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01oct12
Recuento de un despojo: el caso de la comunidad de la vereda Pitalito -Cesar
Por aproximadamente veintisiete años, más de veinte familias fueron poseedoras de las tierras que conforman la Vereda de Pitalito, ubicada en jurisdicción de los municipios de Curumaní y Chimichagua en el departamento de Cesar - Colombia. De su trabajo derivaron el sustento de sus hijos y una vida digna para todos los miembros de la comunidad; a la vez que protegieron el ambiente.
En enero de 2010, llegó a sus hogares JUAN MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO, reconocido palmicultor, supuesto ex militar y gran terrateniente, acompañado de hombres armados, manifestándoles que las tierras eran de su propiedad y que compraría las mejores, imponiendo el precio de las mismas y obligándolos a vender bajo presión. Luego, los requirió para que abandonaran los predios. Los hechos fueron denunciados a la Fiscalía de Chimichagua, y a las Alcaldías y Personerías de esta misma municipalidad y de Curumaní, sin que se adoptaran medidas de protección a favor de las comunidades.
Quince días más tarde, el 1 de febrero, FERNÁNDEZ DE CASTRO regresó con supuestos miembros del Ejército Nacional y trabajadores suyos, quienes procedieron a destruir las viviendas de los campesinos dejando en pie solo una casa donde su ubicaron las familias, resistiendo al despojo y la escuela comunitaria.
Meses más tarde el terrateniente envía civiles, aparentemente de origen guajiro, armados, a quienes ubica en las instalaciones de la escuela. Estas personas, destruyeron los cultivos que tenía la comunidad para su subsistencia.
El 24 de junio de 2010, como consecuencia de una irregular orden de desalojo emanada de la Alcaldía de Chimichagua, la comunidad es expulsada de su territorio. Ese día se destruyeron los cambuches provisionales de las familias, se sacaron sus pertenencias y cada miembro de la comunidad: hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, jóvenes, fueron subidos a un camión de la Policía, al parecer del ESMAD y trasladados a inmediaciones del casco urbano de Curumaní.
A raíz de las protestas protagonizadas por la Comunidad en Valledupar, fueron atendidos por la Gobernación y otras autoridades regionales, que asumieron compromisos a la fecha incumplidos.
Las más de veinte familias permanecen hoy en condición de desplazamiento, sin perspectivas de recuperar sus tierras y sin recibir ningún tipo de ayuda ni atención humanitaria por parte del Estado colombiano, el mismo que ahora se solaza al anunciar que las víctimas son su prioridad y que todos los desplazados forzosamente van a retornar a sus predios.
Por todo lo expuesto es claro que la comunidad despojada de Pitalito merece y requiere de toda la solidaridad de toda nacional e internacional para el restablecimiento de su truncado proyecto de vida y de unas condiciones de existencia con unos mínimos de dignidad que les fueron arrebatados en la vorágine de violencia que arrasó al Cesar y a muchos otros lugares del país.
Bucaramanga, 1 de octubre de 2012
Equipo jurídico de los pueblos -EJP
Comité de solidaridad con los presos políticos -FCSPP
Comité de integración social del Cesar -CISCE.
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