Equipo Nizkor - Informe sobre la situación de derechos de las víctimas en Norte de Santander (1999-2005).

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DERECHOS

31may08

Informe sobre la situación de derechos de las víctimas en Norte de Santander (1999-2005)

INFORME SOBRE LA SITUACION DE DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN NORTE DE SANTANDER (1999 - 2008).
"PARA QUE HAYA VERDAD, SIN VICTIMAS SILENCIADAS"
NO LOS VAMOS A OLVIDAR…SU AUSENCIA NO QUEDARÁ EN LA IMPUNIDAD
Elaborado por:
CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PEREZ
Colombia
2008
INTRODUCCION

Este Informe tiene dos propósitos fundamentales, el primero es el de sensibilizar a la opinión publica nacional e internacional, sobre la realidad social vivida desde la perspectiva de las victimas; y el segundo es que sea un instrumento de denuncia para las autoridades públicas del orden local, regional y nacional, que requieren para analizar y reflexionar sobre las políticas públicas que en la actualidad es dirigida a las víctimas, donde ponemos de manifiesto la vulneración de los derechos humanos de los sectores históricamente oprimidos, excluidos y perseguidos, como campesinos, indígenas, estudiantes, sindicalistas, líderes sociales y populares y opositores políticos, y que contrario a un proceso de dignificación humana y de realización de los derechos fundamentales de las victimas y de la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, muy por el contrario los resultados han sido como es públicamente conocido la consolidación de la Impunidad, la participación en la vida política, social, económica y militar de antiguas y nuevas formas de paramilitarismo, también en gobierno en su afán de convencer a opinión publica y a la comunidad internacional ha convocado a la denuncia a la reconciliación forzada y esto solo ha traído para las victimas la generación de falsas expectativas, re victimización, irrespeto y desesperanza en la realización de sus derechos a la búsqueda de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Esperamos que las realidades, inquietudes, solicitudes y demandas de las victimas que aquí se revelan, puedan de alguna manera, reflejar lo ocurrido en Norte de Santander, sin pretender abordar toda la problemática de las victimas ni profundizar en el análisis económico o político de lo sucedió y porque sucedió, sino mas bien presentar lo qué está pasando en la actualidad, e intentar analizar que va a suceder ahora con las victimas y la realización de sus derechos en un escenario como el que se enfrenta de incertidumbre y vulnerabilidad.
Por esta razón, hemos decidido realizar el análisis de la implementación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), y sus decretos reglamentarios, y el impacto de este marco jurídico en la realización de los derechos fundamentales de la victimas y de la sociedad, en el contexto del Departamento de Norte de Santander, teniendo en cuenta las dinámicas de Violencia implementadas por los paramilitares en esta región desde 1999 hasta la supuesta desmovilización en diciembre del 2004, y lo que continuo para las victimas y habitantes del Departamento desde ese momento hasta la fecha, además intentamos aportar al análisis de los posibles escenarios que en materia de Impunidad se puedan presentar a futuro, y que pondrán a prueba una vez más, la incansable necesidad de búsqueda de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que tienen a miles de personas en el desconcierto y el dolor, decididas a luchar para que los delitos por los que son víctimas, no queden en la impunidad.
El informe estará desarrollado en tres fases, una primera que obedece a la recuperación de la memoria histórica, en esta damos cuenta de quienes fueron los victimarios y quienes sus víctimas; una segunda fase, relacionada con el proceso de desmovilización de los grupo paramilitares y la consolidación de la impunidad a través de la administración de justicia y la expedición de marcos jurídicos y obviamente, la imposibilidad de ejercicio y realización de los derechos de las victimas a través de la implementación de programas de atención a víctimas y la expedición de la ley 975 de 2005 y finalmente, <una tercera fase de análisis sobre lo que pueden esperar las victimas asentadas en Norte de Santander, frente al ejercicio real de sus derechos a la búsqueda de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, de acuerdo al marco normativo vigente expedido por el gobierno nacional y el futuro desarrollo del proceso de la Ley de Justicia y Paz.
CAPITULO I
ANTECEDENTES Y METODOLOGIA
La metodología implementada para la elaboración de este informe, recae principalmente en la experiencia de trabajo de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, en el acompañamiento a los diferentes sectores sociales victimizados en el Departamento de Norte de Santander, y que se traduce en las visitas, encuentros y reuniones con la Población Campesina, con Víctimas del Desplazamiento Forzado y de otras violaciones a los derechos humanos, y también con el Pueblo Indígena Motilón Bari, así como con otros sectores sociales y organizaciones del Departamento que confluimos en el comité de impulso de Norte de Santander del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado y Lesa Humanidad.
Nuestras primeras visitas al Departamento de Norte de Santander fueron en el mes de Noviembre del año 2002, para acompañar algunos procesos organizativos de población desplazada en los municipios de Convención y Ocaña, allí empezamos a conocer los testimonios de las victimas que daban cuenta de la grave situación de los derechos humanos que enfrentaban campesinos(as) que sufrieron desapariciones, desplazamientos, masacres, ejecuciones y otras graves situaciones, como consecuencia de las incursiones paramilitares que se hicieron en diferentes zonas del Departamento a partir del mes de mayo de 1999.
En el año 2003, a raíz de la iniciativa de la Asociación de Desplazados del Catatumbo -Asodecat-, familias que se encontraban concentradas en la Centro de Migraciones de la ciudad de Cúcuta, de promover un retorno masivo hacia la región del Catatumbo, tuvimos la oportunidad de conocer otros procesos organizativos de Población Desplazada asentados en la ciudad de Cúcuta, y desde ese momento, brindamos acompañamiento jurídico, político y educativo para fortalecer los espacios de organización de este sector campesino que se encuentra asentado en diferentes municipios del Departamento, en una lucha permanente por la defensa, reivindicación y restitución de sus derechos humanos y que en la actualidad se encuentran articulados en la Mesa Departamental de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander, donde participan mas de 20 organizaciones de victimas del desplazamiento forzado de 13 municipios de Norte de Santander.
En el año 2004, se evidencian los intereses económicos para la explotación de la riqueza natural sobre ciertos territorios del Departamento, que fueron previamente despojados a campesinos colonos e indígenas, y por esto conocemos otros procesos sociales en una de las subregiones del Departamento: El Catatumbo; esto nos permite llegar a zonas rurales como veredas, corregimientos, municipios de difícil acceso e interactuar con familias campesinas y con comunidades del Pueblo Indígena Motilón Bari; cultura milenaria ancestral que habita esta región, quienes se encuentran organizadas en procesos sociales como la Asociación de Campesinos del Catatumbo - Ascamcat y la Asociación de Comunidades Bari de Colombia - Asocbari, que representa a las 23 comunidades del Pueblo Indígena.
Finalmente, desde hace aproximadamente dos años, hacemos parte del comité de impulso del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado y Lesa Humanidad- Capitulo Norte de Santander, espacio al que se encuentran articulados todos los procesos sociales acompañados y desde el cual se ha difundido y facilitado el acercamiento de victimas y familiares de victimas que no se encuentran organizadas o representadas por ningún otro espacio social u organizativo.
Todas estas circunstancias nos han permitido observar y monitorear de manera permanente la situación de Derechos Humanos de la Población Campesina, Indígena y de las Victimas de violaciones de derechos humanos, por las denuncias y testimonios de las victimas, las visitas a la región, los encuentros pedagógicos, conversatorios y foros con las organizaciones sociales y la interlocución con las autoridades locales, regionales e incluso nacionales sobre la grave situación de derechos humanos de la población nortesantandereana y de manera particular de los habitantes del Catatumbo.
Son estas nuestras principales fuentes de información y verificación de la información contenida en este documento: los procesos organizativos de base; ya que durante estos 6 años, hemos recopilado entrevistas, hemos documentado los hechos de violaciones de derechos humanos de las familias victimas del desplazamiento forzado, de la desaparición forzada, de las ejecuciones extrajudiciales, las ejecuciones extrajudiciales, y otras graves violaciones a los derechos humanos, hemos asesorado y orientado a las víctimas de estos delitos, hemos diseñado estrategias jurídicas para la búsqueda de verdad, justicia y reparación en cada uno de sus casos, de manera individual, y hemos acompañado las estrategias de exigibilidad y defensa de sus derechos ante las autoridades públicas de manera colectiva y finalmente, también, hemos acompañado jurídica, política y socialmente la defensa del territorio y la cultura del Pueblo Indígena Bari frente a la explotación de los recursos naturales en sus territorios ancestrales; este trabajo educativo, social y jurídico, nos permite tener una percepción más cercana de la realidad y facilita el análisis de la situación de derechos humanos del Departamento.
Nuestro análisis se basa en la información que nos aporta más de 2.500 denuncias recepcionadas, documentadas y verificadas, durante los cuatro años de presencia de la Corporación en el departamento, a través de las jornadas de asesoría jurídica y jornadas de documentación de casos en diferentes barrios de Cúcuta y otros municipios como Tibú, Tarra, Abrego, Zulia, Cucutilla, Sardinata, Salazar, Convención y Ocaña.
Además, también de la percepción de la realidad que enfrentan las victimas en el departamento, ya que a través de las jornadas de formación y capacitación se facilita el dialogo y se genera la confianza necesaria para compartir preocupaciones de las situaciones que se presentan en los barrios, municipios o veredas donde viven.
Otro elemento de análisis, es que durante este tiempo hemos asumido la representación judicial de algunas victimas o sus familiares y hemos enfrentado a la administración de justicia, viendo como de manera impávida pasan los años y aun no existen pronunciamientos judiciales que condenen de manera ejemplar lo acaecido en este departamento, se observa la desidia de los operadores jurídicos para investigar y esclarecer los hechos, y la falta de voluntad en encontrar explicaciones a las dinámicas de violencia, como si todo fuera muy natural, muy cotidiano y muy normal, no se han declarado como se espera la responsabilidad penal, por todo lo ocurrido, que comprometieron individuos, organizaciones, políticos, dirigentes, empresarios, militares, etc.
El análisis, se complementa con informes de fuentes oficiales, como el Observatorio de DDHH de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, Informes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Informes de la Oficina del Alto Comisionado para la Reinserción, de la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ejercito Nacional, Defensoria del Pueblo, Procuraduría Nacional, sobre cada una de las temáticas analizadas y también de informes de derechos humanos que se han elaborado durante el transcurso de estos últimos diez años, por organismos internacionales, organizaciones nacionales e internacionales, informes de prensa, entre otras fuentes de información.
CAPITULO II
CONTEXTO NACIONAL
Como situaciones que describen el contexto nacional, aparecen realidades de la política y la administración del gobierno actual, que marcan necesariamente el contexto nacional en los factores político, económico, social y cultural y que implican necesariamente un impacto en la situación de derechos humanos del país y en particular de ciertas regiones, pasamos a describirlos brevemente de la siguiente manera:
La Política de Seguridad Democrática en Colombia:
Se expone por parte del Gobierno desde el año 2002 como necesaria para recuperar el orden y la seguridad, requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos. Para el gobierno es la Política con la que se va a enfrentar las amenazas del terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión y los homicidios; pretende garantizar la consolidación del control estatal del territorio, la protección de la población, la eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia, el mantenimiento de una capacidad disuasiva, y la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Pero lo que está alejado y diametralmente opuesto a este discurso oficial que la defiende, la publicita y muestra su éxito, es la realidad, que se evidencia de tal manera que es perceptible por todos los sentidos, y que se refleja en las incursiones paramilitares y las dinámicas de violencia por estos implementadas, el desplazamiento forzado que afecto a mas de 4 millones de personas, la crisis humanitaria, la gravedad de las violaciones, la afectación de las comunidades en todo el territorio nacional, las detenciones masivas y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, el asesinado de sindicalistas, lideres sociales y opositores políticos del gobierno |1| donde esta incluso probada la responsabilidad del estado en estos hechos, esa realidad que nos demuestra que ha sido precisamente la implementación de las acciones y el desarrollo de la política de seguridad democrática la que ha promovido y facilitado la violación sistemática de los derechos humanos y de las libertades del pueblo Colombiano.
Esta política de seguridad democrática enmarca unos planteamientos, directrices e intereses para desarrollar e imponer un proyecto político, militar y económico, que se propone para recuperar y mantener el control del Estado de las elites económicas y políticas, con la utilización de métodos violentos como la intensificación del conflicto armado, y la militarización, y apoyo paramilitar en su formulación desconociendo dos factores trascendentales para las democracias contemporáneas como lo son el Estado Social de Derecho y la supremacía constitucional.
La política de seguridad democrática ha contribuido de manera importante a la profundización de la grave crisis de derechos humanos, consolidando un régimen autoritario, que ha implementado el desconocimiento de los derechos humanos, la no aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario en la conducción de las hostilidades, han promovido el involucramiento de civiles en el conflicto armado, han sometido todo el accionar del Estado es decir sus políticas y presupuesto a la realización de las seis estrategias planteadas en la política, han subordinado a las autoridades civiles al poder y a la estrategia militar y paramilitar, han garantizado la Impunidad, connivencia y favorecimiento de los grupos paramilitares, ha provocado la ruptura de la autonomía e independencia del poder judicial, todo esto se ha traducido lamentablemente en la suspensión de la vigencia de los derechos humanos y la libertad y en la crisis humanitaria del país.
La Administración de Justicia:
Vemos con preocupación que en actual gobierno a través de la reformas triunfantes y fallidas, así como la injerencia directa y control del gobierno en la Rama Judicial, al condicionamiento para adoptar las política penales, criminales y el funcionamiento de la Administración de Justicia a la cooperación e influencia extranjera (EEUU y el Banco Mundial) hace que se profundice y se agudice la ausencia de una administración de justicia, que incluso se agudiza con las justas protestas que han ocasionado prolongados y múltiples paros que también han afectado el desarrollo de los procesos, todo esto dificulta realmente el ejercicio de una justicia independiente e imparcial que se ciña al cumplimiento de su función a la normatividad internacional existente sobre la protección de los derechos humanos, la persecución del delito y la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las victimas y la sociedad. Que también se agrava con la imposibilidad del ejercicio profesional de los abogados especialmente quienes trabajan por la defensa de los Derechos Humanos, y el difícil acceso a la Justicia para las víctimas.
Sobre el particular vemos como en Colombia: 1. se volvió permanente la justicia de excepción, a través de la jurisdicción especializada, 2. como la jurisdicción de justicia y paz es un remedo inoperante, desinteresado, lacayo y complaciente que desarrolla la ausencia de una política coherente para el desmantelamiento y persecución de los grupos paramilitares, 3. el mantenimiento de los fueros militares y especiales que garantizan la impunidad de los servidores públicos de más alto nivel y de los militares, 4. la privatización de la justicia que obliga solucionar conflictos a través de tribunales de arbitramento y centros de conciliación, 5. la limitación a la acción de tutela, 6. una administración al servicio de la banca financiera y de la recaudación de impuestos, 7. una administración de justicia pobre que no da cobertura para llegar a las comunidades vulnerables, centralizada y oligárquica, también al servicio de los intereses económicos y de las elites mafiosas y poderosas de este país, ahora también al servicio del despojo de tierras y la legalización de la usurpación de las mismas.
La balanza no se inclina hacia la protección de los derechos humanos, sus defensores y hacia las victimas, ya que no se han adelantado acciones penales y disciplinarias que investiguen los hechos por las violaciones de derechos humanos, como el caso de los mas de cuatro millones de victimas del desplazamiento forzado que han denunciado al Estado los hechos ocurridos, recibiendo solo en pocos casos una carta de registro de su condición, sobre los casos de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales, de amenazas, de torturas y de masacres son insignificantes las investigaciones abiertas en relación con la magnitud de los casos.
Sin embargo en este gobierno se ha presentado con mayor regularidad, el nombramiento directo o por presiones del ejecutivo de personas complacientes con su proyecto político, en defensa radical de la política de seguridad democrática y con probados, cercanos y sospechosos nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo, en las altas Cortes, en los organismos de seguridad y de investigación (DAS, CTI), en la Fiscalía, es decir los criminales y sus defensores dirigen en muchos casos el rumbo de la administración de justicia.
Pero no podemos desconocer su actitud decidida, juiciosa, activa y peligrosista para adelantar con todo el ánimo la persecución y la cacería de brujas contra el grueso de la Población vulnerable, oprimida y marginada y en especial contra la oposición política y las organizaciones sociales, estudiantes, victimas y defensoras(es) de derechos humanos, en estos temas si hay una administración de justicia incondicional, creativa y recursiva: infiltran, interceptan, allanan, capturan, y condena, los resultados son muy efectivos cuando no se aplica ni la investigación ni el juicio, mucho menos el respeto por el debido proceso y las garantías judiciales, apoyados en la palabra divina y poderosa de los informantes, personas que hacían parte o no de grupos armados al margen de la ley o de las Fuerzas Militares (eso no importa ni se demuestra).
Impunidad:
Se consolida la Impunidad en Colombia, a través de la expedición e implementación de los Marcos Jurídicos vigentes (ley 975 de 2005 y decretos reglamentarios), y de una administración de justicia ya no solo ciega, sino sorda y muda, diseñada y ajustada para este propósito, con esto tristemente solo se conseguirá profundizar la discordia, la desesperanza y la posibilidad de encontrar salidas al conflicto social, político y armado que vive nuestro país.
Veamos algunas de las cabezas más visibles de este proceso: 1. Por un lado el resultado inmediato es que no se investigan ni sancionan a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, es decir quedan sin castigo. 2. La sociedad y las victimas ven frustrada la posibilidad de realizar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, 3. Una de las cabezas más peligrosas: es el mensaje claro, preciso y contundente de que por estos hechos no se va a recibir castigo, es decir se promueve, se estimula y se invita sugestivamente a que la comisión de estos crímenes atroces se repitan. 4. Se niega no solo el derecho de la sociedad y de las victimas a la garantía de no repetición sino a que se consolide y propague un ambiente de irrespeto por los derechos humanos, situaciones que dificultan precisamente construir la paz. 5. Estas situaciones lamentablemente pueden generar más violencia, porque abre espacios a la venganza privada y a la búsqueda de justicia por otros medios, crea un ambiente de desconfianza y desesperanza. 6. Se desconocen e incumplen los principios, compromisos y obligaciones internacionales, no solo en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, sino en la persecución del delito, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, sino de la protección de los derechos fundamentales de la sociedad y de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. 7. Transforma valores y principios de la sociedad y de la humanidad: el respeto por la vida y los derechos humanos a cambio de utilizar los medios necesarios para conseguir poder, control y riqueza. 8. Lesiona el interés social por la defensa de la justicia, se puede desvanecer o desaparecer el concepto como ideal o valor, acá no hay justicia impera la ley del poderoso, del fuerte. 9. Con todas esas cabezas, surge una más y es que en ese contexto cómo se aspira a promover y afianzar la reconciliación?, si todas las heridas, dolores y frustraciones están vivas, cómo pueden promoverse esperanzas si la asesinan?, cómo puede exigirse comportamientos de reconciliación?, si lo que se provoca es resentimiento, odio, impotencia.
Lamentablemente en Colombia la Impunidad ha sido el aliado histórico para permitir y desarrollar las políticas de violaciones de derechos humanos y los crímenes cometidos, a fuerza de marcos jurídicos y de la administración de justicia han quedado en el olvido y sin castigo. A pesar de reconocer esa realidad que ha dejado unas marcadas huellas de dolor en el Pueblo Colombiano, el gobierno y el Estado lejos de querer superarla o corregir los errores del pasado, ahora mas que nunca, es decir ya no con una actitud omisiva, pasiva e inerte para enfrentar la investigación de las violaciones de derechos humanos, ahora de manera activa, injerente y cómplice ha construido marcos que garantizan la impunidad, han adecuado la administración de justicia, han contratado personas adeptas a sus razones de gobierno y a su proyecto político, han desconocido y atacado a la sociedad que demanda verdad, justicia y reparación, condenan y persiguen las expresiones de critica. Hoy podemos decir que la impunidad es una política, en el entendido de componerse de acciones, planteamientos, directrices e intereses para favorecer un proyecto político, militar y económico.
Parapolítica:
El último año, ha sido fértil para la proliferación de noticias y procesos sobre las conocidas y siempre negadas relaciones entre los grupos paramilitares y diversos sectores políticos y económicos del país. Debemos aclarar que no por eso es un problema reciente, ya desde la década de los ochenta cuando el narcotráfico y el paramilitarismo comenzaron a cobrar fuerza, estas fuerzas criminales que han establecido relaciones con la política y los políticos, con la primera para argumentar una supuesta lucha contrainsurgente para beneficiar sus propios intereses y con la segunda para operar como herramienta de los narcotraficantes para protegerse de los secuestros y la extorsión por parte de las guerrillas, además ahora del control social, político y de los recursos y programas estatales que les permite tener un control social y electoral significativo.
El paramilitarismo dejo de ser solamente instrumentos al servicio de unos sectores sociales para pasar a servirse de empresarios, dirigentes gremiales, líderes sociales, políticos, militares, funcionarios públicos entre otros. Así lo reconoció el Senador Uribista de Colombia Democrática, Miguel de la Espriella, al declarar que en el 2001 Alcaldes, Gobernadores, congresistas, diputados, concejales y dirigentes políticos respondieron masivamente al llamado de Carlos Castaño y de Salvatore Mancuso, y participaron en una reunión en la que definieron las estrategias para incidir en las elecciones del 2002 y suscribieron un manifiesto de adhesión a los principios de las llamadas autodefensas. Pese a que estas situaciones eran públicas y ampliamente conocidas, solo hasta ahora la Corte Suprema de Justicia, comenzó a judicializar las relaciones entre los paramilitares y los políticos.
Lo que confirma estas investigaciones y escándalos es que el paramilitarismo |2|ha sido no solo una estrategia de Estado en su lucha contrainsurgente, derivadas de las ideas de la seguridad y Defensa Nacional, sino que es un apoyo político, económico y social, al servicio de intereses privados, ligado a dinámicas locales y regionales, articulado al narcotráfico y con fuertes vinculaciones con elites económicas y políticas de la sociedad y miembros de la fuerza pública.
Victimas y Garantías para la Oposición:
Tenemos en nuestra memoria los más recientes hechos en relación con el trabajo de las organizaciones de victimas, de las organizaciones que las acompañan y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y Lesa Humanidad -MOVICE-, como los encuentros nacionales, regionales, las audiencias por la verdad, las movilizaciones, los monumentos y las acciones simbólicas, las demandas de verdad y justicia que se empiezan a adelantar, la presencia de las victimas y sus protestas frente a los despachos judiciales cuando los victimarios marchan orgullosos y sin el más mínimo sentimiento de arrepentimiento o de reconocimiento de sus culpas, en este sentido vemos con satisfacción la dinámica que ha alcanzado y sigue adquiriendo este tipo de acciones simbólicas y pacificas de protesta y rechazo contra la Impunidad.
Sin embargo esta expresiones han venido siendo amenazadas y acalladas desde el Gobierno y sus asesores, algunas instituciones, autoridades del Estado y de los paramilitares, vemos como esta estrategia de agresión, ha estado marcada por hechos como: señalamiento de ser voceros del terrorismo, de estar siendo instrumentalizados por la guerrilla de la FARC-EP, han recibido amenazas escritas, telefónicas, vía Internet, señalamiento, comentarios y discursos oficiales y que comprometen al gobierno, se presentaron infiltraciones a las actividades convocadas y organizadas por las organizaciones de victimas, se han denunciado amenazas que ha obligado al desplazamiento forzado, se presentaron casos de asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias.
A pesar de la capacidad de denuncia publica, del interés de algunos de los medios por presentar esta situación, no ha existido una respuesta efectiva que comprometa al gobierno y a sus defensores para respetar y respaldar las demandas de las victimas y de la oposición, y descalificar este tipo de acciones y amenazas. Algunas de las acciones debemos adelantar: es presionar y demandar que se den las garantías de protección y seguridad, insistir en la solidaridad internacional y que se hagan escuchar ante el Estado y el gobierno, incidir para que la cooperación internacional por un lado apoye la agenda política de las victimas y por otro lado condicione el apoyo al Estado a que se comprometa con las garantías suficientes reales y efectivas de protección y seguridad, generar un mayor compromiso y atención del Ministerio Público, promover un debate público y amplio sobre las garantías para la oposición, las victimas y las organizaciones sociales y de derechos humanos.
CAPITULO III
CONTEXTO REGIONAL
Militarización:
Tristemente seguimos asociando en Colombia la presencia y el accionar de los aparatos militares oficiales con el agravamiento de la situación humanitaria en las regiones donde entran a operar, y con el aumento en la violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos contra la Población Civil.
En el Catatumbo desde el año 2005 y especialmente desde hace ocho meses se ha militarizado la región, con una cifra de cerca de once mil (11.000) miembros de la Fuerza Pública, esto ha ocasionado asesinatos colectivos, individuales, capturas y detenciones ilegales y arbitrarias, bloqueos, persecución, señalamiento, amenazas, ataque directos contra los habitantes del Catatumbo y han sido denunciados en este periodo cientos de violaciones graves de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos contra la Población Civil, se han aumentado por esta razón el numero de víctimas en esta región del País.
La critica no la hacemos para evitar la presencia militar en las regiones, lo que es inaceptable, es que esto conlleve necesariamente ataques contra la Población Civil y violaciones a los derechos humanos, además que también es censurable que sea la única forma en que el Estado haga presencia, porque no llevan bienestar ni desarrollo: como salud, educación, vivienda, empleo o generación de ingresos, proyectos productivos, vías, etc., solo terror y persecución.
Reactivación de las Fumigaciones:
Las fumigaciones son la implementación de acciones en el marco de una supuesta lucha contra el Narcotráfico, sin embargo después de las aspersiones, las áreas de cultivo han aumentado en Colombia, es decir este dato hace concluir el fracaso de esta política.
En informe presentado por la Gobernación de Norte de Santander en el 2004, se señalaron múltiples denuncias por parte de las autoridades regionales, por el incremento del problema de desplazamiento ya presente por la acción de los grupos armados y las constantes fumigaciones.
"Por su parte, las comunidades indicaron su intención de realizar manifestaciones e incluso de utilizar las vías de hecho para impedir nuevas aspersiones. Como consecuencia de las fumigaciones, en la región del Catatumbo, al igual que en el Putumayo, se presenta un deterioro de los créditos otorgados por el Banco Agrario. El monto de la cartera vencida se ha aumentado de 151.4 millones de pesos en el 2001 a 203.1 millones en el 2003. Las fumigaciones han generado migración de cultivos hacia algunas zonas del Parque Natural Catatumbo -Barí, especialmente la zona sur oriental, incrementando la intervención y la consecuente deforestación y disminución de la flora y fauna" |3|.
Actualmente, desde mediados del mes de Julio de 2007, se reiniciaron las fumigaciones en el Departamento, afectando zonas ambientalmente protegidas como el Parque Natural Catatumbo Bari, la Reserva forestal, los resguardos indígenas, y los cultivos de indígenas y campesinos. Las fumigaciones ha conllevado violación a los derechos humanos, afectando la vida, la integridad personas, la salud, el derecho a la alimentación, al trabajo, en algunos casos incluso el derecho a la educación, porque las aspersiones y los ametrallamientos no permiten la movilización de las personas, como el caso ocurrido en la jurisdicción del municipio del Tarra, que afecto a varias veredas donde fueron suspendidas las clases de la escuela rural, de igual manera la contaminación de las fuentes o nacimientos de agua, afecto el suministro no solo a los habitantes del campo, sino que se suspendió el suministro de agua por tres (3) días.
Estas fumigaciones tienen unas consecuencias directas sobre la vida, la salud y el Medio Ambiente que son innegables, inocultables incluso hasta por las mismas autoridades, esta situación ocasiona miedo y terror, porque las jornadas de fumigación están acompañadas de actividades militares como los bombardeos, ametrallamientos, los bloqueos económicos, operativos militares en las zonas, se pone en riesgo que familias se hayan desplazado por esta causa, como ocurrió en zona rural del municipio de Tibú y el Tarra.
Además en la región lamentablemente el cultivo de uso ilícito de la coca, permite una actividad productiva para miles de familias, para quienes representa no solo la única posibilidad de trabajo, sino la única posibilidad de ingresos para subsistir, estas medidas antes que acabar o erradicar la droga como mentirosamente se pretende mostrar, solo deja destrucción, pobreza y desolación, un panorama bastante conveniente para la empresas y el gobierno a quienes les interesa adelantar procesos de exploración y explotación de recursos naturales, haciendo que las familias se vean forzosamente a abandonar sus tierras, por las fumigaciones y la violencia que las acompaña.
Proceso Electoral:
Muchos presentan a Colombia con una de las democracias mas sólidas y continuadas de Latinoamérica, sin embargo nosotros no compartimos esa impresión, acá lo que ha existido es la celebración regular de momentos electorales, nos preguntamos, ¿Puede haber democracia, cuando el poder político ha existido en manos de una oligarquía que como decía Gaitán se ha llamado oligarquía conservadora y oligarquía liberal?, ¿cuando han cometido un genocidio político contra un partido político de oposición donde asesinaron a más de 6.000 militantes que siguen hoy perseguidos y amenazados?, ¿es democrático acaso, que otras expresiones políticas o partidos se hayan nutrido del narcotráfico, y que muchos de ellos o casi todos estén no solo vinculados con el paramilitarismo sino que sean la expresión política de su proyecto político de refundar la nación sobre un piso humedecido por la sangre de miles de victimas que no compartían sus ideas, que eran un obstáculo para sus propósitos o que simplemente les incomodaron?, ¿es democrático un país donde la abstención supera el 50%, el desempleo, el analfabetismo y tantas otras cosas que limitan realmente la participación popular?.
Bueno, por estas y otras varias razones objetivas no podemos llamarlo proceso democrático, pero la mas actual es porque el proceso electoral ha sido el medio para transferir el control político a los grupos criminales relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo, quienes ya venían de hace varios años, ejerciendo el control militar, económico y social en la regiones.
Estas fuerzas han infiltrado o conformado partidos políticos para llegar a los poderes locales y departamentales y sabemos que tienen todo lo necesario para conseguirlo, una las estrategias de las que se valen es la intimidación, las amenazas y el miedo, por esta razón explicamos el aumento de la violencia en la Ciudad de Cúcuta y en el departamento, se presentan masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, reaparecen los sicarios para acallar la voces de quienes se pronuncian en su contra, que acá como en muchos lugares de Colombia les costo la vida a dirigentes políticos de la izquierda democrática como Tirso Vélez, Pauselino Camargo, Carlos Caicedo y cerca de 150 líderes sociales y comunales.
Un ejemplo estremecedor lo reflejan las cifras de que en Cúcuta se presentaban antes de 1.998 en promedio 30 homicidios al año, cuando incursionaron los paramilitares la cifra ascendió a 900 luego a mas de 1.000, llegando a alcanzar umbrales de mas de 1.400 en el 2003 y 2004, justo antes de la supuesta desmovilización y en periodo de negociación donde debía hacerse un cese al fuego, pero ni siquiera después de su aparente desmovilización la cifra bajo, se sigue manteniendo en más de 1.000, porque las estructuras operan, se conformaron otras, pero sus prácticas de terror continua.
Esta coyuntura electoral ha reactivado los índices de violencia en el Departamento, asociado a los grupos criminales organizados que pretenden llegar a las corporaciones públicas a través de Partidos Políticos de los que públicamente son conocidos sus orígenes, benefactores y defensores, todos sabemos de sus nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo, sin embargo los políticos dicen que son reconocidos empresarios, -bueno puede que se estén refiriendo a empresas criminales-.
En Cúcuta previo al certamen electoral se hicieron públicas denuncias sobre como los empleados y contratistas de la Alcaldía, así como líderes comunales, estaban siendo presionados para que votaran por el candidato oficial; estas denuncias dan cuenta de la repetición de dinámicas de violencia empleadas en el certamen electoral anterior, en donde se asesinaron celadores y docentes para ubicar a miembros de grupos paramilitares en zonas de control; muchos candidatos del Polo Democrático se han visto forzados a abandonar sus candidaturas y en algunos municipios del Departamento, fue imposible por amenaza expresa de los grupos paramilitares adelantar campaña electoral e incluso inscribir listas para corporaciones o candidatos para el certamen, por lo que es evidente la falta de garantías para un verdadero ejercicio democrático
Hasta el punto de que en las últimas elecciones solo existía un candidato para la Gobernación, porque es peligroso disputar este cargo, ya que en las elecciones pasadas se presentó y ganó LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA, quien venía de ser el Gerente de la OXY, empresa extranjera de petróleo, responsable de violaciones de derechos humanos y despojo de tierras a los Indígenas en Arauca y Boyacá, porque asesinaron al candidato de oposición quien era un querido y reconocido líder de izquierda, así que si no se hace parte de esos círculos criminales y económicos de poder que están en la política es peligroso participar como candidato de otras expresiones y hacerlo le cuesta la vida a quienes en Colombia se han atrevido a hacerlo.
Consolidación de las Águilas Negras:
Se tituló por la reconocida revista semana, y otros medios de comunicación que la cuna de las Águilas Negras, nuevo nombre de los grupos paramilitares en Colombia era Norte de Santander, hoy podemos decir que ya se han consolidado como la nueva estructura paramilitar de la Región, quienes se enfrentan violentamente en limites con el Cesar y en Cúcuta con otras estructuras criminales, por el control del negocio y las rutas del narcotráfico y el control social y político del Departamento.
Sus amenazas contra las organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos, están a la orden del día, manifiestan su respaldo incondicional al Presidente Uribe y su política de Seguridad Democrática, tristemente los defensores del régimen de Uribe son los sectores tradicionalmente mas criminales en muchos aspectos.
Ya se presentan con este nombre en todos los rincones de país, son los autores de amenazas contra los lideres sociales, populares, contra las organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, no se han escapado de sus amenazas los Pueblos indigenas, los sindicalistas, los estudiantes, hasta los lideres políticos mas reconocidos de oposición a nivel nacional, también son los responsables de folletos en los barrios de las ciudades y de nuevas amenazas en zonas rurales, mejor sea dicho están en todas partes del país, todavía algunos representantes del gobierno y autoridades civiles y militares se niegan a reconocer su existencia, pero lo más grave es que en lo que tiene que ver con el departamento de Norte de Santander han convertido a miembros del Ejercito Nacional en sus emisarios, es decir, estos son los que le anticipan, anuncian y amenazan a los campesinos de la llegada próxima de las Águilas Negras, han sido también responsables de amenazas directas contra estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, contra las organizaciones de Población Desplazada, contra el Pueblo Indígena Motilón Bari, y contra los barrios en diferentes municipios, en fin demostrando que siguen teniendo en control en todos los aspectos de la vida social, del Departamento.
Nuevos Proyectos de Explotación de Recursos Naturales:
Hemos conocido por fuentes oficiales sobre el interés de adelantar en el departamento de Norte de Santander y en el Catatumbo la explotación de nuevos pozos de petróleo y de Carbón a Cielo abierto, esta situación traerá como siempre unos choques sociales, entre quienes se oponen y quienes los defienden, pero también la destrucción inevitable del Medio Ambiente, de los ecosistemas, afectando a las comunidades indígenas y campesinas. De igual forma, el agotamiento del oro negro ha puesto en la mira el Catatumbo, para la producción incontrolada de palma africana; en una región tan castigada por la violencia |4|.
De manera histórica esta demostrado, que esta situación ocasionara más violencia, la necesaria para seguir desalojando y expropiando de sus tierras a campesinos e indígenas.
La explotación de carbón a cielo abierto es una de las actividades que genera el mayor impacto ambiental, social y cultural, de las actividades extractivas de recursos naturales, destruye completamente el medio ambiente y con el a las comunidades que habitan en él, lamentablemente para el Catatumbo hemos podido corroborar que existe una reserva de carbón en jurisdicción del municipio de Tibú, sobre la que 8 empresas quieren adelantar explotación a cielo abierto, hasta ahora conocidas, podemos identificar a: GEOFISING UE, COMPAÑÍA MINERA RIO DE ORO, COMPAÑÍA MINERA LA ESMERALDA, PROMEXCO, PROMINORTE, SOPROMIN, CARBON FUELS AND MINERALS, MORA Y MORA MULTIINVERSIONES MINERAS, estas empresas, solicitaron el 21 de septiembre de 2005, al Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la sustracción de la reserva forestal de los Municipios de Teorama y Tibú. Solicitaron licencia ambiental global conjunta, para la exploración y explotación minera, para adelantar actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte y comercialización de carbón el 26 de Septiembre de 2005.
Estas empresas quieren impactar una zona superior a las 25.000 hectáreas, de los Municipios de Convención, Teorama, Tibú, Tarra, no solo han violado los derechos fundamentales del Pueblo Indígena Motilón Bari: a la Participación, el Territorio, Autonomía, Integridad étnica y cultural, porque no han adelantado un proceso de Consulta Previa dentro del trámite de Licencia Ambiental, sino que han adelantado actividades sísmicas y exploratorias en zonas de resguardo y territorio tradicional del Pueblo Bari, han adelantado campañas de desinformación diciendo que campesinos e indígenas han recibido ya dinero para permitir la explotación de carbón, y han desconocido todo el marco legal de protección nacional e internacional de Pueblo Indígenas, así como el reciente fallo de la Corte Constitucional: Sentencia T 880 de 2006 a favor del Pueblo Indígena Bari.
Según el Plan de Manejo Ambiental elaborado por GEOFISING EU, una de las 8 empresas que solicitan licencia ambiental van a impactar 1.531 Hectáreas, para la explotación de un yacimiento localizado en la Vereda Caño Mariela, entre los municipios de Teorama Y Tibú, mencionan unas reservas medidas de 18.314.221 toneladas de carbón, y las reservas básicas son de 15.977.137 toneladas, para un total evaluado de 34.291.358 toneladas, sin embargo mencionan que se obtuvieron unas reservas medidas en 35.000.000 de toneladas hasta cuando todos los mantos llegan a una profundidad de 100 metros, pero a medida que se profundizan consideran que hasta los 150 metros de profundidad se tienen unas 53.000.000 de toneladas, la estimación de explotación son el primer año: 60.000 mil toneladas, el segundo año: 120.000 toneladas, el tercer año: 240.000 toneladas, el cuarto año 480.000 mil toneladas, el quinto año 790.000 toneladas, sin embargo contemplan que se requieren 360 meses, es decir 30 años para la explotación de carbón solo para este polígono, proponen también para construir: (El cuarenta-Curumani-Santa marta: 297 Km), (El cuarenta-Talameque-Barranquilla: 388 Km), Un ferrocarril Rio Tomas-Curumani-Santa Marta 275 Km., mencionan que el proyecto colaboraría a posesionar el Carbón como producto principal de exportaciones y tal vez el mayor generador de divisas, ya que en cuanto el mercado internacional dicen: que el 80% es susceptible de ser exportado, será muy acogido por las termoeléctricas del Caribe, Norteamérica, Suramérica y Europa, ya que su calidad es igual al obtenido en la Jagua de Ibérico y el Cerrejón, las toneladas proyectadas para la venta en el mercado internacional son del orden de 60.000 mil toneladas, para el primer año de explotación las cuales se irán aumentando progresivamente.
Lavado de Activos:
Muchos ven mas hermosa a Cúcuta por los mega proyectos, centros comerciales y casinos, hoteles - lavado de activos del narcotráfico y los paramilitares- pero pocos somos consientes de que se verá mas hermosa pero es mas peligrosa.
Los cambios se han dado en la infraestructura, de las vías, el comercio, como una muy buena labor de la administración municipal, sin embargo, la construcción de dos complejos centros comerciales, la realización de obras públicas, la reactivación de la construcción de vivienda de alto costo, proliferación de casinos, entre otros cambios, obedecen indiscutiblemente a un proceso de legalización de los dineros de estas estructuras paramilitares, se confirma que hoy día el paramilitarismo representa un poderío económico consolidado que impulsa numerosas empresas rentables y mueve sumas exorbitantes de dineros, muchos de ellos producto del trafico de drogas y armas, y de otros negocios ilícitos y lícitos de los que ahora tienen el control económico, a través de control social y político que mantienen las ahora llamadas Águilas Negras a nivel local y regional.
Es tan evidente y descarada esta situación, que narcoparamilitares que han mantenido el control en Norte de Santander como Jerson Álvarez Dueñas, quien había sido capturado por sus estrechas relaciones con el mundo de las drogas y el crimen, esta actualmente en libertad, gracias a la nefasta complicidad de las autoridades |5|.
O el caso del pulpo, quien según expedientes de los investigadores lo vinculan como uno de los que apoyó financieramente la candidatura a la Alcaldía de Ramiro Suárez Corzo, hoy detenido por homicidio y con investigaciones por paramilitarismo.
Así como estos dos criminales, quienes entre otros cargos se les imputan el lavado de activos en Norte de Santander, gran parte de la mafia en esta región ha logrado legalizar sus dineros sucios, sin lograrse de manera contundente por parte de las autoridades, un desmantelamiento de estas estructuras |6|.
CAPITULO IV
EL TERROR PARAMILITAR: ¿QUE SUCEDIÓ EN NORTE DE SANTANDER?
En enero de 1999, se presenta el informe del Relator Especial sobre la Tortura al 55 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos E/CN.4/1999/61, en donde se denuncia el horror sembrado por los grupos paramilitares en Norte de Santander. Elizabeth Ascanio Bayona, de aproximadamente 17 años de edad, fue sacada violentamente de su casa el 20 de julio de 1997 por un grupo de hombres fuertemente armados que se habrían identificado como los grupos paramilitares de Abrego y Ocaña. A escasos 120 metros, habría sido sometida a tortura. Amenazada que la degollarían si no decía dónde estaban su esposo Ramón Torrado y su padre Adriano Ascanio Pérez. Como consecuencia de los golpes la joven tuvo de ser internada en el puesto de salud con diagnóstico de posible aborto. Esta joven habría reconocido el día 23 de julio a uno de sus agresores en el retén militar del Batallón Santander. Asimismo, Jorge Eli Ascanio, Juan Abel Ascanio, Ana Dilia Pérez, Ana Elida Bayona y nueve menores de edad, habrían sido torturados física y psicológicamente en su domicilio por paramilitares. Finalmente, antes de retirarse los paramilitares, habrían expresado a la familia que volverían nuevamente y que si hubieran llegado a encontrar a Adriano Ascanio o a Ramón Torrado, no quedaría vivo ni el más pequeño de la familia |7| .
El 15 de marzo de 1999, se publica en el periódico el Tiempo, un entrevista del cabecilla paramilitar Carlos Castaño, donde manifestó la arremetida de este grupo contra la Región del Catatumbo, y que sus tropas ya estaban avanzando hacia el Departamento de Norte de Santander, para enfrentar al Ejercito de Liberación Nacional en las riberas del rio Tarra para replegarlos por Sardinata hasta el río Guarumito, en jurisdicción de Venezuela, cerca al municipio de Puerto Santander.
El 23 de Abril de 1999 Iván Villamizar Luciani, Defensor Regional del Pueblo de Norte de Santander, debido a las denuncias de las comunidades, advirtió a los comandantes del Batallón contraguerrilla No 46, en Tibú y al Departamento de Policía de Norte de Santander en Cúcuta, y a las autoridades gubernamentales, sobre las acciones adelantadas por el ejército nacional para introducir un grupo de paramilitares el día 22 de abril comandado por Luis Arsenio Duran Alias "Tajo de Yuca".
En este momento del informe queremos recordar y hacer un reconocimiento al trabajo destacado del Doctor Iván Villamizar Luciani, quien de manera decidida y valiente denunció la incursión paramilitar y cuestionó la actuación de las autoridades militares y de policía, no solo en esa oportunidad sino durante los siguientes dos años, razones por la que fue amenazado él y su familia desde el 31 de mayo de 1999, sin embargo tristemente su convicción de defensa y deber de protección de la comunidades, le costo la vida el día 12 de febrero de 2001, cuando es asesinado por los paramilitares que operaban en la región |8|, crimen que se mantiene en la Impunidad.
En la inminente y anunciada incursión paramilitar, 200 hombres, armados y uniformados, a través del corregimiento de la Gabarra del municipio de Tibú, el día 28 de mayo de 1999, provenientes del Sur del Cesar, Córdoba y Urabá, en cinco camiones, iniciaron a la salida de Tibú un recorrido de sangre hacia ese corregimiento pretendiendo tomarse la cabecera municipal para lo cual instalaron una base y un reten permanente en la vereda Vetas de Oriente, en donde después de retener ilegalmente a mas de 100 personas, a quienes exigían las cedulas, y las cotejaban con una lista de nombres que portaban, asesinaron a 20 campesinos de la región. Esto produjo el desplazamiento forzado masivo de más de 3.000 personas |9|. Este fue el hecho que dio comienzo a la mas cruel y dramática historia nortesantandereana. Algún campesino dijo: "esto es una vergüenza para el gobierno", porque pasaron por cinco (5) retenes del Ejército y la Policía y nadie los vio ni dijeron nada, iban fuertemente armados, actuaron de manera abierta y cínica, con toda la complicidad, complacencia y apoyo de las autoridades militares, quienes son responsables por acción y omisión, situaciones que fueron sistemáticas en todo el territorio nacional, pese a que estaba el gobierno nacional en un proceso de negociación con las FARC-EP, ha esto lo hemos llamado la guerra sucia, la forma como el Estado Colombiano ha conducido las hostilidades, irrespetando todas las reglas de la guerra, el Derecho Internacional Humanitario y atacando y afectando con sus acciones militares y paramilitares a la Población Civil.
En una comunicación del Defensor del Pueblo Regional enviada al Gobernador del Departamento, afirma que el día 28 de mayo de 1999 los paramilitares tuvieron que pasar dos retenes, uno que tiene permanentemente la policía |10| y otro que instala el Ejercito los fines de semana, pero que justamente ese sábado fue levantado, que al parecer Carlos Castaño llego en helicóptero ese mismo día, y se dirigió a la comunidad y dijo que le daba la oportunidad de irse de la zona a todos los habitantes que hubieran colaborado con la guerrilla y que en ese momento se escucharon los disparos que le dieron muerte a los retenidos; afirmo también Villamizar Luciani que el ejercito estaba solo a 20 minutos del sitio donde se encontraba el reten paramilitar.
Los habitantes de las veredas del corregimiento de la gabarra, del municipio de Tibú, aseguraron que los paramilitares que iban fuertemente armados , pasaron por los puestos de control o retenes de la Policía Nacional, y que los retenes que el Ejército hacia regularmente fueron levantados unos días antes de que pasaran por ahí los paramilitares. Los campesinos a través de los testimonios de sobrevivientes dicen que las masacres comenzaron antes del 29 de mayo de 1999, y que en varios puntos antes de llegar al corregimiento de la gabarra, torturaron y asesinaron a varias personas, en los puntos en los que la gente que viajaba en transporte público acostumbraba a para a tomar un descanso o un refresco, esto fue muy grave y genero inmediatamente un terror muy grande entre los habitantes de la región, todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo autoridades y habitantes de Tibú, y especialmente la Fuerza Pública, y nadie decía nada, -hay un bus que recorre esta rutas y lleva un letrero que expresa a manera de consejo o de advertencia la siguiente frase: "mejor no digas nada", así se llama este vehículo; hoy esa frase le recuerda a todos lo que paso y lo que la gente debe hacer. Los medios de comunicación no mostraron al país lo que estaba ocurriendo, solo hasta cuando cometieron la masacre en el corregimiento de la gabarra, los campesinos y las comunidades informaron de lo que estaba ocurriendo a la Defensoría del Pueblo, pero no había otra alternativa que correr por su vida, nadie se sentía seguro, sobre todo cuando ven caer gente inocente y que según los testimonios nada tenían que ver con los grupos insurgentes, pero si esto hubiese sido así nada justifica ni legal ni legítimamente el accionar de los grupos paramilitares, lo que quedaba por hacer era desplazarse para salvaguardas sus vidas y la de sus familias.
Uno de las formas de control social y de ejecutar selectivamente a la Población Civil se dio a través de los retenes que implementaron de manera permanente, así operaron los paramilitares, los primeros retenes los ubicaron en las carreteras que comunican a los municipios de Tibú y el Tarra, a escasos minutos de los retenes del Ejército Nacional y de la Policía Nacional; para ese momento los retenes del Ejército estaban a cargo de tropas adscritas al batallón Grupo Mecanizado Maza, quien estaba comandado por el coronel Víctor Hugo Matamoros y miembros del batallón Héroes de Saraguro, que eran comandados por el mayor Mauricio Llorente.
Se evidencio el desinterés de la autoridades para prevenir los hechos de amenaza y agresión contra la Población Civil, que la estación de la gabarra fue retirada el 25 de Agosto de 1998 y vuelta a instalar el 23 de agosto de 1999, por las presiones que hicieran a través de las denuncias de los órganos de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, pero para cuando esto ocurrió ya se habían perpetrado por lo menos 9 masacres, los grupos paramilitares estaban en la zona (que incluso por los medios de comunicación habían anunciado), estaban ubicados en la región y la frontera colombo venezolana, llegando a ocasionar el desplazamiento de mas de 100 mil personas, ejecutaron extrajudicialmente mas de 5000 personas, cometieron alrededor de 39 masacres, desaparecieron forzadamente más de 600 personas, hoy sabemos que estos terribles hechos ocurrieron donde están los recursos naturales, da escalofrío ver la precisión en la coincidencia de estos puntos, ejm: vereda Guadalupe de donde desplazaron a todas las familias, y se pretende adelantar la exploración y explotación de petróleo llamado bloque Álamo, la gabarra y las veredas cercanas, es el territorio donde se quiere adelantar la explotación de carbón a cielo abierto, los lugares de las primeras nueve masacres son los lugares donde la empresa petrotesting a reactivado la explotación de petróleo, el lugar de control paramilitar y donde fue la zona de su concentración y aparente desmovilización, se encuentran las mayores extensiones de la siembra y cultivos de palma aceitera y el desarrollo de proyectos agroindustriales, el lugar donde hoy se concentran las estructuras paramilitares (Puerto Santander, Zulia, Tibú, la Gabarra) son puntos para el control de negocios ilícitos como el narcotráfico, el tráfico de armas y el robo y venta de gasolina.
Las Procuraduría Departamental de Norte de Santander, pone de manifiesto el 21 de julio de 1999 a la Procuraduría General de la Nación, que era posible prever que la zona de la gabarra, sería el lugar escogido para adelantar la incursión paramilitar que Carlos Castaño había señalado hacia el Catatumbo, precisamente porque era el punto en el que estaban todas las características señaladas anteriormente, riquezas naturales, trafico de armas y droga, zona fronteriza, y por esta razón debieron aplicar y disponer las medidas necesarias para evitar el ataque que se anunciaba.
Se demostró en las investigaciones penales y disciplinarias, la decidía, el desinterés del Ejército y la Policía Nacional, ya que no intervinieron para repeler la incursión de este numeroso grupo de paramilitares, permitían que una y otra y otra masacre ocurriera, estaban como espectadores ante lo que ocurría, dejaron a su suerte a las comunidades que fueron victimas de una masacre el día 17 de Julio de 1999, donde fueron ejecutadas 20 personas, y sin embargo pese a lo grave de este hecho no tomaron ni una sola medida y nuevamente un mes después el 21 de Agosto ocurre otra terrible tragedia, son masacradas 54 personas y un considerable numero de heridos, uno de esos sobrevivientes el señor Daniel Bayona nos conto lo sucedido, quien recuerda todo y lo revive hasta con pensamientos, al dispararles dice: él cayo debajo de un cuerpo, y se quedo inmóvil; en algún momento levanto su cabeza para ver que estaba pasando a su negocio, y dice ahora eso fue una tontería, y luego lo que pudo ver fue todos los cuerpos a su alrededor, recibió un disparo que le atravesó las dos rodillas, dice que lo trasladaron en helicóptero al hospital de Cúcuta, nos cuenta que hoy sigue un señor en estado de coma, que también sobrevivió, después de esa atención, no ha recibido nada del Estado, perdió todo, quedo lisiado, asume el costo del tratamiento de su enfermedad, no puede volver dice "los recuerdos no me dejarían volver a pisar y caminar por la gabarra, si estando acá no dejo de recordar y están en la cabeza esas imágenes, me vuelvo loco parado allá en esas calles donde vi y viví cosas tan terribles", ahora hemos demandado del Estado atención en su condición de victima, hemos interpuesto tutelas para que le garanticen atención en salud, y demandamos que sea reconocido como victima del accionar de los grupos paramilitares, ya que actualmente no aparece le dicen en la base de datos de la Fiscalía de Justicia y Paz.
Debido a la gravedad de los hechos y a las insistentes solicitudes de protección a los derechos a la vida y a la integridad personal, entre otros, de la población de la Gabarra, se promueve la creación de la "Comisión Interinstitucional" integrada por delegados de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior, La Fiscalía, La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, quienes se desplazaron al municipio de Tibú el 25 de agosto de 1999, y elaboraron un informe titulado "Informe de la Comisión al Municipio de Tibú, Norte de Santander", en el que se revela, después de recoger las denuncias de la comunidad que, la llegada del grupo paramilitar a la región contó con la colaboración de la Policía Nacional, puesto que los paramilitares llegaron en aviones comerciales al municipio de Tibú, hombres armados que eran recogidos por miembros de la policía y que sus retenes fueron instalados a corta distancia de las bases y retenes militares. |11|
Finalmente, el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, en oficio de fecha 31 de mayo de 1999, remitido al comandante del Ejército Nacional, puso en conocimiento la participación del comandante de la policía, el Capitán Luis Alexander Gutiérrez Castro, en las actividades de coordinación del ingreso del grupo paramilitar a la región, cuyo testimonio decía abiertamente que la incursión de las autodefensas era amplia y suficientemente conocida por él y que se habían adelantado las coordinaciones necesarias para su ingreso, a la zona, las cuales según él provenían del departamento del Cesar, confirma que la incursión se esperaba desde hace un mes y que la dispusieron desde arriba, refiriéndose a sus comandantes naturales. |12|
Así comenzó la dolorosa historia que muchos no conocen, otros se esfuerzan en negar y ocultar, pero que para miles tristemente ya no podrán olvidar, algunos argumentan que no existía la capacidad en la Fuerzas Militares del Departamento para contrarrestar la ofensiva, pero esto no es cierto en la región donde incursionaron, en ese momento la Fuerza Pública ascendía a 5.000 hombres y los paramilitares que entraron era aproximadamente 700 hombres, que incluso le contaron al país de sus planes, el control y la infiltración y el compromiso de algunas instituciones y autoridades fue de tal envergadura, que en las pocas y primeras investigaciones que la Fiscalía Seccional adelantó, esos funcionarios comprometidos con la persecución del delito, fueron asesinados, sin que todavía se conozca la verdad de lo ocurrido con estos crímenes y con los que ellos investigaban.
Está claro que el origen de los grupos paramilitares en esta región no fue una respuesta de ganaderos, latifundistas y narcotraficantes para enfrentar los grupos guerrilleros que tienen presencia en la región desde hace por lo menos 30 años, sino que fueron una apuesta narcoparamilitar, en donde políticos y militares, igualmente, buscaban controlar plenamente los negocios ilícitos en la frontera, ampliar la frontera de cultivos de uso ilícito, atacar al movimiento social, comunitario y de derechos humanos, a la oposición política, despojar los territorios de campesinos e indígenas para facilitar los proyectos de concesión de exploración y explotación de petróleo, carbón, oro, agua, y en general de las riquezas naturales de la región a las multinacionales y para la ejecución de megaproyectos, como vías ferroviarias para transporte de las riquezas naturales, hidroeléctricas y gasoductos, todos proyectos binacionales, y que requieren tener el control territorial del corredor que une el noroccidente con el nororiente del país. Es indiscutible que todos estos proyectos económicos requieren necesariamente un apoyo político y por ello, requiere también tener un control no solo de las esferas de poder económico sino también de las esferas e instancias del poder político. |13|
Con el control social, militar y económico de los paramilitares en el Departamento y su influencia en los procesos electorales Luis Miguel Morelli para el periodo del 2004 - 2007, gana las elecciones del año 2003, junto con su aliado político, candidato a la Alcaldía Ramiro Suarez, hoy preso por homicidio y sus vínculos con los paramilitares, quienes se vieron favorecidos después de que en circunstancias cuestionables es asesinado el principal y mas opcionado candidato a la gobernación del departamento, el líder del partido comunista TIRSO VELEZ |14|. Ambos Gobiernos se caracterizaron por su complaciente y silenciosa actitud frente al accionar paramilitar en la región y en la ciudad capital frente al homicidio de centenares de líderes sociales, comunales y populares del departamento.
Queremos recordar y hacer un reconocimiento y homenaje a algunos de los hombres y mujeres lideres asesinados en este contexto paramilitar y de terrorismo de Estado, en Norte de Santander: GABRIELA GALEANO, CARLOS CORDERO y ROSALBA CALDERON SANCHEZ, asesinados en la calle céntrica de Ocaña, el 3 de octubre de 2000, todos miembros del Sindicato de Trabajadores de la Salud - Anthoc; ELSA CLARENA GUERRERO Y CAROLINA SANTIAGO NAVARRO, docentes asesinadas en Ocaña, el 28 de enero de 2001; el Ingeniero Agrónomo y político liberal LUIS ALFONSO LEMUS PABA, asesinado en el 2005 en el sur del Cesar; PAUSOLINO CAMARGO PARADA, ex sacerdote y ex Alcalde de Cúcuta, asesinado en el año 2000. IVAN VILLAMIZAR LUCIANI, ex Defensor Regional del Pueblo, asesinado en el año 2001; los estudiantes EDWIN LOPEZ y CESAR LEAL; CARLOS ARTURO PINTO BOHORQUEZ y MARIA DEL ROSARIO SILVA DIAZ, abogados, Fiscales especializados que investigaban la red de Narcoparamilitarismo en las que están implicados líderes políticos y empresariales de Cúcuta y Ocaña; CARLOS BERNAL, DAVID JAIMES, LUIS HUMBERTO ROLON, dirigentes del Partido Comunista Colombiano en el Norte de Santander, de igual manera fueron asesinados desde al año de 1997 hasta el 2004, 15 abogados que trabajaban en la defensa de derechos humanos, con personas víctimas y que asumían causas por delito de Rebelión o Narcotráfico, ellos eran: ANDRES EDUARDO HIGUERA PETIT, CARLOS UTRERA, HERNANDO DARIO MEJIA PETROCHELY, IVAN ENRIQUE SANTOS GRANADOS, MARIA STELLA VIANCHA RANGEL, NOHORA GRAZZ, RAFAEL ANTONIO RINCON VARGAS, JOSE AGUSTIN URIBE, CARLOS SALVADOR BERNAL, GLORIA INES MARIN MAYA, JAIRO ERNESTO OBREGON SANBOGAL, MARIA VICTORIA GOMEZ, MAXWELL CONTRERAS, GABRIEL ROJAS CABRALES, JOSE LALO VALENCIA.
El Actual Dominio Paramilitar en Cúcuta
El control social de estas estructuras paramilitares en Cúcuta y su área metropolitana, derivó en una forma organizada que es reconocida así por algunas autoridades y por los habitantes de los barrios periféricos y marginados víctimas de su control, como insistimos en que se dió una reorganización y no una desmovilización, podemos hacer referencia a tres clases de paramilitares que conforman los grupos que operan en el Departamento, ya que unos deben hacer trabajo urbano, otros rural, en asuntos relacionados con el negocio de droga, armas, pero actividades de control social como el comercio, otros trabajando en acciones contrainsurgentes con organismos de inteligencia y con las Fuerzas Militares.
El más peligroso conocido como fuerza élite o especial muchos de ellos no son oriundos de esta región, sino que vienen a trabajar como mercenarios y con tareas de coordinación y mando esta conformado por los combatientes con mayor experiencia, son los que actúan incluso desde la filas del Ejército Nacional, ya que son reconocidos por sus victimas de años atrás como paramilitares y jefes paramilitares. Otro grupo son los combatientes con experiencia que venían trabajando con en Bloque Norte, el Bloque Catatumbo y el Bloque Fronteras, y el tercer grupo lamentablemente el más numeroso, conformado por los jóvenes de los barrios quienes no tienen otra opción por las amenazas o la falta de oportunidades. Dicen muchos que incluso liderado y propiciado por el propio Alcalde Ramiro Suarez se constituyeron redes de taxistas, tenderos, celadores y comerciantes, entre otros, que luego de la violentas incursiones en zonas rurales y el Catatumbo, a partir del 2001 arremeten con la mayor violencia hasta el 2004, donde se alcanza una cifra de más de 1.400 muertos. Imponiendo su control sobre los mercados ilegales como el contrabando, el lavado de dólares, el robo de carros y la distribución de drogas.
Sin embargo mantienen otras formas de financiación pero que se traducen en un control social absoluto, por ejemplo cobran cuotas a cambio de seguridad, a las casas, los negocios en la mayoría de los barrios y los municipios del área metropolitana, manejan el negocio de los préstamo gota a gota, cobros a los taxistas, extorsiones a empresarios, cuotas en los contratos derivados de la Administración Pública, todo esto por medio de amenazas y homicidios.
Además limitan el accionar de la delincuencia en un contexto en el cual el Estado no hace la presencia suficiente a través de la Policía y la capacidad de la justicia es muy limitada. Los grupos de autodefensas disponen en Cúcuta de estructuras armadas que operan sistemáticamente por medio de la violencia, extrayendo recursos de sus habitantes, impartiendo justicia privada, imponiendo un orden ajustado a sus intereses. |15|
Grupos Paramilitares que Operan en la Frontera entre Colombia y Venezuela.
La frontera entre ambas naciones, de 2.219 kilómetros, es a menudo descrita como "un tercer Estado" en el que campean narcotraficantes, secuestradores, ladrones de ganado, guerrilleros y paramilitares.
El fortalecimiento del paramilitarismo en Norte de Santander, se realiza en una de las zonas más estratégicas de control económico con el propósito de expandir su control militar en territorio fronterizo entre Colombia y Venezuela, por ello, no es casualidad, el control sobre municipios como Puerto Santander, Sardinata, Tibú y en general en la selvática zona del Catatumbo, objetivo conseguido para el año 2000, de acuerdo al proyecto nacional orientado por el mismo Carlos Castaño Gil.
El avance del paramilitarismo y de la guerrilla dentro de Venezuela se dio de tal manera que se argumenta en los organismos de inteligencia venezolanos que más del 60 por ciento de los secuestros que ha habido en el país ocurren cerca de la frontera con Colombia. En San Cristóbal, ciudad venezolana próxima a Cúcuta, 95 por ciento de los homicidios ocurren con armas de fuego ilegales.
Una fuente de inteligencia policial venezolana contó que en tres meses, en la región de El Nula, estado Apure, se registraron 28 homicidios asociados con la penetración paramilitar. Durante el mismo período y por las mismas causas ocurrieron más de 50 homicidios en cuatro poblaciones del estado Apure.
La presencia paramilitar en Venezuela fue denunciada por un alto ex funcionario del DAS, Rafael García, quien ocupó la Dirección Informática de la entidad, y la describió como parte de un supuesto plan del propio gobierno colombiano, destinado a desestabilizar el régimen del presidente Hugo Chávez.
García actualmente está preso bajo cargos de haber borrado de los sistemas del DAS, los antecedentes de narcotraficantes y paramilitares supuestamente amigos de Jorge Noguera (Ex-Director del DAS), quien debió salir de la agencia de inteligencia envuelto en un escándalo de corrupción y vínculos con el paramilitarismo, no sin antes recibir toda el respaldo, la confianza, el reconocimiento y la gratitud del presidente Álvaro Uribe, por haberle aportado tanto a su campaña y al país desde el Departamento del Magdalena. Sin embargo, la ausencia de vergüenza estatal, promueve inicialmente el traslado de este exfuncionario del DAS al consulado general de Colombia en Milán, Italia, alegando razones de seguridad.
Coincidencialmente, el escándalo por la presencia paramilitar en el vecino país estalla en el mismo momento en que la Fiscalía colombiana reconoció que la ex directora seccional de Fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez Silva, formaba parte de una asociación delictiva con sujetos dedicados al paramilitarismo, a quienes les informaba sobre las acciones de las autoridades en su contra. Aunque el ente investigador ordenó la captura de la ex funcionaria, sólo horas después de iniciado el escándalo en Venezuela había salido del país con rumbo a Miami.
Sin embargo, de las pesquisas que realizó la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía para develar los nexos de Ana María Flórez con el paramilitarismo, se desprende información que, en parte, puede explicar cómo desde Norte de Santander se estaban orquestando acciones ilegales en la frontera colombo-venezolana. En concreto, de las investigaciones contra Magally Janeth Moreno Vera, una ex funcionaria del CTI al servicio de la ex fiscal fugitiva, se puede inferir que los planes del paramilitarismo en esta región del país se estaban internacionalizando en Venezuela. |16|
Este contexto explica la dinámica actual de la guerra en Norte de Santander y su influencia en territorio venezolano. Según un investigador de la Fiscalía, para nadie es un secreto que buena parte de la financiación de este grupo armado en la región -al igual que lo hacen decenas de contrabandistas- es el negocio de la gasolina. Y este trueque fronterizo fue monopolizado en Colombia por las autodefensas; y los "pimpineros", muchachos que transportaban a pie tres o cuatro galones en recipientes plásticos llamados pimpinas, quedaron subordinados a los paramilitares en esta actividad productiva, fueron uniformados y jerarquizados militarmente y a los que no quisieron hacer parte del paramilitarismo, los mataron, según testimonios debían de pagar $ 2000 pesos por cada pimpina, no podían comprarla y venderla sin estar autorizado, un señor nos cuenta como debió soportar esa nueva revictimización y humillación de tener que pedirles permiso y rendirles cuentas a quienes le mataron a su hijo y lo desplazaron y le arrebataron una hermosa finca, y que se vio obligado a vender gasolina para sobrevivir.
Fue evidente, también, en este oscuro periodo, que las autodefensas delinquieron y aun delinquen masivamente en una frontera como la colombo-venezolana, donde lo cotidiano es que los habitantes de los dos países compartan un territorio de múltiples intereses, tanto legales como ilícitos. Según los testimonios San Antonio, Ureña, Rubio y otras poblaciones, las tomó el paramilitarismo. Todos los taxistas pagan. A todos los comerciantes los "vacunaron".
Según el ACNUR en San Cristóbal, Venezuela, hasta diciembre de 2006, 720 personas han sido reconocidas como refugiadas, de las cuales un 92% son colombianas y, 7.754 personas han solicitado asilo, de las cuales el 99% serían colombianos. Los puntos de mayor recepción de solicitantes de refugio son: San Cristóbal (a 1 hora de Cúcuta), Guasdualito (frente a Arauca) y Machiques (frente a Cesar). La población desplazada/refugiada, al igual que en Colombia, se localiza en barrios periurbanos y en áreas rurales con altos niveles de pobreza y desempleo.
CAPITULO V
LOS VICTIMARIOS: ¿Quienes fueron los autores de estos daños? ¿Quienes eran los que operaban en esta región?
Sobre el accionar de los grupos paramilitares ya nos lo había mencionado el Padre Javier Giraldo, defensor de Derechos Humanos Colombiano, en el año 2005, entre las fuerzas armadas o de seguridad del Estado colombiano y las de los paramilitares, no se encontrará diferencia alguna importante, su modos operandi percibe un enemigo común; un mismo modelo social defendido; una misma doctrina que es la llamada de "seguridad nacional"; unas mismas prácticas represivas; una solidaridad de cuerpo entre ambas fuerzas; un mismo discurso legitimador del sistema vigente; unos mismos mecanismos de impunidad; una misma apología del accionar armado y de la participación de la población civil en el mismo; unos mismos parámetros de estigmatización de los movimientos sociales y de las ideologías políticas no capitalistas, así como una coordinación, combinación y distribución de acciones legales e ilegales con miras a que sirvan a una misma causa, con estas mismas directrices llegan los bloques frontera y Catatumbo a nuestro departamento.
Los grupos paramilitares en Norte de Santander tienen presencia especialmente en el Catatumbo, la Provincia de Ocaña y Cúcuta y sus alrededores. Según información de la Quinta Brigada del Ejército en este departamento operan dos organizaciones principales, las cuales hacen parte del Bloque Norte, comandado por Mancuso: El Bloque Móvil Catatumbo y el frente La Gabarra. La primera de estas estructuras está al mando de alias "Felipe" y cuenta con 200 hombres que tienen su radio de acción en los municipios de Tibú, El Tarra, Hacarí, San Calixto, llegando a tener influencia sobre algunos municipios de la zona de Ocaña como Teorama, Convención y El Carmen. Se conformó sobre la base de estructuras que entraron a la región del bajo Catatumbo en la primera mitad de 1999 y que se concentraron en la zona de La Gabarra y en el Tarra. Por otro lado, existe una estructura llamada Frente La Gabarra, la cual opera en los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, Puerto Santander, área Metropolitana de Cúcuta, Chinacota, Pamplona, San Calixto, Convención, Teorama y Rangonvalia. El comandante de esta organización es el capitán retirado del Ejército, Armando Alberto Pérez Betancourt, alias "Camilo" y cuenta con aproximadamente 800 hombres. De acuerdo a lo planteado por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en el esquema de desmovilizaciones colectivas, estas dos estructuras se denominan en la actualidad "Bloque Catatumbo", el cual no estaría compuesto por mil combatientes, como lo muestra el dispositivo de la Quinta Brigada, sino por 1.400.
Es importante destacar que las autodefensas que actúan en el Catatumbo avanzaron para conquistar el corredor entre Tibú y Cúcuta y su zona metropolitana y continuar en dirección a Arauca, logrando un importante control sobre la zona plana y sobre la cabecera de Puerto Santander. |17|
Se ha señalado a Armando Alberto Pérez Betancourt, alias "Camilo", como el principal líder de las AUC en este departamento, luego del comandante del Bloque Norte, Mancuso.
Para nadie es un secreto que la incursión paramilitar del año de 1999 fue adelantada por el Bloque Paramilitar Autodefensas Campesinas de Cordoba y Uraba - ACCU, comandadas por Salvatore Mancuso, alias "triple cero" y que posteriormente se autodeterminaron o consolidaron como el Bloque Catatumbo que operaba en esta zona rural y sus municipios y el Bloque Fronteras que operaba en la zona Urbana del municipio de Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario, entre otros, comandada por Jorge Iván Laverde Zapata alias "el Iguano, o Pedro Fronteras", sin que hasta ahora podamos estimar cuantos miembros tenia cada uno de los bloques, la base paramilitar permanente, de este ultimo, se encontraba entre Cúcuta y Puerto Santander.
Sin embargo, algo que si se ha podido determinar incluso por las versiones libres de estos dos criminales e investigaciones de organizaciones de derechos humanos como la Fundación Progresar es que el 'bloque Fronteras' tenía la misión de controlar las economías ilícitas en su área de influencia (prostitución, venta de droga) y la comercialización y envío de la cocaína proveniente de las zonas de cultivos ilícitos que protegía el 'bloque Catatumbo'. Este sin discusión no era el único fin de la presencia paramilitar en el Departamento, mantener el control económico lícito e ilícito y el control político local y regional, desafortunadamente implicó para los habitantes del departamento la oleada de violencia más cruel y sangrienta de nuestra historia.
De igual modo, el grueso expediente contra la ex investigadora Magally Moreno |18|, esclarece la organización jerárquica del paramilitarismo en Norte de Santander. Hay dos bloques: uno es el Bloque Frontera, comandado por un sujeto a quien se conoce como El Iguano y al que las autoridades han individualizado como Jorge Iván Laverde |19|; el otro es el Bloque Cazadores, comandado por el sujeto apodado como Mauro. Desde Puerto Santander hacia abajo le pertenece a La Iguana, y de Puerto Santander hacia arriba le pertenece a Mauro.
Sin lugar a duda, las reveladoras declaraciones de Magally Moreno, detallan cómo empezaron a maniobrar los paramilitares en el interior de la Fiscalía desde 2002, y cómo un capitán del Ejército, apodado Mauro, fue uno de los primeros enlaces entre Flórez y Moreno con los comandantes paramilitares de la zona |20|.
Sin embargo, el control paramilitar de todo el departamento estaba en cabeza de alias Camilo, quien era el máximo comandante de una región donde desde finales de los años 90 y donde se ha posicionado territorialmente el modelo implantado por las autodefensas.

Estructura Bloque Catatumbo Bloque Fronteras Bloque Cazadores

Comandantes e integrantes Alias Felipe: Bloque Móvil Catatumbo: 200 hombres. Alias Camilo: Frente la Gabarra, Armando Alberto Pérez Betancourt Capitán Retirado del Ejercito: 800 hombres - El Iguano: Jorge Iván Laverde Zapata Alias Mauro: José Bernardo Lozada Ardúz

Zonas donde operaron - La Gabarra, Tibú, Tarra, Hacarí, San Calixto, Influencia en Ocaña, Convención, Teorama y el Carmen
- Tibú, Tarra, Sardinata, Puerto Santander, Cúcuta, Chinacotá, Pamplona, San Calixto, Convención, Teorama y Ragonvalia.
Puerto Santander hacia Arriba. Encargados de controlar las economías ilegales-control frontera colombo venezolana (Tibú, Teorama y Tarra) Puerto Santander hacia Abajo Control Frontera Colombo Venezolana (Cúcuta, los Patios, Villa del Rosario, Ragonvalia, Zulia, San Cayetano)

CAPITULO VI
DINAMICAS DE VIOLENCIA IMPLEMENTADAS: ¿Cuáles y cuantos crímenes cometieron?

Cifras Oficiales. Lo que el Estado Colombiano Reconoce.
En cifras oficiales se identificaron en el Departamento, la comisión de 31 masacres entre los años 1998 al 2001 |21|, 7 atribuibles al Bloque Catatumbo y 24 al Bloque Fronteras, en el mismo año se cometieron 1088 homicidios, de los cuales solo 158 fueron atribuibles a los paramilitares mientras que el resto casi el 90% fueron atribuibles a desconocidos, por lo que podemos intuir la suerte de las investigaciones de estas últimas, es decir contra desconocidos, se encuentran archivadas por la imposibilidad de individualización e identificación de los autores, y sobre los 158 atribuidos a los paramilitares, suponemos, el curso normal de los procesos continúan solo en los casos donde las víctimas fueron representadas dentro del proceso. En muchos casos conocidos y documentados por la corporación, a pesar de que las victimas atribuyeron los delitos a los grupos paramilitares, el proceso fue archivado; estas cifras oficiales nos permiten presumir una impunidad de casi el 95% en los casos de homicidios, sin mencionar aun, las desapariciones forzadas y el desplazamiento, las cuales ni siquiera aparecen referenciadas.
En los años 2003 y 2004 el Observatorio de DDHH de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia registra, aproximadamente, 2100 personas asesinadas y en el 2005, aproximadamente 1020 personas asesinadas, en Norte de Santander. Estamos hablando de un potencial de Universo de Victimas por muerte violenta a manos de los grupos paramilitares de casi 4208 personas asesinadas entre los años 1998 y 2005.
Las víctimas del delito del desplazamiento forzado, el cual también es un crimen de lesa humanidad, hasta el año 2004, fueron en cifras oficiales superiores a 51.919 personas, es decir, estamos hablando de aproximadamente de 10.000 familias campesinas desplazadas de la región del Catatumbo, lo que ampliaría este universo de victimas en la ley de Justicia y Paz, en cifras oficiales, a 14 208 personas, delito que a pesar de ser declarado ante las autoridades competentes por cada una de las familias, nunca se iniciaron investigaciones correspondientes y en la actualidad en Colombia no existe ninguna condena o sanción penal por estos hechos delictivos, por lo que podemos deducir que la impunidad por estos delitos es del 100%.
Las víctimas del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en el departamento entre 1997 y 2002, en cifras oficiales, no superan los 95 casos de desapariciones forzadas que fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación, atribuidas en un 98% a desconocidos, a pesar, que era de público conocimiento no solo en el departamento sino en el resto del país, que la desaparición forzada es una práctica generalizada y sistemática de los grupos paramilitares, implementada con múltiples propósitos, garantizar impunidad de estos crímenes, invisibilizar la violencia implementada y causar doble daño en los familiares de las victimas que permitía la dominación sobre comunidades incluso en las que no hacían presencia por el terror y miedo que causaban, impidiendo en muchos casos la mera denuncia y los que denunciaban no se atrevían a manifestar quienes eran los verdaderos autores de los hechos. A pesar que la corporación cuenta con una documentación de solo 66 casos, por este delito, podemos afirmar igualmente que la mayoría tuvieron el comportamiento de resolución
inhibitoria por imposibilidad de determinación de los autores del hecho, es decir, se encuentran archivados, dinámica cuestionable en la que se destacó la Fiscalía General de la Nación durante estos tiempos de violencia generalizada, desconociendo y menospreciando el deber moral y la obligación legal de la investigación, juzgamiento y condena de los crímenes contra la humanidad.

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD NUMERO PERIODO RESPONSABLES

MASACRES 31 1998 - 2001 Bloque Catatumbo (7)
Bloque Frontera (24)

Homicidios 1088 1998 - 2001 Paramilitares Desconocidos

Homicidios 2100 2003 y 2004 ParamilitaresDesconocidos

Homicidios 1020 2005 Paramilitares Desconocidos

Desplazamiento Forzado 51.919
10.00 flias Hasta el 2004

Desapariciones Forzadas 95 1997-2002 Desconocidos

Cifras de Organizaciones de Derechos Humanos.
Como era también de público conocimiento que las instituciones públicas como la Fiscalía General de la Nación, estaba infiltrada por los grupos paramilitares, la víctimas y familiares de las victimas en la mayoría de los casos no elevaban sus denuncias, pues, el modus operandi del momento era, quien denunciaba se atenía a las consecuencias, que en la mayoría de los casos era la muerte o el desplazamiento forzado. Es por esta razón que las organizaciones de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales y de Victimas podemos afirmar que las cifras oficiales nunca se acercarán a la realidad vivida por el pueblo nortesantandereano y que los esfuerzos de las instituciones por recuperar la credibilidad y confianza de los ciudadanos serán siempre insuficientes, pues las consecuencias de la barbarie conocida y permitida por las autoridades públicas son irreparables e irreversibles.
El Universo de victimas de los grupos paramilitares es estimado en cifras no oficiales así:
Al bloque Fronteras, tras una investigación realizada por la Fundación Progresar, se les atribuye por lo menos 60 masacres cometidas en el municipio de Cúcuta. En cuanto a los homicidios, de manera general, las organizaciones de Derechos Humanos consideramos que este número de victimas puede llegar a ser mucho mayor, pues los casos de homicidio no serán inferiores a 11.200 personas, entre los años 1998 al 2005, de los cuales 5.200 son atribuibles al Bloque Catatumbo.
La Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, estima que las victimas del delito de desplazamiento forzado ascienden a 114.967 personas, es decir, aproximadamente 19.000 familias fueron obligadas a migrar del Catatumbo, abandonar todos sus sueños, sus proyectos de vida, su patrimonio, para salvaguardar sus vidas y huir de la violencia agudizada por la incursión paramilitar en la región, sin dejar de mencionar el millón de hectáreas despojadas y desarraigadas y los colombianos que en la actualidad se encuentran refugiados en el vecino país de la República Bolivariana de Venezuela, del cual se conoce que por lo menos 700 habitantes del departamento se desplazaron a los poblados de La Vaquera, El Cerrito y El Ranchito, en el estado de Zulia. ACNUR: en San Cristóbal, Venezuela, informa que hasta diciembre de 2006, 720 personas han sido reconocidas como refugiadas, de las cuales un 92% son colombianas y, 7.754 personas han solicitado asilo, de las cuales el 99% serían colombianos.
En cuanto a la desaparición forzada, se estima que en el departamento los paramilitares desaparecieron por lo menos 600 personas, es decir, que en el 85% de los casos, los familiares de las víctimas no acudieron a las autoridades competentes a denunciar los hechos de los que fueron víctimas sus familiares, y decidieron guardar silencio por temor a que otro de sus familiares fueran sometidos a esta misma practica violenta, los cuerpos en la mayoría de los casos fueron arrojados a los ríos Catatumbo, río de oro, río tarra y río Zulia, en otros, los cuerpos fueron enterrados de manera ilegal en fosas, en diferentes partes de la región, muy pocos recuperaron los restos de sus familiares y lograron enterrarlos, aunque de manera ilegal, pero con la fortuna de hacer el duelo, circunstancia que no han podido experimentar la mayoría de las familias que tiene uno o varios familiares desaparecidos.
Finalmente estamos hablando de un número aproximado de victimas de por lo menos 30.800 personas, teniendo en cuenta que hemos hecho solo referencia a tres tipos de violaciones de derechos humanos, dejando de un lado por dificultad en la obtención de la información los delitos sexuales, delitos contra la integridad personal y la libertad, delitos contra el patrimonio, como por ejemplo, extorsión, amenazas, tortura, violencia sexual, el reclutamiento forzado, entre otros delitos y crímenes de lesa humanidad, y teniendo en cuenta que no tenemos reporte de algunos momentos dentro del periodo 1998 - 2005, reto que se esperaba fuera asumido por la Fiscalía General de la Nación Unidad Especial de Justicia y Paz.

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD NUMERO PERIODO RESPONSABLES

MASACRES 60 1998 - 2005 Bloque Frontera

HOMICIDIOS 11.200 1998 - 2005 BLOQUE FRONTERA Y CATATUMBO

DESPLAZAMIENTO FORZADO 114.967 1998-2005 Bloque Frontera y Catatumbo

CAPITULO VII
FALSO PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN DE LOS GRUPOS PARAMILITARES. ¿Por qué Negociación y Por qué en el Gobierno de Uribe?

Algunas de las razones que hemos podido encontrar y estudiar de quienes han analizado estos temas de interés nacional, son las siguientes:
Porque los delitos, la crueldad y la sevicia implementada en las regiones era ya inocultable a los ojos de la opinión pública y de la comunidad internacional, y era inexplicable la omisión que las autoridades civiles, militares y de policía estaban teniendo en ese momento, además de la acción y complicidad en la comisión de muchas acciones delictivas.
Porque la tropa paramilitar había crecido desmesuradamente, lo que implica costos en armamento, uniformes, alimentación, etc. que no eran necesarios continuar asumiendo cuando ya tenían el control político, territorial, social, económico y militar suficiente a través del temor generalizado en las comunidades.
Porque tenían que aprovechar la oportunidad y el momento político que se presentaba y es que a raíz del rompimiento de las negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, su candidato Álvaro Uribe, persona que dio vida y origen a las convivir en Antioquia siendo Gobernador del departamento, persona que defendió su creación legal ante la Corte Constitucional, siendo Senador de la República, a finales del 2001 principios del 2002, era candidato a la Presidencia de la República quien obviamente presenta las negociaciones con los paramilitares, y la lucha frontal contra el terrorismo como principales estrategias de gobierno dentro de su política de seguridad democrática.
La influencia y el control paramilitar no solo llego a colocar candidatos en alcaldías, concejos municipales, gobernadores, asambleas, y congresistas, sino que llevo a incidir en la elección del Presidente de la República, denuncias que deberían ser investigadas por las autoridades competentes, que lamentablemente sabemos que no harán, ojala no tengamos que esperar muchos años para que la Justicia Universal tome cartas en el asunto, ya que este país sufrió la infiltración mas descarada por parte del Narcotráfico y de los Paramilitares.
También se menciona como una fase terminada, lo que ocurrió con el apoderamiento de las tierras y el control sobre bastas zonas del territorio nacional, es decir ya se había cumplido con el verdadero propósito de robar o apoderarse de las tierras, de indígenas, afro descendientes y campesinos, para facilitar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos, especialmente el petróleo, el carbón y el oro, también controlar los nacimientos o fuentes de agua, los corredores viales naturales estratégicos, las zonas para la implementación de mega proyectos de infraestructura vial y energética y por supuesto el control de zonas para la expansión de los cultivos de uso ilícito, de donde obtienen la mayor parte de sus recursos.
El interés por presentar un proceso de negociación con los paramilitares, como una forma de pacificar el país, ya que era una fuerza militar devastadora, sin embargo es conveniente en este punto aclarar que por informes del Ministerio de Defensa, para el año 2002, se estimaba en un poco más de 12.000 hombres los grupos de paramilitares o Autodefensas, pero sorprende que durante el proceso de negociación del 2002 al 2005, se presentan como desmovilizados más de 40.000 paramilitares, es decir, contrario a lo que se piensa hacer creer en un debilitamiento o sometimiento al gobierno de Uribe, lo que hubo fue un fortalecimiento del 300 %, situación que consideramos favoreció también la reelección, es decir estamos en una forma de unificar ya el control militar de estas estructuras con el control político, económico y social.
También incluso hubo denuncias de un incremento simulado de los paramilitares, a través del reclutamiento forzado de menores, que tuvo unos impactos en el gasto público, porque estos victimarios responsables de atroces crímenes recibieron un pago por los servicios prestados al proyecto económico y político, como fueron: 18 salarios mínimos durante el proceso de negociación, subsidio para ropa y transporte, inclusión en proyectos productivos y asignación de tierras, y otros beneficios sociales, aparte de los beneficios jurídicos que se pueden resumir en la más grande impunidad, dejando sin castigo la comisión de crímenes de lesa humanidad, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las graves violaciones a los Derechos Humanos, además el Narcotráfico, que era un requisito para perder los beneficios, y como era conocido efectivamente eran Narcotraficantes, el gobierno nos hizo creer que no, para la aplicación de la Ley 975 de 2005, y luego los extradita diciendo que las ordenes de extradición estaban suspendidas, es decir, estaba probado que eran responsables del delito de Narcotráfico y aún así recibieron los beneficios de la Impunidad.
El interés por legalizar estos Ejércitos dentro de las propias fuerzas militares regulares, ya que se ha demostrado no solo la intima relación entre la Fuerza Pública y los paramilitares, sino que unos y otros trabajan en los dos grupos, hemos recibido denuncias, por ejemplo de capitanes del Ejército que se han presentado como miembros de los paramilitares, incluso ahora de las Águilas Negras, o de miembros del Ejército que le aseguran a la gente que antes eran paramilitares, mas centenares de denuncias que dan cuenta de que miembros de los paramilitares supuestamente desmovilizados, ahora son soldados del Ejército Nacional.
¿Cuáles Fueron los Acuerdos entre Uribe y los Paramilitares?
En el documento firmado entre el gobierno y los paramilitares en Santa Fe de Ralito, pese a que manifestaron, un cese de hostilidades, desmovilización de las tropas paramilitares, y un compromiso en luchar contra el narcotráfico, ninguna de los tres ha sido cumplida por los paramilitares a pesar del formalismo que se le haya implantado a cada uno de los acuerdos, pues nunca abandonaron el control sobre los negocios ilícitos como el narcotráfico, no entregaron las rutas de la comercialización, contactos, etc, igualmente conservaron el control sobre el negocio de la venta de gasolina, de los juegos de azar, entre otros; sobre el cese de hostilidades, es indiscutible que desde el acuerdo de ralito y hasta el momento que entro en vigencia la ley de justicia y paz, los paramilitares incumplieron en mas de 3000 oportunidades los acuerdos; sobre las desmovilizaciones, para nadie es un secreto que en las regiones se mantuvieron pequeñas estructuras que permitieran conservar el control territorial, social, económico y político sobre algunas zonas estratégicas, que se reclutaron previamente jóvenes de barrios populares de las principales ciudades para mostrar contundencia en la desmovilización, y hacer populismo con los beneficios económicos, acuerdos con los que el Gobierno si cumplió, a pesar de todo, de los que todas sus victimas conocieron y pueden dar fe que lo recibieron, pero las victimas también pueden dar fe que nunca recibieron un trato tan digno como el que recibieron los paramilitares.
Otro de los acuerdos, fueron los beneficios jurídicos, primero aplicabilidad de la ley 418 de 1998 prorrogada por la Ley 782 de 2002, pero con la particularidad que se reforma la eliminación del requisito relacionado con el reconocimiento del "carácter político" de los grupos armados para dialogar con el Estado, el cual solo podía hacerse a los grupos subversivos, por razones políticas, históricas y filosóficas; de esta manera la mayoría de la tropa gozarían de la libertad inmediatamente y no serian juzgados por hacer parte del grupo armado ilegal, es decir impunidad sobre el grueso de la tropa, como lo criticaron algunos, al preguntar si acaso eran ángeles quienes hacían parte de estos grupos porque no asumieron responsabilidad penal por ningún delito, y en muchos casos al parecer ni empuñaron armas, ya que el numero del armamento entregado no correspondía ni a la mitad de la tropa desmovilizada.
Sin embargo, para aquellos que no pudiera aplicarse la ley debido a que en su contra cursaban investigaciones penales por crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, homicidio, tortura, desplazamiento forzado, delitos sexuales, genocidio, masacres, y para los comandantes paramilitares reconocidos, como Pedro Fronteras, por ejemplo, lo que explicaría porque él aparece como desmovilizado del Bloque Catatumbo, tendría que pensarse en una nueva ley, este es el origen de la Ley 975 de 2005 denominada Ley de Justicia y Paz, el otorgamiento de la impunidad a quienes ya estaban incursos en investigaciones penales.
Confirmamos entonces la tesis del padre Javier Giraldo, que el diálogo adelantado por este Gobierno en cabeza de Álvaro Uribe no era una Negociación Política, puesto que "Toda negociación política exige como requisito básico la existencia de dos posiciones antagónicas o al menos diferenciables"; que no eran una negociación de paz, pues, la paz se negocia solamente entre enemigos y jamás entre amigos, y nunca hubo guerra entre esas dos fuerzas; fue solo un pago por los servicios prestados a los poderes económicos y políticos que se encuentran gobernando nuestro país, y ni el pueblo colombiano y mucho menos las victimas recibieron ninguna respuesta digna a sus reclamos y solicitudes.
¿Cómo Fue el Proceso de Desmovilización en Nuestro Departamento?
El padre Javier Giraldo, también nos refería que este no era un Proceso de Desmovilización porque no se pretendía desaparecer como fuerza sino que tal como lo manifestaron en varios discursos públicos, lo que pretendían era integrarse a los proyectos del Estado y participar con él en el control de los territorios que han estado bajo su dominio.
Es así como, el 10 de diciembre de 2004, se realiza el acto de protocolización de la desmovilización del Bloque Catatumbo. Es importante empezar a encontrar las razones por las que se quiso invisibilizar la existencia de este Bloque Fronteras (que no se presento ni al país, ni a la desmovilización como uno de los que operó en Norte de Santander); nunca quedo claro si los 1.425 hombres que se desmovilizaron en el corregimiento campo dos del municipio de Tibú eran hombres de los dos bloques, lo cierto es que para el mundo los que se desmovilizaron fueron los miembros que conformaban la tropa del Bloque Catatumbo, que operaba en esta sub región del departamento, lo que lleva a pensar que las estructuras del Bloque Fronteras sigue actuando, sumado ahora a las estructuras paramilitares que se hacen llamar Águilas Negras, situación que tiene sentido si entendemos la importancia económica que tiene para este grupo paramilitar mantener el control de la frontera colombo venezolana como una zona geoestratégica para el control de las rutas y el negocio del narcotráfico.
A través de la Resolución 233 de 2004, en la finca Brisas del Sardinata, ubicada en el Corregimiento Campo Dos, del municipio de Tibú, el 10 de diciembre 1434 paramilitares del Bloque Catatumbo, comandados por Salvatore Mancuso se desmovilizaron haciendo entrega de 1114 armas, 988 armas largas, 71 armas cortas y 55 armas de apoyo, cifras que se convierten en una forma de continuar retando al pueblo colombiano, pues no les importa, que ni siquiera el numero de sus hombres coincida con el numero de armas entregadas, es decir no entregaron todas las armas.
Seguramente era necesario conservar esas dotaciones para las pequeñas estructuras que se mantuvieron vigentes en toda la región. Igual ocurrió con las municiones entregadas que no superan las 287.444 y 1.335 granadas, lo que quiere decir que cada uno de sus miembros no tenía más de 200 municiones y casi una granada para cada uno. Este fue el primer bloque que entrego bienes pero no porque tuvieran el interés de hacerlo sino por la presión de la opinión publica era muy fuerte frente a la falta de entrega o devolución de bienes. A pesar de este gesto de entrega de bienes inmuebles, los pobladores de la región, denunciaron que los paramilitares cuando fueron transportados en los camiones que los llevarían a la zona de concentración para el protocolo de la desmovilización, vieron como en esos mismos camiones se transportaban cientos de reses que habían sido robadas, mesas de billar, plantas eléctricas y equipos de sonido, entre otras cosas, de las cuales ni les pidieron facturas para demostrar su propiedad, para que al final entregaran solo 11 vehículos, entre los que se encontraba la volqueta de la Asociación de Comunidades Bari de Colombia, claro la entregaron porque ya es inservible, puesto que los arreglos cuestan aproximadamente 7 millones de pesos, 2 lanchas, 8 canoas, 15 motores, 45 mulas y 56 bienes inmuebles rurales.
Qué Ocurrió Después de la Supuesta Desmovilización?
De los 1434 desmovilizados del Bloque Catatumbo, solo 166 de los paramilitares desmovilizados quedaron sometidos a la espera de la expedición de la Ley de Justicia y Paz que fue expedida el 25 de Julio de 2005, es decir 1.268 se fueron para sus casas o a pasear por Cúcuta como lo denunciaron las víctimas, tomando cerveza y alterando el orden público, convirtiendo en zonas vetadas para las personas, porque eran lugares dominados por ellos, como el Parque del Palacio Nacional, estos 1.268 no pagaron por ninguno de los delitos atroces cometidos ni fueron juzgados por los crímenes de lesa humanidad, es decir que, 1268 gozaron inmediatamente de su libertad y de los beneficios económicos regulados en los decretos reglamentarios 128 y 3360 de 2003.
Pero acaso los 166 restantes se encuentran hoy detenidos o privados de la libertad, en razón a las investigaciones en su contra, la respuesta que no sorprende es NO, y ¿por qué motivo?, porque el término máximo para permanecer en estas zonas de concentración no podían superar los 18 meses, los cuales se vencieron el 10 de junio de 2005, un mes antes de la expedición de la Ley. Que significaba este vencimiento de términos que los 166 paramilitares desmovilizados, quedaron en libertad, y por esta razón, en la actualidad solo 67 de ellos han ratificado su postulación y sometimiento a la ley de justicia y paz, y hasta ahora solo 4 de ellos se han presentado para iniciar las versiones libres, Salvatore Mancuso, Jhon Mario Salazar Sánchez alias el Paisa, Pecas o Pecoso, Lenin Geovany Palma Bermudes alias Erick Stick Lemus o Alex y Jorge Ivan Laverde Zapata "El Iguano".
Esta realidad indigna a la víctimas y a quienes los acompañamos, pero no parece importarle al gobierno y a quienes insisten en defender esto como un proceso de paz o de negociación exitoso, solo 4 personas de este Bloque se han presentado a la Justicia, pero a defender y justificar sus crímenes, a atacar a las víctimas y a sus familiares, no hubo sentimientos de arrepentimiento, y como dijo Mancuso piden perdón, por no haber hecho todo lo que querían hacer, pero bueno para negar toda posibilidad de verdad, de justicia y de reparación, son extraditados dos de ellos: Mancuso y el Iguano, es decir aquellos que podían aportar información relevante o dar respuestas a las victimas.
CAPITULO VIII
APLICACIÓN DE UN MARCO JURIDICO PARA CONSOLIDAR LA IMPUNIDAD: ¿QUE ESTA SUCEDIENDO EN NORTE DE SANTANDER?:
Como Ha Sido el Proceso para los Victimarios?
Desde que empieza la implementación de la Ley de Justicia y Paz y hasta el momento, los victimarios beneficiarios de esta Ley ascienden a 3.284, en donde repetimos, del Bloque Catatumbo, son 166 los postulados y 67 los ratificados. Sin embargo, de esta cifra, vale la pena destacar que 1.774 son paramilitares que se encontraban privados de la libertad en las cárceles colombianas y que manifestaron su interés de someterse a esta jurisdicción alternativa, cifra registrada por el Inpec, es decir ellos no se desmovilizaron con los bloques.
En cifras nacionales tenemos que se desmovilizaron aproximadamente 34.000 miembros de estas estructuras paramilitares y solo 1.510 fueron sometidos a Ley de Justicia y Paz, quedando en la impunidad los crímenes cometidos por el resto de la tropa. De esta cifra de 1.510 solo han iniciado versiones libres 56 de ellos, esto es absolutamente indignante e inaceptable.
Además fue una oportunidad para beneficiar incluso a personas que ya estaban privadas de la libertad, es decir hubo un indulto, extinción de la pena, para personas que ya eran responsables penales de centenares de crímenes.
La actual estructura de la Jurisdicción de Justicia y Paz en Colombia cuenta con 22 fiscales para Justicia y tres Tribunales Superiores uno del Distrito de Bogotá, Barranquilla y Medellín, estructura que la misma Fiscalía General de la Nación ha manifestado es insuficiente ya que si en dos años han logrado iniciar las versiones de solo 56 paramilitares, se estima que en promedio la implementación de la Ley de Justicia y Paz podría tardar aproximadamente 59 años, una burla más para las víctimas y la sociedad.
En cuanto a los derechos de la victimas, debemos señalar que además de la ausencia de responsabilidad del Estado que intenta ocultar el contenido de la Ley 975 de 2005, sobre el Derecho a la Verdad, resaltamos que los beneficiarios de la ley no están obligados a colaborar en la búsqueda de la verdad, difícilmente pierden sus beneficios cuando omiten información porque para ello habría que comprobar su mala fe, y los competentes para definir esto, es la misma jurisdicción, sin embargo, ya el ejecutivo, ha demostrado con sus acciones recientes, como la extradición de los 13 comandantes paramilitares que también tiene injerencia en esta administración de justicia alterna, pues parece que es ahora él quien valora si están o no diciendo la verdad. El sistema de la implementación de la Ley no adopta medidas efectivas para que la sociedad en su conjunto conozca las razones y circunstancias en las que los crímenes atroces llegaron a cometerse con el fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.
Sobre el Derecho a la Justicia, solo recordar y también resaltar, que las penas impuestas en esta jurisdicción, por ser alternativas, son irrisorias, ya que ninguno de ellos seria condenado a mas de 8 años de cárcel, penas que consideramos son desproporcionales con los delitos cometidos y no se compadecen en nada con todos los daños y perjuicios causados a las víctimas.
Sobre la reparación integral, sigue siendo incierto todo lo que pueda ocurrir, por ahora no existe claridad sobre como operará el incidente de reparación contemplado en la Ley, el cual viene a ser anulado por lo menos "populistamente" con el Decreto Administrativo de Reparaciones -Resolución 1290 del 22 de Abril de 2008- y para los bienes de los paramilitares ha sido difícil para las instituciones encontrar una ruta metodológica que facilite la ubicación de los bienes patrimoniales de estos criminales, y después la vinculación de los mismos al Fondo Nacional de Reparación; ahora entra a jugar un nuevo elemento y es el famoso Decreto de Reparaciones individuales por vía administrativa, el cual viene representando, el comienzo del fin del derecho a la Reparación Integral dentro de la jurisdicción de Justicia y Paz, puesto que durante dos años las instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, han desgastado emocional, económica y físicamente a las víctimas de los paramilitares, haciéndolos buscar documentos para probar los hechos que narran y ahora cuando lleguen al incidente de reparación dentro de la Ley de Justicia y Paz, en virtud del principio de solidaridad consagrado en las dos normas, tanto en Ley de Justicia y Paz como en el decreto 1290 de 2008 "Decreto Reparaciones Administrativas" solo les vayan a responder con 40, 30, o 27 salarios mínimos, dependiendo del tipo de violación a los derechos humanos sufrido por núcleo familiar.
Como Ha Sido el Proceso para las Victimas?
Es la oportunidad para preguntarnos, por las Victimas dentro de la Ley de Justicia y Paz, ¿cual ha sido su papel?.
Por todo lo que representó políticamente para este Gobierno presentar al mundo un falso proceso de paz, la solidaridad y respaldo de la comunidad internacional no se hizo esperar, por lo que el proceso ha contado con todo el apoyo financiero necesario, para arrancar; las expectativas de las victimas tampoco se hicieron esperar y menos con la masiva campaña en los medios de comunicación, para que las victimas se acercaran a las instituciones a conocer sus derechos y tramitar su caso ante esta jurisdicción.
Es así, como fue discutible entre las organizaciones de victimas y victimas que se encontraban muy conscientes e incrédulas frente a los resultados que podría tener participar activamente dentro de este proceso, por las faltas de garantías, porque no se trataba de un verdadero proceso de paz, entre otras razones, sin embargo por varias razones, entre ellas: la competencia de la jurisdicción para conocer los hechos que involucraban a los paramilitares, por la falta de información, por la desesperación y esperanza de las víctimas, por las falsas expectativas de encontrar verdad, justicia y reparación muchas personas que habían sido víctimas de los grupos paramilitares, terminaron adelantando sus casos ante esta jurisdicción.
En la actualidad estamos hablando de 125.368 víctimas registradas y solo 69.027 han sido acreditadas como víctimas, es decir solo el 55%, de acuerdo a cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo están formalmente participando en Ley de Justicia y Paz y pueden ejercer plenamente sus derechos dentro del proceso, como: solicitar pruebas, participar en las diligencias de versión libre, hacer preguntas, y aportar pruebas, entre otros derechos.
Para el mes de Febrero la Unidad de Apoyo de Justicia y Paz de la fiscalía ubicada en la ciudad de Cúcuta, había registrado tan solo 3.620 víctimas de estos grupos paramilitares, cifra que para ellos superaba sus expectativas y capacidades, ya que estimaban documentar alrededor de 200 casos, pero que para las organizaciones de Derechos Humanos es una cifra muy reducida, es decir apenas el 10 % frente a las más de 30.800 violaciones a los derechos humanos que se estima padeció la sociedad nortesantandereana, por crímenes como el desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada y homicidios de campesinos líderes sociales, sindicales y comunitarios.
Debido a que las victimas que se encuentran registradas en el Departamento no tienen acceso directo a la administración de esta justicia transicional, puesto que los tribunales de justicia y paz están en otras ciudades, se les ha prometido a las victimas su participación y ejercicio efectivo de sus derechos para lo que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría tienen la función de nombrar abogados de oficio. Hasta el día hoy, la Defensoría del Pueblo afirma que existen 128 Defensores Públicos en todo el país que cumplirán con esta labor de representación, es decir atender la exigibilidad de derechos y la participación de por lo menos hasta ahora de 10.716 víctimas, es decir en promedio más de 80 víctimas cada uno, un promedio muy alto para adelantar los casos de manera seria y responsable.
La experiencia que han tenido las victimas con estos abogados, no ha sido la mejor o positiva, hemos conocido de estas situaciones: la espera para todas la victimas ha sido de por lo menos un año o año y medio para el nombramiento, luego tienen la sorpresa que su abogado no está presente en la ciudad de Cúcuta por lo que su comunicación depende de la capacidad económica de las familias para mantener contacto vía telefónica, lo que ha complicado en muchos los casos la participación porque ni siquiera atienden el teléfono, entonces ¿Cómo puede garantizárseles a las victimas una representación judicial sin siquiera garantizar contacto entre su representante y el representando? Es complicado pensar en que realmente están trabajando en las pruebas que van a solicitar, o los daños que van a probar, que preguntas van hacer, si ni siquiera han hablado con su representado, no conocen el caso, el contexto de la zona, y los daños materiales y morales de las familias. Además de lo anterior, las victimas han manifestado que en varias oportunidades los mismos abogados les contestan que ellos ni viven de ese proceso ni están pendientes de esos casos, que ellos tienen muchas más cosas que hacer, esa respuestas las han dado a las personas que logran llamarlos por lo menos una vez al mes, llegando hasta el colmo de la indolencia de decirle también a una victima que lo llame dentro de unos dos o cuatro años, porque ni ellos saben lo que va pasar con sus procesos y que eso está demorado. Todo esto muestra como este proceso continua revictimizando a la población, no existe ningún tipo de consideración para con las madres, las espos@s, y los hij@s que están tratando de encontrar verdad, de buscar justicia y obtener reparación integral.
Qué Hechos Han Reconocido y Que Información Suministraron los Paramilitares en Norte de Santander.
Una dosis mínima de Verdad: Eso es lo que hemos obtenido en el desarrollo de este proceso, un dosis mínima de verdad, es así como Salvatore Mancuso, de quien dudamos mucho continua rindiendo su versión libre desde la ciudad de Nueva York, los medios de comunicación nos han informado que ha confesado hasta ahora su responsabilidad en los asesinatos de un ex alcalde de Cúcuta, dos Concejales en Tibú y Gramalote y de un candidato a la Gobernación de Norte de Santander. Confesó que en el Catatumbo se destinaban mil millones de pesos para pagar a las autoridades de seguridad (Comandantes del ejército, oficiales de la policía y fiscales de la región), de esta forma, se coordinaban operaciones con miembros de la fuerza pública en sus zonas de influencia.
Particularmente, señaló a la directora de Fiscalías de Cúcuta, como la persona que suministraba los nombres de personas que favorecían a las FARC y ELN en el Departamento. Mancuso hizo entrega de un listado de más de 60 nombres de personas, que confesó haber mandado a asesinar en Cúcuta, Gramalote, y Tibú en su cabecera municipal (barrios la Unión y el Triunfo), y en el corregimiento de La Gabarra (veredas los Cuervos y las Barrancas, Pista de Río del Oro, en la escuela de la vereda del Alto de la Virgen, vereda los Mineros de Filogringo).
En marzo de 2007, la sala penal de la Corte Suprema condenó a 12 años de prisión y a pagar una multimillonaria multa a la ex directora de la Fiscalía en Norte de Santander, al comprobarle nexos con las AUC. En su versión libre, Mancuso reconoció sus nexos con la ex funcionaria, que hasta el momento permanece prófuga de la justicia.
Iván Laverde Zapata "El Iguano" confesó aproximadamente 380 asesinatos. Antes de su declaración, la Fiscalía le imputaba 33 crímenes, aunque El Iguano manifestó que confesará por lo menos 2000 asesinatos, El Iguano confirmó que la entonces directora de la Fiscalía de Cúcuta, Ana María Flórez, les filtraba información a los paramilitares a través de una funcionaria a la que identificó como Magaly Moreno, alias "Perla", a quien por esta labor le pagaban un millón de pesos mensuales. La información consistía en alertar sobre operativos en contra de los 'paras' y en señalar a supuestos guerrilleros o colaboradores de la subversión. El paramilitar reconoció el asesinato de Carlos Pinzón Gil, agente del CTI de la Fiscalía, y de su novia Carolina Osma, quienes fueron asesinados y lanzados al río Zulia, porque supuestamente la muchacha era colaboradora de la guerrilla. Confesó, además, el asesinato del director del DAS de Cúcuta Jorge Díaz, el 17 de abril del 2005 en Venezuela. Dijo que sus hombres dieron muerte a Gloria Inés Marín Amaya, directora de la Organización No Gubernamental -ONGMucarvir; a Miguel Ángel Lizcano Calderón, escolta de la anterior; Róger Narciso Guzmán Guzmán, asesor de la ONG; y a Pedro Antonio Niño Peña, conductor. Otra de sus víctimas fue Carlos Salvador Bernal Ramírez, abogado defensor de Derechos Humanos.
Lo anterior se suma a la investigación hecha contra el Alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, durante el periodo 2004 - 2006. En esa ocasión fue capturado por orden de la Fiscalía General de la Nación en un proceso que se le abrió por el delito de "concierto para delinquir", por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. El proceso se fundamentó en unas conversaciones interceptadas a comandantes paramilitares del Bloque Catatumbo, quienes mencionaban en ellas al Alcalde, quien esta a punto de gozar prontamente de la libertad, por vencimiento de términos, es decir por inoperancia de la Justicia, otra forma de garantizar la Impunidad en Colombia.
En las conversaciones, los paramilitares temen que Ramiro Suárez tenga también vínculos con las FARC-EP, y una vez en el poder, beneficiara a éstas y no a las AUC, con quienes dicen, él ya había hablado.
En segunda instancia, la Fiscalía ratificó la decisión y el 5 de enero de 2006 ese mismo fiscal lo acusó por el delito de concierto para delinquir agravado. Sin embargo, según fuentes de la Fiscalía, por órdenes de Luis Camilo Osorio -entonces Fiscal General de la Nación- el proceso pasó a manos de otro fiscal que, argumentando falta de pruebas, ordenó la preclusión de la investigación. En esa ocasión, el alcalde pasó casi seis meses en la cárcel La Picota de Bogotá, y una vez recobró la libertad volvió a ejercer el cargo. No obstante, los ex comandantes de las AUC en las versiones libres señalaron a Suárez de ser su aliado. Este proceso no prosperó, debido a la intervención directa del ex Fiscal Luis Camilo Osorio.
El paramilitar ex integrante del Bloque Catatumbo Jhon Mario Salazar Sánchez, conocido como "El Pecoso", en su versión libre rendida el 29 de marzo del 2007, declaró que el asesinato de José Agustín Uribe Guatibonza, ex asesor jurídico de la Gobernación de Norte de Santander, fue un favor personal hecho al alcalde Suárez. El 7 de abril del año 2007, en su versión libre Carlos Palencia (alias Andrés), quien formaba parte de la comandancia del Frente Fronteras, señaló los vínculos entre el Bloque Catatumbo, comandado por Salvatore Mancuso, y el entonces aspirante a la alcaldía de Cúcuta.
También dijo que Ramiro Suárez les prometió a los paramilitares la Secretaría de Tránsito, el proyecto Metroseguridad y participación de algunos contratos administrativos, a cambio que las AUC lo apoyaran y le consiguieran votos en barrios periféricos y humildes de Cúcuta y que la orden de asesinar al asesor jurídico de la alcaldía, Alfredo Enrique Flórez, fue dada por el entonces candidato Suárez a Carlos Enrique Mora alias "El Gato", fallecido paramilitar quien era el jefe inmediato de "Andrés".
Salvatore Mancuso, dijo en su versión libre del 16 de mayo de 2007, que había realizado acuerdos con el entonces candidato Suárez, para apoyarlo en sus aspiraciones políticas. A cambio del apoyo paramilitar, el candidato se comprometió a entregarles a los paras varias secretarías municipales, lo cual según Mancuso se realizó.
Posteriormente, el ex comandante del Frente Fronteras, Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como "El Iguano", "Pedro Fronteras" o "Pedro Catatumbo", durante su versión libre rendida el 24 de mayo del 2007, dijo que: "el actual alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, solicitó al frente 'Fronteras', en el año 2003, la neutralización del veedor Pedro Durán y del asesor de la Alcaldía, Alfredo Enrique Flórez, esposo de la entonces directora seccional de Fiscalía, Ana María Flórez, en razón de ser miembros del frente 33 de las FARC-EP que actuaba en la zona.
El paramilitarismo, según las versiones de los mismos ex comandantes de las AUC, tenía el control total de la ciudad. La injerencia paramilitar en la administración local en Cúcuta y en entes regionales incluyó -según declaró Mancuso- el pago de 1.000 millones de pesos para los servidores públicos que hacían parte de una "nómina paralela", nómina que incluía a altos funcionarios de la Fiscalía de Cúcuta, del Ejército, la Policía y el DAS".
El viernes 7 de septiembre de 2007, en horas de la mañana, Ramiro Suárez fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Suárez tiene tres procesos abiertos por homicidio, y su captura obedece a su participación en el asesinato del asesor de la Alcaldía, Alfredo Enrique Flórez, crimen del que se le acusa ser el autor intelectual. |22|
El pasado domingo 15 de abril, Noticias Uno informó que el senador Manuel Guillermo Mora (ex alcalde de Cúcuta y vinculado políticamente con el actual alcalde) seria investigado en el proceso de la "parapolítica". A lo anterior se suma la captura del Senador Norte Santandereano Ricardo Elcure que ocupaba la curul que dejo Mario Uribe, por parapolitica ya que versiones del paramilitar Jorge Iván Laverde, alias el "Iguano" y grabaciones en las que paramilitares hablan de un supuesto apoyo a su candidatura para la gobernación de Norte de Santander en el 2003, existen pruebas de su alianza con grupos paramilitares. |23|
Sobre las Fosas y las Exhumaciones y Qué Ha Pasado con los Desaparecidos?
En Norte de Santander, en los reportes oficiales de la Fiscalía General de la Nación, Unidad Especial de Justicia y Paz, se han adelantado diligencias de exhumación en Ocaña (Corregimiento Aspasica), Gramalote, Tibú (Corregimiento Campo Tres), Puerto Santander, Chitagá, Toledo, Pamplona, Sardinata, La Esperanza, Tibú (Corregimiento La Gabarra) y Salazar de las Palmas, en donde se han identificado 19 fosas, y hallado 21 cuerpos, de los cuales solo han sido reconocidos indiciariamente 9 cuerpos y ninguno ha sido entregado a sus familiares. Estos datos no coinciden con la información que se emite por los medios de comunicación regionales.
Entre el 2 y el 9 de abril del 2007, la Fiscalía Colombiana exhumó los restos de 32 personas en el sector de La Gabarra, dentro de la jurisdicción del municipio de Tibú, al pie de Venezuela. La Fiscalía también recibió restos óseos de nueve grupos familiares para su identificación. Se realizaron 33 inspecciones a cadáveres y se diligenciaron 37 formatos de desaparecidos. Se efectuaron 17 necropsias y se recogieron 34 muestras de sangre para identificación de ADN", también, "se elaboraron 17 cartas dentales y se hicieron 16 tomas de muestras de restos óseos y piezas dentales", dice un informe de la Fiscalía General de Colombia entregado a El Nuevo Herald, en Bogotá.
Sin embargo, las víctimas en Norte de Santander que han participado en las comisiones judiciales, han manifestado que las diligencias de Exhumaciones, se realizan sin tener en cuenta la participación y colaboración de los familiares, no obedecen a diligencias de procesos penales en curso sobre desaparición forzada, la Fiscalía se ha quejado con las víctimas, porque ya no tiene capacidad de custodiar los restos exhumados, no se ha ordenado la práctica de la prueba de ADN a las víctimas que han denunciado la desaparición forzada de un miembro de su familia; además, se menciona que no son realizadas por equipos interdisciplinarios, con los profesionales que se requieren para la práctica o recuperación de cuerpos en estado de descomposición avanzada.
Es así, como se evidencia que la responsabilidad de encontrar y esclarecer los hechos sobre desaparición forzada, recayó en las victimas y en los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales que de alguna manera acompañan y asesoran a las víctimas, quienes son los que promueven e inciden para que se adelanten este tipo de diligencias judiciales en el marco de la implementación de la Ley de Justicia y Paz. A nivel nacional se han identificado 1.218 fosas comunes, de donde se han exhumado 1.469 cuerpos encontrados, de los cuales solo 528 han sido reconocidos de manera indiciaria, y solo se han entregado a sus familiares 154 cuerpos.

Nacional Norte de Santander

Responsabilidad recayó en las victimas y organismos internacionales. Lugares: Ocaña (Correg. Aspasica), Gramalote, Tibú (Correg. Campo Tres), Puerto Santander, Chitaga, Toledo, Pamplona, Sardinata, La Esperanza, Tibú (Correg. La Gabarra) y Salazar.

1.218 fosas comunes. 19 fosas

1.469 cuerpos encontrados. 21 cuerpos encontrados

528 reconocimiento indiciario 9 reconocimiento indiciario.

Cuerpos Entregados a sus familiares 154. 0 cuerpos entregados.

CAPITULO IX
EL BALANCE FRENTE A LAS GARANTIAS DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y LA SOCIEDAD.

Balance del Derecho a la Verdad:
En este sentido se ha conseguido para la sociedad y para las victimas un poco de verdad, pero no toda, han contado sobre sus estrechas relaciones con Políticos, y con las Fuerzas Militares, han reconocido la comisión de múltiples delitos: asesinatos, desapariciones, masacres, etc.
Pero lamentablemente, las constantes en las Versiones Libres, es justificar sus crímenes, enlodar el nombre de las víctimas, defender su proyecto político y militar, negar la actual comisión o participación en crímenes o en las nuevas estructuras paramilitares de las Águilas Negras, o en las que no se desmovilizaron, niegan los daños materiales ocasionados a las víctimas, es decir la expropiación de tierras, y las dimensiones de todo lo hurtado como: ganado, cultivos, establecimientos de comercio, herramientas, vehículos, etc.; no contestan las preguntas que les formula la Fiscalía o evaden las respuestas, muchos de las solicitudes de las víctimas, quedan aplazadas para otra ocasión. Pero lo más lamentable es que no muestran el más mínimo arrepentimiento.
Niegan la comisión de delitos que puedan comprometer su responsabilidad penal, incluso internacional en crímenes de lesa humanidad, no reconocen el reclutamiento forzado, tampoco la practica de violencia y delitos sexuales, han aportado muy poca información que aporte a la búsqueda incansable de los familiares de los desaparecidos.
Esa esperanza que se mantenía por seguir recibiendo de ellos, pequeñas dosis de verdad, se ha desvanecido por la Extradición hacia los Estados Unidos de los Comandantes Paramilitares, es poco probable que las audiencias de versiones libres continúen desarrollándose en las Cortes de New York o de Miami, a pesar como siempre de que el gobierno quiera con discursos ocultar o transformar esta difícil realidad.
Balance del Derecho a la Justicia:
Esta es una victima más, fue cercenada con la expedición y aplicación de la Ley de Justicia y Paz, las situaciones más gravosas fueron dejar sin investigación y castigo a los criminales que participaron en el proceso de desmovilización, por lo menos se debieron de haber sometido ante la Justicia para confesar sus crímenes, es decir hubo una impunidad sobre el grueso de la tropa que beneficio a mas de 35.000 miembros de las Autodefensas.
Luego los pocos que tienen o les interesa participar de la Ley de Justicia y Paz, que están allí por los beneficios, no recibirán una pena proporcional a la gravedad de los delitos cometidos, y no tendrán que verse privados de la libertad por este hecho, como esta ocurriendo con 164 de los 166 paramilitares que se acogieron a la Ley 975 del 2005, en Norte de Santander como parte del Bloque Catatumbo.
El Estado diseña una jurisdicción de Justicia y Paz, que no tiene la capacidad de atender la demanda de verdad, justicia y reparación integral de las victimas, además de que se restringe la posibilidad de acudir a ellas, ya que los Tribunales solo están ubicadas en Bogotá, Medellín y Barranquilla, las opciones que dan a las familias para averiguar información son bastante limitadas al acceso y a la cultura campesino, ya que los remiten a consultar en una página web o llamar a una línea nacional 01800, que en la mayoría de los casos no responde.
Las pocas personas que han participado en las diligencias de las versiones libres, lo han hecho bajo su responsabilidad, ya que no han garantías para que las víctimas no corran ningún riesgo, de aquellas que han participado se tiene un dato nacional de 26 asesinadas.
De igual manera su participación es bastante limitada, las pocas intervenciones que les han permito hacer en estas diligencias son cortas y concretas, solo se les deja preguntar de manera limitada, para que las victimas puedan participar en las diligencias de versiones libres, deben estar acreditadas y este trámite puede durar hasta un año o más.
Como lo mencionamos no tienen posibilidades reales o serias de ser representadas judicialmente por un abogado, ya que la mayoría no cuenta con los recursos para contratar un abogado de confianza, la mayoría perdió todo lo que tenía para salvar su vida y huir a las ciudades, y ya vimos anteriormente las limitaciones y dificultades que han tenido con el servicio que presta la Defensoría del Pueblo.
La carga de la prueba en esta jurisdicción se invierte, es decir la victima es la responsable de probar su condición de víctimas, la responsabilidad penal del autor y los daños sufridos, es decir diferente al sentido del proceso penal, donde se hace la denuncia o señalamiento por las víctimas que son miles, y el aparato de justicia que debe investigar lo ocurrido, y en criminal desmentir o probar lo contrario, no lo hace.
Hemos llegado al colmo de la desconsideración, indelicadeza y discriminación, ya que tratan mal a la victimas que acuden a denunciar o probar su denuncia, porque la congestión es grande, y la limitación de recursos materiales y humanos dificulta el trabajo, pero que ellos existan como victimas no es algo que se merecieran o buscaran, les paso y les paso por el accionar criminal de los paramilitares y el Estado, son ellos no solo los responsables de los cientos de miles de victimas en Colombia, sino de que la administración de justicia no funcione adecuadamente, así ellas no deben sufrir una revictimización por el trato que reciben de los funcionarios de la unidades de justicia y paz, y de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.
La administración de justicia fue reformada para adelantar el proceso de investigación contra los paramilitares, en el marco de la ley 975 de 2005, pero no cumple ni lo uno ni lo otro las posibilidades de satisfacer realmente los derechos fundamentales de las victimas y de la sociedad a la verdad, la Justicia y la Reparación Integral, menos ahora que se entrega nuestra soberanía en esta materia, a las Cortes de los Estados Unidos, que no les interesa sino perseguir las acciones de Narcotráfico desarrolladas por los paramilitares, dejando en la impunidad los demás crímenes cometidos.
El Balance del Derecho a la Reparación Integral:
Si efectivamente es tan débil la acción del Estado para garantizar la verdad, la justicia, podemos esperar mucho menos frente a la Reparación Integral, por varias razones.
Cuando se comete un delito y resultado de la comisión del mismo se causan daños y perjuicios ya sean estos morales o materiales, se debe entrar a reparar a las victimas, con los bienes productos del ilícito o delito si hubiese sido así o con el patrimonio licito propio. Pues en el caso de los crímenes cometidos por los paramilitares, ninguno de estos presupuestos se cumplen, por varias razones: se niegan a reconocer el daño causado y el Estado Colombiano también se niega a estimarlo de manera real. Los paramilitares no hicieron entrega real de todo lo que obtuvieron producto de los crímenes cometidos, siendo lo más importante las tierras arrebatadas a campesinos, indigenas y afrodescencientes, están en manos de testaferros, y sus fortunas personales y las de sus familias están intactas.
Las victimas no han recibido reparaciones integrales, que incluya no solo el daño material sino moral, no solo la reparación individual sino colectiva, y no solo la indemnización, sino la compensación, restitución, sustitución, etc.
Nos parece aberrante que seamos la sociedad colombiana en general, es decir el pueblo quien paga impuestos y la comunidad internacional a través de la cooperación la que nutra el Fondo Nacional de Reparaciones, bajo el principio de solidaridad, para cubrir el pago por los daños ocasionados a millones de familias, por cuenta del accionar de los grupos paramilitares, cuando es claro y públicamente conocido que sus jefes son las personas más poderosas del país, que cuentan con grandes extensiones de tierra, monopolio de negocios tan rentables como la salud, el comercio, la construcción, los casinos, es decir cuando sus fortunas son inmensa y deben recurrir a toda la imaginación para el lavado de activos.
En el Marco de la Ley de Justicia y Paz, parece la posibilidad de adelantar el Incidente de Reparación, sin embargo para esto se requiere que sobre el caso en particular que a afectado a una víctima exista una condena y una aceptación de los hechos, y bueno habrá que esperar cuantos años transcurran para que esto se de sobre todo si los 15 lideres paramilitares ya no están en el país, adicional a esto se requiere una solicitud formal al juez de Justicia y Paz, entonces en este caso la familia o víctima va a requerir de una asesoría, orientación legal o representación judicial que no esta en condiciones de cubrir, luego de esto de inicia una audiencia y es acá donde es la víctima la que tiene el deber de probar el daño, el Estado no le presta colaboración. Es poco probable que en el trámite de esta ley se llegue a promover un incidente de reparación.
El gobierno expide el 22 de Abril de este año un Decreto de Reparaciones Individuales Administrativas, pocos días antes de la extradición de los paramilitares, este decreto es objeto de varias criticas, ya que es una violación flagrante al derecho a la reparación integral, ya que tasa unos salarios mínimos, dependiendo del hecho y no de los daños que sufrieron las victimas, afecta a la población víctima del Desplazamiento Forzado porque el Estado quiere de este tope descontar las ayudas que ha dado en cumplimiento de sus obligaciones de estabilizarlas socioeconómicamente. Se niega la responsabilidad del Estado en la comisión de los hechos, pero si resultare culpable en razón de una condena adelantada por una demanda administrativa, lo recibido será tomado como reparación. Solo se dan dos años a la victimas para acudir y hacer solicitud de reparación, se van atender las solicitudes de acuerdo a la fecha en que estas sean entregadas.
Es decir a simple vista esta claro que se busca alternativas para evitar que la gente pueda incluso llegar al incidente de reparación, así como acudir a otros procedimientos para hacer valer sus derechos, es una forma de utilizar o valerse de las necesidades y urgencias de los millones de victimas, que viven en unas condiciones de miseria y de abandono terribles.
Algunas de las críticas del Decreto de Reparaciones Individuales son:
1. Si se crea un programa de reparación individual, a cargo de Acción Social, entonces para qué una Comisión de Reparación y Reconciliación y un Fondo de Reparaciones?, es decir otra estructura más.
2. Se limita a solo cinco los derechos protegidos por el programa, desconociendo el grueso de los Derechos Humanos reconocidos a nivel internacional, y a nivel nacional.
3. Sobre los destinatarios, se limita a quienes han sufrido daños directos y limita mucho más la condición de victimas en caso de muerte y desaparición.
4. Insiste en reconocer solo como victimarios a los grupos armados, es decir no para los casos donde haya responsabilidad de agentes del Estado.
5. Se entregan cada vez más potestades, competencias, poderes y funciones a lo que ahora se conoce como el Superministerio de Acción Social, que será el que maneja el Fondo de Reparaciones y quien ordena el gasto.
6. Se habla de la conformación de un comité de reparaciones administrativas, que van a cumplir funciones jurisdiccionales (va a decidir sobre las peticiones, medios de convicción). No sabemos como va estar conformada, la naturaleza jurídica del comité, y de sus decisiones. Es decir al parecer se crea una nueva jurisdicción.
7. No se especifica quienes son las entidades que además de acción social van a implementar el decreto y que no se aclara a que se refiere con colaboración armónica.
8. El concepto de igual es regresivo, es decir no puede imponerse un mismo rasero para todos, no hay un caso igual a otro, y así quieren entregar la misma cantidad de dinero atendiendo al hecho y no al daño sufrido.
9. Es bastante grave que no se puede solicitar una doble reparación por los mismos hechos, con cargo a recursos del Estado, es decir se utiliza para evitar que se demande administrativamente a la Nación.
10. Sobre la Gradualidad en que se van a pagar las indemnizaciones es ambiguo, primero dice que a medida de que lleguen pero se puede cambiar el orden a criterio del comité.
Sobre las clases de Reparación: quedan en letra muerta, porque las victimas deben poder exigir todos los componentes de la reparación integral, no que el Estado diga como quedan reparados, además todo lo que ofrece el Estado es una indemnización en dinero desconociendo la particularidad del caso. a) Indemnización solidaria b) Restitución e) Rehabilitación d) Medidas de satisfacción e) Garantías de no repetición de las conductas delictivas.
La realización de este derecho es uno de los retos más importantes tanto para las víctimas como para el Estado, pero tristemente es uno en los que menos se ha avanzado.
El Balance del Derecho a las Garantías de no Repetición de los crímenes de lesa humanidad:
Como se documentó por algunas Organizaciones de derechos humanos, la comisión de crímenes y de violaciones a los acuerdos en el Marco de la Desmovilización, como eran el cese al fuego, fueron por lo menos violadas en mas de 2.550 ocasiones, de igual manera en los dos últimos años como lo veremos en detalle más adelante los paramilitares desmovilizados o no se reorganizaron en los autodenominados grupos de Águilas Negras, quien hoy son responsables de múltiples crímenes, de múltiples amenazas a los sectores sociales y populares y procesos organizativos como sindicatos, estudiantes, defensores de derechos humanos, etc.
Como lo mencionamos era de esperarse que el mensaje implícito de no castigar los delitos, fuese precisamente el de motivar que estas graves violaciones se siguieran cometiendo. Y esto definitivamente es lo que ha venido ocurriendo a lo largo y ancho del país, recibiendo del Estado y de los organismos de seguridad la intención de ocultar o negar esta situación.
Pero que después de tantas denuncias la realidad era inocultable, incluso llegaron a justificar la extradición de los paramilitares, porque se sabía que seguían cometiendo delitos y coordinando acciones desde la cárcel, así que la posibilidad para la sociedad colombiana de que se dieran garantías de no repetición han sido inexistente, todo lo contrario se ha venido asesinando a las víctimas, lideres o familiares que han participado en el Marco de la Ley de Justicia y Paz.
El resultado de la Impunidad no ha sido otro que el de crear un ambiente desesperanzador y de discordia, se ha promovido la comisión de estos delitos puesto que no tendrán castigo, ha transformado los valores y principios de la sociedad y de la humanidad, es decir en ves del respeto por la vida y los derechos humanos se envía el mensaje de que es mas conveniente utilizar los medios necesarios para conseguir poder, control, riqueza.
En ese contexto como se aspira a promover y afianzar la reconciliación, si todas las heridas, dolores y frustraciones están vivas, como pueden promoverse esperanzas si la asesinan, como puede exigirse comportamientos de reconciliación, si lo que se provoca es resentimiento, odio, impotencia.
CAPITULO X
LAS ACTUALES ESTRUCTURAS PARAMILITARES: ÁGUILAS NEGRAS.
Norte de Santander es el cuarto departamento más violento del país siguiendo al Valle, Antioquia y el Distrito Capital, los cuales poseen una población mucho más alta que la de Norte de Santander. La mayor cantidad de crímenes ocurren en Cúcuta donde los paramilitares continúan con el control de expendios de droga, cristalizaderos de coca (ubicados en áreas rurales de la capital), cooperativas de vigilancia privada, sanandresitos, venta de gasolina venezolana y contrabando en general, logrando por medio de diferentes negocios legalizar los dineros producto de sus actividades ilícitas.
Estos lavados de activos, se ven reflejados en la construcción de suntuosos centros comerciales, y almacenes de cadena, casinos, etc. lo curioso es que Cúcuta no es una ciudad donde no existen fábricas o empresas que generen empleos y recursos de manera legal, aunque sí exista dinero y capacidad adquisitiva, que circula de manera impresionante.
Los paramilitares continúan manteniendo el control de la ciudad, sólo que ahora lo hacen bajo la denominación de Águilas Negras.
Las primeras referencias hechas sobre las "águilas" daban cuenta de la existencia de diferentes grupos con esta denominación, que diferenciaban entre sí su área de operación por medio de un color. Así se llegó a conocer en un primer momento de "águilas doradas" que actuaban en Ocaña, "águilas rojas" que operaban en El Tarra, "águilas azules" en Tibú y "águilas negras" en Cúcuta. Estos grupos al parecer se estructuraron finalmente en uno solo adoptando el nombre de "águilas negras" y entre sus líderes se encontraban antiguos mandos medios regionales de las AUC -algunos de ellos participantes del proceso de Ralito-, como 'Camilo', 'Omega', Jhon Palma y 'Sinai', los tres primeros asesinados y el último detenido por la policía. También las primeras referencias de las "águilas" permitían creer que tenían un modus operandi diferente al de las AUC, aunque posteriormente se pudo ver que éste era el mismo. |24|
La edición Nº 676 (12 al 28 de junio de 2006) de la revista Cambio, revela en El reciclaje 'Para' la presencia de 150 hombres armados organizados en las diferentes clases de Águilas en Norte de Santander. El octavo informe trimestral del secretario general al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, fechado el 14 de febrero de 2007, indica la existencia de entre 300 a 400 hombres armados actuando en 11 municipios del departamento. El grupo estaría integrado por desmovilizados del Bloque Catatumbo, paramilitares no desmovilizados y antiguos integrantes de otras agrupaciones ilegales. Si a esta cantidad de hombres se suman los paramilitares reorganizados del Bloque Norte que según el informe, actúan entre los departamentos del Cesar y Norte de Santander (provincia de Ocaña) se tiene que aproximadamente hay 600 a 700 paramilitares actualmente operando en Norte de Santander, lo que lo convierte en el departamento con el mayor número de paramilitares actuando, después del tan publicitado "proceso de paz Gobierno - AUC" y la no menos mediatizada desmovilización de Salvatore Mancuso. Este incremento representa una capacidad de crecimiento de las estructuras paramilitares en el departamento del 400% en tan solo ocho meses. |25|
Diferentes medios de comunicación (Noticias Uno, La Opinión, Revista Cambio) denunciaron que durante la primera semana de abril del 2008, circuló en las comunas 9 y 10 de Cúcuta un comunicado por medio del cual el Comando Central de las Águilas Negras hace una serie de amenazas contra la población civil, amenazas de las que no se salvaron ni los niños. Este tipo de acciones fueron realizadas por las antiguas AUC en Cúcuta en reiteradas ocasiones. Una de esas ocasiones fue también en abril, pero del año 2003, cuando en el campus de la Universidad Francisco de Paula Santander circuló un volante en el que se amenazaba a integrantes de la comunidad universitaria. Después de difundir el panfleto, los estudiantes Edwin Lopéz y Gerson Gallardo fueron víctimas de desaparición forzada. Posteriormente los cuerpos sin vida de los universitarios fueron encontrados con impactos de fusil y con evidencia de tortura. Antes de que ocurrieran estos sucesos los paramilitares habían hecho advertencias vía telefónica al rector Héctor Parra, quien no hizo nada para evitar que pasaran estos sucesos. Hoy nuevamente circulan panfletos en Cúcuta. ¿Acaso la historia se repite?. |26|
También por los reportes de prensa y las denuncias se puede decir que a comienzos del 2008 en Colombia las 'Águilas negras', que efectivamente recogen las estructuras paramilitares ya hacen presencia en 5 regiones del país y que sus finanzas se derivan del Narcotráfico y el interés por hacerse tan vigentes obedece a que su propósito nuevamente sería recuperar el control territorial perdido en el proceso de paz con las AUC.
Primero el gobierno negó la existencia de estos grupos de paramilitares, luego forzó a la Fuerza Pública y a la Medios de Comunicación llamarlos grupos emergentes, como si estos aparecieran de la nada, quiere hacerle creer insistentemente al país que no existen grupos paramilitares en Colombia, porque según el, ya se desmovilizaron, pero lo cierto es que incluso sus jefes y asesores se reúnen con el abierta y cínicamente en las oficinas del Palacio de Nariño, la casa Presidencial. Esto demuestra que al perecer el gobierno vive en otro país, ya que según ellos ni hay conflicto armado, ni hay paramilitares y los cultivos de uso ilícito se reducen, es decir desconoce u oculta la realidad.
Cuando como lo mencionamos la realidad desbordó que incluso se hizo percibida por todos los sentidos, el gobierno tuvo que reconocer y declarar una lucha frontal contra las bandas emergentes, contra los grupos llamados Águilas Negras, contra los desmovilizados que reincidan, esas fueron las palabras del primer mandatario.
El objetivo de la creación de las 'Águilas negras', según un informe de la investigación, es "retomar el control perdido en el proceso de desmovilización y reanudar actividades del narcotráfico en el Catatumbo y el municipio de Puerto Santander". El jefe principal es un hombre conocido como 'Jorge', secundado por 'Julio', encargado de las finanzas, y 'Camilo', comandante militar. Por la conformación de este grupo, un fiscal de Cúcuta dictó un mes una orden de captura contra Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', el desmovilizado jefe del Bloque Central Bolívar (BCB) de las autodefensas que está en La Ceja. Los investigadores estiman que las 'Águilas negras' en Norte de Santander tienen 360 integrantes y que están patrocinadas por los 'Pepes', los 'Boyacos' y los 'Pulpos', grupos del narcotráfico de la región. Pero también están presentes en la zona cafetera antioqueña, donde se han detectado miembros del bloque Cacique Pipintá. |27|
Los informes oficiales señalan que en Caquetá las 'Águilas negras' surgieron tras la desmovilización, en febrero pasado, del frente Andaquíes. Según un documento oficial, jefes de ese grupo conformaron esta estructura para manejar el narcotráfico en la zona. "El líder es Juan Carlos Monje Alvarado, el 'Monje', quien fue portavoz del frente Andaquíes en la desmovilización", aseguró un investigador.
Según esta fuente, 'Monje', con orden de captura por homicidio, se internó tras la desmovilización en San Antonio de Getucha, donde con sus hombres cercanos creó la banda con 70 combatientes. Su zona de influencia abarca Milán, Morelia, Paujil, Doncello, Florencia y parte del departamento de Huila. Las autoridades afirman que el grupo está financiado por el cartel del Norte del Valle con el 'impuesto' que les cobran a los expendedores de base de coca y con extorsiones a comerciantes y ganaderos. |28|
La organización no gubernamental INDEPAZ denunció que en el país se han reintegrado no menos de 43 colectivos de las Autodefensas. En un estudio preparado por esta institución se indica que los nuevos grupos ocupan los sectores que han sido dejados por las Autodefensas que se han desmovilizado dentro del proceso que se adelanta con el Gobierno y alerta que cuentan con el apoyo de civiles que les colaboran en la logística de sus acciones delincuenciales.
El director de INDEPAZ, Camilo González Posso, aseguró que de acuerdo con los estudios adelantados por esta organización, los nuevos grupos paramilitares cuentan con más de 3.700 efectivos en sus filas, a los cuales se les suman centenares de personas que se dedican a trabajar en la logística. Anotó además que esta situación demuestra que existe un vacío del proceso que adelanta el Gobierno con este grupo ilegal, en la medida en que consideró que debe haber una respuesta del Estado urgente al problema de los desmovilizados para evitar que continúe la multiplicación de pequeñas bandas dedicadas al narcotráfico, en muchos casos conformadas por reinsertados de las autodefensas.
En el documento entregado por la ONG se indicó, además, que en departamentos como Sucre y Córdoba se presentan enfrentamientos entre estas bandas emergentes debido principalmente a su afán de mantener su influencia política y militar.
Los nuevos grupos tienen un punto en común y es que operan en zonas donde se cultiva coca y se procesa cocaína. Los siguientes son los nombres de los que han surgido luego del proceso entre el Gobierno y los paramilitares autodenominados Autodefensa Unidas de Colombia:
Reductos de bloques desmovilizados
- Grupo 'Los Traquetos', Tierralta (Córdoba), reducto del Bloque Héroes de Tolová.
- Reducto Del Bloque Héroes de Los Montes de María, en el municipio de San Onofre (Sucre).
- Reducto del Bloque Héroes de Los Montes de María, en el municipio de Córdoba (Bolívar).
- Reducto del Frente Héroes de Vichada, Bloque Central Bolívar.
- Reducto Mandos Medio y Ex Integrantes Bloque Catatumbo (Norte de Santander y Cesar).
- Reducto Frente Contrainsurgencia Wayuú-Bloque Norte de las Autodefensas (La Guajira).
- Grupo Águilas Negras, región del suroeste antioqueño
- Grupo Águilas Negras y Azules, entre Puerto Santander, Tibú y Sardinata (Norte de Santander).
- Grupo Mano Negra o Águilas Negras, municipios de Leiva, El Rosario y Taminango (Nariño).
- Grupo Águilas Doradas, Ocaña (Norte de Santander).
CAPITULO XI
RETOS Y DESAFIOS PARA LUCHAR CONTRA LA IMPUNIDAD: LAS OCHO ESTRATEGIAS DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO Y LESA HUMANIDAD
El sábado 25 de junio de 2005, en la ciudad de Bogotá, más de 800 delegados asistentes al II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y Genocidio, tomamos la decisión de crear el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado como una expresión de AFIRMACIÓN DEL DERECHO A LA AUTENTICA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL.
El movimiento nace en medio de la paramilitarización del país, constatado por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, dinámica que tiene como uno de sus últimos signos, la ley de impunidad mal llamada de Justicia y Paz, la que refrenda la ilegalidad y la asunción pública en el poder, de criminales y de las estrategias armadas del Estado.
El movimiento nace en medio de la militarización territorial y cotidiana por la política de seguridad. Subraya la responsabilidad del Estado colombiano y de quienes financian, apoyan, se benefician y promueven de los graves daños irreparables que la guerra ha generado sobre millones de colombianos. El fortalecimiento de aparatos militares y el desarrollo de planes y estrategias como el Plan Colombia y el Plan Patriota, al lado del tratamiento militar y policivo de las manifestaciones populares y de toda expresión de resistencia civil, y la judicialización son signos de la imposibilidad de la construcción de la paz y la democracia. La intervención extranjera y otros medios agudizan la confrontación militar interna con destrozos sobre las vidas de millares de inocentes, los que objetamos ética y políticamente.
El movimiento constata que las reales causas de la guerra se arraigan en los intereses económicos de capitales nacionales y transnacionales, de acuerdos comerciales inequitativos y expoliadores como el TLC y el ALCA, de proyectos agroindustriales, de infraestructura y explotación de recursos de las comunidades. Intereses, protegidos y conquistados, en muchos casos, a través de estrategias paramilitares.
Identidad del Movimiento:
Del movimiento hacemos parte mujeres y hombres, comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, organizaciones sociales y políticas que hemos vivido el impacto de la violencia generada por el Estado colombiano, a través de violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos fundamentales individuales y colectivos, políticos, económicos, sociales, culturales, la destrucción de proyectos de vida, de entornos comunitarios, destrucción ambiental y apropiación de los territorios, perpetradas por estructuras armadas estatales en su estrategia regular e irregular a través de la estrategia paramilitar.
Nos Proponemos Como Movimiento.
Actuar por una transformación social e histórica planteando y construyendo alternativas contra la impunidad de los Crímenes contra la Humanidad, el Genocidio y las Violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por el Estado a través de sus estructuras militares y paramilitares, de sus modelos represivos, de sus leyes arbitrarias y, en general de todas las expresiones del terrorismo estatal.
Trabajar porque los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, se respeten y realicen plenamente como condición de una paz duradera y de una autentica democracia.
Buscar que las víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado sean reconocidas como sujetos de derecho, testigos históricos, y sectores participantes en la vida política del país, preservando y reconstruyendo desde la memoria histórica iniciativas que posibiliten que en Colombia Nunca Mas se repitan crímenes contra la humanidad.
Abogar porque los movimientos, partidos políticos, ejerzan con plenas garantías la oposición política como condición básica de una democracia real.
Develar las estrategias, mecanismos, métodos y técnicas desarrolladas por el Estado que pretenden la perpetuación de la impunidad política, jurídica y social con leyes, políticas públicas que legalizan el paramilitarismo, la expropiación de tierras y territorios, y el lavado de recursos del tráfico de drogas.
Exigir el desmonte de todas las estructuras de la guerra, y buscara la solución política negociada al conflicto social y armado del país, y la suscripción de acuerdos humanitarios que disminuya el impacto del conflicto armado contra la población.
Ocho Propuestas Para La Verdad, La Justicia, La Reparación Integral, La Memoria Y La No Repetición De Los Crímenes Contra La Humanidad. |29|
Reunido en su Tercer Encuentro Nacional, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado presenta a la sociedad colombina ocho propuestas encaminadas a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición de los crímenes contra la humanidad y los genocidios.
1. Una estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales.
Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crímenes. Así, los instrumentos jurídicos utilizados en el llamado proceso de "negociación y desmovilización", como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y amnistías al 93 % de los paramilitares. Otras normas complementarias han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado, sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación económica, política y social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo largo y ancho de la geografía nacional. Por su parte la Ley 975/05, mal llamada de "justicia y paz", y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar este ciclo de impunidad. En su versión original, estas normas no disponen las garantías necesarias para reconocer los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y a la no repetición de los crímenes. Tampoco reconocen la existencia de víctimas del Estado, y buscan encubrir la responsabilidad estatal en el surgimiento, accionar, desarrollo y consolidación de la estrategia paramilitar. A pesar de que la Corte Constitucional ha producido la sentencia C-370 -cuya redacción final aún no se conoce- en la que se introducirían algunas limitaciones a estos extensos beneficios, desde ya es evidente que el Gobierno Nacional y los paramilitares emplearán toda clase de estratagemas para conseguir la impunidad, y mantener a salvo los capitales obtenidos con crímenes atroces, y legalizados hoy en operaciones de lavado de activos.
Por ello develar estos mecanismos de impunidad es uno de los retos y desafíos que tiene el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, usando diversas instancias y procedimientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Recurriendo al acumulado del proyecto Colombia Nunca Más, dilucidará la verdad de lo ocurrido a través de la recolección del testimonio de las víctimas, y documentará las nuevas formas de reingeniería paramilitar. Para este fin, esclarecerá los vínculos entre paramilitares y autoridades civiles y militares, así como los crímenes que siguen cometiendo, y pondrá en claro la identidad de los beneficiarios de los mismos.
El Movimiento de Víctimas exige que se sancione a los máximos responsables de más de 50.000 crímenes de lesa humanidad cuya documentación fue puesta a disposición del Fiscal General de la Nación el 29 de junio de 2006, y pide que se hagan efectivas en lo inmediato las órdenes de captura existentes. El Movimiento de Víctimas reafirma su exigencia de que los políticos corruptos, los empresarios, ganaderos y terratenientes, los intermediarios de multinacionales que han sido determinadores de estos graves delitos sean sancionados ejemplarmente, con condenas penales proporcionales a sus delitos y con medidas judiciales que les impidan el ejercicio futuro de cualquier cargo público.
2. Una estrategia para la verdad y la memoria histórica.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha expresado en diversos pronunciamientos su postura sobre la verdad y la memoria históricas. La verdad es un fundamento insoslayable para la superación de la impunidad de los crímenes contra la humanidad, y para la plena realización de los derechos a la justicia y la reparación integral. Para el Movimiento de Víctimas la dilucidación de lo que ha pasado no es un procedimiento que se realice en secreto y en la intimidad con los afectados por la violencia. La verdad y la memoria históricas son parte de un proceso de democratización de la sociedad y una oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas puedan participar de la vida pública. También es un proceso que debe impugnar seriamente el pretendido carácter democrático del régimen político colombiano, y debilitar la legitimidad social de los grupos de poder que han logrado, mediante el ejercicio sistemático de la mentira y la justificación de los crímenes, mantener una imagen de respetabilidad social y responsabilizar a las víctimas de la agresión a la que han sido sometidas durante prolongados períodos.
La información acumulada más importante de la que dispone el Movimiento de Víctimas para avanzar en el esclarecimiento histórico se encuentra plasmada en el proyecto Colombia Nunca Más. Este esfuerzo investigativo de más de una década sustenta sólidamente la existencia del terrorismo estatal en Colombia, no como una noción ideológica, sino como una realidad empíricamente demostrable. Por esa razón, la difusión social y la utilización jurídica de esta información son tareas estratégicas para las víctimas del Estado.
En cuanto a las fuentes de la verdad histórica se deben fortalecer la recolección de testimonios, las pruebas forenses que sustentan los datos estadísticos, la búsqueda de documentos con valor probatorio, el trabajo sobre los archivos oficiales, las acciones de habeas data. Sobre este último tema se requiere conocer la ubicación de los archivos oficiales y los lapsos de desclasificación de los documentos que contienen. Asimismo se necesita entrar en contacto con organizaciones que en Estados Unidos trabajan en la desclasificación de documentos oficiales que atañen a la intervención militar y política en países latinoamericanos. Con relación a los crímenes que falta documentar, o cuya información debe ser sistematizada y agrupada se requiere que el Nunca Más clasifique los procesos de exterminio de grupos y colectividades, o en otras palabras que documente la existencia de los genocidios y procesos de exterminio. Igualmente que documente los crímenes de guerra de origen estatal, y que realice un esfuerzo de sistematización sobre el desplazamiento forzado, las detenciones arbitrarias y el exilio por razones políticas.
Para conservar y difundir la información acumulada se propone que el Movimiento de Víctimas trabaje por la creación de un centro de memoria y documentación, que cumpla a la vez funciones de archivo de seguridad, y espacio de diálogo público sobre la verdad histórica. Allí pueden tener cabida los resultados de los procesos de investigación que se han desarrollado desde las víctimas, los bancos de datos de las organizaciones de derechos humanos, y los bancos documentales de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como los informes y compilaciones documentales disponibles.
3. Una estrategia para el acompañamiento solidario con las víctimas: la Comisión Ética.
El Movimiento de Víctimas declara su derecho a salvaguardar la memoria histórica a través de la conformación de una Comisión Ética que custodie y comparta con la sociedad colombiana y con la humanidad, la verdad histórica de las víctimas de crímenes de Estado, así como el concepto que tiene, basado en el Derecho Internacional y en los Derechos de los Pueblos, de lo que significa la justicia y la reparación integral. La Comisión Ética nace ante la ausencia de un aparato de justicia que aborde de modo preciso el genocidio y los crímenes contra la humanidad; nace ante el desconocimiento de los derechos de las víctimas, y ante la banalización de los contenidos de la verdad, la justicia y la reparación en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 975/05. La Comisión Ética sesionará durante 10 años con 25 miembros internacionales y 5 nacionales; personas y organizaciones de reconocidas calidades éticas de Norteamérica, Suramérica, Europa, África y Asia. Promoverá la creación de casas de custodia de la memoria, el cuidado de los testimonios y objetos de las víctimas. Así mismo, animará espacios públicos de la memoria con museos públicos, construcción de monumentos, rastreo de fosas comunes y prácticas alternas de exhumación, parte del Derecho a enterrar.
La Comisión Ética como construcción de propuestas de verdad, de justicia y de reparación con los familiares, las comunidades y las organizaciones de víctimas -indígenas, afrocolombianos, mestizos, mujeres, niños y jóvenes- recopilará insumos fundantes para la futura conformación de una auténtica Comisión de Esclarecimiento Histórico, cuando en Colombia existan garantías reales para la misma.
La Comisión Ética acompañará las prácticas de las víctimas en la afirmación de sus derechos a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral con museos populares, casas de semillas, peregrinaciones, creación de zonas de reserva y de catastro alternativo, exhumación de restos, protección de bienes y de la biodiversidad, actos públicos, ruedas de prensa, etc. Al final de su mandato, la Comisión Ética hará públicas de modo integral y sistemático tanto las propuestas en materia de verdad, justicia y reparación; así como, el acumulado histórico de las víctimas -que deberá ser reconocido por el Estado- y la iniciativa de ley para la constitución de un nuevo aparato de justicia.
4. Una estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo.
Las estrategias paramilitares han causado un grave daño a la sociedad colombiana. Además de sembrar muerte y terror, se han constituido en la principal forma de eliminar a la oposición política y social. El origen histórico y la existencia presente del paramilitarismo es responsabilidad del Estado colombiano. Hoy quiere hacer de él un poder legitimado y un poder económico mediante la preservación de su acumulación sangrienta de capitales.
Por eso, el Movimiento de Víctimas considera que entre las garantían de no repetición de los crímenes contra la humanidad y el genocidio en Colombia, debe figurar la proscripción de las estrategias paramilitares en el país. Dicha iniciativa consiste en la redacción de un proyecto de ley, con carácter de reforma constitucional, que prohíba cualquier disposición que intente validar al menos tres modalidades de paramilitarismo.
El proyecto de ley decretará, en primer lugar, la interdicción de cualquier política pública tendiente a armar a los civiles, o a otorgarles funciones propias de las fuerzas militares o de los cuerpos de seguridad estatales (cooperativas de tipo "Convivir", redes ciudadanas de informantes y cooperantes, etc.).
El proyecto de ley precisará la tipificación del delito de alianzas entre los agentes estatales y los grupos paramilitares, y aumentará las sanciones para quienes incurran en esta práctica o fomenten la infiltración paramilitar en el Estado, y el uso de la contratación pública para el beneficio de particulares pertenecientes a organizaciones paraestatales.
El proyecto de ley prohibirá la planificación de operaciones encubiertas de tipo paramilitar por parte de miembros de la Fuerza Pública, y la conformación de escuadrones de la muerte y grupos mercenarios sobre el territorio nacional.
El Movimiento de Víctimas es plenamente consciente de que con la actual composición del Congreso de la República una norma de estas características no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada. Sin embargo, perseverará hasta que esta norma adquiera un rango constitucional y se convierta en un patrimonio de la sociedad. Igualmente, hará de esta propuesta un instrumento para abrirle paso a la controversia política sobre las garantías de no repetición de los métodos del terrorismo estatal y la depuración de la fuerza pública.
5. Una estrategia para la reparación: el catastro alternativo.
Para el Movimiento de Víctimas la reparación no es un acto caritativo del Estado, ni una transacción para tasar la dignidad de las víctimas por una suma de dinero. Tampoco es una colecta de dineros de la cooperación internacional o un deber de todos los ciudadanos a través de nuevos impuestos, como lo han sostenido el Gobierno Nacional y el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Quienes tienen que reparar son los causantes del daño y los actuales detentadores de la riqueza que ha sido usurpada a las comunidades y grupos agredidos.
Para el Movimiento de Víctimas, la reparación es un proceso de justicia con quienes han sufrido la violencia y con la propia sociedad. Por eso, el Movimiento reitera su compromiso de impulsar el Mandato Agrario del cual hace parte la propuesta de la elaboración de un catastro alternativo como mecanismo directo de acopiar información sobre los bienes, las tierras y territorios de las victimas, que fueron usurpados por la política de terrorismo de Estado.
El catastro alternativo es la búsqueda de información sobre la magnitud del despojo, e intenta poner en evidencia que el desplazamiento forzado es una estrategia de contrareforma agraria, que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras. Con esta herramienta las victimas podrán demandar las 5 millones de hectáreas de territorio que fueron usurpadas violentamente a campesinos, comunidades afrocolombianas, indígenas y colonos. También podrá reclamar la responsabilidad estatal por haber permitido o auspiciado directamente este despojo violento.
6. Una estrategia de lucha contra la desaparición forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar.
Las víctimas de crímenes de Estado declaran su derecho a exhumar los restos mortales de las fosas comunes y a enterrar dignamente a las miles de personas que fueron sometidas al crimen de la desaparición forzada como parte de la estrategia paramilitar.
Muchos familiares saben dónde se ocultaron los restos mortales sus seres queridos. Muchas comunidades presenciaron la eliminación de sus líderes y miembros en las fincas que se convirtieron en centros de exterminio, en las que fueron sepultadas las víctimas. Pero hoy no pueden darles digna sepultura, pues aún persiste en las regiones el control de las mismas estructuras militares regulares e irregulares que torturaron, desaparecieron y después asesinaron.
El Movimiento de Víctimas sostiene el legítimo derecho a elaborar el duelo, a saber dónde pueden los deudos visitar a sus familiares, y dónde las comunidades pueden rendir homenaje a quienes fueron inmolados. Afirma su derecho a encontrar a los desaparecidos, a saber dónde están, a recuperar los restos de humanidad, sus restos. Concibe el derecho a exhumar como la posibilidad de re-crear las vidas de quienes sufrieron los crímenes, de revitalizar los ríos, las tierras, liberándolas de ser el recinto del ocultamiento, y la impunidad de los perpetradores. Ratifica el derecho a convertir el dolor en esperanza, en la posibilidad de esclarecimiento de la verdad, y de dignificación del nombre, las opciones, los ideales, y proyectos de vida de quienes fueron desaparecidos. Ese derecho es el de la resistencia y la resilencia. Es el derecho a exhumar la vida y la memoria.
7. Una estrategia de lucha contra el genocidio político: verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica.
La oposición política ha sido perseguida y ha intentado ser exterminada en Colombia. Los crímenes hacia estas expresiones son una práctica de represión a la construcción de alternativas sociales y políticas como una salida civil a las causas del conflicto armado.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado siente propios los colosales esfuerzos de las victimas y los sobrevivientes del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, por conocer la verdad plena, acceder a una justicia que castigue ejemplarmente a los promotores y autores del genocidio político que se ha perpetrado en su contra, y beneficiar y obtener reparación integral a los más de 4.000 crímenes cometidos contra sus militantes. Además, respalda plenamente la búsqueda de reparación política y de restitución de los cargos públicos en todas las instancias de gobierno y estado.
El Movimiento de Víctimas expresa su apoyo irrestricto a la decisión de suspender la etapa de búsqueda de solución amistosa que venía haciendo curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso No. 11.227 que se sigue contra el Estado colombiano por genocidio y grave violación de los derechos humanos y las libertades políticas de los miembros de este partido y el movimiento de oposición UP.
Para las víctimas del Estado, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y las instituciones oficiales encargadas, no solo no han avanzado en las investigaciones ni ha castigado a los responsables y usufructuarios de este exterminio, sino que, por el contrario, realizan constantes esfuerzos por descalificar y estigmatizar públicamente la legitima labor de los sobrevivientes de esta aniquilación sistemática; fomentar el más primario anticomunismo, y hacer una apología del genocidio, que incentiva la continuación de nuevos hechos de violencia contra los miembros de los grupos de oposición.
Desde la perspectiva actual, para el Movimiento de Víctimas es claro que la Ley 975/05 es una herramienta de impunidad que no permitirá, que en el caso del PCC y la UP, como en el de otras decenas de miles de crímenes y violaciones contra el movimiento social y popular puedan prosperar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria histórica y las garantías de no repetición.
8. Una estrategia de organización: el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas.
El Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado representa un esfuerzo de unidad y construcción de confianzas de los diversos sectores sociales, étnicos y políticos agredidos por la estrategia autoritaria del Estado. Al convertirse en una fuerza social contra la impunidad, el Movimiento ha venido reuniendo a múltiples expresiones organizadas en un solo proceso que ofrece mecanismos propios de coordinación y consulta permanente en el plano nacional.
Una lucha exitosa contra la impunidad requiere, sin embargo, de sólidos y pacientes esfuerzos organizativos en el plano regional, que reúna las diversas vertientes de las victimas de crímenes de Estado en un solo mecanismo de coordinación permanente, y haga realidad las línea s de acción social, política y jurídica en cada lugar. En dicha dinámica la educación y capacitación en los temas de conflicto y paz, las vías de exigibilidad y realización de los Derechos Humanos, y en especial, los Derechos de las Victimas, deben ocupar un lugar importante.
La causa de las víctimas y la afirmación de sus derechos se fortalece con la conformación de cada nueva organización de familiares o sobrevivientes de crímenes del estado, por ello saludamos la creación del "Movimiento Hijas e Hijos contra la impunidad y por la memoria.
CAPITULO XII
PROPUESTAS DE TRABAJO CONSTRUIDA CON LAS ORGANIZACIONES DE VICTIMAS DE NORTE DE SANTANDER |30|
Las víctimas organizadas en Norte de Santander, a través de los encuentros promovidos en el Marco de nuestro acompañamiento y fortalecimiento al Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado en el Departamento, en los espacios de reuniones, encuentros pedagógicos, y de la participación en el Encuentro Regional y Nacional de Víctimas, han planteado algunas iniciativas, para animar el trabajo de las Víctimas y de las organizaciones que las acompañamos, que se pueden concretar en las siguientes:
1. Seguir construyendo la verdad histórica, es decir no podemos parar o detenernos en el interés y reto de documentar los casos ocurridos, sino de buscar las causas y los responsables de las dinámicas de violencia implementadas en la regiones y de las múltiples violaciones de derechos humanos, para contar lo ocurrido.
2. Persistir con mas vehemencia que se haga justicia, y ante el eventual fracaso de la aplicación de la ley alternativa de Justicia y Paz, solicitar que por todas las denuncias recibidas y las que falten por hacer se adelanten las investigaciones correspondientes en la jurisdicción ordinaria y que las penas impuestas sean las máximas legales vigentes por los crímenes de lesa humanidad.
3. Requerir al gobierno, fiscalía, procuraduría y defensoría, explicaciones sobre como se adelanto el proceso de paz y la implementación del proceso de justicia y paz, y sobre cómo van a superar las deficiencias y decisiones que terminaron con la extradición de los confesos paramilitares.
4. Hacer todo lo necesario por demostrar la Impunidad en general y en particular dentro del supuesto proceso de paz con los paramilitares, y evidenciar la negación de los derechos de las víctimas, todo esto para demandar internacionalmente al Estado Colombiano no solo por su participación activa y omisiva en el actuar paramilitar sino por la negación de acceso a la Justicia y haber implementado todas las acciones dilatorias jurídicas y políticas para garantizar la impunidad.
5. Implementar las estrategias que desde el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estada y Lesa Humanidad -MOVICE- se han concertado como unas acciones que buscan avanzar en la realización de la verdad, la justicia y la reparación integral, y que sabemos no se lograran en el corto o mediano plazo.
6. Compartir con la opinión pública, la responsabilidad del Estado en la creación e implementación del paramilitarismo como un instrumento que ha permitido desarrollar un proyecto político y militar en que la gran mayoría (indígenas, campesinos, obreros, estudiantes), no hacemos parte, solo tiene cabida la acumulación de la riqueza en pocas manos (oligarquías nacionales o trasnacionales, multinacionales o países desarrollados) y la concentración de la riqueza.
7. Hacer el seguimiento necesario a los procesos judiciales en Estados Unidos para impedir que los paramilitares entren a los programas de protección de testigos o puedan realizar acuerdos que impliquen rebajas de penas u otros beneficios mientras intentamos hacer que cumplan las penas que deben cumplir en Colombia.
8. Exigir que se reconozca que los paramilitares que en la actualidad se continúan beneficiando de la ley de justicia y paz, sean juzgados por la Jurisdicción Ordinaria puesto que esta demostrado que este proceso de Justicia y Paz fue un mero formalismo, y que su prolongación solo prolongara la revictimizacion de las víctimas.
"LA INVITACIÓN ES AHORA MAS QUE NUNCA MANTENER UNA ACTITUD INCANSABLE PARA DEMANDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS VICTIMAS Y DE LA SOCIEDAD A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL"
Elaborado por:
La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.
Bucaramanga: Calle 10 No. 23-14 Barrio Universidad. Telefax: 0057-6455528
Cúcuta: Calle 2N No. 2E-76 Barrio Capellana Telefax: 0057-5746306
e-mail: paraquehayajusticia@yahoo.es
Página web: www.colectivodeabogadosluiscarlosperez.org
2008

Notas

1. 3.500 masacres, 15.000 desapariciones forzadas, 4.000 fosas comunes, 1.700 indígenas asesinados, 2.550 sindicalistas asesinados, 5.000 dirigentes de izquierda asesinados, 4.000.000 de desplazados. (1982-2005). 12.547 asesinatos. 955 ejecuciones extrajudiciales, 235 desapariciones atribules Fuerza Pública, 1.190 homicidios atribuible a la Fuerza Publica. (Junio 2002 a Junio 2007. Fuente Comisión Colombiana de Juristas). [Volver]
2. Los Congresistas Investigados son 15 Senadores, de la Costa Atlántica 14: Total de 29, Representantes a la Cámara 14 Zona Andina 12 Zona Sur oriental 3: Total 29 .Congresistas detenidos. Zona Atlántica 16 Senadores 10 Otras zonas 3 Representantes 9. Investigaciones adelantada por la Fiscalía el Ex gobernador del Huila Jorge Aurelio Noguera Cotes Ex director DAS. Detenido Trino Luna Correa Ex gobernador del Magdalena. Hernando Molina Araujo Gobernador Cesar, Edilberto Castro Rendón Ex gobernador Meta, Condenado Salvador Arana Ex gobernador Sucre Declarado persona ausente. Informe Indepaz, a 3 de Marzo de 2008. [Volver]
3. Tomado del Informe, Una Mirada al Catatumbo. Documento presentado por el señor Gobernador del departamento Norte de Santander LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA con motivo de la visita del señor vicepresidente FRANCISCO SANTOS CALDERÓN, en la ciudad de San José de Cúcuta el día 27 de agosto de 2004. [Volver]
4. Articulo: Palma Africana en Colombia, Impactos ambientales socioeconómicos y efectos sobre la tenencia de la tierra, en comunidades campesinas, negras e indígenas. Tomado: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=b1b1--&x=20154778 [Volver]
5. Ver articulo de prensa: Jefe 'para' se fugó de la cárcel La Modelo con orden falsa. Tomado: http://www.elperiodico.com.co/seccion.php?codigo=9403&seccion=1&fecha=2008-06-04 [Volver]
6. Ver artículo de prensa: Lucha contra el narcotráfico en Norte de Santander. Tomado: http://www.laopinion.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=16323 [Volver]
7. Informe presentado por el Relator Especial, Sir Nigel S. Rodley, en cumplimiento de la resolución 1998/38 de la Comisión de Derechos Humanos. Órganos de la ONU. [Volver]
8. Fiscalia General de la Nación. Oficina de Divulgación y Prensa. Boletín de Prensa No 20.[Volver]
9. Acción de Grupo seguida en la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicado AG- 250002326000200100213-01, actor: JESÚS EMEL JAIME VACCA Y OTROS contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS [Volver]
10. Luis Alexánder Gutiérrez Castro-Alias el Capi, comandante de la Policía de Tibú en 1999, fue uno de los tantos responsables de haber dejado pasar una caravana de camiones y camionetas con cerca de 600 paramilitares que tenían órdenes precisas: sacar a sangre y fuego a la guerrilla que estaba afincada en la zona del Catatumbo, y ejecutar a civiles, lista en mano, que eran señalados de ser colaboradores de las Farc. El espectador, 14 de julio de 2008. [Volver]
11. Acción de Grupo seguida en la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicado AG- 250002326000200100213-01, actor: JESÚS EMEL JAIME VACCA Y OTROS contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS [Volver]
12. Acción de Grupo seguida en la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicado AG- 250002326000200100213-01, actor: JESÚS EMEL JAIME VACCA Y OTROS contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS [Volver]
13. Artículo Colectivo Brecha escrito por Freddy Ordoñez, publicado en Internet. [Volver]
14. Frente a este lamentable hecho, Salvatore Mancuso confiesa participación en su asesinato. Ver nota de prensa: http://www.polodemocratico.net/Mancuso-confiesa-participacion-en [Volver]
15. La Desmovilización del Bloque Catatumbo, www.seguridadydemocracia.org [Volver]
16. Acontecimientos en el Norte de Santander confirman presencia paramilitar en Colombia, El Espectador, Fecha de publicación: 16/05/04 [Volver]
17. ibid [Volver]
18. Magally Yaneth Moreno Vera, se desempeñó hasta octubre de 2003 como la asistente personal y mano derecha de la ex directora seccional de Fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez Silva. El 21 de marzo de 2007, la Corte Suprema de Justicia condenó a Flórez a 147 meses de prisión luego de constatar "el convenio criminal con las Auc", que puso a la Fiscalía a su servicio en Norte de Santander. La Fiscalía del propio Osorio no tomó las precauciones necesarias para que, luego de escucharla en indagatoria, Ana María Flórez no se fugara, como de hecho sucedió. Tomado: Periódico El Espectador/12 de mayo de 2007. [Volver]
19. La Fundación Progresar, señaló que El Iguano y su gente son responsables de cerca de 5.000 homicidios que se cometieron entre el 2000 y el 2004 en la capital de Norte de Santander, Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander, Zulia, Sardinata y San Cayetano, donde operaba el bloque Fronteras. Sin embargo, según Luis González coordinador de Justicia y Paz de la Fiscalía, la lista que tiene El iguano o Pedro Fronteras, va en cerca de 380 crímenes. http://www.fac.mil.co/index.php?idcategoria=22821&facmil_2007=32ca052dd0fbbfa6fb81d724a4818b10 [Volver]
20. Periódico El Espectador/12 de mayo de 2007. [Volver]
21. Observatorio DDHH Vicepresidencia de la República de Colombia. [Volver]
22. Norte de Santander: la detención del alcalde de Cúcuta y las elecciones de octubre, Freddy Ordóñez/Sábado 15 de septiembre de 2007 [Volver]
23. Revista Semana, 21 de Abril de 2008. [Volver]
24. Artículo de Prensa. Internet. Colectivo Brecha [Volver]
25. Artículo de Prensa. Internet. Colectivo Brecha [Volver]
26. Artículo de Prensa. Internet. Colectivo Brecha [Volver]
27. Nota de Prensa [Volver]
28. www.lukor.com [Volver]
29. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y Lesa Humanidad. [Volver]
30. Presentadas en el Foro: Como luchar contra la Impunidad, Retos y Desafíos de las Víctimas en Norte de Santander, realizado en la ciudad de Cúcuta el día 30 de Mayo de 2008. [Volver]

DDHH en Colombia
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Estructura	Bloque Catatumbo	Bloque Fronteras	Bloque Cazadores
Comandantes e integrantes	Alias Felipe: Bloque Móvil Catatumbo: 200 hombres. Alias Camilo: Frente la Gabarra, Armando Alberto Pérez Betancourt Capitán Retirado del Ejercito: 800 hombres	- El Iguano: Jorge Iván Laverde Zapata	Alias Mauro: José Bernardo Lozada Ardúz
Zonas donde operaron	- La Gabarra, Tibú, Tarra, Hacarí, San Calixto, Influencia en Ocaña, Convención, Teorama y el Carmen - Tibú, Tarra, Sardinata, Puerto Santander, Cúcuta, Chinacotá, Pamplona, San Calixto, Convención, Teorama y Ragonvalia.	Puerto Santander hacia Arriba. Encargados de controlar las economías ilegales-control frontera colombo venezolana (Tibú, Teorama y Tarra)	Puerto Santander hacia Abajo Control Frontera Colombo Venezolana (Cúcuta, los Patios, Villa del Rosario, Ragonvalia, Zulia, San Cayetano)

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD	NUMERO	PERIODO	RESPONSABLES
MASACRES	31	1998 - 2001	Bloque Catatumbo (7) Bloque Frontera (24)
Homicidios	1088	1998 - 2001	Paramilitares Desconocidos
Homicidios	2100	2003 y 2004	ParamilitaresDesconocidos
Homicidios	1020	2005	Paramilitares Desconocidos
Desplazamiento Forzado	51.919 10.00 flias	Hasta el 2004
Desapariciones Forzadas	95	1997-2002	Desconocidos

Nacional	Norte de Santander
Responsabilidad recayó en las victimas y organismos internacionales.	Lugares: Ocaña (Correg. Aspasica), Gramalote, Tibú (Correg. Campo Tres), Puerto Santander, Chitaga, Toledo, Pamplona, Sardinata, La Esperanza, Tibú (Correg. La Gabarra) y Salazar.
1.218 fosas comunes.	19 fosas
1.469 cuerpos encontrados.	21 cuerpos encontrados
528 reconocimiento indiciario	9 reconocimiento indiciario.
Cuerpos Entregados a sus familiares 154.	0 cuerpos entregados.