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28ago07
Condenan a 40 años de cárcel a 4 militares por muerte de sindicalistas en Arauca
La decisión fue adoptada por un juez de descongestión, creado para este tipo de casos, tres años después de los hechos.
El caso, que era seguido de cerca por congresistas demócratas y confederaciones obreras de E.U. que son críticos del TLC, en su momento fue presentado por los militares responsables del operativo como resultado de un combate con guerrilleros del Eln.
Jorge Prieto Chamucero, Héctor Martínez y Leonel Goyeneche, según el juez, fueron asesinados en "estado de indefensión" el 5 de agosto del 2004 en el sitio Caño Seco, en Saravena (Arauca).
Por eso condenó, en primera instancia, a 40 años de prisión al subteniente Juan Pablo Ordóñez y los soldados profesionales Jhon Hernández, Wálter Loaiza y Óscar Cuta Hernández, del Grupo Mecanizado No. 18 Revéiz Pizarro. El civil Daniel Caballero, que hizo de informante y guía de los militares en la controvertida operación, recibió la misma condena.
Anoche, el Ministerio de Defensa manifestó su pleno acatamiento a la decisión y reiteró el compromiso de la Fuerza Pública con el respeto de los derechos de los trabajadores.
"Esta decisión ratifica la política del Gobierno de que las actuaciones por fuera de la ley serán condenadas. Ratifica la política de respeto por el trabajo de sindicalistas", explicó un vocero del Ministerio de Defensa, después de conocer el fallo.
'Acomodaron la escena'
Según la sentencia, después de haber asesinado a los sindicalistas los militares comandados por Ordóñez Cañón alteraron la escena del crimen: les pusieron armas en las manos y acomodaron los cuerpos como si hubiera habido un combate.
En el proceso se probó que ese día, a las 5:30 de la mañana, los muertos recibieron entre 7 y 11 tiros de armas largas y que dos de ellos recibieron impactos por la espalda.
Según el expediente, los militares tomaron arena de un río cercano y la echaron sobre un charco de sangre para ocultar que una de las víctimas no murió en el sitio donde apareció el cadáver.
"Existen contradicciones insostenibles entre sus dichos (de los militares) y la prueba pericial, que apoyada en la testimonial da cuenta de que los tres líderes sociales de Arauca fueron insensiblemente masacrados", concluyó la sentencia.
En este caso no solo resultaron enredados los uniformados condenados. El juez compulsó copias a la Fiscalía para que investigue por el mismo hecho al teniente coronel Luis Francisco Medina Corredor, comandante del Grupo Revéiz Pizarro; al capitán Hiznardo Alberto Bravo, encargado del Servicio de Inteligencia S2; y al capitán Luis Castillo Arbeláez.
"Tanto los acusados como las personas que tenían a cargo la operación directa o indirectamente permitieron que se ocultara, destruyera o modificara la escena, para desviar el curso de la investigación", dice el juez.
El caso también está en la Procuraduría y hay en curso una demanda contra el Estado en el Tribunal de Cundinamarca.
Violencia contra sindicatos, pero al TLC
Los casos de violencia contra sindicalistas, pese a los esfuerzos del Estado colombiano, siguen generando problemas para la aprobación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso de Estados Unidos.
Varios de los líderes demócratas y los principales sindicatos de ese país han puesto en primera plana la violencia contra trabajadores en Colombia.
De hecho, uno de los casos más sonados fue la muerte de tres sindicalistas de Drummond en el 2001 a manos de los 'paras', que incluso llegó a estrados civiles y terminó recientemente con un fallo que eximió a la empresa de cualquier responsabilidad.
El fiscal Mario Iguarán realizó hace algunos meses una gira por Estados Unidos para explicar qué está haciendo la justicia colombiana frente a esa situación. Una de las medidas más efectivas ha sido dedicar equipos de fiscales y jueces para los casos más graves.
[Fuente: Redacción Justicia, El Tiempo, Bogotá, 28ago07]
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