09dic03

---

Comunidades campesinas declaran su ruptura con el sistema de justicia colombiana.

---

Desde hace muchos meses los colombianos nos hemos venido estremeciendo, cada vez con mayor frecuencia, ante las decisiones del poder judicial, y especialmente de la Fiscalía.

Se anuncian constantemente detenciones masivas o individuales que afectan a un amplísimo espectro de profesiones, organizaciones y sectores sociales: alcaldes, concejales, dirigentes políticos, sindicalistas, pobladores de barrios marginados, obispos, sacerdotes, médicos, artesanos, intelectuales, técnicos, estudiantes, militantes de una amplia gama de partidos o facciones políticas legales, así como dirigentes, militantes y colaboradores de organizaciones y comunidades agrarias, de comunidades que reivindican el derecho a no ser involucradas en el conflicto armado, de organizaciones defensoras de derechos humanos y promotoras de proyectos sociales. Llama la atención que se les acusa siempre de "rebelión", "terrorismo" o "concierto para delinquir"; que ordinariamente las acusaciones sean elaboradas y las capturas efectuadas por agentes de la rama ejecutiva del poder público, como los miembros de la fuerza pública, y que las "pruebas" se basen en "testimonios" vulnerables a todo tipo de manipulaciones, presiones, recompensas y sobornos, o en "informes de inteligencia" que ni siquiera tienen el respaldo de un responsable, sino que alegan fundarse en llamadas telefónicas o escritos anónimos que nadie puede comprobar jamás si siquiera existieron.

La "justicia" ha llegado así a un máximo nivel de degradación y envilecimiento. Aunque desde hace muchas décadas ha sido objeto de escándalo para la comunidad internacional el nivel de impunidad e ineficiencia con que la justicia colombiana actúa frente a los crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos perpetradas por agentes directos o indirectos del Estado, así como el nivel de arbitrariedad y parcialidad con que se juzga a quienes se oponen o denuncian las grandes injusticias del régimen y trabajan en la búsqueda de alternativas políticas y sociales, sin embargo se había procurado salvar algunas apariencias formales que buscaban legitimar el aparato judicial, creando instancias con mayor conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos en organismos de control. Hoy todas esas instancias han sido cooptadas o copadas por funcionarios y funcionarias que se han plegado a las directrices que emanan de la cabeza del ente investigativo central, habiendo sido destituidos e incluso perseguidos y exilados quienes defendieron principios innegociables de la justicia universal.

Quienes suscribimos este documento estamos convencidos de que la justicia, para ser legítima, necesita respetar unos mínimos parámetros que la historia de la civilización ha convertido en requisitos esenciales de su aceptación y vigencia. La mayoría de esos principios son burlados hoy día en Colombia de manera flagrante.

Así, por ejemplo, el principio de legalidad, según el cual nadie puede ser acusado de delitos que no estén previamente definidos en leyes preexistentes, con precisión y sin ambigüedades, es burlado al extender arbitrariamente los tipos penales de rebelión,

terrorismo o concierto para delinquir, a las conductas más cotidianas de la población y al ejercicio ético de muchas profesiones, recurriendo a conexiones en extremo imaginativas entre esas actividades normales, legítimas y legales, y las conductas punibles contempladas en la ley. Pero la observación de estas prácticas judiciales nos lleva a concluir que lo que en primera instancia se pretende es estigmatizar y destruir organizaciones y personas que no comparten o denuncian los niveles aterradores de injusticia y de represión que el régimen actual está implementando.

Por otra parte, el principio del debido proceso exige, por encima de todo, en quienes el Estado designa para investigar, juzgar y sancionar, un nivel de independencia, imparcialidad y honestidad fundamentales, que constituyen la base imprescindible de legitimidad del aparato judicial. El desarrollo de la civilización ha ligado la independencia e imparcialidad a la separación de poderes que caracteriza todo régimen democrático. Pero en nuestro caso, quienes están construyendo las acusaciones; buscando y elaborando "pruebas" que no son pruebas; reuniendo "testigos" que no son testigos, bajo todo tipo de sobornos, presiones, amenazas, torturas y recompensas extraídas al erario público, y efectuando las capturas, muchas veces en medio de tratos degradantes, son agentes de la rama ejecutiva del poder público, y precisamente los miembros de la fuerza pública, cuya imparcialidad dentro del conflicto social y armado es, podría decirse, estructuralmente inexistente, toda vez que son actores del conflicto, en el cual participan con niveles de emotividad, odio y venganza demasiado intensos y evidentes, a juzgar solo por su lenguaje cotidiano difundido por todos los mass media.

Por añadidura, el grado de polarización que afecta a nuestra sociedad, donde los últimos gobiernos han combatido y castigado intensamente las posiciones imparciales frente al conflicto social y armado, ha facilitado la penetración del paramilitarismo en muchos estamentos e instituciones, y una de ellas es la de la administración de justicia. Pasma comprobar que el informe rendido el 27 de septiembre de 2002 por un mismo funcionario de la Fiscalía, que revelaba la existencia de 54 líneas de comunicación telefónica entre fiscales y paramilitares, no haya sido sometido a investigación ni procedimientos judiciales, y que las otras instancias del poder judicial se hayan mostrado indiferentes ante el evento, y mucho más las otras ramas del poder público, dejando como único resultado la destitución y persecución del funcionario denunciante.

Pasma aún más comprobar en el día a día cómo son absueltos los grandes dirigentes de las estructuras paramilitares y los responsables de las más grandes masacres, cuyos procesos son precluídos o archivados, mientras se mantiene en prisión y se cobija con resoluciones acusatorias a las víctimas de innumerables montajes judiciales a lo largo y ancho del país. No es extraño, entonces, ver cómo muchas fiscalías funcionan en los mismos cuarteles militares y cómo muchos fiscales conciben su función como un simple apéndice del poder militar.

Ninguna justicia puede ser reconocida como válida cuando se separa tan claramente de principios éticos elementales y todavía menos cuando burla principios jurídicos universales que la civilización fue diseñando como fundamentos de su validez. Someterse a una tal "justicia" implica traicionar la propia conciencia. De allí que sea plenamente válido, en las circunstancias actuales del país, en que se ha llegado a una degradación y envilecimiento extremos de la justicia, apelar a la objeción de conciencia.

Nuestra Constitución colombiana establece, en el artículo 18, que "nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia". Los firmantes y adherentes a este documento, nos acogemos a ese derecho constitucional, que constituye además un derecho humano universal, para declararnos en ruptura con el actual sistema judicial.

A lo largo y ancho del país las fuerzas armadas y no pocos funcionarios judiciales han venido anunciando numerosas judicializaciones que amenazan la libertad de las organizaciones cívicas, sociales, campesinas, indígenas, sindicales, humanitarias y políticas que propenden por otra manera de organizar la sociedad dentro del respeto por parámetros elementales de justicia social. Quienes suscribimos y nos adherimos a esta declaración, nos negaremos a colaborar con esa falsa justicia; no responderemos a indagatorias ni nombraremos abogados defensores y tampoco aceptaremos abogados de oficio. Pedimos respeto por nuestro derecho constitucional a la Objeción de Conciencia y solicitamos a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos se nos trate como prisioneros de conciencia.

Pedimos a los gobiernos extranjeros, a sus misiones diplomáticas en Colombia y a los organismos intergubernamentales, que desconozcan el sistema judicial colombiano tan corrupto, degradado y envilecido, y que ejerzan toda su presión moral y política para que Colombia reconstruya su administración de justicia dentro del respeto por los principios éticos y jurídicos fundamentales que la civilización ha diseñado como condiciones de validez de los aparatos de justicia.

Bogotá, Diciembre 9 del 2003

Suscriben:

Comunidad de Paz de San José de Apartadó; Consejo Comunitario de La Nupa; Asociación Campesina de Arauca - ACA y Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC

Este documento ha sido publicado el 15dic03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights