20 al 23 de junio de 2000
Mision de observacion de la situacion humanitaria en los municipios de Buenaventura y Dagua del departamento del Valle del Cauca, Colombia
Presentación
En el marco de una Misión de Observación de la situación humanitaria que afrontan los habitantes de las zonas rurales de los municipios de Buenaventura y Dagua en el departamento del Valle del Cauca, se recogieron distintas informaciones de comunidades afectadas por violación de derechos humanos, autoridades locales y regionales (civiles y militares), organizaciones sociales, Iglesia Católica, entre otras.
La Misión estuvo conformada por las siguientes instituciones:
- Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- Canadian Unión of Postal
- Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
- Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación
- Procuraduría General de la Nación
- Central Unitaria de Trabajadores - CUT
- Red de Solidaridad Social- Nacional, regional y local de Buenaventura
- Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES
- Comisión Colombiana de Juristas
- Instituto Legal de Servicios Alternativos - ILSA
- Asociación para la Promoción Social Alternativa - MINGA
- Defensoria del Pueblo - Regional
- Consejería de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle
A manera de contextoBuenaventura es una ciudad colombiana ubicada en el sur occidente de Colombia, sobre el Océano Pacífico y es hoy el Puerto más importante con el que cuenta el país, de ahí que mueva el 60% de la carga del territorio nacional. En la actualidad cuenta con una población de 268.723 habitantes, de los cuales 227.096 están ubicados en la cabecera municipal y 38.863 en la zona rural |1| sin embargo, en la región se considera que la población real oscila entre los 350 y 400 mil habitantes. |2|
Buenaventura en medio de su exuberancia geográfica, étnica y cultural, es una ciudad que expresa en el más amplio sentido de la palabra, la dualidad sobre la cual subsisten muchas regiones del país: de un lado, una real y potencial riqueza natural expresada en su biodiversidad, frente a una inmensa pobreza de sus pobladores. Algunos indicadores hablan por sí solos:
La economía que predomina en el Puerto es de "extracción" de madera, oro, recursos hídricos, pesca y otros productos primarios, los cuales son aprovechados en la producción del resto del país, pues el municipio no cuenta con un sector industrial importante.
La cobertura actual de los servicios públicos en la cabecera municipal es del 40% y el de alcantarillado un 10%, lo cual ni siquiera existe en la zona rural, lo cual refleja una desprotección total si se tiene en cuenta que el promedio nacional de cobertura del servicio de acueducto es del 82% y de alcantarillado del 50%.
El desempleo supera el 65% y existen 89 asentamientos subnormales que corresponden al 57% del total de viviendas en la zona urbana (31.576), es así como el 60% de su población urbana se concentra en los estratos 1 y 2 |3|.
Sus índices de violencia son igualmente alarmantes. Durante 1999 hubo alrededor de 425 homicidios, de los cuales el 80% fueron ejecutados en el casco urbano |4|.
Sumado a su bajo nivel de vida, Buenaventura también se ha convertido en receptora de población desplazada por violencia, especialmente de sus zonas rurales, del Chocó y Putumayo, población que ha llegado a competir por servicios inexistentes con los habitantes marginados de la ciudad. Se calcula que durante 1999 la ciudad fue receptora de 1889 personas |5| En lo corrido del 2000 se estima en seis mil la población desarraigada en esta región.
Respecto a los actores armados que intervienen en el conflicto armado de la región de Buenaventura y Dagua se tiene lo siguiente:
Recientemente hizo su aparición El Bloque Pacífico de las AUC, específicamente frente Calima; sin embargo, según los pobladores, grupos paramilitares y de "limpieza social" vienen operando en la región, especialmente en el casco urbano de Buenaventura. Se les sindica de ser los actores de las masacres ocurridas entre el 11 de mayo y el 8 de junio, en las poblaciones de Zabaletas, Aguasclaras, Katanga y los Tubos con un saldo trágico, según las denuncias de las comunidades, de 19 personas asesinadas y 15 desaparecidas, incluidos los acciones realizadas por este grupo en el casco urbano de Buenaventura.
Desde tiempo atrás tiene presencia en la región el 30 Frente de las FARC, "José Antonio Paez". Es importante recordar que el 31 de agosto de 1999, este grupo insurgente se tomó las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Anchicayá |6| ,según sus propios voceros: "como respuesta a la colaboración de algunos directivos de esa empresa en las masacres paramilitares". Este frente de las FARC declaró objetivo militar a la Hidroeléctrica y convocó a la empresa a iniciar negociaciones, donde se contempló una concertación con la empresa y el desalojo del Ejército de la zona. Según fuentes de prensa, una de las peticiones de la guerrilla era la rebaja de las tarifas de servicio eléctrico a los pobladores de la región, los cuales no se compensan con los ingresos de los pobladores y además, por la explotación que hace de los recursos hídricos, según declaraciones del líder J.J. del grupo insurgente: "La rebaja de las tarifas sí es posible... en veinte meses de trabajo de ellos, han obtenido ganancias por cuatro mil millones de pesos. Sabemos que le vende energía a Palmira y a Florida con un descuento del 30%" |7| . Las FARC se retiraron 5 días después de la ocupación. Existen reiterados rumores de un supuesto "Acuerdo" celebrado el 4 de septiembre entre la EPSA y este frente de las FARC, donde se incluían algunas cláusulas que la EPSA "no ha cumplido", sin embargo, la comunidad no ha conocido el contenido del supuesto acuerdo.
De igual manera hace presencia el Frente "José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Su aparición en la zona es muy reciente. Al parecer están realizando acciones conjuntas con el 30 frente de las FARC. La presencia de este frente guerrillero es el resultado de una concentración de fuerzas guerrilleras en la zona, cuyo objetivo parece ser contrarrestar los ataques de las AUC, lo que hace prever una escalada del conflicto y nuevos enfrentamientos.
Por parte del Estado colombiano tienen base en la región la Tercera Brigada del Ejército y la Infantería de Marina (complementar). Acusadas por la población civil de maltrato a las comunidades, la amenaza permanente sobre la llegada de los paramilitares si los pobladores no cooperan con las Fuerzas Armadas en la delación de la guerrilla y la ubicación de sus campamentos. En varias ocasiones miembros de la Fuerza Pública han tomado fotos y huellas de personas de la comunidad (ver capítulo de DIH y D.H.). Además se les acusa de omisión y complicidad en los casos de las masacres.
Situación actual de los derechos humanos en la zonaEn desarrollo de la visita de la Comisión, se pudo observar, a través de los testimonios recogidos por las diferentes comunidades y autoridades locales, la permanente violación de derechos humanos de los pobladores y la renuncia que han tenido que hacer de los mismos, para poder sobrevivir en la zona, así como la de las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Masacres
Al igual que lo informado por los medios de comunicación, se obtuvo el relato(8) por parte de los pobladores de la masacre ocurrida el 11 de mayo del año en curso, en las poblaciones de Zabaletas y Aguas Claras (zona rural de Buenaventura, antigua carretera al Mar), donde fueron asesinadas 12 personas y 5 más fueron desaparecidas por grupos al margen de la ley, quienes se identificaron como Autodefensas Bloque Calima y Pacífico |9| Así como la masacre ocurrida el 8 de junio en el sitio conocido como Katanga, donde asesinaron a 7 personas (carretera nueva Cali-Buenaventura).
En el recorrido hecho por el grupo armado, en la madrugada del 11 de mayo a las comunidades de Zabaletas, Aguas Claras, Bellavista, Llano Bajo, La Cascada, saquearon las casas de los habitantes, las tiendas, quemaron varias viviendas y atropellaron en general a la población, calificándola de subversivos y colaboradores de la guerrilla.
De acuerdo al testimonio de las comunidades y las mismas autoridades civiles de la región, sorprende la facilidad con que el grupo armado que asesinó y desapareció tantas personas en una misma jornada, pudo realizar todo un itinerario criminal sin ser vistos por el Ejército a través de los retenes militares que tiene sobre la carretera, especialmente el corregimiento de Zacarías, ubicado a 10 minutos de Zabaletas y el Danubio donde hay puesto militar permanente, además del ubicado sobre la carretera en la entrada de las instalaciones de la Hidroeléctrica del Alto Anchicayá. Sorprende además por la cantidad de uniformados que realizaron la incursión (cerca de 80 hombres bien armados y uniformados con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares que se movilizaban en 2 camiones y 2 camionetas -alguna de ellas color vino tinto fue reconocida por la comunidad pues transitó por allí hace 6 meses con el Ejército-, cuando la región solo cuenta con una entrada (Zabaletas) y una salida (Queremal), ambas custodiadas por Fuerza Pública).
Infracción al derecho internacional humanitario y hostigamiento de la fuerza públicaFue reiterado, a través de los distintos testimonios de las comunidades, los desafueros y desmanes de los miembros de la Fuerza Pública (Batallón Pichincha, Palacé e Infantería de Marina) que se vienen cometiendo desde tiempo atrás (1996) hacia la población civil :
La toma permanente de fotografías a personas de las comunidades y a líderes de éstas, por parte de miembros del Ejército y de la Marina, así como anotaciones de números de cédulas y huellas digitales de los pobladores tanto en los retenes como en la visita a sus casas, fue igualmente denunciada. Esta situación se reiteró por parte de las comunidades en los diferentes sitios donde estuvo la Comisión.
Los retenes militares vienen impidiendo la entrada de remesas a las comunidades, así como a las tiendas comunitarias en las veredas y corregimientos en donde éstas prestan su servicio, incrementando la crisis alimentaria que se vive en la región debido a la suspensión del servicio publico de transporte.
El impedimento que hacen miembros de la Fuerza Pública a los habitantes y transportadores de la región para que no transiten algunos lugares sin que argumenten nada distinto a que "no se puede pasar", este cuestionamiento también fue dirigido por parte de las comunidades en varias oportunidades al Teniente Orlando Ramírez.
La Misión tuvo la oportunidad de observar el uso que hace el personal militar de las casas de la población civil. En la vereda de Bellavista, el personal uniformado ocupaba las casas, algunos lavaban ropa, mientras otros cocinaban, los habitantes apenas se asomaron por las ventanas. También se verificó la ocupación de personal militar en la escuela. Lo anterior limitó que la Comisión entrevistara a sus habitantes.
Sin embargo, esta situación de hostigamiento por parte de las Fuerzas Militares no es nueva en la región, es así como el 18 de marzo de 1.996 llegó a la comunidad de San José, en la cuenca del río Anchicayá un pelotón de la Armada y bombardeó esta comunidad, la cual tuvo que desplazarse por dos días fuera del caserío, en esta oportunidad se llevaron al señor Cipriano Caicedo Angulo, quien tres días después fue encontrado muerto con unos tiros en la cabeza, luego de estos hechos los miembros del Consejo Comunitario persuadieron a la comunidad de regresar a la comunidad y fue aceptada esta sugerencia. En noviembre de 1.998 la fuerza pública incursionó en el río Raposo y Mayorquin en donde por fortuna no hubo muertos.
Un hecho de relevancia ocurrido en este marco, es que días anteriores a la masacre los pobladores de estas comunidades de forma verbal fueron amenazados por miembros de la Fuerza Pública intimidándolos que si no colaboraban les iban a enviar a los paramilitares.
En la visita realizada por la Misión a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Anchicayá se pudo constatar, además del conflicto laboral obrero-patronal que se vive al interior de la empresa los siguientes hechos que son una clara infracción al DIH:
Los trabajadores se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad debido a que están conviviendo en las mismas instalaciones con miembros del Ejército Nacional (Batallón Pichincha), es así como utilizan conjuntamente los comedores, los medios de comunicación y transporte, los dormitorios, si bien son independientes, están contiguos y, otras zonas de convivencia de los trabajadores, además de la manipulación permanente de armas en su proceso de limpieza y algunas prácticas de polígono.
Los vehículos de la empresa (EPSA) son utilizados, según convenio Empresa- Fuerzas Militares para subir la remesa y personal militar desde el río hasta las instalaciones de la Central, conducidos por personal civil, lo que convierte a estos en objetivos militares.
Por otro lado, los trabajadores manifiestan la absoluta desprotección en que se encuentran, si se consideran varias razones: de un lado, están ubicados en una zona de conflicto armado, de otro, el estar junto al Ejército los hace vulnerables frente a un ataque de la guerrilla, así mismo, el transporte público es inexistente y sólo pueden transportarse en los vehículos de la EPSA, que también son utilizados por el Ejército y por último, la Empresa no cuenta con mecanismos de evacuación de emergencia de los empleados en caso de un ataque armado.
Limpieza socialLa llamada "limpieza social" es una problemática que lleva varios años en la ciudad de Buenaventura, donde han muerto cientos de jóvenes en la más completa impunidad, sin embargo recientemente, en junio del año pasado, un comunicado anunció públicamente la llegada de un grupo de expertos para desarrollar esta actividad y señaló alguno de los barrios donde sería adelantado el "trabajo". En las dos semanas siguiente al anuncio fueron asesinados 47 jóvenes, entre los 14 y 26 años |10|.
En muchos de los cadáveres aparecieron panfletos que anunciaban la continuación de la "campaña de limpieza". Las muertes se registraron en los barrios R-9, El Lleras, Viento Libre, San José y en el Centro de la Ciudad. Según versiones de la comunidad, en los casos se reportó la presencia de una moto y una camioneta LUV, propiedad del grupo GAULA de la Policía y un taxi marca DAEWOOD sin placa. Por temor a las represalias se dejaron de colocar las denuncias y de presentar los testimonios sobre algunos hechos |11|.
La división político administrativa de Buenaventura es de 12 Comunas y, según información suministrada por líderes juveniles, paradójicamente los sectores que cuentan con más presencia de fuerza pública, son precisamente los más afectados por los altos grados de homicidios. Alarma igualmente que el 90% de los muertos son jóvenes. Según Medicina Legal, para el mes de mayo del año en curso, se produjeron 50 homicidios, en su mayoría con armas de fuego y cortopunzantes.
En la ciudad operan cerca de 12 bandas juveniles dedicadas a la delincuencia común, las cuales establecen sus reglas de juego a través de controles territoriales muy estrictos, las comunas más afectadas por este hecho son la 6,3,12,4,9,1.
Preocupa igualmente los altos grados de impunidad frente a la situación de delincuencia, lo cual inquieta a los jóvenes por dos razones fundamentalmente: de un lado, la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para castigar a los infractores y delincuentes, lo que ha hecho perder la credibilidad de las mismas y, de otro, el incremento de la delincuencia ante esta actitud pasiva y omisiva de las autoridades civiles y militares. Ello además, "justifica" en parte el incremento de los grupos de "limpieza", quienes deciden hacer justicia con sus propias manos.
En este contexto los mismos jóvenes expresaron su preocupación por la presencia en el sector I del barrio la Independencia, permanente de 12 motos con hombres armados, de civil y con pasamontañas, al igual que en el barrio San Francisco donde el 20 de junio de 2000 estuvieron por lo menos 40 hombres armados quienes dijeron ser paramilitares, en horas de la noche.
Dentro del marco de la dualidad (riqueza y miseria) en que vive el municipio de Buenaventura, es precisamente la juventud (afrocolombiana) la más afectada por las dinámicas de degradación humana, es así como los escenarios deportivos y parques de la ciudad se han convertido en lugares de consumo de drogas, y todo tipo de actividad delincuencial, ante la mirada pasiva, omisiva y complaciente de los dueños del capital del Puerto.
A todo ello ayuda el desempleo, la falta de oportunidades para la juventud, la imposibilidad de educación, etc, lo cual es también aprovechado por grupos insurgentes quienes encuentran en estas masas juveniles recurso humano para fortalecer sus filas, pero también para apoyar la organización de milicias urbanas.
Por último, se cree que la masacre de 7 jóvenes el 6 de junio en Katanga, responda a este proceso de "limpieza social". Sin embargo, quienes cometieron el crimen se identificaron como Autodefensas Bloque Calima y así lo dejaron consignado en las paredes de las casas.
Desplazamiento forzadoComo consecuencia de los hechos de violencia política que se viene presentando en la zona rural de Buenaventura, el desplazamiento forzado se ha incrementado de tal forma que ha desbordado la capacidad del municipio para atender esta crisis humanitaria.
Según la Red de Solidaridad Social local, en estos últimos meses, especialmente desde el 11 de mayo, se han registrado 400 familias, al rededor de 3000 personas, sin embargo, el estimativo de acuerdo al recorrido por las comunidades y la entrevista con grupos étnicos, el desplazamiento alcanza las 6000 mil personas, que se encuentran dispersas en las casas de amigos y familiares, otras se han ido para Cali y otros municipios, pues Buenaventura no ofrece ni seguridad ni asistencia, es decir, en el casco urbano la población desplazada no se encuentra nucleada ni en albergues.
Según el Comité Municipal de Atención a la población desplazada desde su creación en 1998, se han registrado 6000 personas desplazadas, provenientes de Urabá, Riosucio y otras poblaciones chocoanas y de Putumayo.
Las instituciones como la Red de Solidaridad, la Cruz Roja Colombiana y la Pastoral Social son las que están atendiendo la emergencia del desplazamiento, pero expresan su preocupación por que solo tienen capacidad para colaborar con ayuda humanitaria, haciendo claridad que no para toda la población estimada- y no tienen posibilidad de apoyar a la población en procesos de recuperación socio-económica y de retorno.
A pesar no existir las condiciones para que los desplazados regresen a sus poblaciones, pues continúan en alerta Temprana, el Alcalde de Buenaventura insiste en el retorno, argumentando que "Aquí en Colombia a nadie se le puede garantizar la vida",
Preocupa de igual manera, los habitantes que decidieron no salir a pesar de la amenaza que se teje sobre ellos, especialmente de la Fuerza Pública, quienes deberían ser sus protectores ; sumado a ello está la crisis humanitaria que están afrontando por la falta de alimentos, salud, educación, transporte, etc., es decir, se encuentran aislados y sin medio de comunicación en caso de otra incursión criminal.
La situación económica y social para la comunidad campesina es cada vez más difícil, sea para quienes se quedaron en el campo o para quienes se fueron a la ciudad. Quienes se mantienen en sus población, aún con amenaza y riesgo de ser asesinada no pueden trabajar en normalidad. Quienes tuvieron que abandonar sus parcelas no pueden comprender porqué van a tener que perder sus cosechas de chontaduro (base de su sustento) impunemente. Los campesinos que laboran en lanchas canoa en mares y ríos están siendo inmovilizados por no contar con matrículas cuyo valor está entre los 300 y 600 mil pesos, recursos que ellos manifiestan no tener, además de que la renovación de la misma se debe hacer anualmente.
Alerta temprana en las cuencas de los ríos (*)Si bien los habitantes de las cuencas de los ríos ubicados en la Antigua carretera al mar, viven con temor y muy alterados por lo que pueda suceder en adelante, también se advirtió por parte del los consejos comunitarios el riesgo que presentan varias poblaciones de las cuencas de ríos:
Río Anchicayá : El Llano, Santa Bárbara, El Coco, La Marea, san José Río Raposo : El Tigre y Guadualito. Río Mayorquín : (90% de la región es de marea) El Papayal y Bocas de Mayorquín Río Cajambre : Punta Bonita, Pital, Fragua y Silva Río Yurumanguí : El Encanto, El firme, Barranco, Primavera, Veneral, Papayo, San Miguel. Carretera de Dagua (Nueva) : Córdoba, Zaragoza, Kilómetro 40, Bendiciones, Triana, El salto, L Delfina, Cisneros Carretera de Dagua (Antigua) : Campo Hermoso, Sacarías, La Meseta, Guadualito, Limonar. MUNICIPIO DE BUENAVENTURA (Valle del Cauca)
Ante la imposibilidad contar con un mapa que contenga todas las comunidades, los Consejos Comunitarios aportaron éste donde aparece con un número (en el mapa y en el listado) las poblaciones en riesgo:
Río Yurumanguí Río Anchicayà Rio Cajambre Río Dagua Rio Mallorquín Río Raposo El Encanto Las Contras Silva Cisceneros Zaragoza Cocalito Còrdoba El Firme Calle Larga La Fragua La Delfina El Cacao Guadualito Zacarías Barranco Santa Bárbara Boca de Brazo El Salto Secadero El Tigre Campo Hermoso Primavera San José Punta Bonita Triana Bocas de mayorquín Calle Honda La Meseta Veneral El Llano Pitai Bendiciones Papayal Limones Papayo El Coco Guadualito Algunos hechos que amplían estas advertencias son los denunciados por los indígenas de la Delfina : según el Gobernador de la comunidad indígena "Al lado de arriba de nuestra comunidad están ubicadas las comunidades negras donde ocurrió la masacre de Catanga , a raíz de está empezaron algunos rumores de que las comunidades indígenas también iban a ser atacadas , por lo cuál se pidió a la Fiscalía Regional que se investigará sobre la presencia de actores armados vistos en la zona, la Fiscalía en esté momento hizo caso omiso a la petición".
Se informó que tanto a la casa del gobernador como a las casas de otros integrantes de la comunidad han llegado personas en taxis y en una camioneta grande, hechos que igualmente fueron denunciados ante la Fiscalía con las placas de estos vehículos.
Los indígenas igualmente denunciaron que durante su estadía en la Alcaldía muncipal de Buenaventura, |12| los organismos de seguridad del Estado les tomaron fotografías a través de personal uniformado y de civil, y posteriormente han llegado amenazas directas contra líderes indígenas de esta comunidad.
Posterior a esta toma los líderes se reunieron con la Infantería de Marina para indagar sobre la razón de la toma de las fotografías, pero esta afirmación fue desmentida por la Institución militar.
La Misión también observó con preocupación la situación de derechos humanos y orden público en el casco urbano del municipio de Dagua, donde según la información suministrada por los habitantes, desde hace unos meses están llegando personas foráneas y se ha visto movilización de armamento hacia la zonas rurales, sin que la Policía Antiguerrilla (70 efectivos) ubicada en el perímetro urbano se hayan pronunciado y por el contrario, hayan teniendo una actitud complaciente.
RecomendacionesCon el objetivo de sensibilizar a la comunidad nacional e internacional sobre la crisis humanitaria y la vulnerabilidad que presentan las comunidades de Buenaventura y Dagua y, llamar a las autoridades regionales y nacionales para que asuman la responsabilidad que tienen para protegerlas, a continuación se plantean algunas recomendaciones que consideramos pueden mitigar estas situaciones:
Al señor presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, garantizar la vida e integridad de las personas que habitan las poblaciones afectadas por los hechos de violencia.
Al Ministro de Transporte, Gustavo Adolfo Canal y al Señor Gobernador del Valle del Cauca, Juan Fernando Bonilla, el mejoramiento de la carretera Simón Bolívar o antigua carretera al Mar (Cali-Buenaventura) y normalización del transporte público en la misma vía.
Al Ministero del Interior Humberto de la Calle Lombana y al Ministro de Defensa Nacional Luis Fernando Ramírez, prevenir los hechos de violencia que a futuro generarán nuevos desplazamientos forzados, en la región en cuestión.
Al Gerente de la Red de Solidaridad Social, Fernando Medellín, destinar los recursos suficientes para la prevención, atención, protección y normalización de la población desplazada en Buenaventura. Así mismo, diseñar una estrategia efectiva y abierta para ayuda humanitaria que permitan atender las comunidades que se niegan a abandonar sus poblaciones aún frente a la situación de riesgo que afrontan y que han sido víctimas de la violencia, ejemplo Aguas claras y Llano Bajo.
Al Comité Municipal para la atención de población desplazada de Buenaventura, diseñar un Plan de Acción para la prevención, atención, protección y normalización de la población afectada por la violencia.
Al Ministro de Defensa Nacional, Luis Fernando Ramírez, al Comandante General de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias S., al Comandante de la Armada Nacional, Almirante Sergio García Tórres y al comandante de la Tercera Brigada, General Jaime Canal Albán y al Inspector General de las Fuerzas Militares, Víctor Julio Alvarez Vargas, cumplan con su mandato constitucional de proteger la vida, honra y bienes de las comunidades afectadas por el conflicto armado que se presenta en esta región del Valle del Cauca. De igual manera impidan el avance de las Autodefensas (Bloque Calima y Pacífico) de las poblaciones mencionadas en el aparte de Alerta Temprana.
A las autoridades militares anteriormente mencionadas, tomar las medidas necesarias para terminar la convivencia que existe actualmente entre la Fuerza Pública y los trabajadores de la Central Hidroeléctrica de Anchicayá; al igual que en las casas y escuelas de las comunidades ubicadas sobre la carretera, ejemplo Bellavista.
Al Instituto Nacional de la Reforma Agraria, acelerar el proceso de titulación colectiva de tierras de los grupos afrocolombianos e indígenas de la Región visitada, lo cual ayuda a prevenir las causas del desplazamiento forzado.
Al Gobernador del Valle del Cauca, doctor Juan Fernando Bonilla Otolla, diseñar políticas claras en la oficina de Gestión, Paz y Convivencia en relación con la situación de derechos humanos y orden público de la región (Buenaventura y Dagua).
A las autoridades departamentales y municipales tomar medidas en relación con la grave situación de "limpieza social" que se viene presentando en el municipio de Buenaventura desde 1997.
A las autoridades portuarias iniciar un proceso de concertación con las comunidades que laboran en lanchas y canoas respecto de las matrículas de sus vehículos para que no se siga atropellando el derecho al trabajo que históricamente han realizado.
Santafé de Bogotá, Julio del 2000
Nota:1.Fuente: DANE. Proyeccciones Censo 1993.
2. Escuela Móvil de derechos Humanos. Provincia Eclesiástica de Cali. Diócesis de Buenaventura. Documentos sobre la Realidad de Buenaventura y el Pacífico Colombiano.
3. Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura.
4. Según el informativo Pacífico al Día, el 30 de diciembre al 6 de enero del 2000, estos homicidios se presentaron por ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales, venganzas personales, problemas pasionales, muertes accidentales, suicidios, por narcotráfico, entre otros.
5. CODHES, SISDES, Boletín 28. Febrero 22 de 2000.
6. La EPSA, hace 5 años se encuentra administrando la Hidroeléctrica del Alto y Bajo Anchicayá. De los 42 municipios del Valle del Cauca, la EPSA da cobertura eléctrica a 38, es decir, el 95% del departamento. Existen unas regalías que la empresa distribuye entre los municipios de Buenaventura, Dagua, Morales y Suárez (éste último del Cauca). Según el gerente de la empresa Carlos Eduardo Sinesterra Pava, la EPSA invierte 50 millones de dólares al año en obras de infraestructura en la región. Entrevista entre la Misión y el gerente, 23 de junio de 2000.
7. El Colombiano septiembre 4 de 1999.
8. Fuente citada
9. Desde la media noche, el grupo que cometió la masacre hizo el recorrido desde el corregimiento de Zabaletas hasta el corregimiento de el Queremal, por donde salieron al amanecer. No sólo asesinaron, también rompieron las puertas de las casas donde entraron, robaron enseres, dinero en efectivo y el oro que algunas comunidades guardan como base de su trabajo en la minería.
10.Información extractada del informe narrativo elaborado como base para la Misión a Buenaventura y Dagua. Junio 2000. Pag. 6.
12.Los indígenas se tomaron las instalaciones de la Alcaldía Muncipal de Buenaventura como un acto de solidaridad con la comunidad hermana de los U'wa.
Nota de edición: El documento contenía un mapa de la cuenca de los ríos afectados, que no aparecerá aquí para hacer más rápida su visualización en la web.
Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor EU el 17oct00
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