27jun03

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Víctimas de la "seguridad democrática" en Colombia

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La puesta en libertad del defensor de derechos humanos y destacado dirigente del Partido Comunista Colombiano (PCC) y de la Unión Patriótica (UP), Julio Avella García, el pasado 3 de junio es una prueba más de la política de macartización del Gobierno del presidente álvaro Uribe Vélez y del fracaso de su programa de reinserción. A continuación exponemos los detalles de este montaje judicial pues es un claro ejemplo de otros muchos que se están dando en este país contra los dirigentes sociales como consecuencia de la implementación de la política de "seguridad democrática".

Julio, militante comunista desde hace más de 30 años, fue concejal por la UP, electo en una lista de coalición (Partido Liberal-UP) a la Asamblea Departamental, candidato a la Cámara de Representantes y dirigente regional del Frente Social y Político-Polo Democrático; además, fue integrante de la Comisión por la Paz de Santander, de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil y de Mesas Ciudadanas por la Paz. En el momento de su detención era directivo de la organización no gubernamental Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), secretario ejecutivo regional de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y coordinador del equipo de Reiniciar que investiga el genocidio contra la UP en Santander con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, pese a su reconocida y transparente trayectoria, fue detenido en la madrugada del 6 de diciembre de 2002 en Bucaramanga (capital del departamento de Santander) junto a otros líderes populares, ex sindicalistas, comerciantes, desplazados por la violencia y militantes comunistas que también fueron liberados posteriormente. Reiniciar y otras organizaciones sociales denunciaron ese mismo día la clara persecución política que se estaba produciendo. No obstante, Julio y varios de los detenidos tuvieron que pasar seis meses en la cárcel -sometidos a extensas ampliaciones de indagatoria para refutar los informes de la inteligencia militar y las calumniosas declaraciones de "informantes" que se acogieron a la reinserción- hasta que se cerró el caso porque las acusaciones son "difusas y contradictorias y desde luego ilógicas", afirma el fiscal en la resolución de preclusión adoptada el pasado 3 de junio.

Los autores de estas falsas imputaciones son miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército Nacional (RIME) y cuatro supuestos reinsertados de la guerrilla de las FARC. Los organismos estatales adelantaron presuntas labores de inteligencia cuyas conclusiones se recogen en dos informes en los que se explica que los detenidos pertenecen a la red urbana de la Compañía Rafael Rangel del Bloque Magdalena Medio de las FARC que tiene como misión implementar el "plan de Urbanización del Conflicto". Para ello se infiltran entre las familias desplazadas que se han asentado en Bucaramanga, provocan "los levantamientos que éstos (los desplazados) realizan a menudo" y ocupan los cargos directivos de ANDAS, según consta en los documentos de inteligencia y declaraciones de los mitómanos.

De Julio Avella dicen que dentro de las FARC se le conoce con el alias de "Chocolate" y que sus responsabilidades son: ideólogo, organizar secuestros de funcionarios de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), chantajear a las autoridades, recibir de la subversión "grandes sumas de dinero" para financiar su brazo político a través de ANDAS y prestar apoyo logístico a los guerrilleros presos. Además, se apunta que en el transcurso de la "Operación Leopardo", realizada por el RIME en 1997 y 1998, se estableció la vinculación de ANDAS "como una organización fachada de las FARC" y la militancia de "Avella García a dicha organización subversiva". A toda esta retahíla de infundíos se añaden otros de la misma calaña basados en los testimonios de los reinsertados; éstos le acusan de haber dado adiestramiento a futuros guerrilleros y de acudir a la cárcel de Bucaramanga para entregar dinero a los presos de la insurgencia y mantener su formación política.

Como ocurre habitualmente en Colombia, al acusado le tocó demostrar su inocencia. Desde lo más anecdótico -"Chocolate" es el sobrenombre cariñoso con el que se le conoce toda la vida por el color de su piel- a lo más grave, Julio, sus abogados, su familia y sus amigos probaron la falsedad de las acusaciones. La supuesta instrucción a guerrilleros no era otra cosa que cursos de formación para líderes políticos, campesinos, sociales, sindicales y comunitarios y militantes, activistas y amigos de la Unión Patriótica, así como para aliados de los partidos Liberal y Conservador y gentes sin partido, que Julio, otros profesores y dirigentes de la Coordinadora Departamental de la UP, impartían en una escuela pública, tal como lo atestiguan muchos de los alumnos y alumnas que acudieron. El "contacto con los subversivos presos" -otras de las acusaciones en su contra- se produjo en los talleres avalados por la alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander a través de sus Oficinas o Secretarías de Paz y Derechos Humanos, que contaron con la participación de Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería y ONG de derechos humanos y de paz, cuyos resultados y conclusiones fueron publicadas; del mismo modo, hubo visitas para dictar conferencias concertadas con diferentes direcciones de la Cárcel Modelo y no para entrar "millones de pesos" como se asegura en los informes acusatorios. En lo referente a la sindicación de secuestro la propia Ecopetrol certificó que ninguno de sus empleados fue secuestrado en las diferentes fechas -ni siquiera durante ese año- en que los informantes acusaban a Julio. Acerca de que el proyecto piloto con población desplazada por la violencia en la zona 2 de Bucaramanga -cuyos componentes eran de asistencia alimentaria, jurídica y psicológica; educación, salud y vivienda- estaba financiado las Farc, se demostró que recibió el apoyo del Gobierno Español a través de la entidad Consejo Español de Ayuda al Refugiado, del gobierno municipal de Bucaramanga-Invisbu y de la Comunidad Claveriana de esta ciudad, así como de instituciones del Estado y de ANDAS, a cuya directiva pertenecía Julio Avella… Así, una a una, cayeron todas las imputaciones.

Pero las intimidaciones y agresiones de fuerzas estatales y paraestatales contra Julio han sido una constante en su vida. Paralelamente a su militancia desarrolló su vocación artística que la plasmó en el teatro; en los años 70 creó el grupo Teatro Estudio Galán y representaron obras de carácter político y social que le ocasionaron a él y al resto de la compañía las primeras detenciones arbitrarias. En los 80 participó en la fundación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Bucaramanga, empezó a ocupar cargos en la dirección regional y nacional del PCC y llegaron los primeros mensajes inequívocos de los paramilitares: "Guerrillero, te vamos a matar". A mediados de esa década volcó todas sus esperanzas y esfuerzos en el proyecto que él mismo ayudó a nacer en Santander: la Unión Patriótica. Entonces, de las amenazas pasaron a los ataques directos. Los paramilitares intentaron matarle en 1985 y dos años después estuvo detenido-desaparecido durante dos días en la Base Militar de Galán (Barrancabermeja) de donde fue trasladado a la V Brigada del Ejército en Bucaramanga; la gestión de la UP y la insistencia de su compañera lograron que los militares reconocieran que lo tenían detenido y que lo soltaran después de obligarle a firmar que había recibido buen trato.

El 23 junio de 2002 los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hicieron público un comunicado en el que, empleando argumentos similares a los expuestos ahora en el procesamiento, amenazaban de muerte a Julio y a otros dirigentes de ANDAS, a desplazados por la violencia y a sindicalistas, pero él siguió trabajando en su ciudad. El 6 de diciembre, al comprobar que la violencia ilegal no había tenido efectos, se recurrió a los métodos legales con el fin de neutralizar su actividad y desacreditar al movimiento político, social y de defensa de los derechos humanos del que Julio Avella es un destacado representante. Para ello se recurrió a un montaje judicial basado en los informes de los organismos de Seguridad del Estado y en una de las figuras claves de la política de seguridad democrática del presidente Uribe: los reinsertados; casos como éste demuestran que realmente no se quiere integrar en la vida civil a los ex combatientes sino que se pretende comprar la voluntad de cualquiera -uno de los acusadores de Julio ya ha recibido una suma importante de dinero por acogerse al programa- que esté dispuesto a denunciar falsamente a quien cuestione la política de "seguridad democrática".

Al mismo tiempo que Julio fue detenido álvaro Tapias Tapias, su amigo y compañero en actividades políticas y sociales. álvaro también es un antiguo militante comunista y directivo de la Central Nacional Provivienda -Cenaprov, entidad que gestiona y ayuda a conseguir casa a las familias sin recursos- y Presidente Seccional de ANDAS; su militancia le costó la detención y torturas en las instalaciones de la V Brigada en 1980, su inclusión en la lista de amenazados por los paramilitares en junio del año pasado y el encarcelamiento durante cuatro meses.

Y a todas estas detenciones se sumó la de Teresa Báez Rodríguez, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Clínicas y Hospitales de Santander (Sintraclínicas), el 5 de marzo de este año. Teresa había denunciado desde el pasado año amenazas e intentos de secuestro por parte de sicarios vinculados al centro donde trabaja, pero en lugar de investigar y detener a los agresores el Estado Colombiano decidió actuar contra la víctima. Al ser capturada la presentaron como "guerrillera del ELN" ante los medios de comunicación; 15 días después fue puesta en libertad porque las acusaciones no se sostenían.

Julio, álvaro, Teresa y el resto de líderes sociales detenidos no sólo sufrieron cárcel por algo que no hicieron sino que además se vulneró su derecho al buen nombre y han sido puestos aún más en el punto de mira de los grupos paramilitares sin que el Estado ni siquiera se haya excusado por el error que cometió.

Bogotá, 27 de junio de 2003.
Corporación Reiniciar

Este documento ha sido publicado el 13jul03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights