El Comité Ejecutivo nacional de la ANUC-UR (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción anunció en Santafé de Bogotá el pasado 13 de mayo a través del siguiente comunicado el triunfo ante las presiones de paramilitares y del ex-embajador ante la Unión Europea, Carlos Arturo Maulanda. El alto tribunal da tutela legal a los dos millones de desplazados colombianos, como consecuencia de la lucha en la Hacienda Bellacruz.
En un hecho sin precedentes, la Corte Constitucional falló en favor de las comunidades campesinas desplazadas de la Hacienda Bellacruz, tutelando los derechos de libertad de residencia, libre tránsito y dignidad humana negados por la gobernadora de Cundinamerca Leonor Serrano y 100 alcaldes del departamento en el mes de agosto de 1996, cuando los campesinos expulsados de sus tierras por los grupos paramilitares al servicio del ex-embajador ante la Unión Europea, Carlos Arturo Marulanda, debieron establecer un albergue provisional durante 90 días en el municipio de La Mesa en cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno nacional.
Ante la intolerancia del gobierno departamental, el trato discriminatorio y calumniante, las comunidades campesinas interpusieron una tutela exigiendo respecto a los derechos humanos violentados con la determinación de no permitir ni el establecimiento transitorio ni la compra de tierras en el municipio de Jerusalén en Cundinamarca bajo la acusación de ser guerrilleros. La tutela fue negada en primera y segunda instancia, en una clara interpretación pobre, arbitraria y parcializada de la ley, lo que obligó a acudir a la máxima instancia: la Corte Constitucional cuya sentencia de gran firmeza política decide tutelar los derechos vulnerados, ordena al gobierno nacional a garantizar el derecho de los desplazados a establecerse en cualquier parte del país, el derecho a la tierra en sitios donde los desplazados elijan y los derechos a la asistencia social humanitaria a que está obligado el gobierno. Ordena a la Gobernadora y 100 alcaldes tomar cursos de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo, previene que en el futuro se abstenga de dar declaraciones discriminatorias, obliga al ministerior de educación a establecer la catedra obligatoria de derechos humanos en todos los establecimientos educativos y ordena cursar copia de dicha sentencia a todos los gobernadores del país con el fin de impedir la repetición de este drama.
Esta sentencia sin duda es un duro golpe político a las fuerzas de extrema derecha que con su intolerancia, han convertido a los desplazados en extranjeros en su propio país teniendo que soportar los señalamientos peligrosos de "guerrilleros" que instigan al rechazo y la violencia contra esta población que ya supera la cifra de un millón de colombianos y colombianas obligados a huir por causa de la violencia. Igual comportamiento de la Gobernadora de Cundinamarca hizo gala el gobernador de Boyacá, alcalde de Duitama, gobernador de Cesar y la gran mayoría de gobernantes que dan la espalda al doloroso drama de la expulsión violenta y el desarraigo.
El Fallo es de obligatorio cumplimiento para las autoridades de todo orden del país y cobija al conjunto de desplazados quienes vienen siendo pisoteados en su condición y dignidad humana campesinos y campesinas en su gran mayoría.
Este es un logro de la inclaudicable lucha de las comunidades desplazadas de la Hacienda Bellacruz, quienes se negaron a ser destruidas como comunidad, desarraigadas del campo y rebajadas en su dignidad. Es un logro de la acertada asesoría de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos quienes acompañaron este largo y difícil conflicto.
Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights