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08jul14
El paramilitarismo supuestamente "desmovilizado" brota por doquier y sus vínculos con el Estado son inocultables
Desde mediados de junio del 2014 la estructura paramilitar que ha continuado activa en Batata (Tierralta, Córdoba) ha venido amenazado de muerte a WALTER SERPA, miembro de nuestra Comunidad de Paz y su coordinador en la vereda Alto Joaquín en Tierralta, Córdoba. Allí los paramilitares han mostrado una lista de personas para asesinar, entre ellas dos personas de la misma vereda. A Walter lo señalan de ser el responsable de coordinar con la guerrilla la utilización de maquinarias agrícolas, pero dichas maquinarias elementales para el sustento alimenticio son las que nuestra Comunidad de Paz adquirió hace varios años para sostener los retornos comunitarios.
El viernes 20 junio de 2014 se registraron varios disparos en la vereda de Arenas Bajas. Según informaciones de los campesinos de la zona, se ha visto un grupo de paramilitares patrullando el área.
El lunes 30 de junio de 2014 un grupo de militares se acantonó en el asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, violando espacios privados y particularmente espacios de vida y de trabajo de la Comunidad de Paz donde no debe permitirse la presencia de ningún arma.
El jueves 3 de julio de 2014, hacia las 12:00 horas, el reconocido paramilitar OVIDIO TORRES AREIZA ingresó al asentamiento de San Josecito, propiedad privada de la Comunidad de Paz. Durante su paso por el asentamiento se le vio portando un arma corta. Ovidio, quien ha trabajado para la Brigada XVII del Ejército, participó en el hurto del computador de la Comunidad de Paz el 30 de junio de 2006, comprobándose luego que había sido inducido a cometer dicho delito mediante ofertas monetarias por paramilitares vinculados a la Brigada, como Ovidio Cardona Borja y Elkin Tuberquia, quienes le transmitieron el interés de la Brigada en apoderarse del computador, ofreciendo una atractiva remuneración, quedando luego decepcionados al no encontrar allí nada de interés para la elaboración de sus montajes.
El sábado 5 de julio de 2014, hacia las 5:30 horas, se registraron en San José de Apartado fuertes detonaciones de artefactos explosivos seguidas de al menos 30 minutos de disparos y ráfagas. En medio de esa balacera resultó en peligro la vida de un civil en el casco urbano del poblado, dado que un proyectil impactó junto a su cuerpo.
El lunes 7 de julio de 2014, en el casco urbano de San José fue detonado un artefacto explosivo al parecer en forma controlada por los militares. Muchos pobladores del caserío aseguran que dichos explosivos vienen siendo colocados por los mismos militares, pues en varias ocasiones los miembros del ejército han sido observados por los pobladores en momentos en que colocan los explosivos.
Este mismo lunes 7 de julio un poblador de San José fue interceptado por un militar, quien en forma airada le anunció que hay un plan del ejército de comprar un terreno al Señor Jaime García para construir una base militar en los linderos del asentamiento principal de la Comunidad de Paz en San Josecito, y que si el Señor García no les vende el lote, entonces será desterrado nuevamente de la región, pues ya en años anteriores había sido obligado a desplazarse. Afirmó el militar que ese terreno lo van a conseguir como sea.
En los últimos días los militares han venido presionando al reconocido campesino Jaime García, para que les venda tierras para ampliar la base militar de San José.
El joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, beneficiario de las medidas cautelares MC-301-13 Colombia, a causa de haber sido forzadamente desaparecido el 31 de agosto de 2013 en la vereda La Hoz del corregimiento de San José de Apartadó por miembros de un grupo armado ilegal que a todas luces actúa en connivencia y coordinación con la Brigada XVII del Ejército Nacional, ha sido dejado en libertad de manera discreta y silenciosa, al parecer con graves traumatismos que lo han obligado a ocultarse en una zona rural lejana del sitio donde vivía y con temor a hablar con alguien que le pregunte sobre lo sucedido en el cautiverio.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha podido verificar esta información a través de parientes cercanos a Buenaventura, pero no ha podido acceder directamente a tomar su testimonio debido a su repulsa a referirse a su cautiverio, lo que evidencia graves traumatismos psíquicos y secuelas de temor dejadas por su desaparición forzada que se prolongó por muchos meses.
Habiendo tenido la convicción de que sus victimarios actúan en estrecha connivencia con el Ejército y habiendo puesto este crimen en conocimiento de las más altas autoridades del Estado, como el mismo Presidente de la República, a quien le pedimos de manera apremiante y repetidas veces ordenar a sus subordinados poner fin a la desaparición forzada e investigar y sancionar a los responsables, sin haber obtenido respuesta alguna del Jefe del Estado a pesar del prolongado período de desaparición, consideramos que el Estado se ha hecho responsable de una gravísima violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y de múltiples tratados internacionales contra la desaparición forzada de personas y de respeto a los derechos humanos fundamentales y debe ser condenado por ello y obligado a sancionar a sus agentes responsables y a reparar los daños sufridos por la víctima, sus familiares y su comunidad y tomar medidas eficaces de no repetición, principalmente mediante el desmonte de la estructura paramilitar que perpetró el crimen, la cual continúa en pleno control de la zona donde fue perpetrado el hecho y donde actualmente ejercen tal dominio de los pobladores que han construido una carretera y un conjunto de viviendas para reforzar los lazos de sumisión de los pobladores a su estructura criminal.
Nuestra Comunidad de Paz denuncia nuevamente ante el país y el mundo que un gobierno que apoye con su tolerancia y ausencia absoluta de sanciones y correcciones a unidades y jerarquías militares que practiquen la desaparición forzada de personas, que mantengan a comunidades enteras bajo el terror colocando en sus asentamientos explosivos y atribuyéndoselos a otras fuerzas, que sostenga el control paramilitar en amplias zonas rurales y contemporice con todos sus atentados y sus violaciones permanentes a los derechos humanos, así mantenga un discurso público de paz y democracia, se contradice flagrantemente por sus mismas obras.
Nuestra Comunidad no renuncia a sus objetivos de una paz desde la base, mediante la no convivencia con actores armados así éstos exhiban etiquetas de autoridad legal, y continuará denunciando y oponiéndose a las políticas criminales de quienes falsamente dicen acatar la Constitución Nacional.
Julio 8 de 2014
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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