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07dic17
"Mayoría absoluta de 99 es 50": Consejo de Estado
La interminable batalla jurídica entre el Congreso y el Gobierno tomó un nuevo rumbo que promete levantar una nueva polvareda y hacer aún más prolongada la incertidumbre en torno a si habrá o no 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes a partir de las elecciones de marzo del año entrante. Un concepto emitido por el Consejo de Estado en las últimas horas le dio la razón a la interpretación que sobre las mayorías legislativas tenía el Gobierno y, en ese sentido, confirmó que el proyecto que creaba esas circunscripciones especiales sí fue aprobado en la sesión plenaria del Senado, el pasado 30 de noviembre.
"Para el caso concreto de la consulta y debido a la denominada silla vacía que afecta a tres senadores, bajó el número de 102 a 99 senadores, de manera que el Senado de la República quedó integrado por 99 y este es el número que determina el quórum decisorio y la mayoría absoluta requerida", indicó el alto tribunal, en un documento firmado por los magistrados Álvaro Namén Vargas, Óscar Darío Amaya, Germán Alberto Bula y Édgar González López. Lo anterior, teniendo en cuenta que las curules que ocupaban los suspendidos congresistas Martín Morales, Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías, todos de la U, no pueden ser reemplazadas, dado que están siendo procesados por delitos por homicidio, nexos con paramilitarismo y narcotráfico, para el caso de Morales; y delitos por corrupción (para los dos últimos).
Lo anterior le da motivos al Ejecutivo para acudir a las más altas instancias judiciales para obligar al Congreso a que le dé la razón y envíe el acta que documente que se aprobó la iniciativa para su respectiva promulgación. "Nunca hemos tenido duda en la solidez de nuestros argumentos jurídicos y por esa razón solicitamos este concepto de una autoridad judicial", dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien ayer mismo se dirigió al Tribunal de Cundinamarca para radicar una acción de cumplimiento que ordene al presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, ajustarse a lo dicho sobre la reconfiguración de las mayorías por parte del Consejo de Estado.
Evidentemente, el concepto emitido por dicho tribunal, pese a provenir de una autoridad judicial, no es por sí mismo vinculante y, en ese sentido, no obliga al Legislativo a cumplir de manera inmediata la pretensión del Gobierno respecto de poner en marcha dicho proyecto para que sea remitido a la Corte Constitucional. Por eso, resta esperar una nueva decisión mientras que el tiempo corre en contra del proyecto. Y previendo el tejemaneje jurídico al cual se ha atenido el Gobierno para ocultar la reiterada derrota evidenciada a la hora de implementar el Acuerdo de Paz, las voces críticas de los textos de La Habana han salido a arreciar en contra de este tipo de medidas.
"Un Gobierno y un presidente que ya se robó, sin ningún tipo de empacho ni pudor, la votación popular de un plebiscito el pasado 2 de octubre, sin duda va a seguir haciendo trampa a los colombianos. Tenemos que estar preparados para hacer un llamado a rechazar estos actos que son más propios de las dictaduras como las de Chávez, Maduro y Castro", advirtió el senador del Centro Democrático Jaime Amín, quien anunció que buscará una gran concertación "rápida y efectiva" para que, a través de otro acto legislativo, con "análisis preferente", se logre salvar la representación de las víctimas en el Capitolio.
De hecho, ya la senadora liberal Sofía Gaviria radicó un proyecto en ese sentido, que apunta a otorgarles 16 curules a las víctimas, de forma proporcional según el origen de sus victimarios. Hermana del asesinado exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y gestora de la Federación de Víctimas de las Farc, la idea es crear la Circunscripción Nacional Especial de Víctimas con la finalidad de reparar colectivamente a los más de ocho millones de afectados por los grupos armados ilegales. Eso sí, conservando el equilibrio frente a las 10 curules directas que el Acuerdo le otorgó a la desmovilizada guerrilla.
Serían 16 puestos en la Cámara –transitorios y durante el tiempo que dura la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), o sea 10 años– distribuidos así: 10 curules territoriales para víctimas de las Farc de los 170 municipios determinados en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, y seis nacionales para todas las víctimas. Sólo podrán participar como candidatos quienes sean reconocidas en el registro de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas y las listas deberán garantizar la equidad de género y los principios de universalidad, paridad y alternancia.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 07dic17]
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