Equipo Nizkor - Situacion de Derechos Humanos en el Departamento del Cauca año 2.012.

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Situacion de Derechos Humanos en el Departamento del Cauca año 2.012

Presentación
La RED Por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, desde su compromiso con la defensa, divulgación y protección de los derechos humanos, y dando continuidad a la tarea de denuncia, visibilización y exigibilidad, presenta el INFORME: SITUACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA AÑO 2.012, donde se incorporan las afectaciones y vulneraciones a comunidades rurales y urbanas que se encuentran en medio del conflicto armado y sufren la crisis política que se vive en la región. También, en este informe, damos cuenta de las alternativas y propuestas que de manera organizada viene desarrollando el conjunto de la población.
Este documento es producto, por un lado, de un trabajo continuo del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la RED, el cual recolecta, clasifica y sistematiza información obtenida de fuentes primarias (Víctimas y/o sus familiares, organizaciones sociales), fuentes secundarias (medios de comunicación radio, prensa, televisión e internet) y fuentes institucionales (Defensoría del Pueblo Regional, Personerías, etc.) y, por el otro, de los datos que identifican niveles de agresión y tendencias que finalmente se convierten en herramienta para el seguimiento a la situación de derechos humanos y a casos específicos, así como la implementación de mecanismos de prevención y protección que buscan evitar situaciones similares en las comunidades.
Lo aquí recogido, contiene cinco artículos a saber: uno referido a la situación general de derechos humanos y DIH en el departamento del Cauca en este periodo de tiempo, el cual está acompañado de cifras correspondientes a diversas modalidades de violencia; dos, lo referido a la situación de violencia dirigida contra las mujeres, tres, un breve análisis de cómo en el departamento se viene implementando la ley de víctimas en el aspecto sicosocial, cuatro, un análisis sobre desarrollo alternativo en particular los cultivos de uso ilícito y cinco, las acciones sociales desarrolladas en el marco de la exigibilidad de derechos.

Contexto general de derechos humanos Departamento del Cauca año 2012

En materia económica, el año 2012, el Cauca inició con la gasolina más cara del país, y con la noticia de 51.000 millones de pesos en pérdidas debido a la corrupción desde la Secretaría de Salud y otra serie de desfalcos a fondos municipales que cuestionan seriamente la eficiencia institucional del departamento y afectan directamente el sistema de salud y los usuarios en este sector.
En este año, la ola invernal y luego una larga sequía, fueron factores naturales que afectaron a cientos de familias, principalmente rurales, sin que el Estado garantizara condiciones de recuperación mínima de los damnificados. Sumado a esto, problemáticas como la del narcotráfico y las políticas antidrogas, las fumigaciones y la erradicación manual, se han convertido en factor de riesgo para la permanencia de miles de familias en la costa pacífica, el occidente caucano, y el sur macizo colombiano.
Este infortunado panorama, que contrasta con las potencialidades reconocidas al departamento del Cauca en materia ambiental, geográfica, estratégica, étnica y de organización social, deja ver el enorme potencial hídrico, mineral, maderable y en recursos naturales que continúa cediéndosele al capital trasnacional y a los intereses de empresarios particulares que según cifras, tienen un 65% de territorio caucano solicitado en concesión para exploración y explotación, lo cual esta cruzado por los altos niveles de conflicto social y armado que vive la región.
Hoy el departamento del Cauca, sufre una de las más grandes abatidas por extraer sus riquezas naturales e hídricas que subyacen sobre sus suelos; el poseer tanta riqueza lo ha puesto en el ojo de grandes inversiones del capital trasnacional que ha tramitado concesiones para realizar explotación minera a cielo abierto.
El departamento posee una extensión de 3.090.000 hectáreas, de las cuales hoy, según datos oficiales de Ingeominas, se encuentran otorgados 248 Títulos mineros que corresponden 337.337 hectáreas para la explotación, abarcando un porcentaje de 11.5% y 510 solicitudes que corresponden a 727.926 hectáreas con un porcentaje de 25% que podrían ser entregadas a multinacionales si surten los trámites correspondientes ante la autoridad minera.
Los municipios más afectados, en el sur del Cauca, por titulación de tierras para minería son Patía, Bolívar, La Sierra, Santa Rosa y El Tambo. En este momento 1.065.263 hectáreas que corresponden al 36% del territorio caucano están en manos y en proceso de ser entregadas a grandes multinacionales de la minería como la Anglo Gold Ashanti, Angloamerican y Continental Gold. La realidad que enfrenta el departamento es la efectividad de la locomotora minera y la extranjerización de la tierra en el Cauca, lo cual, en vez de desarrollar un proceso de reforma agraria para campesinos, negros e indígenas, nos enfrenta a la peor contra reforma ambiental y agraria efectuada en Colombia y en Latinoamérica.
Otro tema de afectación social para la población caucana, ha radicado en la falta de oportunidades laborales y empleo para una numerosa población que se ha desplazado a las poblaciones más importantes del Cauca: Santander de Quilichao, El Bordo y principalmente Popayán, debido al conflicto desde municipios caucanos y otros departamentos.
Hay un número enorme de personas desplazadas en el Cauca (117.000 aproximadamente), fenómeno que poco a poco pasa de ser un problema de orden coyuntural a convertirse en un problema estructural en el departamento "trastocando el desarrollo, haciendo más patente el atraso económico y por supuesto social", y que es correspondiente con la falta de oportunidades laborales que ha sostenido a la ciudad de Popayán en el primer lugar del país en términos de desempleo durante todo el año 2011 y el segundo semestre de 2012 (Popayán sigue siendo la ciudad con la mayor tasa de personas sin empleo en el el mes de Octubre de 2012 con el 18 %; Quibdó, con el 16,4 %, y Armenia, con el 16 %).
Una situación social que agrava el panorama son las altas tarifas en los servicios públicos, principalmente la energía eléctrica. Otros costos altos son los de la canasta familiar, "el creciente número de indigentes en la ciudad capital, el subempleo y la práctica del rebusque que obliga a cientos de personas a salir a las calles de las ciudades a buscar su sobrevivencia. Otras situaciones anexas se evidencian en el mal llamado mototaxismo que a pesar de ser declarado ilegal por las autoridades, la ciudadanía lo ha convertido en legítimo y reclamado como derecho para solución de empleo. También la venta de minutos de celular, es otra salida popular a la falta de empleo" (I boletín trimestral Red por la Vida y los DDHH), entre otras formas de "rebusque" en una ciudad sin fuentes de empleo y oportunidades para una población desplazada que continúa llegando día a día.
El conflicto armado tuvo continuidad en la región. Según los analistas, los primeros meses de este año, fueron señalados como los más violentos vividos en el departamento durante los últimos años, donde las acciones insurgentes y estatales se presentaron, con una mayor afectación hacia las capas rurales más pobres de la población.
La estrategia estatal y el desarrollo de la guerra, continúan colocando al Cauca como uno de los escenarios principales y permanentes del conflicto armado en el país, cualificando y fortaleciendo sus estructuras y logística militar, creando nuevos batallones(Brigada 37 en los municipios de Suárez y Morales) e instalando en el Cauca la FUERZA DE TAREA CONJUNTA APOLO y la creación del COMANDO CONJUNTO DEL SUROCCIDENTE como parte de su estrategia para bloquear la acción insurgente del nororiente, occidente y sur, y bajo la lógica militar de someter al enemigo a costa de lo que sea. Esta forma de "obligar a dialogar bajo la presión militar del Estado", desestima los costos que debe pagar la población civil, la cual se encuentra en medio del conflicto. La instalación de LA POLICÍA METROPOLITANA para la ciudad de Popayán con 90 cuadrantes y presencia en municipios aledaños como Timbío, Totoró, Paispamba y Puracé, con un incremento considerable de infraestructura y fuerza policial, refuerzan, como es obvio, la estrategia de consolidación del gobierno.
Toda esta política de fortalecimiento militar, tiene una fuerte participación de los Estados Unidos frente a la concesión de armamento, helicópteros y aviones no tripulados (bombarderos altamente letales contra la población civil, utilizados en la guerra de Israel contra Palestina), bajo la Nueva Doctrina Militar, la de las bajas efectivas. La meta de 530.000 hombres en las fuerzas Armadas está prácticamente cumplida para el Gobierno de Santos y con esto uno de los ejércitos más numerosos y fuertes de América.
Completando el panorama de la militarización del país, hoy el Gobierno se la juega con toda una agenda legislativa en materia de guerra en el Congreso de la República, mientras en otros escenarios habla de paz con las Farc. Dicha agenda es toda una arremetida que vulnera derechos de la ciudadanía y le brinda suprapoderes a las instituciones militares:

- Reforma Constitucional al Fuero militar. El último debate sobre esta reforma fue aprobado el día 11 de diciembre de 20112 por el Congreso de la República, convirtiéndo este hecho en "un cheque en blanco" para la impunidad. Esta reforma pretende que las violaciones al DIH sean de competencia de la Justicia Penal Militar; que las investigaciones preliminares las haga la JPM (en esta se arma todo el elemento probatorio) y por lo tanto esta importante tarea no la podría hacer la Justicia Civil. Entre otros puntos se creará una comisión mixta de militares y civiles para dirimir los conflictos de competencia, función que se le quitaría a la Judicatura.
- Ley sobre derecho Operacional. Cambiaría reglas del DIH y de la guerra, en la idea de no permitir invocar normas del DIH con el objeto de menoscabar el imperio del derecho interno y la ley en el territorio nacional. Este proyecto está avanzando en la Cámara de Representantes y según analistas facilita la impunidad hacia el delito de ejecuciones extrajudiciales.
- Ley de armonización del DIH y el derecho penal. Pretende en esencia que las infracciones al DIH dejen de ser delito en nuestro derecho interno.

Estas leyes, al ser aprobadas, acarrearán una serie de vulneraciones y violaciones a los derechos humanos y por supuesto al Derecho Internacional Humanitario.
La agudización del conflicto muestra ser directamente proporcional con su degradación, manifiesto en las formas de combate, el tratamiento a la población civil y en los mecanismos utilizados. Uno de ellos es el minado de territorios, que no es un método nuevo, pero es de los que más ha afectado al habitante rural que debe transitar por esos terrenos.
Otras modalidades de ataques insurgentes se han venido presentando en medio de este conflicto, ataques con explosivos utilizando armamento no convencional; hostigamientos diarios y permanentes se dieron con contundencia antes de la declaración de cese unilateral del fuego por parte de la guerrilla de las FARC (hoy en conversaciones de paz con el Estado); emboscadas a patrullas de policía y ejército; enfrentamientos y confrontaciones de carácter sostenido bajo modalidad de guerra de posiciones, lo que intensifica la crudeza de los combates por parte de ambos actores, con gran afectación sobre la población civil ya no solo del norte del Cauca sino de otros municipios del occidente, Costa Pacífica y Sur del Cauca; acciones de francotiradores y plan pistola; entre otras formas, se dieron de manera contundente en este último año. Por supuesto que la respuesta de las fuerzas armadas también ha sido violenta y desconsiderada con la población civil, dejando de lado las normas del DIH, el protocolo II y el principio de distinción que deben tener los actores en contienda con la población no combatiente y utilizando la guerra desde el aire (ametrallamientos y bombardeos en varias ocasiones indiscriminados, donde han caído personas heridas y muertas de la población civil).
Las acciones bélicas se dieron con más fuerza durante el año anterior y este año en el territorio caucano, principalmente en los municipios: Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Guachene, Guapi, Jambalo, López de Micay, Mercaderes, Miranda, Morales, Padilla, Paez, Patía, Piendamó, Popayán, Puracé, Santander de Quilichao, Silvia, Suarez, Timbío, Timbiqui, Toribio, Totoró, Villarica. Unos municipios con más intensidad y frecuencia que otros les ha tocado sufrir la violencia de los combates entre la guerrilla y las fuerzas militares y policiales del Estado.
El gobierno del Presidente Santos bajo su estrategia de Consolidación de sus políticas de estado, creó la Unidad de Consolidación Territorial, la cual agenciada desde el DPS y el Ministerio de Defensa, tiene a su cargo la ejecución de la política antidrogas, pero también de la Doctrina de Acción Integral (a través de los CECAIS) donde una de suscaracterísticas, son las acciones bélicas combinadas que según las organizaciones sociales buscan involucrar a la población civil en el conflicto, pero a su vez denigrar y dividir al movimiento social y sus organizaciones.
En el segundo semestre de este año y ante los difíciles momentos de conflicto armado que se vivió en el norte del Cauca, las comunidades indígenas, en ejercicio de su autonomía, de expulsar de sus territorios de resguardo a los actores armados, con la guardia indígena protagonizaron un hecho de movilización en el "Cerro de Berlín", municipio de Toribío; sacando un pelotón del ejército que había ocupado este sitio sagrado indígena. Tal situación y ante lo contundente del hecho, los medios de comunicación hicieron circular por el mundo una serie de imágenes que dieron para un cúmulo interpretaciones, cuyo objetivo claro era desprestigiar, desde todo punto de vista, al movimiento indígena y social del Cauca.
Desde ese momento tanto la organización regional CRIC como sus zonales, entre ellas la ACIN, sufrieron graves ataques mediáticos en la región, como a nivel nacional a través de las emisoras de la policía y el ejército, así como de emisoras de cobertura nacional y otras locales. Ello impulsó a cierto sector de la ciudadanía a protestar en formar desafiante ante las instalaciones del CRIC, a la que acudieron decenas de vehículos coreando consignas marcadamente racistas y militaristas, con un objetivo central, fomentar nuevos conflictos entre sectores de la sociedad civil, lo que afortunadamente no tuvo la respuesta por ellos esperada y que hubiese sido crítico para el movimiento social caucano si esto hubiera cogido fuerza. Sin embargo la arremetida fue violenta, tuvo acciones desestabilizadoras de propaganda, como la realizada desde un helicóptero de la policía nacional, acompañando la marcha en contra del CRIC, liderada por la OPIC. Las campañas comentadas, insistieron en conflictivizar aún más, los duros momentos que vivió el Cauca en este año. El Ministro de Defensa, el 16 de julio, a través de los medios de comunicación reiteró sus acusaciones contra el movimiento indígenas, al decir que éste se encuentra infiltrado por las Farc, y que por lo tanto el Estado y sus fuerzas militares continuarían desplegando sus operaciones militares en territorio indígena con el fin de derrotar totalmente a la guerrilla.
La situación se puso tan tensa a raíz de los ataques de las Farc por un lado, pero también de la intensa movilización indígena y de organizaciones campesinas de la zona norte del Cauca que también hicieron acciones debido a la presencia en su territorio de las Fuerzas Armadas, por lo cual el gobierno nacional decidió hacer un Consejo Ministerial en Toribío, hasta donde llegó el Presidente de la República y prometió invertir en la región 500.000 millones de pesos a través del denominado Plan para el Cauca, con el sustento de fuerza de crear el Comando Conjunto del Suroccidente del Ejército.
Otro aspecto de la política de consolidación es su correspondencia directa con el Plan Colombia y por supuesto con la estrategia antinarcóticos. El Departamento del Cauca fue fumigado en los municipios López de Micay, Timbiquí y Guapi de la Costa Pacífica, el Tambo en el Occidente y Bolívar en el Macizo Colombiano en los primeros meses de 2012. En este mismo año el DPS y el Ejército Nacional con grupos de erradicadores trataron de levantar algunos sembradíos de coca, principalmente en los sitios "La Cuchilla- Lerma" en el mes de mayo y luego en en el mes de noviembre en "La Pajosa- Rastrojos, del municipio de Bolívar. Lo que fue impedido por la acción de miles de campesinos, quienes en forma decidida decidieron enfrentar tales políticas del Estado, aludiendo ser conscientes de lo que estos cultivos generan en sus usos, pero también las históricas necesidades que siempre han tenido que enfrentar, donde el Estado no ha ofrecido oportunidades reales para sacar adelante estas regiones caucanas.
Dicha acción campesina, hizo que la erradicación forzada en estas zonas se tuviese que aplazar, hasta cuándo?. Esto solo lo sabe el Ministerio de Defensa y la oficina de DPS que es desde donde se despliegan dichos operativos, los cuales además llegan con supuestas soluciones cortoplacistas que en nada solucionan un problema que se ha ido haciéndose estructural con el paso del tiempo.
El Estado Colombiano se ha quedado corto para brindar soluciones estructurales (sustitución con sostenibilidad, créditos baratos, comercialización de los productos, vías carreteables con mantenimiento constante), entre otras peticiones que hacen las comunidades que entienden el problema, proponen soluciones , como entienden también que si existen recursos para proyectos de sustitución, estos deben ser entregados bajo una política clara del gobierno civil, acordada con el cultivador y sin intromisión de las autoridades militares, pues esto a futuro, va a generar grandes conflictos internos en las comunidades que necesariamente agudizarían el conflicto interno que se vive en la región.
Toda esta situación de violación constante de los derechos humanos en nuestro país, ha sido de rechazo internacional, a pesar de los persistentes esfuerzos del Estado Colombiano por mostrar otra imagen ante el mundo. La denuncia e incidencia constante del movimiento de derechos humanos en Colombia y la comunidad Internacional, ha permitido que nuestra situación sea tenida en cuenta por la opinión internacional y evaluada constantemente por instrumentos que en el mundo y América velan por los derechos humanos, tal como lo reconocen los apartes del informe de LA CORTE PENAL INTERNACIONAL donde expresan que las Ejecuciones Extrajudiciales (Falsos Positivos) pueden haber sido una política de Estado por la que continuarán investigando y atentos de la situación de derechos humanos en Colombia.
También la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas se pronunció desde Suiza el 27 de Noviembre ante el presidente Santos y el Presidente del Congreso para reconsiderar su apoyo a la propuesta de modificar el ámbito del sistema de justicia penal militar en Colombia, al considerar tal reforma como comprometedora con el futuro de los derechos humanos para el país.
Además, nuestro país ha estado inmerso en el Capítulo IV de la Convención Americana desde hace 23 años, es decir en el listado de los países que más violan los derechos humanos en América. La visita IN LOCO (en el lugar de los acontecimientos) que realizó la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) a nuestro país y que no hacía desde 1997, tuvo al departamento del Cauca, como una de las regiones objeto de dicha investigación con la presencia de 2 Comisionados. Las organizaciones sociales, de mujeres, indígenas y de derechos humanos del Cauca, lograron evidenciar a través de certeras denuncias, informes de derechos humanos y testimonios de las víctimas, la difícil situación humanitaria y de conflicto interno que se vive en la región.
La Comisión fue clara al afirmar que en este año (2012), Colombia no aparecería en el Capítulo IV de la Convención Americana, pero sí que esta REALIZARÁ un monitoreo a través de un informe especial sobre la situación de Colombia derivado de esta visita.
Ante la gravedad del conflicto y las violaciones de derechos humanos en Colombia, se convierte en un gran desafuero que la CIDH tomara una decisión inaceptable para los Colombianos de OMITIR a Colombia de seguir permaneciendo en el Capítulo IV, más aún con el agravante de la aprobación de la reforma al Fuero Militar como una medida regresiva e incompatible con la Convención Americana, donde la regla sería la de la justicia militar y la incompetencia de los delitos la de la justicia ordinaria.

Datos observatorio de derechos humanos

Durante el año 2.012, la situación de derechos humanos y DIH en este departamento continuó siendo crítica al igual que en los años anteriores, las cifras emitidas por el Observatorio de DDHH y DIH de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca así lo confirman, de tal modo que las expresiones de funcionarios y del mismo presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos con motivo de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la primera semana de diciembre de este año, referidas a la superación sustancial de la violación de los derechos humanos en el país, no obedecen a la realidad, al menos para el Cauca.
El Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la RED registró para el periodo de enero a noviembre de este año, un total de 423 hechos que afectaron aproximadamente a 617 personas, hechos entre los cuales se encuentran agresiones contra la vida, la libertad e integridad en el marco de la violencia política que afectó directamente a defensores y defensoras por cuenta del rol social y comunitario que desarrollan, violencia social no política producto de la degradación de conflicto en la región, también hechos atribuidos directamente a miembros de la fuerza pública y fuerza militar así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Sumado a ello se encuentran los desplazamientos colectivos que para el periodo se registraron en 7 municipios del departamento.
La gráfica que a continuación se presenta, da cuenta del comportamiento de la violencia en el departamento en los últimos cuatro años de cuerdo con los datos registrados en el Observatorio de DDHH y DIH de la RED, cabe resaltar aquí que la información y los datos sistematizados son recolectados de fuentes primarias (víctimas y/o familiares de las victimas - organizaciones sociales), fuentes secundarias como medios de comunicación (radio, prensa y televisión) y fuentes institucionales (Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas tempranas, Personerías Municipales), y que ésta no significa necesariamente la totalidad de hechos presentados, pues se reconoce un sub- registro de la misma, sin embargo da cuenta de las realidades que se viven en la región convirtiéndose así en herramienta de análisis y seguimiento.

Esta gráfica evidencia que el año 2.012, periodo enero -noviembre, presenta unos índices de violencia muy altos, semejantes a los registrados en el año 2.009.
Diversas modalidades de agresión se registraron en este periodo: la violación del derecho a la vida a través de asesinos a sueldo, amenazas individuales y colectivas a comunidades que vienen realizando ejercicios de protección y defensa del territorio, desplazamientos forzados producto de presiones de grupos armados y fumigaciones indiscriminadas con glifosato, masacres como mecanismo generador de terror, atentados, detenciones y judicializaciones a líderes y defensores de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en donde el desarrollo de la guerra ha conllevado a prácticas inhumanas y degradantes.

Así el análisis de los hechos lleva a la RED ha confirmar el desarrollo de los siete factores de riesgo generadores de las violencia identificados por la Mesa de Protección Humanitaria como son la presencia y presión de actores armados sobre el territorio, presencia de cultivos de uso ilícito, implementación de megaproyectos, conflictos sociales, respuesta violenta a acciones de exigibilidad de los derechos y presión por participación política de oposición.
Dentro de los autores de los hechos violentos registrados en este periodo, se encuentran las fuerzas militares y de policía, la estructura paramilitar que en el departamento ni el país ha sido desmontada y que por el contrario se reagrupan cada vez mejor ubicándose en territorios en donde la resistencia y la organización social son fuertes, los grupos guerrilleros, las llamadas "pandillas" que ejercen control en determinadas zonas estableciendo fronteras invisibles e inviolables y el sicariato o asesinos a sueldo.
Violencia política
El Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la RED en su marco conceptual plantea que la VIOLENCIA POLÍTICA está referida a toda clase de agresiones dirigidas contra personas que ejercen un rol social, político y comunitario en sus territorios u organizaciones sociales y que justamente fueron víctimas por esta condición. En casi la totalidad de estos casos el autor está sin identificar y muchos de éstos quedan en la impunidad.
En el departamento del Cauca la violencia política se ha ejercido y continúa ejerciéndose a través de diversas manifestaciones, violencia que busca desarticular el tejido social, desvertebrar las organizaciones sociales y las expresiones de resistencia pacífica. La siguiente gráfica expresa la totalidad de agresiones registradas contra líderes y defensores - as de derechos humanos en los últimos cuatro años, entre ellas se encuentran la violación del derecho a la vida, la integridad y la libertad.

En esta gráfica se aprecia que el año 2.009 fue un periodo en e cual se presentaron mayores vulneraciones a los defensores-as y líderes sociales, periodo que coincide con el desarrollo de importantes expresiones sociales de exigibilidad de derechos como la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. Así como también se puede apreciar que el periodo enero - noviembre de 2.012 las vulneraciones bajo variable de violencia política se mantienen como una práctica.
El observatorio DDHH y DIH refiere a que en un periodo de cuatro años, 2.009 -2012, el departamento del Cauca registró homicidios de 81 personas entre defensores, defensoras y líderes sociales, situación que evidentemente afectó a sus familias, organizaciones sociales, así como al conjunto del territorio en donde ellos y ellas ejercían su labor. Tan sólo en el periodo enero - noviembre de 2.012 se registró el homicidio de 17 de ellos, quienes pertenecían mayoritariamente a organizaciones indígenas y campesinas, seguidas de las organizaciones urbanas y afro descendientes, que desarrollaban su trabajo en los municipios de La Sierra, Cajibío, Caldono, Caloto, Guapi, Miranda, Popayán, Rosas, San Sebastián y Timbiquí. En el municipio de Caloto se presentaron 7 de los 17 homicidios registrados, lugar en donde el conflicto armado es más crítico.

Igual que en los años anteriores, en el periodo de reporte de este informe se registraron también otro tipo de agresiones contra los defensores-as de derechos humanos y líderes sociales; 15 amenazas individuales y 21amenazas colectivas, además de 29 detenciones arbitrarias como las sucedidas en el mes de junio en los municipios de Corinto, Caloto y Guachené.
Con relación a las amenazas individuales y colectivas, éstas se presentaron en su orden en los municipios de Santander de Quilichao (9), Popayán (3), Toribío (2) y Agelia, Caloto,Inzá, Jambaló, Morales, Suarez, Timbiquí y Totoró, estuvieron dirigidas contra organizaciones indígenas, campesinas, urbanas y de afro descendientes y sus autores fueron principalmente grupos paramilitares.

Nombre de la víctima Lugar y fecha de los hechos Organización social

Milciades Trochez Conda 12 de enero de 2.012 -Corregimiento El Palo municipio de Caloto Líder Indígena

Jesús Narváez 16 de marzo corregimiento El Rosal municipio de San Sebastián Concejal municipio San Sebastián

Eduardo Mamiám 16 de marzo corregimiento El Rosal municipio de San Sebastián Representante de organización social

Fredinson Yafué Cayapú 26 de abril - vereda Las Delicias Caldono Líder indígena

Juan Manuel Jaramillo 13 de mayo Barrio Centro municipio de Caloto Personero Municipal

Julio Dagua Corpus 16 de mayo vereda La Unión municipio de Miranda Comunero indígena
Presidente de la Asociación de Damnificados y Director del Comité de Cafeteros de Miranda.

Marceliano Cuero 5 de junio - barrio La Esperanza Guapi Líder comunitario

Rosa Inés Delgado 8 de junio Vereda El Ramal municipio de Rosas. Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Ramal - Rosas

Jesús Bonilla Amú 23 de mayo de 2.012 corregimeinto de Santa María municipio de Timbíquí Líder comunitario

Gerardo Martínez 4 de junio vereda El Carmelo Caloto Líder campesino

Gustavo Londoño 25 de junio Vereda El Carmelo Caloto Líder campesino

Luzneida Gómez Gómez 1 de agosto vereda Buenos Aires municipio de La Sierra Tesorera Junta de Acción Comunal
Integrante grupo de mujeres.

Lisandro Tenorio Tróchez 12 de agosto López Adentro municipio de Caloto Médico Tradicional

Jaime Mestizo Pito 14 de septiembre resguardo de Tóez municipio de Caloto Alcalde Mayor de Huellas Caloto

Salatiel Méndez Sécue 3 de octubre vereda la Chivera municipio de Caloto Comunero, Presidente de la JAC y ex concejal

Miguel Burbano Sécue 4 de octubre barrio Fundación Voces de Esperanza Popayán Líder Barrial

Aldemar Capote Mañunga 11 de noviembre corregimiento El Rosario municipio de Cajibío Líder comunitario y ex concejal

El comunero indígena MILCIADES TROCHEZ de 39 años de edad, fue asesinado el 12 de enero de 2.012, por hombres armados que le dispararon desde una motocicleta cuando este se movilizaba en un vehículo en la vía que de "El Palo" Caloto conduce hacia Santander de Quilichao. MILCIADES se desempeñaba como líder veredal, hacía parte de la estructura local y zonal de la guardia indígena y miembro de la Comisión Política de Cabildo indígena de Piendamó. Las organizaciones indígenas rechazaron este hecho y exigieron justicia.

Cuando LUZNEIDA GOMEZ GOMEZ, campesina de 31 años de edad, lidereza integrante de un grupo de mujeres y tesorera de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenos Aires municipio de La Sierra, se desplazaba a pie, el pasado 1 de agosto de 2.012 sobre la vía que de esta vereda conduce a la cabecera municipal de La Sierra, fue interceptada en el sitio conocido como "Montañita" por cinco hombres encapuchados que vestían prendas militares, quienes le dispararon hasta quitarle la vida. LUZ NEIDA madre de tres niños menores de edad, fue reconocida por la comunidad a la que pertenecía como una defensora de derechos humanos, a un mes de su muerte con una movilización en el sitio de los hechos, exigiendo además que este caso no se quede en la impunidad.

Los hechos registrados confirman que la labor de defensa de los derechos humanos y del ejercicio de liderazgo social continúa siendo una labor de riesgo en el departamento, y que los compromisos del Gobierno departamental y Nacional en el marco de la Mesa de Garantías no se han cumplido.

El día 13 de marzo en la cabecera municipal el Totoró, circuló un panfleto firmado por el grupo paramilitar "Águilas Negras" en donde se declaraba "Objetivo Militar" a un grupo de comuneros indígenas y docentes sindicalizados y e el que además se anunció que en los siguientes días circularía un listado con los nombres de 15 personas que estarán amenazados.

Comunidades y organizaciones sociales de los municipios de Caloto, Miranda y Corinto denunciaron que durante los días 25 al 27 de julio de 2.012, circularon en estas zonas, panfletos firmados por el grupo paramilitar "Aguilas Negras" en donde se afirmaba que "llegó la hora de la limpieza social en el norte del Cauca" de igual manera estos panfletos aludían a la realización de patrullajes urbanos y rurales. La denuncia realizada por las comunidades expresó que os panfletos contenían amenazas de muerte, señalamientos y restricción de la movilidad con la que se pone en riesgo a la población en general y en particular a líderes e integrantes de organizaciones campesinas e indígenas, comerciantes, docentes de estos municipios.

El día 26 de agosto, 6 personas encapuchados que portaban armas largas se ubicaron en la vía que une a los corregimientos de El Mango y El Sinaí de municipio de Argelia, estos hombres se identificaron como miembros de las Autodefensas y retuvieron a 12 campesinos que transitaban por el lugar a quienes golpearon. El retén fue ubicado, según denunció la comunidad, a 150 metros de donde se encuentra una base de la Policía Nacional y que a pesar de los gritos y los llamados de auxilio de los campesinos, miembros de la Policía Nacional no acudieron al lugar.

Las ejecuciones extrajudiciales, una práctica que no desaparece
El Observatorio de DDHH y DIH de la RED registró en el periodo enero -noviembre de 2.012 homicidios perpetrados, según las comunidades, por miembros del Ejército y Policía Nacional, dando cuenta así que la práctica de la ejecución extrajudicial no ha desaparecido en el departamento del Cauca.
Un total de 11 hechos en esta variable se registraron, 6 de ellos se atribuyen a miembros del Ejército Nacional, los otros casos registrados, se atribuyen a homicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional y Ejército Nacional quienes por abuso de su autoridad ocasionaron la muerte a cinco personas.
6 personas entre indígenas y campesinas fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate en los municipios de Caloto, Cajibío, El Tambo, Miranda y Patía, en todos los casos presentados la comunidad testimonio que las víctimas eran integrantes de la comunidad, amigos y conocidos suyos que se dedicaban a labores agrícolas.

Nombre de la Víctima Fecha y lugar del hecho Responsables

Rubén Zambrano Zambrano 5 de abril de 2.012
Corregimiento La Gallera, Vereda Las Palmas municipio de El Tambo Brigada 29 del Ejército Nacional

Luis Alerto Cunde Toscué 5 de junio de 2.012
Miranda Ejército Nacional

Daniel Valenzuela 14 de agosto de 2.012
Cajibío Brigada 29 del Ejército Nacional

Norbey Martínez Bonilla 28 de septiembre de 2.012
Vereda El Pedregal municipio de Caloto Ejército Nacional

Ingrid Yohana Ruíz 7 de octubre
Vereda El Placer municipio de Patía Ejército Nacional

María Eugenia Rivera Dagua 18 de noviembre
Corregimiento La Gallera Vereda Filadelfia Ejército Nacional

Daniel Valenzuela, campesino del municipio de Cajibío de 33 años de edad, fue detenido por miembros del Ejército Nacional el 14 de agosto de 2.012 en un retén militar, cuando se dirigía en una motocicleta de su propiedad hacia la vereda donde residía. El día 15 de agosto los familiares de Daniel fueron informados que éste había resultado muerto en operativo militar a la vez que el mismo Ministro de la Defensa, Dr. Juan Calos Pinzón expresaba a través de diversos medios de comunicación nacionales, que en el Cauca había sido dado de baja uno de los máximos cabecillas de las FARC responsable de varios ataques contra la infraestructura hidroeléctrica del departamento. En el funeral dela víctima, familiares, amigos, compañeros de trabajo y gente de varias veredas se movilizaron exigiendo esclarecer el hecho, limpiar el bueno nombre de Daniel y hacer justicia ante este hecho.

Nombre de la Víctima Fecha y lugar del hecho Responsables

Donaldo Muñoz Díaz 20 de abril - Popayán Policía Nacional

Felipe Galíndez 4 de mayo - Popayán Policía Nacional

Washinton Velasco Cárdenas 27 de abril - Guapi Policía Nacional

Eduar Fabián Guetio 18 de julio - Caldono Ejército Nacional

Mauricio Largo Campo 19 de julio - Caloto Ejército Nacional

Eduar Fabián Guetio Vastos, de 20 años de edad resultó muerto cuando transitaba hacia las 5:00 a.m. por el sitio "La Servidumbre" de la vereda "Crucero del Rosario" del municipio de Caldono y miembros del Ejército Nacional dispararon contra su humanidad. En un primer momento, vecinos del lugar se acercaron interrogando a los militares sobre lo ocurrido, ante lo cual éstos intentaron ocultar el cuerpo y expresaron que era el cadáver de un soldado que se había suicidado. Posteriormente familiares de Eduar reconocieron su cuerpo a su vez que la comunidad rodeó los 30 soldados, momento en el cual los militares reconocieron que por error habían disparado.

En desarrollo de una huelga de la comunidad guapireña en la cual se denunciaba a la Policía Nacional de complicidad con el grupo paramilitar "Los Rastrojos" resultó murto el joven Washinton Velasco Cárdenas por un disparo en el pecho. La comunidad denunció posteriormente que mientras se llevaba a cabo la manifestación, la Policía lanzó gases lacrimógenos contra los movilizados y esto lanzaron piedras en respuesta a ello, mientras ello ocurría la víctima resultó herido de un disparó, que según la comunidad fue realizado por miembros de la Policía Nacional, posteriormente fue trasladado hacia la ciudad de Pasto en donde falleció.

La poblacion joven del Departamento, la más afectada por la violencia social no política
En la variable de la Violencia Social No Política el Observatorio de DDHH y DIH de la RED registra hechos cuyos autores no están identificados y que afectan a personas que no necesariamente desarrollan un rol social y político, pero que son hechos que dan cuenta de la degradación del conflicto social y armado que se vive en la región. Ya en informes anteriores la RED ha expresado que este tipo de violencia afecta mayormente a la población entre los 18 y 30 años de edad y, que para el caso del periodo reportado en el presente documento no varía.
Para los últimos cuatro años, 2.009 - 2.012, el Observatorio ha registrado un total de 1.258 homicidios bajo la modalidad del sicariato o asesinos a sueldo, un 23% de estos casos corresponden al periodo enero - noviembre de 2.012, es decir 280, lo cual significa que este tipo de violencia no ha sido superada y se mantiene en unos altos niveles para una población como la que tiene el departamento del Cauca. Los hechos se presentaron fundamentalmente en los cascos urbanos de Popayán (95), Santander de Quilichao (31), Patía (19), Cajibío (18) Guapi (13), Timbío (12), El Tambo (12).
Continuan presentándose las masacres en el Departamento
Según la Oficinade la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, constituye una masacre, la ejecución de tres o más personas en un mismo evento o eventos relacionados por la autoría, el lugar y el tiempo |1|, en el departamento del Cauca se viene realizando esta práctica como una forma de generar terror en las comunidades. En el periodo 2.010 - 2.012 se han registrado un total de 17 masacres que han dejado 73 víctimas. En lo corrido del 2012 se registraron 5 masacres que dejaron 9 víctimas.

Los cuerpos de Leider Peña Fory de 28 años de edad, Martín Andrés Fory Chepe de 33, Milton Fabian Salazar Fory de 34 y José Leonardo AmbuilaLucumí de 33 años, fueron encontrados sin vida, con impactos de arma de fuego, atados de pies y manos y son signos de tortura, por campesinos de la vereda "El Tablón" municipio de Corinto. Las autoridades revelaron las i dentidades de las cuatro personas afirmando que eran familiares entre sí, residentes en Santander de Quilichao y que el día en que desaparecieron habían salido para una fiesta, adicionalmente expresaron que dos de ellos se dedicaban a hacer domicilios, otro a la mecánica automotriz y el cuarto como electricista de COMCEL.

Las normas que en tiempo de conflicto armado buscan por un lado, proteger a las personas que no participan, o han dejado de participar en las hostilidades y por el otro, limitar los medios y los métodos de la guerra, en el departamento del Cauca se han visto menoscabadas y han afectado gravemente a las comunidades indígenas, campesinas y afro descendientes ubicadas principalmente en las zonas rurales del departamento, llegando así a un grado de degradación de la guerra en esta región.
Las infracciones a las normas del Derechos Internacional Humanitario DIH se hicieron evidentes en los desplazamientos masivos de comunidades, muertos y heridos civiles en confrontaciones bélicas, muertos y heridos producto de la detonación de artefactos explosivos, utilización de colectivos como escudos humanos, taques a la misión médica, entre otros. Hechos que sin duda afectaron los planes de vida que las comunidades durante años han construido y desarrollado.
Los datos registrados en el Observatorio DDHH y DIH de la Red dan cuenta que durante el periodo enero - noviembre de 2.012, se desarrollaron alrededor de 193 confrontaciones bélicas (que en su mayoría tuvieron una duración de dos días), en 30 de os 42 municipios del departamento, resultando mayoritariamente en su orden, los municipios de Argelia, Caloto, Guapi, Miranda, Toribío, Corinto, El Tambo, Jambaló, Suarez, Timbiquí, Morales y Patía.
Una de las denuncias reiterativas que durante el año 2.012 realizó la RED tiene que ver con el incremento en la afectación a niños y niñas por infracciones al DIH, para el periodo, el Observatorio de la RED registró un total de 40 niños afectados por este tipo de agresiones. 6 menores resultaron muertos en confrontaciones entre los grupos armados, otros 4, murieron producto de la manipulación de artefactos explosivos y munición abandonada, así como 26 niños y niñas resultaron heridos en las confrontaciones en las confrontaciones y 4 por artefactos explosivos. Reiteramos la existencia de un sub-registro en los datos, sin embargo se hace necesario expresar que ya de por sí las cifras son altas y evidencian una gran afectación y vulneración hacia esta población.

La niña ANA YUDI PALOMIA RIASCOS de 10 años de edad, resultó muerta luego que explotara el objeto que encontró y golpeó con sus pies, mientras caminaba por el sitio conocido como "Los Candelos" de la vereda La Laguna, comunidad de Santana Consejo Comunitario de Manglares municipio de López de Micay. En el hecho resultaron heridas además Damiana Rodríguez y Claudia Torres Jaramillo. En este caso que sucedió el pasado 24 de junio de 2.012, La comunidad denunció además, que el lugar en que ocurrieron se encuentra a cinco minutos de la Base de Infantería de Marina.

De igual manera, los desplazamientos colectivos fueron otras de las afectaciones predominantes a las comunidades producto del conflicto armado, estos se registraron de manera reiterativa en 55 comunidades de 7 municipios del departamento. Para el caso de las comunidades indígenas, éstas sufrieron constantemente desplazamientos internos ubicándose en zonas definidas como "Asamblea Permanente" como mecanismos para salvaguardar su vida.

Mujeres caucanas: victimas del conflicto armado y los escenarios privados.
Aumentaron las violencias en el 2012

La guerra es uno de los escenarios principales de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Si hay algo que esconde la situación de las mujeres como sujetas y ciudadanas es la guerra, pues con ella se dan pérdidas reales de autonomía, es el miedo el que circunda sus vidas, es el poder real del patriarcado el que ordena y regula la vida y el cuerpo de las mujeres. El contexto de la guerra incentiva aún más la violencia contra las mujeres, es la fuerza la que define los problemas y en ello la violencia doméstica se incrementa de manera alarmante. En este documento nos centraremos en datos y estadísticas regionales sobre homicidios, violencia sexual y violencia intrafamiliar en el Cauca durante el 2012, sin desconocer las otras múltiples violencias de las que son víctimas las mujeres en la cotidianidad, como la discriminación laboral, la ausencia de participación política, el desplazamiento forzado etc.

Asesinatos de mujeres en el Cauca: En lo que va corrido del año (Enero-Noviembre) del 2012 han sido asesinadas 33 mujeres en el departamento del Cauca, 10% más que durante el año 2011. La modalidad más empleada para el asesinato de las mujeres fue la utilización de armas de armas de fuego (55%), seguido del empleo de armas blancas (18%). Esta tendencia, registrada también durante el 2011 pero en menor proporción, es una muestra de la degradación en las formas de asesinatos a las mujeres caucanas, pues evidencia la verdadera intencionalidad de matar por parte de los agresores.

Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca

La mayor incidencia de homicidios de mujeres se presentó en el mes de Marzo, paradójicamente el mes de mayores niveles de visibilidad mediática de las mujeres, debido a la conmemoración del 8 de marzo, día internacional de la mujer, lo que significa que las acciones del Estado para minimizar las agresiones hacia las mujeres, no están teniendo el efecto deseado en la sociedad. Nos queda la tarea de revisar si la tregua decretada por la FARC para el mes de diciembre, incide en la disminución de las confrontaciones armadas y los efectos que esto pueda tener en los homicidios de mujeres en el último mes de 2012.

Asesinatos de Mujeres por Municipio. Cauca 2012

Municipio Subregión Mujeres Asesinadas

Popayán Popayán 5

Santander Quilichao Norte Cauca 7

Morales Centro Cauca 2

Timbío Sur Cauca 2

Patía Sur Cauca 2

Puerto Tejada Norte Cauca 2

El Tambo Centro Cauca 2

Rosas Sur Cauca 2

Cajibío Sur Cauca 2

La Vega Sur Cauca 1

Villarica Norte Cauca 1

Piendamó Centro Cauca 1

La Sierra Sur Cauca 1

Sotará Centro Cauca 1

Paez Oriente 1

Almaguer Sur Cauca 1

TOTAL 33

Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca

Durante el 2012, el Norte del departamento y la región Centro se evidenciaron como los territorios de mayores niveles de homicidios de mujeres, con el 30% de los casos sucedidos en cada subregión, Particularmente Santander de Quilichao es el Municipio de mayor concentración de asesinatos de Mujeres con 7 casos, aún por encima de la capital del Departamento Popayán en donde se presentaron 5 homicidios. El Norte y Centro del departamento, zonas en donde la disputa territorial por parte de los armados se ha hecho evidente en el 2012 fueron el escenario privilegiado de la agresión a las mujeres. En el Sur del departamento ocurrieron el 22% de los homicidios y Popayán reporta el 15%. Llama la atención, que a diferencia de años anteriores en donde Popayán concentraba el mayor número de casos, la violencia homicida hacia las mujeres se ha trasladado con más fuerza a las Regiones, especialmente persiste en los territorios de mayores niveles de confrontación del Conflicto armado.

En el 79% de los homicidios, los autores de los homicidios son desconocidos, esta situación devela nuevamente la inoperancia de la justicia a la hora de investigar y sancionar los crímenes cometidos hacia las mujeres y eleva la impunidad en la que se mantiene este tipo de violencia. Aumentó en dos puntos con respecto al 2011 los autores sin identificar, así como los feminicidios ejecutados por exnovios y exesposos (9%). Se presentaron dos casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento y un caso identificado por parte de las FARC. Insistimos en la necesidad de avanzar en una decisión política clara de la justicia para avanzar en la judicialización de los responsables, así como una política pública de seguridad del Estado que proteja efectivamente a las mujeres, especialmente en aquellos territorios de alta incidencia del Conflicto armado
Las mujeres jóvenes entre 18 y 25 años fueron las más afectadas por la violencia homicida con el 46% de los casos. Es preocupante el aumento de los asesinatos de niñas menores de edad con respecto al año anterior, ubicándolas en el 12% de las víctimas, una de ellas, una niña de 14 años asesinada por el Ejército nacional.

Igualmente aumentó a 9% los homicidios de las mujeres mayores de 50 años. El 27% de los asesinatos se presentaron en mujeres entre 25 y 50 años.

Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca

Violencia Sexual hacia las mujeres y niñas en el Cauca 2010- 2011
Reiteramos que la violencia sexual es todo acto sexual no deseado, la tentativa de consumarlo, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de las mujeres, independientemente de la relación de ésta con la víctima y en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el trabajo, sucedida en cualquier momento de la vida de la víctima. Es la violación a la autonomía sobre el cuerpo.
Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), durante el 2011 los municipios con las más altas tasa de violencia sexual en el departamento del Cauca fueron Timbío, Rosas, Caloto y Popayán. Hasta Septiembre de 2012 el INMLCF, reportaba nuevamente al Municipio de Timbío como el de mayores niveles de agresión sexual hacia mujeres y niñas en el departamento.
Municipios con mayores índices de violencia sexual Cauca 2011

Municipio Tasa de Violencia sexual por cada 100 mil Hab.

Timbío 74.49

Rosas 69.3

Caloto 62.8

Popayán 58.2

Totoró 58

Puerto Tejada 51

La Sierra 46.6

Puracé 46.08

Piamonte 41.64

El Tambo 40.52

Fuente:INMLCF

A nivel nacional, en el 2011, el 84% de los exámenes médico legales correspondieron a Mujeres y niñas. Las menores de edad representan el 85% de las víctimas de violencia sexual reportadas durante el 2011 en el país. Las niñas entre 10 y 14 años son las mayores víctimas de los agresores sexuales (38% del total de los casos), seguido de las niñas entre 5 y 9 años.
Violencia sexual ejercida por armados
A nivel Nacional, el Informe Forensis de Medicina Legal informaba que en el 2011, la violencia sexual contra las mujeres y niñas en el marco del conflicto armado reportó 44 casos de violaciones ejercidas por miembros de las FFAA y de policía; 15 casos de violaciones sexuales ejercidas por grupos armados al margen de la ley y 3 casos por grupos guerrilleros. En el cauca, el subregistro de este delito es alto y acciones de control o de utilización del cuerpo de las mujeres por parte de distintos actores armados, sigue siendo desestimado como un delito sexual.
Violencia de Pareja e intrafamiliar en el Cauca
En la violencia intrafamiliar, las mujeres son las víctimas más frecuentes: el 88,5% de las agresiones en la violencia de pareja durante el 2011 se presentó contra las mujeres y las mujeres entre los 25 y los 29 años fueron las más afectadas con un 22,4% del total de los casos. La violencia intrafamiliar contiene diferentes variables para su análisis: 1. La violencia contra el adulto mayor. 2. La violencia hacia niños/as y adolescentes. 3. La Violencia de Pareja. 4. La Violencia entre familiares. El mayor peso dentro de la violencia intrafamiliar lo tiene la violencia de pareja con el 65%, seguido de la violencia hacia Niños/as y adolescentes.

Municipio con mayores casos reportados
de Violencia de Pareja Cauca 2011

Municipio No de casos

Popayán 775

Santander de Quilichao 73

Timbío 53

Puerto Tejada 53

Miranda 32

Piendamó 30

Buenos Aires 23

El Tambo 23

Patía 21

Villarica 19

Las 10 ciudades capitales con mayores indices
de violencia intrafamiliar hacia las mujeres
por cada 100 mil habitantes Colombia 2011

Ciudad Tasa (pcch)

Leticia 899

Yopal 611

Neiva 521

Popayán 517

Tunja 481

Puerto Carreño 467

Arauca 396

Villavicencio 373

Cúcuta 350

Santa Marta 322

En el Cauca, Los Municipios de Popayán, Santander de Quilichao, Timbío y Puerto Tejada se ubican como los de mayores niveles de violencia intrafamiliar contra las mujeres en el departamento. Aunque no se puede determinar si obedece a una mayor incidencia de la violencia o a un mayor número de denuncias, cabe resaltar el aumento de casos reportados en los Municipios de Popayán, Timbío, Miranda, Puerto Tejada, Buenos Aires y Villarica. Nuevamente, no es coincidente que la mitad de los 10 municipios con mayores agresiones intrafamiliares hacia las mujeres en el Cauca, estén ubicados en el Norte del Departamento, territorio de mayores confrontaciones del conflicto armado. La ciudad de Popayán continúa ubicándose a nivel nacional, como la cuarta ciudad capital en la que se ejercen mayores niveles de violencia intrafamiliar hacia las mujeres en el país.
Amenazas a Lideresas:
Las amenazas en contra de las lideresas y defensoras de Derechos humanos sigue siendo parte de la estrategia de intimidación empleada por los actores del conflicto en el 2012. Disminuyeron las amenazas colectivas hacia las mujeres con respecto al 2011 y se registraron 5 amenazas individuales a mujeres lideresas en este periodo. El 80% provienes de actores sin identificar y el 20% de las FARC. El Norte (Santander de Quilichao y Toribío) y el Sur del Cauca (Rosas y San Sebastián) son los territorios en donde se presentaron las amenazas a las mujeres con algún tipo de quehacer político y/o comunitario. En el Norte del Departamento las víctimas de las amenazas fueron lideresas indígenas y en el Sur del departamento fueron lideresas vinculadas a procesos campesinos y comunitarios.

Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca

La respuesta estatal a de protección a defensoras de DDHH sigue siendo débil y precaria. La negativa frente a reconocer la existencia de los paramilitares como un agente vigente y activo del conflicto impide llegar a las causas primarias de las amenazas sufridas por las mujeres, y evita la prevención eficaz.
Mujeres Heridas en el Marco de infracciones al DIH

El Observatorio de la Red por la Vida registra 21 mujeres heridas por infracciones al DIH en el marco del conflicto armado. Esta cifra reporta un incremento de 16,5% con respecto al 2011, lo que da cuenta del escalamiento y el recrudecimiento de los combates y las acciones contra la población civil ejercidas por los actores armados legales e ilegales. El Norte del cauca es el territorio con mayor número de mujeres heridas (57%), especialmente en los municipios de Miranda, Caldono y Toribío. La Costa Pacífica que no registraba datos en el 2011, aparece con el 14% de las mujeres en esta situación, develando de esta manera los mayores niveles de confrontación armada que se han dado en esta zona del departamento. En el Sur del Cauca, el municipio de Argelia reporta el mayor número de casos.

Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca

Las niñas menores de edad fueron las víctimas centrales de las confrontaciones y hechos armados y registran el 19% de los casos de mujeres heridas, seguido por las mujeres entre 25 y 50 años.
CONCLUSIONES

Los homicidios de mujeres y feminicidios, aumentaron un 10% en el 2012, con relación al mismo periodo de 2011 y la degradación de las formas en las que se perpetran es cada vez mayor, pues ha aumentado al 55% los casos de mujeres asesinadas con arma de fuego. Esto significa que la violencia homicida hacia las mujeres no cede en la región. Se tiene nuna gran expectativa con la creación de la Secretaría de la Mujer y la posibilidad real de políticas públicas regionales que contribuyan a disminuir esta tendencia.
El Norte del Cauca y particularmente Santander de Quilichao se ubica como el municipio de mayores asesinatos de mujeres en el departamento, coincidiendo con la exacerbación de la guerra en estos territorios durante el 2012.
Amenazas a las lideresas en el Norte y Centro del departamento y asesinatos en el sur de la región, caracterizan la violación de los DDHHH de las mujeres en el Cauca durante el 2011.
El incremento del 2.6% en la No identificación de los Autores de los Homicidios de las mujeres Caucanas con respecto al 2011, evidencia la falta de compromiso político de los operadores de justicia con la investigación y la judicialización de los autores de los asesinatos de las mujeres en la región. El 79% de los crímenes no tiene identificación de los homicidas, lo que muestra los altos niveles de impunidad que rodean los homicidios de las mujeres.
Timbío es el municipio con los mayores niveles de Agresiones sexuales hacia las mujeres y niñas en el Cauca seguido de Rosas y Caloto. Timbío ocupa por tercer año consecutivo este lugar, sin que se tomen medidas por parte del gobierno regional y local al respecto. Las niñas entre 10 y 14 años siguen siendo las víctimas predilectas de los abusadores sexuales en la región.
Popayán se mantiene en el Cuarto lugar de las capitales a nivel nacional con mayores índices de violencia intrafamiliar hacia las mujeres. Esto significa la inexistencia de políticas públicas en la capital del departamento que conduzcan a minimizar las violencias hacia las mujeres.
En general, los asesinatos y violencias cometidas contra las mujeres, no son producto del azar ni perpetradas por "enfermos" sino por el contrario son el resultado de relaciones de poder y subordinación que generan en la sociedad una profunda misoginia. El factor de riesgo es ser mujer.

Es la guerra la manera más expedita para que se niegue y evada los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Es un retroceso en la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos y es el caldo de cultivo para la impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad que se cometen contra las mujeres como son las violaciones, el ultraje, el abuso sexual, el homicidio, el desplazamiento o la desaparición forzada. Las múltiples violencias de las que son víctimas las mujeres en sus casas y en los espacios privados, son el continuum de las violencias que viven en los escenarios públicos. El escenario de conflicto reduce la posibilidad de denunciar los actos de violencia contra la mujer por el miedo a las represalias y el control social de las mujeres que es dinamizado por los actores armados en las zonas de influencia.
Por ello, el anuncio de negociación por parte de las FARC y el gobierno Nacional, aunque aún no impacta en las cifras de violencias contra las mujeres se convierte en un aspecto esperanzador para las mujeres del Cauca quienes tendremos el Reto de:

- Contribuir a proteger el proceso.
- Incidir en la Agenda Pactada en la Mesa de negociación
- Fortalecer las mujeres como sujetas políticas con capacidad de incidir en la agenda de la postguerra

Ley 1448: una mirada a la rehabilitación integral de las víctimas a un año de su promulgación

El Departamento del Cauca ha sido históricamente escenario de confrontaciones en el marco del conflicto armado que vive el país. Diversos factores de índole geográfica, social, económica y política han ocasionado que este territorio se haya convertido en espacio de permanentes combates y acciones beligerantes, con una creciente denigración del conflicto y una sistemática violación de derechos humanos. Frente a este panorama de profunda crisis humanitaria, reflejada en permanentes desplazamientos, asesinatos selectivos, incremento de la violencia sexual entre otras victimizaciones, se hace imprescindible un seguimiento sobre cuáles son las acciones desarrolladas por los órganos prestadores de salud desde la esfera estatal para mitigar las consecuencias de la guerra en la población civil.
Los objetivos que se plantea un informe realizado por la corporación COMUNITAR, están enfocados a un aporte al seguimiento a la Ley 1448 de 2011. Después de un año de sancionada, se hace relevante hacer un seguimiento en las regiones, su pertinencia y la dimensión de su impacto, que permita finalmente reflexionar críticamente sobre los avances o retrocesos en la implementación de los programas de atención y rehabilitación psicosocial dirigidos a víctimas del conflicto, y así identificar los avances y retos de la ley en el departamento del Cauca.
En la indagación y búsqueda de cifras que reflejen el número total de víctimas para ser contrastadas con las atenciones hasta el momento realizadas, se encontró que según la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en el departamento del Cauca se han presentado un total de 173.411 hechos víctimizantes hasta el 2011, de los cuales 148.239 corresponden a desplazamiento forzado. En correspondencia con esta alarmante cifra, al solicitar los datos de remisiones a servicios de salud mental en EPS públicas se encuentra que durante el año 2011 y primer semestre del 2012 en el departamento del Cauca han sido atendidos tan solo 193 víctimas. Esta relación resulta preocupante y desalentadora por el escaso número de personas atendidas en más de un año de implementada la Ley en consonancia con el elevado número de víctimas del conflicto armado reportadas, sin contar el subregistro de otros hechos, en el que por ejemplo la violencia sexual solo registra 68 casos; cifra que no concuerda con la sistematicidad de esta práctica por parte de todos los actores armados en contra de los cuerpos y vidas de las mujeres.
La situación se complejiza aún más, cuando a pesar de la aprobación del acuerdo 029 de 2011 del Ministerio de Salud que regula la atención y acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto en el plan obligatorio de salud, este aún no ha entrado en vigencia en el departamento. Queda la inquietud sobre cuál es la pertinencia de estas directrices nacionales, pero especialmente de qué maneras se está llevando a cabo la implementación en lo regional.
Uno de los intereses del informe es considerar el cumplimiento del enfoque diferencial de género, etnia y ciclo vital en los programas de rehabilitación integral en el marco de la Ley. Se encuentra que junto a la carencia de cifras hay una serie de factores que obstaculizan el acceso de las víctimas a su derecho a la rehabilitación integral, dentro de las que se destacan: una ausencia de protocolos que caractericen a las víctimas de una manera diferencial, la insuficiente recolección de datos que alimentan las bases de las instituciones públicas, impidiendo el monitoreo y la evaluación de los casos.

Hechos Victimizantes en el marco del conflicto armado a 2011

Delitos contra la libertad y la integridad sexual en 68 desarrollo del conflicto armado 68

Desaparición forzada 1127

Homicidio 21791

Secuestro 315

Tortura 268

Lesiones con discapacidad permanente 767

Lesiones sin discapacidad permanente 836

Desplazamiento Forzado 148239

Fuente: Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a victimas

Este complejo panorama exige de las organizaciones sociales y de víctimas la puesta en marcha de acciones públicas que incidan y presionen la concreción de la Ley y su efectividad por parte del estado, como ente responsable y garante del cumplimiento de los procesos de reparación integral en condiciones de dignidad que merecen las víctimas del conflicto armado en el departamento y el país.

Desarrollo alternativo por una economía campesina libre

Hoy las comunidades rurales del Cauca y el país viven el abandono, la marginalidad y persecución fruto de la inexistencia de políticas autónomas de desarrollo agropecuario y de las erróneas políticas antidrogas impuestas desde la doble moral de los gobiernos y economías hegemónicas tanto nacional como internacional, tratando de manera diferencial de acuerdo al estrato socieconómico y del país donde se aplican.
Un caso típico ha sido el del Municipio de Mercaderes, declarado en el año 1965 "Capital Maicera de Colombia" por el Ministerio de Agricultura dados sus "niveles de productividad", hoy focalizado para la erradicación forzosa de coca. Su decadencia la debemos desde que en 1990 el Gobierno de Gaviria Trujillo aprueba la Apertura Económica, como base del Modelo de entrega del Mercado Interno a multinacionales de la alimentación, favoreciendo la importación masiva de productos en particular de cereales como el maíz, y la planta "Milagro de América" junto a las comunidades que hacían de ella su sustento y base esencial de sus ingresos se fue al traste; y a esto se sumó la crisis del pacto mundial del café y la caída del precio del grano.
A la vuelta de 3 años, el sur de Colombia estaba cubierto de cultivos de coca en los microfundios campesinos y presionando en las zonas de colonización la ampliación de la frontera agrícola. Para entonces, la persecución a los carteles de la cocaína vinculó de manera alevosa a las comunidades rurales empobrecidas a través de grandes operaciones militares apoyando las fumigaciones con tóxicos, acciones base del Plan Colombia orientado por la intervención del gobierno de EEUU no sólo a combatir al narcotráfico sino a la insurgencia, y de esa manera se presionó al desplazamiento de poblaciones de "raspachines" y de los mismos cultivos de coca del oriente y la frontera sur a los andes y finalmente a la costa pacífica. Obteniendo en 10 años (2000-2010) como resultado perverso, no la reducción de los cultivos sino la integración de la "cadena ilegal de la cocaína" concentrando la producción de hoja, la agroindustria, distribución y comercialización de cocaína, más cerca de los insumos importados del norte, del flujo de capitales y de armas vinculados con las rutas por el Pacífico, reduciendo costos, traslados y riesgos para sus promotores e inversionistas. Y mientras tanto las comunidades campesinas de pequeños cocaleros fueron involucradas en el conflicto, se empobrecieron más y deterioraron sus identidades y relaciones interculturales al verse permeadas por el repoblamiento de migrantes de otras zonas, el consumismo, la criminalización, la ruptura de las familias y de los procesos comunitarios.
A pesar de la estigmatización a la pobreza, a las luchas campesinas y en particular a las comunidades cocaleras, en 1996 se generan el Paro Cocalero del Sur (Guaviare, Caquetá, Putumayo) y la Asamblea Permanente en el Macizo, logrando el reconocimiento de la problemática, la suspensión de las fumigaciones y acuerdos con programas para lograr la sustitución de "cultivos de uso ilícito" por cultivos comerciales con garantías de inversión, comercialización, asistencia técnica y entrega de tierras. Igual ha sucedido reiteradamente desde 2003 ante las fumigaciones, judicializaciones, militarización que han generado nuevas Protestas, Foros Agropecuarios y Acuerdos con comunidades del sur, suroccidente del Cauca y noroccidente de Nariño. Al punto que en 2008 por los impactos indiscriminados de las fumigaciones con glifosato llevó a la Cooperativa del Sur del Cauca-Cosurca a demandar ante un tribunal de Boston-EEUU a la Monsanto por la pérdida de fincas cafeteras certificadas, y en 2009 a instaurar una Acción Popular con "amparo de pobreza" a las comunidades intoxicadas de Sucre, Bolívar, Mercaderes, Patía y Balboa.
Los Acuerdos y Pactos incumplidos por el estado colocan en evidencia la falta de seriedad y soberanía del gobierno nacional en el tratamiento de estas problemáticas y su compromiso con intereses extranjeros para expulsar a los productores del campo, a generar dependencia alimentaria con los Tratados Comerciales firmados, a los que se suman las normas sanitarias y de control a las semillas criollas y de la economía campesina en su conjunto, criminalizando la producción de pequeños productores y sometiéndolos en condiciones desventajosas a la quiebra.
Después de 20 años, la problemática sigue latente en el país, como lo corroboran diferentes informes de organismos de Naciones Unidas, continúan sembradas 175 mil hectáreas con coca concentradas en el Pacífico y los Llanos, se importan más de 6 millones de toneladas de granos al año (principalmente maíz y soya), se incrementa la usurpación de tierras y el desplazamiento creciente de las poblaciones nativas de las zonas con cultivos de uso ilícito, que además concentran el conflicto y a todos los actores armados legales e ilegales que se benefician del "negocio".
Sin embargo, las comunidades rurales que en el Cauca representamos el 64% de la población, persistimos en la lucha y en la recuperación de la Economía Propia como alternativa a los ilícitos, para garantizar la alimentación de colombianos-as, el mejoramiento del buen vivir en el campo, la salud humana y del planeta. Hemos planteado desde nuestros Planes de Vida y la Movilización Comunitaria, iniciativas y propuestas en tres niveles de acuerdo a las propias experiencias:

En primer lugar, la Recuperación y Promoción de los usos culturales, alimenticios y medicinales de la coca incluso con inversión pública en la agroindustria lícita (alimenticia, farmacéutica, cosmética);
En segundo lugar, la Diversificación de los cultivos de coca con cultivos de pancoger y de renta asociados a la soberanía alimentaria y al desarrollo autónomo del país;
Y por último, la sustitución gradual y concertada con garantías de ingresos y desarrollo agropecuario.

Todas estas posibilidades requiere de voluntad para concertar las políticas de tierras y de desarrollo rural con compromiso de implementar programas integrales que incluyan restitución-retorno de poblaciones desplazados-as, titulación y entrega de tierras a campesinos-as pobres, inversión en infraestructura para el campo (distritos de riego, vías secundarias y terciarias, energía, acopios, etc), inversión en proyectos productivos autóctonos con asistencia técnica pública, apoyo a la distribución, comercialización y transformación de productos agropecuarios.
Así como también, y en cumplimiento de la "Política de Seguridad Alimentaria y Nutrición-SAN" se requiere realizar COMPRAS PÚBLICAS a campesinos para proveer los programas alimentarios del ICBF, de MinSalud y del MinEducación en los Municipios y el Departamento generando economías locales y regionales, declarando Territorios de Economía Campesina Libres de Ilícitos y de Transgénicos, que sean dedicados a la producción y abastecimiento de alimentos concertando con las regiones, las ciudades capitales, y el mercado nacional, protegiéndolos de la invasión de alimentos importados transgénicos e insalubres, y con normas básicas para productos nacionales concertadas y al alcance de los pequeños campesinos.
Las anteriores medidas además de dar cumplimiento a la Constitución Política (Artículos 64 y 65) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que demandan del Estado la promoción y apoyo a la producción de alimentos, y a la vez la superación del hambre y la desnutrición. Permitirán de otra parte, asumir los compromisos suscritos y en deuda con comunidades movilizadas en años anteriores, y salidas a las actuales Concentraciones y Asambleas Permanentes que integran procesos de Sucre, Bolívar, Almaguer que han coincidido en plantear desde los Territorios de Convivencia y Paz un Programa Regional de Desarrollo Alternativo Concertado que al igual que el Programa "Si se puede", implementado en Policarpa, Leiva y Rosario ya por dos gobiernos departamentales en la Cordillera del Noroccidente de Nariño, superan la oferta institucional del Departamento de la Prosperidad Social-DPS de subsidios condicionados que a la final sumirán más en la dependencia y la indigencia a las familias campesinas, y así se puedan probar opciones de fondo a la postración y pobreza rurales, brindando condiciones para la construcción de paz duradera desde el campo con beneficios para la región y las grandes ciudades.

La política pública y la garantía de derechos exigida a través de acciones de movilización social

Afros, campesinos, indígenas, sectores organizados de la salud, la educación, el medio ambiente y las organizaciones de destechados, mujeres, mototrabajadores, y el LGTBI, permitieron mostrar con sus acciones qué derechos están siendo reclamados por la ciudadanía en Colombia. Las diversas marchas y movilizaciones para alzar su voz de protesta frente a temas como el desempleo, la privatización, la reforma pensional y los servicios públicos, son el punto de referencia para la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, que permite mostrar cómo evolucionó el presente año en materia de garantía de derechos.
Más de 30 actividades, entre Audiencias públicas, caravanas, Juntas directivas regionales y zonales, marchas, plantones, Asambleas de carácter permanente, así como acciones de Autonomía territorial en contra de los actores armados fueron realizadas por las comunidades de diferentes sectores sociales durante el correr del año 2012. Parte de las exigencias se refirieron a que los ejércitos respeten las indicaciones del derecho internacional humanitario, DIH, no permanezcan en áreas de la población civil, no realicen combates que pongan en riesgo a los pobladores, no hagan reclutamiento forzado ni involucren a los niños en el conflicto armado; de igual forma se les exigió respeto por las autoridades, los derechos de la mujer, cuyo cuerpo debe dejar de ser botín de guerra. Se exigió igualmente que se abstuvieran de colocar minas antipersonas y en sus acciones de retirada observar que no queden artefactos explosivos abandonados.
Fue característico observar comentarios de prensa insinuando que "...ya no son las Farc las que enfretan a la Fuerza Pública, ni viceversa, sino que ahora lo hacen las organizaciones indígenas que habitan en el norte del Cauca, epicentro durante varios años del conflicto armado", la razón, dice la misma prensa "...se cansaron de aportar el mayor número de víctimas de un conflicto que aunque ajeno se desenvuelve en sus territorios". Estas expresiones estuvieron acompañadas regularmente de informes que daban cuenta de plantones por la paz y el respeto de los derechos humanos, así como de acciones de desmonte de las trincheras ubicadas en zonas urbanas.
Por su parte el CRIC promovió acciones comunitarias encabezadas por la guardia indígena, mediante las cuales se rechazó la violencia ejercida por los actores armados contra comuneros y Autoridades Tradicionales, como fue el caso del compañero MilciadesTrochez, de quién se afirmó fue asesinado por milicianos de las farc. Ante este asesinato, el cabildo Indígena de Jambaló convocó a una Audiencia Pública y la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, realizó una Junta directiva Regional en la vereda La Esperanza, donde se recordó el Pronunciamiento de Toribío realizado el 20 de julio de 2011 y las Autoridades indígenas se propusieron reactivar las Mingas de Resistencia territorial y contra la guerra.
Fueron innumerables las acciones para denunciar la crisis humanitaria que se vive en los territorios donde permanecen los ejércitos y de resistencia contra los actores armados, pero una de las más visibilizadas fue la realizada en el Cerro Berlín, donde la comunidad desalojo de forma pacífica a la fuerza pública, acontecimiento recordado por una fotografía que le dio la vuelta mundo, la cual mostraba a un soldado llorando de impotencia ante la acción decidida de los comuneros y de la guardia indígena. De forma contrastada al día siguiente se conoció que en el municipio de Caldono, la guardia indígena y las Autoridades tradicionales del resguardo indígena de La Laguna Siberia, detuvieron un comando del ejército responsable del asesinado del comunero EduarFabianGüetio Bastos de 20 años de edad. Otras acciones menos visibilizadas, pero igualmente importantes, se dieron, de forma constante, entre agosto y diciembre del presente año, en el municipio de Morales ante los constantes enfrentamientos armados
Fue característico observa marchas de mujeres, niños y jóvenes pertenecientes a organizaciones sociales de origen indígena, afro o campesinas, con las cuales se buscaba visibilizar la guerra sistemática en los campos y manifestar su repudio ante la violencia armada y ante la intransigencia del gobierno para atender los requerimientos comunitarios. Una de las situaciones más cuestionadas al gobierno nacional se han referido a su falta de voluntad por el respeto al derecho internacional humanitario y por su política de consolidación que desarrolla tanto con obras civiles realizadas por integrantes de la fuerza pública o de civiles que buscan garantizar el establecimiento de los uniformados en el territorio.
Por su parte las "Mujeres caucanas por la paz: Tejiendo resistencia contra la guerra", realizaron el Encuentro de mujeres del suroccidente, que tuvo como sede a Fundecima y al día siguiente se congregaron en el parque Caldas bajo la consigna de "Mujeres contra la Guerra". Su principal argumento expresa que "Las mujeres, que hemos padecido los efectos de la guerra también tenemos el derecho a construir la paz, también tenemos la llave de la paz".
Muchas de las acciones de movilización civil en contra de la violencia armada tuvieron aval de las instituciones, en especial de la gobernación del Cauca y de los alcaldes de municipios como Caloto, Miranda, Santander de Quilichao, Morales, Toribío, Jambaló, Buenos Aires y Vila Rica, donde se buscó ambientar las iniciativas de paz de la sociedad civil y presentar ante la opinión pública una propuesta de consulta popular que permita decidir y mandatar el derecho y el deber de la paz, desde el planteamiento que la llave de la paz la tenemos todos y no solo el presidente Santos. Esto último ha sido acompañado de acciones jurídicas que demandan el artículo 3 de la ley 1421 de 2010, donde se determina que solo podrán dialogar con los armados aquellos que tengan autorización presidencial. Municipios, como La Sierra, realizaron actividades como la Marcha por la Paz y la No-Violencia, que tuvo una participación de más de 1500 personas, y con la cual se buscó generar conciencia sobre la necesidad de construir la paz, con una metodología de no agresión. También las comunidades negras del pacifico caucano se mostraron comprometidas con la paz como estrategia política para la solución del conflicto armado interno y en perspectiva de la reparación integral de las víctimas, por lo cual, en Guapi, celebraron una Semana por la Paz, evento promovido a nivel nacional por la Conferencia Episcopal Colombiana, Pastoral Social y organizaciones sociales.
Por otra parte, una novedad importante de la movilización fueron las llamadas Mingas de Resistencia y control Territorial realizadas contra la minería y los cultivos de uso ilícito, algunas de las cuales se distinguieron por la acción colectiva, como el caso de Caldono, donde se decomisó maquinaria que hoy los cabildos tienen trabajando en los arreglos de vías y caminos. Una acción que superó lo departamental y se convirtió en una jornada de la región fue la desarrollada en contra de las obras conocidas como el Quimbo, situadas en el departamento del Huila, donde se está desviando el río Magdalena.
El Pueblo yanacona, agrupado en 31 Cabildos, 15 de los cuales se encuentran en el Cauca, se movilizó en defensa del agua y de su cultura, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que se conmemora el 9 de agosto. Ellos también denunciaron años de muerte y desplazamiento como consecuencia de la presencia de grupos armados en la zona por más de una década y anunciaron que se unirán en contra de las multinacionales que amenazan con arrebatar sus recursos naturales.
Se destaca de este proceso lo realizado por el CRIC, como la marcha por la ciudad de Popayán que congregó a más de 10 mil indígenas provenientes de todo el departamento, principalmente de Tierradentro, Caldono, Silvia, Morales, Totoró, Puracé, Macizo Colombiano y Costa Pacífica, también contó con el respaldo de regionales de la ONIC como Huila, Caldas. Valle y Putumayo; al igual que el Concierto "Cauca y Piero le cantan a la Paz de Colombia" el cual tuvo tres versiones, una en Bogotá, otra en Popayán y una tercera en Santander de Quilichao.
Muchas acciones, en principio para conmemorar 8 de marzo como Día de la Mujer, se realizaron en Popayán y en varias partes del departamento. De igual forma, con el propósito de reafirmar derechos de género, reflexionar desde el enfoque étnico y de la participación organizativa, cultural y política, en la perspectiva de construir estrategias de unidad que permitan el empoderamiento de las mujeres fue trabajado por organizaciones como Cococauca. Parte de los objetivos compartidos se refieren visibilizar la tragedia del desplazamiento en el Cauca donde miles de mujeres sufren la tragedia del desplazamiento forzado, han sido violadas, asesinadas o excluidas.
Varios plantones, entre ellos, uno frente al Batallón José Hilario López, donde se entregó a las Fuerzas Armadas un derecho petición solicitando que "informen a las mujeres, a la Defensoría del Pueblo, a los medios de comunicación y a la sociedad caucana sobre el plan de prevención de la violencia sexual que podría ser ejercida por sus efectivos en terreno". También se exigió a los actores armados que respeten el DIH, especialmente lo referido al principio de distinción y que cesen los combates en medio de la población civil, así como el uso de armas de guerra no convencionales. En términos de género se realizó, por las calles de Santander de Quilichao, una caravana con motivo de la Marcha del Orgullo Gay que congregó a la comunidad LGTBI, que contó con Carrozas Coloridas y Trajes Brillantes que llevaban impreso un mensaje de respeto a la diversidad. La actividad, realizada el domingo 1 de julio, según muchos fue el evento más importante de visibilización en el Cauca para esta comunidad en lo corrido del año.
Dijeron las mujeres, que la labor de las madres comunitarias, con la estrategia "De cero a siempre" para la primera infancia, deja excluidas a aquellas madres que ya tienen experiencia, debido a la aparente transformación de los Hogares Comunitarias a nivel nacional. Las madres comunitarias se sumaron a la asamblea permanente convocada en todo el país, donde el ICBF y la Mesa Nacional de las organizaciones de madres comunitarias llegaron a un acuerdo que, sin embargo, según se supo, no cumple sus expectativas ni responde a los cuatro puntos estratégicos planteados por ellas.
Otros procesos han tenido que ver con el fortalecimiento del proceso de los moto trabajadores, con su reivindicación del derecho al trabajo y control al costo de los combustibles, así como la denuncia frente a los abusos y falta de condiciones para trabajar quienes este año realizaron actividades de movilización no solo en el Cauca sino en otros departamentos del país. En Popayán se logró el acuerdo de crear una mesa de trabajo con el objetivo de organizar el censo de moto-trabajadores, revisar actos de corrupción en el servicio de la grua, de parqueo y las actuaciones de la policía y de brindar soluciones al desempleo.
Diversos procesos de resistencia y movilizan en diversos municipios del Cauca se realizaron con el fin de alzar sus voces de inconformidad contra las actuaciones de la Compañía Energética de Occidente, referidas al cambio de los contadores y a los altos costos del servicio.
Como decisión de la asamblea de Asoinca, cientos de maestros de todo el departamento marcharon por las calles de la ciudad de Popayán exigiendo mejoramiento en su servicio de salud y el inicio del año escolar sin contratiempos. Este año se desarrollaron actividades reivindicando el derecho a la educación y la calidad educativa, una, en el corregimiento El Plateado, municipio de Argelia, donde, 200 personas entre estudiantes y padres de familia, definieron marchar hacia Popayán exigiendo una solución definitiva frente a la falta de maestros; y dos, la toma de los alrededores de la institución Educativa Francisco Antonio de Ulloa, por parte de 150 estudiantes, exigiendo se permitiera la salida de los 35 alumnos que se encontraban dentro del plantel educativo desde hacía más de una semana, así como una salida concertada para reanudar clases.
Cerca de cinco mil personas, entre funcionarios, médicos, gerentes de clínicas y trabajadores del sector salud realizaron una marcha blanca, reclamando el derecho a la salud y la derogatoria de la ley 100; además se efectuaron jornadas de protesta pacífica, por parte de empleados de planta y contratistas de la rama de pensiones del ISS, de Popayán. Un reclamo permanente en este año fueron los desacuerdos con la implementación de Colpensiones, empresa industrial y comercial del Estado y mecanismo del gobierno central de acabar con el sistema de Prima Media (sistema de pensión por semanas cotizadas). Igualmente los empleados de los hospitales de Morales, Cajibio, Silvia y Piendamó protagonizaron una protesta exigiendo la renovación de los contratos laborales que culminaron el 31 de mayo.
Un plantón educativo-artístico, realizado en la plazoleta de San Francisco de Popayán, tuvo como objetivo que los ciudadanos tomaran conciencia de los desastres medioambientales que le esperan al Macizo Colombiano y a todo el Cauca por el desarrollo de la denominada "Locomotora Minero-Energética" como uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional.
Uno de los procesos que se resaltan de este año fue la creación de la Marcha Patriótica que en su primera jornada de movilización participaron cerca de 10 mil personas, expresando que "Esta propuesta de paz la construiremos todos y para todos" donde, al igual que su "Caravana por la Vida, la Armonía Territorial y la Paz", en el Cauca, contó con la participación de personal proveniente de diferentes partes del país.
Procesos como el Consejo Ciudadano por el Referendo frente a la ley de justicia, los asentamientos de Popayán o de colectivos que trabajan para proteger los recursos naturales que están siendo amenazados como sucede por la construcción del Parque Cementerio, en la vereda Los Robles de Timbio, también tuvieron su proceso protagónico y permitieron mostrar que los derechos se exigen, y que si la comunidad se moviliza mejor.
[Fuente: Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, dic12]

Nota
1. Al Respecto, véase el Informe de a Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina en Colombia, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1.999. [Volver]

DDHH en Colombia
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Nombre de la víctima	Lugar y fecha de los hechos	Organización social
Milciades Trochez Conda	12 de enero de 2.012 -Corregimiento El Palo municipio de Caloto	Líder Indígena
Jesús Narváez	16 de marzo corregimiento El Rosal municipio de San Sebastián	Concejal municipio San Sebastián
Eduardo Mamiám	16 de marzo corregimiento El Rosal municipio de San Sebastián	Representante de organización social
Fredinson Yafué Cayapú	26 de abril - vereda Las Delicias Caldono	Líder indígena
Juan Manuel Jaramillo	13 de mayo Barrio Centro municipio de Caloto	Personero Municipal
Julio Dagua Corpus	16 de mayo vereda La Unión municipio de Miranda	Comunero indígena Presidente de la Asociación de Damnificados y Director del Comité de Cafeteros de Miranda.
Marceliano Cuero	5 de junio - barrio La Esperanza Guapi	Líder comunitario
Rosa Inés Delgado	8 de junio Vereda El Ramal municipio de Rosas.	Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Ramal - Rosas
Jesús Bonilla Amú	23 de mayo de 2.012 corregimeinto de Santa María municipio de Timbíquí	Líder comunitario
Gerardo Martínez	4 de junio vereda El Carmelo Caloto	Líder campesino
Gustavo Londoño	25 de junio Vereda El Carmelo Caloto	Líder campesino
Luzneida Gómez Gómez	1 de agosto vereda Buenos Aires municipio de La Sierra	Tesorera Junta de Acción Comunal Integrante grupo de mujeres.
Lisandro Tenorio Tróchez	12 de agosto López Adentro municipio de Caloto	Médico Tradicional
Jaime Mestizo Pito	14 de septiembre resguardo de Tóez municipio de Caloto	Alcalde Mayor de Huellas Caloto
Salatiel Méndez Sécue	3 de octubre vereda la Chivera municipio de Caloto	Comunero, Presidente de la JAC y ex concejal
Miguel Burbano Sécue	4 de octubre barrio Fundación Voces de Esperanza Popayán	Líder Barrial
Aldemar Capote Mañunga	11 de noviembre corregimiento El Rosario municipio de Cajibío	Líder comunitario y ex concejal

Nombre de la Víctima	Fecha y lugar del hecho	Responsables
Rubén Zambrano Zambrano	5 de abril de 2.012 Corregimiento La Gallera, Vereda Las Palmas municipio de El Tambo	Brigada 29 del Ejército Nacional
Luis Alerto Cunde Toscué	5 de junio de 2.012 Miranda	Ejército Nacional
Daniel Valenzuela	14 de agosto de 2.012 Cajibío	Brigada 29 del Ejército Nacional
Norbey Martínez Bonilla	28 de septiembre de 2.012 Vereda El Pedregal municipio de Caloto	Ejército Nacional
Ingrid Yohana Ruíz	7 de octubre Vereda El Placer municipio de Patía	Ejército Nacional
María Eugenia Rivera Dagua	18 de noviembre Corregimiento La Gallera Vereda Filadelfia	Ejército Nacional

Municipio	Tasa de Violencia sexual por cada 100 mil Hab.
Timbío	74.49
Rosas	69.3
Caloto	62.8
Popayán	58.2
Totoró	58
Puerto Tejada	51
La Sierra	46.6
Puracé	46.08
Piamonte	41.64
El Tambo	40.52

Hechos Victimizantes en el marco del conflicto armado a 2011
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en 68 desarrollo del conflicto armado	68
Desaparición forzada	1127
Homicidio	21791
Secuestro	315
Tortura	268
Lesiones con discapacidad permanente	767
Lesiones sin discapacidad permanente	836
Desplazamiento Forzado	148239