Equipo Nizkor - Nuestros victimarios reivindican el derecho a amordazar, y el poder judicial se los concede.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de las agresiones y violaciones graves de sus derechos perpetradas en las últimas semanas:

En las ultimas semanas nos han llegado informaciones de amenazas de muerte a pobladores de la zona por no querer pagar impuestos o vacunas obligatorias a los paramilitares que se encuentran hoy controlando territorio de san José de Apartadó.

De la misma manera las amenazas en contra de los defensores y defensoras de Derechos Humanos continúan, pues ya son muchas las personas campesinas que en estos 21 años de Comunidad de Paz se han tenido que desplazar a otras regiones del país por amenazas del paramilitarismo, al igual que muchos funcionarios de la Defensoría del Pueblo que por múltiples amenazas se han estado retirando de la región para salvar su vida a falta de garantías frente a las graves amenazas que han hecho que tengan que abandonar la zona.

Ya son muchos los comentarios que se escuchan en la zona de que se acercan las guerrillas del Ejercito de Liberación Nacional ELN los cuales están llegando por muchos lugares de la región, lo que significa mas conflicto armado y muerte para el campesinado, pues ya se encuentra posesionado en este territorio las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC los cuales están amenazando y controlando por la fuerza al campesinado que es el que al final sufre las consecuencias de la guerra. Nuestra Comunidad de Paz siempre rechazará y dejará en constancias publicas el accionar criminal de cualquier grupo armado ya sea legal o ilegal que llegue a nuestra región a desangrarla con su control perverso, pues es por esa misma razón que no paramos de denunciar públicamente de que hay un paramilitarismo que ya hace lo que le da la gana en nuestro territorio y ninguna institución competente hace nada para parar todo esto.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son.

* El viernes 14 de septiembre de 2018, un grupo grande de paramilitares hizo presencia en las veredas Arenas, Mulatos y La Esperanza, y según se comentó entre los pobladores, custodiaban a un alias “Pueblito”.

* El sábado 15 de septiembre de 2018, se realizó una fiesta en la vereda Arenas Altas, en la cual estuvieron presentes 6 reconocidos paramilitares, entre los cuales estaban alias “Caballo” y alias “Majute”.

* El Domingo 23 de septiembre de 2018, según los pobladores, llegó a la vereda La Resbalosa un grupo de 200 paramilitares, quienes traían consigo muchas mulas y las soltaron sin permiso para que consumieran el pasto de las fincas de los campesinos.

* El sábado 29 de septiembre de 2018, en horas del día fue amenazado el Defensor del Pueblo y Analista del SAT para la región de Urabá, el cual recibió en su teléfono institucional amenazas que lo obligaron a un desplazamiento forzado para proteger su vida, pues no se le proporcionaron las medidas de protección mas adecuadas para su situación y que le permitieran mantenerse en la región.

* El martes 09 de Octubre de 2018, en horas del día, cuando un grupo de integrantes de nuestra Comunidad de Paz estaba llegando a la la vereda Arenas Altas, se pudo comprobar que personas extrañas habían invadido nuestra propiedad privada y se habían establecido en uno de nuestros terrenos comunitarios, siendo reconocibles entre los invasores varios paramilitares.

* El domingo 28 de octubre de 2018, varios paramilitares estuvieron acercándose a los espacios de la Comunidad de Paz en La Unión.

* El sábado 03 de Noviembre de 2018 fue amenazado un poblador de la región por paramilitares quienes lo buscaron en horas de la noche en su casa, por lo cual se vio en la necesidad de huir para salvar la vida.

* El martes 13 de Noviembre de 2018, a las 13:31 horas llegó a nuestra Comunidad de Paz una nueva citación judicial para obligarnos, como Comunidad, a retractarnos de los llamados que hemos hecho a las personas solidarias que, en el país y el mundo, aún conservan principios éticos, para que nos ayuden a resistir ante las agresiones y violaciones graves de nuestros derechos que continuamente estamos sufriendo, de parte de unas estructuras armadas y criminales que en más de 21 años han demostrado que gozan de la tolerancia, aquiescencia, apoyo y complicidad de las instituciones del Estado, especialmente de aquellas que tienen la misión de defender a los ciudadanos de la violación de sus derechos.

En los absurdos textos recibidos del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Apartadó, la Juez y la Brigada XVII afirman que los militares demandantes (brigada y batallones) se encuentran “en estado de indefensión” ante la Comunidad de Paz. No entendemos si es que quieren hacer una broma con tan desproporcionada ironía, mofa y sarcasmo: unidades militares con miles de armas modernas, tanques, helicópteros, transportes sofisticados y medios de comunicación de últimas tecnologías, se sienten desprotegidos ante una Comunidad de campesinos que se configuró justamente en el rechazo a todo tipo de armas; que vive en la pobreza y que nunca ha querido ser protegida por el poder judicial ni por los demás poderes del Estado, pues todos sus clamores y derechos de petición han sido ignorados durante más de dos décadas. Todo esto nos demuestra que el lenguaje ha llegado a tales niveles de confusión e insensatez que ya nadie entiende nada.

Pero, ¿qué es lo que quiere la Juez? ¿Qué nos callemos? ¿Qué nos dejemos masacrar, torturar, violar, calumniar, desplazar, estigmatizar y no digamos nada? ¿Que nos dejemos tratar como trapos de sacudir y no abramos la boca? ¿Qué nos aguantemos todas las atrocidades que quieran hacer con nosotros y guardemos silencio? ¿Cómo puede un país soportar a jueces que obligan a las víctimas a guardar silencio? Hasta el más ignorante entiende que una tal juez no tiene ética; no tiene sentido de humanidad; no conoce los principios que están en las raíces de las leyes. ¡Pobre país nuestro¡ ¡A qué abismos de irracionalidad hemos llegado¡

Pero la juez y los mismos militares abundan aún más en lo vergonzoso: se atreven a decir que si tenemos pruebas de los atropellos, las llevemos a la Fiscalía y a las mismas guarniciones militares. Por Dios¡ Parece que ignoraran que así lo hicimos durante muchos años y sólo encontramos impunidad y corrupción. ¿Quieren afirmar que aunque comprobemos que la corrupción y la impunidad son los resultados, debemos continuar en el mismo camino? Quieren aconsejarnos que continuemos insistiendo en lo que no sirve y que además nos daña? No podremos agradecerles consejos tan malignos. Además ¿a quién se le ocurre que una institución es apta para investigar y juzgar los crímenes de sus mismos integrantes? La humanidad ha comprobado que esto es imposible. Si los militares quieren comprobar lo que ellos mismos han hecho, pueden ir a la Corte Penal Internacional y allí encontrarán abundante material que durante estas dos décadas hemos enviado allí, intentando tocar otras puertas por donde pudiera asomarse algo de justicia.

Nuevamente agradecemos a todas las personas que han escuchado nuestros clamores desde nuestra impotencia, ya que lo único que nos queda es dejar constancia de nuestros sufrimientos ante el país y el mundo, en este océano infinito de impunidad y corrupción, pero también de eso nos quieren despojar y reducirnos al silencio con tan absurdas tutelas.

15nov18

Nuestros victimarios reivindican el derecho a amordazar, y el poder judicial se los concede

[Fuente: Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 15nov18]

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