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23feb18

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Desplazamiento masivo en Cáceres (Antioquia)

Reporte de Situación No. 01

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Destacados

Al menos 2.200 personas afectadas por el conflicto armado en la subregión del Bajo Cauca (Antioquia). Mas de 1.600 personas desplazadas en cinco eventos masivos y más de 600 personas con restricciones a la movilidad y acceso, por enfrentamientos entre grupos armados y amenazas en el municipio de Cáceres. A la fecha no hay garantías de seguridad ni sostenibilidad para el retorno de las comunidades afectadas. La emergencia desbordó la capacidad de respuesta de la institucionalidad local.

Es urgente la asistencia y respuesta a las necesidades sectoriales en la fase actual de la emergencia y a mediano plazo.

Panorama de la Situación

Desde el 19 de enero de 2018, al menos 1.695 personas (636 familias) |1| de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas pertenecientes a 18 veredas |2| de la zona rural de Cáceres (Antioquia), se han desplazado en cinco eventos masivos hacia el casco urbano de este municipio y hacia el municipio de Tarazá; lo anterior por los enfrentamientos que se han registrado entre las AGC |3| y una nueva estructura autodenominada "Los Caparrapos", como parte de las disputas por el control territorial. Después de 23 días de publicado el flash update No. 2, el número de personas afectadas triplicó a las reportadas inicialmente; podría seguir en aumento la afectación en caso de continuar las acciones armadas.

La mayoría de personas en situación de desplazamiento se encuentran en tres albergues temporales de Cáceres (la Casa Indígena, una Iglesia Evangélica y el Parque Educativo) habilitados para atender la emergencia, otras están auto albergadas en casas de familiares y/o amigos.

Aproximadamente 150 personas (45 familias) trabajadores en la actividad minera (barequeros), continúan desplazadas por la misma causa; estas personas salieron desde el sector del Alto Tamaná, zona rural del municipio de Cáceres (lugar de trabajo) hacia el municipio de Tarazá, afectando sus actividades económicas habituales y siendo necesario una respuesta humanitaria garantizar sus medios de vida.

Las principales necesidades humanitarias están en los sectores de: educación, seguridad alimentaria, albergue, protección y salud. Preocupa el deterioro de las condiciones de vida y acceso a derechos fundamentales, al igual que la persistencia de los riesgos de protección por la violencia generalizada en la subregión del Bajo Cauca.

Según información de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), desde el primer momento del desplazamiento, cerca de 600 personas (220 familias) de comunidades indígenas Senúes, pertencientes a siete veredas |4|, se encuentran con restricciones a la movilidad y sin la posibilidad de acceder a medios de vida para su sustento. Por la situación compleja en la zona, no se tiene información sobre sus necesidades.

En abril del 2011 se registró el último desplazamiento masivo (95 personas/19 familias) en la vereda El Campanario del municipio de Cáceres. Hay registros en 2015 y 2014 asociados a limitaciones en la movilidad y restricciones al acceso en varias veredas afectadas por la emergencia (cerca de 3.500 personas); incluso una situación de confinamiento en comunidades indígenas (+2.500 personas) en 2014, requirió de respuesta humanitaria internacional. En 2016, también se registró un desplazamiento masivo (570 personas/193 familias) en el municipio de El Bagre (subregión Bajo Cauca). Preocupan cifras oficiales |5|, donde reportan que en lo corrido del 2018 los homicidios en esta subregión superan en más del 255 por ciento las cifras del mismo período en el año anterior.

Necesidades y Respuesta Humanitaria

Respuesta Nacional

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) Territorial Antioquia en coordinación con la administración municipal activaron del plan de contingencia, al mismo tiempo que se realizaron los censos correspondientes. En los próximos días, entregará efectivo a las familias del primer desplazamiento (cerca de 203 hogares). Unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) evalúan la situación de los menores de edad afectados y la Defensoría del Pueblo hace monitoreo de la situación además de incidencia para advertir el riesgo.

El gobierno departamental definió un plan de choque, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región del Bajo Cauca antioqueño, garantizar la alimentación y otras ayudas humanitarias a la población afectada |6|; el plan se mantendrá durante los próximos dos meses, período donde se espera haya sido superada la emergencia. ; sin embargo, persiste el temor en las personas ante los recientes homicidios y amenazas hacia la comunidad en la subregión del Bajo Cauca; en ese sentido la Defensoría del Pueblo planteó recomendaciones en la Alerta Temprana No.009 de 2018 emitida para esta región del país.

Respuesta Internacional

Desde el 7 de enero, el ACNUR en coordinación con ONU Derechos Humanos, la UARIV y la Defensoría del Pueblo, alertaron sobre el riesgo de desplazamiento en esta subregión e invitaron al municipio de Cáceres a activar el plan de contingencia ante la eventualidad.

El consorcio entre el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Diakonie Katastrophenhlife y la Corporación Infancia y Desarrollo (CIyD), desde su llegada al departamento, en coordinación con el ELC de Antioquia y con los espacios institucionales, apoyan de manera complementaria con actividades y entrega de kits para atender necesidades en diferentes sectores afectados.

ONU Derechos Humanos realiza acompañamiento a las comunidades e instituciones locales, en función de promover la observancia de la vulneración de Derechos económicos, sociales y Culturales en el territorio.

La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia ha hecho presencia en el territorio junto a la Defensoría del Pueblo en el seguimiento e incidencia de la situación.

Educación

Necesidades:

• Mas de 250 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en situación de desplazamiento están en anormalidad académica, ya que no están cumpliendo plan de estudios y horarios.
• Se necesita un plan de educación en emergencia con profesores locales, para atender a los NNAJ, de manera coordinada con la Secretaria de Educación del municipio.
• Asistencia psicosocial a docentes que les permita adelantar actividades pedagógicas en el marco de la emergencia.
• Se requiere material didáctico y dotación como pupitres, tableros, y ventiladores para el espacio que se habilite para las clases.

Respuesta:

• Los niños y niñas están siendo atendidos por los docentes en Ia Institución Educativa Gerado Patiño del casco urbano de Cáceres, en actividades de uso del tiempo libre.
• La Secretaria de Educación Departamental hace presencia en el municipio para atender los requerimientos educativos.
• A partir del 25 de enero, NRC, Diakonie, la Corporación Infancia y Desarrollo y ACNUR realizaron actividades asociadas a Educación en emergencias como: formación a docentes, mensajes claves de protección en manejo de tiempo libre a niños, niñas y adolescentes y autoprotección, sensibilización a padres de familia, entrega de kit escolares, kits de higiene y tulas deportivas.

Vacíos en la respuesta:

• Ausencia de espacios habilitados y adecuados para las actividades de educación y capacitación que se requiera.

Seguridad Alimentaria

Necesidades:

• Las 636 familias desplazadas requieren asistencia con alimentos durante el tiempo que persista la emergencia.
• Las 150 personas que se desplazaron y dejaron sus actividades económicas por las amenazas, necesitan garantizar la seguridad alimentaria y medios de vida durante el tiempo que no estén trabajando.

Respuesta:

• La administración municipal de Cáceres, la secretaría de Derechos Humanos de la gobernación de Antioquia y el DAPARD realizaron entrega de alimentos a las primeras personas desplazadas desde el momento de la emergencia y hasta el 24 de enero de 2018, mientras se coordinó la asistencia humanitaria por parte de la UARIV y la asistencia de alimentos por parte del PMA.
• NRC y Diakonie en coordinación con el ELC Antioquia, habilitaron un espacio al interior de una escuela (La Magdalena), para el procesamiento de alimentos y su entrega.
• El PMA en coordinación con estos escenarios institucionales activó su respuesta complementaria representada en bonos alimentarios. Inicialmente entregó a 529 personas |7| con duración de dos meses; a medida que aumentan las personas desplazadas ha ido ampliando el plazo y realizando asistencia alimentaria al total de afectados por la emergencia.

Vacíos en la respuesta:

• Se requiere coordinación en la distribución y preparación de alimentos en los albergues.
• Riesgo de desabastecimiento de alimentos durante el año 2018, si en los próximos meses las comunidades no realizan los procesos de siembra de cultivos por estar por fuera de su territorio.

Salud

Necesidades:

• Atención en salud para el total de la población desplazada, en especial a más de 500 menores de edad que se encuentran en los albergues.
• Se requiere atención diferenciada para 14 personas (cuatro menores de edad) en situación de discapacidad |8|.
• Falta mayor cobertura para la atención psicosocial derivado del miedo que persiste en la comunidad.
• Se necesitan medicamentos para la atención básica de las personas, de acuerdo a la solicitud de la Secretaría de salud; no se cuenta con suficiente stock.
• Se requiere acciones para el control de plagas en los albergues para evitar riesgos asociados a éstas.

Respuesta:

• El consorcio entre el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Diakonie Katastrophenhlife y la Corporación Infancia y Desarrollo (CIyD), han desarrollado acciones de intervención psicosocial a nivel comunitario e individual.
• Las Unidades Móviles del ICBF en el municipio brindan atención permanente a los menores de edad. La Comisaria de familia está atenta a las situaciones que se presenten para la respectiva atención.

Vacíos en la respuesta:

• Se requiere ampliar la cobertura en atención psicosocial, por el temor que persiste en las personas desplazadas.
• Ausencia de programas de atención en salud diseñados para la población víctima y con enfoque diferencial (niños, niñas, mujeres, indígenas).

Protección

Necesidades:

• Las 1.695 personas que se encuentran en condición de desplazamiento y cerca de 600 con restricciones a la movilidad requieren protección especial, al igual que garantías de seguridad y condiciones para su retorno voluntario, como lo establece la ley.
• Es necesario el fortalecimiento de la Guardia Indígena de las comunidades afectadas.
• Es necesario tener un recurso disponible para que las personas amenazadas puedan desplazarse a otras partes del territorio nacional en procura de salvaguardar su vida.
• Presencia de la Fuerza Pública a través de rondas perimetrales en los lugares en donde esta albergada la población, toda vez que persisten riesgos contra la vida e integridad física de las personas.
• Promover la presencia de institucionalidad y autoridad local en las zonas desde donde se desplazaron las familias, para crear condiciones de voluntariedad, seguridad, dignidad y sostenibilidad para el retorno.
• Se requiere responsabilidad en el manejo de comunicación/información, evitando exponer o elevar los riesgos de la población afectada.

Respuesta:

• Activación del plan de contingencia, promoción de la presencia de autoridades departamentales incluida el Ministerio Público en la zona para dar seguimiento a la situación.
• La autoridad indígena departamental coordina acciones con la administración municipal para responder efectivamente desde los componentes del plan de contingencia del municipio de Cáceres.
• Fortalecimiento comunitario a líderes en rutas de acceso a derecho y reactivación de comités para minimizar las situaciones de convivencia que se están presentando al interior de la comunidad.
• Cerca de 300 hombres de la Séptima División del Ejército Nacional fueron trasladados a diferentes puntos del área rural del municipio de Cáceres, con el objetivo de reforzar la seguridad.

Vacíos en la respuesta:

• A la fecha no hay garantías de seguridad para el retorno de las comunidades desplazadas.
• La presencia de los actores armados en el municipio, limita la movilidad de las personas para salir del albergue en el casco urbano.

Albergue

Albergues	No. Familias
Casa Indígena	39
Iglesia Saday	11
Parque educativo	81
Total:	131
Fuente: Programa Mundial de Alimentos

Necesidades:

• Los albergues requieren unas adecuaciones locativas para garantizar dignidad a las personas que se encuentran en ellos y mejorar las condiciones de hábitat.
• Se requiere apoyo de personal social para organizar el uso cotidiano de los albergues. La gestión del albergue en la Casa Indígena ha recaído en la autoridad indígena.

Respuesta:

• La administración municipal y la Organización Indígena de Antioquia facilitaron la apertura de cuatro albergues en el casco urbano de Cáceres (la Casa Indígena, la iglesia evangélica, el Parque Educativo y la escuela) y la preparación de alimentos se hace en la modalidad de ollas comunitarias.
• Así mismo, el Consorcio El consorcio entre el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Diakonie Katastrophenhlife y la Corporación Infancia y Desarrollo (CIyD) facilito entrega de kits de cocina y de hábitat, además de la distribución de los espacios en el albergue debido a la situación de hacinamiento.
• La comunidad ha participado en la preparación y distribución de los alimentos.

Vacíos en la respuesta:

• Espacios reducidos en los albergues por la frecuente llegada de personas desplazadas.

Coordinación General

Se han desarrollados dos Comités Territoriales de Justicia Transicional, un subcomité departamental de prevención y protección, desde los cuales se hace seguimiento, se ha promovido la visibilización de la emergencia y la coordinacion de acciones institucionales desplegada hasta el momento.

El 20 de febrero, se realizó un CIPRAT (Comité Interinstitucional Para la Respuesta a las Alertas Tempranas), convocado por el ministro del Interior, en relación con la alerta emitida por el SAT de la Defensoría del Pueblo. Se acordó la necesidad de un plan de intervención especial para el Bajo Cauca, que incluya los componentes de seguridad (300 efectivos del Ejército) y protección de derechos humanos.

ONU Derechos Humanos y el ACNUR, emitieron un comunicado con la intención de visibilizar la situación, manifestando los esfuerzos que ha venido haciendo la institucionalidad para la atención de esta crisis humanitaria, al mismo tiempo la preocupación y la necesidad de una intervención de mayor envergadura.

Los miembros del ELC de Antioquia en sus procesos de incidencia con las autoridades locales y regionales han insistido en la construcción de un plan subregional de prevención, protección y garantías de no repetición con la participación de entidades de orden nacional, regional, local y la misma comunidad.

El consorcio entre el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Diakonie Katastrophenhlife y la Corporación Infancia y Desarrollo (CIyD) hicieron presencia en el departamento en coordinación con el ELC de Antioquia, participaron de los espacios institucionales locales y departamentales existentes para este fin.

El ELC de Antioquia bajo el liderazgo de ACNUR para los temas humanitarios, continuará monitoreando la situación y en coordinación con la institucionalidad a través de los espacios locales y departamentales existentes, para seguir apoyando la emergencia de manera complementaria y basados en el plan de contingencia del municipio de Cáceres.

Censo de afectación de personas desplazadas

Veredas Afectadas	No. Personas desplazadas	No. Indígenas desplazados	No. Afrocolombianos desplazados
Tamaná	36
Alto Tamaná	207	10
Alto Ponciano	54
Ponciano	12
Campanario	134	53	7
El Tigre	293	25	1
Anará	433	12
Los Lloros	59
Santa Cruz	31
La Floresta	2
Cáceres	8
El Calvario	135	15
Playón	4
Porcelana	53
Astillero	39	10
San Francisco	16
Raya	1
Tacuyarca	4
TOTAL	1521	125	8

Fuente: Personería municipal de Cáceres, con corte a febrero 18, aún no ha sido cerrado.

Este informe es producido por OCHA, UMAIC |9| y ACNUR como líder humanitario del Equipo Local de Coordinación (ELC) Antioquia, con información de los miembros del ELC Antioquia y de autoridades nacionales y locales. Cubre el periodo del 19 de enero al 21 de febrero de 2018.

[Fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), Cáceres (Antioquia), 23feb18]

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Notas:

1. Ver tabla anexa. Información preliminar. Las cifras discriminadas por vereda se encuentran en la tabla y corresponde a información a 18 de febrero. [Volver]

2. Tamaná, Alto Tamaná, Alto Ponciano, Ponciano, Campanario, Anará, El Tigre, Tamaná, Santa Cruz, Los Loros, El Calvario, El Playón, Porcelana, Astillero, San Francisco, La Raya, Tacuyarca [Volver]

3. Grupos criminales organizados de orden local, nacional, también llamados por el Gobierno como Grupos Armados Organizados (GAO) y Clan del Golfo. [Volver]

4. Campanario, Alto del Tigre, Puerto Bélgica, Puerto Santo, José de los Santos, Ponciano Abajo y Carupia [Volver]

5. Policía nacional, período entre enero 1 y febrero 18 de 2018. [Volver]

6. Departamento Administrativo para la prevención y atención de desastres de Antioquia (DAPARD) y equipo de la dirección de DDHH de la Gobernación de Antioquia. [Volver]

7. primer desplazamiento registrado en enero de 2018 [Volver]

8. Registradas el censo de la población en condición de desplazamiento, [Volver]

9. Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por OCHA, PNUD, "Embajada de Suiza en Colombia - Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)" y Secretariado Nacional de Pastoral Social. [Volver]

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