Este documento ha sido publicado el 01sep03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
EQUIPO NIZKOR |
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26ago03
Las comunidades de Cacarica defienden a Justicia y paz frente a la campaña lanzada en su contra por el Comandante Mora Rangel.
(Zonas Humanitarias Nueva Vida y Esperanza en Dios, agosto 27 del 2003) - Ya son cuatro meses y 15 días, desde el inicio de la última ofensiva armada contra nuestro proceso. Lo que hemos construido, lo que hemos propuesto quiere ser destruido totalmente, nos van a llevar a la cárcel,las afecciones morales y psicológicas son profundas ... triunfa el poder, se lleva nuestros recursos forestales, nos quieren imponer la siembra de la palma, ya están alistando los montajes, hoy están diciendo que hay caletas en nuestras Zonas Humanitarias.
Dejamos esta carta como Constancia, creemos en lo que hemos hecho, nos quieren matar el alma, nos han matado con balas, nos ha desaparecido, nos han torturado, nos han bombardead y todo en la impunidad ... exigimos justicia y ahora todo es contra nosotros. Nos van llevar a las celdas, a la otra muerte, y a miembros de justicia y paz... todo es injusto.
La debilidad de la guerra del Estado se asume contra las comunidades, se defiende los intereses de los grandes poderes, nosotros los empobrecidos no tenemos derechos en la tierra, sobre el territorio quieren imponer proyectos agroindustriales y de infraestructura ... Hoy el Bajo Atrato está desplazado o controlado por los paramilitares, hoy solamente en el territorio resisten indígenas, nuestro proceso y los del Jiguamiandó.
Queremos invitarlos a respaldar nuestra Solicitud al Estado, por lo menos que intenten jugar limpio y manden desde el orden nacional a personas que puedan verificar lo que pasa, que puedan para la historia contar el montaje.
A los Humanos del Mundo urgente comunicarse por teléfono con la Vice Presidencia y soliciten su presencia, la de un delegado del Ministerio del Interior y de la Procuraduría, antes que nos capturen, que escuchen lo que somos y lo que se está armando ... así no hagan nada esos funcionarios ... pero que observen la injusticia, el desmoronamiento y la destrucción .
No hay garantías de defensa, la mentira es mas fuerte que la verdad, solamente pedimos que hagan lo mínimo a los del gobierno, a ustedes a que nos acompañen, a que sigan creyendo .... los pobres tenemos derechos, tenemos dignidad y no queremos esa muerte lenta, ni la muerte a balas, queremos justicia y paz con dignidad.
A los religiosos de la iglesia católica, gracias, a los pastores gracias .... lamentamos que el Obispo de la Iglesia Católica de la región animado por las voces de otros religiosos, nunca nos hayan oído y simplemente hayan dicho por todas partes que las Zonas Humanitarias son unas porquerizas, unas cocheras, que hayan hablado mal de Justicia y Paz... sin darse cuenta han ayudado a que eso que hoy vivimos, tenga sin que ellos tal vez lo hayan querido, su aprobación.
La carta que ponemos en este humanos la hemos entregado hoy a la Red de Solidaridad Social, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Vicepresidencia de la República:
Bogotá, 26 de agosto del 2003
Ref: URGENTE SOLICITUD DE PRESENCIA EN EL CACARICA
Reciban un respetuoso saludo en memoria de nuestros asesinados, desaparecidos y torturados, de nuestras familias que afirman sus derechos a la vida y al territorio dentro los derechos consagrados.
Desde el 13 de mayo hay una acción fuerte y grave contra nuestra comunidad que no ha cesado y que cuenta con la responsabilidad de agentes estatales, desde ayer se realizaron sobre vuelos a menos de tres metros de altura de nuestra Zona Humanitaria Esperanza en Dios, donde desde los helicópteros tomaron fotografías e hicieron grabaciones de videos. En la mañana de hoy, a las 8:30 horas uno de los militares de la Brigada XVII anuncio que iban a ingresar a nuestro lugar humanitario porque había caletas.
Ante estas afirmaciones, y las acciones que se van a desplegar queremos dejar constancia ante ustedes:
1. Nuestro Proyecto de Vida se inspira en el Derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral en la afirmación del derecho a la Vida y al Territorio sin usar de la violencia.
2. En las noches anteriores unidades militares de la Brigada XVII han estado en los alrededores de la Malla, algunos ingresaron, nosotros no usamos armas, no usamos logística guerrillera, no usamos nada contra nuestros principios, ni contra el Estado, nuestras defensa es la palabra, es la Malla de la Vida, es la verdad, la justicia, la libertad, la solidaridad y la fraternidad. Si hay esas caletas de las que habla el ejercito esas las montaron entre anoche y la madrugada de hoy, pues se les vio luego de tomar fotografías a la casa misionera de Justicia y Paz en los sitios de rastrojo al lado del aserrio, de la trilladora, del olleto y al lado de la casa misionera de Justicia y Paz
3. Nunca nos hemos opuesto a la presencia del Estado por eso propusimos la reconstrucción de nuestra vida con la construcción de una Casa de Justicia y firmamos unos acuerdos con el gobierno nacional en diciembre de 1.999
4. Exigimos debido proceso, no hemos pensado huir ante las acusaciones que nos vinculan como terroristas, como traficantes de drogas , como corruptos. Si nos llevan a la cárcel será injusto pero el tiempo mostrara la verdad de lo que sucede en el territorio.
Por eso en ejercicio de nuestro derecho a la defensa, ante tantas acusaciones que han hecho contra nuestros proceso a través de los medios de información, y como un mecanismo de garantía que evite montajes, solicitamos:
1. La presencia inmediata del Ministerio del Interior y de la Vise Presidencia en el Territorio que verifique la actuación de la fuerza publica, hasta tanto no exista su presencia no se realice la actuación militar de ingreso a nuestra Zona Humanitaria.
2. La presencia de la Procuraduría General de la Nación delegada desde Bogotá que acompañe las acciones anunciadas por el ejercito.
Es tan atentado contra nuestras vida, quieren acabar, destrozar el alma pero seguimos desde nuestros principios afirmando la verdad y buscando la justicia
Esperando su respuesta urgente,
Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica.
Los habitantes de Cacarica defienden a Justicia y Paz frente a los señalamientos del Comandante del Ejército, Jorge Enrique Mora.
Se trata de una comunidad de paz formada por desplazados del Chocó, que decidieron alambrar sus caseríos para que no entre nadie armado allí. Las seis hileras de alambre de púa que para el comandante del Ejército, Jorge Enrique Mora, rodean un campo de concentración de las Farc, son para la comunidad de la cuenca del río Cacarica, en Chocó, su protección contra un ataque de los actores armados.
La cerca rodea dos zonas humanitarias de paz a las que retornaron entre febrero del 2000 y marzo del 2001, 23 comunidades negras desplazadas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en 1997. Son unas 260 familias que formaron dos grandes asentamientos, uno llamado Nueva Vida y el otro, La Esperanza de Dios, ubicados a unas cuatro horas desde Turbo, remontando los ríos Atrato y Cacarica. La primera está a orillas del caño Perancho, y la segunda sobre el Peranchito. Una y otra se hallan a una hora de distancia por una trocha que las comunica.
La tierra circundante es de su propiedad, desde 1999 cuando el Gobierno Nacional les otorgó escrituras colectivas sobre 103.024 hectáreas, luego de permanecer tres años en el coliseo de Turbo, en Bocas del Atrato y en Bahía Cupica (Panamá), como desplazados.
A pesar de tener títulos, el control del territorio se lo disputan hace meses los paramilitares y la guerrilla. Por esa razón, y por el miedo a que los vuelvan a sacar a la fuerza de sus propias tierras, ambas comunidades decidieron cercar con una malla las 20 hectáreas en las que están edificados sus ranchos.
Esa malla fue la que cuestionó el jueves pasado el comandante del Ejército, cuando acusó a ambos asentamientos de ser un campo de concentración de las Farc, administrado por una ONG llamada Justicia y Paz.
Un día después, la Defensoría Nacional del Pueblo protestó por esas declaraciones, ratificó que se trata de un grupo de desplazados, y responsabilizó al Gobierno por la seguridad de los habitantes.
"Vivimos encerrados no porque queramos, sino porque así nos quieren tener los armados que se apoderaron de nuestros territorios", dice una joven que se declara muy preocupada por las palabras del general Mora.
Ella cuenta que, reunidos en asamblea, buscaron alternativas para sentirse más seguros y encontraron el ejemplo de las urbanizaciones cerradas de las ciudades. "Allí -dice - hay que anunciarse para entrar o salir y los padres están tranquilos porque sus hijos supuestamente no se topan con nadie extraño".
Sin embargo, todos los miembros de la comunidad dan fe de que nadie está encerrado y todos pueden salir y entrar cuando quieran. También aclaran que la Ong mencionada por el General (que pertenece a la Compañía de Jesús), es solo un acompañante en su proceso de retorno a su tierra.
La relación de los habitantes con el Ejército ha sido un poco conflictiva desde hace tres meses, cuando arribó un grupo de soldados al mando del mayor Flórez. El grupo se instaló a unos 50 metros de la entrada de La Esperanza de Dios.
Según las denuncias de la comunidad, los militares acamparon sobre varios cultivos de arroz, y utilizaron plátano y yuca de las parcelas que las comunidades tienen fuera del cerco. La delegada de la Defensoría del Pueblo, Luz Mary Panche, que hace presencia permanente en el lugar como parte, junto con brigadas de paz internacionales, de un grupo de verificación del regreso de los desplazados, se reunió con el Mayor para explicarle el proyecto de vida de esta gente y de su decisión de no permitir a nadie entrar con armas en sus asentamientos.
Según ella, ni Flórez, ni el teniente Llanos que lo remplazó, parecieron comprender y exigieron hablar directamente con la comunidad, lo que no fue posible. "Suponga que no nos llamamos zonas humanitarias sino conjuntos residenciales cerrados. A ellos no entran el Ejército o la Policía para quedarse conviviendo con la gente, enamorando las niñas y reclutando a los jóvenes", comenta otro habitante.
EL TIEMPO contactó a los militares que están en la zona pero todos se abstuvieron de responder cualquier pregunta con el argumento de que no están autorizados para hablar.
Sin embargo, lo que más parece haber contribuido a la confusión y a las denuncias del general Mora parece haber sido una declaración de un miembro de la propia comunidad llamado Adán Quinto, representante legal del Consejo Mayor, quien fue expulsado hace unos meses por el grupo.
"Adán -cuenta un anciano- fue sancionado con 30 días de inhabilidad para participar en cualquier actividad nuestra porque se apropió de 500 mil pesos de una partida de 10 millones que el Incora aportó para el retorno".
"Pero luego del retorno firmó un permiso sin nuestro consentimiento para que la empresa Maderas del Darién explotara nuestros territorios con maquinaria pesada. Se hizo una asamblea y se destituyó".
El jueves pasado, cuando el general Mora hizo sus denuncias, al lado derecho del oficial estaba sentado Adán Quinto, quien vive en Turbo y cuya versión de los hechos no fue posible conseguir.
[Fuente: Carlos Salgado R., Enviado especial Cacarica (Chocó), El Tiempo, Bogotá, Col - 25ago03].
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