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08mar17
Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó
Por cuenta de enfrentamientos armados entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del Eln, la localidad del Alto Baudó se encuentra sumida en una delicada crisis humanitaria debido a éxodos forzados y confinamientos. La situación es reiterada y las autoridades poco o nada hacen para atender a las comunidades. Corte Constitucional reclama explicaciones.
A Jesús María, un hombre que se ganaba la vida transportando gente en su lancha por las caudalosas aguas del río Baudó, sur del departamento de Chocó, lo mataron delante de sus vecinos, paisanos y amigos, a plena luz del día, sin que nadie pudiera evitarlo.
Ocurrió el fin de semana pasado en la localidad de Puerto Meluk, cabecera municipal del Medio Baudó: "fueron por él, lo pasearon por todo el pueblo, lo torturaron y lo mataron sin que nadie pudiera hacer nada. La población está aterrorizada", señalaron integrantes del Foro Interétnico Social Chocó (Fisch), organización que acompaña comunidades afros e indígenas en este departamento, uno de los más pobres del país y también de los más azotados por la guerra.
Las razones de su asesinato son tan absurdas como la guerra que se recrudece actualmente en esta región del suroccidente chocoano sin que a nadie pareciera importarle. Según reportó la Defensoría del Pueblo, Regional Chocó, a Jesús María lo mataron presuntos guerrilleros del Eln por haber transportado en su lancha integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
De acuerdo con la Entidad, días antes los 'gaintanistas' remontaron las aguas del río Baudó desde Puerto Meluk hasta el caserío conocido como Peña Azul, en el Alto Baudó, con el fin de hostigar a los guerrilleros del Frente Resistencia Cimarrón del Eln. Al final se produjo un fuerte choque armado entre ambos grupos. Las comunidades quedaron en medio del fuego cruzado.
Como resultado de esa incursión, unas 156 familias, cerca de 465 personas, entre hombres, mujeres y niños de las comunidades Peña Azul, Bocas de Apartadó, Boca de León, Geandó, Punta Peña, Bacal, Amparradó y Cocalito, decidieron abandonar el territorio por temor a que se reactiven nuevamente los combates. Actualmente se encuentran refugiadas en la cabecera de Puerto Meluk, donde están siendo atendidas con los escasos medios con que cuenta la administración municipal.
"Pero la Defensoría teme además por otras 10 comunidades, entre ellas dos comunidades indígenas, Wounaan y Emberá, que están en riesgo de desplazamiento mientras que hay otras confinadas por cuenta de la presencia de estos grupos armados", le dijo a VerdadAbierta.com Luis Enrique Murillo, Defensor del Pueblo, Regional Chocó.
Se trata de una situación delicada si se tiene en cuenta que por las aguas del Baudó transitan diariamente las comunidades afros e indígenas llevando alimentos, mercancías y combustible para sus caseríos. Por cuenta de la confrontación que mantienen 'gaitanistas' y 'elenos', la movilidad por el afluente se ha restringido a tal punto que los pobladores no pueden salir a realizar sus faenas diarias de agricultura, cacería y pesca.
"Hay comunidades confinadas que no pueden moverse por la presencia de estos grupos armados, porque han puesto artefactos explosivos, como minas antipersonas, y eso genera una crisis alimentaria porque la gente no puede salir a buscar sus alimentos", agregaron voceros del Fisch, quienes aseguraron que ambos grupos armados ilegales cobran extorsiones a los lancheros y les imponen restricciones a su movilidad en determinadas horas de la tarde.
Guerra de no acabar
No es la primera vez que desde la profundidad selvática del Baudó llegan noticias de una guerra que parece no tener "tregua ni cuartel". El actual escenario había sido advertido por la propia Defensoría del Pueblo a las autoridades civiles y de Policía del departamento durante una reunión realizada el pasado 28 de febrero en las instalaciones del Comando de Policía Chocó.
Allí, la Agencia del Ministerio Público hizo un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Riesgo No. 011 A.l. de 2009, emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría para toda la región del Baudó. En ese documento se consignaron los riesgos que corrían los pobladores de esta región por cuenta de las operaciones de grupos armados ilegales.
El informe del SAT llamó la atención sobre la situación de confinamiento de las comunidades afros e indígenas, así como la posibilidad de desplazamientos forzados en localidades del Alto, Medio y Bajo Baudó, como en efecto viene ocurriendo. También sobre la siembra de minas antipersonas y las intimidaciones dirigidas contra gobernadores indígenas y presidentes de consejos comunitarios. Al Informe de Riesgo ya se la han realizado cinco notas de seguimiento, con las que se actualiza la situación de vulnerabilidad de los pobladores, y concluyeron que los riesgos no han desaparecido; por el contrario, se incrementaron.
El avance de los 'gaitanistas' viene aumentando exponencialmente la inseguridad tanto de afros como indígenas de el Baudó, El San Juan y el Bajo, Medio y Alto Atrato. Esa estructura armada, nacida a mediados de 2006 como reemplazo de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), está copando a sangre y fuego territorios antiguamente dominados por la guerrilla de las Farc, en camino ya a la dejación de armas y a la reincorporación a la vida legal. Esos hechos fueron denunciados en diciembre del año pasado en varias localidades del Bajo Atrato y en los municipios de Juradó, Bahía Solano y Nuquí, donde la Defensoría conoció casos de amenazas, desplazamientos forzados y varios asesinatos selectivos.
Lo que advierten analistas de esta Agencia del Ministerio Público es que la dinámica que muestra el avance de este grupo armado posdemovilización apunta a consolidar un importante corredor estratégico que va desde el Bajo Atrato, conecta con el Alto Baudó y de allí con la costa Pacífica. El principal obstáculo que han encontrado los 'gaitanistas' para este propósito ha sido, precisamente, la presencia de la guerrilla del Eln, que les plantó una dura guerra que ya ajusta poco más de nueve años.
"Lo que sucede en el Baudó no es coyuntural. Desde hace muchos años hay una disputa territorial entre estos grupos por el control territorial de todo El Baudó", precisó el Defensor del Pueblo, Regional Chocó. Se trata, según este funcionario, "de una zona estratégica muy importante porque permite articular el resto del departamento, es decir, la zona del Atrato con la zona del Pacífico. Allí hay fuerte presencia de narcotráfico y viene incrementándose la extorsión; además, es una zona de difícil acceso por lo selvático".
En esta confrontación armada, el Eln también ha puesto su 'cuota' de infamia, degradación y arbitrariedad. Desde hace poco más de una década, a través del Frente Resistencia Cimarrón, consolidó su poder armado en el Alto Baudó y desde allí viene expandiéndose hacia el Medio Baudó y la región del Atrato, antiguamente dominada por las Farc. Y todo apunta a que están dispuestas a dar la pelea por el control del territorio.
Según voceros de los organismos humanitarios consultados por VerdadAbierta.com, el pasado 10 de enero guerrilleros de ese frente insurgente ingresaron a una comunidad indígena ubicada en Puerto Indio, Alto Baudó. Allí reunieron a los gobernadores indígenas y, tras acusarlos de 'sapos', lanzaron sendas amenazas de muerte contra varios de ellos. Como era de esperarse, el hecho motivó el éxodo forzado de 101 familias indígenas.
El agresivo relacionamiento del Eln con las comunidades contrasta con la voluntad que dicen tener sus comandantes reunidos en el Comando Central (Coce), quienes desde el 7 de febrero se sentaron con el gobierno nacional a buscar una salida negociada al conflicto armado que ya ajusta 52 años. Los diálogos, que se adelantan en Quito, Ecuador, aún están en una etapa incipiente y no parecen reaccionar a lo que acontece en el sur de Chocó.
Este portal quiso conocer la versión de los jefes del Eln, pero no contestaron oportunamente los mensajes. Asimismo, se buscó la opinión de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, pero no devolvieron las llamadas.
¿Habrá paz en el Baudó?
En el Baudó, una región tan exuberante como tan olvidada por el Estado, sus pobladores no se permiten alimentar la ilusión de una paz ni el corto ni el mediano plazo, ni siquiera por el desarrollo del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln, cuya injerencia en el territorio es bastante fuerte.
"El conflicto armado no es la única causa de la crisis humanitaria que vive toda la región del Baudó", sostuvo Murillo. "Más adelante podría darse el hecho de que el gobierno nacional firme la paz con la guerrilla del Eln, pero en la zona persisten otros actores armados, hay un gran vacío de Estado y no hay garantía de derechos y eso sí ha sido una situación sistemática".
En efecto, en el Baudó conviven en un maridaje malévolo la guerra, la pobreza, el abandono y la corrupción. Los indicadores sociales de esta región son, quizás, los peores del país. Para 2012, según el Dane, un municipio como Alto Baudó tenía una tasa de analfabetismo del 39 por ciento, una tasa de mortalidad infantil del 83 por ciento y ocho camas en todos sus establecimientos hospitalarios para atender a unas 34 mil personas.
Las estadísticas son bastante similares para los municipios de Medio y Bajo Baudó. En esta región selvática tropical, donde cualquiera está expuesto a la mordedura de una serpiente, las existencias de suero antiofídico son casi que nulas. La crisis alimentaria generada por los desplazamientos masivos, los confinamientos, las restricciones a la movilidad, entre otros, es tan grave como la misma, guerra que parece perpetuarse en la profundidad de la selva y sólo a unos pocos parece importarle.
Reclama explicaciones
La crisis humanitaria en Chocó coincidió con la divulgación esta semana del Auto 091, fechado el 24 de febrero pasado, que resalta la persistencia del conflicto armado en diversas comunidades del sur de ese departamento, con nefastas consecuencias para sus pobladores.
En su tarea de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, a través del cual se declaró un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, y de ordenarle en 2009 al gobierno nacional mitigar el impacto negativo que sobre las comunidades étnicas ha ocasionado el desarraigo, un equipo del Alto Tribunal visitó entre el 20 y el 24 de septiembre del año pasado buena parte de sur del Chocó, particularmente varias zonas del Bajo San Juan.
Durante sus recorridos, los funcionarios constataron "la persistencia del conflicto al interior de los territorios étnicos que sigue potenciando múltiples y continuados hechos de desplazamiento forzado, y de afectaciones nocivas y diferenciales sobre las comunidades desplazadas, a partir del desarraigo y la inadecuada atención en espacios urbanos".
Además, identificaron varias crisis humanitarias padecidas por las comunidades indígenas y afros que habitan la región y establecieron que tanto los llamados grupos posdesmovilización, como las guerrillas del Eln y las Farc "han podido ejercer control, según información recolectada en terreno, por su actuación permanente en la zona y la ausencia del Estado".
La situación de riesgo de las comunidades se agudizó por dos razones fundamentales; de un lado, por los enfrentamientos entre los distintos grupos armados ilegales y de estos con la Fuerza Pública; de otro, por la salida de las unidades de las Farc, en camino a sus zonas de concentración, y la consecuente disputa por esos territorios.
La intensificación del control territorial ocasionó restricciones a la movilidad de los grupos étnicos que habitan en el Bajo San Juan. De acuerdo con cifras de la Corte Constitucional, en el periodo de enero-mayo de 2016, en el municipio del Litoral del San Juan resultaron afectadas 4.166 personas; en el Alto Baudó, 1.604 personas; y en el Medio Baudó, 200 personas.
Los funcionarios escucharon en terreno testimonios sobre la "zozobra en las comunidades por la presencia de integrantes de los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública en sus territorios y viviendas, quienes se han enfrentado recientemente; el desconocimiento y falta de activación de las rutas gubernamentales para la protección de los líderes y las comunidades; incursiones militares y ocupación temporal de escuelas y viviendas; instalación de MAP/MUSE (minas antipersonas) en sus territorios; irrespeto a las autoridades étnicas; reclutamiento forzado; y señalamientos a los líderes visibles".
Ante la magnitud de lo observado, la Sala Especial de Seguimiento les solicitó a diversas agencias estatales, del orden nacional y regional, información "actualizada, completa y precisa" sobre tres temas fundamentales: "la política pública encaminada a la protección de las comunidades, autoridades étnicas y sus miembros; la atención y asistencia culturalmente adecuada; y el retorno y la reubicación de la población, en el marco de la garantía de los derechos territoriales".
De fondo, lo que pretende la Corte Constitucional es determinar qué tanto le importan los graves problemas que padecen en el sur de Chocó cientos de pobladores afros e indígenas que pareen condenados a la guerra y a la indiferencia de algunas entidades estatales.
[Fuente: Verdad Abierta, Bogotá, 08mar17]
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