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Denuncian el asesinato y descuatizamiento de varios indígenas Arhuacos.

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Dirigido a los organismos del estado y demás organismos del orden nacional e internacional ante la violación de derechos humanos en nuestro territorio.

El día 15 de noviembre de 2003, en jurisdicción de nuestro territorio por la vía que de Valledupar conduce a Sabana Crespo, sobre el sitio conocido como El Reposo, fue brutalmente asesinado el señor Héctor Diego García Londoño, quien desde hacía diez años estaba vinculado a una familia arhuaca y hacía cerca de dos años conducía el vehículo de servicio particular de la Organización Indígena Tairona, organización del Pueblo Arhuaco. Sobre la autoría del crimen sólo se sabe que se trata de uno de los grupos armados que opera en la zona.

11 días más tarde, el día 26 de noviembre de 2003, en la comunidad de Jugaka ubicada al norte de la ciudad de Valledupar por la misma vía de Sabana Crespo, más al interior del Resguardo Arhuaco, un grupo armado que se identificó como de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desapareció a dos miembros de la comunidad de nombres Julián Crespo y Dwiarusíngumu Arroyo, quienes dos días más tarde, el 28 de noviembre, fueron encontrados asesinados y enterrados en fosas separadas, con miembros y cabeza mutilados y desarticulados del cuerpo.

Estos hechos han puesto en el mayor estado de vulnerabilidad e inseguridad al Pueblo Arhuaco y a la Organización Indígena Tairona; Y que han causado terror en todo nuestro pueblo Arhuaco, pues nada justifica esta grave humillación, a nuestro territorio sagrado y al derecho de vivir como personas, a existir como pueblo Indígena y a la humanidad de estas personas

Julián Crespo, se destacaba por la profundidad de conocimientos de nuestra cultura, se había desempeñado como autoridad de la comunidad de Jugaka, siendo reconocido por su rectitud y ajenidad al conflicto armado, por lo que jamás se sospechó que sobre su persona pudiera llegar a cometerse semejante acto de barbarie. Tampoco podía sospecharse de Dwiarusíngumu Arroyo, un joven fiel a nuestra tradición cultural. Lo que ha ocurrido, lo interpretamos como el comienzo de un proceso de exterminio de un pueblo pacífico. Examinamos que si pudieron proceder con ellos de esa manera lo mismo puede ocurrirle a todos los miembros de nuestro pueblo.

También denunciamos ante la opinión Nacional e internacional, del desplazamiento interno ocurrido por este acto de criminalidad en nuestro territorio; por las familias indígenas que ocupan esta área del territorio, por lo tanto, es inminente la solidaridad de la comunidad Internacional, para poder seguir existiendo como Indígenas y como Pueblo.

Nosotros, los indígenas Arhuacos, desde cuando los grupos armados comenzaron a ingresar a nuestro territorio hemos venido expresando nuestra posición frente al conflicto armado, y hemos sugerido al Estado Colombiano la salida negociada del conflicto Armado. No somos gente para la guerra; somos un pueblo milenario con una misión de paz y de mantenimiento del equilibrio natural para garantizar la vida de todas las especies.

Han sido los hermanos menores (los no indígenas) quienes han traído a nuestro territorio una guerra que no nos pertenece, y hemos sido reiterativos en rechazar ese hecho. No somos culpables de las incomprensiones, los conflictos, las rivalidades, ni de las formas de resolución de conflictos que han adoptado los hermanos menores a través de la guerra. Por eso hemos pedido que no se tome nuestro territorio como escenario de guerra, que no se sigan vulnerando nuestros derechos a la vida, a la tranquilidad, a la libre locomoción, al territorio, a la cultura, a la autonomía, a gobernarnos por autoridades propias, etc.

La situación por la que hemos venido atravesando, la hemos dado a conocer en múltiples oportunidades, en diferentes escenarios, ante diferentes organismos estatales, a la vez que hemos solicitado asistencia y protección por parte del Estado. Así lo demuestra el contenido de numerosos documentos, oficios, actas, etc. de los cuales citamos a continuación algunos de los más recientes:

• En la Resolución Defensorial N° 24 de septiembre 18 de 2002, relativa a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá, se citan algunos documentos sobre quejas presentadas, se esboza la problemática de nuestros pueblos y se hacen algunas recomendaciones específicas;

• En el Acta N° 004, de la reunión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, celebrada en la ciudad de Valledupar el 12 de diciembre de 2002, se sintetiza la presentación realizada por voceros de las comunidades indígenas sobre la situación actual de las mismas y se solicita al gobierno la protección de los derechos, vulnerados unos y amenazados otros;

• En la Circular N° 2064 de marzo 4 de 2003 del Ministerio de Defensa se esboza igualmente la situación de las comunidades indígenas y se establecen algunos requerimientos básicos para garantizar la protección de los derechos humanos;

• En el oficio dirigido por las autoridades de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta al Señor Presidente de la República, Doctor Álvaro Uribe Vélez, con fecha 1 de abril de 2003, de manera sucinta se presenta la situación de orden público en los territorios indígenas, y se señala que no se han acatado las recomendaciones hechas por la Defensoría en la Resolución antes citada y se advierte que la violencia sigue cobrando vidas.

• En el Acta del Consejo de Seguridad Nacional para asuntos indígenas, presidida por la Ministra de la Defensa Nacional y los Altos mandos Militares de Colombia celebrado en la ciudad de Valledupar el 26 de septiembre de 2003, consta que están informados sobre la delicada situación de los derechos humanos de la población indígena y la presencia de grupos armados en el territorio, a la vez se urge al Estado para que se garantice la seguridad individual y colectiva de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.

• El desarrollo de tres Consejos de seguridad departamental, con el señor gobernador y los Cuerpos de Seguridad del Departamento, y la participación de las autoridades indígenas.

• En la declaración del Pueblo Arhuaco sobre su situación general, realizada en Nabusímake en el marco de la reunión celebrada del 10 al 15 de octubre de 2003, con la presencia de representantes de diversos organismos Internacionales, estatales y no estatales, igualmente se expresó la preocupante situación de derechos humanos y el conflicto armado en el territorio, señalándose los hechos más recurrentes y de mayor gravedad en ese aspecto y se proponen mecanismos para llegar a una solución de los mismos.

Por lo anterior, observamos que el asesinato del señor Héctor Diego García Londoño, ocurrido en nuestro territorio, así como el cruel asesinato de los Indígenas Arhuacos, señores Julián Crespo Y Dwiarusíngumu Arroyo, causándose con todo ello terror en la población indígena, es la continuación en línea creciente de la violación a nuestros derechos, sostenemos que, no hubiese ocurrido estos crímenes si se hubiesen atendido las solicitudes presentadas a los organismos del Estado en el sentido de tomar las medidas preventivas del caso. Presentadas las denuncias, las solicitudes, inclusive los mecanismos alternativos de solución, concluimos que ahora la responsabilidad es del Estado por la falta de una protección real de nuestros derechos. Así, hoy, además del dolor por la pérdida de dos miembros de la comunidad, y una persona no indígena que trabajaba para nuestra Organización y de la intranquilidad que reina entre nuestra gente, hay un nuevo ingrediente que es la sensación de abandono que hoy sentimos por parte del estado, puesto que el crimen del primero, ocurre en una vía de acceso por donde transitamos diariamente y sobre la cual el Estado nos había prometido prestar seguridad, dado que hechos semejantes ya habían ocurrido y se había advertido la presión ejercida por grupos armados en esa zona; y los crímenes de los segundos, tienen lugar en una comunidad ubicada en el corazón de nuestro resguardo, conocida por ser una de las más conservadas culturalmente.

Por último, queremos manifestar que son de conocimiento público las retaliaciones de los grupos armados ilegales, ante las denuncias por las violaciones a los derechos humanos; pero, queremos decir abiertamente, que el pueblo Arhuaco no está dispuesto a renunciar a sus leyes ancestrales para permitir que en su territorio impere un orden sustentado en la fuerza de las armas. Por esto, al atrevernos a denunciar estos acontecimientos, reclamamos del Estado un inmediato respaldo y protección para nuestra permanencia como pueblo y exhortamos a los organismos defensores de los derechos humanos del orden nacional e internacional, así como a todas las personas e instituciones que aprecien la vida humana en armonía, para que se solidaricen con nuestro pueblo y nos ayuden a seguir existiendo, como es nuestra misión, en paz con la naturaleza y manteniendo un trato fraternal con todos nuestros semejantes, conforme lo manda la Ley de Origen.

Sierra Nevada de Santa Marta, Diciembre 1 de 2003
Pueblo indígena Arhuaco
Confederación Indígena Tayrona, "CIT"
Organización del Pueblo Arhuaco

Este documento ha sido publicado el 06dic03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights