Equipo Nizkor - Informe de ejecuciones extrajudiciales en el Departamento de Norte de Santander.

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DERECHOS

10feb09

Informe de ejecuciones extrajudiciales en el Departamento de Norte de Santander

INFORME DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
"Los Resultados de la Política de Seguridad Democrática… Amarga Realidad"
CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PEREZ
NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
FEBRERO - 2009
INTRODUCCIÓN

Este informe es una compilación de todos los casos de ejecuciones extrajudiciales presentados en el Departamento de Norte de Santander. (Colombia), ocurridos durante los años 2006, 2007 y 2008 de los que tuvimos conocimiento las organizaciones de Derechos Humanos y la opinión pública; en este informe procuraremos realizar un análisis socio-jurídico de los factores políticos, sociales, económicos y culturales que influyeron en la agudización de esta práctica y que mantienen en la impunidad estos crímenes de lesa humanidad.
Con este informe de ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander, esperamos honrar y dignificar el nombre de quienes fueron presentados como guerrilleros, delincuentes, narcotraficantes y extorsionistas abatidos en combate, por esto realizaremos una descripción de las víctimas y de los hechos en los que su vida fue arrebata por miembros de la fuerza pública; esperamos visibilizar que la implementación de esta política de ejecuciones extrajudiciales, se incrementó con la entrada en vigor de la Trigésima Brigada y la Brigada Móvil No 15 del Ejercito Nacional.
De esta manera se presentaran los casos atendiendo un orden cronológico de acuerdo a la ocurrencia de los hechos y a una reseña de la entrada en funcionamiento de estas Brigadas; demostrando que la responsabilidad de la degradación de esta práctica no solo recae en cabeza de las fuerzas militares, sino de todas las autoridades civiles y órganos de control del orden local, departamental y nacional, por su omisión en el deber de garantía y protección de los derechos humanos. Para esto, hemos tenido en cuenta los casos de ejecuciones extrajudiciales que han sido documentados a través de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, denunciados por las organizaciones sociales y campesinas como la Asociación Campesina del Catatumbo, la Mesa Departamental de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada, el Movimiento Regional de Victimas de Crímenes de Estado, y aquellos que se encuentran referenciados en las bases de datos de Organizaciones de Derechos Humanos como el Cinep, la Coordinación Colombia Europa y Estados Unidos, la Asociación Minga, entre otras. Igualmente los casos de difícil identificación, pero que producto del seguimiento de prensa, pueden ser definidos como Ejecuciones Extrajudiciales.
También se quiere demostrar los niveles de impunidad en que se mantienen estos crímenes de lesa humanidad y la difícil experiencia de los familiares de las víctimas, de su real y efectiva participación y del ejercicio de sus derechos teniendo en cuenta las entrevistas con los familiares, la representación judicial que la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez asumió en algunos de los procesos que se adelantan en la jurisdicción penal militar, en la jurisdicción penal ordinaria y en la jurisdicción administrativa, así como en los contenidos de las contestaciones realizadas por la Brigada XXX y la Brigada Móvil No 15, en donde se pudo identificar las Brigadas sobre las que recae presuntamente la responsabilidad de estos hechos.
Asimismo, recordarles a las autoridades, a los órganos de control y a la sociedad civil en general que la defensa de los DDHH es un trabajo legítimo, legal y humanista que busca contribuir en la protección, reivindicación y defensa de los DDHH de la población más vulnerable y ser la voz de quienes no tienen voz, porque en múltiples oportunidades se advirtió esta situación desde un principio pero desafortunadamente estas advertencias fueron estigmatizadas y principalmente no quisieron ser escuchadas por parte de las autoridades, tal fue el caso de la oficina de la Vicepresidencia quien decía que un informe en que se daban cuenta de los casos de homicidios en personas protegida atribuible al Ejército Nacional, dificultaba los diálogos que esta oficina sostenía con los altos mandos militares, como muchas otras muestras de desinterés por parte de las autoridades competentes de investigar y sancionar penal y disciplinariamente a los responsables.
Y finalmente, esperamos que se evidencie que la implementación de la política de seguridad democrática, que sustenta su desarrollo en posiciones militaristas y guerreristas, sin una política pública de garantía y protección de los derechos humanos no puede ser implementada en regiones donde la posición de indefensión de campesinos e indígenas es abrumadora frente al poder del Estado y obviamente por la arbitrariedad con la viene actuando el Ejército Nacional y la Policía Nacional, porque desafortunadamente, el hecho de haber sido presentados como delincuentes o guerrilleros, deja la sensación en la opinión pública de justificación del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado, cuando recurrir a las armas es una potestad que puede ser utilizada solo como último recurso y en legítima defensa, lo cual no es una condición que se refleje en ninguno de los casos documentados, queda demostrado no solo por los casos de ejecuciones sino por las circunstancias y otras situaciones denunciadas, el desconocimiento, el irrespeto y el absoluto desinterés de aplicar las normas del derecho internacional humanitario, especialmente los principios que se refieren a la distinción, al trato humano, proporcionalidad; y de esta manera afectar y violar los derechos humanos de la Población Civil.
I. LA MILITARIZACION EN NORTE DE SANTANDER
El departamento de Norte de Santander se encuentra ubicado en la región andina de Colombia, en la zona Nororiental del país que limita con la República de Venezuela, conformado por 40 municipios, que se encuentran entre la cuenca del Catatumbo que tiene una extensión de 16.626 Km2, representando el 74.5% de su territorio, involucrando a 33 municipios y a una población 1.184.548 habitantes que lo tiene como única fuente de agua, siendo una región húmeda y tropical; y la subregión de la provincia de Pamplona que geográficamente es diferente a la anterior por la composición de los suelos y las condiciones climáticas, siendo más fría y seca.
La corta historia de desarrollo de ordenamiento territorial de Norte de Santander ha estado estrechamente ligada a la historia de 70 años de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, en especial las de petróleo y carbón, conservando aun las principales reservas para la economía de nuestro país; por lo anterior, y por la violencia que caracterizó la década de los años 40 en nuestro país, el Catatumbo, también, ha sido una de las zonas típicas de colonización campesina, mientras que la ciudad de Cúcuta, capital del departamento, ha tenido una dinámica eminentemente comercial por encontrarse en la frontera colombo venezolana, lo que le permitió un incipiente desarrollo urbano logrando la provisión de algunos servicios públicos y una infraestructura vial y comercial básica; pero los poblados rurales, se han caracterizado por el prolongado abandono estatal al que han sido sometidos, por la falta de inversión social, en donde a pesar de ser estas zonas en las que se llevan a cabo las actividades de explotación, lejos de traer desarrollo y progreso para sus habitantes, son la pobreza y la miseria las que priman sobre la realidad de los pobladores.
A pesar de todo, el Departamento ha contado con el reconocimiento estatal de una zona de Reserva Forestal (Ley 2 de 1959), un Parque Binacional Natural Catatumbo Bari desde 1989, dos resguardos indígenas (Motilon Bari en 1979 y Catalaura en 1989), debido a la presencia ancestral del Pueblo Indígena Motilón Bari, quienes valientemente han enfrentado los impactos que han traído consigo la invasión de empresas petroleras y campesinos en sus territorios.
Por todo lo anterior, La Región del Catatumbo ha sido y continua siendo una de las regiones mas complejas de nuestro país, debido a los intereses económicos y políticos que allí se concentran y que se superponen a los intereses colectivos, culturales, sociales y ambientales de la mayoría de la población que habita en esta región, pues se trata de una zona política y geográficamente estratégica para la instalación de megaproyectos, como corredor militar, de exploración y explotación y la instalación de cultivos de uso ilícito que propicia acciones de control territorial para estos fines vulnerando los derechos humanos de los campesinos e indígenas que habitan en esta región.
El año de 1999 marcó el inicio de un periodo trascendental y trágico en la historia reciente del Departamento convirtiéndose la violación de los derechos humanos en nuestro principal referente dentro del contexto político, social, económico y cultural; después de una histórica presencia de grupos subversivos de más de 30 años, como las FARC, ELN y EPL, quienes por la degradación del conflicto armado con sus prácticas han afectado a la población civil utilizando medios y métodos prohibidos del DIH, en esta región como en otras se implemento la mas cruel y sangrienta estrategia paramilitar, en donde hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, fueron humillados, maltratados, asesinados, masacrados, violentados sexualmente, reclutados forzadamente, desaparecidos, torturados, bloqueados económicamente, desplazados, despojados, desarraigados de sus tierras, de sus sueños y sus proyectos de vida; para el año 2004 en el marco de un proceso de negociación del gobierno con los grupos paramilitares, el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, después de escandalosas cifras de mas de 100 mil personas desplazadas, 60 masacres, 600 desaparecidos y 10 mil homicidios, promueven la desmovilización de 1435 paramilitares, en un acto protocolario que se llevo a cabo el 10 de diciembre en el corregimiento Campo Dos del Municipio de Tibu, es así como, el día internacional de los derechos humanos, paradójicamente, es amnistiada e indultada la mayoría de la tropa paramilitar, quedando en la impunidad los delitos atroces cometidos contra los nortesantandereanos, solo 166 hombres desmovilizados fueron vinculados a la comisión de crímenes de lesa humanidad y postulados por el Comisionado de Paz para ser juzgados a través de la Ley Penal Transicional numero 975 de 2005, denominada, Ley de Justicia y Paz.
Posteriormente, en un ejercicio de legitimar el restablecimiento del orden público, pero contrario a las necesidades de los habitantes de las zonas rurales del departamento, el gobierno decide priorizar las políticas públicas diseñadas para el desarrollo de la Seguridad Democrática, lo que implico, aumento del pie de fuerza en cinco veces, fumigaciones, erradicación de cultivos de uso ilícitos, reinserción, capturas, aumento de despliegues de operaciones militares, enfrentamientos, bombardeos, retenes, etc; así lo expuso el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, en los siguientes términos: "Entendemos las causas que llevaron al surgimiento de las Autodefensas. Entendemos que en un momento dado, en medio de la locura nacional, para enfrentar el terror de la guerrilla se hayan organizado estos grupos al margen de la ley, con la pretensión de brindar una seguridad por fuera de los cauces del Estado…la Constitución señala que el monopolio de las armas debe estar en manos de las autoridades legítimas. Y que sólo es legítimo el Estado que es capaz de proteger la vida, honra y libertades de los ciudadanos. |1|". (el subrayado es nuestro)
Es así como el gobierno colombiano manifestó que para garantizar que el proceso de desmovilización sea un hecho en Norte de Santander se crearon dispositivos especiales, no solo el incremento en cinco veces de la presencia de la Fuerza Pública en el Catatumbo, sino que se creó la Brigada Móvil número 15 y la Brigada número 30 con sede en Cúcuta, para este fin.
Para el 4 de diciembre del año 2005, empieza a operar la Trigésima Brigada, como unidad operativa mayor, quedando bajo su jurisdicción el Batallón de Infantería No 15 General Santander, creado en el año de 1867, el No 13 García Rovira en 1929, el Energético y Vial No 10 del 2001, el Grupo de Caballería Mecanizado No 5 Maza de 1919, el Batallón Contraguerrillas No 46 de 1995 y el Batallón de ASPC No 30 Guasimales del 2005; el 12 de diciembre del año 2005 fue creada la Brigada Móvil No 15 y fue asignada a la Región del Catatumbo el 9 de enero de 2006, cobijando en su jurisdicción los municipios de El Carmen, El Tarra, San Calixto, Hacari, Convención y Teorama; desafortunadamente no tenemos posibilidades de hacer un listado similar, en cuanto a la presencia de órganos de control o del Ministerio Publico en las mismas zonas, pues su presencia es insuficiente por no decir nula, la debilidad de las instituciones y autoridades públicas civiles municipales y rurales, desequilibran ampliamente la implementación de esa política pública pues las autoridades militares no encuentran limites para su accionar, convirtiéndose en la máxima autoridad de la región, y en la búsqueda de alcanzar las metas institucionales empiezan a contraponerse al deber internacional y constitucional del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, constitucionales y fundamentales de los pobladores de la región.
Y Empiezan las Ejecuciones Extrajudiciales…
Después de seis meses de funcionamiento del nuevo pie de fuerza militar, incrementan las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales de campesinos de la Región del Catatumbo, que fueron multiplicando voces de protesta frente a estos reprochables delitos de lesa humanidad, las comunidades en las veredas empezaron a organizarse para movilizarse para que sus derechos a la Vida y a la Integridad Personal fueran respetados por la Fuerza Publica, no entendían porque ellos eran objeto de sus acciones militares si la función constitucional de la institución castrense es brindarles protección y seguridad a los habitantes de la región en su vida, honra y bienes y lo que les estaban brindando e implementando era terror, pánico, humillaciones y muerte, como lo hicieron en sus momentos los paramilitares, ante estos hechos les preguntamos a los representantes de las Fuerzas Militares en varias reuniones: si ellos eran ahora los nuevos criminales del Catatumbo?
Sin embargo, ni las autoridades ni los medios de comunicación hicieron eco a las denuncias de una población vulnerable y doblemente victimizada y perseguida, ya no solo por el terror y miedo causado por los grupos paramilitares y guerrilleros, sino por las nuevas prácticas de muerte y estigmatización llevadas a cabo por la Brigada Móvil No. 15 y la Trigésima Brigada del Ejército Nacional de Colombia.
Desafortunadamente, los medios de comunicación solo estuvieron atentos a informar sobre la efectividad del ejército en sus operaciones militares, para legitimar su presencia en la zona, y no intuyeron que la nueva modalidad criminal fuese en ascenso.
Durante los años 2007 y 2008, ante las denuncias de las organizaciones sociales indígenas y campesinas y de organizaciones defensoras de derechos humanos, que coincidían en el aumento de las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública e Infracciones al DIH cometidas por todos los grupos armados ilegales que operan en la región, se promueven dos comisiones de verificación y observación de la situación de derechos humanos en la región del Catatumbo, la primera se adelantó del 9 al 12 de agosto del año 2007 y la segunda, del 6 al 11 de julio de 2008, en donde se mantuvieron reuniones con los lideres y miembros de las comunidades campesinas e indígenas, se recepcionaron denuncias, insistimos a los pobladores de la región en la necesidad de realizar las denuncias, de documentar las graves violaciones a los derechos humanos y de animar a quienes han sido víctimas de no guardar silencio.
Con el propósito de brindar mayor protección a las comunidades campesinas e indígenas nos comprometimos a elaborar informes de derechos humanos, que fueron presentados ante las autoridades públicas judiciales y administrativas del departamento y de la nación, con el propósito de impulsar las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes; igualmente, fueron presentados, en escenarios y espacios intergubernamentales, donde fue visibilizada esta problemática, además del difícil trabajo de posicionar esta grave situación en los medios de comunicación locales y regionales, con el fin de abrir el debate en la opinión pública sobre las violaciones de los derechos humanos, y en particular de las ejecuciones extrajudiciales, las torturas física y psicológica, el pillaje y el desplazamiento forzado, cuya responsabilidad estaba recayendo principalmente en miembros de la Fuerza Pública que operaban en el Catatumbo.
Después de la primera comisión de verificación y la presentación del Informe de las graves violaciones a los derechos humanos, en medio de la constante y permanente denuncia de campesinos de la región sobre estas prácticas, un miembro de la Brigada Móvil No 15, el sargento Alexander Rodríguez, confirma ante los medios de comunicación y la procuraduría general de la nación, lo que las organizaciones insistentemente veníamos denunciando, que miembros de la población civil estaban siendo presentados como bajas en combate y que a cambio de ello, les ofrecían 5 días de descanso. No es sorprendente que posterior a ello haya sido destituido de las fuerzas armadas y desacreditada su conducta como miembro de la institución castrense, "el comandante del Ejército, Mario Montoya, decidió retirarlo del servicio activo; mientras que el coronel Santiago Herrera, que comandaba la Brigada donde ocurrieron los hechos denunciados por el sargento, fue trasladado a Bogotá para asumir como oficial ayudante del propio Montoya." |2|
Dentro del primer semestre del año 2008, en el proceso de seguimiento y observación de la situación de derechos humanos en la región del Catatumbo principalmente, a través de las organizaciones y líderes campesinos, y después de realizada la Segunda Comisión de Verificación y Seguimiento que se llevo a cago del 6 al 11 de Julio de 2008, el balance preliminar es que la práctica de Ejecuciones Extrajudiciales había disminuido pero no desaparecido, comparado con las preocupantes estadísticas del año 2007, ya que de 51 casos habían disminuido a 9 en el 2008. Sin embargo, el informe de la segunda comisión fue presentado durante el mes de Septiembre, nuevamente en los diferentes espacios humanitarios e intergubernamentales para presentar el balance y seguimiento de la situación, y a pesar de la estigmatización y señalamiento de parte de varias autoridades civiles y militares nacionales y de la región, las organizaciones sociales y de derechos humanos, sostuvimos que la práctica se mantenía, así como de otras violaciones a los derechos humanos y delitos como la tortura, desplazamiento forzado, pillaje y que los organismos de control no estaban siquiera haciendo los esfuerzos mínimos en adoptar medidas para prevenir, proteger y garantizar el respeto irrestricto a los habitantes de la región y de brindar garantías de no repetición de estos hechos.
Es así como al concluir esta segunda jornada de la Comisión de Verificación entre los meses de Julio a Septiembre se habían documentado solo dos casos de ejecuciones extrajudiciales, en la región del Catatumbo. Sin embargo, de manera sospechosa empiezan a publicarse en los medios de comunicación regionales bajas en combate en otras zonas del Departamento, en municipios como Durania y el Zulia, municipios muy cercanos de la ciudad capital Cúcuta, y en seguimiento de varios medios de prensa del 18, 24 y 26 de Julio de 2008, empezamos a identificar un nuevo patrón, las personas presentadas como bajas en combate ya no eran campesinos de la región del Catatumbo, sino jóvenes cucuteños de barrios populares del municipio de Cúcuta, y mineros del municipio de Zulia. ¿Qué estaba pasando? Fue la pregunta que empezamos a hacernos, y debido a la preocupación de que se estuviera promoviendo una práctica de ocultamiento con fines de presentar resultados de guerra, empezamos a contactar personeros municipales donde supuestamente se adelantaron combates y expusimos abiertamente la preocupación que rondaba para ese momento sobre estas víctimas. Advertimos que no era común la conducción de estas operaciones militares en esas zonas donde el ejército no está disputando control territorial con grupos subversivos ni bandas emergentes, además, al indagar en las comunidades, las personas coincidían en que las víctimas o dados de baja no eran conocidos en la región ni conocían de denuncias por extorsiones o actos delincuenciales.
Además, no sobra mencionar, que al igual que los campesinos del Catatumbo presentados como dados de baja en combate, el presunto armamento usado por las personas abatidas, son armas cortas, pequeñas, incluso, en muchos casos revólveres sin capacidad bélica, y no es atrevido aseverar que en dado caso, fue desproporcionado e irracional el uso de la fuerza por parte del ejercito, porque es de valientes enfrentarse a hombres que poseen armas de largo alcance, mas grandes y de alta tecnología que posee el ejército nacional con revólveres calibre 38. Todas estas realidades empezamos advertirlas y las presentamos en el último comité departamental de derechos humanos que se llevo a cabo en el año 2008, incluso con un delegado de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, el señor Fernando Ibarra, quien descalifico, desacredito el informe y lo considero tendencioso.
Nos encontrábamos elaborando un informe de derechos humanos de manera específica sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, cuando el 22 de septiembre de 2008 |3|, empieza a develarse ante la opinión pública a través de todos los medios de comunicación radiales y de televisión no solo regionales sino también nacionales de la existencia de una fosa común en el municipio de Ocaña, en donde presuntamente se encontraban los restos de 11 jóvenes que habían desaparecido varios meses atrás del municipio de Soacha y del Barrio Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá, al mismo tiempo el Ejército Nacional argumentaba que los cuerpos que se hallaban en esas fosas eran de NN que habían sido abatidos en combate. Sin pensarlo ni querer que fuera cierto, empezamos a confirmar que la práctica de ejecuciones extrajudiciales no estaba disminuyendo, simplemente, las autoridades militares estaban perfeccionando sus métodos de ocultamiento, y aun los organismos de control continuaban sin hacer nada al respecto; es decir para evitar las denuncias de los campesinos y habitantes de la zona, quienes protestaban cada vez que ocurría uno de estos crímenes, lo que hicieron fue coordinar la desaparición de personas en otras partes del país y presentarlas como dados de baja en combate en el departamento de Norte de Santander.
Para el día 25 de Septiembre el escándalo era de tal magnitud, que una vez continuaban las acciones de cotejo realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con las personas referenciadas como abatidos en combate, la fiscalía ordena la exhumación no de 11 cuerpos sino de 19, mientras que el General Paulino Coronado continuaba insistiendo: "No estamos ante un falso positivo, estamos frente a personas que se enfrentan al ejercito", |4| y otros miembros del Ejercito también afirmaban que los jóvenes hacían parte de las Águilas Negras; ¿Acaso estas víctimas fueron convertidas en aparentes cifras de efectividad del Ejercito para demostrar que si estaban confrontando este nuevo grupo paramilitar? mientras tanto, los familiares de las victimas continuaban llegando a la ciudad de Ocaña a identificarlos y reclamar sus cuerpos afirmando que eran jóvenes trabajadores de humildes sectores del municipio de Soacha, que habían desaparecido de un momento a otro.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos que tenemos presencia en la región coincidimos en nuestros comunicados, declaraciones de prensa y radiales, y denuncias a los órganos de control, en la preocupante situación de que estuviéramos frente a una red criminal mas organizada con alianzas incluso de grupos armados ilegales y de estructuras paramilitares, dedicadas a reclutar jóvenes de estratos populares no solo de Cúcuta sino también de otras ciudades para mostrar lo que se empezó a denominar como falsos positivos y así lograr reconocimientos pecuniarios y reconocimientos militares al interior de la institución, porque las Brigadas Móvil No 15 y la 30 ya no podían continuar presentando campesinos de la región del Catatumbo, generalmente como guerrilleros, abatidos en combate.
Es lamentable y desalentador para nuestro trabajo, que esta nueva modalidad del Ejército Nacional en mostrar efectividad en sus operaciones, es en gran medida el resultado de la constante presión y veeduría de las organizaciones de ddhh y sociales que trabajan y acompañan a la comunidad nortesantandereana, en especial la del Catatumbo, sobre el accionar de los grupos armados, entre ellos la Fuerza Pública. Organizaciones campesinas como la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT y el Comité Integración Social del Catatumbo - Cisca, el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado-Capitulo Norte de Santander, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos-Nodo Nororiental, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, la Fundación Progresar, la Asociación Minga, entre otras, mantuvieron una constante denuncia e interlocución con autoridades y entes no gubernamentales, en una lucha porque todos los crímenes perpetrados por la Brigada Móvil No. 15 y la Brigada 30, no quedaran en la impunidad y desafortunadamente, se presentaron estos hechos más desafortunados aun.
En esta lógica de análisis podemos concluir que efectivamente la maquina de guerra y el desbordado numero de efectivos que llegaron al Catatumbo, significa la disposición de enormes cantidades de dinero, recursos del presupuesto nacional y de los apoyos militares internacionales, debía entregar resultados, no era posible pensar que unas tropas de más de 10 mil hombres de la Fuerza Pública, no presentaran resultados, lamentablemente no solo son unos criminales sino una mentirosos.
II. QUIENES FUERON SUS VICTIMAS: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL CATATUMBO

1. CASO: 1 y 2 Victimas

El 6 de junio de 2006, en el municipio San Calixto (Norte de Santander), tropas de la Brigada Móvil No 15, asesinaron a JOSÉ GUVER LÓPEZ |5| de 36 años y JOSÉ ORTIZ, campesinos comuneros que fueron presentados como guerrilleros torturados |6| y muertos en combate. Cuentan sus familiares y amigos, que Guver salió de la casa en ropa de trabajo pues iba para Filo de Oro, el ejercito venía haciendo señalamientos a estos campesinos, como colaboradores de la guerrilla, es así, que el día que los retuvieron manifestaron que los pondrían en manos de las autoridades competentes de Cúcuta, sin embargo en el trayecto del camino entre el Vajial y Villanueva, la Brigada Móvil 15 llevo a los dos campesinos en donde ya tenían retenidos dos niños y dos señores mas, a quienes dejaron libres posteriormente, lo que no ocurrió con JOSÉ GUVER LÓPEZ y JOSÉ ORTIZ, quienes aparecieron torturados y muertos.

2. CASO: 3 Victima

El miércoles 19 de julio de 2006, en la Vereda el Limón (Municipio de Teorama-Norte de Santander), tropas de la Brigada Móvil No. 15 asesinaron al joven campesino LUIS ANGARITA |7| de 22 años de edad, cuando éste se dirigía a una finca en la que trabajaba como jornalero. Posteriormente, las tropas lo vistieron con camuflado y mostraron a Luis como un subversivo dado de baja en combates presentados en El Limón (área en la cual no hay presencia guerrillera). Estos hechos fueron denunciados por los pobladores en Radio Catatumbo.

3. CASO: 4 y 5 Victima

El 27 de septiembre de 2006, en la Vereda 4 Esquinas entre los límites de los municipios de Convención y Teorama-Norte de Santander, fueron asesinados por miembros del Ejercito Naciona, la Brigada XXX, los campesinos ALEXANDER GOMEZ, NEIBER GARCIA y QUINTERO LOPEZ |8|. La comunidad señala, que estos tres hombres se destacaban por ser trabajadores, honestos; agricultores que nunca empuñaron un arma ni tenían relaciones con grupos armados. Fueron presentados como guerrilleros muertos en combate y sus familiares debieron reclamar sus cuerpos en la Morgue del Hospital de Ocaña.

4. CASO: 6 Victima

El 26 de enero de 2007 sobre las 9:15 pm, se encontraba pescando en la vereda San Carlos (conocida también como vereda Catatumbo) del municipio de Teorama- Norte de Santander, el señor DAVID RAMÍREZ ASCANIO |9| de 55 años de edad, en compañía de su hijo Alejandro Ramírez, cuando tropas del ejército adscritas a la Brigada Móvil No. 15 abrieron fuego y el señor David Ramírez fue alcanzado por las balas. Su hijo salió corriendo y al otro día se reunieron con la comunidad para reclamar el cuerpo de David, pero la respuesta del ejército fue que lo debían llevar a Ocaña porque era un guerrillero. El señor David Ramírez fue presentado ante los medios de comunicación como subversivo integrante de la Columna Móvil Resistencia Barí de las FARC - EP, dado de baja en combate por integrantes del Batallón Plan Especial Energético y Vial No. 10.

5. CASO: 7 y 8 Victimas

El 26 de enero de 2007, integrantes del Ejército Nacional, Plan Especial Energético y Vial No. 10, llegaron a la vereda Los Cedros, municipio de El Tarra-Norte de Santander, y ejecutaron al joven campesino de 19 años DANILO ENDERSON VERGEL ALVAREZ. Los campesinos, al ver el asesinato del joven Danilo, se unieron en protesta para reclamar su cadáver. Al hablar con el comandante encargado de la tropa, la respuesta que éste le dio a los pobladores fue: "váyanse para Venezuela si no les gustan estas reglas, nosotros hacemos lo que nos de la gana". De todas maneras los campesinos no retrocedieron, ni cedieron en su objetivo, entonando consignas como: "¡estamos cansados de tantas muertes en el Catatumbo!". A los pocos minutos, el comandante admitió la muerte del joven, permitiendo que algunos de los familiares lo vieran. La multitud protestaba y exigía que no se llevaran el cuerpo, gritando: "¡Asesinos!", "¡él no era ningún guerrillero!". Finalmente los militares se llevaron en un helicóptero el cadáver del menor hasta Ocaña.*

6. CASO: 9 Victima

El 10 de marzo de 2007 en el municipio el Tarra-Norte de Santander, fue ejecutado por miembros de la Brigada Móvil No. 15, el campesino MIGUEL ANGEL CARRASCAL TORO |10|.

7. CASO: 10 Victima

El 17 de marzo de 2007, fue asesinado el campesino DIOSELINO DURAN PEREZ |11| en el municipio de Abrego-Norte de Santander, por miembros de la Brigada XXX.

8. CASO: 11 Victima

Miembros del Ejército Nacional Brigada XXX, ejecutaron al comerciante GUILLERMO PEREZ APONTE |12| en el municipio de Abrego-Norte de Santander, el día 17 de marzo de 2007.

9. CASO: 12 Victima

El Ejercito Nacional Brigada XXX Batallón Santander, ejecuto al comerciante DIOMAR ELI BAYONA GUERRERO |13|, el día 17 de marzo de 2007 en el municipio de Abrego-Norte de Santander.

10. CASO: 13 Victima

El 9 de abril de 2007 en el municipio El Carmen-Norte de Santander, miembros de la Policía Nacional asesinaron al campesino ALEXANDER NAVARRETE MARTINEZ |14|.

11. CASO: 14 Victima

El 16 de abril de 2007 en el municipio de Ocaña-Norte de Santander, miembros de la Brigada Móvil No. 15 ejecutaron a LUIS ANTONIO SANCHEZ |15|.

12. CASO: 15 Victima

El lunes 23 de abril de 2007, NUMAR ANTONIO GERARDINO CARREÑO |16|, campesino de 26 años con cedula de ciudadanía No 88.410.040, padre y esposo de familia, salió a las ocho de la mañana de la vereda La Pedregosa del municipio de Teorama (N. S.), y se disponía a viajar a la finca donde vive con su esposa e hijos, en la vereda La Unión parte alta. Aproximadamente a las 10:30 am se escucharon disparos en los límites de las veredas Mundo Nuevo, La Gorgona y La Unión Alta, lugar donde se encontraba asentado el Ejército Nacional Brigada Móvil No. 15. Numar se dedicaba a la agricultura en la vereda La Unión parte alta, la cual es propiedad familiar. Se presume, que quien comandaba las operaciones desde el 15 de abril de 2007 (pues la población reseña que desde esta fecha estaban asentados en esta zona) era la Bigada Móvil No. 15 en cabeza del Comandante Santiago Fajardo Herrera.

13. CASO: 16 y 17 Victimas

El 30 de abril de 2007, en el municipio de Teorama-Norte de Santander, fueron ejecutados por el Ejército Nacional Brigada Móvil No. 15 los ciudadanos EUCLIDES GARCIA CLARO |17| y DEIVER RAMIREZ ROJAS, quienes se desempeñaban como obreros.

14. CASO: 18 Victima

El 1 de mayo de 2007 en el municipio El Tarra-Norte de Santander, fue ejecutado el contratista FAIR JULIO VEGA |18| de 23 años de edad, por tropas de la Brigada Móvil No. 15.

15. CASO: 19 Victima

El 2 de mayo de 2007 en el municipio el Carmen-Norte de Santander, fue ejecutado el campesino DIOSEMIRO CHINCHILLA |19| por tropas de la Brigada Móvil No. 15.

16. CASO: 20 Victima

El 3 de mayo de 2007 en el municipio de Abrego-Norte de Santander, fue ejecutado el joven WILLIAN JAIME SARABIA |20| de 29 años, quien sufría de una discapacidad, por parte de la Brigada XXX.

17. CASO: 21 Victima

El 6 de mayo de 2007 en el municipio de Ocaña-Norte de Santander, miembros de la Brigada Móvil No. 15, ejecutaron al campesino SAID ORTIZ ORTIZ |21|.

18. CASO: 22 Victima

El 16 de mayo de 2007 en el municipio de Ocaña-Norte de Santander, fue ejecutado el señor FERNANDO QUINTERO |22|.

19. CASO: 23 Victima

El 18 de de mayo de 2007 en el municipio el Carmen-Norte de Santander, fue ejecutado el joven campesino de 25 años, ALVARO CHOGO |23|; presentado por la Brigada Móvil No. 15 como guerrillero dado de baja en combate. El joven campesino fue detenido ilegalmente por el Ejército quien llego a su casa ubicada en la Vereda Yeguera del municipio de Aguachica que linda con el municipio del Carmen.

20. CASO: 24 Victima

El 25 de mayo de 2007 en Norte de Santander, fue ejecutado por la Brigada Móvil No. 15 el campesino MARIO REYES |24|.

21. CASO: 25 Victima

En el mes de mayo de 2007 en un sitio llamado la Piscina del Corregimiento Piedrecita-municipio el Carmen-Norte de Santander, fue ejecutado y presentado como guerrillero el joven campesino de 17 años MIRTO JULIO CONTRERAS |25|, por parte de miembros de la Brigada Móvil No. 15.

22. CASO: 26 Victima

El 7 de junio de 2007 en el municipio del Carmen-Norte de Santander, fue ejecutado por la Brigada Móvil No. 15, el campesino GERARDO QUINTERO |26|.

23. CASO: 27 Victima

El 10 de junio de 2007 en el municipio de Ocaña-Norte de Santander, fue ejecutado el joven campesino de 20 años JOSE NESTOR RODRIGUEZ |27|. La Brigada Móvil No. 15, lo presento como guerrillero dado de baja en combates sostenidos en la vereda Palmira del municipio de Aguachica que limita con el municipio del Carmen.

24. CASO: 28 y 29 Victimas

El 16 de junio de 2007 en el municipio El Tarra-Norte de Santander, fueron torturados y ejecutados los jóvenes campesinos JOSE ARMANDO PEREZ BALAGUERA |28| de 20 años y DIOSEMIRO DURAN GUERRERO de 19 años. La Brigada Móvil No. 15 los detiene y luego aparecen muertos, aduciendo que los asesino la guerrilla.

25. CASO: 30 y 31 Victimas

El 18 de junio de 2007 en el municipio del Carmen-Norte de Santander, fueron ejecutados por la Brigada Móvil No. 15, los campesinos EDGAR VILLEGAS BOTELLO de 23 años y SAMUEL RINCÓN QUINTANA. 8 días antes del asesinato, Edgar fue amenazado por el Ejército. Edgar bajó al Carmen junto con su patrón Samuel Rincón Quintana, y saliendo del municipio los retiene el Ejército, Brigada Móvil XV sobre las 3:00 p.m. Los amarran y se los llevan hacia la Vereda Zaragoza. Posteriormente, Edgar y Samuel son presentados como guerrilleros del ELN dados de baja; vestidos con uniformes y armas. El supuesto combate lo reportaron (4:30 a. m. del 18 de junio del 2007).

26. CASO: 32 Victima

El 26 de junio de 2007 en el municipio de Teorama-Norte de Santander, fue ejecutado por el Ejército Nacional, el señor YURGEN QUINTERO QUINTERO |29|.

27. CASO: 33 Victima

El 30 de junio de 2007 en el municipio el Carmen-Norte de Santander, fue ejecutado por la Brigada Móvil No. 15 el campesino JAVIER PEÑUELA RODRIGUEZ |30|.

28. CASO: 34 Victima

El día 7 de julio de 2007 en el municipio de San Calixto-Norte de Santander, fue ejecutado el comerciante EUTASIO FRANCO |31| de 33 años de edad, por miembros de la Brigada Móvil No. 15. Este caso es conocido por la Procuraduría General de la Nación.

29. CASO: 35 Victima

El día 13 de julio de 2007 en el municipio Hacari-Norte de Santander, miembros de la Brigada Móvil No. 15, asesinaron al campesino HECTOR ANTONIO RUBIO ALVAREZ |32|.

30. CASO: 36 Victima

El día 13 de julio de 2007 en el municipio de Tibú-Norte de Santander, la Brigada Móvil No. 15, ejecuto al campesino LUIS ALBERTO SANDOVAL GUERRERO |33|.

31. CASO: 37 Victima

El 16 de julio de 2007 en la Vereda Casa de Palma del Corregimiento de San Pablo- Teorama-Norte de Santander, fue torturado y ejecutado por miembros del Ejercito Nacional Brigada Móvil Numero 15- Batallón contra guerrilla Número 95, el campesino LUIS CARLOS ANGARITA RINCON |34| de 25 años y padre de 2 menores. Cuentan los vecinos: "El día 15 de Julio de 2007 de 2:00 a 3:00 pm., cuando regresaba para su hogar fue detenido por el Ejercito Nacional acantonado a la salida del corregimiento de San Pablo en la entrada de Piedras de moler. Lo bajaron de su bestia, lo sacaron del camino y en horas de la noche lo trasladaron hacia otra vereda llamada Los Ángeles, allí fue torturado, le pusieron una pistola y lo acribillaron a bala. De allí el cuerpo fue trasladado al Batallón."

32. CASO: 38 Victima

El 19 de julio de 2007 en el municipio el Carmen-Norte de Santander, fue ejecutado por la Brigada Móvil No. 15, el campesino WILFREDO DURAN |35|.

33. CASO: 39 Victima

En agosto de 2007 en el municipio de Teorama-Norte de Santander, el campesino GIOVANNY OVALLOS |36| TRIGOS fue ejecutado por la Brigada Móvil No. 15.

34. CASO: 40 Victima

El 5 de agosto de 2007 en el municipio de Convención-Norte de Santander, miembros de la Brigada Móvil No. 15, ejecutaron al campesino DANILO MANDON CHOGO |37| quien tenía 25 años de edad.

35. CASO: 41 Victima

El día 12 de agosto de 2007 en el municipio el Carmen-Norte de Santander, miembros de la Brigada Móvil No. 15, sacaron de un billar del pueblo a WILFREDO QUINTERO CHONA de 28 años, lo retuvieron y se lo llevaron; apareciendo posteriormente muerto.

36. CASO: 42 Victima

El 25 de agosto de 2007 el la Vereda el Llanón-Abrego-Norte de Santander, fue ejecutado el campesino de 22 años ALEXANDER SANCHEZ QUINTERO |38|, por miembros de la Brigada Móvil No. 15.

37. CASO: 43 y 44 Victimas

El 3 de septiembre de 2007 por la vía que de Ocaña conduce a Aguachica sector de San Villa, Jurisdicción del Municipio de Rio de Oro, fueron ejecutados los señores RAUL AMAYA AMAYA de 36 años, padre y esposo de familia, y JALER ANTONIO MIRANDA MIRANDA |39| de 26 años, padre y esposo, por tropas del Ejercito Nacional- BR30-Batallón de Infantería no. 15 "Francisco de Paula Santander". Eran dos hombres dedicados a sus familias y a trabajos independientes en el área de la construcción. Reportados como bajas en combate por el Mayor ESTUPIÑÁN SEPÚLVEDA FABIO NORBERTO.

38. CASO: 45 Victima

El 5 de octubre de 2007 en la Vereda Santa Cruz, Corregimiento la Gabarra-Tibú- Norte de Santander, fue torturado y ejecutado el agricultor JOSE DEL CARMEN SOLANO |40| de 42 años, casado y con hijos, por miembros de la Brigada XXX.

39. CASO: 46 Victima Sobreviviente

El día 6 de octubre de 2007 en el municipio el Tarra, el joven campesino que para aquella época tenía 19 años VILLAMIR RODRIGUEZ |41|, fue detenido por soldados de la Brigada Móvil No. 15, con el argumento de que por no tener los papeles en regla, sería reclutado. Después de hacerlo caminar por varias horas y casi a la medianoche, cuenta que "me esposaron a un palo de cacao y me amarraron con una pita...". "Al rato sentí fue un disparo… caí en el pastal boca abajo y yo me hice el muerto...". "Después llegaron los soldados y me colocaron una pistola al lado de la cabeza". Villamir logró escaparse, permaneció 2 meses en el hospital; es allí detenido por las autoridades por el presunto delito de rebelión. Dos de los testigos que han declarado en contra de Villamir, han sido aportados por el Ejército. (No sabemos si permanece aún en la cárcel).

40. CASO: 47 Victima

El 9 de octubre de 2007 en el municipio de San Calixto-Norte de Santander, fue ejecutado el campesino CARLOS DANIEL MARTINEZ ORTEGA |42| de 42 años de edad y padre de 6 hijas, por tropas de la Brigada Móvil No. 15. Entro el ejército en horas de la madrugada a la casa del señor Carlos, lo sacaron y lo mataron detrás de su vivienda.

41. CASO: 48 Victima

El 9 de octubre de 2007 en la Vereda La Cristalina del corregimiento La Bogotanael Carmen-Norte de Santander, tropas de la Brigada Móvil No. 15, entraron a la casa del campesino JOSE ELIECER ORTEGA BONET |43| de 38 años, y lo asesinaron.

42. CASO: 49 y 50 Victimas

El 10 de octubre de 2007 entre las veredas El Catatumbo y El Rosario-Teorama- Norte de Santander, miembros de la Brigada Móvil No. 15, atacaron y asesinaron a los campesinos JESUS ALBEIRO AMAYA MONTEJO |44| de 30 años, padre y esposo de familia, y a JUAN CARLOS SALCEDO DURAN padre de una menor, quienes fueron reportados como guerrilleros dados de baja en combate.

43. CASO: 51 Victima

El 10 de octubre de 2007 en el municipio del Tarra-Norte de Santander, fue ejecutado por miembros de la Brigada Móvil No. 15, el señor ADINAEL ARIAS CARDENAS |45| campesino de 32 años, quien estaba afiliado a la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Fortuna, corregimiento la Cristalina, Municipio de San Calixto, Norte de Santander.

44. CASO: 52 Victima

El 16 de octubre de 2007 en la Vereda Santa María del municipio de Convención- Norte de Santander, fue ejecutado el joven campesino de 22 años, WILMER JACOME VELAZQUEZ |46| por hombres de la Brigada Móvil No. 15.

45. CASO: 53 Victima

El 16 de octubre de 2007 en el municipio la Playa-Norte de Santander, fue asesinado el campesino CARMEN EMILIO ASCANIO ORTIZ |47| por tropas de la Brigada Móvil No. 15.

46. CASO: 54 Victima

El 4 de Noviembre de 2007 a las 5:30 am, las tropas del Batallón No. 95 "Ricardo Díaz", adscritas a la Brigada 30 del Ejército Nacional, bajo el mando del mayor Herrán, ejecutaron al campesino DIOSELÍ ASCANIO ACOSTA , de 47 años de edad, identificado con C.C. 13.200.154 de Teorama, agricultor y padre de cinco menores de edad.

47. CASO: 55 Victima

El 6 de diciembre de 2007 en la Vereda El Páramo del Corregimiento: Otare- Ocaña-Norte de Santander, fue ejecutado por el Batallón de Infantería Numero 15 del Grupo Especial Boyacá 22, el señor DANIEL SUAREZ MARTINEZ, padre de una menor. Los familiares encontraron el cuerpo de Daniel en la Morgue, presentado como un guerrillero del ELN dado de baja en combate.

48. CASO: 56 Victima

El 23 de diciembre de 2007 en el municipio de Hacari-Norte de Santander, miembros de la Brigada Móvil No. 15 comandados por el mayor Rodríguez y el teniente Cano, ejecutaron al campesino PEDRO JULIO QUINTERO ALVAREZ |48|. Fue muerto en la vereda Mesitas a las 8 de la noche.

49. CASO: 57 Victima

El 27 de diciembre de 2007 en el municipio el Tarra-Norte de Santander, fue asesinado por tropas de la Brigada XXX, Batallón Héroes de Saraguro, el joven campesino de 18 años JAVIER BARRIENTOS |49|.

50. CASO: 58 Victima

El 2 de enero de 2008 en el municipio de San Calixto-Norte de Santander, fue ejecutado el campesino de 38 años; padre y esposo de familia, JESUS ANTONIO GARCIA GARCIA |50|, por miembros de la Brigada Móvil No. 15.

51. CASO: 59 Victima

El 2 de marzo de 2008 en el municipio de Teorama-Norte de Santander, tropas de la Brigada Móvil No. 15 al mando del Capitán Juan Manuel Ordóñez, ejecutaron al campesino de 31 años FARIEL AREVALO ACOSTA |51|, cuando iba con su mula por la Vereda Puente Azul del Corregimiento de San Pablo.

52. CASO: 60 Victima

El 19 de marzo de 2008 en la Finca Quebrada la Perica de la Vereda Costa Rica del Corregimiento San Juancito-Teorama-Norte de Santander, fue torturado y ejecutado el campesino JOSE DEL CARMEN DURAN TELLEZ |52| padre y esposo de familia, por hombres de la Brigada Móvil No. 15. A José del Carmen, el Ejército lo saco de su casa, lo mataron, le cambiaron sus ropas por prendas militares y reportaron que había fallecido en combate.

53. CASO: 61 Victima

El 22 de marzo de 2008 en la Vereda Islitas del municipio de Hacari-Norte de Santander, hombres del Batallón Santander ejecutaron al campesino ROQUE NAIN OVALLOS GARCIA |53| de 28 años quien vivía con su madre.

54. CASO: 62 y 63 Victimas

El 25 de mayo de 2008 en la Vereda la Jabonera del municipio de Teorama-Norte de Santander, miembros de la Brigada Móvil No. 15, asesinaron a JHON JAIRO CONTRERAS VERA agricultor de 25 años, padre de menores y esposo de familia, y a JOSE DE JESUS REYES |54|. Según declaraciones de vecinos y familiares, el ejercito les dijo que JHON JAIRO CONTRERAS VERA era guerrillero y por eso fue dado de baja, que supuestamente ellos habían hecho la señal de parada y ellos no hicieron caso. Por eso dispararon.

55. CASO: 64 Victima

El 26 de junio de 2008 en la Finca el Espejo de la Vereda San juancito, municipio de Teorama-Norte de Santander, la Brigada Móvil No. 15 ejecuto al campesino ALIRO ALFONSO SANCHEZ SALACEDO padre de 7 hijos y esposo de familia.

56. CASO: 65 Victima

El 8 de Julio de 2008, en la Vereda Boquerón, Corregimiento La Libertad, Municipio de Convención-Norte de Santander, fue asesinado el campesino ORFAEL MORALES PACHECO |55| por tropas de la Brigada Móvil No. 15.

57. CASO: 66 Victima

El 1 de julio de 2008 en el Corregimiento de San Pablo municipio de Teorama-Norte de Santander, miembros de la Brigada Móvil No. 15, asesinaron YOVANIL GUERRERO QUINTERO de 27 años de edad padre de un menor y esposo de familia.

58. CASO: 67 y 68 Victimas

El 15 de julio de 2008 en la Vereda Santa Roda del municipio de Cúcuta, fueron ejecutados los jóvenes JHON JAIRO FLOREZ SUAREZ de 28 años, minero y padre de dos hijos, y LEONARDO DAVID PALACIO MOSQUERA de 22 años, por tropas de la Brigada XXX. El ejercito los presento como delincuentes dados de baja en combate, argumentando que los informes de inteligencia militar, decían que estas dos personas intimidaban a ganaderos y moradores en los límites entre El Zulia, Cúcuta, Puerto Santander y Tibú para extorsionarlos, junto a los cuerpos presentaron dos revólveres, una granada de fragmentación y dos proveedores, además de 718 mil pesos aproximadamente.

59. CASO: 69, 70, 71 y 72 Victimas

El 24 de julio de 2008 en la Vereda Tejarito, Municipio de Durania-Norte de Santander, fueron asesinados los jóvenes HUGO A. GARZON ALVARADO de 22 años, NELSON DARIO VARGAS PARRA de 20 años, JOHAN MANUEL GUZMAN de 17 años y LEIDY KATERIEN GELVEZ MARTINEZ de 20 años de edad, por tropas de la Brigada XXX que los presento como cuatro de los cinco guerrilleros dados de baja en combate en la vereda Tejarito del municipio de Durania en limites con el municipio de San Cayetano.

60. CASO: 73 Victima

El 14 de agosto de 2008 en la Vereda Manzanares del Corregimiento Puente Real- San Calixto-Norte de Santander, fue ejecutado el campesino de 45 años de edad OLIVIO PEÑA, por tropas de la Brigada Móvil No 15. El viernes 15 de agosto, miembros del Ejército le informaron a los habitantes de Puente Real que habían "dado de baja" a un guerrillero y herido a otro. No obstante, para sorpresa de la comunidad, el supuesto guerrillero dado de baja, era en realidad Don Olivo Peña, a quien todos identificaban como un campesino que no tenía vinculación alguna con los grupos armados que operan en la zona y que se destacaba por su trabajo en la Junta de Acción Comunal de la vereda de Manzanares.

DRAMÁTICO ESCANDALO DE LOS JOVENES DESAPARECIDOS DE SOACHA, ENCONTRADOS EN FOSAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA:
Las siguientes victimas, son aquellos jóvenes que desaparecieron del seno de sus hogares, y terminaron sus cuerpos sin vida muy lejos de sus lugares de residencia y presentados como guerrilleros, miembros de bandas emergentes vinculadas al narcotráfico, extorsionistas, etc; Después del escandaloso caso de los 11 jóvenes de Soacha desaparecidos, fueron finalmente 23 las víctimas identificadas por sus familiares, entre los que se encuentra un joven con síndrome de down y otro menor de edad de municipio de Aguachica y Cimitarra, respectivamente; de acuerdo a la Fiscalía aun se encuentran 12 cuerpos sin identificar, y esta tenebrosa situación permitió empezar a dimensionar lo que estaba ocurriendo no solo en la provincia de Ocaña sino en otras partes del país.
En la Provincia de Ocaña, fueron tantos los ingresos de abatidos en combate realizados a la morgue del Municipio de Ocaña que las autoridades locales civiles tuvieron que tomar la decisión de retirar los Veinticinco (25) cuerpos que estuvieron durante varios meses en los cuartos fríos de medicina legal sin que nadie los reclamara y ordenar su inhumación en fosas comunes en la Vereda Las Liscas, a 5 km del casco urbano, desafortunadamente sin el mínimo respeto a los cuerpos sin vida de estos jóvenes, y sin el menor cuidado o protocolo para el cumplimiento de la preservación de las pruebas, pues independientemente que hubieran sido presentados como abatidos en combate, sus cuerpos eran objeto de investigación penal. No sobra resaltar que para el momento de las exhumaciones en Ocaña se han enterrado 45 NN.
Es así como en las diligencias de exhumación de los cuerpos, el dolor fue más abrumador cuando sus familiares, observan en el estado en el que enterraron a sus hijos, hermanos, esposos, unos encima de otros, desnudos, como si se tratara de despojos humanos, imágenes como las que recuerda la humanidad en el holocausto nazi, donde la deshumanización de la guerra, justificó todas estas aberrantes practicas, hoy condenadas por la humanidad, juntar cuerpos sin el más mínimo respeto en consideración a las tradiciones de darles un sepultura decorosa, sino como si estos restos humanos fueran basura.
Y no fue este el único ataque a su dignidad y a la dignidad de sus hijos al que tuvieron que someterse sus familiares, porque durante mucho tiempo e incluso después de encontrar sus cuerpos, en intentos por ocultar las estrategias para implementar las practicas de ejecuciones extrajudiciales, autoridades civiles como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, les manifestaron que sus hijos habían sido reclutados a la fuerza por grupos armados ilegales o convocados a realizar actividades ilícitas, y por ir en busca del dinero fácil desafortunadamente encontraron la muerte.
Lo cierto, es que la mayoría desaparecieron y en menos de 24 o 48 horas de su desaparición, fueron reportados como abatidos en combate, como NN, y enterrados en fosas comunes. Cómo pudo ser eso? Porque el tratamiento de estos casos fue una práctica que se volvió sistemática por parte del Ejército Nacional y que contó con el concurso de otras entidades, que solo de manera mecánica y desprovistos de total interés por realizar su trabajo con los debidos protocolos y abrir y adelantar las investigaciones correspondientes, simplemente recibían los cuerpos entregados por el Ejército y los enterraban, en un acto simbólico de impunidad, para que "todo quedara bajo tierra".
Pese a la gravedad de lo ocurrido, a la responsabilidad pública e internacionalmente aceptada por el gobierno de Álvaro Uribe, y la destitución de los militares, no se han adelantado investigaciones serias y condenas ejemplarizantes, es decir ante la gravedad de los hechos el gobierno nacional no ha dado paso a la constitución de una Comisión que reúna los estándares y protocolos internacionales de las Comisiones Nacionales de investigación en la impunidad de ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas.

No. VICTIMA EDAD Reportado Como Desaparecido Ingreso a Medicina Legal de Ocaña DESCRIPCIÓN HECHOS

1 Julio César Meza Vargas 24 Enero 26 de 2008, Soacha Enero 28 de 2008

2 Jonathan Orlando Soto Bermúdez 17 Enero 27 de 2008, Soacha Enero 28 de 2008

3 Daniel Andrés Pesca Olaya 27 Febrero 23 de 2008, Soacha Marzo 5 de 2008 Junto con Eduardo Garzón murieron en jurisdicción de San Vicente de Chucuri.

4 Eduardo Garzón Páez 32 Marzo 4 de 2008, Soacha Marzo 5 de 2008

5 Diego Alberto Tamayo 25 Junio 23 de 2008, Soacha Agosto 25 de 2008 Junto con sus compañeros Víctor Fernando Gómez y Jaider Andrés Palacio fueron reportados como miembros de bandas emergentes y que se les había encontrado dos pistolas y una escopeta.

6 Víctor Fernando Gómez Romero 23 Agosto 23 de 2008, Soacha Agosto 25 de 2008

7 Jaider Andrés Palacio Bustamante 22 Agosto 23 de 2008, Soacha Agosto 25 de 2008 El cuerpo de Jaider fue entregado en el mismo mes de agosto a sus familiares, fue el caso que sembró sospechas por la proximidad de la fecha de desaparición y muerte que no supera las 48 horas.

8 Fair Bernardo Porras Leal 26 Enero 8 de 2008, Soacha Enero 12 de 2008 Fue el primero en desaparecer, trabajaba como ayudante de construcción. Muerto supuestamente en combate.

9 Elkin Gustavo Verano Hernández 25 Enero 13 de 2008, Bosa Enero 15 de 2008 Junto con su amigo Joaquín fueron los segundos en desaparecer. Su madre Flor Hilda Hernández González, dijo en medios de comunicación que su hijo el 13 de enero de 2008 salió a trabajar en un taller de fundición de hierro para elaborar campanas en el barrio San Bernardino y nunca más lo volvió a ver. El 20 de septiembre la fiscalía le confirmo a través de una llamada telefónica que el cuerpo de Elkin se encontraba en un cementerio de Ocaña a unos 700 km de su casa.

10 Julián Oviedo Monroy 19 Marzo 2 de 2008 Marzo 3 de 2008 Según el acta de levantamiento fue muerto en combate 20 horas después de su desaparición. "Como se puede ver mi hijo fue traído hasta Ocaña para luego asesinarlo, no hay otra explicación". Dijo el Padre

11 Joaquín Castro Vásquez 27 Enero 13 de 2008, Soacha Enero 15 de 2008 Desapareció después de su jornada laboral en un taller donde hacen campanas para freno de tractomulas, cuando salió del trabajo se reunió con unos amigos a tomarse unas cervezas en el barrio Santa Ana de Soacha a unas cinco cuadras de la casa donde vivía y nunca más volvió. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Era amigo de Elkin Gustavo Verano quien también desapareció en la misma fecha.

12 Wilver Barbosa Albernia
Junio 23 de 2008, Soacha Agosto 25 de 2008

13 Carlos Mauricio Nova Vega 23 Agosto 25 de 2008 Bucaramanga Agosto 27 de 2008 Carlos era joven, lustrador de zapatos, residente en la ciudad de Bucaramanga, trabajaba en el Parque Centenario, el día 25 de Agosto fue desaparecido; el 27 de agosto fue presentado como abatido en combate en el municipio de Hacari- Norte de Santander.

ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS FRENTE AL NÚMERO DE VICTIMAS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Frente al trabajo de recolección de datos y posterior análisis de la información obtenida, se observaron algunas cifras que de alguna manera nos permitieron hacer una lectura objetiva de los hechos que presentamos a lo largo del documento.
Grafica No. 1: Clasificación por Género de las Victimas

El total de victimas enunciadas en el informe es de 87 personas; 86 hombres y 1 mujer, de los cuales 86 fueron ejecutados presuntamente por miembros del Ejército Nacional y la Policía. No obstante, Villamir Rodríguez no muere en el intento de la ejecución, logra salir con vida, después de haber sido victima de disparos a corta distancia por parte de la Brigada Móvil No. 15.
El 98,8% de las victimas presentadas como guerrilleros dados de baja en combate, fueron hombres. Hasta el momento solo se ha informado del asesinato de una mujer de 20 años en el 2008.

Grafica No. 2: Rangos de Edad de las Victimas

El informe elaborado señalo que en un 98,8% las víctimas enunciadas son de género masculino, pero a su vez, ha habido en la Fuerza Pública una practica de ejecutar hombres jóvenes que no superen los 35 años.
Sin embargo y no con menor asombro y dolor, estas prácticas de terror han cobrado la vida de 3 menores de edad, uno de ellos tenía solo 10 años.

Grafica No. 3: Actividad u Oficio de las Victimas

Dentro del número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales encontramos, que han sido los campesinos la mayoría de sus victimas, la grafica señala que de un total de 87 víctimas enunciadas, el 57.4%, eran personas campesinas que desempeñaban oficios como la agricultura.
Los ítems de desempleado, empleado, independientes y no mencionan, corresponden en gran medida, a hombres que no vivían en la región del Catatumbo, entre ellos, los jóvenes de Soacha.

Grafica No. 4: Lugar de los Hechos

El municipio de Teorama con 16 victimas, refleja que es la zona con mayor número de ejecuciones llevadas a cabo por la Fuerza Pública y el segundo el municipio de El Carmen; las demás ejecuciones se llevaron a cabo principalmente en la jurisdicción de la Brigada Movil No 15 correspondiente a la Provincia de Ocaña. La variable de otro lugar, hace referencia en gran medida, a los lugares en que fueron asesinados los jóvenes de Soacha.

Grafica No. 5: Presuntos Responsables de Ejecuciones Extrajudiciales

La Brigada Móvil No. 15, es sin lugar a dudas, la principal responsable de las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el Norte de Santander, así como de múltiples violaciones a los derechos humanos con 50 víctimas identificadas, en donde familiares, amigos, vecinos, han podido dar testimonio que las tropas de esta Brigada han provocado el terror y la muerte en estos últimos años en el Catatumbo.
Como segundo responsable de estos asesinatos, las personas han identificado y denunciado a la Brigada XXX, y en un tercer lugar la grafica señala con un 16.09%, que no se enuncia el infractor. Esta situación, no porque no se haya identificado que fue el Ejército quien ejecuto a todos estos hombres o mujeres, sino por falta de identificación de la Brigada, Batallon o tropa por parte de los familiares de las victimas.

Grafica No. 6: Victimas Año 2006

El informe plasma, un número de 6 victimas ejecutas en el 2006. Todas de origen campesino, y las cuales iniciaron para el mes de Junio de 2006, fechas en la que la brigada Móvil No 15 inicia operativos militares para ubicar batallones y tropas en la región.

Grafica No. 7: Victimas Año 2007

Para el 2007, el número de asesinatos por parte de la Fuerza Pública fue incontrolable, de 6 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el año 2006 pasaron a 51 para el 2007, siendo los meses de mayo con 8 casos, junio con 9 casos y octubre con 8 casos, los de mayor intensidad en la ejecución de esta práctica ilegal.

Grafica No. 8: Victimas Año 2008

Las criminales prácticas militares para el 2008 dan un viro a tal punto, que se suspenden las muertes de campesinos, pero inicia la desaparición por muchas regiones del país, de hombres jóvenes, humildes residentes de barrios populares de cascos urbanos. Las ejecuciones extrajudiciales se extendieron a otros sectores sociales, como el caso de los jóvenes de Soacha presentándose para el 2008 un número de 29 ejecuciones extrajudiciales en total.

III. RESPONSABILIDAD PENAL POR OMISION. LA COMPLICIDAD DE LA AUTORIDADES EN GARANTIZAR LA IMPUNIDAD.
En Colombia, lamentablemente no solo se violan los derechos humanos, sino que las instituciones encargadas de perseguir el delito y de garantizar la protección de los derechos de la Población han también implementado unas prácticas inoperantes, omisivas, que han hecho que se consolide la Impunidad en Colombia, a través de la expedición e implementación de los Marcos Jurídicos vigentes, y de una administración de justicia ya no solo ciega, sino sorda y muda, diseñada y ajustada para este propósito, con esto tristemente solo se conseguirá profundizar la discordia, la desesperanza y la posibilidad de encontrar salidas al conflicto social, político y armado que vive nuestro país. Es decir es tan grave que el Ejército Nacional haya cometido estos crímenes, pero es aún más grave que no se haga nada para sancionar y con ello permitir que se sigan cometiendo, este ha sido el papel de complicidad que durante mas de dos años han estado jugando organismos de control como la defensoría del pueblo de Norte de Santander y la Procuraduría delegada para los derechos humanos, y la Fiscalía General de la Nación.
Lamentablemente los resultados de que estas autoridades no hayan actuado son los siguientes:
1. Por un lado el resultado inmediato es que no se investigan ni sancionan a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, es decir quedan sin castigo.
2. La sociedad y las victimas ven frustrada la posibilidad de realizar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral,
3. Una de las cabezas más peligrosas: es el mensaje claro, preciso y contundente de que por estos hechos no se va a recibir castigo, es decir se promueve, se estimula y se invita sugestivamente a que la comisión de estos crímenes atroces se repitan.
4. Se niega no solo el derecho de la sociedad y de las victimas a la garantía de no repetición sino a que se consolide y propague un ambiente de irrespeto por los derechos humanos, situaciones que dificultan precisamente construir la paz.
5. Estas situaciones lamentablemente pueden generar más violencia, porque abre espacios a la venganza privada y a la búsqueda de justicia por otros medios, crea un ambiente de desconfianza y desesperanza.
6. Se desconocen e incumplen los principios, compromisos y obligaciones internacionales, no solo en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, sino en la persecución del delito, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, sino de la protección de los derechos fundamentales de la sociedad y de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.
7. Transforma valores y principios de la sociedad y de la humanidad: el respeto por la vida y los derechos humanos a cambio de utilizar los medios necesarios para conseguir resultados, ascensos, condecoraciones, todo para mentirle al pueblo colombiano sobre los resultados de la Política de seguridad democrática..
8. Lesiona el interés social por la defensa de la justicia, se puede desvanecer o desaparecer el concepto como ideal o valor, acá no hay justicia impera la ley del poderoso, del fuerte.
Lamentablemente en Colombia la Impunidad ha sido el aliado histórico para permitir y desarrollar las políticas de violaciones de derechos humanos y los crímenes cometidos, a fuerza de marcos jurídicos y de la administración de justicia han quedado en el olvido y sin castigo. A pesar de reconocer esa realidad que ha dejado unas marcadas huellas de dolor en el Pueblo Colombiano, el gobierno y el Estado lejos de querer superarla o corregir los errores del pasado, ahora mas que nunca, es decir ya no con una actitud omisiva, pasiva e inerte para enfrentar la investigación de las violaciones de derechos humanos, ahora de manera activa, injerente y cómplice ha construido marcos que garantizan la impunidad, han adecuado la administración de justicia, han contratado personas adeptas a sus razones de gobierno y a su proyecto político, han desconocido y atacado a la sociedad que demanda verdad, justicia y reparación, condenan y persiguen las expresiones de critica. Hoy podemos decir que la impunidad es una política, en el entendido de componerse de acciones, planteamientos, directrices e intereses para favorecer un proyecto político, militar y económico.
I. PAPEL DE FISCALIA GENERAL DE LA NACION.
El 30 de septiembre de 2008 la fiscalía anuncia la creación de un Cuerpo Elite Fuerza de Tarea Especial para investigar los casos de jóvenes desaparecidos en Soacha, aunque al parecer su principal interés fue intentar justificar sus muertes, no investigar a los presuntos responsables y las redes criminales que siguen operando, sino que aprovecharon la oportunidad para seguir mancillando la honra de la victimas y favorecer a quienes a fuerza de discurso quieren presentar como héroes de la patria (miembros del Ejército Nacional) por este motivo en un afán por justificar los crímenes buscaron antecedentes penales que al parecer relacionaban a las víctimas con la comisión de delitos como el porte de estupefacientes y de armas, cuando lo cierto es que se trataban de jóvenes humildes que vivían en la marginalidad de Ciudad Bolívar, Altos de Cazuca y Bosa, quienes tuvieron problemas de consumo de droga, pero en su mayoría eran trabajadores en oficios de construcción y mecánica y unos pocos desempleados; lo anterior teniendo en cuenta que hasta el momento no se han formulado o imputado cargos formalmente contra ningún miembro de la institución castrense involucrado en estos escabrosos hechos. Nosotros como Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, presentamos las denuncias penales correspondientes derivadas de las múltiples violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cuyos autores en varios casos están plenamente identificados y corresponden a miembros del Ejército Nacional, adscritos a la Brigada XXX y a la Brigada Móvil No.15, estas denuncias fueron presentadas en el mes de Agosto de 2007 y septiembre de 2008, sin que hasta la fecha tengamos noticias de que haya siquiera una orden de captura, resolución de acusación, condena o investigación contra los miembros del Ejército, la fiscalía debe rendirle cuentas al país, por su silencio y pos su inoperancia, porque con su actitud omisiva ha garantizado la Impunidad en relación con estos crímenes.
Es infortunado para la sociedad que solo después del escandaloso caso de los jóvenes de Soacha, se admita por parte del Fiscal Mario Iguarán y se tenga conocimiento que las ejecuciones extrajudiciales son una práctica de orden nacional y que involucra a casi todas las brigadas de la Institución Castrense, puesto que en la actualidad la Fiscalia General investiga 657 casos de ejecuciones extrajudiciales, que involucran a 688 militares, y de ellos han sido condenados solo 43 y hasta ahora solo 12 se encuentran en etapa de Juicio |56|; y como se puede observar no son cifras que puedan pasar desapercibidas, lo que es claro es la falta de políticas públicas de garantías de no repetición, pues son resultados que no se hacen públicos ni tienen el impacto que requiere para enviar el mensaje claro a las tropas de la importancia del respeto de los derechos humanos y del DIH. Es decir, estos casos del 2007 y 2008, se hubiese prevenido y evitado si en los casos absolutamente graves del 2005 y 2006 hubieran sido investigados y sancionados los responsables y se hubiera admitido que el Ejercito Nacional si estaba implementando esta práctica, como los casos de los jóvenes que estaban en el Parque Bolívar de Medellín, y que después los muestran como abatidos en combate en Montebello (Antioquia) ocurrido hace dos años, o el de los tres coteros de la plaza de mercado de Sincelejo y que al día siguiente son reportados como abatidos en combate en El Roble Sucre, ocurrido en el 2005 y/o el de los 11 jóvenes de Toluviejo (Sucre) que también son reportados como abatidos en combate en Chinú (Córdoba) que es el que más se asimila al caso de los 11 jóvenes de Soacha, seguramente, se habrían adoptado medidas mas acertadas desde mucho tiempo antes y no estaríamos midiendo las consecuencias de la omisión estatal en todas sus expresiones.
2. PAPEL DE LA PROCURADURIA DELEGADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS.
La procuraduría regional delegada para los derechos humanos en cabeza del señor Nelson Florez, también debe asumir la responsabilidad penal por omisión, ya que estos casos y esta práctica sistemática de violación de derechos humanos venía siendo denunciada desde hacia aproximadamente dos años, al punto que solo en el año 2008 habían 111 casos de NN reportados como abatidos en combate y su comportamiento negligente en el cumplimiento de sus funciones, no le permitieron deducir o tener en cuenta indicios de que algo irregular estaba ocurriendo ante las incesantes denuncias de la población y las comunidades. Habría que conocer cuantas investigaciones disciplinarias en la actualidad adelanta esta entidad quien en el mes de enero recibió uno de los mas contundentes testimonios del Sargento Alexander Rodríguez sobre esta practica que ya se detectaba común si tenemos en cuenta que para el año 2007 la Procuraduría recibió mas de 40 denuncias al respecto, sin que hasta el momento haya hecho un pronunciamiento contundente o demuestre avances en tales investigaciones y mucho menos sanciones ejemplarizantes, a pesar de que en la actualidad la Procuraduría General de la Nación esta investigando por presuntas ejecuciones extrajudiciales a 2.742 miembros del Ejercito, ¿Cuantos son de la Brigada Movil No 15?.
No conocemos que estas investigaciones hayan arrojado resultados positivos, para prevenir la comisión de delitos, esta procuraduría no cumple con su papel ni sus funciones, es como un convidado de piedra, y lo ha sido en muchos asuntos que son de absoluta trascendencia en materia de derechos humanos en el departamento, como ha sido el caso de las continuas violaciones de derechos humanos contra el Pueblo Indígena Motilón Bari, muchos de estos cometidos por la Fuerza Pública, muy por el contrario el trato recibido de parte del señor Nelson Florez, hacia los indígenas es despectivo y discriminatorio…."pero quien investiga al que investiga"…es una impunidad que carcome los cimientos de la institucionalidad, igual ocurre con lo que se refiere al tema de la Población víctima del desplazamiento forzado, en fin parece que el trabajo de esta oficina o de su representante, el señor Nelson Florez, es garantizar que no se trabaje para que la situación de derechos humanos no mejore en lo absoluto, se le debería investigar y calificar por el numero de investigaciones adelantadas, sustanciadas y por los resultados de las mismas, porque eso nos deja solo preocupaciones, en un país con tanta corrupción y donde las redes criminales permearon y comprometieron casi toda la institucionalidad, no sabemos al servicio de quien o de que interés estén algunos de estos funcionarios, que ningún resultado de su trabajo muestran, y que ni su profesionalismo ni su carácter o carisma, tienen en lo absoluto nada que ver con la promoción, la protección o la defensa de los derechos humanos.
3. PAPEL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE NORTE DE SANTANDER
Por un lado cabe resaltar que como en muchos otros casos, se ve la contradicción entre la realización de un Estado social de Derecho y en Estado de guerra, por ejemplo se estima que hay menos de 100 profesores para el sector rural en el Catatumbo y sin embargo había mas de 11 mil miembros de la Fuerza Publica en esta región, es decir la Política de Seguridad Democrática tiene no solo una visión militarista de la sociedad, sino una desbordada estrategia de guerra, pero el caso más aberrante para ejemplarizar lo que allí ocurre es que mientras operan mas de 11 mil hombre de las Fuerzas Militares para esta región solo haya una Defensor Comunitario, programa que sabemos es financiado totalmente por la cooperación internacional, es decir no hay muestras de la más mínima voluntad de garantizar y proteger los derechos humanos; así que por un lado se tiene totalmente abandonada a estas comunidades que no solo han sido victimas de las arbitrariedades del Ejército Nacional, sino de la ocupación y control por parte de los paramilitares por mas de 5 años, y de las infracciones que siguen cometiendo los grupos insurgentes.
Pero la Defensoría del Pueblo, es otro de los grandes ausentes en lo que tiene que ver con los temas gruesos del seguimiento a la situación de los Derechos Humanos, por un lado no participo en las comisiones de verificación a la situación de DDHH, ni en la realizada en el mes de agosto de 2007, ni en la realizada en Julio de 2008, pese a la invitación y reiteradas solicitudes que las comunidades y las organizaciones de Derechos Humanos hicieran, sin embargo pese a su reiterada ausencia en la mayoría de escenarios que se habilitan para hacer seguimiento a la situación de ddhh en el departamento, le hicimos entrega de los informes realizados, pero nunca obtuvimos respuesta ni comunicación de que tipo de acciones han adelantado, además su actitud evasiva en varios casos que se intento incluso evitar y prevenir la desaparición de jóvenes y campesinos en la región interponiendo habeas corpus cuando aun estaban en manos del ejercito, resulto totalmente negligente, indolente y dándole la espalda al problema, como fue el caso de la ejecución extrajudicial de Jose del Carmen Duran Tellez, quien fue asesinado posteriormente a la denuncia realizada a su despacho, lamentablemente es una defensoría del pueblo, invisible y lejana para la defensa de los derechos del Pueblo. Igual balance podemos hacer en lo que se refiere al seguimiento y protección de los derechos de las victimas en general y de las victimas del desplazamiento forzado. Los pronunciamientos hechos por la Defensoria del Pueblo son meramente coyunturales, es decir, se realizan porque ya no es justificable su silente posición frente a hechos como control de águilas negras, reclutamiento forzado de menores y las ejecuciones extrajudiciales.
4. APARENTE REACCION DEL GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA.
El Ministerio de Defensa conformo igualmente una comisión de investigación, que tampoco reúne los estándares internacionales, a pesar de reunirse todas las condiciones para ello, pero de allí, se pudo confirmar algunos elementos del modus operandi del Ejercito que participo en estos hechos, primero, no había trabajo de inteligencia militar previo a la operación, si lo había se trataba de un reporte vago, sin análisis, no tenían plan de operación, y generalmente las operaciones eran en la noche, los informes reportan haber encontrado una o dos sombras sospechosas que se mueve, les gritan alto, la sombra dispara con una pistola y ellos responden con ráfagas de fusiles, además que generalmente, el control del mando brillaba por su ausencia .
Algunos aspectos analizados por la Comisión Especial de Investigación del Ministerio de Defensa (creada para investigar los macabros hechos que llevaron a varios jóvenes a ser presentados como guerrilleros dados de baja en combate por parte del Ejército), infieren sobre fallas de dos tipos. "Lo primero es que las operaciones militares se estaban llevando a cabo con exceso de informalidad y sin cumplir los requisitos de control y manejo. En el trabajo de inteligencia, la orden de operaciones, el combate, la munición gastada y los resultados, todo debe coincidir. Y de todo ello deben llevarse récords. Eso no fue lo que encontró la Comisión en Ocaña, ni en Puerto Berrío, donde por ejemplo hay registros que dicen que se gastaron 1.500 cartuchos y un solo muerto.
El segundo hallazgo de la Comisión Especial tiene que ver con la indolencia de los comandantes de división y de brigada en investigar lo sucedido. Según los protocolos de justicia internacional, cuando un comandante militar conoce de graves violaciones y no hace nada para investigarlas y castigar a los responsables, puede procesársele como mínimo por incumplir su deber. En algunos casos de otros países, esta actitud negligente se ha calificado de complicidad con el delito, pues ha enviado el mensaje a los subalternos de que no hay problema con que violen la ley".
Frente a los hechos de los falsos positivos de los jóvenes de Soacha, el gobierno ordena el retiro del servicio de 27 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, entre ellos tres generales. "La investigación ha encontrado que puede haber integrantes de las fuerzas armadas incursos en asesinatos", precisó el presidente Alvaro Uribe en una conferencia de prensa en la casa presidencial |57|.
Lo que si quedo muy claro, es que ni la incertidumbre ni clamor de las familias de las víctimas del ejercito, ni la presión de las organizaciones de ddhh y mucho menos las tan publicitadas y constantes capacitaciones en ddhh y DIH al personal de la brigada móvil no. 15 |58|, evitaron que la fuerza pública en Norte de Santander, se convirtiera en los mas abominables criminales.
Por eso suena paradójico que se haya reseñado en su momento, que gracias al apoyo que les brindo la Procuraduría General de la Nación, con sus talleres, conferencias y enseñanzas, se hubiese logrado disminuir las quejas en contra del personal orgánico de esta Unidad que adelantaba operaciones en las diferentes zonas de la región del Catatumbo. Con estas capacitaciones al personal orgánico de la Unidad, se proyectaba la integración, socialización y divulgación en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para contrarrestar la guerra jurídica que las organizaciones al margen de la ley, utilizan para desprestigiar y dañar la buena imagen de las entidades legítimamente constituidas |59|. Bueno esto podríamos llamar con humor negro "falso positivo" en capacitación de derechos humanos, una de esas mentiras mas que dicen a la opinión pública y que seguramente se las creen.
Lo cierto es que ante las pruebas y la gravedad de los hechos el gobierno no lo pudo ocultar más, y bueno en esto era mejor reconocer los errores, aunque siempre son "ovejas negras" dentro de las filas del Ejército…cuando conoceremos de una vez por todas o por lo menos por unas pocas veces a las ovejas blancas.
Sin embargo, no podemos dejar de calificar esta actuación administrativa autoritaria y desenfrenada del presidente Uribe, como una estrategia más del Gobierno Colombiano para reaccionar anticipadamente a las críticas de la comunidad internacional presentando su indignación y rechazo a las prácticas de ovejas descarriadas o reductos del ejercito, que violan los derechos humanos, y en una demostración de aparente intolerancia a la impunidad de los crímenes. Tampoco, debemos olvidar que frente a la adopción de medidas irresponsables y ligeras como las adoptadas por el gobierno nacional, el pueblo colombiano tendrá que asumir en el futuro la responsabilidad de destituir de sus carreras militares sin el debido proceso administrativo a generales, oficiales y suboficiales del Ejército, quienes tienen el derecho de exigir el restablecimiento de sus derechos, en definitiva, la destitución de los militares sin garantías procesales, sin derecho a la contradicción y a la defensa, no fue la medida más acertada, más bien fue la más conveniente para los intereses vigentes y los futuros, entonces no perdió el gobierno y tampoco perdieron los militares destituidos, porque no fueron investigados ni sancionados penal ni disciplinariamente, así que no están inhabilitados para ninguna función pública, y en una eventual demanda administrativa serán reintegrados a sus cargos y con el pago de todos los salarios dejados de percibir. Es así que esta medida de destitución irregular solo será subsanada en la medida que los casos de ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander no queden en la impunidad y sus perpetradores sean investigados, juzgados y condenados penal y disciplinariamente.
Pero quienes si pueden ser destituidos por esta via administrativa, por las mismas razones por las que fueron destituidos los oficiales y suboficiales y quienes también tienen plena responsabilidad por la comisión de estos gravísimos crímenes de lesa humanidad, son los funcionarios de los órganos de control que también obraron con omisión, negligencia e indolencia frente a los hechos acaecidos de reclutamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales de campesinos de la región del Catatumbo y jóvenes de los barrios populares del municipio de Cúcuta, y de otras partes del país, como el Procurador Regional Delegado para los derechos humanos el señor Nelson Florez, la Delegada Regional de la Defensoria del Pueblo Carmen Ligia Galvis y el delegado de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República el señor Fernando Ibarra, quien en varias oportunidades, junto con el procurador Nelson Florez, estigmatizaron y desacreditaron el legitimo trabajo de defensa de los derechos humanos que realizamos con mucho compromiso y esfuerzo en la región.
IV. QUE HAN PODIDO HACER SUS FAMILIARES EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Sub-registro:
Es necesario aclarar que a pesar de las estadísticas anteriores, y el esfuerzo de compilar todas los casos de ejecuciones extrajudiciales, existen factores sociales, económicos y culturales que nos indican que el número de ejecuciones son superiores a los expuestos en el presente informe, es decir hay un subregistro, ya que los familiares de las víctimas no denuncian las violaciones a los derechos humanos, solo realizan las diligencias para reclamar el cuerpo, por varias razones, la primera, porque muchas de las víctimas no conocen sus derechos y no saben ni conocen la institucionalidad a la que se enfrentan pues son campesinos de la región, que en muchas oportunidades no saben leer ni escribir; una segunda razón, es que los campesinos reconocen los niveles de vulnerabilidad en el que ellos se encuentran, no cuentan con protección de su vida ni la de sus demás familiares, así que sienten temor de denunciar y más cuando es contra la fuerza pública, y en su propio lenguaje ellos plantean "hay que velar y cuidar a los que aún quedan vivos", refiriéndose a sus demás hijos; y una última razón, es que los familiares de las victimas, ven que sus denuncias no tienen ningún impacto o consecuencia positiva para su región, por el contrario, ellos manifiestan que hacen sus denuncias a las Naciones Unidas, a la Mapp OEA, a organizaciones internaciones y nacionales defensoras de derechos humanos y la fuerza pública sigue actuando igual o peor.
Acá una voz de alerta y de preocupación, que siendo ahora Norte de Santander el lugar donde hacen presencia muchos de los organismos internacionales y de organizaciones internacionales, la situación siga siendo tan lamentable en materia de derechos humanos, de derechos de las victimas, de la situación de la Población Desplazada, y del control paramilitar, es decir por qué toda esa presencia e incidencia no esta dando un resultado positivo para frenar la grave situación de derechos humanos, algunos de ellos hacen visitas en terreno, dialogo con autoridades civiles y militares, porque seguir tolerando esas actitudes cínicas y omisivas de quienes tiene la obligación de garantizar, proteger y promover los derechos humanos en Colombia en vez de acompañar mas a las comunidades y a las personas en extrema vulnerabilidad.
En las cifras de subregistro, debemos tener en cuenta las estrategias de ocultamiento de los casos de ejecuciones extrajudiciales, en donde el reconocimiento de las víctimas se hace cada vez más difícil pues los alejan de sus lugares de residencia, los familiares no los reportan como desaparecidos porque creen que están trabajando en otra parte del país, o por las distancias de la zona rural a la zona urbana para presentar las denuncias, entre otras razones.
Participación de las Victimas en los proceso de Lucha contra la Impunidad:
Independiente del panorama anterior, las organizaciones campesinas se esfuerzan mucho por estar cerca de los familiares de las víctimas, orientarlos y asesorarlos, en esa medida, en varios hechos de ejecuciones extrajudiciales las organizaciones de derechos humanos asumimos la representación judicial; sin embargo, el esfuerzo que deben realizar los familiares en este proceso de lucha contra la impunidad, también, es mayúsculo. La odisea comienza, indiscutiblemente, cuando sus familiares desaparecen y ellos empiezan a adelantar todas las acciones para averiguar en donde esta, hasta que averiguan por los mismos pobladores de la región, que sus familiares fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Posteriormente, deben viajar de sus veredas al casco urbano más cercano para acudir a las alcaldías o personerías para que los apoyen en la búsqueda de su familiar, otros se aventuran a ir directamente al municipio de Ocaña porque conocen la experiencia de otras víctimas, y ya es una práctica común que los cuerpos de los abatidos en combate sean recibidos en medicina legal de Ocaña. Cuando ya están en el municipio de Ocaña, tienen que enfrentar toda clase de humillaciones, por parte de los militares y de funcionarios de medicina legal, quienes les presentan los cuerpos desnudos para el reconocimiento y los tratan como si hubieran recibido su merecido, los someten a hacer múltiples diligencias y los envian a enfrentar toda clase de instituciones para poder reclamar sus cuerpos y darles sepultura de acuerdo a sus costumbres religiosas.
Es así como, la tragedia por la pérdida de un ser querido, toma unos matices de insensibilidad tal por parte de las autoridades públicas, que las víctimas, se ven obligadas a vender sus pocos bienes para comprar un ataúd, los gastos de viajes, la manutención durante los días de la diligencia, etc. Son víctimas de un Estado criminal y luego de un Estado Indolente, entre otras por las razones que ya expusimos en relación con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría delegada para los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la Nación.
Pero la lucha no termina allí, quienes cuentan con la posibilidad de presentar sus denuncias a la fiscalía, sino están en contacto o viajando a la ciudad donde se encuentra el proceso, no obtienen resultados positivos y a los dos meses el proceso es enviado a la Jurisdicción Penal Militar porque argumentan no se trato de una violación a los derechos humanos, claro esta, que sin practicar ninguna prueba relevante o conducente que haya podido determinar que la jurisdicción investigadora debe ser la Ordinaria, y aquellos que tienen la posibilidad de otorgar poder a un abogado para que adelante las acciones correspondientes, desafortunadamente, estar en contacto con él es una labor titánica, por las dificultades en la comunicación, por la consecución y autenticación de documentos, por las distancias. Todos los procesos son prolongados en el tiempo para que los familiares se cansen y se resignen a que no va a haber ninguna sanción y a pesar de que lo único que ellos piden al gobierno es que lo sucedido a su muchacho, a su esposo, o a su hermano no le suceda a nadie más, estos hechos se siguen presentando en la región sin que hasta el momento los miembros de la fuerza pública sientan reproches por sus actuaciones arbitrarias e ilegales. Acá es donde la omisión de los organismos de control juega un papel protagónico en la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos, si ellos hubieran actuado a tiempo no estaría ocurriendo nuevos casos.
El mayor índice de impunidad es que estos crímenes de lesa humanidad sean tramitados en su mayoría en la Justicia Penal Militar, en donde generalmente los procesos son archivados por no ameritar investigación penal, ya que se define que los militares actuaron en el ejercicio de sus funciones. Y finalmente, la posibilidad de adelantar la acción jurídica en la jurisdicción administrativa, se trata de procesos judiciales que implican periodos de tiempo tres veces mayor al de las jurisdicciones anteriores y desafortunadamente, las victimas pierden las esperanzas de obtener verdad, justicia y reparación integral por los daños causados por parte de la Fuerza Publica, que utilizo a su familiar como un resultado de efectividad de la política de seguridad democrática.
Esta sigue siendo una de los mayores obstáculos para conseguir justicia, tener ese fuero especial que no es utilizado para otra cosa que para encubrir sus crímenes, no pueden ser ellos quienes investiguen los delitos de los que fueron victimas, es bueno resaltar que un derecho de petición dirigido a las Fuerzas Militares en las que se plantea la preocupación por lo que viene ocurriendo la respuesta sea tan cínica como que no se puede poner en duda el buen nombre de la institución, incluso intentar justificar la pena de muerte como una practica legal en nuestro país es decir que el Ejército solo mata criminales, que cinismo y que ignorancia tan atrevida quien de manera ciega se niega a ver las fallas y los crímenes de los miembros de la Fuerza Publica, cuando solo reconociendo los errores se puede corregir para construir en realidad un Ejército respetuoso de los derechos humanos, esperemos que este en sus conciencias esos inocentes muertos, que murieron porque muchos dentro del Ejército no quisieron ver el problema o detenerlo, y desde las autoridades competentes hicieron oídos sordos a las voces y a los gritos de los habitantes del Catatumbo y de las Organizaciones defensoras de derechos humanos, ahora nosotros somos los que reclamamos respeto y trato digno a nuestro nombre y a nuestro trabajo.
V. DECISIONES NO INTELIGENTES PERO SI MUY CONVENIENTES….Y AHORA UNA NUEVA BRIGADA
¿Finalmente que sucedió con la Brigada Móvil No. 15?
A pesar de los fines por los que fue creada la Brigada Móvil No. 15, conforme a las palabras del Alto Comisionado Para la Paz Luis Carlos Restrepo Ramírez |60| "garantizar la paz y tranquilidad de la comunidad", y conforme a los objetivos dentro del proceso de reestructuración del Ejército iniciado en el año de 1998 por el entonces Comandante General de las Fuerzas Militares, General Fernando Tapias Stahelin, y el Comandante del Ejército, General Jorge Enrique Mora Rangel. En donde para aquel entonces, se contempló la creación de una serie de unidades de alta movilidad para que realizaran operaciones ofensivas contra los grupos terroristas, bajo el mando operacional de las diferentes Divisiones del país.
Lo que estableció para las líneas jurisdiccionales del ejército, que la Brigada Móvil No. 15 hiciera parte de la Jurisdicción de la Segunda División, a partir del 1 de Enero de 2006, con las siguientes Unidades |61|:

Compañía de Servicios No. 38
Batallón Contraterrorista No. 95
Batallón Contraterrorista No. 96
Batallón Contraterrorista No. 97
Batallón Contraterrorista No. 98

Y para infortunio de la comunidad, quien siempre ha mantenido en el imaginario que la fuerza pública esta para garantizar, defender y respetar la vida de todos los ciudadanos colombianos, por primera vez en la historia de nuestro país, se necesito eliminar toda una Brigada, para evitar que continuase la ejecución y desaparición de personas inocentes e indefensas |62|.
"El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, indico que la brigada móvil 15, con sede en Norte de Santander, definitivamente desaparecerá, y que su personal será reubicado, tras un riguroso proceso de reselección. Proceso de selección que seguramente se ocultara a la opinión publica y a las organizaciones defensoras de derechos humanos…y por qué…seguramente por razones de seguridad nacional, los mismos criminales siguen haciendo parte de este Ejército de muerte, y el Pueblo sigue esperando que aparezcan esos héroes que tanto promocionan por televisión. Como mencionamos en muchas de las reuniones de Mesa Humanitaria y del comité de derechos humanos, no estamos negando la obligación y legalidad de que el Ejército Nacional haga presencia en todo el territorio del país, lo que es inaceptable es que su presencia sea la responsable de la violación de derechos humanos y de crímenes de guerra a la luz del Derecho Internacional Humanitario.
La Brigada Movil No. 15, con sede en Norte de Santander, entró a operar entre finales de 2005 y comienzos de 2006, periodo en el que se incrementaron las denuncias por violaciones a derechos humanos y por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de los campesinos de la zona. El general Padilla añadio que "es una acción para garantizarle a los colombianos que todos nuestros hombres, son hombres de principios y valores, que cumplen la constitución y que están trabajando por la paz y tranquilidad del pueblo colombiano".
Mientras tanto, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos aseguró que en la Fuerza Pública existe una política clara de respeto por los derechos humanos y que "hay una decisión clara y contundente del Presidente y de los altos mandos, para erradicar de raíz el tema de los llamados 'falsos positivos" |63|. "Por otro lado, el 22 de enero de 2009, Caracol Radio anuncia que "Relevan en Ocaña a la Brigada Móvil 15 involucrada en falsos positivos". |64|
Señala, que se produjo la purga más grande en el ejército colombiano, será relevada la brigada móvil 15, con sede en Ocaña, cuyos integrantes fueron vinculados a las investigaciones por la muerte de jóvenes en combates simulados. Fuentes castrenses confirmaron en Cúcuta que la brigada, compuesta por mil 400 hombres dará paso a la móvil número 23 que fue activada recientemente. El general Hugo Rodríguez Durán confirmó que el relevo de la brigada móvil 15 se efectuará bajo la supervisión del comandante del ejército general Óscar González.
La nueva brigada tendrá su radio de acción en seis municipios del Catatumbo, entre ellos Teorama, El Tarra y Hacarí en donde aparecieron durante el segundo semestre del año pasado los cadáveres de algunos de los jóvenes desaparecidos en Soacha." |65|
Un paso importante dirán algunos, pero bastante insuficiente, ¿Donde están las investigaciones, donde están las condenas, donde la reparación, verdad y justicia para las victimas?, esto no es tema administrativo, esto en un caso de graves violaciones de derechos humanos cuyos responsables son miembros y agentes del Estado. Si no se están tomando medidas ejemplarizantes…todo sigue en la impunidad, con cambiarlos de zonas, estas manzanas podridas como las llama el mismo Ejército van podrir toda la tropa. Exigimos justicia, nos están aplicando la misma metodología que con los paramilitares, cambiarles de nombre, reorganizarlos y redistribuirlos por todo el país, cambiar para que todo siga igual.
Será muy difícil que estos nuevos hombres, con nombres diferentes pero que portan los mismos uniformes y las mismas armas, no adopten las mismas practicas, será muy difícil que se ganen el respeto y la aceptación de las comunidades, después de haber soportado por mas de 3 años continuos atropellos, abusos y arbitrariedades, y para nosotros las organizaciones de derechos humanos también será un factor de preocupación y de seguimiento constatar que efectivamente se proteja, respete y garanticen los derechos de la Población Civil, esperando que en esta ocasión haya una reacción efectiva, rápida, concreta y real frente a las denuncias que puedan hacer las comunidades si se ven afectadas, esperando el apoyo y el concurso en estos esfuerzos del Ministerio Público, los organismos de control y las autoridades encargadas de perseguir el delito, así como de las organizaciones y organismos internacionales que tienen presencia en la región y de la sociedad civil en general.
Elaborado por: Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez
e-mail: paraquehayajusticia@yahoo.es
www.colectivodeabogadosluiscarlosperez.org
Telefax: 0057-5746306 Cúcuta y 0057-6455528 Bucaramanga
Febrero 2009
Colombia. Sur América

Notas

1. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2006/marzo/marzo_04_06b.htm
DISCURSO DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ, DURANTE LA DESMOVILIZACIÓN DEL FRENTE JULIO PEINADO BECERRA Corregimiento de Torcoroma, San Martín - Cesar Marzo 4 de 2006 [Volver]
2. Revista Semana. Enero 28 a Febrero 4 de 2008. Edición 1.343. Articulo Orden Público. Nos daban cinco días de descanso por cada muerto. [Volver]
3. Dirio la Opinión, septiembre 24 de 2008, sección Nacional pagina 5ª. [Volver]
4. Diario la Opinión Septiembre 25 de 2008, Seccion Ocaña/Pamplona, pag 6B [Volver]
5. FUENTE ASCAMCAT Y MINGA [Volver]
6. http://www.nocheyniebla.org/files/u1/33/listado_victimas.pdf [Volver]
7. FUENTE ASCAMCAT Y MINGA [Volver]
8. ASCAMCAT [Volver]
9. ASCAMCAT Y CCEEU [Volver]
10. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Y CCEEU [Volver]
11. FUENTE CCEEU [Volver]
12. FUENTE CCEEU [Volver]
13. FUENTE CCEEU [Volver]
14. Ibid [Volver]
15. Ibid [Volver]
16. ASCAMCAT, MINGA Y CCEEU [Volver]
17. FUENTE CINEP Y MINGA [Volver]
18. CCEEU [Volver]
19. Ibid [Volver]
20. Ibid [Volver]
21. Ibid [Volver]
22. Ibid [Volver]
23. ASCAMCAT y MINGA [Volver]
24. ASCAMCAT [Volver]
25. Ibid [Volver]
26. CCEEU [Volver]
27. CCEEU y ASCAMCAT [Volver]
28. MINGA [Volver]
29. CCEEU y PGN [Volver]
30. CCEEU [Volver]
31. MINGA [Volver]
32. Ibid [Volver]
33. CCEEU [Volver]
34. ASCAMCAT [Volver]
35. CCEEU [Volver]
36. MINGA [Volver]
37. ASCAMCAT [Volver]
38. MINGA [Volver]
39. ASCAMCAT [Volver]
40. Ibid [Volver]
41. MINGA [Volver]
42. Ibid [Volver]
43. Ibid [Volver]
44. Ibid [Volver]
45. ASCAMCAT y MINGA [Volver]
46. ASCAMCAT [Volver]
47. CCEEU [Volver]
48. MINGA [Volver]
49. CCEEU [Volver]
50. Ibid [Volver]
51. CCEEU [Volver]
52. ASCAMCAT [Volver]
53. Ibid [Volver]
54. Ibid [Volver]
55. Ibid [Volver]
56. Revista Semana. La Historia detrás del Remezon. Nov 3 al 10 de 2008. Edicion 1.383 [Volver]
57. Diario la Opinión. Retiran del servicio a tres generales por asesinato de jóvenes . Publicado el 29 de octubre de 2008 [Volver]
58. http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=113761 [Volver]
59. http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=113761 [Volver]
60. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2006/marzo/marzo_04_06b.htm
DISCURSO DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ, DURANTE LA DESMOVILIZACIÓN DEL FRENTE JULIO PEINADO BECERRA Corregimiento de Torcoroma, San Martín - Cesar Marzo 4 de 2006 [Volver]
61. http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=89797 [Volver]
62. Conforme al artículo publicado en la página: http://www.radiosantafe.com/2009/01/23/eliminan-brigadamovil-15-por-falsos-positivos/comment-page-1/ se enuncia: Eliminan Brigada Móvil 15 por "falsos positivos". [Volver]
63. Ibid [Volver]
64. http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=751487 [Volver]
65. Ibid [Volver]

DDHH en Colombia
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No.	VICTIMA	EDAD	Reportado Como Desaparecido	Ingreso a Medicina Legal de Ocaña	DESCRIPCIÓN HECHOS
1	Julio César Meza Vargas	24	Enero 26 de 2008, Soacha	Enero 28 de 2008
2	Jonathan Orlando Soto Bermúdez	17	Enero 27 de 2008, Soacha	Enero 28 de 2008
3	Daniel Andrés Pesca Olaya	27	Febrero 23 de 2008, Soacha	Marzo 5 de 2008	Junto con Eduardo Garzón murieron en jurisdicción de San Vicente de Chucuri.
4	Eduardo Garzón Páez	32	Marzo 4 de 2008, Soacha	Marzo 5 de 2008
5	Diego Alberto Tamayo	25	Junio 23 de 2008, Soacha	Agosto 25 de 2008	Junto con sus compañeros Víctor Fernando Gómez y Jaider Andrés Palacio fueron reportados como miembros de bandas emergentes y que se les había encontrado dos pistolas y una escopeta.
6	Víctor Fernando Gómez Romero	23	Agosto 23 de 2008, Soacha	Agosto 25 de 2008
7	Jaider Andrés Palacio Bustamante	22	Agosto 23 de 2008, Soacha	Agosto 25 de 2008	El cuerpo de Jaider fue entregado en el mismo mes de agosto a sus familiares, fue el caso que sembró sospechas por la proximidad de la fecha de desaparición y muerte que no supera las 48 horas.
8	Fair Bernardo Porras Leal	26	Enero 8 de 2008, Soacha	Enero 12 de 2008	Fue el primero en desaparecer, trabajaba como ayudante de construcción. Muerto supuestamente en combate.
9	Elkin Gustavo Verano Hernández	25	Enero 13 de 2008, Bosa	Enero 15 de 2008	Junto con su amigo Joaquín fueron los segundos en desaparecer. Su madre Flor Hilda Hernández González, dijo en medios de comunicación que su hijo el 13 de enero de 2008 salió a trabajar en un taller de fundición de hierro para elaborar campanas en el barrio San Bernardino y nunca más lo volvió a ver. El 20 de septiembre la fiscalía le confirmo a través de una llamada telefónica que el cuerpo de Elkin se encontraba en un cementerio de Ocaña a unos 700 km de su casa.
10	Julián Oviedo Monroy	19	Marzo 2 de 2008	Marzo 3 de 2008	Según el acta de levantamiento fue muerto en combate 20 horas después de su desaparición. "Como se puede ver mi hijo fue traído hasta Ocaña para luego asesinarlo, no hay otra explicación". Dijo el Padre
11	Joaquín Castro Vásquez	27	Enero 13 de 2008, Soacha	Enero 15 de 2008	Desapareció después de su jornada laboral en un taller donde hacen campanas para freno de tractomulas, cuando salió del trabajo se reunió con unos amigos a tomarse unas cervezas en el barrio Santa Ana de Soacha a unas cinco cuadras de la casa donde vivía y nunca más volvió. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Era amigo de Elkin Gustavo Verano quien también desapareció en la misma fecha.
12	Wilver Barbosa Albernia		Junio 23 de 2008, Soacha	Agosto 25 de 2008
13	Carlos Mauricio Nova Vega	23	Agosto 25 de 2008 Bucaramanga	Agosto 27 de 2008	Carlos era joven, lustrador de zapatos, residente en la ciudad de Bucaramanga, trabajaba en el Parque Centenario, el día 25 de Agosto fue desaparecido; el 27 de agosto fue presentado como abatido en combate en el municipio de Hacari- Norte de Santander.