Boletín No.5 Septiembre - Diciembre 1999
Derechos humanos, conflicto armado y paz en colombia
VISIÓN PANORÁMICA 1999
Fundación para la educación y el desarrollo - FedesÁrea Educación e Investigación
Dirección: Matilde Quintero
Investigación y redacción: Héctor Castro Portillo
Fecha de publicación : Febrero 2000-Santafé de Bogotá. Colombia
Contexto general1999 no fue un buen año para los derechos humanos en Colombia. En realidad, tampoco lo fue para nada ni nadie. La economía, por ejemplo, vino de mal a peor. Algunas entidades bancarias de carácter público y privado debieron ser intervenidas por el Estado, aunque para salvarlas se acudió al viejo expediente de gravar aún más la situación económica de los sectores de bajos recursos, como aconteció con la creación del impuesto del 2 por mil a las transacciones financieras, gravamen diseñado con nombre propio, el grupo financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Para muchos resulta claro que con ello Pastrana estaba devolviendo favores de campaña electoral. Blanco es, gallina lo pone, dice el refrán.
En lo social, también el pasado fue un año con saldo en rojo. Los deudores del sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante, viejo sistema de financiación de vivienda) experimentaron la dureza del sistema al tener que devolver a bancos y corporaciones sus casas después de haber pagado varias veces el valor originalmente pactado, lo cual causó gran conmoción social y llevó a la Corte Constitucional a intervenir declarando inexequibles las normas legales que le daban sustento.
Otros que protestaron fueron los movimientos cívicos e indígenas del Macizo Colombiano, en el departamento del Cauca, los que durante un mes bloquearon la vía Panamericana, principal ruta de acceso terrestre del interior al sur del país, clamando por el cumplimiento de acuerdos anteriores en relación con demandas sociales y económicas. Ciudades como Pasto y Popayán quedaron sitiadas, privadas del abastecimiento de alimentos y su comercio disminuído en un gran proporción. Después de varios días de intransigencia estatal, el gobierno accedió a firmar un acuerdo presionado por sectores políticos y sociales de la región, que veían como la protesta deterioraba sensiblemente su economía.
Maestros y trabajadores sindicalizados, por su parte, protagonizaron fuertes jornadas de protesta contra el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Pastrana, y aunque al final no consiguieron el objetivo de impedir su aprobación por el Congreso, pusieron sobre el tapete de la opinión pública las inconveniencias del Plan para los sectores populares. De hecho, se trató del Plan más debatido y cuestionado por los trabajadores en los últimos años.
Y es que en materia de derechos económicos y sociales antes que avance hubo retroceso. En efecto, en septiembre, el desempleo en las estadísticas oficiales alcanzó una cifra sin precedentes en muchos años, el 20.1%, aunque el año cerró con un 18% gracias a los empleos temporales de diciembre. De todos modos, esta no deja de ser una cifra alarmante. En materia de salud, varios hospitales públicos fueron cerrados y otros amenazan serlo por déficit presupuestal, y !claro ! para ellos no hubo la generosidad gubernamental exhibida para los bancos y corporaciones financieras. La economía continuó en recesión, siendo general la impresión popular en el sentido de que nunca antes había sido tan dramática la situación. Y si bien la inflación fue de solo 9. 23% (lo que llena de orgullo al equipo económico del gobierno), este hecho antes que reflejar una cierta recuperación económica, habla por si mismo del estado recesivo y de la pérdida de la capacidad adquisitiva de los colombianos, como coinciden en señalar algunos expertos.
Para paliar la crisis, el gobierno corrió presuroso a firmar un acuerdo de crédito del orden de los US$3.000 millones con el Fondo Monetario Internacional del que se deriva el compromiso de Colombia de ampliar la base tributaria y atacar la evasión. Se trata de hacer que más personas y actividades paguen el impuesto a la renta, con el fin de reducir en 1.5% del PIB, el déficit fiscal que actualmente alcanza 6.2% del PIB, en parte por la desmedida corrupción administrativa.
Y hablando de corrupción, los sonados casos de Dragacol, Enron y las pensiones de los congresistas, que costaron miles de millones de pesos a los colombianos, solo vinieron a confirmar lo que ya es una norma en el manejo de la administración pública.
Derechos HumanosDe acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante 1999, se produjeron 402 masacres con un saldo total de 1863 víctimas (El Espectador, jueves 30 diciembre/99.p.6-A). Esta cifra representa un dramático incremento respecto de 1998 en el que se registró un total de 194 para un total de 1231 víctimas. Según la fuente, en Colombia durante el año pasado ocurrieron 34 masacres y 155 víctimas por mes en promedio. Antioquia siguió siendo el departamento más violento al registrar 456 víctimas seguido de Norte de Santander (195), Bolívar (122), Cesar (115) y Valle del Cauca (102). Respecto a la autoría de estos ilícitos, la Defensoría atribuye el 2% a la Fuerza Pública, el 8.96% a grupos armados, el 16.67% a la guerrilla, el 35.07% a otros actores, y el 37.81% a los grupos paramilitares. Estas cifras resumen la gravedad de la situación de los derechos humanos en Colombia, y demuestran una tendencia creciente hacia la profundización de la misma. Al tiempo que colocan al país entre los de mayor tasa de homicidios en el mundo, como lo reveló el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe sobre Colombia conocido en enero pasado.
La crisis tocó las puertas de la intelectualidad al ser asesinados en Bogotá Jaime Garzón y Jesús Antonio Bejarano, en hechos que aún continúan siendo un misterio para la opinión pública. Asimismo, los defensores de derechos humanos y representantes de la población desplazada fueron objeto de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas por parte de los grupos paramilitares. En este sentido, basta recordar los asesinatos de Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto González, miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el secuestro de Jorge Salazar, Claudia Tamayo, Olga Rodas y Jairo Bedoya del Instituto Popular de Capacitación, liberados posteriormente, y Edgar Quiroga, líder de los desplazados de Sur de Bolívar, cuya suerte final aún hoy se desconoce.
Por su parte, el desplazamiento siguió su espiral ascendente. Algunas Ongs consideran que de un millón quinientos mil desplazados a comienzos de 1999 se pasó a dos millones al terminar el año. Entretanto las esperadas soluciones del gobierno no llegaron. La Red de Solidaridad Social, entidad a la que el gobierno encargó la atención de los desplazados, dedicó la mayor parte del año a conocer el problema y adoptar una estrategia de intervención conocida como Plan Estratégico para el Manejo de Desplazamiento Interno Forzado por el Conflicto Armado. El Plan, aunque reconoce que una de las principales causas del desplazamiento forzado es el conflicto armado, niega un enfoque de derechos humanos al problema, poniendo el énfasis en temas como la atención humanitaria, la estabilización socioeconómica y el retorno, y dejando de lado aspectos como la impunidad y la reparación moral y material a las víctimas.
En términos generales, la política pública en relación con los derechos humanos quedó en deuda con el país y la comunidad internacional. Ello es evidente, especialmente, al analizar la postura oficial respecto de los proyectos de ley sobre desaparición forzada y genocidio, y del nuevo Código Penal. Ambos proyectos fueron aprobados por el Congreso pero objetados por el Presidente de la República, en una actitud que mereció el rechazo del representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, señor Anders Kompass, quien mediante comunicado del 26/01/2000 declaró "la Oficina deplora que, una vez más, los hechos no parezcan corresponder a la voluntad gubernamental manifestada a la comunidad internacional, de dar al tema de los D.H. el lugar que le corresponde".
En el caso del proyecto sobre desaparición forzada, en el cual también se tipificaba el delito de genocidio, y que fue aprobado por el Congreso el 1 de diciembre/99, el gobierno alegó razones de inconstitucionalidad e inconveniencia pues la redacción del delito de genocidio además de referirse a grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, como sujetos pasivos de la conducta, incluía la expresión "político o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos", lo que a juicio del gobierno era contrario a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia. El gobierno, en una interpretación extrema, también alegó que, de aprobarse la expresión comentada, la Fuerza Pública podría verse limitada al combatir a los grupos guerrilleros, pues podrían resultar vinculados a procesos por genocidio. Este argumento desconoce que tratándose de grupos al margen de la ley, El Estado tiene el derecho de perseguirlos legítimamente, y que las baje que cause, siempre que no constituyan violaciones a los derechos humanos o al Derecho Humanitario, mal podrían ser consideradas como causales de genocidio.
Y en relación con el proyecto de nuevo Código Penal, que tipificaba entre otros la desaparición forzada, el genocidio, la manipulación genética, la extradición y el secuestro, entre otros, el gobierno planteó 85 objeciones por inconstitucionalidad o inconveniencia. Esta vez el argumento del gobierno fue que la expresión "combatientes" usada en los delitos de desaparición forzada y genocidio no podía extenderse más allá de los miembros de la Fuerza Pública, pues esta expresión no procede para los conflictos armados internos, por esta razón no podría usarse para referirse a otros grupos distintos de la Fuerza Pública. Entre quienes salieron al paso de los argumentos del gobierno estuvo Kompass, quien recordó que la doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja considera combatientes a quienes participan de las hostilidades en un conflicto armado con o sin carácter internacional; asimismo recordó jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (sentencia C-225 de 1995), según la cual en un conflicto armado los alzados en armas son sujetos de Derecho Internacional humanitario, puesto que están obligados a respetar las normas humanitarias, y que las partes en un conflicto no pueden definir a su arbitrio quién es o no combatiente.
En conclusión, aunque el rechazo a las objeciones presidenciales a los proyectos de ley fue amplio, éstos deberán volver al Congreso para su discusión. En el caso de las objeciones por inconstitucionalidad, de persistir la posición del Congreso, la última palabra la tendrá la Corte Constitucional. Por su parte, las objeciones por inconveniencia, de persistir la posición del Congreso, el gobierno deberá sancionar la nueva ley.
Conflicto ArmadoAl tiempo que se avanzó en la elaboración de la agenda temática y la definición de la metodología para la negociación con las Farc, y se discutía la posibilidad de un despeje en el sur del departamento de Bolívar para el Eln, los combates Ejército- Farc se sucedieron de manera intensa. En algunos casos, los asaltos a estaciones de Policía y bases militares causaron destrucción parcial de poblados afectando personas y bienes civiles. Las normas del Derecho Internacional Humanitario no fueron, precisamente, las más acatadas. El 4 de diciembre, las Farc atacaron la estación de Policía del municipio de Gigante, departamento de Huila. Además de bajas entre la Policía, 25 civiles resultaron heridos, 40 viviendas y 30 locales comerciales resultaron afectados, según reportes oficiales.
Si de medir el número de bajas para saber quien esta ganando la guerra se tratara, difícilmente podría llegarse a una conclusión objetiva. Generalmente, solo trascienden a los medios de comunicación los reportes de las fuentes militares. Y cuando unos y otros se pronuncian sobre el numero de bajas causado a su enemigo, las cifras se distancian significativamente. En Puerto Inírida, capital del departamento del Guainía, el 16 de noviembre comenzó un enfrentamiento entre las Farc y efectivos de la Policía y la Infantería de Marina, en lo que pareció ser uno de los combates más sangrientos del último trimestre. Según la infantería de Marina, los guerrilleros habrían perdido a 35 de sus hombres, pero no reconoció víctimas en sus filas. Además, proporcionó cifras contradictorias sobre la cantidad de hombres que componían el grupo de las Farc; en una ocasión manifestó que se trataba de 1500 y en otras que se componía de 3000. Resulta curioso, al menos, que un ataque de 1500 o 3000 hombres no produzca bajas en el bando enemigo.
El Eln volvió a atentar contra la infraestructura energética destruyendo torres y redes de conducción del fluido eléctrico. En este sentido, el departamento más afectado fue Antioquia, quien por estos hechos debió sufrir varios racionamientos del servicio. La ofensiva fue de tal proporción que podría dificultar la proyectada venta a inversionistas privados de ISA e ISAGEN, dos de las empresas del sector, con las que el gobierno prevé cubrir el hueco fiscal en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los civiles secuestrados del conocido caso del avión de Avianca, en poder de este grupo guerrillero, continuaron privados de la libertad; mejor suerte corrieron los de la iglesia de La María de Cali, quienes fueron liberados en pequeños grupos.
Por su parte, los paramilitares continuaron con la ejecución de civiles en la modalidad de masacres y consolidaron su poder especialmente en la Serranía de los Motilones, en el departamento de Norte de Santander, limítrofe con Venezuela. Uno de los municipios más afectados en esta zona por el accionar paramilitar fue el Tarra, donde muchos campesinos fueron asesinados generándose con ello un desplazamiento masivo de la población hacia la capital del departamento, Cúcuta y hacia territorio venezolano. Los paramilitares, aunque alegan ser una organización de carácter político, no logran aún el reconocimiento como tal, ni han generado una base de apoyo popular que les procure ser tenidos en cuenta de cara a una posible negociación política con el Estado. Por el contrario, las múltiples masacres de pobladores civiles anónimos con las que a diario afligen al país, su casi segura participación en los crímenes de Jaime Garzón y Jesús Antonio Bejarano, unido al hecho de haber reconocido públicamente sus vínculos con el narcotráfico, hace que el país les tema pero no los respete.
PazEntretanto, en materia de paz, las Farc y el gobierno definieron la agenda temática, la cual quedó compendiada en tres grandes grupos : 1. Modelo económico y social. 2. Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y política internacional. 3. Reformas políticas o de Estado. Las partes aspiran a evacuar este temario en 18 meses. Pero, el proceso avanzó un paso más con el inicio de la discusión del primer grupo temático, que se encuentra desagregado en tres puntos : a) estructura económica y social, b) política agraria y c) explotación y conservación de los recursos naturales. En relación con la metodología a utilizar en la deliberación de los temas, se acordó la realización de audiencias públicas televisadas en las cuales podrán participar vía telefónica todos los colombianos con ideas y propuestas; asimismo, las partes podrán llevar a la mesa a expertos en cada uno de los temas. Por parte del gobierno ya han intervenido el Ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, y el director de Planeación Nacional, Mauricio Cárdenas Santamaría. El acuerdo metodológico incluye tele conferencias en las que las partes explicará los avances del proceso. En relación con el tema económico, las partes acordaron visitar Suecia, Noruega, España, entre otros, para revisar las experiencias de los modelos de esos países.
Por otra parte, el proceso de convención nacional promovido por el Eln y los llamados voceros de la sociedad civil quedó congelado ante la falta de decisión del presidente Pastrana para despejar un territorio de cinco mil kilómetros en el sur de Bolívar. El acercamiento entre gobierno y ELN ha sufrido muchos tropiezos, lo que el gobierno ha atribuido a las acciones del grupo guerrillero contra pobladores civiles en los casos del avión de Avianca, la Iglesia de la María y el secuestro de los pasajeros de una embarcación que se movilizaba por el río Magdalena en el departamento del Atlántico. Adicionalmente, el Eln ha debido afrontar un nuevo obstáculo que no fue el caso de las Farc en su momento: la franca oposición de alcaldes y pobladores de los municipios del sur de Bolívar a que se despeje militarmente la zona. Ellos consideran que el despeje aumentará los problemas de orden público y hará más traumático el disfrute de sus derechos humanos. Esta oposición también ha influído en el hecho de que el gobierno no haya tomado la decisión de despejar la zona solicitada por el Eln. De todas formas, el gobierno ha manifestado su interés en fortalecer el proceso de paz con el ELN, lo que hace prever que el despeje será inminente en los próximos meses. El Eln ha manifestado que solo espera que el gobierno de la orden de despejar para iniciar el proceso de convención nacional.
PerspectivasPara el futuro próximo es de esperar que el país se siga moviendo entre dos aguas, la de los diálogos de paz y la de la confrontación armada. Hasta ahora, el país ha asistido al arreciamiento del conflicto por parte de los actores como estrategia para llegar fortalecidos a la mesa de negociación. Las Farc han manifestado que no modificarán su política hasta tanto no se logre un acuerdo total con el gobierno sobre la totalidad de la agenda. El ELN procurará impedir la privatización de las electrificadoras por parte del gobierno, lo que hace prever que no pararán la voladura de torres de energía. También, como lo han manifestado públicamente, continuará con la retención de civiles con móviles económicos para financiar la guerra. Los paramilitares, por su parte, intentarán crear un clima de terror en el Sur de Bolívar para obstaculizar el despeje en esa parte del país. El gobierno comprará helicópteros para la lucha contrainsurgente con los recursos del Plan Colombia ofrecidos por el gobierno norteamericano supuestamente para la lucha contra el narcotráfico.
La situación será extremadamente grave, especialmente, en el sur del país, departamentos de Caquetá y Putumayo, porque buena parte de los 1.600 millones de dólares que donará Estados Unidos será para erradicar cultivos de coca en esa región, donde se encuentran las Farc, a las que Estados Unidos ve comprometidas en ese negocio. Así gobierno y Estados Unidos intentarán matar dos pájaros de un tiro: guerrilla y narcotráfico. Asimismo, es muy probable que aumente el número de desplazados forzados en estos departamentos pues dentro del paquete de "ayuda" s se prevé el desplazamiento de 150.000 personas como efecto de la fumigación de los cultivos ilícitos; el paquete destina 10 millones de dólares para paliar la crisis social y económica que deberán sufrir los nuevos desplazados.
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