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17mar16

Círculos cada vez mas amplios de represión ilegal

(…)vivimos en un país donde el clamor de los excluidos y de las masas cuyos derechos son desconocidos no es jamás escuchado sino silenciado y castigado(…)

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha ido dejando constancias ante el país y el mundo, durante los últimos 19 años, de las continuas agresiones del Estado colombiano, el cual ha querido siempre destruirnos, difamarnos y estigmatizarnos, no contento con asesinarnos a más de 300 compañeros, amigos solidarios y vecinos de nuestro entorno geográfico y social, además de destruir nuestros cultivos, quemar muchas de nuestras viviendas, violar mujeres, realizar montajes judiciales y capturas ilegales, torturar, amenazar y desplazar, desaparecer y profanar los cuerpos y la memoria de nuestros muertos. Ahora las agresiones se vienen ampliando de manera preocupante a la población civil de nuestro entorno. La Brigada XVII está empeñada en reprimir incluso las legítimas denuncias y protestas sociales con mecanismos perversos de simulación judicial, desatando una verdadera persecución al estilo de la que tuvo lugar a finales de los años 70 mediante el Estatuto de Seguridad del tristemente célebre, criminal y corrupto presidente Turbay Ayala. Dejamos nuevamente constancia ante el país y el mundo de esa represión ampliada contra nuestra población campesina y contra los integrantes de nuestra Comunidad de Paz.

  • El domingo 31 de enero de 2016 medios nacionales de información anunciaron que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó estaba dispuesta a recibir al ex general RITO ALEJO DEL RIO, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, para pagar allí su pena como parte de la justicia restaurativa, parte del proceso del paz. Según los medios, sectores muy cercanos a las FARC estarían dispuestos a impulsar ese gesto como señal de reconciliación. Nunca la Comunidad fue consultada sobre esta propuesta y nos preguntamos si lo que se pretende es hacer aparecer a la Comunidad como una organización cercana a las FARC? para impulsar una tal propuesta cuya viabilidad sería nula.

  • El martes 2 de febrero de 2016, hacia las 16:00 horas, fue privado de su libertad el campesino JOHN JAIRO CARDONA CORREA habitante de la vereda Alto Bonito de San José, en el centro poblado de Apartadó, por agentes de la policía. Al parecer se le sindica arbitrariamente de ser guerrillero de las FARC, o sea por el delito de Rebelión. El 6 de enero de 2006, en la vereda Alto Bonito de San José de Apartadó, John Jairo había sido detenido, procesado también por rebelión y condenado a varios años de prisión, lo que evidencia que en su caso se está violando uno de los principios rectores de la justicia universal: el de ¨Non Bis in Idem¨ , el cual prohíbe ser procesado dos veces por el mismo delito. Su proceso anterior había tenido graves fallas jurídicas y ahora se profundiza aún más en su antijuricidad.

  • El miércoles 3 de febrero de 2016, en horas de la mañana a través de los medios radiales locales, se da el parte de la detención del Señor John Jairo Cardona, quien es acusado sin fundamente alguno de ser guerrillero del Frente Quinto de las FARC.

  • El viernes 12 febrero de 2016, en el casco Urbano de San José de Apartadó, hacia las 16:00 horas, fueron retenidos por soldados de la Base Militar de San José, el campesino Carlos Albeiro Montoya y su esposa Francia Elena Tamayo, habitantes de la vereda Bellavista del corregimiento de San José. A pesar de la insistencia de varios civiles de que se explicara el motivo de la retención, los agentes del Estado utilizaron el engaño para sacarlos del centro poblado hasta el estadero de Caracolí, alegando que allí deberían firmar unos documentos para su libertad, pero allí tenían ya dispuesto el vehículo para llevarlo detenido. Minutos después dejaron en libertad a la señora Tamayo y al Campesino Montoya lo condujeron a una de las cárceles de Medellín.

  • El martes 16 de febrero de 2016, en horas de la mañana, a través de los medios radiales locales de comunicación el coronel GERMAN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada 17 del ejército, reveló su manera de comprender e interpretar diversos aspectos de la ley y la política oficial, así como estrategias y maneras de engañar que permiten comprender profundamente rasgos de la represión actual.

- En uno de sus apartes se refiere a su manera de comprender y enfrentar la protesta social y la defensa de los derechos humanos. Afirma al respecto:

· Ellos manifiestan ser unos defensores de los derechos humanos; claramente sabe uno por parte de ellos que ellos son los únicos que han violado los derechos humanos en San José de Apartadó, en varias actividades donde ha estado presente la institucionalidad: en obstruir, en tumbar arboles, en colgar a niños e involucrarlos en taponamiento de vías, en incitarlos a que hagan algunas marchas, yo creo que eso no se pueden llamar a esas personas defensoras de derechos humanos (…)

Aquí claramente se revela la idea que tiene dicho Coronel sobre la protesta social y su profundo irrespeto por la misma. Llega a identificar la protesta social con la violación de los derechos humanos. Su conciencia perversa sale a la luz aquí con toda claridad: le niega a las víctimas el derecho a protestar y a exigir sus derechos y está afirmando, en un discurso reflejo, que las víctimas deben someterse a las arbitrariedades de sus victimarios, teniendo en cuenta que vivimos en un país donde el clamor de los excluidos y de las masas cuyos derechos son desconocidos no es jamás escuchado sino silenciado y castigado.

- En otro de sus apartes dicho coronel se refiere a las denuncias que la población realiza sobre las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte del ejército, y en particular por parte de la Brigada XVII:

· Yo siempre les he indicado a estas personas que si tienen alguna situación especial pues que hagan las respectivas denuncias. No lo hacen porque no tienen los fundamentos, no tienen las suficientes pruebas para decir que estamos violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; siempre se explican por los medios o por internet, difamando, porque no son capaces de hacerlo ante una autoridad competente. Los he invitado en varias oportunidades a que se dirijan a la fiscalía, procuraduría, personería, si es que nosotros, o la brigada XVII, ha violado en algún momento los derechos humanos.

Dicho coronel parece ignorar cuál ha sido el desempeño real de la justicia en Colombia y particularmente en Urabá. Parece ignorar que los campesinos hemos puesto denuncias durante varias décadas ante los órganos competentes de la justicia por muchos millares de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados por el ejército, por otros agentes del Estado y por sus criminales brazos paramilitares, sin que haya habido justicia. Parece ignorar que para lo único que han servido las denuncias es para que se asesine a los testigos, a los denunciantes y a los familiares y para destruir a las comunidades y organizaciones de las víctimas que se atreven a denunciar. Parece ignorar también -lo cual no tiene derecho a ignorar- es los montajes que se han construido en la Brigada XVII contra multitud de campesinos inocentes, utilizando muchas veces a supuestos desmovilizados y no pocas veces utilizando la tortura y el soborno. No hay derecho a que dicho coronel ignore la podredumbre extrema del aparato judicial y la manera como fiscales, jueces, magistrados, procuradores, defensores, agentes judiciales pisotean los principios constitucionales del debido proceso, los principios rectores del Código de Procedimiento Penal y los principios de los tratados internacionales de derechos humanos, además de la más elemental ética universal. Se nota que dicho Coronel no se ha leído el libro ¨Fusil o Toga, Toga y Fusil¨ en el que se detallan todos esos horrores en el Caso de la Comunidad de Paz, con fechas, radicados y nombres propios. Ignora tal coronel la corrupción extrema de la justicia y por ello justamente invita a las víctimas a que acudan a justicia tan corrupta, pues esa corrupción ha sido y sigue siendo el mejor amparo para la impunidad de sus horrendos crímenes. Pero además es el propio Coronel y el Ministerio de Defensa quienes se han negado contumazmente a acatar la Sentencia 1025/07 de la Corte Constitucional, en la cual obliga a que sean entregados los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros de la fuerza pública que estaban presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados los crímenes. Al negarse a dar esos nombres, bajo órdenes reiteradas de la Corte Constitucional, no solo pisotean la Constitución Nacional sino que convierten a sus agentes en encapuchados al peor estilo paramilitar para evadir toda justicia.

- En otro de sus apartes, las revelaciones de dicho coronel tratan de ocultar el papel que ha jugado en la actual oleada de persecución contra el campesinado de la zona, mediante la práctica ya muy rutinaria en dicha brigada del montaje judicial:

· Se han efectuado una serie de capturas, no son inventadas por el comando de la decimo séptima brigada; aquí no tenemos artefacto judicial criminal o alguna cosa como lo manifiestan (…) Seguiremos cumpliendo con una serie de capturas que están ordenadas por la Fiscalía General de la Nación; nosotros no podemos entrar en ningún momento en omisión, estas personas que han sido capturadas en su debido momento comprobarán ante una fiscalía, ante un juez que son completamente inocentes. Nosotros no somos quién para juzgar, yo no soy ningún fiscal, ningún juez para venir a juzgar si son culpables o si son inocentes; las respectivas autoridades o las respectivas competencias en nuestra Fiscalía General de la Nación, mediante un juzgado se encargará de decir si estas personas son culpables o no son culpables.

La Brigada XVII tiene una larguísima tradición de usurpación del poder judicial, siendo parte del poder ejecutivo. Numerosos campesinos fueron llevados a las instalaciones de la brigada -en abierta violación de la ley- donde fueron sometidos a todo tipo de torturas, chantajes y presiones hasta forzarlos a aceptar hechos que jamás cometieron pero bajo promesas falsas de recuperar pronto su libertad.

Multitud de veces se comprobó que en esa misma brigada fueron confeccionadas falsas pruebas, falsas declaraciones e incluso existen copias de numerosas elaboraciones acusatorias que obligaron a firmar sin leerlas a personas torturadas o que no sabían leer, bajo promesas de suspender las torturas o de prontas libertades que nunca llegaron.

En este período, si bien el Coronel Rojas proclama a los 4 vientos que nada tiene que ver con las capturas que se están multiplicando, nadie le cree.

Muchos de los capturados o que figuran en las enormes listas de gente para capturar, son personas que son objeto de sus odios por haberlo denunciado o por haber organizado protestas contra sus agresiones.

Reinaldo Areiza se ganó su odio por haberse negado al chantaje cuando lo quiso obligar a ayudarle a destruir la Comunidad de Paz si no quería que le inventara un falso proceso por narcotráfico o por rebelión.

Arley Cartagena se ganó su odio por haber organizado manifestaciones y bloqueos de vías para forzar a la Brigada a que cumpliera varios principios constitucionales que viola sistemáticamente, pero Arley ya había sido amenazado por el Coronel Rojas desde 2009 (desde el Batallón Voltígeros que entonces comandaba) y en agosto de 2014 fue amenazado de muerte desde el celular 3144676586 y en ese mismo mes soldados presentes en el caserío de San José decían que había cinco millones de recompensa para quien matara a Arley.

Juan Celada y Norbey Góez figuraban en listas para capturar y para matar que circularon en Nuevo Antioquia y otras veredas en octubre de 2015, difundidas por los paramilitares que siempre han tenido estrechísimos vínculos con la Brigada desde su origen. La arrogancia y prepotencia con que el Coronel Rojas anuncia las capturas y las mismas características de las listas, le demuestran a los buenos entendedores que es él quien define la identidad de quienes van a ser capturados.

Las listas están llenas de arbitrariedades, toda vez que incluyen a personas que hace muchos años fueron condenadas por lo mismo, muchas de ellas siendo totalmente ajenas a esas conductas. También los métodos de capturas, saturados de trampas y tramoyas, remiten a un autor de conciencia perversa que responde a los perfiles de dicho Coronel.

Algunos han sido llamados a reclamar giros o indemnizaciones en la empresa GANA y cuando llegan allí son capturados. La Señora Laura Cataño, presidenta de la Acción Comunal de San José e hija del fundador de San José de Apartadó, el patriarca Bartolomé Cataño (odiado por el Coronel por haber sido Concejal de la U.P.), asesinado por militares y paramilitares, fue detenida al ir a visitar a Arley Cartagena, detenido horas antes.

En el caso de la captura de Norbey Góez, es "vox populi" en el corregimiento que, cuando él se enteró de la orden de captura en su contra, se comunicó con la juez del caso y ésta le exigió una enorme suma de dinero para favorecerlo, suma que él alcanzó a girarle parcialmente, pero de todas maneras fue capturado en el camino hacia Medellín, faltando la juez a sus promesas, lo que lo obligó a fingir que él iba hacia la capital para entregarse a la justicia.

Las componendas entre militares y agentes judiciales no son ninguna novedad en este sistema putrefacto de justicia, son, más bien, la moneda corriente.

  • El 22 de febrero de 2016, varios civiles se acercaron a la comunidad de Paz, para informarnos de los rumores que estaban circulando por parte de militares del casco urbano de San José, quienes han manifestado que se les han robado armamento de la base militar de san José, y que de ello son responsables varias personas de San José, quienes tendrán que responder por ello.

  • El 23 de febrero de 2016, hacia las 13:00 horas, fue retenido ilegalmente un miembro del Consejo Interno, por patrullas militares en la vía que de Apartadó conduce a San José, a la altura del sitio conocido como La Balsa.

    Los militares alegaron desconocer la existencia de la Comunidad de Paz y de las medidas Cautelares y Provisionales de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la cobijan, allí se les cuestionó la irregular presencia permanente del ejército en la Escuela de la Balsa donde ese día tenían montado el Reten Militar sin ningún distintivo o señal.

  • El viernes 4 de marzo de 2016, en el barrio Mangolo en Apartadó, hacia las 16:00 horas y por más de 2 horas, fue retenido ilegalmente un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz por agentes de la Policía Nacional, quienes después de varios minutos procedieron a llevárselo al Comando de Policía Local, obligándolo a desconocer uno de los principios más sagrados de la Comunidad, pues lo forzaron a llevar a un miembro de la policía, armado, en la parte posterior de su vehículo.

    Estando en la Estación, fue fotografiado y luego sometido a insultos y mal trato verbal y psicológico. La retención se produjo porque los agentes policiales no entienden los requisitos exigidos por las corporaciones bancarias para tramites bancarios, pero además consideraban necesario y obligatorio que alguien que transporte dineros, portara armas o llevara escoltas para defenderse.

    Esto viola los principios de nuestra Comunidad de Paz que no admite ni porte de armas ni compañía de actores armados. Luego de los tratamientos ultrajantes intentaron forzarlo a firmar un acta de buen trato a lo cual él se negó rotundamente, reduciéndose a escribir al pie de la pagina el porque no firmaba.

  • El martes 15 de marzo de 2016, hacia las 12:00 horas, a la altura del Barrio las Colinas en la Ciudad de Apartado, fue abordado por agentes de la Policía Nacional un miembro de Consejo Interno, el cual fue fotografiado e intentaron empadronarlo a lo que él se les resistió, a pesar de que se les explico las sentencias de la Corte Constitucional que prohíben los empadronamientos y fotografiar a los civiles.

    Finalmente los agentes los dejaron ir no sin antes amenazarlo de que volverían a encontrarse en otros momentos.

Muchas personas amigas de la Comunidad de Paz nos han preguntado si es cierta la información que ha circulado sobre indemnización a las familias de las víctimas de la masacre del 21 de febrero de 2005.

Nuestra Comunidad de Paz ha rechazado siempre las formas de reparación exclusivamente económica, pues ello convierte a las víctimas en mercancías que se compran y se venden, sin que su dignidad humana, su derecho a la justicia y sus proyectos históricos sean reparados.

Además nuestra Comunidad ha experimentado la extrema corrupción de la justicia colombiana y por ello no acudimos a sus servicios. Sin embargo, familiares de varias víctimas buscaron abogados particulares, rentistas de la justicia, que demandaran al Estado por perjuicios económicos.

Aunque el Ministerio de Defensa negó la responsabilidad en la masacre contra todas las evidencias, el Consejo de Estado forzó una negociación entre el Ministerio y los abogados y el Estado aceptó pagar indemnizaciones de varios miles de millones, muchos de los cuales serán para honorarios de los abogados, pero aceptando solamente una "responsabilidad por omisión" que está lejísimos de responder a la cruda realidad. Nuestra Comunidad no tuvo ni tendrá arte ni parte en ese espurio proceso.

De nuevo agradecemos a todas las personas y comunidades que nos sostienen con su fuerza moral en el país y en el mundo, en la coyuntura particular que vivimos en Colombia.

Nuestra Comunidad de Paz quiere reiterar su convicción, expresada profundamente por nuestro acompañante Eduar Lanchero, fallecido en 2012: "La paz no tiene futuro sino sólo presente. No la construimos mañana sino HOY, en la medida en que HOY construyamos COMUNIDAD".

17 de Marzo de 2016

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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