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02feb18
Destruimos pequeñas armas que de todos modos nos iban a masacrar, como signo de nuestro repudio a las cadenas de muerte
Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de las últimas agresiones que hemos sufrido por parte de este Estado-paramilitar que cada vez revela más su talante criminal.
Hoy nuestra comunidad de paz sigue en esa lucha por la defensa de la vida y el respecto por los derechos de la población civil en nuestro territorio. Ya son muchas las constancias que hemos dejado a nivel público sobre las amenazas que nuestra comunidad ha recibido, las cuales revelan que existen estructuras criminales muy afianzadas que se apoyan en la tolerancia, la convivencia, la aquiescencia, el respaldo y la colaboración de las instituciones que dicen defender la Constitución y las leyes pero que hacen todo lo contrario.
El pasado 29 de diciembre nuestra comunidad vivió una arremetida paramilitar en nuestro asentamiento de San Josesito, la cual tenía la única intención de asesinar a miembros de nuestra Comunidad de Paz, hecho que por fortuna no se consumó, gracias a la reacción de nuestros compañeros, pues se logró retener a dos paramilitares, inmovilizarlos y quitarles sus armas: una pistola SIGSAUER, calibre 9 mm., serial: B252721, dos celulares (Alcatel y Samsung), una navaja y dos machetes. Estos materiales de guerra fueron guardados para después ser destruidos en presencia de instituciones, organizaciones y medios de comunicación, lo cual ya se efectuó, siendo entregados los restos materiales inservibles a la Defensoría del Pueblo en cabeza del Defensor Nacional, Señor Carlos A. Negret.
Muchas personas y organizaciones nos han criticado por no poner esas armas a disposición de autoridades de investigación y control, pero nuestra Comunidad ha experimentado, a lo largo de sus 20 años de existencia, que esas armas regresan temprano o tarde a los circuitos criminales organizados para destruir vidas humanas y a ello contribuye, indudablemente, la extrema corrupción del aparato judicial y la solidaridad comprobada de nuestra fuerza pública con las estructuras criminales paramilitares. Por principios éticos que tenemos muy claros desde nuestro origen, nuestra Comunidad se niega a colaborar con esas cadenas camufladas de muerte que hunden sus raíces en un Estado enemigo de los pobres y de sus expresiones sociales aunque profese, en los discursos, otros principios.
La escandalosa decisión de la Fiscalía de dejar en libertad inmediata a los asesinos que logramos inmovilizar y entregar a un delegado del alto gobierno, decisión censurada por numerosas manifestaciones nacionales e internacionales de organizaciones de toda índole, incluyendo gobiernos extranjeros y organismos internacionales, demuestra a las claras esa solidaridad del Estado con los criminales. Seguramente podrán alegar formalidades legales, como nuestra misma decisión de no entregar las armas incautadas o no presentar quejas formales antes las corruptas instituciones judiciales frente a las cuales hicimos ruptura hace muchos años, luego de demostrar minuciosamente su podredumbre sin que las altas Cortes nos dieran solución alguna, pero todo esto demuestra que la justicia pide a gritos una reforma radical, pues ha llegado magistralmente a combinar impunidad para las élites del poder y sus brazos criminales y arbitrariedad represiva para los inconformes con la opresión.
Las grotescas y repulsivas declaraciones del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien pretendió frenar con mentiras y revictimizaciones contra nuestra Comunidad de Paz las reacciones frente al horrendo crimen paramilitar del 29 de diciembre, han recibido el repudio internacional y las censuras éticas más contundentes de infinidad de personalidades, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, pero esas censuras no lo afectan a él ni al gobierno nacional, ya que la ética no figura en sus intereses ni en su escala de valores.
Dejamos constancia de estos últimos hechos:
- El martes 30 de enero de 2018, hacia las 15:00 horas, se escucharon disparos en el punto conocido como La Tequera, a tan solo 5 minutos de nuestro asentamiento de San Josesito. Enseguida una moto con dos reconocidos paramilitares salió de ese lugar y pasó por la carretera frente a nuestro asentamiento de San Josesito. Unos metros más abajo volvieron a hacer disparos, los cuales fueron escuchados muy de cerca desde nuestro asentamiento. Era evidente que con ello querían significar que siguen buscando ocasiones para masacrarnos y que siguen siendo intocables para las autoridades de control y contando con su tolerancia y aquiescencia.
- El miércoles 31 de enero de 2018 a las 12:00 del mediodía nuestra Comunidad realizó el acto de destrucción de las armas retenidas a los cinco paramilitares que intentaron asesinar a nuestro Representante Legal y a otros miembros de nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre del 2017. Para dicho acto se contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo en cabeza del Señor Defensor Nacional Carlos A. Negret y de medios de comunicación como El Espectador, Canal Uno y otros. Los restos de las armas destruidas fueron dejadas bajo el cuidado de la Defensoría del Pueblo mediante dicho acto público.
Nuestra comunidad, como en otros momentos, deja muy en claro que no queremos la guerra y mucho menos materiales de violencia que destruyan vidas humanas.
El Estado es responsable de todo esto que está ocurriendo, pues no ha querido aceptar que existen estas estructuras paramilitares en nuestra región y prefiere encubrirlas y negarlas y dejar incólumes las instituciones que más colaboran con ellas.
Con la destrucción de estas armas queremos dejar una constancia adicional de que estos dos paramilitares retenidos por nuestra Comunidad de Paz el 29 de diciembre y entregados a funcionarios del alto Gobierno para que quedara una evidencia irrefutable de la existencia y del accionar criminal del paramilitarismo en nuestra zona, son culpables de haber intentado perpetrar una masacre y si no la consumaron fue porque se les impuso una fuerza mayor. Si fueron dejados en libertad inmediatamente, a pesar de que las autoridades de la Brigada XVII del Ejército, los mandos de la Policía, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y otras autoridades, teniendo incluso como testigo al Obispo de Apartadó, presenciaron el acto de entrega y la firma del Acta de entrega suscrita por el Viceministro del Interior y el Defensor Regional del Pueblo, con presencia masiva de la Comunidad de Paz y de campesinos de nuestro entorno, todo eso revela una connivencia escandalosa del poder judicial con el crimen. Para ello nuestro repudio moral más radical y masivo. Este Estado, con los partidos que lo respaldan, con su fuerza pública degenerada y sus gobernaciones y alcaldías corruptas son responsables de todo lo que pueda pasarle a los integrantes de nuestra Comunidad de Paz y a la población campesina de nuestro entorno físico y social.
Con nuestra inmensa gratitud a la multitud de organizaciones, comunidades y personas de Colombia y del mundo entero que nos han rodeado con su solidaridad insobornable en estos momentos tan aciagos, dejamos esta nueva constancia.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Febrero 02 de 2018
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