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may12
Informe sobre la compañía frutera Banacol, implicada en el acaparamiento de tierras y paramilitarismo
COLOMBIA BANACOL
Empresa implicada en paramilitarismo y acaparamiento de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó
Índice 1. Riqueza y violencia estatal en la región del Bajo Atrato chocoano
2. Banacol implicada en el acaparamiento de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó
3. De bananeros en Urabá a palmeros, ganaderos y bananeros en Curvaradó
4. Seducir o invadir para sembrar plátano
5. Otro caso en que Banacol se vale de invasores
6. Versiones de paramilitares sobre Banacol y Uniban
7. Chiquita Brands siguió en Colombia a través de Banacol
8. Banacol en el mercado global
Resumen
Este estudio se ocupa de la intervención en los territorios colectivos de las comunidades negras y mestizas del Curvaradó y Jiguamiandó en el Bajo Atrato Chocoano de Colombia de la Comercializadora Internacional Banacol. Esta empresa de productora y comercializadora de plátano, banano, piña, yuca y otros productos, beneficiándose de estructuras paramilitares ha promovido invasiones de tierras para la producción de plátano y acuerdos con individuos que no han contado con la aprobación de las comunidades para adelantar transacciones sobre el uso de territorios, en contra vía de las mismas leyes colombianas.
La transnacional Banacol adquirió Banadex, empresa de la norteamericana Chiquita Brands y adelantó acuerdos para proveer la venta de frutos a esta compañía luego de que fuera sancionada por el departamento de Estado por su financiación a grupos ilegales en Colombia. Banacol comercializa sus productos en Europa mediante diferentes firmas cuya conformación empresarial genera dudas sobre su legalidad.
Una significativa coalición de organizaciones de Europa, Africa, Asia y América Latina integrada por el Transnational Institute ( TNI Países Bajos) Foodfirst Information and Action Network (FIAN Internacional) (FIAN IS, Alemania), FIAN (Austria), FIAN (Países Bajos), Forschung-und Dokumentationszentrum Chili-Lateinamerika e.V(FDCL, Alemania), Intytut Globalnej Odpowiedzialnosci (IGO, Polonia), Uniao Nacionale des Organisations Paysannes du Mali (CNOPMALI, Mali), Focus on the Global south (FSGS, Tailandia) y nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJyP, Colombia), hemos decidido unirnos para hacer estudios específicos de casos que ilustran la grave y creciente problemática del acaparamiento de tierras en función del mercado global de alimentos, agrocombustibles, minerales, petroleo, obras de infraestructura vial, energética y de telecomunicaciones, en casi todo el planeta.
En Colombia las/os campesinos afrodescendientes, indígenas y mestizos se han visto acosados por la violencia paramilitar que les expropio de sus territorios y los puso a disposición de sectores empresariales vinculados con la criminalidad, apoyados por fondos gubernamentales y por autoridades que se implicaron en la legalización fraudulenta de estos territorios.
Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato Chocoano, dan buena cuenta de las prácticas empresariales y gubernamentales en áreas especialmente estratégicas para el mercado internacional.
Paramilitares, con la complicidad por acción y omisión de la Brigada 17 y de la policía Urabá, argumentando el combatir a la guerrilla, asesinan, desaparecen, torturan y desplazan; empresarios vinculados con esas estructuras criminales se apropian de los territorios que legal y tradicionalmente son de las comunidades; autoridades al servicio de empresarios pretenden la legalización fraudulenta de estos territorios, el gobierno nacional respalda mas del 95 % del total de la inversión ilegal; se implementa el agronegocio de palma aceitera sobre las ruinas de viviendas, cementerios y locaciones comunitarias de las comunidades; se acrecienta la ganadería extensiva y transnacionales del plátano, el banano, la piña y yuca, de la mano con paramilitares, ven la oportunidad para ensanchar la frontera agrícola y hacerse con un suelo de gran calidad, que remplace, paulatinamente, el gastado ya por la implementación intensiva y prolongada de suelos del Urabá antioqueño; ven la oportunidad, también, de controlar una área territorial con demostradas reservas de oro, cobre, molibdeno y otros minerales y que ofrece ventajas para la construcción de infraestructura de exportación.
Una de las empresas con mayor poder e implicación en este territorio es la Comercializadora Internacional Banacol, objeto central de este estudio.
Los empresarios, militares, paramilitares y gobierno, no contaron en sus planes, con la dignidad de mujeres y hombres afrodescendientes y mestizos, que a pesar de los mecanismos de terror, experimentaron que sin su territorio la vida perdía sentido. En medio de las amenazas decidieron resistir, emprender acciones legales, regresar a sus territorios, constituyendo zonas humanitarias como concreción del derecho internacional humanitario y zonas de biodiversidad como concreción del derecho ambiental, en medio del conflicto armado entre el Estado y la guerrilla y con la esperanza de recuperar las vidas que que vienen siendo extinguidas por los agronegocios.
En la actualidad la intervención de la Corte Constitucional y las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los pronunciamientos de la Comisión de Expertos del Convenio 169 de la OIT, el acompañamiento nacional e internacional, han hecho que el gobierno haya convertido estas áreas en proyecto piloto de restitución de tierras en Colombia. No obstantes el reconocimiento de la ilegalidad en la apropiación de territorios, los empresarios implicados en crímenes lejanos y recientes pretenden ahora, por la vía legal, seguir con el control de estas áreas, valiéndose de algunos habitantes de los territorios que han cedido a las prebendas ofrecidas por los desplazadores y sectores del gobierno que niegan a las comunidades su derecho a decidir el uso que quieren dar a sus tierras.
No obstante la adversidad, centenares de mujeres y hombres resisten con creatividad, desde sus practicas locales y articulaciones nacionales e internacionales, propuestas de protección de sus vidas y territorios, planes de ordenamiento territorial alternativos desde la memoria, la comunicación alternativa, la educación propia, la eco-producción, la perspectiva de género, la espiritualidad de la tierra, las acciones jurídicas. Desde esta área del planeta, las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó que habitan las Zonas Humanitarias, resguardos humanitarios y zonas de biodiversidad aportan a la construcción de alternativas a la depredación del planeta provocada por el mercado.
Sin la tenacidad de este importante grupo de indignadas e indignados, este estudio no hubiese sido posible.
1. Riqueza y violencia estatal en la región del Bajo Atrato chocoano
El Curvaradó y Jiguamiandó, están ubicados en la zona norte del departamento del Chocó, en límites con el departamento de Antioquia, en la subregión del Bajo Atrato, hacen parte del área geológica conocida como el Chocó biogeográfico y parte de la zona de reserva del Pacifico, caracterizada por albergar especies biodiversas de fauna y flora. Su ubicación es estratégica por la calidad de los suelos para la agricultura y POR la salida cercana a los mares Atlántico y Pacífico y su conexión por tierra con América Central.
Los miembros de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, históricamente han usado las tierras colectivas para la pequeña agricultura y ganadería, sembrando cultivos de pan coger para su subsistencia (arroz, plátano, maíz, fríjol, yuca) y el pastoreo de animales domésticos en un sistema rotativo para el cultivo. Ancestralmente han practicado la caza y la pesca para garantizar el sostenimiento de las familias que integran los Territorios Colectivos.
Desde el año 1993, mediante la ley 70 el Estado Colombiano reconoció a las comunidades negras (incluidos los mestizos que asumen los hábitos y costumbres) sus derechos ancestrales y reconoció la titularidad de sus territorios. En el año 2000 a las comunidades del Curvaradó se les reconoció mediante la resolución No 02809 la titularidad de 46.084 Has - 0050 m2, y al Jiguamiandó, mediante resolución No. 02801 la titularidad de 54.973 Has - 8.368 m2.
Las resoluciones de adjudicación, claramente reconocen que estas áreas del Chocó Biogeográfico son consideradas dentro de la Política Ambiental como un "ecosistema estratégico que debe ser conservado, porque los valiosos recursos genéticos y de biodiversidad que hoy existen en esta región, constituyen bienes públicos de toda la Nación, vitales para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias allí asentadas, para el desarrollo del país y para el futuro de la humanidad", con lo cual, la titulación colectiva se muestra como "una estrategia de conservación y aprovechamiento sostenible de los valiosos recursos naturales que existen en la cuenca del Pacífico colombiano". |1|
En septiembre de 1996 y febrero de 1997 las regiones del Bajo Atrato y del Urabá antioqueño fueron epicentro de dos grandes operaciones militares y paramilitares dirigidas por la Brigada 17 del Ejercito. La primera fue la "Operación Septiembre Negro" que, en el marco de la estrategia contrainsurgente, se dirigió particularmente contra la población civil del Curvaradó, Jiguamiandó (Chocó), Dabeiba (Antioquia) y, la segunda, fue la "Operación Génesis" que se dirigió contra los habitantes del Cacarica y el Salaquí (Chocó) produciendo asesinatos, desapariciones, torturas y uno de los más grandes desplazamientos masivos de la historia de Colombia.
Desde la fecha hasta el 23 de marzo de 2012 Jiguamiandó y Curvaradó han sido víctimas de 15 desplazamientos forzados y 148 asesinatos y desapariciones. En el año 2001 empresarios, algunos de ellos paramilitares directos, como lo han confesado, , iniciaron la siembra extensiva de palma aceitera en los territorios que un año atrás habían sido adjudicados colectivamente a esas comunidades en el marco de la ley de comunidades negras, o ley 70 de 1993. En ese año una nueva oleada de desplazamientos afectó las comunidades del Jiguamiandó.
Con el pretexto de combatir la guerrilla, expulsaron forzadamente a los habitantes de los territorios, e ingresaron empresas a usufructuar las tierras, protegidas por paramilitares, la policía de Urabá y la Brigada 17 del Ejército. Bananeras como Delmonte, Unibán y Banacol ampliaron sus montajes y plantaciones en Cacarica, Curvaradó, y Jiguamiandó; palmeros de Urapalma, Palmura, Palmas de Curvaradó, Palmas de Atrato, Agropalma, entre otras, cercanas al gobierno, talaron, adecuaron áreas y plantaron palma en el Curvaradó y Jiguamiandó; la empresa maderera Pizano S.A con su filial Maderas del Darién arrasó, en Cacarica, con el árbol de Cativo, en vía de extinción usando el sello FSC y empresas ganaderas como la Tukeka, entre otras, extendieron su producción ganadera en el Curvaradó.
En el Curvaradó y Jiguamiandó, en el año 2005 luego de dos verificaciones adelantadas a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desde finales de 2003 había adoptado medidas provisionales a favor de las comunidades, se conoció el informe del estatal Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en el que debió reconocer que el 93 % de la palma aceitera estaba plantada en los territorios adjudicados legalmente por la Ley 70 en las dos cuencas. En los años subsiguientes la Corte Constitucional emitió 3 autos |2| con órdenes expresas para garantizar el derecho de la restitución material de ese territorio, (2009, 2010 y 2012) la Superintendencia de Notariado y Registros revocó algunas resoluciones ilegales emitidas por el mismo gobierno para favorecer a los empresarios (2009), el Consejo de Estado ordenó el desalojo de parte de estos ocupantes de mala fe (2010), sin embargo la restitución material de los territorios no se ha conseguido.
La Fiscalía General de la Nación, a partir de denuncias de miembros de las comunidades, que han sido objeto de amenazas, montajes judiciales y campañas de desprestigio por esa causa, adelanta el proceso con el radicado 3856 por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y daños ambientales contra empresas palmicultoras, paramilitares y colaboradores de esas estructura, proceso que ha llevado a la cárcel 16 empresarios, 11 se encuentran prófugos, 22 han sido llamados a juicio.
No obstante estas decisiones, la Fiscalía no ha profundizado, en los testimonios de las comunidades, sobre las relaciones entre militares y paramilitares, no ha involucrado militares de la Brigada 17 implicados en las operaciones militares, no ha investigado a los empresarios bananeros de Banacol, Unibán, ni ganaderos implicados en las operaciones que generaron el desplazamiento forzado.
Mientras abundan los reconocimientos jurídicos, un alto ejecutivo de la multinacional bananera Unibán, filial de Banacol, siembra una nueva plantación de palma aceitera, la empresa Banacol tranzó con algunos habitantes del territorio la implementación ilegal del monocultivo de plátano, promovió invasiones con habitantes de otras áreas del país para adelantar sus plantaciones, empresarios de la ganadería extendieron sus hatos y paramilitares promovieron la siembra de hoja de coca y el montaje de laboratorios en los territorios colectivos.
Las comunidades por su parte, que se niegan a perder su territorio y adelantar acuerdos con las empresas que estuvieron implicadas en el desplazamiento forzado, decidieron, desde el año 1999, regresar y constituir zonas humanitarias como lugares exclusivos de población civil perfectamente delimitados desde donde reclaman el respeto al principio de distinción como población civil y constituyen zonas de bio-diversidad, para recuperar la diversidad de vidas destruidas y frenar el avance de los agronegocios, las dos reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La palma aceitera, el banano, plátano de exportación, cultivos de coca, laboratorios de cocaína, extensión ganadera, son solo algunos de los proyectos que se adelanta en esta región a pesar de que las tierras pertenecen a las comunidades negras y gozan del reconocimiento formal.
En las comunidades indígenas del Jiguamiandó, en los territorios titulados como Resguardo el Embera Urada-Jiguamiandó, desde el 2009 se inició la exploración inconsulta de los territorios por parte de la empresa Muriel Mining Corporation, filial de Río Tinto y de Gold Plata Minig |3|. El 9 de marzo de 2012 la Corte Constitucional, contra las pretensiones de la empresa transnacional minera y del propio gobierno de Colombia, de anular una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba adelantar el proceso de consulta previa conforme lo ordena del convenio 169 de la OIT, confirmó su decisión, posibilitando otro argumento para intentar frenar la intervención ilegal de la transnacional minera con el aval del gobierno nacional |4|.
En el área, también, se adelanta la concesión de construcción de la carretera Panamericana, llamada ahora Transversal de las Américas, cuyo contrato se firmó el 6 de agosto de 2010, días antes de la terminación del mandato del expresidente Alvaro Uribe Vélez. Sin consultar a las comunidades afectadas, la obra pretende romper el "Tapón del Darién" y el "Parque de los Katíos" reconocidos por la Unesco como "Patrimonio de la Humanidad en Riesgo. Ante esta decisión del gobierno las comunidades del Cacarica, principales afectadas, interpusieron una acción popular el 1 de abril de 2011 en el que solicitan al gobierno la suspensión del proyecto |5|.
Además, el gobierno nacional decidió que en el año 2012 se debería iniciar la construcción del proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá, obra que se viene promocionando desde el 2001 entre los gobiernos de Panamá y Colombia, mediante la sociedad Interconexión Eléctrica Colombia Panamá S.A . -ICO- que inició actividades en 2009, con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo BID |6|. En los estudios, intentaron pasar la interconexión por fuera de los predios colectivos de las comunidades afromestizas del Cacarica, pero no les fue posible, lo que obligó a la compañía, a hacer reuniones informativas en Bogotá a partir del 16 de marzo de 2012, sin haber informado a las comunidades afectadas |7|.
De otra parte el presidente Juan Manuel Santos manifestó en entrevista al periódico londinense Financial Times en noviembre de 2011, su interés de construir el canal seco entre el Atlántico y Pacifico, como alternativa al canal de Panamá, en áreas que afectarían al Bajo Atrato Chocoano, en particular a las comunidades afrocolombianas e indígenas del Cacarica. La vía férrea de 791 kilómetros con un costo de 7.600 millones de dólares, sería financiada por el Banco de Desarrollo de China y operada por el Grupo Ferroviario de ese país |8|.
2. Banacol implicada en el acaparamiento de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó
Evidencias existen de la presencia de Banacol filial de Chiquita Brands en los territorios colectivos del Curvaradó que alertan sobre la mano de esta corporación multinacional en la invasión de los territorios de las comunidades iniciado, poco después, que las comunidades fueran desplazadas forzadamente.
Desde el año 2000, luego de la operación militar y paramilitar "Septiembre Negro" de la Brigada 17 del Ejército, empresarios bananeros, vinculados con los paramilitares, fueron extendiendo la frontera agrícola de El Urabá Antioqueño hacia el Bajo Atrato Chocoano y ocuparon las tierras, inicialmente, en otras actividades productivas.
3. De bananeros en Urabá a palmeros, ganaderos y bananeros en Curvaradó
Los empresarios bananeros Antonio Argote Bolaños y Rafael Antonio Argote Romero tienen registradas ante el gobierno, para recibir diferentes tipos de incentivos a la producción bananera, 313 hectáreas plantadas en los municipio de Turbo, Apartadó y Chigorodó, en el Urabá a nombre propio y también a nombre de la empresa Agrobán S.A |9|. La información del registro de estas propiedades, con el detalle de las áreas, localización, nombre de los predios y la comercializadora internacional con la que exportan, aparece en la página web del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, del Ministerio de Agricultura. Llama la atención, en lo informado, que estos empresarios, cercanos al paramilitarismo, recibieron efectivamente, en 2006, de parte del gobierno los incentivos solicitados de $583.183 ($322 Us) pesos por ha, para las áreas que declararon, como se puede evidenciar en la tablas citadas |10|.
En marzo de 2005 un informe oficial del Incoder, como resultado de la verificación interinstitucional de octubre de 2004, pudo constatar que 21.000 hectáreas de los territorios colectivos habían sido ocupados por los empresarios y de esa cantidad 1.236 hectáreas estaban siendo utilizadas por la empresa "Inversiones La Tukeka" propiedad del empresario bananero Antonio Argote Bolaños y Claudia Angela Argote Romero, entre otros, para la ganadería extensiva en las comunidades de Caño Claro, El Guamo, La Despensa, Caracolí y La Florida |11|. La apropiación de estas tierras, haciendo uso de presiones, engaños, compras ilegales, se ha hecho a través de 25 contratos no validos de compraventa, como lo pudo constatar el Incoder en el citado informe.
Los miembros del Consejo Comunitario de Caracolí, desplazados de sus territorios por las operaciones paramilitares y las adquisiciones empresariales, decidieron regresar el 20 de julio de 2007 y empezaron a ser víctimas de daños a sus cosechas, de amenazas, intentos de desalojo y desaparición forzada.
En la actuación ilegal, aun no resuelta de esta empresa, terció la Corte Constitucional, anulando una orden de desalojo emitida por la Fiscalía de Riosucio contra los verdaderos dueños de la tierra |12|. Los empresarios, bananeros, vinculados con Banacol, Unibán y otras comercializadoras, valiéndose de su inmenso poder económico, coordinaron el operativo con la comandancia de la policía de Urabá. La oportuna intervención de la Corte hizo que cesara el operativo, sin embargo los empresarios conformaron un grupo armado para su seguridad y hostigamiento a los habitantes del Consejo Comunitario de Caracoli y, según ellos mismos dijeron a la comunidad vía telefónica, con conocimiento de la policía y del Ejército |13|.
Las decisiones constitucionales no han hecho que estos empresarios, implicados se retiren de los territorios y siguen causando daños irreparables a las familias del Consejo Comunitario de Caracolí, tales como un intento de violación a mujeres y su posible responsabilidad en la desaparición forzada del integrante de ese consejo comunitario Everto Gonzales el 23 de julio de 2011 |14|. El poder de la empresa de los Argote, vinculada a Banacol y Unibán, sigue manteniendo en la impunidad el acaparamiento de tierras que viene adelantando y los crímenes en los que muy posiblemente está implicada, pues no hay investigación alguna que se adelante por parte de la Fiscalía General de la Nación, a pesar de las denuncias, y de la cercanía con el empresario bananero y jefe paramilitar preso Raul Hasbún al que nos referiremos más adelante.
Así mismo, el ocupante de mala fe, empresario bananero y ganadero de Urabá, Jesús Antonio Lopera Lopera y su hermano Jairo Lopera Lopera han declarado al Ministerio de Agricultura 87 |15| ha plantadas en banano en Urabá, por las que han recibido incentivos similares a los Argote y han extendido sus propiedades, de manera ilegal, a la comunidad de Apartadocito en la Cuenca del Curvaradó. Avanzan, en momentos de la realización de este estudio, con la destrucción de cerca de 40 ha de bosque y se han apropiado mediante compras fraudulentas y presiones por parte de paramilitares, de cerca de 150 ha del título colectivo de estas comunidades.
Junto a los Argote y a otros empresarios de la ganadería extensiva, la palma aceitera, la yuca, actividad en la que también está involucrada Banacol, el Consejo de Estado ordenó el desalojo de estas áreas colectivas del empresario Jesús Antonio Lopera Lopera, sin que hasta la fecha, se haya hecho efectiva la citada orden. |16|
También el bananero Irving Jorge Bernal Giraldo posee en la región de Urabá, en área del municipio de Carepa, declaradas al gobierno nacional en 2006, 160 ha de banano en producción, de las cuales recibió, como los anteriores, $ 583.183 ($322 us) por hectárea de incentivo sanitario proveniente del Ministerio de Agricultura. |17|
Desde el año 2004 constituyó con los empresarios Héctor Duque Echeverry, María Isabel Correa Gómez y Luis Fernando Zea Media, la empresa "Compañía Promotora Palmera de Curvaradó Ltda", "Palmadó" y acaparó ilegalmente 1400 ha de tierras pertenecientes a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó, para la siembra de palma aceitera |18|.
Bernal, desde Medellín, se convirtió en el vocero de todo el gremio palmicultor, que conformó, a su vez, la entidad jurídica "Asociación de Palmeros del Darién", encargada de los trámites conjuntos de todo el gremio ocupante de tierras del Curvaradó y Jiguamiandó. |19|
Al empresario Irving Jorge Bernal Giraldo la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento como coautor de los delitos de Desplazamiento forzado, Concierto para delinquir e Invasión de áreas de especial importancia ecológica, en relación con las tierras y los pobladores del Curvaradó y Jiguamiandó. El 29 de noviembre de 2011, se entregó en el municipio antioqueño de Envigado y está recluido actualmente en la cárcel de Yarumito de esa localidad.
Un antecedente importante de las actuaciones paramilitares de este empresario en su calidad de bananero vinculado a Banadex |20| empresa comprada por Banacol desde el año 2004, es el siguiente:
El Comité Especial de Litigio (Special Litigation Comittee, de ahora en adelante SLC) de Chiquita Brands, presentó el 25 de febrero de 2009 ante a la Corte del Estado de la Florida de Estados Unidos |21|, un informe de 310 páginas para responder a la demanda civil (Shareholder Derivative Action) |22| presentada por algunos accionistas de Chiquita contra la mayoría de los actuales directivos y varios funcionarios por los cargos de incumplimiento de deber fiduciario, violaciones de la ley, la apropiación indebida de información e irresponsabilidad corporativa, en relación a los pagos (y contactos) hechos a miembros de las AUC en Colombia desde el año 1989 y el año 2004, estando las AUC en el listado de las organizaciones terroristas globales de EEUU |23|.
Los hechos de que se trata acontecieron a finales de 1996, cuando el bananero Irving Bernal invitó a dos ejecutivos de la bananera Chiquita Brands a un encuentro con paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (AUC).
Efectivamente el encuentro se realizo con el paramilitar Carlos Castaño
Tal como relata uno de los funcionarios de Banadex, empresa perteneciente a Chiquta Brans y traspasada luego a Banacol, los funcionarios conocían previamente a Castaño con quien buscaban llegar a acuerdos relacionados con el aporte de la transnacional a la causa de los paramilitares, con tal de que los protegiera de la intervención de la guerrilla en la zona. |24| Los aportes de las bananeras, según lo acordado se harían a través de las Cooperativas de Seguridad Privada - Convivir, estructuras legales del paramilitarismo, que poco tiempo después fueron declaradas como ilegales por el mismo Estado colombiano.
De acuerdo con los funcionarios, la empresa en Cincinnati estaba preocupada por tales pagos y le envió mensajes concretos al gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez a través de su filial colombiana.
Agrega el reporte que un abogado de Banadex expresó las preocupaciones de Chiquita Brands sobre la legalidad de las convivir y por el reclamos que organizaciones de derechos humanos venían haciendo al Estado por permitir el avance del paramilitarismo a través de estas estructuras Como respuesta, el gobernador Uribe, señalan, instruyó al secretario de la gobernación de Antioquia, Pedro Moreno, para que enviara al abogado de Banadex la documentación que el gobierno de Antioquia le había enviado a varias organizaciones no gubernamentales como respuesta a las criticas |25|.
Anotan los testigos , que los asientos contables se hicieron bajo la siguiente denominación: "donación a un grupo de ciudadanos con reconocimiento, a solicitud del Ejército". El entonces comandante militar de la zona era el general Rito Alejo del Río, quien en la actualidad se encuentra detenido por el crimen del afrocolombiano Marino López Mena, en el marco de la "Operación Génesis", dirigida por el armado en el Cacarica.
Otros reconocidos empresarios del Banano en Urabá y vinculados como directivos de Banacol, son la familia Hasbún dueños de la sociedad Emilio Hasbún y Cia, S. en C. Uno de sus miembros Raúl Emilio Hasbún, en el año 1996 pasó de empresario del banano a paramilitar y coordinó toda la operación de financiación de los paramilitares de las Autodefensa Campesinas de Córdoba y Urabá con las empresas bananeras y a su vez coordinó el ejército que garantizaba el desarrollo de las actuaciones empresariales en la región.
Hasbún coordinaba con Banacol los pagos de las tierras que reclamaba como suyas a campesinos, que trabajaban en la producción de banano. El trato con Banacol consistía en
descontar un porcentaje del pago de la producción para con ellos pagar el arriendo de las tierras. |26|
El mismo confesó en entrevista a la revista Semana del 1 de abril de 2012 que antes de ser paramilitar fue empresario bananero, que tenía estrechos vínculos con Banacol que los empresarios hoy quieren negar, que se dedicó a recaudar a través de las Convivir los fondos para el desarrollo de las actividades paramilitares y que eran donados por los empresarios bananeros. Afirma:
"Yo era del gremio bananero, tenía fincas, empresas bananeras. Los bananeros, ganaderos y comerciantes de la zona, estábamos cansados de la presencia de la guerrilla. La única solución que encontramos fueron las autodefensas... A mí me sientan delante de cualquier bananero y creo que ninguno de ellos se atreve a decirme mentiroso. Es que a Víctor Enríquez, que es uno de los investigados en el proceso de Chiquita, le preguntan si conoce a Raúl Hasbún y dice que no, cuando la hermana de él era casada con mi hermano. [El es] de Banacol, el dueño y gerente de Banacol, que terminó comprando Banadex, que era de Chiquita. Estaba el presidente de Augura, todos los duros del banano en Urabá, el doctor Andrés Arango. No había un mes en que yo no me reuniera con esos señores. Ahora ninguno me conoce" |27|.
Inicialmente recibían el dinero en efectivo y posteriormente a través de las Cooperativas de Seguridad Privadas -Convivir-, promovidas por la gobernación del departamento de Antioquia del momento, en cabeza de Alvaro Uribe Vélez, información que entrega Hasbún y que concuerda en todo con el documento citado por la Corte del Estado de la Florida:
"Nos daban la plata en tulas, siempre en efectivo. Nosotros tuvimos una oficina primero aquí en Medellín que se encargaba de recoger la plata de los empresarios bananeros. Luego fui a la Gobernación y me reuní con Pedro Juan Moreno, Rodrigo Cardona y un doctor Naranjo. Muy formales todos. Nos atendieron a las mil maravillas. Yo fui a montar una Convivir y me dijeron, "vea, hombre, hay unos 14 montañeritos que tienen la misma idea suya, no tienen un peso, ¿usted por qué no se apodera de esas?". |28|
En ese proceso, visitó en cerca de 10 oportunidades la gobernación, donde se reunió por poco tiempo con Alvaro Uribe Vélez, gobernador de entonces. A través de las Convivir, los bananeros legalizaron sus aportes a las estructuras paramilitares de la zona para la comisión de crímenes contra quienes consideraban entorpecían el normal desarrollo del agronegocio. Al respecto afirma Hasbún:
"Un día el doctor Pedro Juan Moreno me dijo, "venga para que conozca al jefe". Y ese señor estaba allá en la oficina de él, hablando por teléfono. Nos sentamos en una salita de unos muebles blancos y él terminó de hablar y entonces Pedro Juan le dijo, "vea, le presento a Raúl Hasbún, el de las Convivir de Urabá". "Ah, mucho gusto", y se paró y buscó por allá unas calcomanías de 'Denuncie y Apoye' con números de seguridad y papelitos y unos folleticos que sacaban en esa época. Ese señor me dio todo eso y yo duré cinco minutos o tres minutos. Ya nos dejaron de pagar en las tulas, consignaban en las cuentas. Nos quitamos un dolor de cabeza porque, cuando nos pagaban en efectivo acá en Medellín, nos tocaba mandarla en caletas en camiones a Urabá. No podíamos por el sistema bancario porque era mucha plata" |29|.
Hoy en día Raúl Hasbún está privado de la libertad. En varios procesos que se le siguen ha declarado los compromisos de los empresarios bananeros, palmicultores y ganaderos con los paramilitares y expresamente en el Curvaradó y Jiguamiandó.
Sobre su incursión en la zona para la siembra de palma, afirma que fue invitado por el paramilitar Vicente Castaño, apodado "El Profe" a reunión con diferentes empresarios del gremio:
"Por la visita y la expectativa de los empresarios de la palma de la Costa Atlántica, es decir, LUIS RIASCOS, ITALO, JAVIER DAZA. VICENTE CASTAÑO como ya tenía tierra, en esas visitas habló del proyecto, yo participé en esas reuniones; entonces ITALO, que era el del billete, dijo que VICENTE pusiera el terreno que cumpliera las características, los requisitos para el cultivo; entonces al Profe se le ocurrió esa zona, ordenó hacer estudios de suelos; programó una cita con los palmeros del Magdalena, que eran los mismos que acabo de mencionar. A partir de esos análisis decidieron comprar las tierras para empezar a desarrollar un cultivo de palma de las Autodefensas con la capacidad de que las personas que quisieran invertir tuvieran la capacidad de ir y hacer sus negocios" |30|
En relación con su participación en empresas palmicultoras en Curvaradó y Jiguamiandó, señala:
"Se llama PALMADO. Toda la vida he sido amigo de IRVING BERNAL (...) ellos entran en el negocio de la palma y me iban contando de lo que estaban haciendo, yo les dije que me permitieran entrar en el negocio, en efecto hicimos una sociedad que se llamó PALMADO. PREGUNTAN: usted fue socio directo de esa empresa. CONTESTA: Yo no, por mi condición de ilegal no, mi ex señora MARÍA ISABEL CORREA GOMEZ es la que figura como socia" |31|
El 29 de febrero de 2012 afirma que no fue el paramilitar Carlos Castaño "El Profe" el que buscó a los empresarios para el Curvaradó y Jiguamiandó sino que estos lo convencieron de que incursionara en la palma:
"... El profe no tenía ni idea de la palma, entonces esos señores le metieron la idea de la palma, la idea inicial fue buscar un desarrollo a la región, el profe me mandó a mí con esos señores... fuimos hasta Brisas pero no pasamos el río a donde hoy son las plantaciones, estuvimos dos días de paseo, mi misión era mostrarles la zona y que no les pasara nada, a los tres días se fueron encantados de los suelos, el profe no los buscó, fueron ellos los que llegaron a esa zona... Don Irving si colaboró con la organización como todos los bananeros, económicamente financiaba a través de las convivir que sabía que eran mías, los demás bananeros también... Don Irving por la exportación de banano nos pagaba" |32|.
Un último hecho que da cuenta de la presencia de los empresarios bananeros en la cuenca del Curvaradó es el crimen del que fueron víctimas Manuel Ruiz y su hijo Samir Ruiz. El 24 de marzo de 2012 los dos se encontraban en el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, fueron abordados por dos paramilitares quienes los intimidaron, posteriormente fueron detenidos por la policía y luego de quedar en libertad abordaron un vehículo hasta Curvaradó, de donde paramilitares les obligaron a descender. Desde ese momento fueron desaparecidos y sus cuerpos con tiros de gracia en la cabeza y signos de tortura fueron hallados 5 días después en el río Sucio.
Manuel estaba reclamando su tierra que había sido invadida, como todas las del Curvaradó, por empresarios y justo al día siguiente de su desaparición, guiaría una comisión gubernamental que determinaría los linderos y las áreas invadidas en la finca llamada "Los Pisingos". Era uno de adultos mayores que conocía la historia de las tierras en el lugar y de los habitantes con derechos en los mismos, así como quienes eran los empresarios implicados en las ocupaciones ilegales.
La Revista Semana en su edición digital del 2 de febrero de 2012 manifestó lo siguiente sobre los poseedores de mala fe de la finca "Los Pisingos":
"...Los Pisingos, un predio de 880 hectáreas ocupado por paramilitares de Carlos Castaño en 1996 que primero fue entregado a empresarios de palma y luego a empresas bananeras". |33|
4. Seducir o invadir para sembrar plátano
En el año 2009 en Curvaradó, Banacol, autorizado por algunas personas que no contaron con el aval de los consejos menores de la cuenca y sin que el territorio estuviera restituido, reconocieron que pretendían la siembra de 49 hectáreas de plátano o banano, en un proyecto amparado en el Ministerio de Agricultura.
Sin embargo el 2 de octubre de 2009, en el Curvaradó, Holger Meneses y tres funcionarios más en representación de Banacol S.A y Corbanacol, hablaron, ante un significativo número de miembros de la comunidad de la siembra no de 49 sino de 1000 hectáreas de plátano por un valor de $ 12.485.852.000, y de la financiación del 80% del proyecto, a través de créditos de la estatal Fiduagraria, correspondiendo el pago del mismo al Consejo Mayor del Curvaradó |34|.
La denuncia hecha pública por parte de los consejos comunitarios que hacen parte de la Asociación de Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, impidió que este proyecto agroindustrial que se pretendía imponer, quedara parcialmente suspendido en razón que los territorios no han sido restituidos y no se ha resuelto en asamblea de las comunidades tal como lo establece la ley 70 de 1993 |35|.
Si bien la negativa de las comunidades frenó la pretensión de la reconocida comercializadora de hacerse a buena parte de las tierras del Curvaradó para el abastecimiento de sus productos para el mercado internacional, no hizo que desistiera de su propósito y optó por incentivar, con ofertas, la ocupación de los territorios por parte de invasores provenientes de diferentes regiones del país.
En torno a la citada invasión, varios hechos se han sucedido. Cuando se estaba organizando, en una reunión sostenida en el puerto de Brisas en la que hubo presencia paramilitar, uno de los promotores de la ocupación ilegal animaba a los líderes diciendo que Banacol proporcionaría las semillas, los insumos químicos y compraría los productos |36|.
El 18 de marzo de este año, con ocasión de la visita que hicieron los Ministros de Interior y Justicia Germán Vargas Lleras y de Agricultura Juan Camilio Restrepo, sorprendió a los habitantes de la Zona Humanitaria de Camelias, la presencia, al parecer facilitada por el director de Acción Social de Urabá en el momento, Luis Mario Gaviria, de Holger Meneses, Jefe de Mercadeo de Plátano para estados Unidos de BANACOL y de Carlos William de UNIBAN, filial de Banacol. En esa oportunidad los miembros de las comunidades lograron que la intromisión de los empresarios se resolviera con la intervención del viceministro del Interior y Justicia quien les manifestó que no era oportuna su presencia en el lugar.
Semanas después, se conoció de una reunión el 9 de abril de 2011 entre los invasores y representantes de Banacol y Unibán, que contó con la protección de la Brigada 17 al parecer relacionada con el avance de la plantación de plátano en los territorios adjudicados a los afromestizos que han sido plantados con plátano/banano, por parte de los invasores.
Se constató además, que en territorios pertenecientes al título colectivo de Curvaradó el gerente regional de Urabá de la empresa Uniban, JESUS CORREA PEREZ, es propietario de una plantación de palma aceitera de más de 100 ha en la localidad de Cetino.
Estas actuaciones empresariales y la invasión de los predios colectivos, ha estado amparada en la presencia de la Brigada 17, la inacción de la policía de Urabá, la inacción del Alcalde del Carmen del Darién, la ausencia de respuestas por parte del comandante nacional de la policía y más recientemente por el patrullaje de paramilitares por las áreas invadidas. |37|
Banacol, en un comunicado del 4 de febrero de 2011, pretendiendo aclarar el tipo de intervención que adelanta en el Curvaradó, evidenciando, una vez más, que sus actuaciones están desconociendo los consejos comunitarios de la Cuenca y las ordenes de la Corte Constitucional en el Auto del 18 de mayo de 2010 y acude a la descalificación de las comunidades a las organizaciones nacionales e internacionales que adelantan el acompañamiento.
Afirma que Banacol fue "invitado" desde el gobierno nacional y "el consejo mayor de las comunidades afrocolombianas de la Cuenca del Curvaradó para apoyar el desarrollo de un proyecto productivo" |38|. Tal proyecto, según afirma la comercializadora, busca: asistir y acompañar técnicamente, y adelantar la comercialización de plátano (no banano) hacia el mercado internacional. Revela y declara que "asesoró la siembra de 300 hectáreas cultivadas" y que "sigue acompañando el proceso iniciado con el Consejo Mayor" |39|. El Consejo Mayor, constituido por la asamblea de la cuenca, jamás realizó tal invitación, más si, al parecer, el entonces representante legal, sin contar con el aval de la asamblea.
Este es el reconocimiento por parte de Banacol, de su desacato al Auto de la Corte Constitucional, que ordena congelar todas las transacciones "relativas al uso, posesión, tenencia, propiedad o explotación agroindustrial o minera de predios amparados por el título colectivo de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó... Sobre tales transacciones opera la presunción de ilegalidad..." |40|
BANACOL en su comunicado, se une a la campaña de desprestigio contra las organizaciones nacionales e internacionales que acompañan a los consejos comunitarios del Curvaradó y Jiguamiandó |41|, cuando califica los comunicados relacionados con la invasión del Curvaradó de "rumores malintencionados y falsos que por medios nacionales e internacionales de izquierda se han hecho públicos; y con los que diferentes organizaciones pretenden impedir el progreso de las comunidades para poder perpetuarse en la canalización de recursos económicos en el exterior".
Luego el comunicado reconoce lo irreconocible. La existencia de un falso Consejo Mayor que, supuestamente, ha rechazado los comunicados públicos sobre la invasión "resaltamos que frente a estas denuncias, que habían sido públicas en los meses de noviembre y diciembre de 2010, ya las comunidades de Curvaradó y el Consejo Mayor se habían pronunciado rechazándolas".
Se refiere, entonces a pronunciamientos hechos por un falso representante legal, ignorando, nuevamente, el Auto de la corte Constitucional del 18 de mayo de 2010 que dejó sin piso toda pretensión de representación legal de la cuenca, ante la fallida entrega de tierras, por parte del gobierno del expresidente Alvaro Uribe, a este representante, que a las claras actúa en favor de los intereses empresariales en estas comunidades.
Mas recientemente el 8 de febrero de 2012 en Apartadó, en horas de la mañana, delegados de los consejos comunitarios de Jiguamiandó informaron a delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo e Incoder sobre el conocimiento de la planeación de una nueva ocupación de mala fe -invasión- promovida por Banacol. De acuerdo con las versiones existentes, 25 familias participarían en esta ocupación, liderada por Heiler Salinas, quien se presenta como representante social a nombre de la transnacional bananera, está ofreciendo el apoyo empresarial de predios colectivos de Las Menas, en Jiguamiandó. Por su parte, los funcionarios públicos se comprometieron a fijar avisos en Las Menas, advirtiendo que no es permitida la venta de tierras e informando a las empresas de banano y plátano de la región de la ilegalidad de esa actuación |42|.
Nuevamente la Corte Constitucional en Auto A-045 del 7 de marzo de 2012 ordena al gobierno colombiano el desalojo de los ocupantes de mala fe de los territorios colectivos. Antes de esta conclusión, hace referencia al informe que le hiciera llegar Christian Aid, agencia internacional Británica, en el que se señala, según la Corte que "en lo concerniente al desalojo de los invasores, el gobierno se comprometió a hacerlo efectivo, la omisión en realizar esta acción puede generar daños irreparables contra la vida de los habitantes de las Zonas Humanitarias y los acompañantes internacionales. Algunos pobladores han informado que los invasores actúan en cooperación con los paramilitares y las comercializadoras Banacol y Unibán. Debido a que no toda la zona de invasión fue desalojada (faltó Andalucía y Caracolí), se observó que en todo el recorrido entre Camelias y Andalucía se siguen extendiendo las siembras de banano y se han construido casas de almacenamiento del producto" |43|
5. Otro caso en que Banacol se vale de invasores
El 7 de marzo de 2007 el diario colombiano El Tiempo, publicó un artículo sobre los pagos de Chiquita Brands a paramilitares en el que habla de Banacol como la continuación de la presencia de la transnacional en Colombia y además presenta un caso en el que la comercializadora internacional compra las cosechas a un grupo de invasores en el Urabá y a su vez resuelve el litigio de propiedad del predio a instancias del jefe paramilitar de la zona, a quien pagaba con el dinero descontado directamente a los vendedores de plátano.
De acuerdo con este diario en el año 1984 un grupo de invasores se apropió de 107 hectáreas del predio La Niña, en el corregimiento Nueva Colonia del municipio de Apartadó para cultivar plátano que luego vendían a Banacol. Dieciséis años después "dos hombres aparecieron en supuesta representación de los dueños legítimos concitándolos a que pagaran el valor de la tierra. Todo terminó en una citación a los representantes de la comunidad a la vereda La Teca. Allí habrían estado el conocido 'para' Rafael García, 'El Viejo' - quien se reinsertó con el bloque Bananero y el martes fue capturado en Chigorodó - y 'Camacho', quienes a la vez estaban con 8 hombres armados. Acordaron que los ocupantes de La Niña pagarían 4 millones por hectárea, dinero que les sería sacado por Banacol de los pagos que la empresa hacía, por el producto que ellos le vendían. Banacol alcanzó a recibir 220 millones de pesos por ese concepto entre finales del 2000 y principios del 2005. Luego, al verificar quiénes eran los propietarios de la finca, los ocupantes constataron que las tierras habían sido expropiadas en 1999 por el Incora (hoy Incoder) a la Sociedad Emilio Hasbún & Cia, y figuran como baldíos de la Nación".
Emilio es el segundo nombre de quien fuera el comandante paramilitar Raul Hasbún, o "Pedro Bonito" ex comandante del bloque bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien se encuentra actualmente privado de la libertad.
Según versiones libres del también jefe paramilitar Salvatore Mancuso, a través de la sociedad Emilio Hasbún y Cia, los Hasbún fueron colonizadores de grandes baldíos y pioneros del negocio de la siembra y comercialización de banano en Urabá. Hasbún es, dice Mancuso, "el personaje que arregló con las bananeras Chiquita Brands, Banacol, Unibán, Probán, Boll y Delmonte el pago de 10 centavos de dólar por caja de fruta exportada a los 'paras' a través de la convivir Papagayo. Hasta el 2004, serían unos 4,6 millones de dólares que iban a "la casa Castaño", el bloque Bananero de las Auc, pago de corrupción e inversión social" |44|.
El uso de invasores por parte de las compañías, en particular por Banacol, tiene por lo menos este antecedente público, tal como lo ha mostrado el diario El tiempo, que se asemeja a la situación que hoy padecen los afromestizos de la cuenca del río Curvaradó.
6. Versiones de paramilitares sobre Banacol y Uniban
Desde que iniciaron las versiones libres de los paramilitares |45|, muchas alusiones han hecho a los vínculos existentes entre las estructuras paramilitares que operaron en el Urabá y empresas bananeras entre ellas las C.I Banacol y Unibán.
La Comercializadora Internacional Banacol está implicada en la financiación de las estructuras paramilitares, de acuerdo con las declaraciones de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso http://www.semana.com/noticias-naci...), Ever Velosa, conocido como "HH" http://www. eltiempo.com/colombia/ju...), Fredy Rendón Herrera, conocido como El Alemán y Raúl Hasbun conocido como "Pedro Bonito" (http://justiciaypazcolombia.com/Las-confesiones-de-Hasbun) (las mismas que generaron el desplazamiento forzado, los asesinatos y las desapariciones para la siembra de palma aceitera en los territorios colectivos del Curvaradó y Jigumiandó. (http://www.elespectador.com/impreso...).
Banacol está incursa en la investigación de la Fiscalía por los delitos de financiación de grupos armados al margen de la ley, enriquecimiento ilícito y desplazamiento forzado, dentro del proceso que se sigue contra Chiquita Brands y otras compañías |46|.
Así mismo Chiquita Brands, luego de reconocer el pago a los paramilitares de Colombia, por lo que fue multado con 25 millones de dólares, Chiquita enfrenta en la Corte de la Florida en Estados Unidos 15 procesos civiles por los delitos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad |47|.
Los ejecutivos de Banacol llamados a indagatoria en 2008 fueron Víctor Manuel Henríquez Velásquez (gerente), hoy tercer renglón de la junta directiva y presidente de la Compañía, y Juan Diego Trujillo (secretario general). Jorge Alberto Cadavid, Javier Ochoa Vásquez y Fuad Alberto Giacomán Hasbún, también fueron citados por la Fiscalía |48|.
El pasado 6 de marzo de 2012 la Fiscalía 33 Especializada de Medellín precluyó la investigación contra las transnacionales Chiquita Brands, Banadex y la transnacional Banacol, decisión que será apelada por los representantes de las víctimas. El empresario bananero y jefe paramilitar Raul Hasbún, protestó por la decisión por carecer de fundamentos, por favorecer la impunidad de las empresas y por estar en contra de todo el acervo probatorio que se encuentra en el mismo proceso, y por pretender hacer recaer toda la responsabilidad de las empresas en él, en contra de todas las evidencias |49|.
7. Chiquita Brands siguió en Colombia a través de Banacol
De acuerdo con la investigación presentada por el ya mencionado SLC, Chiquita adelantó un operación de "venta" de la cuestionada Banadex a la transnacional C.I Banacol a un precio muy por debajo del mercado (fire sale). |50| Banadex, la filial de Chiquita que desde el 1989 trabajaba en Colombia, se transfirió a a Banacol (CI Banacol SA sede en Panamá), en el año 2004, justo cuando Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó sus investigaciones.
Chiquita y Banacol adelantaron los acuerdos de venta de Banadex, especificando el compromiso de Banacol de vender a Chiquita piñas y banano a un precio particularmente ventajoso por un período inicial de ocho años:
"En ese momento, la oferta consistía en un pago en efectivo de $ 54 millones, $ 25 millones (VAN) de descuento preferencial en la piña, y un contrato de compra de ocho años para los plátanos y piñas, con un precio superior al del mercado para el banano (VAN $ 42 millones) y un descuento preferencial para las piñas (VAN $ 25 millones)" |51|
Ya en estos momentos se conocía con claridad de los pagos de Chiquita a los paramilitares, de los escándalos por el ingreso de armas a través de las operaciones portuarias de Banadex y de la vinculación con el tráfico de cocaina. Sobre los pagos, cabe recordar la relación establecida entre Banadex, Carlos Castaño y las convivir, tal como lo descubrió un alto ejecutivo de Chiquita en uno de sus viajes a Colombia, relatado luego a la citada comisión de investigación.
Banacol es la firma líder en Colombia de Invesmar S.A., con domicilio en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, una de las compañías a través de la cual siguió presente en Colombia Chiquita Brands. "Esta compañía, según el ente acusador, - Fiscalía General de la Nación- siguió pagando millonarios recursos entre 2004 y 2007 a las cooperativas de seguridad que eran fachada de las autodefensas. Es decir, continuó auspiciando la estela de violencia de su antecesora. En esencia, cerca de $3.000 millones fueron pagados por Banacol a la convivir Papagayo y a otras que eran controladas por Raúl Emilio Hasbún, conocido en el mundo del hampa como Pedro Bonito, hoy desmovilizado y en Justicia y Paz. El mismo ex comandante en sus versiones libres ha reconocido que fue el contacto con la empresa Chiquita Brands para que por cada caja de banano se les pagaran a los paramilitares 3 centavos de dólar. Y, como cosa curiosa, Víctor Manuel Henríquez, quien aparece como miembro de la junta directiva de Banacol, reconoció ante la Fiscalía que su hermana se casó con uno de los hijos de Pedro Bonito" |52|.
De acuerdo con el periódico colombiano "un experimentado analista contable de la Fiscalía, tras analizar los movimientos financieros del grupo empresarial de Banacol, estableció que "por concepto de banano" se destinaba un dinero importante a las Convivir, pagos que se habrían hecho voluntariamente tal y como ocurrió con Chiquita Brands. Así lo detalló en un informe contable conocido por El Espectador y fechado el 22 de julio de 2008" |53|
8. Banacol en el mercado global
Esta cuestionada compañía se ofrece al mercado internacional en su sitio web como una corporación multinacional propietaria de fábricas, plantaciones, oficinas y operación portuaria en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y Europa. "Como parte de un portafolio liderado por el Banano, que ha hecho mundialmente famosa la marca Banacol, también produce y comercializa importantes líneas de productos: piña, plátano, yuca y otros frutos tropicales, además de su gama de congelados" |54|.
Señala Banacol que su empresa en Colombia compró más de 5.000 hectáreas de cultivo de Banano convirtiéndola en la primera productora de banano en el país, "operando 39 fincas propias, que suman un área geográfica de más de 7.000 hectáreas" |55| Sus sedes están localizadas en Medellín y Apartadó en Colombia, en San José de Costa Rica; en Miami y Eddystone en Estados Unidos y en Rotterdam en Holanda.
La organización holandesa Somo |56| - Centre for Research on Multinational Corporations - Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales - en julio 2011 produjo, por solicitud de la organización también holandesa Mensen Met een Missie |57| a pedido de la Comisión de Justicia y Paz, un informe sintético de investigación |58| sobre la relación entre la compañía de distribución de frutas tropicales de Rotterdam, Fruitpoint B.V. |59| en adelante Fruitpoint, y la Comercializadora Internacional Banacol de Colombia SA, en adelante Banacol |60|.
Somo identifica a Fruitpont como única distribuidora de frutas tropicales comercializadas por Banacol. Según el informe, la piña y otros frutos se vende en los supermercados holandeses Super de Boer, suministrados directamente por Banacol |61|.
Banacol tiene sede legal en Panamá, un paraíso fiscal que basicamente no exige requisitos de transparencia para la constitución de las empresas. Fruitpoint, por su parte es una empresa comercial pequeña, de la que no hay información en la Cámara de Comercio de Holanda y su página web no permite ser consultada |62|. A través de ella comercializa Banacol banano, como negocio principal, también piña, plátano, yuca.
Fruitpoint está envuelta en un sospechoso manto de irregularidades. En primer lugar en el año 2009 la empresa contaba con cinco personas en total, mientras que en 2011, aparece solo un empleado quien a la vez es director, el Sr. Laurent Jurvillier |63|. En segundo lugar, en un periodo de cinco años, de 2004 a 2009 la compañía creció de manera significativa. Casi diez veces desde que se constituyó, y los activos totales subieron de 2,3 millones de euros a 12,8 millones de euros en sólo cinco años |64|. Un crecimiento tan rápido con una sola persona en su nómina, no deja de despertar sospechas y merece ser investigada por las entidades de control correspondientes.
Banacol se afianzó como líder del mercado de banano de exportación en Colombia desde el 2004, superando, como marca, a Chiquita Brands, en la eventualidad de que sean empresas diferentes. El banano cuenta, según su página web, con certificaciones como la ISO 14001 y de seguridad e higiene como Global Gap y Gap en Estados Unidos. El sitio web menciona que todos los productos de Banacol procedentes de Colombia y Costa Rica están certificados por Rainforest Alliance y Tesco Nutre Plan. También menciona que una cooperativa de pequeños productores bananeros afiliados a la compañía ha sido certificada para el comercio justo. Sin embargo, no está claro el carácter de esta cooperativa ni cuántos bananos de Comercio Justo han sido producidos |65|.
Hay otras dos empresas, Invesmar Inc y Olinsa que están relacionadas en los negocios de Banacol en Colombia. Invesmar está domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, y está a la cabeza de un conglomerado empresarial que incluye Banacol como la firma líder |66|.
La flota de barcos de la compañía es la Altex Chartered Inc que vende servicios de transporte y cuenta también con la empresa Banacol Marketing Corporation (anteriormente conocida como Plátano Services Inc), registrada en Coral Gables en Florida, responsable del mercado en los Estados Unidos y en el mercado canadiense. También cuenta con la compañía Marketing Belgium BVBA, registrada en Nieuwpoort, Bélgica, responsable del mercado de sus productos en ese país.
A las organizaciones de la sociedad civil
A. Adelantar una campaña de sensibilización, información para promover acciones publicas de censura pública, boicot al consumo de productos colombianos de Banacol en Amsterdan, Holanda, Miami, Estados Unidos.
B. Requerir a la compañía para que cesen sus operaciones empresariales en Curvaradó y Jiguamiandó por su desconocimiento de los derechos de comunidades negras e indígenas, su corresponsabilidad en violaciones de derechos humanos desconociendo principios de derecho internacional.
C. Apoyar con intervenciones escritas (amicus curie, comunicaciones de solicitud de información Derechos de Petición, partes intervinientes) en las acciones jurídicas nacionales e internacionales que las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos vienen adelantando contra la empresa Banacol, Banadex y Chiquita Brands en Colombia por su implicación en violaciones a los derechos humanos de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó, entre otras.
D. Intervención en las juntas de accionistas en las bolsas de valores de estas empresas de manera que den respuesta a estos por cuestionamientos a sus actuaciones empresariales.
E. Hacer seguimiento a la legalidad de las empresas relacionadas en el presente estudio, mediante las cuales la Comercializadora Internacional Banacol adelanta sus negocios en Europa.
F. Proteger mediante cartas al gobierno, artículos de opinión en medios internacionales a las víctimas y sus representantes, por el riesgo que corren al enfrentar judicialmente esta poderosa compañía.
G. Promover a través de un estudio la documentación y cuantificación de los daños y perjuicios materiales e inmateriales que las operaciones empresariales ilegales han producido en las comunidades y los ecosistemas por la intervención de la compañía.
A los parlamentarios Europeos y miembros del Congreso de Colombia:
Abstenerse de ratificar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Gobierno de Colombia por sus efectos negativos en la disputa de tierras en las regiones productoras de plátano y regiones destinadas a la expansión de las plantaciones de banano.
Al gobierno de Colombia
A. Dar cumplimiento a las ordenes dadas por la Corte Constitucional en los Autos referidos a la restitución material de tierras del Curvaradó y Jiaguamiandó, en particular a lo relacionado con el saneamiento de los territorios de las comunidades ocupados por las empresas y adelantar los procesos legales a que haya lugar, dado que en el caso de las empresas relacionadas en el presente estudio obra la presunción de ilegalidad por su intervención en estos territorios.
B. Garantizar el respeto y respaldo a las decisiones tomadas por las comunidades en relación con el uso que quieren dar a sus tierras sean respetadas y responder, conforme lo obliga la constitución y la ley nacional, con el apoyo financiero, técnico y administrativo para la implementación y desarrollo de los proyectos de economía campesina que decidan implementar.
C. Exigir el acatamiento a las resoluciones de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protegen los derechos a la vida y a la integridad de los integrantes de los consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.
A la Fiscalía General de la Nación
A. En tanto, las comunidades han sufrido crímenes de lesa humanidad, crímenes sistemáticos y daños ambientales irreparables, solicitar unidad procesal, y un enfoque investigativo en contexto, crímenes de sistema, estructuras criminales de las empresas transnacionales Banacol, Chiquita Brands y Banadex, en el marco del cumplimiento a las ordenes emitidas por la Corte Constitucional en los autos referidos al Curvaradó y Jiguamiandó.
B. Considerar en dicha investigación los avances alcanzados en el proceso con el radicado 3856 que se sigue a empresarios y paramilitares por los delitos de desplazamiento forzado, conformación de grupos paramilitares y daños ambientales en Curvaradó y Jiguamiandó, en las investigaciones que se adelantan contra las transnacionales Chiquita Brands, Banacol y Banadex.
C. Garantizar la protección de las víctimas que participan como denunciantes en los procesos contra Chiquita Brands, Banacol y Banadex.
A la Contraloría General de la Nación
A. Investigar la legalidad o no de los incentivos sanitarios otorgados por el gobierno colombiano a empresarios del banano, relacionados en el presente estudio.
B. Presentar un informe del estado de las investigaciones del uso de recursos públicos en el respaldo a los empresarios que sembraron palma aceitera en el Curvaradó y Jiguamiandó.
A las empresas
A. Asumir la responsabilidad que les compete los daños ambientales, violaciones a derechos humanos en la preparación, implementación y desarrollo de los agronegocios de banano, plátano, palma aceitera, ganadería extensiva, en las cuencas del Curvaradó, Jiguamiandó y en el Urabá antioqueño.
B. No interferir en el proceso que adelantan las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, tendiente a la restitución material de los territorios, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en los Autos que se refieren a estas comunidades.
[Fuente: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, may12]
Notas
1. Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), Resolución No 2809, 22 de noviembre de 2000, pp. 4-5. [Volver]
2. Disposición judicial dada en cualquier causa civil o criminal. Los autos judiciales son emitidos por los jueces para resolver cuestiones relativas al procedimiento y tiene carácter de obligatoriedad. http://www.drleyes.com/page/diccionario_juridico/significado/A/302/AUTO [Volver]
3. Cfr Notas 1 y 3 en http://www.abcolombia.org.uk/subpage.asp?subid=463&mainid=23 (Obtenida 220512) [Volver]
4. Crf http://www.justiciaypazcolombia.com/Comunicado-de-la-Corte (Obtenida 080312) [Volver]
5. Cfr http://justiciaypazcolombia.com/Comunidades-demandan-contrato-de (Obtenida 0803012) [Volver]
6. Cfr Archivo Justicia y Paz, Respuesta a derecho de petición ISA-ETESA, Panamá 9 de marzo de 2012. [Volver]
7. Cfr, Archivo Justicia y Paz, Convocatoria Estudio de Impacto Ambiental y Social para el Proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá. Invitación Reunión de Información, ISA-ETESA, Panamá, 9 de marzo de 2012. [Volver]
8. Cfr http://www.portafolio.co/revive-propuesta-un-canal-seco (Obtenida 290312) [Volver]
9. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Urabá en certificado expedido el 30 de marzo de 2012, esta empresa cuyo nombre extenso es "Agropecuarias Bananeras S.A.S.", tiene como gerente a Antonio Argote Bolaño, como primer suplente a Graciela Romero de Argote, segundo suplente a Claudia Ángela Argote Romero, tercer suplente a Andrés Alberto Argote Romero y como cuarto suplente a Rafael Antonio Argote Romero. El número de Nit es 0811012506-9. [Volver]
10. Cfr http://dc179.4shared.com/doc/MLpBFvdv/preview.html (Obtenida 200312) y http://www.ica.gov.co/getdoc/9ea49495-0851-4205-95e7-fbed68001302/lista_hectareas_banano.aspx (obtenida 220512) [Volver]
11. INCODER, Los Cultivos de Palma de Aceite en los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, en el departamento del Chocó, Bogotá, D.C., 14 de marzo de 2005, p.23 [Volver]
12. Cfr http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a222-09.htm (Obtenida 220512) [Volver]
13. Cfr http://justiciaypazcolombia.com/Plan-de-asesinatos-selectivos-para (Obtenida 310312) [Volver]
14. Cfr http://www.justiciaypazcolombia.com/Desaparicon-forzada-presencia (Obtenida 310312) [Volver]
15. Cfr http://www.ica.gov.co/getdoc/9ea49495-0851-4205-95e7-fbed68001302/lista_hectareas_banano.aspx (obtenida 220512) [Volver]
16. Cfr Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, ponente: Martha Teresa Briseño de Valencia, Bogotá, D.C., 8 de abril de 2010. [Volver]
17. Cfr http://www.ica.gov.co/getdoc/9ea49495-0851-4205-95e7-fbed68001302/lista_hectareas_banano.aspx (obtenida 220512) [Volver]
18. Cfr http://www.justiciaypazcolombia.com/La-Tramoya,4507 P. 124 [Volver]
19. Cfr http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=89187 (Obtenida 310312) [Volver]
20. Banadex (la filial que desde el 1989 al 2004 trabajaba por Chiquita en Colombia) N.del A. [Volver]
21. 19 United States District Court Southern District Of Florida, Case 0:08-md-01916-KAM Document 202 Entered on FLSD Docket 02/25/2009 Pp. 1 [Volver]
22. Cfr http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/ Derivative+Action [Volver]
23. El 10 de septiembre de 2001, los EE.UU. Departamento de Estado designó a las AUC como organización terrorista extranjera, tal como lo había señalado con anterioridad a las FARC y ELN. N del A [Volver]
24. At the meeting, Hills showed Taxay a copy of the whistleblower e-mails and told him that the e-mails "call into question" Hills' belief that the Colombian employees face threats to their safety, presumably because the e-mails alleged that at least some of those employees, most notably (Banadex Employee No 5), were affiliated with the AUC. idem pag.120 [Volver]
25. Cfr Noticia Uno, La Red Independiente, 3 de mayo de 2009. [Volver]
26. Cfr http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4355494 (Obtenida 310312) [Volver]
27. http://www.semana.com/nacion/hombre-cerebro-paraeconomia/174730-3.aspx (Obtenida 020412 p.m.) [Volver]
30. Indagatoria Raúl Hasbún 7 de marzo de 2011. [Volver]
33. http://www.semana.com/nacion/quien-mato-manuel/174845-3.aspx (Obtenida 030412) [Volver]
34. Acta de reunión del día 02 de octubre de 2009 vereda Cetino, Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Curvaradó, Carmen del Darién, Chocó. [Volver]
35. Asociación de Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad del Jiguamiandó y Curvaradó, C.I Banacol persiste en su pretensión de control territorial en Curvaradó, 6 de octubre de 2009 http://justiciaypazcolombia.com/C-I-BANACOL-persiste-en-su (Obtenida 18 de abril de 2012). [Volver]
36. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Continúa Invasión y amenazas en Curvaradó, Constancia Histórica y Censura Ética, 28 de diciembre de 2010, http://justiciaypazcolombia.com/Continua-invasion-y-amenazas-en (Obtenida 18 de abril de 2012) [Volver]
37. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Ocupación paramilitar de predios colectivos en Curvaradó, 18 de abril de 2011 http://www.justiciaypazcolombia.com/Ocupacion-Paramilitar-de-predios,4289 (Obtenida 18 de abril de 2012) [Volver]
38. En la Ley 70 de 1993, decreto reglamentario 1745, se establece que la autoridad que administra los titulos colectivos de las comunidades negras, es el representante legal del respectivo titulo . En el caso del Curvaradó dada la injerencia de los empresarios de la palma aceitera, ganadería extensiva, el banano y el plátano, se presionó transacciones, extralimitando las funciones del representante del momento y, meses después los empresarios patrocinaron una asamblea ilegal en la que montaron a un nuevo representante. Este hecho y la pretensión del gobierno de Álvaro Uribe de simular la entrega de tierras a través de este falso representante legal, a favor de los empresarios, hizo que la Corte Constitucional emitiera el Auto del 18 de mayo de 2010 en el que desconoció a ese representante y ordenó un censo, un saneamiento del territorio, la implementación de un plan de protección, de una caracterización del territorio y la realización de una asamblea que elija un representante legal. A la fecha de elaboración de este informe aun nos se había dado la asamblea y continuaba la comunidad del Curvaradó sin representante. [Volver]
39. Banacol, Cultivando Bienestar, 4 de febrero de 2011, http://www.business-humanrights.org/media/documents/respuesta-banacol-sobre-alegaciones-en-curvarado-4-feb-2011.pdf (Obtenida 19 de abril de 2012) [Volver]
40. Corte Constitucional, Adopción de medidas cautelares de adopción inmediata para la salvaguarda de los derecho fundamentales de las comunidades afrocolombianas del Curvaradó y Jiguamiandó víctimas del desplazamiento forzado, en el marco de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y de los Autos de seguimiento, en particular del Auto 05 de 2009, relativo a la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, Bogotá D.C., 18 de mayo de 2011. [Volver]
41. Ver http://www.justiciaypazcolombia.com/Continua-la-campana-de (Obtenida 19 de abril de 2012) [Volver]
42. http://www.justiciaypazcolombia.com/Abusos-de-la-brigada-17 (Obtenida 19 de abril 2012) [Volver]
43. República de Colombia, Corte Constitucional, Auto A-045, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, Bogota, D.C., 7 de marzo de 2012 pg 31. [Volver]
44. El Tiempo, Justicia, Mancuso Afirma que transportadores, importadores y distribuidores de bebidas, financiaban a las Autodefensas, Bogotá 18 de mayo de 2007 http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/finance1.html (Obtenida 18 de abril de 2012) [Volver]
45. Se trata de declaraciones que entregan de manera libre los paramilitares en el marco de la ley 975 llamada de "Justicia y Paz", que pretende el recorte de penas por crímenes a los miembros de estas estructuras, a cambio de que confiesen la verdad de los hechos de los que son responsables o conocedores. [Volver]
46. Fiscalía General de la Nación, Informe de Rendición de Cuentas Fiscal General de la Nación al Congreso 2008-2009, http://fgn.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informes-de-gestion/pp.102www.fiscalia.gov.co/.../fiscalmario/Informe%20_de%20Gestion%202009%20final.pdf. Esta investigación es adelantada por la fiscalía 33 especializada de Medellín la que el 6 de marzo de 2012, tomó la decisión, ignorando evidencias, de precluir la investigación, decisión que fue apelada ante el Tribunal Superior de Antioquia. Una de las pruebas desconcida, fue la de los pagos entregados a los paramilitares de la estrucutra paramilitar conocida como "Convivir Papagayo", por la que sus comandantes fueron condenados el pasado 17 de abril de 2012, contradiciendo, claramente, el fallo absolutorio de la Fiscalía 33. Cfr http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=3984 (Obtenida 240512). [Volver]
47. Cfr http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9533764.html [Volver]
48. El Tiempo, Judicial, Indagatorias a ejecutivos de la multinacional Chiquita por plata dada a paramilitares, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4456680 (Obtenida 230512) [Volver]
49. Cfr http://www.verdadabierta.com/component/content/article/156-captura-de-rentas-publicas/3952-ex-paramilitar-protesta-por-preclusion-a-favor-de-bananeros (Obtenida 310312) [Volver]
50. Opcit, Document 202-4, Entered on FLSD Docket , 2009, pp225 [Volver]
51. Fifth, at a November 20, 2003 Board meeting, the Board received another presentation regarding owned versus purchased fruit models. The Board also received an update on the status of negotiations with Banacol. At the time, the deal consisted of a $54 million cash payment, $25 million (NPV) in preferential discount on pineapples, and an eight-year purchasing contract for bananas and pineapples, with an above-market price for bananas (NPV $42 million) and a preferential discount for pineapples (NPV $25 million). Ibid pp 228 [Volver]
52. El Espectador, Redacción Judicial, Chiquita Sigue en Colombia, 5 de septiembre de 2009, http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso159808-chiquita-sigue-colombia (Obtenida 18 de abril de 2012) [Volver]
54. (Obtenida 19 de abril de 2012) [Volver]
57. http://www.mensenmeteenmissie.nl/ [Volver]
58. Fruitpoint-Banacol Quick Scan [Volver]
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