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02oct04
Nuevas revelaciones del expediente del asesinato de tres sindicalistas en Arauca.
Pruebas recabadas por organismos de investigación demuestran que los dos que aparecieron armados no tenían rastros de pólvora en sus manos.
“Mi esposo me dijo: ‘Llegó el Ejército’, se puso un pantalón, se levantó y salió con los otros señores con las manos arriba”. Así recuerda María Constanza Jaimes lo ocurrido minutos antes de que su marido, el sindicalista Jorge Prieto Chamucero, muriera por la acción de las balas del Ejército.
Eran las 6 de la mañana del 5 de agosto y, según dice ella, los soldados anunciaron su llegada a su casa en el caserío Caño Seco, de Saravena (Arauca), con golpes fuertes en la puerta.
Los que acompañaban a Prieto eran dos de sus amigos, también líderes obreros, Héctor Alirio Martínez y Leonel Goyeneche, quienes habían pasado la noche en su casa.
María Constanza no vio mucho más. Solo sabe que un rato después sonaron una serie de disparos, que se asomó a la ventana y vio un cuerpo tendido en el suelo. Las explosiones arreciaron y ella se volvió a guardar. Luego, otra vez miró hacia fuera, pero ya no había nada afuera.
Este testimonio y sobre todo varias pruebas técnicas recogidas por un equipo especial que fue a la zona –fiscales de Derechos Humanos, criminalistas del CTI y forenses de Medicina Legal–, llevaron a la Fiscalía a determinar que los tres sindicalistas no murieron en combate, como lo aseguró públicamente el Ejército, sino que se habría tratado de un asesinato.
Por ello, el ente acusador responsabilizó de homicidio agravado al teniente Juan Carlos Ordóñez, y a los soldados profesionales John Jairo Hernández y óscar Saúl Cuta, que realizaron el operativo, y dictó medida de aseguramiento en su contra.
La decisión también recayó contra Daniel Caballero, ‘Patilla’, reinsertado del Eln, que sirvió de guía a los militares.
Pruebas de balística.
La versión ya conocida del Ejército dice que ese día los soldados llegaron al caserío para capturar a los sindicalistas requeridos por presunta rebelión. Y que éstos, al percatarse de la llegada de la tropa, intentaron escapar, los atacaron y en el cruce de disparos murieron.
Como prueba de ello, afirmaron en su momento, decomisaron dos pistolas y elementos explosivos.
Sin embargo, los dictámenes de los peritos en balística revelaron que de los tres sindicalistas, el único que apareció con residuos de disparo en su mano fue Héctor Alirio Martínez.
Para tratar de clarificar el significado de estos resultados, la Fiscalía le pidió al Ejército el material fotográfico y de video que en su momento los uniformados hicieron sobre la escena de los hechos.
“Sólo se obtuvo un reducido grupo de fotografías en disquete en el que se aprecian dos fotografías de cadáver en posición de cúbito abdominal y con el torso desnudo, empuñando arma de fuego”, dice la Fiscalía.
La sorpresa fue cuando los investigadores descubrieron que ninguno de los dos cadáveres que aparecían en las fotos empuñando armas era el de Héctor Alirio –el único que tenía rastros de disparos en su mano y que tenía puesta una camiseta– y que, se supone, los otros dos aparecieron con las únicas dos pistolas que se decomisaron.
“Estas pruebas nos vienen a demostrar objetivamente que si conforme a la pericia de residuos de disparo, la única víctima que pudo haber disparado fue Héctor Alirio, existe una preocupante probabilidad de que los militares hubieran manipulado la escena, para hacer ver en la fotografía de Prieto, y eventualmente la de Goyeneche, que también habían accionado armas y que poseían en sus manos al ser dados de baja”, explica el reporte de los investigadores.
Es más, la Fiscalía estableció que una de las dos pistolas decomisadas, calibre 7,65, estaba defectuosa y se trababa al ser disparada.
Disparos a 50 centímetros.
En relación con los disparos que acabaron con la vida de los sindicalistas, los exámenes de balística determinaron que por lo menos en el caso de Goyeneche se trató de una especie de tiro de gracia, pues se constató “una distancia de la boca de fuego del arma a los orificios, menor a los 50 centímetros, lo cual indica que los disparos los hicieron en la modalidad de corta distancia”, precisó la Fiscalía.
Los investigadores concluyeron que las tres víctimas murieron de disparos hechos por la espalda. “No son esa clase de heridas las que normalmente se presentan cuando existe enfrentamiento”, dijeron.
Además, según la Fiscalía, no aparecieron rastros de los disparos hechos por los militares en el costado izquierdo de la casa, por donde supuestamente estaban escapando los sindicalistas. Y tampoco encontraron las vainillas de los fusiles en el lugar donde los militares dijeron haber disparado las armas ni en sus alrededores.
En criterio de los fiscales, “resulta a todas luces absurdo pensar que los sindicalistas hubieran optado por resistirse mediante el uso de las armas, pues siendo personas con mediana formación, debieron suponer que al momento de ser requeridos, el inmueble estaba previamente rodeado y asegurado por la tropa”.
“Se valora como muy poca posibilidad que tres individuos ya mayores, obesos, dos de los cuales apenas conocían la estancia, estando descalzos y a medio vestir hubieran pretendido burlar el cerco militar”, agrega la Fiscalía.
'Acondicionar la escena'
En las pesquisas, los agentes del Estado también encontraron que los sitios donde cayeron inicialmente los cuerpos sin vida fueron cubiertos a propósito con arena de río y que los cuerpos fueron cambiados de un lugar a otro.
“Muchas personas hablan de ires y venires de los soldados desplazando pesadamente los cuerpos, y las palmarias contradicciones en el dicho de los militares, puede al menos suponerse, que por parte de los uniformados existió un evidente interés en acondicionar la escena para hacer ver que las víctimas fueron muertos en combate y no ajusticiados”.
Leonel Goyeneche, de 43 años, era miembro de la Junta Directiva de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT); Alirio Martínez, de 44 años, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc); y Jorge Prieto, de 45, de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (Anthoc).
Los dos últimos, según un comunicado de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, tenían medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA desde el 2002.
La Fiscalía también concluye que los militares ejercieron una presión indebida contra la testigo María Constanza Jaimes, a quien mantuvieron en la casa, aislada de lo que estaba sucediendo, y luego fue llevada por su propia voluntad en el helicóptero junto con los cadáveres.
Solo al día siguiente le notificaron que estaba detenida, porque, al parecer, en su casa se encontraron armas.
“No solo la amedrentaron para que no hablara a las autoridades, lográndolo parcialmente frente al fiscal seccional en Saravena, sino además ofreciéndole ventajas para aminorarle la situación de la inventada captura, sugiriéndole que hablarían con un general o un fiscal si guardaba silencio de lo realmente ocurrido”, precisó la Fiscalía, que dejó en libertad a la mujer.
La muerte de los sindicalistas provocó en su momento varias reacciones encontradas. Altos funcionarios del Gobierno, como el vicepresidente Francisco Santos, avalaron en ese entonces la versión de los militares. Y aún hoy, el ministro de Defensa insiste en esa posición (ver recuadro).
Los militares del Grupo Mecanizado 18 ‘General Gabriel Revéiz Pizarro’ y el guía siguen detenidos. La Fiscalía dejó en claro que la investigación la debe conocer la justicia ordinaria y por esto le solicitó al Juzgado 47 Penal Militar remitir las diligencias que ha adelantado en este caso. La Procuraduría, por su parte, avanza en la investigación disciplinaria.
La defensa.
Los militares siempre han sostenido que se trató de un combate y en su momento el abogado de los uniformados, Luis Hernando Castellanos, explicó a este diario:
“Hay pruebas de que tres personas murieron y pruebas de que cuatro miembros de las Fuerzas Militares participaron en esa operación”, dijo. Según él, los uniformados obedecían una orden previa de operación.
“Era una operación de registro y control de área. Se tenía información de la permanencia de una de estas personas (los sindicalistas con orden de captura) en la vereda de Caño Seco, el comando del grupo de Caballería Reveiz Pizarro dispuso el desarrollo de la operación”, puntualizó.
“El comandante de uno de los escuadrones, el teniente Ordóñez, desarrolla la operación. De acuerdo con la información que ellos brindan, ellos llegan hasta la casa y en el momento de lanzar la proclama, ellos tratan de huir disparando hacia la tropa y la tropa, pues dispara. Lo que me informan es que tratan de escapar por la puerta trasera”, explicó el abogado.
El Ministro insiste.
El viernes, en Washington, periodistas le preguntaron al ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, sobre el tema y él respondió: “Sí, los que fallecieron allí eran sindicalistas. Pero estaban en una lista con órdenes de captura justificadas. Son dos cosas separadas. Hay criminales que son médicos o pilotos. Ellos estaban comprometidos con el Eln.
“Cayeron en una operación en la que se les estaba buscando (por ser del Eln). Hubo un enfrentamiento y es eso lo que se está investigando. Si hay responsabilidad de algún miembro de la Fuerza Pública, será sancionado”.
[Fuente: Redacción Justicia, El Tiempo, Bogotá, Col, 02oct04]
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