Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz en Colombia
Boletín No. 2. Octubre - Diciembre 1998
Por Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES)
Presentación
Introducción
1. Conflicto Armado
1.1. Operación Marquetalia en Mitú
1.2. Reveses del Ejército
1.3. Derecho Internacional Humanitario
1.3.1. El Caso Machuca
1.3.2. Pescas Milagrosas
1.3.3. Masacre de San Carlos
1.3.4. Masacre de Altos del Rosario
1.3.5. Amenazas a Alfredo Molano
1.3.6. Bombardeos sobre Santo Domingo, Arauca
2.1. Perspectivas del desplazamiento
2.2. Retornos
3.1. Proceso Gobierno - Farc
3.1.1. Despeje
3.1.2. El Impasse del Batallón Cazadores
3.1.3. Canje
3.2. El proceso del ELN y la sociedad civil
Santafé de Bogotá, 5 de febrero de 1999
Presentación
Al entregar la segunda emisión de nuestro boletín, queremos reiterar públicamente el rechazo al asesinato de nuestros colegas Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto González, miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, sucedido el 31 de enero de 1998, cuando viajaban en un vehículo de transporte intermunicipal de Medellín a Bogotá, y al secuestro de los integrantes del Instituto Popular de Capacitación -IPC- de Medellín, Jorge Salazar, Claudia Tamayo, Olga Rodas y Jairo Bedoya, hechos atribuídos a los grupos paramilitares. Al tiempo que rechazados estos nuevas agresiones contra la comunidad de derechos humanos, nos solidarizamos con los amigos, colegas y familiares de las víctimas, y nos unimos a las voces que exigen garantías para el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia.
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IntroducciónEl último trimestre de 1998 no fue sustancialmente diverso de los tres anteriores en materia de derechos humanos y violencia política. Continuaron los combates entre las Fuerzas Militares y los grupos guerrilleros, con significativas derrotas parciales para las primeras. Los combates entre guerrilla y grupos paramilitares fueron intensos especialmente en Tolima, Sur de Bolivar y Urabá. La promesa de Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de tomar café colgado de una hamaca en la serranía de San Lucas el 31 de diciembre no se cumplió. La población civil fue de nuevo sacrificada especialmente por las AUC, y el desplazamiento conservó su línea de crecimiento. El nuevo gobierno de Andrés Pastrana fue recibido con un paro nacional de los trabajadores estatales de más de tres semanas, mientras en el Congreso de la República se discutía la llamada "reforma política" propuesta por el Ministro del Interior, que finalmente no prosperó. Las noticias alentadoras estuvieron a cargo de la reunión preparatoria de la Convención Nacional propuesta por el ELN y miembros de la sociedad civil, y por el despeje militar de cinco municipios de Meta, Guaviare y Caquetá con el objeto de establecer allí la mesa de negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno nacional, hechos considerados históricos en materia de búsqueda de alternativas de paz.
En resumen, no fue precisamente un período favorable para los derechos humanos, pese a la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Mary Robinson, a quien le correspondió experimentar en carne propia el rigor de la crisis a través de amenazas telefónicas mientras asistía a una reunión. La Alta Comisionada también fue sacudida por el asesinato del vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Cut, Jorge Ortega, y debió cambiar su agenda para expresar la solidaridad con la organización sindical por el lamentable suceso. El asesinato del lider sindical es una baja sensible no solo para el movimiento obrero, sino también para las iniciativas civiles en favor de la paz, ya que era el delegado de la Cut ante la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.
Por otra parte, la investigación sobre el asesinato del defensor de derechos humanos, Eduardo Umaña Mendoza, acaecido el 19 de abril /98, tomó un giro sorprendente por la agilidad con que se produjo la captura de seis personas presuntamente vinculadas con el magnicidio; una de ellas es una mujer, Teresa de Jesús Leal Medina, abogada, a quien el día de su captura le fue hallada una agenda con diversos números telefónicos de sargentos, mayores y capitanes del Ejército, por lo que una hipótesis que manejan los investigadores es la de la responsabilidad de oficiales de las Fuerzas Militares. La Fiscalía General cuenta con la versión de un testigo que habría oído la planeación del crimen, misma que permitió realizar las capturas. (El Espectador, enero 3 de 1999, p.8A).
En materia de políticas públicas, solo hasta diciembre, cinco meses después de su posesión, el presidente Pastrana, dió a conocer su agenda para la protección de los derechos humanos, la cual solo contiene de manera puntual algunas medidas que serán adoptadas por el gobierno y que, por lo mismo, no alcanza a ser una estrategia integral. Dicha agenda prevé la presentación ante el Congreso de la República de proyectos de ley que tipifiquen penalmente las conductas prohibidas por el DIH, así como los crímenes de lesa humanidad. Así mismo, plantea que los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Militares sean conocidos por la justicia ordinaria, pero las violaciones a los derechos humanos, que no alcancen dichas categorías, serán conocidas por personal militar especializado, separado e independiente de la línea de mando, con lo cual se preserva el fuero militar. La agenda compromete al gobierno a fortalecer el programa de protección a los defensores de los derechos humanos, a través de la Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior. También se prevé el incremento de la ayuda logística y material a la Procuraduría General, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, a efectos de mejorar las investigaciones contra responsables de violaciones a los derechos humanos. Quizá la novedad más importante de la agenda, es la creación de un Comité Especial de Impulso a las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, integrado por el Vicepresidente, el Ministro del Interior, el Fiscal General y el Procurador General.
El anuncio de la agenda no debe generar grandes expectativas en relación con el mejoramiento de la situación de los derechos humanos. Por un lado, a partir de la Constitución de 1991, el gobierno perdió la facultad de expedir códigos y crear delitos, función ésta reservada exclusivamente al Congreso. De suerte que para que el gobierno haga realidad su propuesta de tipificar como delitos las conductas prohibidas por el DIH y los crímenes de lesa humanidad, debe presentar los respectivos proyectos de ley ante el Congreso, donde deberán tramitarse como lo prevé la Constitución. La experiencia demuestra que en materia de creación de delitos relacionados con la violación de los derechos humanos, el Congreso es muy permeable a las presiones de la extrema derecha y los mandos militares. La suerte de los diversos proyectos de ley para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, así lo confirma. A pesar de la gravedad del fenómeno, la desaparición forzada no es legalmente un delito en nuestro país. Así las cosas, resulta difícil la aprobación de leyes que permitan endilgar responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas por las conductas mencionadas, y más que los militares sean obligados a responder por dichas conductas ante la justicia ordinaria, a menos que el gobierno decida jugársela a fondo en este sentido en el Congreso, haciendo gala de todas sus influencias en las bancadas parlamentarias, lo cual parece poco probable.
Con todo lo anterior, puede concluirse que, aún hoy, el gobierno está en mora de presentarle al país, un plan para el mejoramiento de la crisis de los derechos humanos, que no supedite el disfrute de éstos al éxito de las negociaciones de paz, posición que parece cobrar fuerza en ciertos sectores del gobierno, y que prácticamente decidió la salida de la señora Almudena Mazarraza como directora de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones unidas para los Derechos Humanos. Por otra parte, fue bien recibida la decisión del Presidente, Andrés Pastrana, de adherir al tratado mediante el cual se creó la Corte Penal Internacional. Lo que sigue es la ratificación del tratado por parte del Congreso de la República, para que cobre vigencia en nuestro país.
La ausencia de una política oficial integral en materia de protección a los derechos humanos, ha generado serios cuestionamientos de Ongs locales e internacionales. Human Rights Watch (HRW), por ejemplo, denunció en su informe anual sobre derechos humanos publicado en Washington en diciembre pasado : "A pesar de la gravedad del problema, el gobierno Pastrana no ha presentado todavía un plan coherente que ataque el problema, y no ha dado ningún paso para romper la impunidad en la que se mueve el Ejército". José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para América, se lamentó de que el gobierno no hubiera tomado medidas administrativas contra altos oficiales de la cúpula militar comprometidos en serias violaciones a los derechos humanos y en el patrocinio de grupos paramilitares, como los generales Rito Alejo del Río, Jaime Uscátegui y Enrique Mora Rangel. (El Tiempo, 4 de diciembre/98.p. 7A)
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1. Conflicto Armado
Las hostilidades militares entre los actores del conflicto armado cubrieron una buena parte del territorio nacional, pero los departamentos más afectados fueron Guaviare, Vaupés, Arauca, Bolivar, Tolima y Antioquia.
Los enfrentamientos entre Ejército y guerrilla se registraron especialmente en Guaviare, Vaupés, Tolima y Arauca, siendo los más importantes los ocurridos en Mitú, Calamar y El Retorno. En Ríoblanco, Tolima, los enfrentamientos entre la V División del Ejército y las Farc dejaron como saldo más de un centenar de fincas incendiadas y más de mil personas desplazadas (El tiempo, 12 de noviembre de 1998).
Guerrilla y paramilitares midieron fuerzas de modo especial en el Sur de Bolivar, Tolima y Urabá, y el resultado parece favorecer a los insurgentes pues no solo impidieron el avance de las AUC en los municipios de San Pablo y Simití, en el Sur de Bolivar, sino que éstas fueron atacadas en sus principales campamentos de la Secreta, municipio de Mutatá, y de Paramillo, en el municipio de Tierralta, departamento de Córdova, sede del cuartel general del principal lider de las AUC, Carlos Castaño, quien sobrevivió a la avanzada. Algo similar aconteció en el departamento del Tolima, donde las Farc recuperaron el sitio conocido como el Davis, ubicado en el municipio de Ríoblanco, controlado en los últimos años por los paramilitares. La acción de las Farc reviste significación toda vez que allí se produjo su nacimiento como organización guerrillera de estirpe marxista en la década de los años cincuenta, siendo la presencia paramilitar en esa zona una verdadera afrenta a su orgullo.
Las FARC ratificaron su poderío para adelantar hostilidades de gran envergadura, desplazando centenares de hombres, produciendo considerables bajas a la Fuerza Pública y minando la moral de un Ejército cuya efectividad se pone en entredicho y que no es ajeno a graves escándalos de corrupción interna. Su principal golpe lo constituyó la llamada "Operación Marquetalia" dirigida contra la estación de policía de la capital del departamento de Vaupés, Mitú.
El ELN, la segunda organización rebelde en importancia, dedicó más esfuerzos al establecimiento de contactos de paz con sectores de la sociedad civil, y observó un perfil más bajo desde el punto de vista militar. No obstante, en octubre, cuando sus gestiones de paz habían logrado despertar amplias simpatías en la opinión pública, un atentado de sus hombres contra el oleoducto central de Segovia, Antioquia, provocó un incendio que arrasó literalmente con el caserío de Machuca, causando la muerte a 48 pobladores e hiriendo aproximadamente a 70, hecho que significó un golpe bajo a las expectativas de paz con este grupo guerrillero. El ELN reconoció públicamente la responsabilidad por el atentado, pero negó haber provocado intencionalmente el incendio que destruyó la población, y se comprometió a indemnizar a los familiares de las víctimas con cien millones de pesos.
Los paramilitares, por su parte, continuaron su política de atentados contra la población civil, cobrando más de un centenar de víctimas en los departamentos de Sucre, Cesar, Chocó, Antioquia y Putumayo. En todos los casos de masacres se trataba de personas indefensas que los paramilitares presentaron como guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, tratándose en algunos casos de niños y ancianos con limitaciones físicas. Estos grupos a menudo hablaron de la necesidad de aclimatar la paz en el país, y presionaron de una manera muy singular (el asesinato de personas inermes) el reconocimiento de su carácter político por parte del gobierno, exigiendo ser tenidos en cuenta de cara al proceso de paz.
El 20 de noviembre, en tres veredas del municipio de Yolombó, Antioquia, los paramilitares dieron muerte a trece campesinos. Otro tanto hicieron en la vereda la Cabuya del municipio de Tame, Arauca, donde esa misma noche asesinaron a tres hombres y una mujer en estado de embarazo.
Sin duda, Antioquia fue el departamento más afectado por las incursiones de los grupos paramilitares en el período. En efecto, a los homicidios de Yolombó se unen los cometidos durante los primeros días de noviembre en Vegachí y Remedios, los que sumaron veinticinco, y los ocurridos en el municipio de San Carlos entre el 21 y 22 de octubre que sumaron doce. Algunos de estos hechos fueron reivindicados por un grupo paramilitar denominado "Héroes de Machuca" creado posteriormente a la tragedia allí ocurrida.
La violencia paramilitar se extendió al departamento de la Guajira, en particular al municipio de Villanueva, donde el 8 de diciembre en horas de la madrugada, fueron asesinados 25 personas que celebraban en las calles el día de las Velitas.
El siguiente cuadro es una síntesis de masacres cometidas por paramilitares de octubre a diciembre /98, según versiones de prensa y denuncias de Ongs. Se trata solo de una muestra, por lo mismo no pretende dar cuenta de todas las masacres que hayan podido producirse en el período, atribuibles a las AUC.
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO CORREGI
MIENTOVEREDA
FECHA
No. MUERTOS
DESA
PARECIDOSAntioquia Yolombó Pantanillo Chambucal
Barro Blanco
Nov.18 13 Antioquia San Carlos (zona urbana) Dic. 3 11 15 Antioquia San Carlos (zona urbana) Oct.21,22 12 Antioquia Vegachí El Tigre El Moná Nov. 7,8 5 6 Antioquia Remedios Santa Isabel Nov. 7,8 7 20 Antioquia Uramita La Verde Nov. 3 2 10 Arauca Tame La Cabuya Nov. 19 5 Bolivar Alto del Rosario La Pacha Oct. 25 11 Cesar Becerril Estados Unidos Nov. 16 8 3 Guajira Villanueva (zona urbana) Dic. 8 25 Sucre Ovejas La Cruceta Dic. 3 3 Sucre Colosó (zona urbana) Dic. 3 6 TOTAL 108 54 Indice
1.1. Operación Marquetalia en Mitú.
La guerra volvió a recordar a los colombianos que Mitú, capital del departamento del Vaupés, en la amazonía colombiana, aún existe. Allí, el 2 de noviembre, guerrilleros de las Farc, protagonizaron el más cruento combate del trimestre contra el puesto de Policía y contra tropas de contraguerrilla que pretendían auxiliar a los agentes, dejando un saldo aproximado de 110 bajas entre Policía y Ejército. Ente la población civil también hubo una decena de víctimas. Las instalaciones de la Policía y algunas viviendas vecinas fueron totalmente destruídas.
En su desesperación por repeler el ataque, las tropas del ejército enviadas desde Villavicencio en aviones OV -10, un avión fantasma y 10 helicópteros Black Hawk, usaron sin la licencia respectiva territorio brasileño para reaprovisionarse, lo que derivó en una protesta diplomática del vecino país. Sin embargo, este incidente no pasó a mayores.
Este ataque mostró a las claras la capacidad de las Farc de movilizar a centenares de sus efectivos a través de la selva, sin ser detectados por las tropas oficiales, para ocupar por varios días una capital de departamento, infligiendo un considerable número de bajas a su enemigo, reforzando la sensación entre la opinión pública de que las fuerzas del Establecimiento están perdiendo la guerra.
Todo parece indicar que la toma de Mitú venía planeándose de tiempo atrás, y que uno de los pasos previos fue el ataque y desmantelamiento en agosto de la base antinarcóticos de Miraflores en el departamento del Guaviare por parte de las Farc, donde murieron 30 uniformados de la Policía y el Ejército, 50 fueron heridos y cerca de cien hechos prisioneros.Sin una base cercana desde donde dirigir las operaciones militares, el Ejército no pudo prestar auxilio oportuno a los agentes de policía de Mitú, y cuando lo hizo fue sorprendido por los guerrilleros que los esperaban cubriendo todas las entradas del casco urbano del municipio.
Solo hasta el día 4 de noviembre, las Farc abandonaron la población, siendo cercadas por el ejército en territorio del Guaviare, en los municipios de El Retorno y Calamar, con un saldo no confirmado de más de 40 bajas entre los rebeldes y 10 de los militares, según fuentes periodísticas (El Tiempo, 27 de noviembre /98).
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1.2. Reveses del Ejército
.La coyuntura no fue favorable para la imagen de las Fuerzas Armadas. Al menos tres hechos contribuyeron a acentuar la desconfianza de amplios sectores sociales hacia el estamento militar. Por un lado, la Fiscalía General de la Nación vinculó a la investigación penal por el crímen del dirigente conservador Alvaro Gómez Hurtado a varios oficiales de alto rango, entre quienes se encuentra el general Hernando Camilo Zúñiga, Comandante de las Fuerzas Militares en el período anterior, y el ex - comandante de la Brigada XX, coronel Bernardo Ruiz Silva. El asesinato se debería al hecho de que el inmolado líder político se negó a participar en una conspiración contra el gobierno de Samper dirigida por los militares con el propósito de derrocar al presidente. Los militares habrían acudido a Gómez Hurtado para que él encabezara el gobierno. Ante la negativa de Gómez, los militares lo consideraron peligroso y decidieron su ejecución. Estas afirmaciones están respaldadas por un testigo a quien se le habría propuesto también por parte de los militares llevar a cabo materialmente el magnicidio
El segundo hecho fue el hallazgo de un cargamento de cocaína en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana -FAC- que había aterrizado en Miami. El incidente dejó pensando al país sobre la posible existencia del llamado "cartel blanco". Algo similar había sucedido en el gobierno anterior, cuando en un avión de la Fac se halló un alijo de cocaína, que por fortuna no llegó a su destino pues fue descubierto poco antes del decolaje. La situación produjo la automática renuncia del director de la Fac, y varios oficiales fueron vinculados a la investigación penal.
Pero la moral de las Fuerzas Militares habría de ser herida aún más, en virtud del regaño público que el Presidente de la República le hiciera con ocasión de unos bombardeos y ametrallamientos hechos contra la población de Tame, en el departamento de Arauca, que produjeron como resultado cerca de 20 civiles muertos y otros tantos heridos. El presidente, en clara alusión a dichos acontecimientos, reconvino a los militares con duras frases : "no se puede responder a la barbarie con barbarie". Luego de lo cual recordó los deberes de la Fuerza Pública en materia de respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El llamado de atención derivó en un Código de Honor formulado por el Mindefensa y la Cúpula de las fuerzas Armadas, con el objeto de garantizar el respeto a la población civil.
Tampoco favoreció a la imagen de las Fuerzas Armadas el fallo sancionatorio contra dos oficiales y un suboficial del Batallón Palacé de Buga, comprometidos en la masacre de Riofrío, departamento del Valle, en 1993, entre quienes se encuentra el Teniente Coronel Luís Felipe Becerra Bohórquez. La decisión fue proferida por un consejo verbal de guerra. Como se recordará, en la masacre de Riofrío fueron ejecutadas 13 personas, quienes fueron posteriormente presentadas a la prensa como guerrilleros dados de baja en combate, por el Teniente Coronel Becerra. Sin embargo, la sanción dejó una sensación de impunidad entre los familiares y abogados de los damnificados, pues las penas impuestas individualmente no superan el año de prisión. En declaraciones a la prensa, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representó a la parte civil en el proceso, manifestó : "no hay duda de que la masacre ha quedado en la impunidad, en la medida en que la sanción no corresponde a los hechos. En ese caso había una responsabilidad mayor que el simple encubrimiento, una responsabilidad penal que podría estar rayando en la complicidad, porque hubo un previo acuerdo entre quienes cometieron el hecho y los hombres del Batallón Palacé". (El Tiempo, 15 de octubre /98).
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1.3. Derecho Internacional Humanitario
Durante el trimestre se presentaron serias infracciones al Derecho Internacional humanitario que redundaron en el sacrificio de vidas de personas ajenas al conflicto armado. Los hechos arriba señalados atribuíbles a los distintos actores armados así lo confirman. Sin embargo, quizás los casos paradigmáticos en esta materia serían : la muerte de 40 personas en Machuca, las masacres de San Carlos (Antioquia), Altos del Rosario (Bolivar), y las llamadas "pescas milagrosas" utilizadas por la guerrilla.
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1.3.1. El Caso Machuca
El caserío de Machuca, ubicado dentro de la comprensión municipal de Segovia, en el nordeste antioqueño, se vió estremecido fatalmente por causa de un incendio que devoró las viviendas de la población y quitó la vida a cuarenta personas y dejó heridas a otras tantas. Un atentado del ELN contra el oleoducto central fue la causa de la conflagración. Aunque, según el Eln, su intención no fue causar el incendio y menos la muerte de los habitantes del caserío, su responsabilidad en el lamentable episodio es total e ineludible por imprevisión y falta de precaución. Sin embargo, del trágico acontecimiento algo significativo quedó : el ELN se atribuyó la responsabilidad por lo sucedido, lamentó el hecho y pidió perdón, al tiempo que anunció una investigación interna para sancionar a los directos responsables, y la indemnización económica a los familiares de las víctimas.
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1.3.2. Pescas Milagrosas.
1998 fue el año de inauguración de una nueva modalidad violatoria del DIH : las llamadas "pescas milagrosas". Esta práctica fue puesta en marcha por las FARC y el EPL (Ejército Popular de Liberación), y consiste en hacer retenes en las carreteras a los vehículos, de los cuales hacen descender a los ocupantes, a quienes, sin ningún criterio claro, privan de la libertad, bajo el cargo de ser sospechosos de pertenecer a los grupos paramilitares, o de colaborar con ellos. La primera "pesca" fue realizada en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio en los primeros meses de año. Allí fueron retenidos varios ciudadanos colombianos, un italiano y tres estadounidenses, quienes fueron liberados varios meses después, luego de afrontar una investigación sobre sus antecedentes personales. Otras pescas milagrosas fueron realizadas en Cesar y Antioquia.
Las "pescas milagrosas" son prácticas violatorias del Derecho Internacional Humanitario, pues aunque los insurgentes las justifican alegando que solo buscan a integrantes de grupos paramilitares, los principales afectados son personas al margen del conflicto. El carácter indiscriminado de esta práctica viola normas expresas del Derecho Humanitario, tales como el artículo 13 del Protocolo II Adicional a los convenios de Ginebra, según la cual "no serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil".
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1.3.3. Masacre de San Carlos.
San Carlos es un municipio del oriente antioqueño, a donde el 3 de diciembre, un grupo de cincuenta hombres armados, perteneciente a las AUC, perpetró la masacre de 11 personas y la desaparición forzada de otras 15. Ese día, en horas de la madrugada, los paramilitares recorrieron el pueblo, derribando las puertas de las casas, sustrayendo a algunos de sus moradores, y haciendo detonar explosivos contra la sede de la Caja Agraria y la de la empresa telefónica Edatel. Los cadáveres fueron abandonados en el parque central de la población y en la vía que de San Carlos conduce a Medellín.
Según testimonios de sobrevivientes, los paramilitares acusaron a los pobladores de ser colaboradores de la guerrilla.
Los paramilitares ingresaron por la fuerza hasta en la residencia del señor alcalde municipal, Nebardo Morales, quien no se encontraba en ella. Su esposa, Marta Lucía Restrepo fue tomada como rehén por unas horas.
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1.3.4. Masacre de Altos del Rosario.
Los paramilitares también asolaron el corregimiento La Pacha, en el municipio de Altos del Rosario, departamento de Bolivar. En efecto, el domingo 25 de octubre, 11 personas civiles cayeron muertas cuando un comando paramilitar hizo su fatídica aparición en el poblado. El cargo levantado por los agresores contra las víctimas fue el de colaboración con la guerrilla, porque la población le vendía víveres.
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1.3.5. Amenazas a Alfredo Molano.
Las AUC, en comunicación firmada por su máximo comandante, Carlos Castaño Gil, profirió amenazas de muerte contra el sociólogo y columnista del diario El Espectador, Alfredo Molano, a quien sindica de "paraguerrillero". Molano ha sido uno de los principales críticos del accionar de los grupos paramilitares, y es reconocido como un intelectual serio, sin nexos con ninguno de los actores armados, y como militante por la solución política negociada al conflicto armado.
Con estas amenazas, los paramilitares llevan a extremos delirantes su intolerancia contra quienes opinan libremente y critican sus métodos. Intentan deslegitimar, a su vez, a quienes desde la tribuna pública no son afectos a sus hechos de sangre, descalificándolos como colaboradores de la insurgencia.
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1.3.6. Bombardeos sobre Santo Domingo, Arauca.
Otra de las infracciones más graves del D.I.H. fue la cometida por el Ejército Nacional en la vereda Santo Domingo, municipio de Tame. Las Fuerzas Militares bombardearon y ametrallaron de manera indiscriminada el caserío, asesinando a 22 personas, entre ellas a cinco menores, y dejando 25 heridos. Los militares negaron haber causado la muerte a los pobladores y difundieron la especie, sin éxito, que la guerrilla había hecho estallar bombas Molotov, que según ellos serían las causantes de las muertes.
Así mismo, las Fuerzas Militares acusaron a los guerrilleros de utilizar escudos humanos para protegerse de los ametrallamientos ; sin embargo, sobrevivientes manifestaron a la prensa y a Ongs, que tal versión no era cierta, pues la mayoría de las víctimas fueron alcanzados por los proyectiles en sus casas, y cuando algunos estaban en las calles con pañuelos blancos pidiendo el cese del fuego.
En el ataque, según denunció Human Rights Watch, las Fuerzas Militares usaron aviones Bronco OV-10, helicópteros y munición donados por el gobierno de los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Altos mandos de la Fuerza Aérea Colombiana negaron estas afirmaciones, sin embargo su comandante, Héctor Fabio Velasco, admitió que en los operativos fue usado un helicóptero UH-1H donado por los Estados Unidos. (El Espectador, miércoles 23 de septiembre/98, p.12A).
Cabe recordar que la ayuda militar del gobierno de los Estados Unidos tiene por única destinación el combate a la industria del narcotráfico, y en ningún caso la represión contrainsurgente. Algunos analistas coinciden en que la utilización de la ayuda norteamericana en tareas antisubversivas, no solo complica el panorama de la paz en Colombia, sino que podría agravar el conflicto armado en la medida en que las Farc podrían declarar como objetivos de guerra a efectivos y bienes norteamericanos.
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2. Desplazamiento Forzado
La dinámica del desplazamiento forzado durante el trimestre se vió impulsada por las hostilidades militares y por hechos fuera de combate contra la vida y la integridad personal. Las zonas más afectadas son principalmente aquellas donde hacen presencia los grupos armados. En la mayoría de los casos, el desplazamiento fue resultado directo de enfrentamientos militares; se resalta de manera especial las hostilidades registradas entre guerrilla y paramilitares ; en otros, se debió a la ejecución de una masacre, o como medio de prevención de hechos de sangre. He aquí una muestra de los desplazamientos más importantes del trimestre, de acuerdo con versiones de prensa y denuncias de organismos no gubernamentales.
Santo Domingo (Arauca). Los bombardeos indiscriminados del Ejército en cercanías de esta población araucana, obligaron a 300 personas a desplazarse al municipio de Tame, el 14 de diciembre.
Puerto Asís (Putumayo). A la capital del departamento del Putumayo, en noviembre arribaron 200 campesinos que huían de los combates entre el Ejército y la guerrilla protagonizados en el corregimiento de Puerto Vega.
Rioviejo (Bolivar). A esta municipalidad del sur de Bolivar, llegaron 2.000 campesinos en noviembre, por los enfrentamientos entre las guerrillas de las Farc y el Eln contra las Autodefensas Unidas de Colombia.
Mutatá (Antioquia). A esta cabecera municipal ubicada al sur de la región de Urabá en el departamento antioqueño, se desplazaron 40 familias en noviembre, desde el corregimiento de Pavarandó, huyendo de los combates entre guerrilleros y paramilitares en predios de la finca La Secreta.
Morales (Bolivar). El 16 de noviembre /98, 50 desplazados llegaron a este municipio huyendo de los combates de guerrilla y paramilitares.
Vegachí Antioquia). Procedentes de la vereda El Moná, arribaron a Vegachí 80 personas, entre quienes se hallaban 48 niños por acciones de grupos paramilitares.
Ríoblanco (Tolima). A Ríoblanco, llegaron 700 campesinos de la zona rural del municipio, huyendo de los combates entre guerrilla y paramilitares.
Tierralta (Córdova). El 29 de diciembre, llegaron 480 campesinos a esta cabecera municipal, por los combates que sostuvieron las Farc y los paramilitares de Carlos Castaño en el Nudo de Paramillo.
Barranquilla (Atlántico). A la plaza de la Paz de esta ciudad, a mediados de diciembre, arribaron más de 500 desplazados procedentes de El Bagre (Antioquia) y San Jacinto (Bolivar) huyendo de las agresiones de grupos paramilitares. Entre la comunidad desplazada se encontraban 150 niños.
De otra parte, autoridades locales afirmaron que a Barranquilla llegan diariamente un promedio de 60 personas de diversos lugares de la costa atlántica. En Altos de Cazucá, municipio de Soacha, zona metropolitana de Bogotá, Fedes confirmó la presencia de cien familias desplazadas que arribaron entre octubre y noviembre provenientes de Rioblanco, Putumayo y Caquetá, cuya responsabilidad fue atribuída a paramilitares y guerrilleros.
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2.1. Perspectivas del desplazamiento.
Según un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -Codhes - conocido el 17 de noviembre, el desplazamiento amenaza con profundizarse en 14 departamentos de Colombia (casi el 50% del país) en razón de la agudización del conflicto armado. Estos departamentos son : Bolivar, Cauca, Guajira, Meta, Chocó, Arauca, Córdova, Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo. Otras regiones potenciales de desplazamiento, según el informe son : Magdalena Medio y Eje Cafetero.
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2.2. Retornos.
Pese a la persistencia de la situación de violencia que las obligaron a desplazarse meses antes, durante el trimestre se produjeron dos importantes casos de retorno de comunidades desplazadas. Por un lado, regresaron a sus parcelas los más de seis mil desplazados del sur de Bolivar, que se encontraban en Barrancabermeja y Bogotá. Luego de un largo y difícil proceso de negociación con el alto gobierno, los desplazados retornaron, sin que se garantizara su seguridad en el sitio de origen. De hecho, los compromisos del gobierno en materia de seguridad no fueron cumplidos. Los labriegos regresaron a su propia suerte, pagando caro el precio de la desprotección oficial, pues varios de ellos fueron asesinados por paramilitares a los pocos días del retorno.
También retornaron a su territorio 305 indígenas Chamí de la comunidad Sabaleta, quienes se encontraban en situación de desplazamiento en el Carmen de Atrato, Chocó, desde junio /98. El retorno se produjo el 7 de diciembre, seis meses después del desplazamiento, luego de conversaciones sostenidas entre la organización indígena Embera Waunana (Orewa) y el jefe paramilitar Carlos Castaño, quien se comprometió a no cometer actos de agresión contra la comunidad. El desplazamiento de los chamí se debió al asesinato de varios de sus miembros por parte de los paramilitares, en su afán por controlar la carretera que de Quibdó conduce a Medellín. Los paramilitares acusaron a la comunidad indígena de colaboración con la guerrilla.
Llama la atención que a cambio de permitir el retorno, los paramilitares exigieron a la comunidad cesar todo tipo de relación con la guerrilla, lo cual fue aceptado por las autoridades indígenas, quienes anunciaron la imposición del destierro - la máxima pena - a quien viole esta norma.
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3. Proceso de PazEl trimestre fue particularmente activo en materia de gestiones de paz entre la insurgencia, el gobierno y la denominada sociedad civil. Hechos como el despeje militar de cinco municipios de los departamentos de Putumayo, Meta y Caquetá, la reunión del Eln con voceros de la sociedad civil para acordar la preparación de una Convención Nacional y los diversos contactos de Pastrana con los gobiernos de España, Estados Unidos, Cuba y Venezuela, movieron en positivo el panorama de la paz. Podría decirse que la guerra y la paz tienen dinámicas diversas y separadas, puesto que mientras por un lado los actores agudizaron el conflicto, por otro establecieron puentes de diálogo. En particular, con las Farc se inició formalmente el proceso de conversaciones para establecer los temas de la agenda y la dinámica de la negociación, aunque con muy pocos avances ; Por su parte, el Eln continuó fiel a su intención de dialogar y concertar con voceros de la sociedad civil antes de emprender un eventual proceso de negociación con el gobierno.
Desde otra orilla, los paramilitares no atinaron a fijar una posición única e inconfundible. Una veces, amenazaron con torpedear el proceso de conversaciones Farc - gobierno, mientras que otras se comprometieron a respetarlo. Lo que sí parece clara es su intención de ser considerados como un actor político de cara a un virtual proceso de paz. Su táctica parece apuntar a crear un clima de violencia extrema para expandir la especie de que sin su presencia en los procesos de paz ésta no será posible. El fin es forzar al gobierno a reconocerles estatus político y lograr una mesa de negociación separada de la de la guerrilla. Uno de sus argumentos más comunes es que si el Estado es capaz de negociar con su enemigo (las guerrillas), con mucha mayor razón debe serlo para negociar con quienes defienden al Estado. En general, su discurso suele ser confuso y contradictorio. Al tiempo que convocan a la guerrilla a liberar sus secuestrados y a respetar a la población civil, incrementan las masacres de civiles desarmados, desaparecen personas y toman rehenes.
Por su parte, el gobierno lució audaz y generoso, pero dejó la impresión de no tener una estrategia clara de negociación, lo que permitió a las Farc tomar la iniciativa. En realidad, el presidente Andrés Pastrana parece estar pagando el precio de sus promesas de candidato presidencial en materia de paz. Se ha esforzado en aparecer como el presidente capaz de cumplir sus promesas, aunque no tenga una idea exacta de cómo hará para lograrlo. De hecho, ha llegado más lejos que cualquiera de sus antecesores. Samper, por ejemplo, no se atrevió a despejar siquiera el 30% del territorio que Pastrana sí despejó. Su decisión de asumir personalmente la conducción del proceso podría estar indicando hasta dónde el tema de la paz es para él un asunto prioritario. El despeje parece haberle causado más de un dolor de cabeza por las críticas de sectores que consideraron el hecho como una especie de federalización del país, o de entrega de la soberanía nacional, o de una estrategia de las Farc para concentrar fuerzas y dar duros golpes militares más allá de la zona despejada, versión que parece fundarse en hechos como la toma militar de Mitú. No obstante, es de reconocer que Pastrana ha continuado en una actitud de no desfallecer ante los escollos que el proceso ha ido arrojando, como el relacionado con el retiro de los soldados del batallón Cazadores en San Vicente del Caguán, al que en un principio se opuso, pero que al final terminó cediendo. Muchos, equivocadamente, pretendieron presentar aquel episodio como un problema de dignidad, y consideraron el retiro de los soldados como una verdadera humillación al Ejército y a la soberanía nacional, sobredimensionando el tamaño del impasse, cuando aquello en realidad no pasaba de ser una reproducción del cuento en el que el cazador después de matar al tigre se asusta con el cuero.
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3.1. Proceso Gobierno - Farc.
3.1.1. Despeje.
Con esta palabra el país se acostumbró a identificar el retiro de las tropas y la Policía de los municipios de La Macarena, La Uribe, San Vicente del Caguán, Mesetas y Vista Hermosa, una extensión territorial de 42.000 kilómetros cuadrados al sur del país. El retiro de la fuerza pública fue exigida por las Farc como prerrequisito para la iniciación de diálogos con el gobierno, con el argumento de que se requería una zona libre de la presencia de soldados y policías donde los diálogos pudieran realizarse sin sobresaltos desde el punto de vista de la seguridad de los delegados de ambos bandos.
Pastrana, en un hecho calificado por diversos sectores como audaz, accedió al despeje en medio de una opinión pública dividida, y de la oposición enérgica de algunos sectores de derecha.
El despeje militar en principio se pactó por noventa días, contados a partir del 7 de diciembre. Las conversaciones, no obstante, se iniciarían solo hasta el 7 de enero del presente año, por las diferencias suscitadas en torno al desalojo de los soldados que custodiaban el batallón Cazadores de San Vicente del Caguán.
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3.1.2. El Impasse del Batallón Cazadores.
Las Farc condicionaron el inicio de las conversaciones con el gobierno al retiro de los militares que ocupaban el batallón Cazadores ubicado en la zona del despeje, con el argumento de que lo convenido con el gobierno era un despeje militar total, que a su juicio, incluía el batallón Cazadores. El gobierno, en principio, alegó que el batallón Cazadores, en el que se encontraban aproximadamente unos 130 soldados, no hacía parte del acuerdo, y que su retiro no era viable en la medida en que el batallón sería la sede del gobierno durante el período del despeje. Además, los soldados solamente cumplirían labores administrativas de apoyo a los delegados gubernamentales. La polémica empantanó el proceso durante un mes, y se extendió a la opinión pública, donde los ánimos se encendieron especialmente entre quienes se oponían a que el gobierno ordenara el retiro de la tropa (Lemos Simmonds, Plinio Apuleyo, entre otros). Finalmente, el gobierno accedió a despejar también el batallón Cazadores, y con ello logró destrabar el proceso.
El incidente del batallón Cazadores fue quizá la primera prueba que debió afrontar el proceso de paz con las Farc, y mostró lo difícil que será lograr una negociación política, pero también enseñó que cuando se tiene voluntad política y se piensa en el interés general, bien vale la pena hacer concesiones.
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3.1.3. Canje.
Otro de los escollos del naciente proceso de paz gobierno - Farc, lo constituyó el tema del canje de prisioneros de guerra planteado por las Farc. Se trata de la primera vez en la historia del conflicto armado colombiano que esta posibilidad de intercambiar prisioneros se abre paso, al menos en el debate. La propuesta de las Farc consiste en devolver a soldados y policías capturados en combate, a cambio de la liberación de sus militantes presos en las distintas cárceles del país. Uno de los factores que pesa en la consideración de la propuesta es el hecho de que en poder de la organización guerrillera se encuentran alrededor de 300 soldados y policías, capturados en operaciones militares, cuyas madres mantienen una constante presión ante el gobierno para que obtenga la liberación de sus hijos.
El canje o intercambio de prisioneros de guerra es una figura inexistente en el ordenamiento jurídico colombiano, y a decir verdad el Derecho de la guerra solo lo prevé para conflictos armados internacionales, razones por las cuales la propuesta de las Farc no resulta viable a los ojos del Establecimiento.
Las Farc alegan que mientras perdure el conflicto armado se requiere una ley permanente de canje que permita el intercambio de prisioneros.
El gobierno y algunas analistas coinciden en que la figura más cercana es el indulto previsto en la Constitución Política para delitos políticos, pero no resulta tan fácil de aplicar por cuanto de este beneficio están excluídos los delitos atroces, como el secuestro, por el que están condenados ciertos guerrilleros. Para rematar, el secuestro cometido por insurgentes es considerado según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como un delito autónomo, es decir, no conexo con la actividad de rebelión. Si a ello se le agrega el hecho de que el indulto es una figura de aplicación extraordinaria por parte del Congreso, que no puede convertirse en norma ordinaria, se tiene que concluir por fuerza que el indulto tampoco resuelve el problema.
La propuesta de canje para las Farc es un asunto eminentemente político antes que jurídico. Es la posición de un ejército en guerra, que desconoce abiertamente el estatuto jurídico de su adversario, y al que llama a negociar en el campo de la política, con otras reglas.
Pero esto para muchos resulta inadmisible. Hay quienes afirman que una ley de canje implicaría reconocer estatus de beligerancia a las Farc, lo que derivaría en cercenar al país, entregando parte de la soberanía nacional al grupo guerrillero en las zonas bajo su control militar. Para otros el problema estriba en que una ley de canje es una medida para la guerra y no un acto de paz propiamente. Las Farc insisten en que mientras se logra una solución total del conflicto, los combates seguirán, y seguramente caerán de lado y lado nuevos prisioneros, a quienes no se les puede pedir que esperen indefinidamente su libertad. Por ello, alegan, es necesario un instrumento legal de carácter permanente.
El gobierno y voceros de la sociedad civil buscan afanosamente una fórmula que permita desempantanar la discusión, y han propuesto que el tema se trate en una mesa separada del resto de la negociación, lo cual ya es un hecho.
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3.2. El proceso del ELN y la sociedad civil
El Eln y representantes de los gremios económicos, sectores políticos, organizaciones no gubernamentales, académicos y personalidades de la justicia, entre otros, se dieron cita en octubre, en un campamento guerrillero, para discutir acerca de la preparación de una convención nacional amplia y representativa con miras a fijar las bases de una eventual negociación con el Estado. A esta cita acudieron los líderes guerrilleros del Eln, presos en la cárcel de Itaguí, Francisco Galán y Felipe Torres, a quienes el gobierno les concedió un salvoconducto para asistir a la reunión.
En la reunión se acordaron los temas sobre los cuales girará la convención, a saber : 1. Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, impunidad, justicia, insurgencia y conflicto. 2. Recursos naturales y política energética. 3. Democracia, Estado, Fuerzas Armadas y corrupción. 4. Economía y problemas sociales. 5. Cultura e identidad; nación - región, ordenamiento territorial; problema agrario y narcotráfico.
La metodología acordada incluye una instalación formal del proceso de Convención. En segundo lugar, se dará paso a una etapa de aproximadamente ocho meses en la que la discusión de los temas se hará a través de comités por cada uno de los puntos de la agenda. En tercer lugar, habrá una sesión de síntesis, donde se presentarán las conclusiones, acuerdos y desacuerdos de cada uno de los comités.
El proceso de paz con el Eln parece abrirse con muy buenas perspectivas. Hasta ahora, el Eln ha dado muestras de desear la solución negociada al conflicto. El regreso de Galán y Torres a la cárcel de Itaguí fue una positiva señal en este sentido. Se espera para febrero la instalación formal de la Convención Nacional, cuya instalación contará con más de 300 asistentes de los diversos sectores sociales y económicos, así como de la insurgencia y el gobierno.
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Documento editado originalmente por el Area de Derechos Humanos de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES), en Santa Fé de Bogotá (Colombia), el 5 de febrero de 1999.Investigación y redacción: Héctor Castro Portillo
Consejo Editorial: Matilde Quintero; Luis Carlos Pulgarín, Héctor Castro Portillo
Documento editado electrónicamente por el Equipo Nizkor, el 20 de abril de 1999
DDHH en Colombia
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