revisión de cada uno de los casos señalados en el informe.
Consideramos seriamente que las denuncias y representación judicial por los casos de ejecución extrajudicial aumentó los niveles de riesgo en la labor de trabajo que desempeñamos, no solo por la sensibilidad de las causas, sino por tener la sede de trabajo en la ciudad de Cúcuta y en general, en la región nororiental, y que por tratarse de redes criminales, al identificarse los presuntos responsables de estos hechos, se terminará vinculando no solo miembros de la Fuerza Pública sino particulares miembros de bandas emergentes o grupos paramilitares de las águilas negras. Es así que, existen razones fundadas por las que consideramos desean intimidar a los miembros de la corporación para que no tengamos más presencia en la región y además no adelantemos acciones jurídicas.
Los hechos consignados en este documento junto con sus anexos, son presentados por Judiht Maldonado Mojica, representante legal de la Corporación Coloectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.
Bucaramanga-Colombia 14 de septiembre de 2009
Notas
1. Diario la Opinión, septiembre 24 de 2008, sección Nacional página 5A. [Volver]
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