Contenido
Informe Sobre la Situación del Nivel de Riesgo de las y los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia 2017
Informe de Derechos Humanos Enero - Octubre de 2017, Segovia y Remedios, Antioquia
Informe de actividades y puesta en escena de la actuación de la Mesa de Derechos Humanos y
Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, del año 2017
Informe de la Visita de Verificación Remedios y Segovia, 18 al 20 de agosto 2017
Informe sobre la Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en
Ituango
Informe de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca
Escenarios y Perspectivas de Paz en la Comuna Nororiental Medellín
Población LGBTI vs Heteronormatividad en las montañas "libres" antioqueñas
Primer balance del Cese al Fuego Bilateral temporal entre el gobierno nacional y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) en Antioquia
Erradicar la violencia contra sindicalistas en Colombia, un reto más para hacer posible la paz
Informe de derechos humanos, seguridad y paz 2017, Medellín Observatorio de Derechos
Humanos y Paz
Presentación
¡Que la Paz no nos cueste la vida!
La Coordinación Colombia Europea Estados Unidos -CCEEU- es una plataforma de incidencia política internacional y nacional en materia de derechos humanos, con presencia en varios territorios del país que trabaja por nodos, uno de ellos es el Nodo Antioquia, su accionar y trabajo lo hace fundamentalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las instituciones europeas, autoridades norteamericanas y, autoridades colombianas. El propósito prioritario es trabajar por la exigencia del Estado Social de Derecho, la lucha contra la impunidad y la solución política negociada al conflicto armado interno.
Desde el nodo Antioquia presentamos el informe sobre la situación de derechos humanos Antioquia 2017 de lo acaecido en materia de vulneraciones y agresiones, |1| con ello, nuestra postura política, es favorece la exigencia por el respeto, protección y vigencia de los Derechos Humanos, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la construcción de paz. Todo ello conforme con el marco estratégico 2015-2018 de la CCEEU "Un plan estratégico para construir la paz y desarrollar el Estado Social de Derecho". En ese sentido el Nodo Antioquia para este año asumió y materializó dos campañas: Hagamos posible la paz y Que la paz no nos cueste la vida.
El informe del año 2017 presenta un análisis sobre la situación de los derechos humanos, el cual está enmarcado en el siguiente contexto: a) El primer año de implementación del acuerdo firmado en el teatro Colón, entre la insurgencia de las Farc EP y el Estado colombiano en cabeza del presidente de la república Juan Manuel Santos el 24 de noviembre de 2016, b) Inicio de la Mesa de Diálogos en Quito Ecuador entre el ELN y los representantes del gobierno nacional, igualmente, del cese de hostilidades y al fuego, pactado desde el primero de octubre hasta el 12 de enero de 2018, el cual se podría ir ampliando en la medida que surgen avances, resultados y pertinencia, c) El trabajo de las organizaciones sociales y de derechos humanos en algunos temas claves a nivel de las agresiones y las variables de asesinatos, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, desplazamiento -individual y colectivo-, hostigamiento, entre otros.
La situación de vulnerabilidad y agresiones de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia ha ahondado y en Antioquia es, en este momento, muy crítica. Los hechos de violencia presentan unos altos grados de sistematicidad e impunidad negada por el Estado, lo que agrava la situación. Al analizar los motivos de hechos y situaciones, todo parece indicar, estarían dirigidas en limitar la participación de líderes sociales en política, entorpecer procesos de construcción de verdad, sustitución de cultivos, restitución de tierras o asuntos nodales de lo firmado en el acuerdo de La Habana.
Con los resultados expuestos en este informe advertimos que el estado actual del movimiento social de derechos humanos, de las y los defensores de derechos humanos es de sumo riesgo, ya que no solo se ve atacado con la agresión física particular, si no que existen y continúan infracciones sistemáticas en el nuevo escenario de confrontación política y jurídica, es decir, una arremetida sistemática contra la labor del movimiento en general de derechos humanos, como se puede corroborar se continúa la persecución, estigmatización, amenazas y asesinatos; solo por ilustrar la magnitud en el departamento de Antioquia, en lo corrido del año, se registran diecinueve asesinatos.
Como cada año, la médula del presente informe es una elaboración del Observatorio del Nivel de Riesgo a la Labor de Defensores, Defensoras, Líderes, Lideresas Sociales y Comunales en Antioquia, un aporte de la Fundación Sumapaz en asocio con la Corporación Jurídica Libertad (CJL) para el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y el Proceso Social de Garantías de Antioquia y da cuenta, de la recolección de cifras contrastadas con entrevistas en terreno, produciendo así una radiografía sobre "el estado actual de las agresiones ocurridas contra defensores, defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, campesinos, campesinas y sectores populares en Antioquia acaecidos entre el primero de enero del 2017 y el 30 de noviembre del mismo".
El panorama general de riesgos y vulneraciones que se desarrolla en el informe 2017, no solo contempla la problemática urbana, pues también se exponen contextos rurales, con un enfoque territorial donde se nota que desde "la implementación del acuerdo general y la construcción de una paz estable y duradera podemos notar que la violencia va en aumento, ya que se están fortaleciendo grupos armados en los territorios dejados por las Farc EP, afectando así a la población civil que veía en el Proceso de Paz una esperanza para el campo y el desarrollo del mismo" trabajado desde el enfoque de paz territorial.
En este sentido, en el contexto rural, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, CAHUCOPANA, centra su presentación a partir del informe de riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo, de fecha 30 de marzo del año en curso, N° 010-17 A.I., el cual se considera de vital importancia en el reconocimiento de la labor y el riesgo de los y las defensoras de derecho humanos, en especial situación de riesgo, a partir de una análisis de contexto en el cual se reafirma lo ya descrito: "Colombia vive en la actualidad una coyuntura caracterizada por la recomposición del control ejercido por las organizaciones armadas ilegales en distintos territorios" que se da entre otros asuntos por: la recomposición que puede ser explicada a partir del proceso de concentración y tránsito a la vida civil de las Farc EP. La disputa se da en el marco del control territorial y de las economías ilegales. Y en consecuencia "En el escenario descrito, son los voceros comunitarios, defensores y representantes de víctimas y otras poblaciones vulnerables, quienes se encuentran en riesgo, "no solo en cuanto a represalias y ataques por las denuncias que interponen o por la reivindicación de derechos comunitarios, sino que este riesgo aumenta al no contar con un marco de protección y garantías legales e institucionales que disuadan a quienes conspiran para agredirlos. En estos contextos las autoridades no han conseguido disminuir efectivamente la impunidad por los ataques y atentados".
Del mismo modo, en el presente informe se publica el resultado de la Comisión de Verificación de Derechos Humanos, con la cual se hizo un acompañamiento y veeduría a la protesta social en los municipios de Remedios y Segovia, puesto que desde el 21 de julio del 2017 se dio inicio a un paro pacífico convocado por los mineros informales, al cual se sumaron comerciantes y los transportadores de los ambos municipios. "Según la Mesa Minera de Segovia y Remedios cerca de 12 000 personas participaron de la protesta que dejó cincuenta heridos y tres personas muertas. Los mineros reclaman contratos de operación justos y que se detenga la criminalización de un oficio que, aseguran, es ancestral. Así mismo, piden que se reverse la disposición del Gobierno Nacional de restringir la cantidad de oro posible de comercializar a un gramo diario", entre otras reivindicaciones.
A la par, la Asociación de Campesinos de Ituango expone la situación de derechos humanos de su territorio, partiendo de un contexto muy complejo: condiciones que reflejan la falta de la presencia del Estado, para garantizar no solo la implementación de lo acordado, sino también la garantía para el disfrute de los derechos humanos de la población en zonas de alta tensión conflictiva histórica.
Por otro lado, la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca trabaja por la defensa de los derechos humanos, la soberanía alimentaria, por la paz en el territorio y el mejor vivir de los campesinos. En su informe sustenta "Desde que se inició la implementación del acuerdo general y la construcción de una paz estable y duradera podemos notar que la violencia va en aumento, ya que se están fortaleciendo grupos armados en los territorios dejados por las Farc EP, afectando así a la población civil que veía en el proceso de paz una esperanza para el campo y el desarrollo del mismo". Y profundiza en estimar al Bajo Cauca como "corredor estratégico de movilidad para los actores armados ya que tiene una conexión con el nudo del paramillo que siempre ha sido un punto estratégico para el desarrollo de actividades delictivas, zona que estuvo en disputa para el paso del narcotráfico y que en la actualidad, con la salida de las Farc EP del territorio, las bandas criminales tienen la oportunidad de contar con este corredor, por lo que les es fácil oponerse a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, pues ven en el corredor una oportunidad para controlar la zona y desplegar allí su ruta de narcotráfico y controlar la producción de pasta base de coca".
Por último, en cuanto a las regiones, el informe de actividades y puesta en escena de la Mesa de Derechos Humanos en el Oriente antioqueño nos habla de las diferentes problemáticas que vive este territorio, en conjunto con las propuestas que se están desarrollando para hacerle frente a estas situaciones. En un ejercicio de mesas descentralizadas por diferentes municipios, las problemáticas comunes y particulares salieron a flote con el común denominador sobre las dificultades que se tienen para ejercer tranquilamente la labor de li-deresa o líder social, defensora o defensor de Derechos Humanos. También se encontrará la vinculación de la academia con los derechos humanos; la experiencia que se está desarrollando con la Universidad Popular de los Pueblos y la reunión con Naciones Unidas sobre la situación de riesgo para las y los líderes sociales, defensoras y defensores de Derechos Humanos.
En este esfuerzo colectivo de la CCEEU y del Proceso Social de Garantías, también encontrará informes especiales con temas de interés para una mirada mucho más integral sobre la situación de los Derechos Humanos en el departamento y en la Nación.
En cuanto al contexto urbano, el Observatorio Derecho a la Ciudad presenta "Escenarios y Perspectivas de Paz en la Comuna Nororiental Medellín". Mirando la ciudad desde Manrique, se expone un calamitoso estado de agresiones y vulneraciones, las cuales testifican que "hay que entenderlos en las cifras y los aspectos socioeconómicos de la población, las paradojas de las relaciones sociales de poder legal e ilegal y sus graves repercusiones en el disfrute de los derechos individuales y colectivos".
Otro sector social vulnerado en sus derechos se hace presente en este informe, como es la población LGTBI, la cual denuncia una continua violación a sus derechos en todos los ámbitos, pues no solo hay una estigmatiza-ción y persecución a su orientación sexual, sino también a las pocas o nulas garantías laborales, educativas, participativas y sociales que les excluye del Estado Social de Derecho como reza en la constitución política colombiana. Por parte del gobierno departamental y del municipio de Medellín no hay política pública de inclusión y garantía de derechos reales, sino únicamente un discurso sobre el respeto a la diversidad sexual y la inclusión. También se plasma en este informe que no son reconocidos como víctimas del conflicto armado, además los crímenes no son investigados y están en total impunidad, lo que agrava el panorama, pues los crímenes de odio homo-fóbico tienden al aumento cada día. Las instituciones estatales revictimizan con la actitud de omisión o incluso con persecución militar o policial. Estas acciones no corresponden a un Estado que supuestamente busca superar el conflicto y la exclusión social.
También, se encontrará el primer balance del Cese al Fuego Bilateral Temporal de carácter Nacional (CFBTN) entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el departamento de Antioquia; un esfuerzo realizado por la Confluencia por la Vida y Por la Paz en Antioquia, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estado Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Líderes y Lideresas Sociales, en el que se pudo constatar el cumplimiento pleno de los compromisos adquiridos por el ELN, el cumplimiento parcial del Gobierno Nacional y la importancia que el CFBTN significó para las comunidades en los territorios en términos humanitarios, la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz y el avance en los Diálogos para la Construcción de la Paz desarrollados en Quito, Ecuador, entre las partes.
De otro modo, La Escuela Nacional Sindical, ENS, advierte en su informe: "Así como ha venido ocurriendo contra miembros de comunidades y otros colectivos que trabajan por la defensa de derechos, la violencia contra los sindicalistas no cesa, y durante el último año presenta tres agravantes: a) Se ha agudizado contra directivos y activistas; b) Se ha reactivado en las zonas rurales; c) Se incrementaron los hechos de violencia ocurridos en escenarios de movilización y denuncia; y d) Violencia articulada a la criminalización de la acción sindical. Es muy importante destacar que en el transcurso del año 2017, la labor de defensa de derechos por parte de los sindicatos se ha expresado en la promoción de procesos organizativos de los trabajadores, participación en ámbitos de negociación colectiva, reclamos por la violación de los derechos laborales, acciones de movilización y solidaridad, defensa de la libertad sindical, en especial del derecho a la huelga, apoyo y pedagogía por la paz, veeduría de los recursos públicos, denuncias frente a la corrupción y malos manejos al interior de las empresas, articulación a procesos sociales, políticos, comunitarios y defensa de la tierra, entre otras acciones.
En el mismo sentido, el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, expone el contexto de Medellín y valora los resultados de la política y las estrategias del alcalde Federico Gutiérrez, su ineficacia, además la captura del Secretario de Seguridad Gustavo Villegas que profundiza las políticas de secularización centradas en el uso de la fuerza, sin la garantía mínima de los derechos humanos. Igualmente, subraya la desarticulación del estado local del escenario del postacuerdo, al no incorporar a sus políticas el enfoque de derechos humanos, los enfoques de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las y los habitantes de la ciudad. Al respecto debe recordarse que las actuales redes criminales y el empresariado de protección violenta de la ciudad, se gestaron desde décadas anteriores y que, sobre los agentes políticos, sociales y económicos de poder que han estado detrás de estas, muy poco se ha esclarecido.
Como Nodo Antioquia seguimos empeñados en hacer posible la paz y que la labor de defensa de los derechos humanos no sea criminalizada, en tanto que trabajar por la construcción de la paz con justicia social no nos cueste la vida. Por ello hoy más que nunca estamos convencidos de requerir el cumplimento del Acuerdo de La Habana y avances serios en la mesa de Diálogo con el ELN, todo ello con la guía de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas al centro.
Informes Regionales
Informe Sobre la Situación del Nivel de Riesgo de las y los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia 2017
Los años 2016 y 2017 han exigido grandes esfuerzos por parte del movimiento social y de derechos humanos, el aporte a la paz, la implementación de los acuerdos de La Habana, la posibilidad de participación en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, la persistencia en la reclamación de derechos, la movilización social y las nuevas dinámicas de grupos paramilitares en las regiones, que dicho sea de paso, sigue avanzando ante la omisión del Estado colombiano, ha significado el aumento de riesgos de todo tipo contra líderes y lideresas del sector.
El presente informe ha sido elaborado por el Observatorio del Nivel de Riesgo a la Labor de Defensores, Defensoras, Líderes, Lideresas Sociales y Comunales en Antioquia de la Fundación Sumapaz en asocio con la Corporación Jurídica Libertad (CJL) para el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y el Proceso Territorial de Garantías de Antioquia.
Este ejercicio comprende la sistematización, el análisis, la comparación, recopilación, cuantificación de los registros del observatorio, además ha contado, con el complemento de los mapas de riesgo construidos desde el Mesa Territorial de Garantías, interlocución con las autoridades civiles, militares y organizaciones sociales para tratar de entender toda la fenomenología en materia de seguridad en las 9 subregiones del departamento de Antioquia.
De igual manera, la recolección de todos los datos parte de entrevistas en terreno con las comunidades, seguimiento, monitoreo permanente de la información, hechos verificados de agresiones ocurridas contra defensores, defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, campesinos, campesinas y sectores populares en Antioquia acaecidos entre el primero de enero del 2017 y el 30 de octubre del mismo.
Definición de Defensor y Defensora de Derechos Humanos
Como Proceso Territorial de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Sociales, Comunales, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos partimos del sentido más amplio en la declaración de las Organización de las Naciones Unidas y reza:
Se usa la expresión "defensor de los derechos humanos" para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades (véase la sección A infra) y algunos de los contextos en que actúan (véase la sección B infra). Los ejemplos que se ofrecen de las actividades de los defensores de derechos humanos no constituyen una lista exhaustiva (ACNUDH 1996-2017)
Las y los defensores de los derechos humanos son entonces personas que, a título individual o colectivo, trabajan para salvaguardar el disfrute de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales, derechos de género, territoriales, bienes comunes de la humanidad. Su compromiso es exclusivo hacia el ejercicio real de la justicia social, lucha contra la impunidad, impulsar acciones en democracia y participación de los ciudadanos.
Partiendo de esta premisa, hemos recopilado en la Figura 1 los acontecimientos vulneratorios contra dicho conjunto de protagonistas de las reivindicaciones sociales:
Consolidado de agresiones ocurridas entre los años 2010-2017
Figura 1. Construcción propia. Observatorio del Nivel de Riesgo de la Labor de Líderes, Lideresas, Sociales, Comunales, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Antioquia, de la Fundación Sumapaz
Se registran un total de 2008 agresiones entre el 1 enero de 2010 y el 30 de octubre de 2017, ello indica que cada día se presentan 0,7 agresiones contra las y los defensores de derechos humanos tan solo en el Departamento de Antioquia, esto indica que por lo menos en Antioquia, todos los días hay un defensor agredido.
El 24% de estas agresiones ocurrieron en el 2013, gran parte en el marco del Paro Nacional Agrario, el 18,3% sucedieron durante el año 2012, el 13% en el 2014, el 10% en el 2016 y 12,3% en el 2017. Entre el 2016 y 2017 las cifras experimentan un aumento en proporción del 20%. Durante el mes de junio 2016 se llevó acabo La Minga Nacional Agraria Campesina, Étnica y Popular, donde se realizó una movilización por la reivindicación de derechos de las comunidades ante el incumplimiento del Gobierno Nacional a lo pactado en los paros nacionales de 2013 y 2014. La crisis estructural de las condiciones sociales y económicas del campo se profundiza estrepitosamente por la falta de una legislación agraria acorde a las necesidades del país y de la población campesina.
Agresiones por subregión ocurridas entre los años 2010-2017
En la Figura 2, se resumen las agresiones que se han concentrado en las diferentes subregiones con los porcentajes indicados de la siguiente manera: el 35,5% para el Valle de Aburrá, el 24,4% ocurrieron en la Subregión de Urabá, el 16,7% en el Norte de Antioquia, el 11,2% en el Nordeste, el 7% en el Bajo Cauca y, en más pequeña proporción en las demás subregiones.
Figura 2. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia, de la Fundación Sumapaz
Estas cifras coinciden en la misma escala con las subregiones donde se presenta más impacto por la generalidad de las agresiones, sobre todo en las que tienen que ver con las amenazas y homicidios. Si pudiéramos contraponer estos mapas con las subregiones donde existen procesos sociales más consolidados, estaríamos concluyendo que, en la medida que exista organización social fuerte en el territorio, que monitoree las circunstancias de derechos humanos y de denuncia, se presentarán mayores riesgos y más agresiones, tal cual está sucediendo. Subregiones como el Suroeste antioqueño donde, si bien existen organizaciones sociales, su enfoque es por la defensa del medio ambiente por lo que otros fenómenos graves pasan casi desapercibidos; sin embargo, esto no significa la ausencia de riesgo y vulnerabilidad.
La ausencia de procesos organizativos sólidos en la subregión del Occidente de Antioquia, se debe al control de los grupos paramilitares, pues generan miedo a organizarse y a expresar lo que realmente sucede en esta subregión, a la vez, la falta de confianza en las autoridades y el difícil escenario impiden la realización de un ejercicio detallado y permanente de defensa de los derechos humanos.
Modalidad de Agresiones o tipo de ataque ocurrida entre los años 2010-2017
El porcentaje de las modalidades de agresiones corresponden a 26% amenazas individuales, 12% detenciones arbitrarias, 9,5% heridos, los 155 homicidios ocurridos entre el 2010 y el 10 de noviembre del 2017 equivalen al 8% de las agresiones, de igual manera 6,7% a desplazamiento, principalmente.
La posibilidad de la salida negociada al conflicto social y armado de Colombia pronosticaba grandes esperanzas en las transformaciones sociales del país, sin embargo, todos los espacios de transformación están siendo banalizados hasta un punto tal que, los fenómenos de intentar eliminar al otro se siguen presentando a lo largo del departamento. Como veremos en las cifras del 2017, las amenazas, los homicidios van en ascenso sin que el Gobierno Nacional cumpla con las Garantías de Prevención y Protección de las comunidades.
Homicidios 2010 - 2017
Ni medidas de protección ni garantías a la labor
De los 155 homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos ocurridos en este rango de tiempo, el 30,32% ocurrieron en el 2011, el 18,7% en el 2012, y las estadísticas descienden hasta el 2014. Comparado con el año 2016 y con lo que va del 2017, el porcentaje aumenta en un 72,7% que, como lo habíamos advertido en los espacios de interlocución con las autoridades, tiende a aumentar este flagelo como evidencia la Figura 3.
Figura 3. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia, de la Fundación Sumapaz
El 17 de octubre del presente año, el periódico El Tiempo publicó que se había logrado establecer una relación de 101 asesinados y desaparecidos de manera forzada, 65 ocurrieron en regiones sensibles en el tema de paz (El Tiempo, 2017). Ello evidenciaría cualquier patrón, en cualquier investigación judicial que quisiera establecer toda una conducta intencional, generalizada y sistemática contra las organizaciones sociales y el movimiento de derechos humanos. En la Figura 5 se establece con más claridad.
El 44,5% de los homicidios ocurrieron en el Valle de Aburrá, el 18% en Ura-bá, el 13,5% en el Bajo Cauca, el 8% en el Norte de Antioquia, el 7% en el Nordeste.
Figura 4. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia, de la Fundación Sumapaz
Figura 5. Elaboración: Xana Villa García. Licenciada en Ciencias Ambientales, Magíster en Ciencias de la Conservación.
Varios llamados internacionales se han sumado a exigirle al gobierno nacional garantías a los defensores, el pasado 17 de noviembre desde Ginebra-Suiza, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), reiteró su preocupación por el aumento en los asesinatos, la falta de políticas en materia de protección de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado que hoy son cruciales para la consolidación de la paz en Colombia.
Presuntos responsables agresiones 2010-2017
De los presuntos responsables agrupados en la Figura 6 encontramos que la policía ha cometido el 29%, en gran medida estas agresiones suceden en el marco de la movilización y protesta social -derecho constitucional que ha sido reprimido por el Estado en diversos momentos de la historia- esa responsabilidad recae principalmente sobre el llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios. El 26,8% de los ataques son cometidos por los grupos para-militares, en el 25,7% de los casos no se ha podido identificar al agresor -una de las características donde ocurren estas agresiones es que suceden en sitios estratégicos donde es evidente la fuerte presencia de grupos para-militares-, el 11% fueron presumiblemente cometidas por el Ejército Nacional, se podría indicar entonces que la Fuerza Pública comete el 40% de las agresiones contra defensoras y defensores, la Fiscalía el 5,1%, Autoridades Civiles el 1,3% y las FARC-EP el 0,8%.
Figura 6. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia de la Fundación Sumapaz
Agresiones Antioquia año 2017
De 248 agresiones Figura 7, podemos determinar que cada día ocurren 0,8 agresiones contra un líder en Antioquia, es decir, por lo menos una agresión por día. El 31,85% amenazas, 28,6% heridos, 11,7% fueron detenciones arbitrarias, y el 8% homicidios. El aumento de las agresiones está relacionado con las manifestaciones y exigencia de derechos durante las mismas en el año 2017 en el barrio Nueva Jerusalén (Bello), y en Remedios y Segovia, tan solo la cifra de agresiones cometidas por el Esmad asciende a 95%.
Figura 7. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia de la Fundación Sumapaz
Persiste el tratamiento de guerra del Estado colombiano contra las manifestaciones sociales y la protesta social
Nuestro país está íntimamente ligado a la pro-creación de leyes en un sentido tan fecundo que, las leyes, los decretos, ordenanzas son directamente proporcionales a los incumplimientos directos que el mismo Estado hace de estas, es decir, desde el Gobierno promulgan leyes para incumplirlas.
El nuevo rumbo de la paz en el país debe también estar acompañado por una transformación real de la institucionalidad hacia las garantías serias para el movimiento social que busque consolidar los espacios de la democracia y de participación.
El Derecho de Reunión y Manifestación pacífica, están contenidos en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 5 de la Convención Internacional, en el artículo 15ª de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 21 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones deben promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universal-mente, incluyen el derecho de reunión, la libertad de expresión, la libertad de asociación y a participar de los asuntos públicos, y que estos derechos se encuentran contenidos en los artículos 13, 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 37 el derecho fundamental de las y los ciudadanos a reunirse y manifestarse pacíficamente, el artículo 107 de la Constitución Política establece: "se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos".
La democracia se basa en principios como el disfrute efectivo de los derechos, en el artículo 13 de la constitución colombiana se promulga claramente el "derecho a la igualdad, a recibir la misma protección un trato digno de todas las autoridades y atribuye al Estado la obligación de promover la igualdad real y efectiva en favor de grupos discriminados o marginados". La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones deben promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente, para que todas y todos podamos disfrutar de esos derechos y libertades contempladas en la ley, incluyendo el derecho de reunión, la libertad de expresión, la libertad de asociación y a participar de los asuntos públicos, y que estos derechos se encuentran contenidos en los artículos 13, 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cuando de reprimir las garantías a la protesta social se habla, Colombia no hace la excepción. El campeonato del país por agredir cualquier expresión social está generando cada día peores condiciones para cualquier manifestación, ello contradice una vez más los valores y los pilares de la democracia. Protestar siempre será un derecho, reprimirlo es un delito.
La persistencia de los señalamientos del Gobernador de Antioquia y funcionarios
El pasado 2 de julio las comunidades del municipio El Bagre Antioquia denunciaron una incursión de un grupo paramilitar, por otra parte el 11 de julio la aparición de mensajes alusivos a los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en varias casas del Corregimiento de San José de Apartadó generó gran temor entre la población. Ante las denuncias de las comunidades, la respuesta del Gobernador de Antioquia fue:
Le pedimos a las comunidades que no hagan denuncias infundadas porque de pronto les pasa lo del pastorcito mentiroso, que cuando realmente si sea grave la situación de pronto no se vaya con la premura que se requiera (Caracol radio Medellín, 2017).
Estas declaraciones, además de irresponsables, son una descalificación de la labor de las comunidades que se atreven a denunciar, la respuesta del Gobernador de Antioquia afecta y pone en un mayor riesgo a estas poblaciones que se arriesgan a denunciar lo que está ocurriendo en sus territorios.
Además de ello, el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez el pasado 17 de julio lanzó fuertes e irresponsables declaraciones contra organizaciones defensoras de Derechos Humanos que han acompañado a las víctimas civiles de la operación Orión en la Comuna 13.
Dice Pérez en los medios: A las 8 o 10 horas ya había 100 defensores humanos, 24 horas estuvieron los defensores protegiendo la zona. La historia de la Comuna 13 no la pueden escribir 30 avivatos que quieren recibir un aplauso, estamos en mora de escribir la verdad sobre la pacificación de la comuna 13 (Caracol radio Medellín, 2017).
Pese a la condena de La Corte Interamericana de Derechos Humanos por los crímenes de Estado cometidas por el Gobierno colombiano (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2016) y las pruebas que vinculan al gobernante de turno, el gobernador de Antioquia realizó declaraciones irresponsables e infundadas contra organizaciones defensoras de derechos humanos.
A ello se sumaron señalamientos a la Mesa Minera, el cuerpo de Bomberos de Segovia. A su turno, la directora seccional de Fiscalías en Mede-llín, Claudia Carrasquilla, con respecto al asesinato de la lideresa Ruth Alicia López asesinada el 2 de marzo del presente año, según la fiscal, "se pudo determinar que en el pasado fueron de las milicias y comandos armados" (Herrera, 2017). Esta situación, fuera de ser completamente distante de la realidad, puso en peligro el círculo familiar de la víctima, es un ataque desmesurado contra la dignidad de la lideresa asesinada.
Agresiones totales 2017
El Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Urabá son las zonas más sensibles en el tema de paz, pero también son zonas donde hay una fuerte presencia de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que ejercen de manera responsable la labor, siendo el Nordeste y Urabá los sitios donde se concentran la mayor intensidad de agresiones.
El Nordeste presenta el 37% del total de las agresiones, en el Valle de Aburrá sobrevienen el 30% de estas, el 20% acaecen en la subregión de Urabá, el 6% ocurren en Oriente antioqueño, y 4,4% en el Norte, Figura 8.
Figura 8. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia de la Fundación Sumapaz
Para el día 10 de noviembre se celebró en el municipio de Ituango la audiencia de garantías para defensoras y defensores de derechos humanos para el Norte del departamento, las organizaciones sociales del Proceso Social de Garantías realizamos un primer ejercicio por tratar de recoger comportamientos y fenómenos que indicarían todos los riesgo que existente y se presentan contra el movimiento social en esta zona.
La primera sensación encontrada fue el miedo a hablar y a denunciar. En segunda medida encontramos información acerca del copamiento de grupos paramilitares a territorios donde antes hacía presencia, circunstancia que se agrava por la indiferencia y la debilidad institucional para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de la población.
En esta visita de audiencia de garantías fue reiterada la preocupación por el gran impacto de los megaproyectos minero-energéticos, como también la frustración ante el incumplimiento generalizado de la implementación territorial de los acuerdos de La Habana, como el punto 1 (Política de desarrollo agrario integral): y los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 (Solución al problema de las drogas ilícitas).
Amenazas individuales 2017
Entre el 2016 y lo que va del 2017 siguen aumentado las amenazas individuales en un 155%, de la misma manera las cifras de herido se acrecentaron en un 77%, las detenciones arbitrarias superan el 52,6% hasta ahora, se reducen las cantidades de hostigamientos colectivos y las amenazas colectivas Figura 9.
Figura 9. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia de la Fundación Sumapaz
Estas amenazas suceden en centros de poder que, además están estrechamente relacionados con las circunscripciones especiales de paz como la subregión de Urabá, Bajo Cauca, Norte de Antioquia y se presentan en mayores proporciones en el Valle de Aburrá. Para este informe 2017 hemos registrado un incremento preocupante para el Oriente antioqueño.
Las amenazas contra los ciudadanos son concebidas como atentados contra la seguridad pública, la vida, la integridad y la seguridad personal que, conforme a los denominados bienes jurídicos protegidos por el artículo 347 del Código Penal se siguen presentando con cifras que cada vez más van en aumento.
Homicidios 2017
En Colombia estos crímenes siguen siendo el pan de cada día, al menos 120 líderes comunales han sido asesinados este año. La sistemática persecución ha permanecido en el tiempo, así lo menciona el director de la Comisión Conciliadora de la Federación de Acción Comunal de Bogotá, Alejandro Rivera (Pacifista, 2017), las cifras sobrepasan los 200 defensores asesinados entre el 2016 y el 2017.
Las circunstancias de tiempo, modo, lugar y los contextos coinciden en una gran medida con circunscripciones especiales de paz, con sitios sensibles en la implementación de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito Figura 10.
En palabras del Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret acerca del más reciente informe del SAT y la percepción de la defensoría ante los homicidios contra defensores, indica:
(...) En ese informe se estudió el fenómeno de violencia contra líderes y defensores de derechos humanos en el tiempo comprendido entre enero de 2016 y marzo de 2017 Hay cuatro hallazgos principales. Primero, enfrentamos un escenario de violaciones generalizadas a los derechos humanos de esta población, que demanda una actuación contundente por parte del Estado. Segundo, una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de grupos armados ilegales de copar los espacios del territorio de los que se han ido retirando las Farc, para controlar las economías ilegales. Tercero, y es algo que me preocupa mucho, el riesgo al que se encuentran expuestos los líderes sociales se debe en gran medida a la estigmatización que sufren por cuenta de su defensa de la paz, el territorio y el medioambiente, entre otras causas. Y cuarto, la superación de esta grave situación solamente puede ser conjurada con la articulación profunda entre el Estado y la ciudadanía (Semana, 2017).
Figura 10. Elaboración: Xana Villa García. Licenciada en Ciencias Ambientales, Magister en Ciencias de la Conservación.
El 36,8% de estos homicidios contra defensoras y defensores de derechos humanos ocurrieron en el Valle de Aburrá, 16% en Urabá, 16% en el Nordeste, el 10,5% en el Oriente antioqueño y Norte respectivamente.
| FECHA | LUGAR | COMUNA/ VEREDA | SUBREGIÓN | NOMBRE DE LA VÍCTIMA | PERFIL DE LA VÍCTIMA | SECTOR | -PRESUNTO RESPONSABLE | |
| 1 | 11/01/2017 | Carepa | Urabá | José Yimer Cartagena Úsuga | Directivo de Asodecas, Miembro de Marcha Patriótica | Campesino | Paramilitares | |
| 2 | 12/01/2017 | Sonsón | Llano Cañaveral | Oriente | Edmiro León Alzate, | Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio en el Oriente Antioqueño (Movete). | Campesino | S/D |
| 3 | 24/01/2017 | Jardín | Suroeste | Alberto Suárez Osorio | Miembro de la Fundación Colibrí | Ambiental | S/D | |
| 4 | 29/01/2017 | Turbo | El Tigre | Urabá | Porfirio Jaramillo Bogallo. | Reclamantes de tierra | Campesino / reclamante | Paramilitares |
| 5 | 5/02/2017 | Yarumal | Llano de Ochalí | Norte | Luz Herminia Olarte | Miembro de la JAC | Campesino | S/D |
| 6 | 27/02/2017 | Bello | Valle de Aburrá | Leónidas González Pérez | Periodista | Periodista /Medios de Comunicación | Paramilitares | |
| 7 | 2/03/2017 | Medellín | Barrio Olaya Herrera | Valle de Aburrá | Ruth Alicia López Guisao | Lideresa/Congreso de los Pueblos | Campesino | Paramilitares |
| 8 | 2/03/2017 | Bello | Valle de Aburrá | Fabián Antonio Rivera | Periodista | Comunitario | Paramilitares | |
| 9 | 20/04/2017 | San Vicente de Ferrer | Oriente | Rubiela Sánchez | Líder comunal | Campesino | S/D | |
| 10 | 15/04/2017 | Anorí | Concha Baja | Norte | Gildardo Antonio Valdés | Tesorero Jac Vereda Concha Baja | Campesino | Paramilitares |
| 11 | 14/07/2017 | Medellín | La Loma San Cristóbal | Valle de Aburrá | Fabián Alberto Álvarez | Líder Desplazados intraurbano | Desplazado | S/D |
| 12 | 19/08/2017 | Apartadó | vía El Comunal Caribe, sector del embarcadero | Urabá | Jesús Alberto Sánchez Correa | Reclamantes de tierra | Campesino / reclamante | Paramilitares |
| 13 | 27/07/2017 | Medellín | Comuna 4 | Valle de Aburrá | Manuel Jaime Arango | Rector colegio, Denunció microtráfico | Magisterio | Paramilitares |
| 14 | 15/08/2017 | Segovia | Zona Urbana | Nordeste | Brandon Estiven Ochoa Estrada | Manifestante | Minero | Policía |
| 15 | 18/08/2017 | Segovia | Zona Urbana | Nordeste | Alexis Gregorio Acevedo Galvis | Manifestante | Minero | Policía |
| 16 | 29/09/2017 | Medellín | Comuna 5 | Valle de Aburrá | Luis Fernando Gil | Líder comunitario | Comunitario | Paramilitares |
| 17 | 18/10/2017 | Medellín | Comuna13 | Valle de Aburrá | Liliana Patricia Cataño Montoya | Líder comunal | Comunitario | S/D |
| 18 | 22/10/2017 | Tarazá | Vereda La Unión | Bajo Cauca | Miguel Pérez | Líder Comunal/Líder Procesos de Sustitución/Marcha Patriótica | Campesino | S/D |
| 19 | 27/10/2017 | Briceño | Alto del Chirí | Norte de Antioquia | Ramón Alcides García Zapata | Líder Comunal/Líder Procesos de Sustitución/Marcha Patriótica | Campesino | S/D |
Cuadro 1. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia, de la Fundación Sumapaz
Al cierre del presente informe (a octubre 30) fue conocida la desafortunada noticia del asesinato de la lideresa LGTBI Angelina Miranda en municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. Este hecho ha causado gran temor en la población LGTBI de la zona (El Espectador, 2017), no significa que este lamentable hecho no esté relacionado con las dinámicas que intentamos vislumbrar.
Presuntos responsables homicidios 2017
19 homicidios en lo que va corrido del año 2017 es el saldo que ha dejado de apostarle a la paz en el Departamento de Antioquia. El 63,1% de estos asesinatos fueron cometidos por grupos paramilitares que han avanzado a controlar territorios que antes tenían vetados, pero también a fortalecerse en las zonas que históricamente hacen presencia. El 26,3% no se logró identificar al responsable y 2 de estos homicidios se responsabiliza al Esmad en el marco de la protesta social en Remedios y Segovia.
Figura 11. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia, de la Fundación Sumapaz
La impunidad ha sido la gran característica que rodean estos homicidios, si bien se conocen avances que demuestran un 14% por tratar de esclarecer estos homicidios, solo prosperan estos procesos contra autores materiales, nunca intelectuales. En Colombia, la impunidad se entiende como una gota de verdad en un mar de impunidad, así lo demuestran el asesinato de Ana Fabricia Córdoba y otros casos emblemáticos del departamento y el país, no se conocen avances promisorios en las investigaciones.
La Fiscalía General de la Nación en su directiva 0011 del 11 de julio del 2016 menciona que la definición de defensor de derechos humanos debe comprenderse en su plenitud y en su extensión más profunda. En aras de garantizar un Estado democrático las autoridades judiciales deben identificar los responsables materiales e intelectuales de cualquier crimen contra los defensores de derechos humanos, insistimos en que no se deben abandonar las principales líneas de investigación como la labor del defensor, a entender y develar el evidente propósito que rodean estos crímenes.
Agresión por sector 2017
En la Figura 12 se pretende establecer el sector contra el que se cometen las agresiones. Identificando que el 31% de las agresiones se cometen contra el sector minero, 25% contra campesinos, 17% contra comunitario, 7% contra periodistas defensores, 6% a sectores que se dedican exclusivamente a los derechos humanos.
Los sectores más vulnerables de la sociedad han sido históricamente o perseguidos o desplazados o asesinados con una margen de indolencia, complicidad u omisión por parte del Estado colombiano, siempre que se sigan presentando estas situaciones de vulnerabilidades estaremos asistiendo a la decadencia de nuestra democracia.
Figura 12. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia, de la Fundación Sumapaz
Colombia, un país con una amplia legislación, con abecedarios constitucionales y compromisos internacionales en el marco de los derechos humanos, es igualmente en esa misma medida, quien más incumple estas obligaciones, ello se debe en primer orden a que no existe una real conexión de las políticas en materia de derechos humanos con estas mismas legislaciones y en segundo lugar a la no articulación, ni intención interinstitucional por restablecer y defender los derechos de las comunidades.
Agresiones individuales y colectivas 2017
La Figura 13 muestra como es el comportamiento para hombre y mujeres líderes y lideresas. El 64% ocurre contra hombres, el 26% contra las mujeres, 10% colectivas.
Figura 13. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia, de la Fundación Sumapaz
Agresiones en el Nordeste 2017
En total fueron 91 agresiones en esta subregión en la Figura 14, con respecto a las 37 agresiones presentadas durante el 2016 significaría un aumento del 145%. El 55% de las agresiones del 2017 fueron personas heridas durante paro minero que inicia el día 21 de julio de 2017 en los municipios de Remedios y Segovia, actividad que se mantuvo por espacio de por 40 días. La respuesta y el tratamiento criminal y de guerra utilizado por el Estado colombiano ocasionaron esta, y otras vulneraciones en la comunidad, dejando a su paso gran parte de 22% de las detenciones, 8% Amenazas Individuales, 6.5% judicializaciones y una cantidad de habitantes con graves afectaciones psicológica y materiales.
Nada justifica la intervención militar y de guerra utilizada contra los manifestantes durante el paro minero en Segovia. El Estado debe estar cimentado en acciones simétricas por proteger, prevenir la vulneración de los derechos sociales y políticos de cualquier manifestación.
Figura 14. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia, de la Fundación Sumapaz
Agresiones Valle de Aburrá 2017
Las cifras en la Figura 15 arrojan que el 42% de las agresiones en el Valle de Aburrá corresponden a amenazas, el 27,6% son agresiones en donde resultaron personas heridas en manifestaciones públicas, en su mayoría en las manifestaciones del barrio Nueva Jerusalén, el 9,2% fueron homicidios. Los homicidios, con respecto al año anterior, aumentaron con referencia a lo que va de este año en un 250%, es decir, de 2 asesinatos en el año 2016 contra defensores se pasó a 7 en el 2017. Se presentan 32 amenazas que parece indicar se mantendrán en aumento los meses que vienen.
En el Valle de Aburrá se vienen presentando graves vulneraciones en zonas que presentan complejos enfrentamientos entre grupos armados ilegales y estructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la denominada oficina del Valle de Aburrá, sumado a ello, todo un escenario que demostraría la fragilidad de la política de seguridad en estos municipios.
Figura 15. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia, de la Fundación Sumapaz
La ciudad de Medellín y la crisis en la que ha estado sumida la institu-cionalidad en la segunda ciudad más importante del país, es más clara hoy. Luego de que el cuestionado responsable de la política de seguridad en la ciudad de Medellín, el Secretario de Seguridad Gustavo Villegas, fuera llamado por la justicia para comparecer y responder por serios indicios y evidencias de alianzas con la criminalidad de la capital antioqueña para favorecer a paramilitares en un posible cogobierno, práctica recurrente de los alcaldes locales, además de que posiblemente se utiliza todo el aparato estatal al servicio de actores ilegales.
Agresiones Urabá 2017
El panorama del Urabá ha estado marcado por graves afectaciones contra los líderes sociales y comunales, este año desafortunadamente no es la excepción. Hemos registrado 49 agresiones, 18 amenazas individuales, 11 amenazas colectivas 7 hostigamientos colectivos.
Figura 16. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia, de la Fundación Sumapaz
Esta región ha soportado las atrocidades de los actores armados. La esperanza que se había despertado con el proceso de desmovilización con los grupos paramilitares entre los años 2003 y 2006, pero la esperanza sucumbió por la mutación hacia otras formas de paramiliatres que se fue expandiendo a los largo y ancho del país.
Luego de 50 años de conflicto social y armado se firma el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en un acuerdo modelo a nivel mundial, sin embargo, esta esperanza viene deteriorándose por el incumplimiento del Gobierno Nacional en su implementación y en garantizar las condiciones de seguridad y participación de los colombianos.
El avance y el reacomodamiento de los paramilitares denominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), hacia zonas dejadas por las FARC-EP, conducen a entender este repliegue estratégico de copamiento armado ilegal para controlar estos territorios del Urabá, no sin antes mencionar que, luego de las desmovilización de las AUC, nunca se desarticularon las estructuras urbanas de ese grupo, razón que explica la presencia de estos en zonas céntricas de los municipios de Urabá.
Las principales fuentes de su financiación están vinculadas al resultado de producción de sustancias de uso ilícito, la extorción, el tráfico y el micro-tráfico. Por ello la necesidad del reacomodamiento. Siendo la circunscripción 16 para los municipios de Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Turbo, estas pueden verse en peligro de continuar la presencia, el control político y social de grupos paramilitares de las AGC en gran parte de esta subregión. Se conoce del interés su por intentar cooptar y cohesionar a las Juntas de Acción Comunal de cara a estas circunscripciones.
Estan en riesgo las comunidades campesinas, los reclamantes de tierras, defensores de la paz y de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícitos. Ya se ha mencionado recurrentemente en el Informe de Riesgo del Sistema de Alertas Tempranas No 031/16. De la misma manera que existe riesgo para el corregimiento San José de Apartadó, riesgos extendibles a toda la serranía del Abibe.
Agresiones Oriente 2017
Figura 17. Construcción propia. Observatorio del nivel de riesgo de la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defen soras de derechos humanos Antioquia, de la Fundación Sumapaz
Luego de ubicar en el observatorio encontramos que dentro de dicha sistematización se han presentaron 2 homicidios y 12 amenazas contra defensores de derechos humanos. Esta subregión que parecen pasar invisiblemente las agresiones viene presentando un comportamiento de agudización contra los defensores.
Persisten loa intereses sobre megaproyectos mineroenergéticos con sus repercusiones ambientales, sociales, culturales en el territorio. Además, se experimenta un colapso de las política de seguridad, el aumento en el microtráfico, la presencia y el control de bandas como "Pamplona", "Los Payasos", "El Laberinto", "Los Chatas", "Los Guarneños", "Los Viejos", las AGC y La Oficina dejando a su paso todo una atmósfera de conflictividad poniendo en riesgo a los ciudadanos en general.
Agresiones del Bajo Cauca 2017
En el Bajo Cauca se ha detectado el silenciamiento e intimidación de los actores armados hacia organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que denunciaban públicamente las situaciones que se venían presentando y, hoy ante la falta de garantías reales para denunciar es imposible conocer con exactitud los relatos completos en esta zona. 2 homicidios y 1 amenaza contra líderes y lideresas es lo resgitrado por el observatorio, el contexto es desalentador.
En la Mesa de Garantías se logra obtener con certeza la estela de la presencia de grupos paramilitares en esta subregión, siendo de alto dominio de las AGC en los municipios de Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Caucasia, Nechí, El Bagre, y del Nordeste en Segovia, Remedios, Anorí, Amalfi, Cisneros, Yo-lombó, Santo Domingo y San Roque principalmente. En Vegachí, Remedios y Segovia se conoce la presencia de los Pacheli.
Una de las dinámicas que se ha presentado es copar todas las zonas donde anteriormente hacía presencia las FARC-EP, adquirir el control de las zonas mineras, cocaleras. Otra preocupación que complementa el riesgo en la subregión, es la influiencia de carteles mexicanos de la droga como el Sinaloa y los Zetas, que buscan nuevas rutas para el narcotráfico y su comercialización.
Los intereses en las rutas por el control de la producción, rutas del narcotráfico y las alianzas con carteles mexicanos de drogas generan que las dinámicas y otras formas de conflicto constituyan un riesgo contra las comunidades campesinas organizadas sin que la institucionalidad responda a la protección y el ejercicio de una institucionalidad, -valga decirlo-, integral.
El contexto en el Suroeste
Para esta subregión se tienen registrados un homicidio y 1 amenaza, sin embargo, el contexto abre un completo escenario de riesgo identificado a través de los mapeos en la Mesa de Garantías.
En primer lugar los grupos paramilitares de las AGC y las empresas internacionales con intereses mineroenergéticos como las grandes generadores de impactos sociales y de seguridad en la región. Por esta razón, varios defensores del medio ambiente, indígenas, presidentes de Juntas de Acción Comunal pertenecientes a los municipios de Jardín, Támesis, Jericó, Cara-manta y Pueblorico y el propio obispo del Suroeste antioqueño de Antioquia, están realizando espacios de debate y de defensa de su territorio contraponiéndose así, con manifestaciones contra grandes proyectos mineros y energéticos que se quieren adelantar en esta región por parte de la Anglo Gold Ashanti, la Júpiter S.O.M. y la Caramanta Conde Mine, que han adquirido por lo menos 22 titulaciones para la explotación de diversos minerales.
Esta subregión, a pesar de estar protegida bajo los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) del Cinturón Occidental Ambiental, son frágiles a los beneficios de explotación dictaminados por la legislación colombiana. Por otro lado, frente a la presencia armada, es evidente que las AGC se siguen fortaleciendo en esta subregión, hecho que fue indiscutible durante el paro armado del primer trimestre del año 2016 (Agencia Prensa Rural, 2016).
En municipios como Amagá, Fredonia, Santa Bárbara, La Pintada, Betu-lia, Concordia, Salgar, Ciudad Bolívar y Betania, también se tiene registro de dicha presencia. No se le han visto uniformados, pero si es notoria su presencia en las zonas urbanas y rurales de estos municipios.
En municipios como Caramanta y sus límites con Marmato, se conocen explotaciones ilegales de minería que sirven a las finanzas de este grupo. En algunas zonas de esta subregión ha provocado pugnas en territorios de interés de la denomina Oficina del Valle de Aburrá con las AGC.
La lista de grupos que hacen presencia en el Suroeste son: La Cabaña en Ciudad Bolívar, Betania y Salgar, Jhonnys en la Pintada. Fredonia y Santa Barbará, una disidencia de las AUC del 2005 detentan poder en la Pintada, Valparaíso y Támesis, el Bloque Juan de Dios Úsuga -AGC se concentran desde los municipios de Andes y Jardín, Tarso, Pueblorico, El Hueco, que pertenecientes a las AGC hacen presencia en Amagá, Titiribí, La Terraza-San Pablo en Titiribí y Los Zarcos en Jericó, AGC en Tarso y Pueblo Rico.
Todo esto ha generado un sinnúmero de riesgos entre la población y el acrecentamiento del tráfico de sustancias ilegales, microtráfico, extorsiones, asesinatos selectivos, trata de personas, minería ilegal, reclutamiento de menores de edad, control de zonas urbanas y rurales, entre otras actividades delictivas.
Contexto en el Occidente
Occidente se tiene detectada la presencia "Los Chatas" principalmente. Es de total conocimiento de las autoridades también el accionar delictivo de las AGC y la denominada Oficina del Valle de Aburrá, esencialmente esta última, en los municipios de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Buriticá.
En límites del corregimiento de Palmitas con Ebéjico y San Jerónimo se distingue la fuerte presencia de las AGC, en zonas rurales no se ha logrado establecer con certeza, pero se conocen planes y lugares que se utilizan como laboratorios para el procesamiento de la base de coca.
En estos municipios mineros es común encontrar fenómenos de explotación sexual y trata de personas. Otras formas y dinámicas percibidas son: el control social y las economías ilegales como el Paga Diario y la extorsión como prácticas recurrentes de estos actores.
Contexto en el Magdalena Medio
La historia del Magdalena Medio antioqueño, está plagada de gravísimos hechos que durante el conflicto fueron pagados injustamente por las organizaciones sociales y la población en general. Hoy, luego de haber avanzado en la salida negociada con las FARC-EP las comunidades quedan a la deriva.
El reagrupamiento paramilitar insiste en reciclarse y avanzar a estas zonas que antes les eran vetadas e incluso abren zanjas de repliegue hacia el Sur de Bolívar. El copamiento como tal despierta los niveles de riesgo -que en cierta medida nunca desaparecieron-, pero que ya ahora producen todo un ambiente de miedo, con profundas repercusiones generadas por la coerción. La lectura de estos contextos también lleva a analizar las implicaciones que este control armado ilegal pueda tener con respecto a las circunscripciones especiales que están incluidas en acuerdo final y futuras formas de participación política. No hay que olvidar que una de las razones que han agudizado la crisis de Estado, es justamente negarle la participación política a otras voces que no han sido escuchadas.
Recomendaciones
1. En su lucha contra la impunidad, el Estado colombiano debe declarar el patrón que prevalece en la sistematicidad de estas agresiones y homicidios, darle el tratamiento efectivo a las investigaciones y no abandonar líneas de investigación que permitirían esclarecer estos crímenes.
2. Brindar todas las garantías: Prevención, Protección y Garantías de No Repetición al movimiento social y de derechos humanos en Colombia.
3. Hacer un seguimiento y adoptar las líneas de recomendaciones propuestas en el Informe de Riesgo No 010-17 A.I. del 30 de marzo de 2017 de la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Alertas Tempranas establecidas principalmente para los municipios de: Apartadó, Barbosa, Bello, Briceño, Cáceres, Carepa, Chigorodó, Don Matías, El Bagre, Ituango, Liborina, Medellín, Puerto Berrio, Remedios, San Andrés de Cuerquia, Segovia, Tarazá, Toledo, Turbo, Valdivia, Vigía del Fuerte y Zaragoza.
4. Así mismo, urgen voluntades reales para el cumplimiento de artículo 5o. De Las Alertas Tempranas, El artículo 105 de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 que establece:
Corresponde al Presidente de la República conservar en todo el territorio nacional el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Los Gobernadores y Alcaldes deberán atender de manera urgente las recomendaciones y alertas tempranas emanadas del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio del Interior y de Justicia, tendientes a prevenir, atender y conjurar las situaciones de riesgo que alteren el orden público, y las posibles violaciones a los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario.
5. Se respete la normativa nacional que blinda los derechos de quienes protegen los movimientos sociales y de derechos humanos; que su existencia, haga valer tales derechos y las normas legales vigentes ofrezcan garantías a los derechos colectivos, reconociéndolos como sujetos políticos y actores legítimos, respetando su autonomía, además, se proteja, promueva y garantice el derecho a la protesta y la movilización social.
6. Fortalecer interinstitucionalmente los espacios de interlocución con la sociedad civil como la Mesa de Garantías es fundamental, hacer uso de las recomendaciones allí expuestas por los defensores y configurar rutas efectivas de prevención y protección de todos los liderazgos en el país y el departamento.
7. Adoptar eficazmente la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, y todas las disposiciones declaradas en el Decreto 1581 de 2017.
8. En el marco de las garantías de no repetición, prevención, protección se insiste en que es imperativo el desmonte inmediato de la actual doctrina militar y su vigencia.
9. Se acojan los decretos de Ley 154/2017 (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, 2017), 895/2017) y 898/2017
10. La creación al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, 2017).
11. El Estado y las instituciones deben garantizar el ejercicio y labor de los defensores de derechos humanos, acabar con todas las amenazas, riesgos y vulneraciones contra la vida e integridad de los liderazgos del movimiento social y de derechos humanos.
12. Se haga cumplir inmediatamente la directiva 002 del 14 de junio del 2017 expedida por el Procurador General de la Nación, donde se indican los lineamientos claros para la protección de las y los defensores, se inicien procesos disciplinarios contra funcionarios y mandatarios como el gobernador de Antioquia, que aún persisten en señalamientos peligrosos contra los defensores de derechos humanos.
13. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación el esclarecimiento, celeridad, investigación, judicialización de los responsables materiales e intelectuales de los homicidios cometidos contra defensores de derechos humanos, se sigan los lineamientos establecidos en la directiva 0011 del 11 de julio del 2016.
14. Derogación de la Ley 1801 del 2016 o código de Policía, el decreto 2254 del 2013 de Medellín por su inconstitucionalidad, porque viola derechos constitucionales y el pacto Internacional de los Derechos Civiles.
15. Se demanda un mayor compromiso político de la autoridad departamental, regional y de cada municipio de Antioquia, además de celeridad a todas las estrategias que deben buscar las Garantías de prevención y protección.
16. A la Unidad Nacional de Protección, diligencia en la adopción de medidas de protección, el establecimiento de mejores prácticas de los análisis de riesgo, contextos y todo lo que ayude a prevenir atentados contra la vida, la integridad de los defensores y defensoras de derechos humanos.
17. Exigir la inmediata implementación y el cumplimiento de los acuerdos de La Habana que permitirían la construcción de una paz estable y duradera. Hacer un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que cumpla a cabalidad con éstos, asuma los compromisos pactados y se descentralicen tales acuerdos.
18. Defender todas las propuestas que contribuyan a la paz de nuestro país, por ello se insiste en concentrar todos los esfuerzos por concretar una salida política y negociada con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), permitiendo la participación de la sociedad civil, y propiciar todas las condiciones para la Paz completa.
19. El Estado de Colombia será responsable de los hechos que ocurran contra la población, por las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las acciones u omisión de las autoridades departamentales, regionales, locales que pondrían en riesgo a cualquier persona del movimiento de derechos humanos en Antioquia.
20. A la Comunidad Internacional estar alertas, continúe con el papel de garante, inste al gobierno nacional a brindar todas las garantías hacia la labor de los defensores, defensoras de derechos humanos en Colombia.
Fundación SUMAPAZ
Corporación Jurídica Libertad
Referencias
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- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (22 de noviembre de 2016). Caso Yarce y otras Vs. Colombia. OEA. Recuperado de https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2017/2017.01.10_sentencia_yarce_22_de_noviembre_2016.pdf
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- El Espectador. (16 de noviembre de 2017). Mujer trans fue asesinada en Caucasia. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mujer-trans-fue-asesinada-en-caucasia-articulo-723571
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- Herrera, D. (3 de marzo de 2017). La líder social asesinada que enterrarán en silencio. El Espectador. Recuperado de https://colombia2020.elespectador.com/pais/la-lider-social-asesinada-que-enterraran-en-silencio
- Pacifista. (20 de noviembre de 2017). Informe: Más de 120 líderes comunales asesinados en 2017. El Espectador. Recuperado de http://pacifista.co/120-lideres-comunales-asesinados-2017/
- Semana. (4 de enero de 2017). "Hay un fenómeno criminal contra la paz", advierte el defensor. Semana. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/carlos-negret-sobre-lideres-sociales-asesinados-en-colombia/520507
Informe de Derechos Humanos Enero - Octubre de 2017 Segovia y Remedios, Antioquia
Persistimos en la permanencia en el territorio
Nota Introductoria
El presente informe contiene información de hechos que han sido comunicados
por la
comunidad, presentado a instituciones responsables y que están en proceso
de denuncia penal,
pero que por la seguridad de los pobladores y solicitud de
las mismas personas no se han hecho
público. Solicitamos a usted(es), a quien ha
llegado la información, el manejo responsable de la
información aquí contenida.
Corporación Cahucopana, octubre de 2017
cahucopana@gmail.com
Presentación
La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño - Cahucopana, es una organización campesina que nace en el año 2004, con el objetivo de construir alternativas para solventar la crisis humanitaria representada en la violación sistemática de derechos humanos que agobiaba a las comunidades campesinas y mineras de las zonas rurales de los municipios de Segovia y Remedios, provocadas por las acciones de los grupos paramilitares y la fuerza pública, buscando garantizar la permanencia de los campesinos y mineros en la zona. Es así como Cahucopana despliega un trabajo integral por la defensa y el respeto de los derechos humanos, la convivencia, la permanencia en el territorio y la vida digna de las comunidades campesinas y mineras del Nordeste Antioqueño.
Con más de 12 años de trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, Cahucopana ha logrado generar espacios de reflexión dentro de las comunidades campesinas y mineras, por medio de la formación permanente, conformación y asesoramiento de Equipos de Acción Humanitaria y Equipos Femeninos de Acción Humanitaria, además del trabajo en la reconstrucción de memoria histórica y la reparación individual y colectiva de víctimas del conflicto armado, todo esto con el fin de construir una visión integral de los derechos humanos que propenda por una real exigibilidad y transformaciones hacia la Paz.
Con el fin de mantener informada a la comunidad nacional e internacional y de exigir a la Institucionalidad un actuar en pro de la protección y defensa de los derechos humanos de las comunidades campesinas y mineras, la Corporación Cahucopana presentará el informe sobre la situación en materia de derechos humanos en Segovia y Remedios del primer semestre del año en curso, dando a conocer las dinámicas de violencia que persisten en el territorio, como los crímenes de guerra y violación a los Derechos Humanos cometidos por parte del Ejército Nacional y el contexto generado en la región en el actual proceso de implementación de los Acuerdos de Paz celebrados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
Para la obtención, contrastación y verificación de la información que soporta cada aparte del presente informe y de los subsiguientes informes del año dos mil diecisiete (2017), se acude a las siguientes fuentes de información:
- Fuentes Primarias: Informes, documentos y testimonios documentados de los Equipos de Acción humanitaria, Juntas de Acción Comunal, Comité Territorial de Paz y Acompañamiento Humanitario, campesinos, mineros de la región y Organismos del Estado.
- Fuentes Secundarias: Artículos y reportajes de medios de comunicación locales y nacionales, tanto masivos como alternativos, así como Informes y documentos institucionales que abordan el tema.
El informe está organizado de la siguiente manera: se introduce al lector en el contexto sociopolítico de las regiones que acá nos ocupan, teniendo en cuenta la información suministrada por las fuentes oficiales y la información que como organización hemos sistematizado; a continuación se resaltan los principales hechos de violación a los derechos humanos en el periodo ya especificado, exponiendo la situación de la región y, finalmente, se realizan unas conclusiones enfocadas a resaltar las recomendaciones y exigencias al Estado colombiano como primer obligado en materia de derechos humanos, con quien la Corporación Cahucopana mantiene constante interlocución para el seguimiento de las acciones y omisiones del mismo frente a las denuncias realizadas.
Contexto
En la actualidad, se ha iniciado el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz celebrados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP con el proceso de dejación de armas y tránsito a la vida civil a partir de la concentración de miembros del bloque Magdalena Medio de las FARC en la Zona Veredal Transitoria de Normalización en la vereda Carrizal del municipio de Remedios. Sin embargo, en el territorio continúan las acciones de diversos actores del conflicto, como la insurgencia del ELN, los grupos Pa-ramilitares como el Clan Úsuga o del Golfo y el Ejército Nacional, quienes se disputan el control social, económico y político y siendo la población civil de la zona, la más afectada.
Mapa 1. Actores presentes en Segovia y Remedios. Elaboración Propia
Históricamente la población ha sido víctima especialmente de las dinámicas de violencia estatal que hoy persisten contra la comunidad y que se expresan en el abuso de autoridad y la persistencia de la estigmatización hacia los habitantes de la zona, bajo las lógicas del enemigo interno y donde reiteradamente la fuerza pública señala a la población civil de pertenecer a la insurgencia, ello sin ningún fundamento o prueba válida.
Las ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército Nacional en la zona rural de Remedios dejaron entre el año 2004 y 2008 un total de 16 muertes violentas, no habiendo una expresión más perversa del poder estatal en contra de la dignidad humana de la población rural del país, constituyéndose como una clara violación a los tratados internacionales de derechos humanos que nos rigen a través del llamado Bloque de Constitucionalidad. Y actualmente, ello el 23 de marzo del año en curso, se repite dicho crimen de guerra en medio de la materialización del Proceso de Paz.
Esta modalidad empleada por las fuerzas armadas legales pertenecientes al Estado, por medio del asesinato infundado de campesinos inocentes e indefensos para luego hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate o en operación supuestamente legítima y estructurada, hace que la población civil, los líderes y lideresas comiencen a expresar temores de aumento de violencia contra las comunidades de los territorios históricos de las guerrillas, como consecuencia de la disputa por el control e intento de copamiento territorial y económico por parte de los otros grupos, expresado en la estigmatización a las comunidades rurales y a los civiles que ejercen el actual acompañamiento y veeduría ciudadana de la efectiva im-plementación de los Acuerdos de Paz.
Se debe tener presente que el conflicto armado colombiano tiene una multiplicidad de actores armados legales e ilegales, los cuales en virtud del proceso y firma del acuerdo de Paz, han querido impactar en las zonas que anteriormente tenían una fuerte presencia del grupo guerrillero de las FARC-EP, disputándose el dominio de dichos territorios a costa de desplazar la población civil que allí habita. Esto en el marco de entender la existencia de los recursos minerales -el oro- que están por explotarse en el territorio.
Adicional a todo lo anterior, el panorama no es muy alentador con relación a la pequeña minería artesanal que se ejerce en la zona como forma de sustento de la población civil, donde la actividad minera ha sido criminalizada por el Gobierno Nacional y no se han facilitado los procesos de formalización y legalización, lo que se traduce en el recrudecimiento de la violencia contra la población y donde la presencia del Estado sólo se refleja en la presencia de la fuerza pública, en operativos invasivos y desbordados de quema de herramientas e instrumentos necesarios para la extracción minera, manteniendo militarizada la región, pero sin acciones que hayan desmantelado las estructuras paramilitares, que tal como lo ha reconocido la Defensoría del Pueblo en sus diversos informes de riesgo, siguen intactas en el territorio.
Frente a estas estructuras, que controlan principalmente el casco urbano y las zonas rurales cercanas al mismo, se puede evidenciar las prácticas de constreñimiento y cohesión contra la comunidad urbana, por medio de amenazas colectivas que fijan toque de quedas o señalamientos a lugares, los jóvenes en general y comunidades como la LGTBI y los desplazados que en varias oportunidades han sido amenazadas.
Finalmente, a manera de síntesis del contexto actual de las regiones de Remedios y Antioquia, se resaltan los siguientes cuatro puntos que ha nuestra consideración, resumen una serie de acontecimientos violatorios de derechos humanos, con el fin de percibir de una manera global la situación de los derechos humanos en dicho territorio del Nordeste Antioqueño, así;
- El riesgo inminente que ha venido sufriendo la Población LGTBI, consumidores y consumidoras de alucinógenos y habitantes en general, tanto de la zona rural como urbana, de los Municipios de Remedios y Segovia, con ocasión de los panfletos difundidos para provocar temor generalizado, a lo que se le suma la confrontación en los cascos urbanos entre los distintos grupos paramilitares en los cuales se consagran una serie de amenazas directas contra su vida e integridad física de la comunidad en general, generando desplazamiento forzado de la población.
- Así mismo, se ha tenido presencia de desconocidos y encapuchados que se identifican como parte de dichos grupos en las zonas rurales de la región, amedrentando las comunidades y dando avisos que advierten una arremetida paramilitar como en épocas anteriores.
- De igual forma, el riesgo en el que se encuentran las personas asociadas con la minería ya sea como chorreros, dragueros, chatarreras, ba-requeros o mineros y, en general los pequeños mineros ancestrales, como consecuencia de las constantes intimidaciones y amenazas, las restricciones a su movilidad, las presiones para la contratación de personas específicas en las minas y el cobro de impuestos, ello por parte de los grupos armados ilegales. Adicional a ello y lo que resulta ser aún más preocupante, la constante criminalización y estigmatiza-ción que sufre esta población en específico por parte de las organizaciones estatales, al no reconocer ese carácter de actividad económica ancestral y legitima, que se suma a los procedimientos violentos e ilegales donde no documentan el material incautado y el oro que las victimas posteriormente no pueden ir a reclamar a ninguna instancia judicial.
- Las amenazas directas e intimidatorias que sufren las organizaciones defensoras de derechos humanos y sus miembros, al tener que soportar reiterados señalamientos, seguimientos, actos intimidatorios y amenazas directas por parte de los grupos armados ilegales con presencia en la zona, especialmente por parte de los grupos paramilitares, en razón de ese acompañamiento a la población, la promoción del respeto a los derechos humanos y a las actividades con una incidencia política notoria. Los defensores y defensoras de derechos humanos, de igual forma deben soportar los múltiples actos de hostigamiento por parte de miembros de entidades estatales, en especial, por parte de integrantes del Ejército Nacional con presencia en las zonas.
Informe de Riesgo N° 010-17 A.I.
El pasado 30 de marzo del año en curso, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe de Riesgo N° 010-17 A.I., el cual se considera de vital importancia en el reconocimiento de la labor y el riesgo de los y las defensoras de derecho humanos. Queremos resaltar que para la emisión de dicho informe Cahucopana insistentemente incidió a nivel regional, departamental y nacional sobre la necesidad de reconocer el nuevo contexto de violencia que se estaba configurando. En dicho informe, se reconocen a los líderes, lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos integrantes de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño - Cahucopana, en especial situación de riesgo, a partir de una análisis de contexto en el cual se reafirma lo ya descrito: "Colombia vive en la actualidad una coyuntura caracterizada por la recomposición del control ejercido por las organizaciones armadas ilegales en distintos territorios" (Defensoría del Pueblo, 2017), premisa que a su vez es causada o desprende una serie de consecuencias relacionadas a continuación:
- Dicha recomposición puede ser explicada a partir del proceso de concentración y tránsito a la vida civil de las FARC-EP.
- La disputa se da en el marco del control territorial y de las economías ilegales.
- En el escenario descrito, son los voceros comunitarios, defensores y representantes de víctimas y otras poblaciones vulnerables, quienes se encuentran en riesgo, "no solo en cuanto a represalias y ataques por las denuncias que interponen o por la reivindicación de derechos comunitarios, sino que este riesgo aumenta al no contar con un marco de protección y garantías legales e institucionales que disuadan a quienes conspiran para agredirlos. En estos contextos las autoridades no han conseguido disminuir efectivamente la impunidad por los ataques y atentados".
- Es a partir de la desmovilización de grupos paramilitares que se intensifico la ola ofensiva en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales, a partir de la constitución de grupos armados derivados de los grupos desmovilizados, quienes hasta la actualidad cuentan con presencia en distintas regiones del país.
- En el momento de transición por el que actualmente atraviesa el país, se visibiliza el incremento de la presencia y la actividad del ELN, lo que ha generado un mayor accionar de la Fuerza Pública contra esta guerrilla, provocando graves consecuencias humanitarias para la población civil. De igual forma, se observa la continuidad del proceso de expansión y fortalecimiento del grupo posdesmovilización Autodefensas Gaitanistas de Colombia, proceso que ha traído consigo violaciones directas de derechos humanos en contra de la población civil y sus líderes sociales.
Audiencia pública territorial: "Garantías de no repetición, para la construcción de una verdadera paz territorial"
El pasado seis (6) de junio del año en curso, se llevó a cabo en la Vereda Cañaveral de jurisdicción del Municipio de Segovia (Antioquia), la Audiencia Pública Territorial "Garantías de no repetición, para la construcción de una verdadera paz territorial", en el marco de la cual las comunidades minero-campesinas de trece (13) veredas cercanas expusieron a una variedad de organismos nacionales e internacionales la situación por la cual atraviesan en la actualidad, de la cual se desprende una crisis humanitaria que se ve reflejada en las denuncias de casos específicos por parte de la población civil que habita las zonas rurales de los municipios de Remedios y Segovia, Antioquia.
Es así como entre enero y mayo de 2017, se han sistematizado diez y ocho (18) hechos concretos relacionados con la presencia de personas desconocidas que han aparecido armadas en carreteras, viviendas y reuniones comunales anunciando las formas de control violento que están dispuestos a utilizar para tomar un control social, económico y político de los territorios. Esto se profundiza con las amenazas colectivas que llegan por medio de panfletos en los cascos urbanos y un plan pistola que adelantan estos grupos contra los miembros de la fuerza pública, que como en épocas anteriores, anuncia al Estado la disputa por el monopolio de la violencia.
La realización de la mencionada audiencia tenía como principal objetivo visibilizar el aumento de las violaciones a los derechos humanos y el desplazamiento forzado que se está generando en las regiones del Nordeste Antioqueño, específicamente en los territorios donde la insurgencia de las FARC-EP tenían presencia; contando con la participación de tres representantes del Mecanismo Tripartito (ONU - Gobierno Nacional - FARC-EP), dos representantes de Peace Brigades International-PBI, un Consejero en materia de D.D.H.H. de la Unión Europea en Colombia, una analista del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, varios integrantes de Cahucopana y una diversidad de líderes sociales de trece (13) veredas de la mencionada región.
En el presente informe se dan a conocer algunos de los hechos denunciados por la Comunidad en la audiencia que se llevó a cabo el pasado seis de junio, como una forma de visibilizar la situación de violencia que aqueja la región en la actualidad.
Entrada a región de la recién creada unidad especial para el desmonte del paramilitarismo.
Como parte de los esfuerzo e incidencia de nuestra organización, y siendo parte de la comisión nacional de Derechos Humanos del movimiento social y político Marcha Patriótico, tuvimos la oportunidad de coordinar la entrada de la recién creada unidad especial para el desmonte del paramilitarismo, adscrita a la Fiscalía, ante la cual nuestros líderes y lideresas expresaron los hechos y situaciones que se han presentado con relación a estos grupos en las zonas rurales donde anteriormente había fuerte presencia de las insurgencias. Entregando esta información, iniciaremos un proceso de seguimiento y monitoreo de las acciones que realicen esta dependencia y sus alcances y limitaciones. Esperamos que, como expresión de compromisos del Acuerdo de Paz, se avance en investigaciones eficaces que ataque la raíz de estos grupos, los actores quienes financian y promueven la violencia con el objetivo del despojo. Así mismo, la entrada a la región, que no pudimos hacer visible, hace parte de la construcción de confianzas que tenemos que ir haciendo, en el marco de las expectativas de la formalización de la pequeña minería que se práctica en la región, cuestión que esperamos avance frente a las intervenciones violentas a las que han sido sometidas las comunidades en los últimos meses, vulnerando los derechos.
Aumento y persistencia en la violación a los derechos humanos e infracciones al DIH, enero a mayo de 2017
Asesinato del campesino Hernán Villa
No obstante las denuncias y la sanción que la rama judicial empezó a proferir sobre soldados que se vieron involucrados en los hechos entre 2004 y 2008 de ejecuciones extrajudiciales, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño - Cahucopana, denunció el pasado 23 de marzo de 2017, nuevamente la infracción a la normatividad internacional sobre la conducción de hostilidades y a sus principios de distinción, precaución y trato humanitario por parte de miembros del Ejército Nacional, mediante operación con Tiradores de Alta Precisión contra un miembro del ELN quien estaba siendo transportado por un civil al cual también asesinaron. El civil era Hernán Guillermo Villa Gómez, padre de una niña de 2 años de edad y cabeza de hogar, arriero, campesino y moto-taxista miembro reconocido de la comunidad; el hecho se produjo aproximadamente a las 3:15 p.m., en la Vereda Panamá 9 de jurisdicción del municipio antioqueño de Remedios, en la zona de descargue de madera cerca al caserío denominado Mina Nueva. Los militares, al responder a la denuncia inmediata que realizó la Corporación a las entidades estatales y a la comunidad internacional, pretendieron argumentar el asesinato intentando vincular al joven Hernán Villa al grupo insurgente y diciendo que portaba un arma.
En la actualidad, la Corporación Cahucopana en convenio con la Corporación Jurídica Yira Castro, realiza el acompañamiento jurídico y humanitario a la familia del campesino Villa Gómez, percatándonos de las limitaciones y obstrucciones que pone de presente el sistema judicial para reconocer la calidad de víctimas de la familia y querer tergiversar lo sucedido el pasado 23 de marzo, justificándose una vez más en la supuesta pertenencia del campesino al grupo insurgente del ELN, no obstante las declaraciones contundentes de la comunidad y de su familia con relación a su carácter exclusivo de civil y la ausencia de participación en cualquier tipo de hostilidad.
Presencia del Ejército Nacional en los caseríos
Las comunidades, teniendo de precedente las infracciones que se han presentado con los ataques cuando algún grupos armado está en los caseríos, ha señalado sobre la presencia de miembros del Batallón de Ingenieros No. 14 "Batalla de Calibo", el cual hace parte de la Décima Cuarta Brigada, Unidad Operativa Menor, adscrita a la Séptima División del Ejército, en la Vereda Cañaveral, de jurisdicción del Municipio de Remedios, Antioquia, quienes han ingresado de manera indiscriminada a las casas y hogares de los campesinos que habitan la zona, creándoles un riesgo innecesario y colocando, una vez más, en peligro la vida y la integridad física de las familias que allí habitan.
Es así como el mismo día de realización de la Audiencia Pública Territorial en la Vereda Cañaveral, nos encontramos con presencia de un grupo de policías fuertemente armados, no obstante la Corporación haber enviado comunicación escrita y formal tanto al Ejército Nacional como a la Policía Nacional, en la cual se les comunicaba a dichas entidades que la Audiencia era un espacio destinado a la comunidad civil, por lo que no resultaba propicio una participación directa de ellos.
Presencia paramilitar en la región y amenazas individuales
1. El pasado dieciocho (18) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el líder campesino perteneciente a Cahucopana, Ricaurte De Jesús García David, se dirigía a la zona de Puerto López, específicamente a la Vereda Santa Isabel de Amara, con el fin de realizar una reunión con los líderes comunitarios y las Juntas de Acción Comunal de la región, en una finca destinada para ello. A la llegada a el lugar de encuentro, es informado de la presencia de un grupo de aproximadamente quince (15) personas armadas, quienes llegaron a la finca y se presentaron como miembros de las AUC.
2. De manera subsiguiente, cerca de la Vereda Las Guaguas, el líder campesino García David, fue abordado por un grupo de personas vestidas de civil, con tenencia de armas de fuego, ajenas a la zona, quienes se identificaron como miembros de las AUC; García David asistió a una reunión de Bloque de Junta, aproximadamente a las seis y media de la tarde (6:30), emprendió camino en motocicleta hacia la Vereda Cañaveral, una vez avanzado el paso, se encontró con un campesino de la región quien le solicito lo llevará a su casa que se encontraba cerca, a lo cual Ricaurte García accedió. Más adelante, casi llegando a la zona del río aproximadamente a media hora de camino, dos (2) personas vestidas de civil salieron a la carretera, quienes portaban arma corta de fuego, deteniendo el paso del líder y de su acompañante.
Los sujetos indagaron por cuántas personas asistieron a la reunión y de que comunidades, a lo cual se respondió que habían asistido cinco (5) juntas de acción comunal. Más adelante estas personas se identificaron como miembros de las AUC, específicamente del Clan del Golfo, momento en el cual preguntan al líder campesino y a su acompañante si tenían miedo, para luego advertir que "ellos no venían en condición de agredir a nadie ni de matar a nadie", Estas personas también preguntaron que como se encontraba organizada la comunidad y cuestionaron la actividad y labor del líder campesino, a lo cual el líder respondió que hacia parte de una organización de derechos humanos y que su labor era el asesoramiento de las Juntas de Acción Comunal sobre el tema de derechos humanos, frente a lo cual las personas armadas respondieron que les parecía muy bien ese trabajo y que ellos querían que las Juntas de Acción Comunal se organizaran en toda la región.
Más adelante cuestionaron sobre la iniciativa de paro de las comunidades de la región, a lo cual se respondió que la Organización no estaba incentivando paro alguno, pero que en algún momento la comunidad venia contemplando la posibilidad en razón de la quema de las herramientas para la minería por parte del Estado. Ellos dijeron que esa era la única manera que el Gobierno escuchaba al pueblo y que no se les hiciese extraño que ellos citaran a los líderes de junta a una reunión con el fin de explicarles el motivo de la presencia de éste grupo en la región, la cual, según ellos, no es hacerle mal a las comunidades sino apoyarlas y articular las labores.
Finalmente adujeron al líder campesino de manera directa, que siguiera haciendo su trabajo y que lo hiciera bien, y que se seguirían viendo en la medida que su trabajo lo ameritaba. En general, esa conversación duro aproximadamente veinte (20) minutos, donde el líder nunca descendió de la motocicleta.
El campesino acompañante, una vez continuaron el camino, afirmó que se encontraba muy asustado en la medida que él sabía que eran paramilitares que llegaban a la zona y de repente no se volvían a ver, llegando otras personas con las mismas características.
3. En caso semejante de hostigamiento individual, se esbozan los hechos ocurridos el treinta y uno (31) de marzo del año en curso, donde el líder social y campesino, defensor de derechos humanos Milton Ma-hecha, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra -ACVC-, es hostigado por un señor que se identificó como Rafael Tabares, miembro de La Nueva Generación, quien realizó una serie de cuestionamientos sobre las labores llevadas a cabo por la ACVC y por Cahucopana. Estos hechos se presentaron en la Vereda El Puná, de jurisdicción del municipio de Remedios, Antioquia, en el marco de una reunión comunitaria, la cual fue cancelada con el fin de no poner en riesgo a la comunidad asistente en consideración a lo sucedido y a la militarización de la vereda donde se llevaría a cabo la reunión por parte de miembros del Batallón de Ingenieros No. 14 "Batallón de Calibo", el cual hace parte de la Décima Cuarta Brigada, Unidad Operativa Menor, adscrita a la Séptima División del Ejército.
4. Así mismo, el día 25 de abril, siendo aproximadamente las 11:00 p.m en la vereda Panamá Nueve, caserío de Mina Nueva, municipio de Remedios (Antioquia), arribaron dos hombres desconocidos quienes vestían prendas negras, portaban armas largas y botas militares, éstos al verse descubiertos por un campesino precedieron a intimidarlo e indagar por el paradero de varios habitantes del caserío entre los que se encontraba el líder defensor de derechos humanos de la Corporación Cahucopana, Ricaurte García.
El campesino informó que al parecer había alrededor de ocho hombres, los cuales también preguntaban dónde estaban ubicadas las antenas de telecomunicaciones.
5. El 9 de abril, siendo las 5:30 p.m., en un lugar conocido por las comunidades como El Rastrojito, cerca al Resguardo Indígena Tagual - La Pó y a la Vereda Las Guaguas, de jurisdicción de Segovia, Antioquia, hicieron presencia ocho hombres vestidos con prendas negras los cuales portaban armas largas (fusiles y subametralladoras), quienes al parecer realizan un recorrido por esta zona, informando a los finqueros la obligación de pagar determinadas sumas de dinero en consideración a las tierras de su propiedad.
6. El día 7 de mayo de 2017, en el caserío Mina Nueva, vereda Panamá Nueve, ubicada en el municipio de Remedios (Antioquia), aproximadamente a las 5 de la mañana fue incinerado en su totalidad, por hombres desconocidos, un negocio que prestaba los servicios de expendio de licor. Este hecho no deja personas heridas, sin embargo, dejó pérdidas materiales totales y daño en la red eléctrica del caserío.
Un mes atrás, los propietarios del establecimiento despertaron al escuchar detonar un petardo de menor intensidad, que dejó daños en la infraestructura y en el surtido. Debido a esto los propietarios se desplazaron de la vereda.
7. El pasado 6 de mayo, aproximadamente a las 11: 30 p.m., miembros de la Corporación Cahucopana y de la ACVC quienes se encontraban en la oficina de la Corporación que sirve de refugio humanitario de paso, ubicada en la vereda Lejanías (Remedios), descubrieron a dos hombres desconocidos y vestidos de negro que merodeaban la vivienda. Uno de ellos se encontraba en el portón de entrada de la casa y el otro en el patio; los habitantes de la vivienda, al percatarse de su presencia salieron a ver qué ocurría, momento aprovechado por los hombres para alejarse corriendo del lugar.
Es importante informar que la casa de Lejanías es un lugar que se adecuó como refugio temporal humanitario (protegido por el DIH y el DIDH) al que acude la población para salvaguardar su vida e integridad ante acciones violentas por parte de los actores armados que hacen presencia en la región. Esta experiencia que ha garantizado la vida y permanencia en el territorio hace parte de la propuesta de medidas de protección colectivas y diferenciadas que quedaron plasmadas en la Resolución 1085 de 2015 de la Unidad Nacional de Protección, debido a que se convirtió en la forma de exigencia de respeto a la vida y prevención de desplazamiento de las comunidades en medio de las crisis humanitarias que se han vivido en la zona. Aunque la Corporación Cahucopana ha venido insistiendo a las instituciones estatales sobre la necesidad de la implementación de las medidas colectivas y diferenciadas, hasta el momento no ha habido iniciativa desde el Estado de promoverlas y garantizarlas.
8. Otro hecho preocupante fue informado por las comunidades que transitan los caminos de Lejanías y que interconectan con otras veredas, quienes dicen haber visto, no solo por estas vías, sino también en los puntos de comunicación conocidos como los "llamaderos", a hombres vestidos de negro y con su rostro cubierto con pintura del mismo color quienes huyen hacia el "monte" al ver a los habitantes. Lejanías se encuentra a una hora de la Zona Veredal Transitoria de Normalización Juan Carlos Castañeda, ubicada en la vereda Carrizal.
9. Además de ello, la población está conmocionada por la presencia de paramilitares que buscan con lista en mano a pobladores de la región, entre los que se encuentra el defensor de derechos humanos de la Corporación Cahucopana, Ricaurte García. La preocupación radica en el ofrecimiento de dinero por dar información del paradero del líder.
10. La comunidad informa que el 14 de mayo de 2017, tres hombres armados y vestidos de negro llegaron al lugar conocido como "La Partida", indagando sobre el número de cantinas de la vereda Lejanías. Estas personas también amenazaron a la comunidad, advirtiendo que no podían hacer ningún tipo de referencia de ese encuentro.
11. El profesor de la Escuela de la Vereda Dos Quebradas, el Señor Ferney Velásquez, ha venido sufriendo una serie de hostigamientos y amenazas en los últimos meses del año en curso, recibiendo llamadas y amenazas directas por parte de hombres desconocidos. En dichas llamadas, los victimarios le informan al docente su objetivo de ocupar los territorios donde anteriormente la insurgencia de las FARC-EP tenían presencia, de igual forma le pidieron dinero y que de no tener la manera de proveer el dinero, debía entrarles municiones a la región.
Los hechos narrados no solo ponen en peligro la vida e integridad física del docente, sino que adicionalmente han generado una deserción de los estudiantes que asisten a la mencionada Escuela.
12. En el marco de la Audiencia Pública Territorial, la Comunidad denunció los hostigamientos y amenazas que han recibido una diversidad de líderes comunitarios de la región, a quienes estos grupos armados de Para-militares, les exigen convocar a un gran número de pobladores para la realización de una reunión que pretenden adelantar en varias veredas de la zona rural de los municipios antioqueños de Remedios y Segovia. En consideración a la seguridad de los líderes y de sus familias, Cahucopana se abstiene de proporcionar los nombres concretos de aquellos líderes que han sido abordados por los paramilitares con el mencionado fin.
13. El representante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Lejanías, en el marco de su espacio de intervención en la Audiencia Pública Territorial, denuncia la presencia de una persona en la comunidad, a quien se le han hechos llamados de atención con relación a su comportamiento que va en contra de las normas comunitarias acordadas, lo que ha generado que esta persona amenace a los miembros del comité de convivencia de la junta de acción comunal, afirmando que es re-insertado de las AUC, y que una vez entren los paramilitares a la región, hecho que según él va a ser muy pronto, les señalará a estos grupos quienes son los miembros del comité.
14. Finalmente, en el marco de la Audiencia Pública Territorial, la comunidad llama la atención sobre el aumento de hechos de hurto en la región, mencionando dos casos concretos: el día 8 de marzo del año en curso, en la Vereda Cañaveral, en un establecimiento de comercio, arrimaron dos hombres armados a eso de las tres de la madrugada, quienes aseveraron que el "patrón" los había enviado por cuatro millones de pesos. Ante la negativa de la administradora y del cuidador del lugar de entregar sus pertenencias, los hombres agredieron físicamente a estas personas, llevándose finalmente pertenencias y dinero producto del trabajo de todo el fin de semana, que representan alrededor de ocho millones de pesos. Adicional a lo anterior, la comunidad denunció lo ocurrido el día viernes 2 de junio, en la vereda Campo Bi-jaó, donde hombres de negro golpearon a un campesino y le hurtaron dos millones de pesos.
15. El 9 de junio siendo las 10 de la mañana, cinco (5) hombres armados con revólveres y vestidos de negro, aparecieron en la finca Los Guamos, de la vereda La Cristalina (Remedios), próxima a la vereda Carrizal donde se encuentra ubicada la Zona Veredal Transitoria de Normalización Juan Carlos Castañeda. Dichos hombres preguntaron por dos pobladores de la región.
16. En el marco del encuentro con la Unidad Especial para el desmonte del paramilitarismo, el día miércoles 14 de junio delegados de las comunidades expusieron que los paramilitares están "pidiendo" diez (10) mil pesos por hectáreas a campesinos. Están ubicados en el sitio denominado El Diamante.
17. Así mismo, los paramilitares los 20 de cada mes cobra a los conductores el pago de lo que han denominado "impuestos", señalando que "Si no pagan, va tocar matar a dos o tres."
18. Finalmente, estos hombres tienen un puesto de control en la vereda el Puna. donde están cobrando 500 mil pesos mensuales al peaje que tiene la comunidad en función de los arreglos de la carretera. Reiteran la denuncia de que el señor Rafael Tabares llegó y se presentó como miembro del grupo autodenominado la Nueva Generación.
19. El día 6 de julio aproximadamente a las 12 de la noche, fue quemada una vivienda ubicada en la vereda La Cristalina, jurisdicción del municipio de Remedios, Antioquia. Los habitantes de la casa se encontraban descansando cuando los despertó una fuerte llamarada en la parte de atrás de la vivienda. De inmediato procedieron a salir de ella, observando impotentes cómo la misma era consumida por las llamas. A pesar de que la casa se encuentra aproximadamente a 300 metros de donde está ubicado el anillo de seguridad del Ejército Nacional (Batallón de Operaciones Terrestres 107), destinado para la ZVTN "Juan Carlos Castañeda", hasta el momento no se ha podido identificar quiénes son los autores de dichos hechos.
20. La familia afectada fue protegida por las organizaciones sociales y las Juntas de Acción Comunal, recibiendo solidaridad de habitantes de otras veredas ante el hecho de haber perdido todo, sin embargo, se desplazaron para reubicarse mientras solventa su situación.
21. El jueves 28 de septiembre de 2017 la comunidad de la vereda Plaza Nueva, jurisdicción del municipio Remedios, en Antioquia, aproximadamente a las 11:00 de la noche percibieron la llegada de un grupo de personas encapuchadas quienes portaban armas de fuego, entre 15 y 20 de estas personas se ubicaron en la zona comunal conocida como "El Descargadero" por ser el lugar donde la gente deja la madera para comercializarla.
Los hombres se mantuvieron en la vereda durante toda la noche generando zozobra e intranquilidad, los perros no dejaron de ladrar anunciando la presencia de personas extrañas. La comunidad está temerosa en denunciar y han expresado miedo por los hechos similares vividos en épocas pasadas que conducían al asesinato o desaparición de los habitantes.
Es de resaltar que a pocos kilómetros de la vereda está ubicada la base militar de la xiv brigada del Ejército Nacional, "El pollo" y en la región ha habido fuerte presencia militar.
Los acontecimientos mencionados generan un estado de zozobra e inseguridad en la población civil, que ha venido denunciando la presencia y vigilancia por parte de miembros de grupos armados ilegales que buscan posicionarse en la región. Los habitantes afirman que tienen miedo de ser señalados como miembros guerrilleros o colaboradores de los mismos, de manera indiscriminada e infundada, encontrándose en peligro la vida y la integridad física propia y la de sus familias, además, del miedo de que estos hechos posibiliten la llegada y puesta en marcha de una nueva arremetida paramilitar en la región.
Es por ello que las comunidades, los líderes y lideresas comienzan a expresar temores de aumento de violencia en los territorios donde históricamente han hecho presencia las guerrillas, como consecuencia de la disputa por el control territorial y económico.
Represión contra comunidades mineras del Nordeste antioqueño
1. El 2 de marzo de 2017, en las veredas Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio Remedios en Antioquia, aproximadamente a la una de la tarde, en cuatro helicópteros arribaron miembros del Ejército Nacional, personal del CTI, del Esmad, de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo un operativo contra lo que ellos denominan minería ilegal y un "golpe contra las finanzas del ELN", quienes supuestamente recibirían las comisiones de esta actividad.
2. Durante los hechos, fueron detenidas arbitrariamente diez (10) personas de la comunidad, entre ellas dos mujeres embarazadas y un niño de tres (3) años, quienes fueron usados como escudo humano frente a un posible ataque del ELN. En la Vereda Ojos Claros fueron detenidas arbitrariamente cuatro (4) personas más, quienes fueron conducidas a Barrancabermeja y privadas de su libertad.
3. Así mismo fueron destruidos e incinerados bienes civiles como re-troexcavadoras y otro tipo de maquinaria y enseres que los mineros artesanales usan para acceder a mínimos vitales necesarios para la sobrevivencia de su familia, vulnerando el derecho al trabajo y la permanencia en el territorio. En el marco de los mismos operativos, unidades de la Policía y tropas del Ejército Nacional, allanaron ilegal-mente las viviendas de campesinos y mineros artesanales robando herramientas de trabajo como una motosierra, veinte castellanos de oro (92 gramos), alhajas y otros bienes; fueron afectadas aproximadamente setenta (70) familias.
Montajes judiciales contra habitantes de la región
1. El 21 de septiembre de 2017, alrededor de las 12 del mediodía en la vereda Puerto Nuevo Ité, municipio de Remedios (Antioquia), aterrizaron dos helicópteros en la finca "La Estrella" llevando consigo soldados del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón Energético y Vial y N°8, miembros de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para hacer efectivas dos órdenes de captura en contra de habitantes de la región que son reconocidos por sus comunidades como campesinos. La mujer, Diana Zapata, quien trabaja en la finca preparando alimentos y es afiliada a la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros, y su compañero sentimental, Gabriel Ángel Res-trepo Restrepo, jornalero de la finca. La pareja tiene un niño de 5 años que quedó bajo resguardo del dueño de la finca La Estrella, donde trabajaban.
Posterior a la captura fueron trasladados a Barrancabermeja. La comunidad señala que durante la captura se escuchaba un avión sobrevolando "de los que se utilizan en operativos contra los insurgentes". El sobrevuelo se realizó hasta las dos de la tarde.
2. El 22 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 5 de la mañana, miembros del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón Energético y Vial N° 8 con sede en el municipio de Segovia, soldados del Batallón de Operaciones Terrestres 107 encargado de la seguridad del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación "Juan Carlos Castañeda" en la vereda Carrizal y miembros de la Policía judicial (SIJIN) de Ba-rrancabermeja, llegaron a la vereda Cancha de Manila y procedieron a allanar la vivienda del señor Miguel Córdoba Bejarano y su esposa Lina Irene Tenorio, quienes fueron detenidos señalándolos de pertenecer a la insurgencia del ELN.
Los campesinos son habitantes reconocidos de la región y están inscritos a la Junta de Acción Comunal de la vereda. El señor Miguel Córdoba Bejarano es minero y comerciante mientras que su esposa es ama de casa. Ambos fueron trasladados en helicóptero hacia el municipio de Segovia.
La población señala que las camionetas que llegaron al lugar y en las cuales subieron a los dos detenidos tenían las placas tapadas con plástico, pero aseguran que se trata de la dotación de camionetas donde se movilizan el componente de fuerza pública del Mecanismo Tripartito ubicado en la vereda Carrizal.
Así mismo, cuando los miembros de Cahucopana interlocutaron con la fuerza pública, esta no permitió la revisión de las órdenes de captura y allanamiento, y justificaron que fue presentada al presidente de la Junta de Acción Comunal. En el momento de la interlocución se realizó el empadronamiento a la cédula de Carlos Palacios, la cual adicional a ser radiada fue fotografiada.
Retención arbitraria a defensor de Derechos Humanos por parte de la Policía
El veintitrés (23) de marzo del año en curso, el líder de la Corporación Cahucopana y defensor de derechos humanos Carlos Morales, se dirigía de la ciudad de Barrancabermeja hacia Medellín en el esquema otorgado por la Unidad Nacional de Protección, ante el riesgo que corre en el marco de su labor.
En la vía que conduce de Puerto Berrio a Cisneros, fueron detenidos por la policía, quienes realizaron una verificación de los documentos del vehículo y el conductor. Posterior a esto, fueron seguidos por un carro de la Policía desde el peaje El Trapiche, vehículo que más adelante los hizo detener para realizar el mismo procedimiento.
Aproximadamente a las dos de la mañana, encontrándose en la puerta de la oficina de Cahucopana en la ciudad de Medellín, llegaron los intendentes Arbey Riasco y Edison Yepes, quienes con pistola en mano pusieron al escolta contra la pared y le quitaron su arma de dotación, requiriendo una requisa.
Carlos Morales se presentó como defensor de derechos humanos, entregó su cédula y cuestiono la situación de manera respetuosa, en el entendido que era la tercera vez en el viaje que eran abordados por la Policía Nacional, mientras los agentes iniciaron una requisa al esquema y a los objetos personales, anotaron los números de identificación y llamaron a la empresa donde trabaja el escolta para confirmar la información del mismo.
Posteriormente llegó al lugar donde se encontraban, el Capitán Roa de la estación de Policía del barrio Villa Hermosa, quien manifestó tener cinco (5) horas para corroborar la información suministrada por los retenidos, por lo que decidieron trasladarlos a la estación de Policía. En ningún momento los miembros de la Policía Nacional, señalaron qué tipo de procedimiento realizaban, procedimiento que tardo más de dos horas y que fue gravado en su totalidad.
Amenazas Colectivas
En lo corrido del año dos mil diecisiete (2017), se han presentado amenazas en contra de la comunidad y, en especial, de los líderes y defensores de derechos humanos, ello mediante panfletos, mensajes de texto, llamadas electrónicas, entre otros medios, las cuales se hacen a nombre de estructuras que se autodenominan "AUC", "Águilas Negras Nueva Generación" "Águilas Negras - AUC", "Águilas Negras", "Comando Central - Los Rastrojos", "Los Rastrojos", "Autodefensas Gaitanistas de Colombia", "AGC", "Los Gaitanistas", "Los Urabeños", entre otros.
En Segovia y Remedios, de manera específica y principalmente en la zona urbana y cabeceras municipales, se han distribuido de manera general panfletos que contienen amenazas en contra de población en situación vulnerable.
Recomendaciones
El presente Informe sobre la situación de Derechos Humanos vislumbra las constantes y graves afectaciones de las que siguen siendo víctimas las comunidades campesinas y mineras que habitan la región del Nordeste Antioqueño y de los líderes sociales que allí actúan en pro de la defensa de los derechos humanos y de la permanencia en el territorio, desprendiéndose una primera consecuencia: los principales responsables de los hechos de violación de los derechos humanos y de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario son el Ejército Nacional, a través de las respectivas brigadas militares que operan en esta zona del país, los grupos paramilita-res en sus nuevas formas organizativas, constituyéndose como una lucha no uniforme y sui generis, con múltiples y diversos actores armados, tanto legales como ilegales, quedando en medio de sus disputas, la población civil campesina-minera.
En segunda instancia, queremos resaltar que, a pesar del proceso que se vienen adelantando de implementación del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, iniciando con la instalación de la zona veredal y la concentración de la insurgencia allí, la violencia persiste por parte de los grupos paramilitares y se han visto a aproximadamente 4 km de distancia de la ZVTN de Carrizal, Antioquia, convirtiéndose en un riesgo expreso para la población en proceso de reincorporación, existiendo la necesidad inminente del desmonte efectivo de los mismos, es decir, investigar, juzgar y tomar medidas contra quienes los financian y los promueven, para que sea posible la construcción de la Paz territorial, estable y duradera.
Ante la situación con estos grupos, reiteramos al mecanismo tripartito la necesidad de observar y monitorear la situación de las comunidades a manera regional, y no solo enfocado en la vereda Carrizal, donde está asentada la zona.
Por otra parte, Cahucopana, como organización que promueve y defiende el respeto de los derechos humanos de las comunidades minero-campesinas del Nordeste Antioqueño, reitera una serie de exigencias dirigida al Estado colombiano, como máxime responsable de velar por la protección de los Derechos Humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, con relación a los hechos específicos narrados en el presente informe:
1. La Corporación Cahucopana ha venido adelantando la iniciativa de las medidas colectivas y diferenciadas de protección, producto de la experiencia y las prácticas históricas de defensa de la vida y permanencia en el territorio por parte de las comunidades. A la solicitud formal realizada a la UNP, con soportes y bajo la Resolución 1085 de 2015, no ha recibido respuesta.
2. A pesar de la actual implementación del Acuerdo de Paz celebrado con las FARC-EP y el inicio del proceso con el ELN, el mayor riesgo es la presencia de los grupos paramilitares en la región que, como se ha evidenciado en los informes de distintas instituciones y organizaciones, persisten con su accionar en el territorio. Como ya se ha visto, la comunidad ha empezado a informar que hay presencia de estos grupos, en correspondencia a la denuncia en épocas anteriores del patrullaje de hombres armados, encapuchados, algunos de civil, otros con camuflados, tal como se identifican las acciones de los paramilitares. Es por ello que insistimos en medidas integrales contra estos grupos, no solo la intervención militar, sino la necesidad de investigar a los autores intelectuales y financiadores de dichos grupos, y los intereses a los que corresponde su presencia en el territorio.
3. Adicional a esto, se empezaron a presentar los montajes judiciales contra habitantes de la región, vinculándolos con el ELN, cuestión que preocupa sobremanera a todas las comunidades por la incertidum-bre que representa esto.
4. A esto se le suma la necesidad de que el Gobierno Nacional cumpla los acuerdos para garantizar la permanencia en el territorio. La nor-matividad desarrollada estos últimos años ha profundizado la persecución a la pequeña minería y la minería artesanal, criminalizando a quienes participan en la cadena de valor de las mismas y que tiene en este momento en incertidumbre a las comunidades ante la falta del inicio de espacios que garanticen la legalización de sus actividades económicas, las cuales son innovadoras en cuanto a la responsabilidad con el medio ambiente. Se recomienda un seguimiento especial a las comunidades mineras sobre la violación a los Derechos Humanos, principalmente por parte de la fuerza pública y el impulso de políticas que faciliten la legalización de la minería en el Nordeste antioqueño.
5. Es necesario atacar la impunidad (penal y disciplinariamente) producto de las acciones de los actores armados, de quienes los financian y los promueven, con especial énfasis de los servidores y funcionarios públicos que han estado involucrados, de la fuerza pública con quien se espera continuar construyendo confianzas, pero sobre todo que respeten las decisiones de la cadena de mando, ya que son los generales y comandantes quienes se han comprometido con los defensores de DDHH en defender y promover los Derechos Humanos, pero los uniformados en terreno actúan de manera contradictoria contra las comunidades.
6. Es importante que las investigaciones sobre los hechos conduzcan a la judicialización de los responsables, tal como en el caso de la ejecución extrajudicial del campesino Hernán Villa, en la vereda Panamá 9, como parte de la lucha contra la impunidad y la búsqueda de garantías de no repetición.
7. Es necesario atender e implementar las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo en sus diferentes informes de riesgo, enfocados a las comunidades rurales, líderes y organizaciones sociales quienes han expresado a las fuerzas en contienda el compromiso con la construcción de la Paz.
8. Se hace un llamado al Gobierno Nacional y al Ejército Nacional para que cumplan a cabalidad las obligaciones internacionales adquiridas de conformidad con los tratados de Derecho Internacional Humanitario y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial, las obligaciones dirigidas a la protección y distinción de la población civil dentro del conflicto armado, en la medida que no resultan justificables los hechos acontecidos en los últimos días en el Nordeste Antioqueño y en otras regiones del país, donde nuevamente es la población civil la realmente afectada.
9. Se exige el respeto y la implementación efectiva del Acuerdo Final celebrado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y entre los gobiernos municipal y departamental con la comunidad del Nordeste Antioqueño, lo que implica acciones para el desarrollo regional expresadas en el apoyo, acompañamiento y facilidades para la formalización de la minería. En este mismo orden de ideas, se exige al Gobierno el cumplimiento del acuerdo realizado con los delegados de 18 Veredas de los municipios de Remedios y Segovia (Antioquia) presentadas por medio de un pliego entregado, el día 16 de agosto de 2016 a los funcionarios del gobierno nacional, departamental y municipal que hasta el momento no han cumplido ni respondido a ninguna de las necesidades allí expuestas.
Finalmente, Cahucopana, de manera prioritaria, exige a la institucionali-dad el cumplimiento de las Recomendaciones y Requerimientos realizados por la Defensoría del Pueblo a través de sus Informes de Riesgos N° 002 de 2012, 029 de 2016 y 010- de 2017 A.I., cumplimiento que debe tener como eje central el rompimiento de los imaginarios de enemigo interno, como las instituciones han concebido al campesinado y minero de la zona, el reconocimiento de las comunidades minero-campesinas como sujetos de derechos y como sujetos colectivos con capacidad de apropiarse e incidir en política pública que afecte, de manera directa, su calidad de vida.
Cahucopana, Octubre, 2017
Notas
1 Si bien el Estado, en diversas oportunidades ha negado el carácter de paramilitares de estos grupos armados ilegales, en los Informes de Riesgo emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas, se les empezó a denominar como como grupos "pos - desmovilización AUC", ello aproximadamente desde el año 2013. De igual forma se resalta el hecho evidente que en diversas regiones del territorio nacional, los mandos medios de las desmovilizadas AUC, siguieron ejerciendo el mando de las estructuras que permanecieron con posterioridad al proceso de desmovilización de dicho grupo, a partir del año 2005.
2 Algunas afirmaciones aquí aseveradas, surgen de la misma lectura del Informe de Riesgo No. 029-16 A.I., del 22 de agosto de 2016, emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en su versión No. 03.
3 Informe de Riesgo N° 010-17 A.I. Defensoría del Pueblo. P. 17
4 Ibídem, p. 19
Informe de actividades y puesta en escena de la actuación de la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, del año 2017
1. Mirada práxica a una situación en ebullición, dada la transformación territorial, a contravía de las comunidades nativas, que viene viviéndose en el Oriente de Antioquia
De acuerdo con las experiencias que se presentan en el mundo hoy, hay que mantener para efectos de análisis y de las acciones a realizar, que el tercer mundo produce y ahora de manera incrementada subhumanidad, por cuanto el extractivismo desde la propuesta neoliberal, es un tema presente y lesionante de lo humano y de lo ambiental; el tema minero, hidroenergético, de construcción de vías y de aeropuertos, la lesión a la economía solidaria, la privatización de los servicios básicos en particular de salud y la conversión de los derechos en mercancías, son entre otros una serie de evidencias que dan cuenta de un proyecto de necrofilia política, en torno al cual se posiciona un economicismo generador de subhumani-dad y de muerte de la biodiversidad.
Ante este escenario que viene ejecutándose, y que se pretende reorde-nar en términos de lograr el respeto a la dignidad humana y ambiental, de lo que se trata es de configurar unas fuerzas sociales y colectivas que a partir de sus capacidades organizativas se puedan dar a la tarea de impulsar sus propias capacidades de reacción, que vinculadas con otras posibilidades de generación de redes y confluencias, se logre la fuerza social y política para hacer frente a unos retos, que son gigantescos, puesto que no obedecen solo a fuerzas internas, sino a dinámicas del orden mundial que demandan a su vez mundializar la solidaridad, con las causas de lo popular en los territorios concretos en que los temas de la violación de los derechos humanos y de los derechos ambientales acontece.
Un hecho que preocupa es la forma como en términos generales, los proyectos de inversión del gran capital, se presentan como la gran oportunidad para que las comunidades accedan al desarrollo, y ante la evidencia en el tercer mundo de la no existencia de un solo caso de tipo extractivista, que se ha implementado para lograr el sueño del desarrollo, lo que han producido es la pesadilla de la victimización y el sacrificio en torno a los temas de las aguas, de la biodiversidad, del patrimonio cultural, a tal nivel que nos corresponde hablar de las "víctimas del desarrollo", como un asunto incre-mental, del que hemos cosechado destrucción del tejido social y del tejido natural, a cambio del enriquecimiento de unos inversionistas que, van por lo de ellos, con toda su capacidad militar, política y sobre todo económica.
Es un tema por decir lo menos lamentable, por cuanto los temas de desinformación, de miedo como emoción heredada de la violencia política armada y del asesinato de líderes y de lideresas sociales, de la división programada de las opiniones de las colectividades, y del control de los medios de información, se convierten en un tejido complejo, el cual se convierte en un dispositivo para en la práctica prohibir pensar, apalabrar, organizarse e intervenir en la singularidad de las situaciones, que es el proceso obligado de toda acción propiamente humana. En un escenario que se construye in-tencionalmente bajo la intención de echar por tierra cualquier tipo de indignación y de resistencia, y en cambio naturalizar lo que se diseña desde fuera de su comunidad, que va quedando en el imaginario como una condición natural de pérdida de derechos y de visualizar la victimización como una condición normal que nos acompaña como pobres y como perdedores, pues lo que queda de ese tejido social, se puede recoger en la expresión: "nada se puede hacer".
En la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, entendemos los Derechos Humanos y subsidiariamente a los derechos del ser viviente, como el Derecho a sobrevivir, a no ser maltratado, a disponer de libertades fundamentales (de opinión, expresión, designación democrática, entre otros) por lo cual la llamada es a ocuparnos de estos derechos: a hacerlos respetar. Los derechos mismos son ante todo derechos contra el Mal, lo que significa que nos corresponde construir un juicio, comprensivo e indignado, en el entendido que los Derechos Humanos son los Derechos contra el mal: consistente en la ofensa y en el maltrato que pueda ser negado para que no intervenga ni en su vida (horror al asesinato y a la ejecución), ni en su cuerpo (horror a la tortura, al maltrato y al hambre), ni en su identidad cultural (horror a la humillación de las mujeres, de las minorías, pérdida de soberanía y de autonomía territorial, entre otros).
La Atención Humanitaria, fue desplegada en este año 2017, por cuanto el sufrimiento se ve, y eso nos generó compasión: identificación con el sufrimiento del ser viviente, el principal recurso de la relación con el otro, manifiesta en la sensibilidad con el dolor, con el "ay" de dolor por la pérdida de la dignidad. Y de lo que se trata es de intentar desenmarañar lo que hay que hacer, en el entendido que toda política digna de ese nombre, encuentra su punto de partida en las representaciones que se hacen las personas de sus vidas y de sus derechos, la universalidad de la competencia salvaje, una tarea de la cual no podemos relevar al otro, aunque si podamos realizar los procesos de acompañamiento y de organización, que hagan posible que ese dolor no se produzca, o que se den las condiciones de empoderamiento colectivo, para hacer que esa situación se contenga y direccione en términos de dignidad protegida y atendida.
Como Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, mantenemos la necesidad de asumir la capacidad de ordenar el territorio del Oriente de Antioquia según los Derechos Humanos y la Atención Humanitaria, desde las mismas comunidades nativas y habitantes en sus territorios. El estado de víctima, de bestia sufriente, de moribundo descarnado, asimila al hombre a su sustancia animal, a su pura y simple identidad de ser viviente; la vida como dice Bichat no es sino el "conjunto de las funciones de resistencia a la muerte", y esa es la tarea en un territorio en el cual se reeditan las condiciones de la guerra, una resistencia a la muerte en la cual los perdedores, seguirán siendo los mismos que en el período anterior de la guerra quedaron al parecer, preparados para ser revictimizados por una guerra económica que viene haciendo presencia en los colectivos humanos y biológicos de modo salvaje.
Nos ocupa la presencia activa de un totalitarismo democrático que se viene instalando cada vez con más ahínco, un ejercicio de poder total en el cual no cabe la resistencia, por cuanto se han creado su propia lectura filosófica y un humanitarismo que para nada se hacen partícipes de una crítica necesaria desde las claves de una democracia participativa, en la cual se tiene el derecho a intervenir como ciudadanía y como poder popular capaz de pensar y defender el propio territorio, así se pretendan establecer otro tipo de actitudes y de regímenes para los cuales, esto que pretendemos construir, se convierte en contravía a sus discursos, intereses y juegos de poder en los cuales pretenden circunscribir a los colectivos humanos que habitan en la región del Oriente de Antioquia. Pero es posible afirmar que están en un período de recomposición del pensamiento político emancipador y de las fuerzas efectivas que le corresponden, y en este período de revigorización de lo que se ha sido históricamente, existe una voluntad de retomar una región con organizaciones sociales representando los intereses de su territorio, con fuerzas como el Movimiento Cívico de Oriente, en el cual de la mano de Ramón Emilio Arcila se aprendió la máxima de "protesta con propuesta".
El concepto de situación que se pretende llevar a sus últimas consecuencias con la individualización de los temas, habla de un intento de reducir al máximo a los esfuerzos de resistencia, toda vez que como señala Arendt (2014, p.13), con individuos negociando sus derechos lo que se instaura es un escenario de despolitización, frente al cual, quienes tienen intereses divisorios y de mantener una dominación clara, tienen ahí un factor facilitador de sus intereses de colonización y de dominación de los territorios que creen ellos que basta que sean mirados con ojos de expoliación, para que los actores afectos al gran capital salten a la palestra. Para las comunidades trabajar a partir de sus retos, y poder juntarse con otros para presionar que sus condiciones colectivas y supracolectivas, se logre dar cabida a procesos de autoformación y de autoorganización con miras a un esquema de acción política conducente a la reconstrucción del poder social y político, por la autonomía y la soberanía territorial, desde la respuesta a su propia situación particular, para dar vía a las causas más generales del territorio.
2. El accionar de la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, durante el año 2017
La orden del "no matarás", del "no victimizarás" se da desde la exterioridad, la trascendencia, y de la fragilidad, que se convierten en las figuras bajo las que aparece esta demanda del rostro: que para nuestro caso, son: el huérfano, la viuda, el méndigo, el extranjero, es decir las víctimas de la desatención en sus derechos fundamentales, de los desplazados por el desarrollo y no solo por la violencia política, de quienes pierden su soberanía territorial; es decir el rostro es la voz del que no posee voz, la voz del huérfano, de la viuda y del extranjero.
Preocupa y ocupa que las jóvenes generaciones sean más vigilantes que sus mayores (Forges, 1997, p.135); que logren por el acompañamiento prestado, por la asimilación de lo acontecido, no olvidar la historia y por supuesto no repetirla (Adorno, 1993), ni para la venganza, pues como muy bien se señala, las víctimas de la historia, como dice Ricoeur (1996, p.912), no piden tanto venganza como narración, una narración que haga conciencia de lo sucedido; para desde ahí formar y capacitar actores no violentos jóvenes, por la vida y los derechos de sus culturas. Esa es la tarea que nos demanda una actuación pertinente y clara por los temas de la verdad, que tiene relación con la narrativa capaz de darle sentido a su proyecto hacia adelante, puesto que lo que sucedió como señala Primo Levi (2004, p.113) no puede hacer ningún tipo de sentido, por cuanto lo sucedido, no hace más que llamar la atención sobre lo débil que es el humanismo, para ponerle límites y o contener lo que pueda suceder.
No es la historia de los historiadores sino la crónica de los vencidos (Mate, 1991); pues, mientras que la historia es amoral la memoria es ética; la memoria, es también la formación de los nombres de aquellos por los que se debe guardar luto (Michael, 1997, p.150). Un puente hacia el pasado, es el tiempo dividido en dos: la memoria remite al otro, es impensable sin el otro, de ahí que decir memoria es convocar a la intersubjetividad, pero es además intersubjetividad asimétrica, en el sentido de que quien sufre tiene el secreto del presente y también se mueve en la órbita de la vida del otro; el otro es decir, la memoria de la víctima, sabe lo que el vencedor ha olvidado que el presente no es solo el efecto de la acción del vencedor sino también que está construido sobre los cadáveres de las víctimas.
Pues bien, con esos considerandos, teórico-prácticos se presenta un Informe de las actividades desarrolladas durante el año 2017 por parte de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, para lo cual fueron consideradas las reuniones sostenidas los últimos miércoles de mes entre enero y de noviembre.
Enero de 2017. Sesión Mesa en Cárcel Nacional Bellavista: Medellín
Es importante visibilizar la posibilidad de facilitar los procesos que se han venido potenciando, desde la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, también y muy especialmente desde la Educación Superior, quien se ha venido vinculando al proceso a tal nivel que además de otras Universidades que acá han participado figuran: la Universidad Javeriana y la Universidad San Buenaventura, lo que permite al movimiento nacional carcelario de presos políticos, que trabaja por los Derechos Humanos, contar con el aporte de la Educación Superior, como una apuesta que les ha permitido pensar en la propuesta a la que invitan a la Universidad Católica de Oriente para sumarse, por la creación de la Universidad Popular de los Pueblos, la UPP, que con el Instituto Ceiba y desde la Educación Popular, se convertirían en conspiradores que harán lo necesario, para que sea posible la apertura de ésta oferta educativa, que vaya más allá de lo tradicional, por la realización de una educación propia de los pueblos, confiando no tanto en los edificios cuanto en los procesos de diálogo de saberes de los colectivos humanos, con temas como lo ecológico y el medio ambiente, el cuidado y la declaración consciente de la autonomía territorial y los derechos al buen vivir y al patrimonio existencial propios, como qué hacer de una Universidad con sedes diversas, una de las cuales puede ser quizá la misma Cárcel Bellavista, con una ayuda virtual, que genere la posibilidad de hacer los énfasis necesarios, en el tema del proceso de formación y capacitación de los pueblos, para hacer frente a los múltiples, complejos y caóticos escenarios tanto en el orden nacional como internacional.
Sin duda alguna con el tema de las víctimas se impone un trabajo fuerte para Colombia, desde una mirada centrada en la verdad, que se convierta en una exigencia a las partes que han hecho uso de la violencia política en Colombia, como un ejercicio de búsqueda de este insumo imprescindible y que compromete como Mesa de Derechos Humanos, por el uso de la Memoria Histórica y de Justicia Transicional, como una tarea que tendrá tanto una mirada del escenario nacional como un trabajo de reconstrucción desde los territorios. Ahí vale la pena poner en consideración los diplomados que se han realizado desde la Universidad del Valle y de la Universidad del Cauca en el tema de la Justicia Transicional, que han arrojado insumos importantes para el proceso de negociación de Quito Ecuador, entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional ELN, a más de consideraciones de los temas minero e hidroenergético que han contado con aportes como los realizados por Rodrigo Uprimny, Javier Giraldo y Francisco de Roux. Así que lo que se ha logrado en Bellavista es disponer de un territorio de siembra de sueños, de saberes y de esperanzas con la colaboración y la vinculación de las organizaciones que acá han llegado a escuchar, proponer y construir posibles rutas de acción de cara a la Paz de este país, es decir a partir de las organizaciones sociales que a este escenario han asistido.
Febrero de 2017. Reunión en la Universidad Católica de Oriente
Análisis situación de la Personería de Rionegro, en constante interinidad, producto de las distintas actuaciones judiciales presentadas por Jhon Fredy Osorio Pemberty, y de actuaciones de validación de las decisiones tomadas a partir de la reacción del Concejo Municipal de Rionegro, como ente responsable de dotar a este municipio de una forma adecuada a ley, un personero con condiciones de responsabilidad y de satisfacción de los requerimientos necesarios para hacer que esta instancia de la vida municipal disponga de los criterios que hagan viable que el elegido, en el caso de Rionegro Carlos Andrés García pueda ejercer su función constitucional de la mejor manera posible.
El hecho es que desde la presentación del examen para validar por competencia el ganar la personería, resultó que al entender de Jhon Fredy y en algunas instancias de la rama judicial, como un juez de Medellín, el tribunal de Antioquia, e incluso en una primera instancia del Concejo de Estado, se surtieron las actuaciones para ir revocando estas decisiones, lo cual condujo finalmente a que el Concejo de Estado revisara su propia decisión tema que conduce a un cierre del caso, por lo menos en las instancias nacionales, lo que da cuenta de una situación que no deja de llamar la atención de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente, a donde el participante en el concurso, Jhon Fredy acudió para hacer conocer de la institucionalidad con asiento en la Mesa, entre otras Naciones Unidas y el Nodo Colombia, Europa, Estados Unidos, además para buscar blindar su resistencia desde el tema de la protección a su seguridad personal.
Marzo de 2017. Visita de delegado de Naciones Unidas a la Universidad Católica de Oriente: Tema Protección a Defensores de Derechos Humanos
Contando con la presencia de algunos personeros municipales, y de un alcalde, se puso en ejercicio de un Plan Especial de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de Líderes y de Lideresas sociales, dada la presión y el riesgo que lleva consigo el asumir tareas y actuaciones que se relacionan con los temas de derechos y de defensa de lo social, lo que habla de un ejercicio que fue facilitado por Isagen, quien facilitó su mediación ara que la ONU, interviniera en los asuntos de Protección Especial para el Oriente de Antioquia, que se comprometió con la Mesa de Derechos Humanos a tramitar este tipo de actuación, por cuanto las condiciones para realizar este tipo de tareas, son cada vez más estrechas, y eso hace que se requiera del diseño de un proyecto de acompañamiento de la mejor forma posible, para procurar el cuidado de la seguridad personal y la vida de quienes en el territorio del Oriente de Antioquia se dedican a esa tarea.
En la sesión se definió la importancia de la vinculación de la oficina de Bogotá de las Naciones Unidas y de la oficina de Medellín, en la mediación con la institucionalidad del Estado, la institucionalidad empresarial, y por supuesto los procesos necesarios para impulsar los trámites ante la Unidad Nacional de Protección, para las personas que así lo demanden, suceso que ya aconteció con algunos casos, a los cueles venimos haciendo seguimiento desde la Secretaría Técnica de la Mesa de Derechos Humanos. Para la Mesa de los temas más importantes de lo que tenemos que realizar es esa protección, misma que lo que hace es generar las condiciones necesarias para que la vida de la gente sea protegida de un modo especial, prueba de eso es la lideresa que tuvo que irse de Colombia a raíz de la actividad que ella generó en el cañón del melcocho, cuando hubo una diferencia con el batallón de carabineros Juan del Corral, con señalamientos por presuntas siembras de minas, en ese territorio, por parte de ese batallón.
Abril de 2017. Municipios de Sonsón -Puerto Triunfo: Corregimientos de Jerusalén, sede de la reunión, La Danta y San Miguel
Es paradójico que, en un territorio tan lleno de recursos naturales, las personas habitantes sean sometidas a la ausencia de propiedad de agua y de tierras; con el pretexto de que tal situación se explica por el estar ubicados en un terreno inestable desde lo geológico, lo que permite estructurar un tipo de configuración social, en el cual a las gentes habitantes del territorio, se las somete a vivir en un verdadero limbo. En la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, llama poderosamente la atención un tema del orden antropológico y que tiene que ver con la pregunta que estas personas se hacen a propósito de quiénes son y qué tipo de proyecto de vida pueden emprender, pues al no ser tenidos en cuenta por nadie, viven una inestabilidad subjetiva personal y colectiva, que se hace sintomático en la inestabilidad de los suelos, y que a su vez tiene relación con las escasas posibilidades de trabajo y de realización personal en general, es decir que al parecer, se tiene una comunidad que es puesta a girar, única y exclusivamente alrededor de las empresas instaladas en la zona en particular en Argos.
Uno de los problemas que se evidencian, y que hacen juego con lo arriba enunciado, es la forma paulatina como las personas han dejado su producción de alimentos por la vía agrícola, pasando a convertirse en obreros, que si quieren comer algo, han de ir al restaurante del municipio, lo que los lleva a perder su soberanía alimentaria, y con ella la pérdida de la soberanía territorial, que es en últimas el factor que explica que se hayan perdido las condiciones de autonomía y de posible negociación con quienes vengan al territorio, a hacerse dueños de él, con la anuencia del Estado nacional, departamental o local.
El tema en cuestión, tiene de otro lado una asignatura pendiente en la llamada Responsabilidad Social Empresarial la cual, al parecer es no es aplicada, lo que hace que se convierta en uno de los asuntos de mayor significación, por cuanto el compromiso y el reconocimiento de los derechos de los habitantes y de lo ecológico, por parte de las empresas que tienen asiento en la zona, se convierta en un insumo que ha de ser considerado con el máximo cuidado, por cuanto, los beneficios económicos que obtienen, no son de poca monta, y se supone que desde la utilización de los bienes naturales que están en los territorios, y que son de propiedad de los pueblos y que su explotación afecta el presente y el futuro de sus habitantes, les corresponde a las empresas devolver beneficios y no sólo efectos negativos ambientales y sociales. Al realizar un balance, señalan los líderes y lideresas comunitarios, de lo que da cuenta este tema, es de una postura, que al parecer se viene dando desde hace algunos años, de no generar acciones comunitarias en colectivos campesinos, que sí que requieren de apoyos y de solidaridades, que además se revisten de la categoría de derechos y de responsabilidades, para acceder a la satisfacción de necesidades básicas, que como hemos conocido están en espera de su atención.
Mayo de 2017. Sesión descentralizada. Municipio de El Peñol. Centro cultural. Teatro Municipal
La nueva figura que viene implementando la Fiscalía General de la República, es el de las "investigaciones estructurales", coordinadas desde Bogotá y Medellín, tema que ha conducido a la captura de 56 personas, con la muerte de la niña de 16 años en San Rafael que se calificó como un feminicidio, asunto que se ha acompañado de fenómenos como la venta de drogas a plena luz del día, así que la Fiscalía interviene con las capturas con los que están vinculados con el tema, más allá de la pura investigación penal. Los asesinados en 2017 a los jóvenes va por 13 y los sobrevivientes a los atentados son 6, a partir de agresiones, producidas con ametralladoras y fusiles. Luego del hurto que se produjo en el embalse, como sucedió y que tuvo como objetivo a mucha gente, se procedió a no individualizar sino a investigar a las bandas existentes en el municipio, y fuera de él, procediendo a realizar un control territorial en la localidad, para luego proceder a realizar las capturas a que haya lugar, de muchas personas vinculadas a las delincuencias propias entre otros del microtráfico de drogas alucinógenas.
Hay un caso especialmente trágico y es el de una joven que fue asesinada en Guatapé y que fue descuartizada, tema al cual se le sumaron asesinatos de unos jóvenes que fueron quemados, lo que llevó a desplegar un operativo policial, en el cual fueron capturadas personas de El Peñol. Finalmente señala el personero que es echar de menos que hasta hoy, no se ha producido un consejo de seguridad regional, ante una tragedia y crisis humanitaria como la que está viviendo el municipio de El Peñol. Y esto lo dice el funcionario, por cuanto se han hallado restos de sangre que quedaron en Guatapé, y allí, se sumó el tema de un par de jóvenes de Granada que también fueron asesinados, como un asunto que golpea también a la opinión pública; de hecho igual sucedió con el asesinato del joven Félix Chaves, abogado que tenía algunos enredos de consumo de drogas, y esa muerte, se convirtió en tema de indignación para la comunidad municipal, sobre todo cuando él como profesional, había sido capturado antes, por sus problemas de adicción, y luego fue baleado en las calles del municipio.
Junio de 2017. Aula M 201, Universidad Católica de Oriente. Preparación Caravana por el Oriente de Antioquia organizada por Movete
Entre los días 12 y 19 de agosto, se programó un recorrido por el Territorio Regional de Oriente, para poner en evidencia la serie de procesos de extracción que se vienen produciendo en los municipios de nuestra zona de influencia, a propósito del tema de las aguas y su uso hidroeléctrico para la construcción de hidroeléctricas bajo la forma de microcentrales y de ma-croproyectos, que finalmente también beneficia los temas de la minería que también vienen produciendo impactos significativas en los territorios de la región. El evento consiste en la realización de una Caravana, que se moverá por los municipios más afectados por estos fenómenos de explotación de los bienes naturales comunes, y en el recorrido se realizará un alto, bien sea en Rionegro o en Marinilla, para proceder a conversar con la Mesa de Derechos Humanos, dentro del recorrido de los temas de las afectaciones y procesos que vienen ocurriendo y que la Mesa está en posibilidad de poner en evidencia, en una jornada el 16 de agosto.
Cabe validar este procedimiento, toda vez que se dispone como un ejercicio de poner en evidencia los temas que ocupan parte de nuestra agenda de Derechos Humanos de la Mesa y la atención que como institución viene prestando el Movete en el Oriente Antioqueño. Los temas de las hidroeléctricas y de las inversiones de las empresas transnacionales, vienen sometiendo a las comunidades no sólo a procesos de exclusión sino también de expulsión de sus territorios, lo que hace que la estrategia de la Caravana se convierta en un escenario válido para evidenciar lo que en el oriente viene pasando en el Oriente de Antioquia, lo que ha de ser reconocido al lado de los tradicionales Festivales del Agua, como un mecanismo por el que se ha logrado poner en evidencia las violaciones a los derechos humanos, cuando se lesiona el tema de los territorios, con impactos a su configuración, que se vienen fraguando desde las promesas de las empresas que ofertan un concepto de desarrollo, que para nada se compadece con las necesidades y los intereses reales que las comunidades tienen para su desarrolla territorial.
Julio de 2017 Universidad Católica de Oriente. Aula M 407
El 16 de agosto vamos con Sesión Extraordinaria de la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria, en la sede del Concejo Municipal de Ma-rinilla, para llevar a este escenario de la Caravana, los temas del Oriente en escena en las reuniones que se realizan mes a mes a partir o bien del análisis de coyuntura o bien las sesiones descentralizadas que sí que permiten que dispongan de una lectura de los territorios locales en sus distintas problemáticas específicas que demandan de actividades de atención que sean pertinentes a sus dinámicas específicas, es decir esa sesión se realiza con la intención que se convierta en un gran análisis de coyuntura regional, que permita visibilizar desde la perspectiva de la Mesa las distintas problemáticas y situaciones de crisis de violación de Derechos Humanos por las que vienen atravesando los municipios del territorio a nuestro entender de autonomía popular, en orden a su organización administrativa más allá de lo que significa el Área Metropolitana, y por supuesto de Provincia. De otro lado se recuerda la situación de la salud en el territorio, se hace mención de lo que viene sucediendo con los pobladores ante la avanzada de la Alcaldía de Rionegro con los temas de la reserva de las casas para someterlas a la demolición, como un ejercicio que hay que enfrentar por cuanto el gobernante de esa localidad se ha propuesto hasta dar 10 millones de pesos y que se retornen de sus casas de donde fueron expulsados por la violencia.
El hecho como señala la lideresa del Barrio Alto Bonito, es que se va a realizar un cambio en el ordenamiento territorial de Rionegro que va a pasar no sólo por el barrio en la cual ella es presidenta de la Junta de Acción Comunal, sino que esa es la postura de la alcaldía en todo el territorio municipal, como una avanzada en la que es posible que de paso se violenten los derechos de los habitantes de los territorios que van a ser dedicados a los temas de vías y servidumbres así que de lo que se trata es de generar la política que haga posible el proyecto que requiere el gran capital y que va en la lógica de la cabeza de territorio del Oriente de Antioquia. A nuestro entender como Mesa de Derechos Humanos, de lo que se trata es de impulsar los proyectos a que haya lugar con el menor costo en lo que tiene que ver con el atropello de los derechos de los pobladores, quienes serán afectados por las obras de implementación de vías y de configuración de una ciudad moderna en el Rionegro que hasta hoy es un municipio tradicional, con todas las limitaciones que esa condición significa a lo que se suma el proceso de acabar con la figura del hospital Gilberto Mejía Mejía de Rionegro, para anexarlo al hospital regional que funciona en esta municipalidad.
Agosto de 2017. Sede del Concejo Municipal del municipio de Marinilla
Luego de las presentaciones de personas e instituciones presentes en la reunión, cuando se hace ver que en la Caravana participan organizaciones de derechos humanos de distintas zonas de Colombia, y del exterior, entre otros Ecuador, Italia, Alemania, España, Canadá como un ejercicio de Red de Hermandad de los pueblos del mundo con Colombia, como un ejercicio que la Redher concibe también desde la generación de red de acción vía hermandad del país entre sí, lo cual habla de una oportunidad muy importante para realizar actividades de puesta en escena común de los temas que nos ocupan en Derechos Humanos y Atención Humanitaria en el Oriente de Antioquia, como un ejercicio de comunicación y de socialización, de conversación y de asociación esperanzador, pues en medio de tanta persecución y crisis, con ejercicios como estos, se pone en evidencia que los procesos que emprendemos cuentan con personas e instituciones que están dispuestas a apostarle a la causa de los Derechos Humanos desde los lugares sociales que ellos y ellas ocupan.
Esta reunión entonces es importante pues como se verá a lo largo de la jornada de trabajo, más allá de las estructuras e instancias de poder, lo que podrá percibirse es que esta es una dinámica social de encuentro en la afectividad y en la solidaridad, se relaciona con los temas de lo popular trabajando desde la hermandad en los temas que por su crudeza e invisibi-lización pueden ser llevados por la vía de estas estrategias metodológicas como una Caravana que a partir de un recorrido territorial por varios municipios, permite quizá la posibilidad de ascender los problemas vividos a las instancias internacionales pasando por el Tribunal de los Pueblos, hasta llegar a las Cortes Internacionales.
En el entendido que las instituciones parte de la Redher, se han dado a la tarea de realizar este recorrido como un ejercicio de sentipensar lo que acá sucede sin dejar de pensar en lo que sucede en sus propios territorios, como una actitud que permite contar con otros, con pares que desde la opinión construida desde el ver, escuchar y hablar de lo que está ahí para ser pensado, conceptualizado y transformado. Valga poner en evidencia que la presencia de la Redher la entendemos como la posibilidad que ellos y nosotros tenemos de entender de modo vivencial que no son proyectos aislados, sino que lo que hacemos y ellos hacen se puede convertir si así nos proponemos, en la posibilidad de descubrir conjuntamente que si se cuenta con el apoyo del otro nacional o internacional, se hace posible creer de un modo más expedito que en los temas de la lucha por lo alternativo al capitalismo salvaje, no están solas ninguna de las partes.
Septiembre de 2017. Universidad Católica de Oriente. Aula M 410. Lección por evidenciar
Importante de este primer punto de la reunión de la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia es la llamada de atención que se realiza a propósito de la existencia de una invisibilización de explicaciones (información y comunicación del sentir y vivir de las comunidades inexistente) de lo que sucede con los aconteceres de las comunidades, o lo que es lo mismo, la muerte hermenéutica de los problemáticas por las que tienen que pasar los pueblos sin permitir su construcción de interpretación, para proceder a llenarlas de sentido y con ellas proceder a realizar las actuaciones que puede hacer posible que tal silenciamiento y sometimiento al discurso del poder representado en lo que dice la empresa, la administración municipal, el gobierno departamental o nacional y por supuesto el tema de las empresas internacionales.
El hecho es que la institucionalidad realiza un despliegue de "investigación", que deja mucho que desear por cuanto las categorías y los enfoques para el análisis, dejan de lado lo humano y ambiental, o simplemente lo enfocan con unos desarrollos que en ningún caso acontecen y que en cambio sí lo que hacen es proponer unos desarrollos argumentativos que lo que logran es justificar lo injustificable en términos de validar la pérdida de territorios con todo lo que ellos contienen a cambio de unos dineros quizá y de unos dividendos que van al proceso mismo de producción hidroenergética, sin considerar realmente el desarrollo de los pueblos.
Es por decir lo menos insultante que en las zonas en las que están instalados los encharcamientos productores de energía eléctrica para Colombia y otros países, no haya luz en las casas de habitación, casas que están ubicadas al alrededor del embalse mismo, que en algunos casos no dejan de ser ranchos de madera y de plástico, que no dicen del tal desarrollo ofrecido al instalar las represas.
Octubre 2017. Reunión descentralizada zonal San Rafael
Con la participación de los municipios de la Zona de Embalses, ubicada en la región del Oriente de Antioquia; con delegaciones de cinco personas de los municipios de Guatapé, Peñol, San Carlos, Concepción, Alejandría y San Rafael, fue realizada una jornada de trabajo, consistente en reconocer las dinámicas que una región eminentemente turística, ha generado una serie de situaciones que dejan mucho que desear en términos de Derechos Humanos, tales como rumba pesada, cocinas de drogas ilícitas, fronteras invisibles, tráfico de drogas, extranjerización de la tierra, presencia de carteles de drogas regulando la vida de los municipios, casa de pique, problemas de atención de las personerías municipales a las situaciones que se presentan como sucede con el caso de Alejandría, temas de minas en Concepción, dan cuenta de la complejidad de la situación que se incrementa por la no satisfacción del derecho que las comunidades tienen sobre tierras inundadas por Empresas Públicas de Medellín, las mismas que aún no han sido reconocidas a sus legítimos dueños.
Fue esta una sesión descentralizada de la Mesa, preparada por un Comité de Impulso el cual realizó múltiples reuniones preparatorias, en las cuales se trazó la agenda de trabajo, que fue realizada con la vinculación del profesor Carlos Martínez, cercano a las dinámicas de la Mesa de Derechos Humanos, por su vinculación a procesos que han emprendido en los territorios con sus aportes y consideraciones, de otro lado la vinculación de Prodepaz y de la Fundación Reconciliación fue de gran importancia, toda vez que se atendieron temas del diario vivir de las municipalidades en los temas de Derechos Humanos, y de la seguridad personal de quienes realizan actividades en la subregión del orden social y de derecho en particular para los temas ambientales, por cuanto los asuntos minero energéticos, son los asuntos más representativos de los territorios, al costo de la pérdida de las tierras donde habitan campesinos de la zona de influencia del rio Samaná que va a ser represado en el macro proyecto hidroenergético Porvenir II.
Noviembre de 2017. Universidad Católica de Oriente
Reunión a realizarse el 29 de noviembre, con la intención de recoger las dinámicas propias de las actividades a realizar en el año 2018. Pero igualmente atendiendo los temas que han de ser considerados de cara a cerrar de la mejor manera el año 2017, donde hay una serie de tareas y de asuntos que son de primera importancia en orden a responder de la mejor manera posible por parte de la representación de la Mesa de Derechos Humanos, los asuntos propios de una Audiencia Pública en la cual se participará, y que se relaciona con la posible construcción de la Segunda Pista del Aeropuerto Internacional, José María Córdoba; convocado por solicitud de la Veeduría Vida, y con el apoyo institucional de la Contraloría General de la República.
Secretaría Técnica Mesa de DDHH y Atención Humanitaria
Noviembre 20 de 2017.
Referencias
- Adorno, T. W. (1998). La educación después de Auschwitz. Madrid: Ediciones Morata.
- Arendt, H. (2014). El derecho a tener derechos. Islas Baleares: Universitat de les illes balears.
- Forges, J.F. (1997). Eduquer contre Auschwitz, histoire et mémoire. Lyon: Coll. Pedágogies.
- Levi, P. (2004). Si esto es un hombre. Barcelona: Muchnik Editores, S.A.
- Mate, R. (1991). La razón de los vencidos. Barcelona: Antrhopos.
- Michaels, A. (1997). Piezas en fuga. Madrid: Alfaguara.
- Ricoeur, P. (1996). Tiempo y narración: El tiempo narrado. México D.F.: Siglo Veintiuno Editores.
Informe de la Visita de Verificación Remedios y Segovia, 18 al 20 de agosto 2017
¡Para que la Paz no nos cueste la Vida, hagamos posible la Paz!
Contexto
¿Por qué se violan los derechos humanos a las poblaciones de Segovia y Remedios y se les niega el derecho al territorio?
En 2016, los mineros informales de Segovia y Remedios subordinados por subcontratos a la GCG producen el 83% del oro del que obtiene sus ganancias la multinacional (GCG, 2017).
Una de las razones, porque a una multinacional que apenas nace en el 2010, -la Gran Colombia Gold (GCG)-, el Gobierno colombiano, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, le escritura el patrimonio de los dos municipios. No solo en los activos de la FGM dejados en dación de pago a trabajadores y Jubilados, sino el derecho al trabajo autónomo que durante más de un siglo han gestado los mineros ancestrales, articulados a una cadena productiva que mueve los hilos económicos de los municipios.
Por eso, la movilización de mineros y pobladores de los municipios de Segovia y Remedios en estos 31 días, expresa las demandas de un conflicto que no es nuevo. Los productores y trabajadores mineros de estos municipios vienen pidiendo justicia, equidad y reparación desde mediados de 2010, cuando lo que ya era un activo de los mineros, los trabajadores y el pueblo en general, la FGM, era entregado de manera insólita a una empresa recién creada, la GCG. Efectivamente, después de un proceso enrarecido (López, 2014) que va de 2004 a 2010 la empresa queda en manos de la multinacional canadiense GCG. En septiembre de 2010 informa del inicio de sus operaciones. Simultáneamente estaba despidiendo a cientos de mineros de la compañía. Para septiembre de 2010, según Darío Rúa, presidente de Sintramienergetica despidieron a 670 trabajadores vinculados y a 800 temporales, para iniciar nuevas contrataciones en condiciones precarias.
Hace 7 años, el 1 de agosto de 2010, el pueblo de Segovia salía a las calles en una marcha convocada "por la vida y el trabajo"; así lo reporta Sintra-mienergetica "se realizó una multitudinaria marcha en defensa de la vida, los derechos constitucionales, laborales, los recursos naturales y contra la venta de los activos de la extinta Frontino Gold Mines como propiedad de los trabajadores y pensionados, y patrimonio económico de la región".
De esa concentración (agosto de 2010), salió una proclama al gobierno nacional que en algunos de sus puntos afirmaba que es ilegal el proceso de liquidación de la empresa iniciado en diciembre de 2004; solicitan al liquidador de la empresa la devolución de los activos de la empresa a sus verdaderos dueños; iniciar acciones jurídicas contra el Estado tendiente a obtener la reparación por los daños y perjuicios causados a los trabajadores y pensionados desde 1979 y solicitan al congreso cree una comisión que se desplace al municipio a conocer la problemática alrededor del conflicto creado por la ilegal liquidación de la FGM. En junio de 2010 denunciando uno de los tantos atentados a mineros y sindicalistas desde el sindicato de Sintramienergetica (Sintramienergetica Nacional, 2010). La tensión se desenvuelve en el marco de un proceso de movilización que ha costado nuevas vidas de mineros entre los años 2010 y 2017, procesos permanentes de amenazas de grupos paramilitares, que llevaron a buscar en la CIDH medidas cautelares obtenidos para 5 mineros de la mesa Minera en noviembre de 2016.
Desde el 21 de julio de 2017 se inicia un nuevo paro.
Según la Mesa Minera de Segovia y Remedios cerca de 12.000 personas participan de la protesta que ya deja 27 heridos y tres personas muertas. Los mineros reclaman contratos de operación justos y que se detenga la crimi-nalización de un oficio que, aseguran, es ancestral. Así mismo, piden que se reverse la disposición del Gobierno Nacional de restringir la cantidad de oro posible de comercializar a un gramo diario (Álvarez, 2017)
Victimización, Poder, Conflicto y Oro
Segovia a junio de 2017 registra 18.157 víctimas, de ellas 66,5% corresponden a desplazamiento forzado, mientras un 22,5% corresponden a homicidios. Además del desplazamiento forzado el homicidio ha sido una causal de victimización alta. Esto lo explica en parte que las masacres fueron uno de los modus operandis más frecuentes en el municipio. Para el CNMH, en Segovia, "El proceso de violencia vivido en la región fue una guerra de masacres". De 1.178 víctimas directas de homicidio reportadas por la Unidad de Victimas a junio de 2017, 147 ocurrieron en 14 eventos de masacres ocurridos entre los años 1982 y 1997. Muchas de esas víctimas, además de la filiación política de izquierda, tenían como oficio la minería. Esto parece estar igualmente reflejado en la altísima tasa de homicidios por cien mil habitantes en los últimos 7 años, especialmente dramática en el año 2012, - 440 homicidios por 100 mil habitantes en Segovia y 527 en Remedios -, ni Medellín tuvo esas tasas cuando era considerada la ciudad más violenta del mundo en 1991.
Fuente: elaboración propia con base en datos de FORESIS (Medicina Legal)
Hoy los mineros están sometidos a ser expulsados, criminalizados y despojados de su patrimonio, a la par que sus vidas corren peligro. Es por esto que, conscientes de la situación, reclaman un trato justo y equitativo, reconocimiento de sus derechos ancestrales, y derecho al trabajo y al territorio. Su consigna es todos cabemos, pero las condiciones de negociación deben ser justas, máxime cuando se debate la manera poco clara como la FGM llegó a manos de la GCG.
Por la historia de violencia y masacres, Segovia y Remedios requieren un tratamiento en clave de reparación colectiva, de justicia, equidad y no repetición; la intervención del Estado debe avanzar no solo hacia el restablecimiento de los derechos de los mineros, sino de todos los pobladores del territorio (Betancur, 2017). Por eso urge una presencia desde el gobierno nacional, regional y local, buscando una salida negociada y justa, donde los preceptos que se empiezan a desarrollar en clave de derechos humanos y empresa se apliquen en estos municipios: El Estado debe proteger, respetar y reparar, y las empresas deben respetar y reparar.
Derecho a la protesta social y pacífica
Foto, Cortesía Mesa Minera.
Colombia es un país donde pululan leyes, decretos, ordenanzas y todo tipo de leyes que generalmente son incumplidas por el mismo estado, sobre todo si tienen que ver con garantizar la protesta social. El Derecho de Reunión y Manifestación, por ejemplo, se encuentra contenido, entre otras disposiciones , en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 5 de la Convención Internacional, en el artículo 15ª de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 21 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana provee instrumentos acordes en el artículo 93 de la Constitución Política valoradas positivamente incluso en la Sentencia C-067 de 2003.
Igualmente la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 37 el derecho fundamental de las y los ciudadanos a reunirse y manifestarse pacíficamente como lo establece el artículo 107 de la Constitución Política: "se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos". El disfrute efectivo de los derechos es importante para el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad civil, porque abre espacios a la participación y a tener injerencia en la elaboración y adopción de políticas públicas. El artículo 13 de la Constitución colombiana promulga el derecho a la igualdad, a recibir la misma protección un trato digno de todas las autoridades y atribuye al Estado la obligación de promover la igualdad real y efectiva en favor de grupos discriminados o marginados".
Foto, Cortesía Mesa Minera
Por otro lado, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones deben promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente, para que todas y todos podamos disfrutar los derechos y libertades contempladas en la ley, incluyendo el derecho de reunión, la libertad de expresión, la libertad de asociación y a participar de los asuntos públicos, y que estos derechos se encuentran contenidos en los artículos 13, 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los estados, bajo la resolución A/HRC/25/L.20 del 24 de marzo de 2014 de las Naciones Unidas, obligan a los gobiernos a velar por la promoción y protección de los Derechos Humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas.
Respuesta militar, uso excesivo de la fuerza, agresiones y violaciones de Derechos Humanos.
De la Comisión de Verificación de la Situación de Derechos Humanos que desde la sociedad civil viajó hasta los municipios de Remedios y Segovia el pasado 18 al 20 de agosto, recolectó un vasto registro de graves agresiones contra esta población que se encuentra en actividad cívica de protesta.
Foto, Cortesía Mesa Minera
Al arribo al municipio de Segovia se registró la fuerte presencia de francotiradores, la militarización total de la vida social, la instalación permanente del Esmad, una fuerte y desproporcionada presencia de la fuerza pública en zonas privadas y públicas que evidencian todo el tratamiento de guerra en un escenario de confrontación dispuesto por el Gobierno Nacional y Departamental contra los manifestantes que ya ha causado graves violaciones a los derechos humanos.
Miembros de las fuerzas del Estado, han recurrido al uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones, han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa contra manifestantes que no estaban armados, varios de estos hechos fueron denunciados en audiencia ante nuestra comisión de verificación y que fueron constatados. Algunos de las agresiones más comunes fueron:
- La evidente presencia de francotiradores por parte de la fuerza pública y el presunto uso de armas de fuego contra los manifestantes (Telesur, 2017).
- El ingreso de miembros de la fuerza pública armados a las viviendas de civiles e instituciones públicas (Agencia Prensa Rural, 2017).
- Disparos de armas de fuego, perdigones, balas de goma y cartuchos de gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud, hecho realizado presuntamente por el Esmad y que causó por lo menos dos de los tres asesinatos ocurridos durante las manifestaciones y un saldo de 50 personas heridas (Agencia Prensa Rural, 2017).
- Señalamientos por parte del Gobernador de Antioquia contra los manifestantes, indígenas y entidades del municipio, incluyendo instituciones neutrales y de índole humanitario (Noticias Caracol, 2017).
- Daños a la infraestructura de bienes privados y públicos por parte de la fuerza pública.
- Agresiones verbales, contra la dignidad y la honra de las comunidades que solicitan exigen la salida de los uniformados de sus casas.
- Exponer a riesgos contra la integridad de la vida, la dignidad de los manifestantes por la invasión de la fuerza pública a zonas privadas y protegidas por los derechos humanos.
- La militarización de la vida civil como forma de atacar derechos civiles y políticos de las comunidades, hecho que ha causado el desplazamiento intraurbano de varias familias en barrios como Liborio Bataller y 13 de Mayo,
- Entre otros.
Foto, Cortesía Mesa Minera
Relación de denuncias antes la comisión de verificación de derechos humanos:
- El día 21 de julio de 2017 en los municipios de Remedios y Segovia se da inicio a paro o manifestación pacífica convocado por los mineros informales, al cual se sumaron comerciantes y los transportadores de los dos municipios (Agencia de Prensa, 2017).
- El pasado 2 de agosto, en horas de la noche durante el toque de queda decretado por la Gobernación de Antioquia para el municipio de Sego-via, dos sujetos encapuchados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a Hernán Tobón Meneses (García, 2017).
- El 3 de agosto, a las 12:30 am, miembros del Esmad ingresan violentamente al casco urbano del municipio de Remedios, dejando un saldo de por lo menos 17 personas detenidas irregularmente.
- El pasado 4 de agosto desde el mediodía ingresaron varios buses, tanquetas, helicópteros y aviones con refuerzos para el ESMAD.
- Las comunidades campesinas e indígenas de los municipios de Remedios y Segovia, se declararon en Campamento de Refugio Humanitario desde el pasado 5 de agosto, 400 de estas personas se ubicaron dentro del coliseo del municipio de Segovia. Hasta allí llegaron miembros del Esmad lanzando gases lacrimógenos que afectaron a niños, niñas, personas de la tercera edad, mujeres en embarazo y la población aledaña al lugar.
- En la madrugada del 10 de agosto se presentó la quema de dos motocicletas en el parque Santander, Segovia, lugar donde fue constante la presencia de la Policía en los días previos a los hechos.
- La comunidad declaró que miembros del Esmad en varias ocasiones ha atacado las zonas donde la comunidad prepara sus alimentos.
- El día 14 de agosto, durante una ceremonia católica que se realizaba en el sector conocido como La Electrificadora (Segovia), el Esmad arrojó gases lacrimógenos contra los participantes en la homilía.
- El 15 de agosto, asesinado presuntamente miembros de la Policía Nacional del municipio de Segovia el joven de 17 años Brandon Stid Ochoa Estrada.
- El 14 de agosto se reportan las capturas ilegales por parte de la policía de por lo menos 3 personas en el punto llamado La Cucaracha.
- El día 15 de agosto, los comités de salud y la Mesa Minera registran cinco personas con heridos leves ocasionadas por balas de cristal, balas de goma y con material de piedra caliza arrojadas por miembros del Esmad.
- El señor Jorge Cañas ingresa al hospital municipal el día 15 de agosto afectado en el rostro por disparo con objeto no común lanzado por miembros del Esmad.
- Ataques por parte del Esmad en zonas de riesgo como estaciones distribuidoras de combustible y suministro de gas poniendo en riesgo a manifestantes.
- La señora Sonia Gonzales señala a miembros del Esmad como responsables de la destrucción de su vehículo personal (moto) el día 17 de 15 de Agosto, además de no permitirle la movilidad por el casco urbano del municipio, mientras trasladaba a su hijo, menor de edad de 13 años afectado por los gases lacrimógenos
- De igual forma, miembros de los cuerpos de salud denuncian que han tenido dificultades para auxiliar a la población civil que se encuentra en las casas afectadas por la presencia directa del Esmad dentro de las instalaciones hospitalarias del municipio.
- En el municipio de Segovia, los padres de familia se niegan a enviar a sus hijos a estudiar por la intimidante presencia del Esmad cerca a las instituciones educativas.
- El día 15 de agosto, declararon miembros de la comunidad educativa pertenecientes al Colegio Liceo Liborio Bataller, que fue tomado por el Esmad para atacar desde allí a la población civil, graves daños fueron ocasionados por los uniformados afectando la infraestructura de la institución educativa.
- Es así como el Esmad ha venido usando bienes de uso público, educativo, deportivo, recreativo y social para permanecer en los mismos e incluso dirigir desde allí los ataques a la población civil. Y lo que resulta más grave, el Esmad ha ingresado a casas de la población civil, causando daños físicos, amedrentando a la comunidad y usando los corredores de las casas para atacar a los manifestantes.
- Todo esto se suma a una cantidad de insultos y desmanes por parte de la fuerza pública en contra de la población.
- Por su parte, en el barrio Estrada parte alta, el Esmad ingresó a la casa de la Señora Wendy Bedoya, estropeando el techo, sin importar la presencia de dos menores edad.
- El día 15 de agosto miembros del Esmad se atrincheran en la casa de la ciudadana Alejandra Valencia, inmueble ubicado en el barrio 13 de mayo, los efectivos policiales lanzan gases dentro de la casa.
- El martes día martes 15 de agosto se observa y registra en video a equipo de francotiradores ubicados en la parte alta del barrio Liborio Bataller cerca de las 9:30 am, del mismo modo la comunidad denuncia el abandono de un bolso con contenido desconocido en zona cercana a las casas con material desconocido.
- El pasado 18 de agosto, alrededor de las 5 p.m. ya finalizada la reunión entre la institucionalidad con las organizaciones sociales, la comunidad y mientras se realizaba el sepelio y un acto conmemorativo en rechazo del asesinato del joven Brandon Stid Estrada, el Esmad ataca esta caravana lanzando directamente gases. Este ataque dejó un saldo de una persona asesinada, presuntamente por material explosivo lanzado por el Esmad, otra persona herida de gravedad a quien fue necesario amputarle una de sus extremidades y otra persona levemente herida. La víctima fatal fue el señor Alexis Gregorio Acevedo de 42 años, quien según el reporte del personal del Hospital San Juan de Dios llegó con herida de tórax, exposición pulmonar y cardíaca; otro manifestante más quedó gravemente herido al que hubo que amputarle una extremidad (Telesur Videos, 2017).
- En total el saldo reportado por personal médico es de por lo menos 50 heridos, 3 homicidios y 3 personas que luego de heridas hubo que amputarles alguna extremidad.
Vale la pena mencionar que el subregistro de heridos puede ser mucho mayor, la comunidad ha manifestado que al ingresar a las instalaciones hospitalarias han sido judicializados los heridos o sometidos a procesos ilegales, por ello muchos no acuden a la atención médica.
Las declaraciones del personero de Segovia, Jeyson Atehortúa Salazar (El Espectador, 2017), demuestran el tratamiento hostil, militar e ilegal que desde el Puesto de Mando unificado se le ha dado a la manifestación minera, así mismo las declaraciones del Concejo de Remedios, Segovia y el cuerpo de Bomberos (Caracol Radio, 2017) demuestran el carácter insensato de la Gobernación de Antioquia, la fuerza pública y demás entes estatales que intentan a toda costa deslegitimar la protesta social sin detenerse en las justas peticiones de los manifestantes.
Recomendaciones
Al Gobierno Nacional, al Ministerio Público, los entes regionales:
1. Reiteramos la exigencia para que el Esmad salga de los municipios y se instale una mesa de negociación con los mineros, así mismo, se desmantele el escuadrón antidisturbios de la Policía colombiana (Es-mad), las formas de represión estatales y el uso desproporcionado de la fuerza por toda la geografía nacional.
2. Que el Gobierno Nacional conforme una comisión de alto nivel para verificar la situación y el nivel de riesgo de los manifestantes y que se tomen decisiones en materia de prevención y que se garantice la protesta social.
3. A la Procuraduría General de la Nación, para asumir y cumplir la función de investigar, sancionar y rechazar los excesos, los señalamientos, estigmatizaciones y las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas contra los manifestantes por parte de la Gobernación de Antioquia, el ministerio de Defensa y demás instituciones del Estado y que son contrarias a la Directiva 002 del 14 de junio del 2017 de la Procuraduría General de la Nación.
4. A los organismos de control y fiscalía para que investigue y haga seguimiento a los excesos del Esmad en relación con la utilización de armas letales y asuma de manera imparcial las investigaciones de los asesinatos y heridos ocurridas contra los manifestantes mineros.
5. Ejecutar todas las acciones tendientes a la prevención y protección de los manifestantes, la salida negociada, basada en el respeto a los derechos humanos.
6. La derogación del Código de Policía que permanece vigente a pesar de haberse admitido varias demandas contra este y porque además viola el espíritu de derechos consagrados el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos firmado por Colombia.
7. Responsabilizamos al gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, por los hechos que se puedan presentar en Segovia y Remedios.
8. A las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales estar rechazar el tratamiento militar y de guerra que se ha dado por respuesta el Estado colombiano.
Informe realizado por
Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular
Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Sociales, Comunales,
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia
Instituto de Popular de Capacitación, IPC
Corporación Jurídica Libertad, CJL
Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño, Asovisna
La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
(Cahucopana)
orporación de Derechos Humanos Gustavo Marulanda
Fundación Sumapaz
Agencia Prensa Rural
Referencias
- Agencia de Prensa. (19 de agosto de 2017). Comisión de derechos humanos alertó por agudización de la crisis humanitaria en Segovia. Agencia de Prensa IPC. Recuperado de http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/08/19/comision-de-derechos-humanos-alerto-por-agudizacion-de-la-crisis-humanitaria-en-segovia/
- Agencia Prensa Rural. (17 de agosto de 2017). Comunidad de Segovia #Antioquia publica videos confirmando que @region6policia ha ubicado francotiradores en casas en los últimos días. Agencia Prensa Rural. Recuperado de https://twitter.com/PrensaRural/status/898005602303082496/video/1
- Agencia Prensa Rural. (3 de agosto de 2017). Mineros de Segovia y Remedios reclaman sus derechos. Agencia Prensa Rural. Recuperado de http://prensarural.org/spip/spip.php?article21861
- Álvarez, V. (7 de agosto de 2017). En medio del paro minero, llegaron alimentos desde Medellín a Segovia. El Colombiano. Recuperado de http://www.elcolombiano.com/antioquia/alimentos-llegaron-de-medellin-a-segovia-JY7054290
- Betancur, M. (2017). Segovia y Remedios demandan reparación y justicia. Agencia de Prensa IPC. Recuperado de http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/08/08/segovia-y-remedios-demandan-reparacion-y-justicia/
- Caracol Radio (22 de agosto de 2017). Bomberos de Segovia denunciarán al Gobernador Luis Pérez. Caracol Radio. Recuperado de http://caracol.com.co/emisora/2017/08/22/medellin/1503409530_647798.html
- El Espectador. (22 de agosto de 2017). "Acciones de la Policía no cuentan con nuestro aval": Personería de Segovia. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/acciones-de-la-policia-no-cuentan-con-nuestro-aval-personeria-de-segovia-articulo-709282
- García, C. (2017). Mineros de Segovia y Remedios protestan para exigir garantías de formalización. Agencia de Prensa IPC. Recuperado de http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/07/22/mineros-segovia-remedios-mineria-grand-colombian-protesta-8776/
- Gran Colombia Gold. (2017). Q4 and Full Year 2016 Results. Recuperado de http://s21q4cdn.com/834539576/files/doc_presentations/GCM-Q4-2016-Final.pdf
- López, D. (2014). Precioso Robo. Violencia, Corrupción, incultura y desasosiego en Segovia y Remedios, Antioquia. Agencia de Prensa IPC. Recuperado de http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/08/08/segovia-y-remedios-demandan-reparacion-y-justicia/
- Noticias Caracol. (23 de agosto de 2017). Polémicos señalamientos del gobernador de Antioquia contra indígenas y bomberos de Segovia. Noticias Caracol. Recuperado de https://noticias.caracoltv.com/medellin/polemicos-senalamientos-del-gobernador-de-antioquia-contra-indigenas-y-bomberos-de-segovia
- Sánchez, O. (1 de septiembre de 2010). Mineros de extinta Frontino, a paro por despidos masivos. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4122155
- Sintramienergetica Nacional. (Junio de 2016). La clase obrera y el pueblo unido, jamás será vencido. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética. Recuperado de http://sintramienergeticanacional.blogspot.com.co/2010/06/
- Telesur tv. (17 de agosto de 2017). Mineros alertan uso de francotiradores en Sego-via, Colombia. Recuperado de https://www.telesurtv.net/news/Mineros-alertan-uso-de-francotiradores-en-Segovia-Colombia-20170817-0003.html
- Telesur (Productor) (2017). Colombia: represión del Esmad deja otro muerto en Segovia. [Telesur Videos]. De https://videos.telesurtv.net/video/673759/colombia-represion-del-esmad-deja-otro-muerto-en-segovia/
Notas
1 Comparado con el porcentaje de casos registrados como homicidio a nivel nacional y en el departamento de Antioquia, que respectivamente han sido de 10,9% y 17,7%.
2 Comunicación personal Nodo Antioquia del 28 de agosto. Ver en https://drive.google.com/file/d/0B-9B1H51WKtzOEsxdEdmWThhNDg/view?usp=sharing
3 Comunicación personal Nodo Antioquia del 23 de agosto. Ver en https://drive.google.com/open?id=0B-9B1H51WKtzb19YWElBRzBibTA
Informe sobre la Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Ituango
Contexto
En el marco del proceso de paz, la Guerrilla de las FARC-EP, inicio su ingreso a los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), los que posteriormente fueron denominados las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), uno de estos puntos se encuentra en la vereda de Santa Lucia del municipio de Ituango.
Como consecuencia del ingreso de los reincorporados insurgentes de las FARC-EP a estas zonas de normalización, en la mayoría de las 125 veredas del municipio de Ituango, se comenzó a observar la presencia de personas extrañas portando armadas de fuego de largo alcance, usando uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, quienes empezaron hacer reuniones en los territorios presentándose como Auto Defensas Gaitanistas de Colombia y Clan del Golfo, presuntamente.
Estos hechos han generado inseguridad y zozobra en las comunidades, las cuales manifiestan temor de que se vuelvan a repetir los nefastos hechos de violencia causados por grupos Paramilitares quienes ingresaron al municipio con la connivencia de la fuerza pública, causando graves vulneraciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, como homicidios, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes; hechos de dolor y tristeza que marcaron nuestra historia y por los cuales exigimos las garantías de no repetición, están propensos a volverse a repetir en nuestro territorio.
De igual forma la zona urbana del municipio de Ituango no ha sido ajena a este fenómeno de violencia. En la actualidad se vienen presentando una serie de sucesos que han cobrado la vida de 14 personas en lo que va corrido de este año.
Es así como se hace necesario mencionar los hechos que están causando temor en la población.
Hechos
1. El pasado 23 de enero de 2017 fue asesinado el señor José Antonio Zuleta en la salida del municipio de Ituango en la zona que conduce hacia las veredas de Guacharaquero, Buena Vista y Palo Blanco el cual fue asesinado con arma de fuego por sujetos no identificados.
2. El 17 de mayo de la presente anualidad, en el lugar conocido como la Trampa jurisdicción del Corregimiento de Santa Rita del municipio de Ituango, fue asesinado con arma blanca, una persona conocida con el alias de "Serpa".
3. El 31 de mayo de 2017 en la quebrada las Ánimas en mediación de las veredas la Francia y el Tigre pertenecientes al Corregimiento de Santa Rita, es asesinado con arma blanca el señor Francisco Javier Bedoya.
4. De la semana 19 al 25 de junio de 2017 son desplazas forzosamente cuatro mujeres, las cuales vivían en la zona urbana del municipio de Ituango. Las víctimas manifiestan que se acercaron a la Personería municipal a presentar su respetiva queja la cual no fue recibida por el señor Personero, quien solo les ofreció los pasajes para que se trasladaran para la ciudad Medellín. Nos reservamos a la identidad de las víctimas para proteger la integridad física de estas.
5. El 25 de junio de 2017 aproximadamente a las 10:15 pm, en el casco urbano en lugar conocido como la Peatonal fue asesinado con arma de fuego una persona de nombre Jonathan David Machado Saldarriaga, en este mismo hecho resultaron heridos una joven y un joven, respectivamente.
6. El 5 de julio fue desplazada forzosamente una familia del corregimiento la Granja jurisdicción del municipio de Ituango Departamento de Antioquia; integrada por una señora de la tercera edad, cabeza de familia, cuatro menores de edad y una adolecente de 14 años. Obviamos los nombres de las víctimas para proteger la integridad física. El victimario de esta acción es una persona que se hace llamar con el alias de Chaquiro dice ser integrante del grupo Paramilitar el Clan del Golfo.
7. En el centro poblado de Santa Lucíajurisdicción del municipio de Ituango, donde está ubicada la Zona Veredal Transitoria de Normalización "Román Ruíz ", el día 14 de agosto de 2017 aproximadamente a las 12:30 a.m. fue asesinado, Jesús Adán Mazo García conocido en las filas de la Guerrilla de las FARC como Andrés Molina, el cual estaba en proceso de reincorporación a la vida civil, en el lugar de los hechos se encontraba en la misma habitación Gonzalo Zuleta conocido en las FARC como "Chalo". Los asesinos irrumpen violentando la puerta de la vivienda e inmediatamente le propinan dos heridas causadas con arma calibre nueve milímetros, impactando en el cuerpo de la víctima los cuales le causan la muerte de manera inmediata.
8. El 29 de octubre de 2017, cuatro hombres que se movilizaban en dos motos, se acercaron al barrio Santa Bárbara donde se encontraban aproximadamente diez jóvenes departiendo, los hombres llegaron disparando en repetidas ocasiones al joven Carlos Arturo Yotagri, el cual salió corriendo hacia su casa pero estos personajes lo siguieron hasta su residencia, entraron y le dispararon en dos ocasiones más, causándole la muerte.
9. El sábado 11 de noviembre de 2017 siendo las 7:40 p.m. fue asesinado el señor Daladier Ortiz Velásquez en plena zona céntrica del Municipio de Ituango en un lugar conocido como la Peatonal, quien hacia parte del ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reconciliación), en este mismo hecho resultaron heridas seis personas entre ellas una señora en estado de gestación.
10. Es notorio y de conocimiento público el incremento del microtráfico y el consumo de drogas alucinógenas dentro de la zona urbana y especialmente en menores de edad.
Igualmente la Asociación de Campesinos de Ituango, denuncia la estigmatización y persecución sufridas por la comunidad LGTBI, las cuales por este motivo no se han atrevido a organizarse, pues temen acciones en las que puedan resultar maltratados o violentados.
Asociación de Campesinos de Ituango
Por la reivindicación del ser campesino
Ituango, 14 de noviembre de 2017
Informe de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca
Desde la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca se viene trabajando por la defensa de los derechos humanos, la soberanía alimentaria, por sembrar esperanzas de paz en el territorio y el mejor vivir de los campesinos.
El Bajo Cauca es un corredor estratégico de movilidad para los actores armados ya que tiene una conexión con el Nudo del Paramillo que siempre ha sido un punto estratégico para el desarrollo de actividades delictivas, zona que estuvo en disputa para el paso del narcotráfico y que en la actualidad con la salida de las FARC-EP del territorio las bandas criminales tienen la oportunidad de contar con este, por lo que se oponen a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, ven la posibilidad de controlar la zona y desplegar allí su ruta de narcotráfico además de la producción de pasta base de coca.
Desde que se inició la implementación del acuerdo general y la construcción de una paz estable y duradera podemos notar que la violencia va en aumento, ya que se están fortaleciendo grupos armados en los territorios dejados por las FARC-EP , afectando así a la población civil que veía en el proceso de paz una esperanza para el campo y el desarrollo del mismo.
Los habitantes de la región solo perciben el devenir de muerte y zozobra en el territorio que cada día se va tornando más violento, las amenazas van en aumento tanto a los líderes sociales y comunales, se puede evidenciar el descontento de los actores armados ya que en varias veredas a los presidentes de las JAC les prohíben hacer parte de la implementación y muchos de los presidentes empiezan a declinar su aporte al proceso de establecimiento del acuerdo de paz y la construcción de una paz estable y duradera, ya que están siendo intimidados y la salida más viable que se ve es la renuncia.
En los municipios de Tarazá y Valdivia se pueden evidenciar estos hechos, debido a la persistencia en hacer denuncias y visibilizar la problemática que hay en la región desde el año anterior los directivos y activistas de Asocbac, y líderes comunales hoy están amenazados y en la mira de los actores armados que hacen presencia en la zona, por lo que es poco el trabajo en terreno que pueden desarrollar -ya que por medio de terceros llega la nota diciendo que a los territorios es mejor que no entren pues no son bienvenidos en estos-, pero se ve la muerte de la población rural y urbana - solo en los últimos 4 meses ya van más de 12 muertos , tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales-.
Dentro de la problemática de seguridad presente en el territorio y a pesar de las alertas tempranas y denuncias hechas por la asociación, el caso más reciente es el asesinato del compañero Miguel Pérez, que dentro de los informes presentados ante la ONU el sector Cañón de Iglesias, al igual que en los corregimientos de Barro Blanco y El 12, se suma la incertidumbre de las comunidades del municipio de Valdivia, quienes en aras de iniciar el proceso de sustitución voluntaria se encuentran con una gran consternación -si se inscriben o no- ya que en el territorio personas enemigas del proceso las persuaden para que no lo hagan.
Hoy más que nunca se denota el miedo por implementar el acuerdo general y la construcción de una paz estable y duradera, ya que cada día se ve que las garantías expuestas en el acuerdo poco se ven en la realidad, -es un acuerdo que no va más allá de lo escrito en el papel-, sobresaliendo así el riesgo inminente que corren los líderes por impulsar la implementación.
Informes Especiales
Escenarios y Perspectivas de Paz en la Comuna Nororiental Medellín
Elaborado por: Observatorio Derecho a la Ciudad.
Mirando la Ciudad desde Manrique
El país se encuentra ad portas del tránsito hacia la paz, entendiéndose solamente la no confrontación armada y la salida política a dicho conflicto armado que tienen el reto en la real implementación de los acuerdos pactados entre el gobierno nacional y las FARC-EP el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colón, de Bogotá. Sin embargo, por décadas, y podríamos decir que desde antes de la fundación de la república, las condiciones socioeconómicas de la población han sido blanco de sendas distancias entre ricos y pobres como muestra de desigualdades sociales que indiscutiblemente conducen a igniciones y otras formas de conflictos con grandes repercusiones en la sociedad.
La oportunidad histórica de superar la confrontación armada, permitiría disponer de más recursos a la deuda social, es decir, disminuir las cifras que se disponen a la guerra para implementar políticas sociales que ayuden a acabar esta brecha.
Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países con mayores índices mundiales de desigualdad social, si bien estas cifras se vienen reduciendo en términos cuantitativos, los retos reclaman medidas.
En relación al Coeficiente de Gini, el país pasa de 0,522 en 2015 a 0,517 en 2016, avance prometedor, que impacta notablemente en las ciudades. La cifra debe mirarse de la siguiente manera, mientras más cercano a 0, el municipio o el país es menos desigual. Medellín por su parte bajó de 0,489 en el año 2015 a 0,478 en el año 2016, ello la ubica en la octava ciudad colombiana con índices más altos entre 23 ciudades medidas, aunque en 2015 era la sexta (Rojas, 2017).
La Medellín de ahora, debe cambiar todo el potencial hacia generar dinámicas sociales, entenderlas, transformarlas y darle una salida integral a todas las problemáticas sociales
En la Zona 1, antes llamada Comuna Nororiental, conviven espacios de las comunas 1, 2, 3 y 4. Lugares donde la historia no ha dejado intacta la ciudad, donde está una riquísima representatividad cultural de las subre-giones. Confluyen diversos y múltiples matices del colombiano luchador del día a día, la representación de lo que somos como país.
Estructuras Paramilitar Armadas en la Zona 1, Comuna Nororiental
El panorama general de riesgos y vulneraciones en Medellín, también hay que entenderlo en las cifras y los aspectos socioeconómicos de la población, las paradojas de las relaciones sociales de poder legal e ilegal y sus graves repercusiones en el disfrute de los derechos individuales y colectivos.
La presencia y el control social de las estructuras denominadas ODÍN (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), GAO (Grupo Armado Organizado), paramilitares u otras formas conceptuales de denominación de grupos armados que hacen presencia en esta zona y comunas de la ciudad, representan organizaciones armadas que en determinados periodos de tiempo mantienen tensiones entre sí, estas tensiones han generado toda una crisis social, la construcción de referentes favorables, subvencionadas a partir de las simpatías, imposición de imaginarios en toda la cotidianidad, que no son legítimas, pero que se mantienen por el uso de la fuerza u otras razones que parecieran facultarse para decisiones que son exclusivas de la Justicia o el Estado, pero que esa reconfiguración de poder, sea de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- o la denominada Oficina de del Valle de Aburrá se muestran latentes.
Figura 1. Fuente: Xana Villa García. Licenciada en Ciencias Ambientales, Magister en Ciencias de la Conservación
Estas estructuras del crimen organizado instauradas en los vacíos institucionales aumentan todas las formas la vulnerabilidad de las comunidades, incluso aspectos de la delimitación de la cuadra, el barrio, la comuna. Se utilizan todas las estrategias totalitarias de poder que vinculan a acciones como la extorsión, el sicariato, desplazamientos, amenazas, desapariciones forzadas, tráfico de estupefacientes, reclutamiento forzado y toda una parafernalia criminal de delitos, forman un compendio para ejercer un poder, no solo desde lo delincuencial, sino desde lo social e incidiendo en todas esas definiciones de imaginarios de la población para usurpar el rol del Estado, el control de lo social, de la economía y del territorio.
Las formas organizativas comunitarias, sociales, culturales, políticas son en primera medida las que presentan los niveles más altos de vulnerabilidad, toda vez que su función consiste en buscar alternativas comunitarias para el disfrute de derechos; así mismo, los sectores juveniles, estudiantiles, colectivos con graves repercusiones en los referentes culturales, de identidad, de memoria, las pequeñas y grandes economías legales, el tejido social, en la incidencia participativa y política que hacen las comunidades dentro de sus territorios, las libertades, las decisiones de autodeterminación de cada sujeto y su comunidad.
Figura 2. Fuente: Xana Villa García. Licenciada en Ciencias Ambientales, Magister en Ciencias de la Conservación.
Se han identificado como las formas más comunes de financiación al microtráfico y extorsión.
Prevalece la figura de mando jerárquico que les permite superar fácilmente las tensiones entre combos que puedan presentarse, han adquirido dinámicas que con frecuencia permiten divisiones o fusiones con otros.
El Reclutamiento, vinculación, uso y utilización
En el marco de un conflicto armado, el reclutamiento ilícito se define como la vinculación permanente o transitoria de personas menores de 18 años a grupos organizados al margen de la ley o grupos delictivos organizados, los cuales mediante la fuerza o el engaño inducen a que éstos menores ingresen a sus filas y en consecuencia sean parte del conflicto (Baró, 2013).
En la ciudad las bandas ven en los niños, niñas y adolescentes como mano de obra barata fácil para diferentes actividades criminales, algunos hablaban en el 2016 de cifras escandalosas de 5.400 jóvenes reclutados tan solo en la ciudad de Medellín (Medina, 2016), lo cierto es que la situación no ha cambiado mucho desde el 2016 y nuestros jóvenes son presa fácil de estas dinámicas criminales.
Antecedentes históricos y desarrollo de las Situaciones de Vulneración de DDHH
Las estructuras criminales, y las formas funcionales de paramilitarismo, ven los espacios dejados por las instituciones del Estado su mayor intención, ello ha permitido que se consoliden estas formas de poder y se extienda en el tiempo y el territorio.
Haciendo uso del recuento histórico, podemos ubicar muy cerca de los años 60 que se inician dinámicas de grupos violentos organizados en busca de ejercer el control social. En principio, eran grupos muy reducidos, con un accionar que no implicaba formas de violencia (Medina, 2016).
En los 80, las bandas ya empiezan a intervenir en el territorio con formas como la extorsión, el microtráfico, el hurto y el sicariato. Para esos años, estos grupos eran compuestos principalmente por adolescentes y jóvenes de los barrios populares de escasos recursos económicos que veían la posibilidad de dinero fácil, prestigio y una oportunidad de adquirir recursos económicos.
La figura poder giraba en torno al control territorio, su nivel de organización, su impacto en las comunidades, su poderío que fue puesto con el pasar de los años al servicio del entonces cartel de Medellín.
A mediados de 1985 la banda denominada "Los Calvos" controlaba parte de la Comuna 1 y sus actividades comprendían el robo, la piratería terrestre, la protección de capos del contrabando, ante el rechazo mismo de la comunidad, surgen otras estructuras que generaron más simpatía en las comunidades, hasta tal punto de ser apoyadas en gran medida por la población. Esos grupos armados denominados milicias populares, inicialmente asumiendo un rol de autodefensa, e incluso de limpieza social, lo que implicó además tolerancia por parte del Estado, se dedicaron en principio a acabar esas estructuras que asolaban los barrios de la Comuna Nororiental, luego de alcanzar ese objetivo logran expandirse a gran parte de la ciudad.
En 1988 operaban en el barrio Popular Uno, las Milicias del Pueblo y para el Pueblo y para este mismo año, las Milicias Populares con asiento en Zamora, ya controlaban Manrique Central, San Pablo, La Cruz, Andalucía, Villa del Socorro y Granizal (El Tiempo, 1991). Luego se fortalecen como otras formaciones llamadas Milicias del Valle de Aburra y América Libre, los Comandos Obreros, COB, Comandos Obreros Populares, COAR y Los Comandos Armados del Pueblo, entre otras.
Entre el 1992 y 1998, las milicias se convirtieron en los grupos de control territorial de los barrios de las comunas que fueron perdiendo "poder y legitimidad" por sus constantes abusos, excesos con las comunidades, divisiones internas, bajo nivel político de sus militantes de base y caer en las prácticas delincuenciales que dieron paso a su desaparición. Al tiempo fue cambiando su rol de autodefensa y se plantearon reivindicaciones de carácter más político engranado a las apuestas de las insurgencias.
En mayo del 1994, en una cancha del Barrio Granizal de la Comuna 1, un total de 650 integrantes de las Milicias, bajo el Acuerdo final para la paz y la convivencia con el Gobierno nacional, departamental y municipal, luego de un proceso de negociación deponen sus armas y su accionar, dando nacimiento a Coosercom (Cooperativa de Seguridad Comunitaria), con la cuál empezó un nuevo proceso de violencia en la comuna, ya que esta cooperativa de ex milicianos empezó a perseguir a los diferentes sectores de milicias que no se continuaron el proceso de negociación, tal vez podríamos decir que este fue el primer ejercicio de las llamadas Convivir (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada).
Con la decadencia del Cartel de Medellín y la negociación de las milicias resurgen fenómenos de bandas armadas, conformadas principalmente por jóvenes en condiciones similares a los anteriores que impactan a la ciudad en dinámicas de violencia, no es de carácter político, sino de control social y armado al servicio de los grupos paramilitares que ya operaban en gran parte del país. Paralelo a esto se inicia un nuevo ciclo de milicias ya más ligadas al conflicto social y armado del país a partir de su articulación y dependencia de las fuerzas guerrilleras.
Entre 1998 y 2004 se dio en la ciudad otro proceso álgido de violencia el cual finalizo con el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares de la ciudad. Mencionar la existencia de milicias guerrilleras, Operación Orión, otras más y para el caso concreto de Manrique la Operación Estrella vi realizada en enero de 2003, donde pretexto de combatir las milicias detienen varias decenas de líderes y lideresas principalmente de población desplazada.
De igual manera los vacíos de poder dejados por la extradición, capturas y asesinatos de jefes paramilitar provocaron otra confrontación armadas entre las estructuras que quedaron, es así como llamada Oficina de del Valle de Aburrá, empiezan a disputársela entre alias "Sebastián y alias Valenciano" en el año 2008. Esta contienda disparó la tasa de homicidios en la ciudad hasta alcanzar la cifra de 94,33 por cada cien mil habitantes.
Vínculos y Relaciones
En la historia de los conflictos urbanos de la ciudad, se cuenta que a lo largo de medio siglo, la población más pobre y marginada ha sufrido un control que se hace por el uso de las armas y la violencia, a partir de allí se coacciona y se infunde el miedo para mantenerse vigente las formas de poder. A medida que las disputas entre estas las bandas se configuran, crecen los niveles de desplazamiento intraurbano, despojo, ocupación violenta inmuebles; se instalan las fronteras territoriales, se alterna todas y cada una de las formas de vulneración de los derechos humanos y políticos de las comunidades.
Sumado a esto microtráfico, y aumento del consumo de sustancias psi-coactivas, el control existente de la vida y la honra de las personas, es subyugada. El Estado es reemplazado en sus funciones de tributación, justicia y seguridad, afectando profundamente el tejido social de sus comunidades y la postura ética.
Las bandas de las comunas generalmente están compuestas por adolescentes y jóvenes de los barrios populares de escasos recursos económicos ven la posibilidad de dinero fácil, subsistencia y prestigio. Además los niveles y las brechas de desigualdad social, el desempleo, la deserción escolar, la imposición de imaginarios de poder que suelen ser atractivos, invierten todo un complejo marco autoridad.
Las bandas en las comunas han estado estrechamente ligadas a algunos miembros de la fuerza pública (Matta, 2017), la captura más reciente y fuentes judiciales, lograron establecer la presunta participación del subintendente Gabino Antonio Murillo Grajales, adscrito al grupo de Carabineros de la Institución, habría filtrado y coordinar actividades que beneficiaron a la banda denominada "la Terraza" (2017).
Todo esto da pie a cuestionar la real política de seguridad que se ha im-plementado con el pasar de los años en la ciudad. Con la reciente captura de quien fuera el Secretario de Seguridad y Convivencia, Gustavo Villegas Restrepo por, presuntamente, favorecer a la estructura criminal La Oficina del Valle de Aburrá (Hernández, 2017), se puede entender la gravedad de la crisis institucional, pero además ayudan a entender cómo logran permear estas estructuras a las instituciones para beneficiarse, con las lamentables consecuencias que agudizan las dinámicas del conflicto urbano, las condiciones de inseguridad sin que el Estado ejerza sus control real en los territorios.
Tiempo, territorio y estado
Las formas de vulneración en el territorio son disímiles. La presencia de actores armados, sus dinámicas, las características de las personas que componen estas estructuras se percibe un nivel de riesgos y vulnerabilidades. Entender estas cifras nos ubican a entender dinámicas, fenómenos, sistematicidades, causas y consecuencias de variables socioeconómicas.
Cuadro 1. Dinámicas de Desplazamiento Forzado en la ciudad de Medellín 2016-2017
|
Desplazamiento forzado | |
| Año 2016 | Año 2017 |
| Comuna 1 | |
| 56 | 57 |
| Comuna 2 | |
| 30 | 23 |
| Comuna 3 | |
| 49 | 51 |
| Comuna 4 | |
| 27 | 20 |
| Medellín | |
| 619 | 321 |
Fuente: Subsecretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH, Subsecretaría de Derechos Humanos. Corte enero- 30 de septiembre 2016 y 2017 respectivamente
De los fenómenos que parecen más invisibilizados encontramos el desplazamiento intraurbano de familias enteras, aquí en el Cuadro 1 las cifras muestras una preocupante proporción que las autoridades justifican a las fronteras invisibles, al cobro de extorsiones, amenazas y muertes violentas por parte de los actores ilegales que dominan territorio, en realidad entender las dinámicas de poder ilegal sobre el legal ayuda a identificar las vulnerabilidades de las familias que se ven obligadas a escapar dejando todo el escenario de arraigo, construcción social y planes de vida . Si bien las cifras son alarmantes en comunas como Robledo, Altavista, San Javier; se presenta un aumento de este fenómeno en la ciudad en una proporción de 32,5%, mientras en las comunas 1, 2, 3 y 4 podemos ver que se mantienen las cifras.
Las Condiciones de Vida en la Zona 1
El Índice del Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV) evalúa las condiciones de vida y el desarrollo humano. Se mide con valores de 0 a 100, siendo 100 el máximo nivel de condiciones de vida. Las Comunas 1, 2 y 3 tienen las peores condiciones de este índice, 34,77%, 36,39%, 37,82% respectivamente, muy por debajo de la cifra de la ciudad, le siguen en la misma medida la comuna 4 con un 43,73%. Estas cifras pueden darnos a entender ciertas realidades de las familias que viven en esta zona de la ciudad.
Cuadro 2. Resumen según el Índice del Multidimensional de Condiciones de Vida
| Comuna 1 | Comuna 2 | Comuna 3 | Comuna 4 | Medellín | |
| Indice Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCY) | 34.77 | 36.89 | 37.82 | 43.73 | 48.39 |
| Indice de Pobreza Multidimensional | 23.46 | 23.05 | 17.95 | 15.86 | 12 |
| Tasa de Desempleo | 14.14 | 11.26 | 10.89 | 9.27 | 9.40 |
| Tasa de Informalidad | 53.49 | 48.76 | 46.19 | 45.57 | 44.26 |
| Ingreso Per-Cápita de la Unidad de Gasto (Pesos) | 427.105 | 515.023 | 544.561 | 715.963 | 1.066.240 |
Fuente: Elaboración propia basada Cifras Cuenta con Vos. Alcaldía de Medellín
Figura 3. Tomado de Cifras para Vos 2017 Alcaldía de MedellínLa Pobreza la medida en la Figura 3 es el Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia basada en las privaciones de las familias en escala de 5 de 15
Si bien la ciudad de Medellín hace esfuerzos por superar la falta de acceso a las condiciones básicas para la subsistencia, la política pública de la ciudad ha permitido reducir problemas de acceso en temas de salud, educación, servicios públicos y vivienda, pero son insuficientes para atender las realidades de la población.
Las Comunas 1 y 2 demuestran más carencias básicas del 23,5% y 23% respectivamente y de 17,95% y 15,86% para las comunas 3 y 4.
Figura 4. Elaboración Propia basada en Cifras para Vos de la Alcaldía de Medellín 2017
La Tasa de Desempleo para la Comuna 1 es la más alta de toda la ciudad, igualmente las Comunas 2 y 3 son respectivamente afectadas por las difíciles condiciones que da el desempleo. Las cifras de empleo informal para las comunal 1, 2, 3 y 4 son respectivamente 53,5 %, 48,76%, 46,19% y 45,57%; esta misma tasa para la ciudad en año 2016 fue de 44,26% En Colombia, esta tasa se ha ubicado de forma histórica en el 40% los índices de desempleo y los problemas estructurales de la economía, de la pérdida de empresa son en primera medida las que afectan principalmente al país y a la ciudad.
Para la comuna del Popular (Comuna 1) y Manrique (Comuna 3) se han reportado cifras superiores a las demás comunas con respecto a casos de trabajo infantil. En gran medida las motivaciones son intentar ayudar con los gastos al interior de las familias (Personería de Medellín, 2016, p.61).
Figura 5. Fuente: Cifras para Vos. Alcaldía de Medellín 2017
El Ingreso per cápita de la Unidad de Gasto (en Pesos) para la comuna 1, 2, 3 son respectivamente $ 427.105, $ 516.023, $ 564.561, los más bajos de la ciudad, en la comuna 4 es de $ 715.963, que si comparamos con la comuna 14 de $ 4.137.448 evidencian algunos rasgos de la desigualdad social y la notable insuficiencia para satisfacer las necesidades básicas de la unidad familiar.
Figura 6. Fuente: Cifras para Vos. Alcaldía de Medellín
Cuadro 3. Tasa de Mortalidad infantil en la ciudad de Medellín, 2017
| Comuna 1 | Comuna 2 | Comuna 3 | Comuna 4 | Medellín | |
| Tasa de Mortalidad infantil (Menores de un año por cada mil nacidos vivos) | 11.32 | 7.14 | 9.31 | 78 | 73 |
| Tasa de Mortalidad en Menores de 5 años (por cada mil nacidos vivos) | 12.22 | 7.79 | 10.64 | 78 | 89 |
| Tasa de Mortalidad Materna (por cada mil nacidos vivos) | 0 | 0 | 0 | 50.58 | 24.7 |
Fuente: Elaboración Propia basada en Alcaldía de Medellín Cuenta con Vos 2017
Tasa de Mortalidad infantil
La tasa de mortalidad fijada (Menores de un año por cada mil nacidos vivos) permite a la vez determinar elementos del orden social de la comuna 1, representa 11,32 %, significa que por cada mil niños y niñas nacidos vivos, 11 mueren antes de cumplir su un año de vida. Igualmente 7,14% en la comuna 2, el 9,31% en la comuna 3, y 7,08% en la comuna 4.
Figura 7. Fuente: Cifras para Vos 2017 Alcaldía de Medellín
La tasa de mortalidad para menores de 5 años por cada mil nacidos vivos para la comuna 1, 2, 3 y 4 son respectivamente 12,22%, 7,79%, 10,64% y 7,08%. En la misma medida obedecen a la cantidad de niños y niñas que mueren antes de cumplir 5 años. Las condiciones socioeconómicas pueden influir en gran medida en factores de esta índole.
Figura 8. Fuente: Cifras para Vos 2017 Alcaldía de Medellín
Tasa de Homicidios por cada cien mil habitantes 2016
Para la ciudad de Medellín en el año 2016 fue de 21,5%, la comuna de Aranjuez es la que registran una tasa más alta de la esta zona 1, siendo la tasa más alta las comunas de La Candelaria, Belén, Robledo y Altavista. Las Cifras de Secretaria de Seguridad (SISC) ubican a los grupos organizados en un 51% como el principal autor de estos homicidios, en menor escala asuntos la convivencia, otros son asociados a hurto.
Cuadro 4. Tasa de homicidios en la ciudad de Medellín por edades
|
Tasa de homicidios Medellín. 21,5% | |||
| Mujeres | 38 | Hombres | 488 |
|
Homicidios por edades | |||
| 0-14 | 8 | ||
| 15-29 | 266 | ||
| 30-44 | 168 | ||
| 45-49 | 57 | ||
|
Tipo de arma utilizada | |||
| Arma de fuego | 314 | ||
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Secretaría de inclusión Social, Familia y DDHH. Subsecretaría de Derechos Humanos Alcaldía de Medellín 2016.
En el año 2017, el 30,5% de los jóvenes entre los 18 y 25 años son las principales víctimas, seguido de un 30,2% personas entre los 26 y 35 años de vida. El 90% son hombres y el 10% mujeres.
Cuadro 5. Tasa de homicidios en la ciudad de Medellín por Comunas
|
Homicidios |
Comuna 1 | Comuna 2 | Comuna 3 | Comuna 4 | Medellín | |
| Año 2016 | 10 | 5 | 7 | 19 | 329 | |
| Año 2017 | 8 | 7 | 8 | 17 | 361 |
Fuente: Elaboración propia, fuente Subsecretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH, Subsecretaría de Derechos Humanos. Corte enero- 31 de agosto 2016 y 2017 respectivamente
Todo este escenario invierte dinámicas sociales proclives a tensiones delictivas, luego de haberse fragmentado las formas de convivencia, si bien demostrar que la desigualdad es causante de conductas delictivas es difícil, se puede argumentar que es un ambiente que no incentiva el disfrute de los derechos pero que forjan tensiones sociales que debilitan lazos por la comunidad y repercuten en las relaciones en el territorio.
Cuadro 6. Dinámicas de la Educación en la ciudad de Medellín por Comunas
|
Algunas cifras en materia de Educación | |||||
| Comuna 1 | Comuna 2 | Comuna 3 | Comuna 4 | Medellín | |
| Deserción escolar | 5.64 | 4.67 | 2.82 | 3.99 | 2.93 |
| Tasa, de Cobertura Neta Total (Transición a media) | 87.4 | 81.8 | 90.9 | 83.6 | 87.66 |
Fuente: Elaboración Propia basada en Alcaldía de Medellín Cuenta con Vos 2017
La violencia sexual es otro flagelo. En la ciudad, con datos del último informe de la Personería de Medellín, los índices de violencia sexual en el año 2015 fueron reportadas en 1.667 denuncias, y 1.460 las víctimas fueron mujeres, es decir, el 87,6%. En el año 2016 de 1.537 denuncias por delitos sexuales, 1,362 de las víctimas fueron mujeres, es decir, el 88,6%. Se presentó una pequeña disminución en denuncias por delitos sexuales en contra de mujeres del 7,8% con respecto al año 2015. Con relación a los rangos de edades en los que en mayor número se presentaron estos delitos, tenemos que están entre 6 y 11 años, seguido por 14 a 17, 12 a 13, 0 a 5, 18 a 24 años y 25 a 28.
El escenario no puede ser peor, en materia de tráfico, microtráfico, consumo de sustancias psicoactivas, las capturas por delitos que centran a los jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad como el 50 % de los autores de delitos, ocurre a este grupo etario.
Todas estas cifras muestran un permanente riesgo social que se mantiene en el tiempo mientras se es objeto de las dinámicas de los actores armados que intervienen el territorio.
Las brechas sociales, los constantes niveles de exclusión social que imperan generalmente contra esta los habitantes de esta comuna pueden generar tendencias cíclicas de conflictos como han sido hasta el momento desde el otrora 80 y 90 con tendencias más de pillaje criminal, de degradación social con graves efectos en la ciudad.
Otra percepción de gran valor para este análisis es la composición de estas bandas, gran parte de ellas tienen en sus filas a jóvenes, muchos de ellos menores de edad, lo que permite ilustrar acerca de formas de reclutamiento que se vienen presentando en este sector.
Desaparición forzada
La Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas dice;
La desaparición forzada de personas es la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma (aprehensión, detención o secuestro), seguida de su ocultamiento, o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona, privándola así de los recursos y las garantías legales (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009, p.7)
La desaparición forzada en la ciudad de Medellín continúa siendo un flagelo que se padece invisible ante las autoridades, los datos registrados oficialmente aunque pueden no recoger totalmente los registros, si obedecen a prácticas de lesa humanidad con gran impacto en las comunas de la zona 1 y toda la ciudad.
Cuadro 7. Desaparecidos en la ciudad de Medellín primer semestre de 2017
| Desaparecidos Medellín enero-septiembre de 2017 | |
| Hombres | Mujeres |
| 153 | 48 |
| Total: 201 | |
Fuente: Elaboración Propia cifras Medicina Observatorio Legal
Trata de personas
Un delito que soporta en gran proporción con el subregistro es el de la trata de personas. La trata, consiste en utilizar en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona. Para que la explotación se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. Los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Además se considera trata de personas la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos (Acnur, 2016).
El pasado 30 de julio se conmemoró el día internacional contra la trata de personas, la mayoría de las víctimas, es decir 86,5%, fueron mujeres, mientras que el restante 13,5% fueron hombres. En gran medida son ins-trumentalizados y traficados niños, niñas y adolescentes. De los municipios colombianos las víctimas son provenientes principalmente de Medellín, Bogotá, Manizales, Armenia, Pereira y Cali (El Espectador, 2017), son las comunas marginales y pobres donde la población es más sensible y vulnerable a este condenable delito.
Esta transgresión a la ley se expande desde las zonas visitadas por turistas hasta el resto de la ciudad, también tiene modalidades de proxenetismo que las bandas delincuenciales de la ciudad están empleando para ofrecer a turistas incluyendo paquetes sexuales con menores de edad (Flórez, 2017).
Tendencias
El panorama podría empeorar, sobre todo si tenemos que mientras exista coerción de mando sobre las bandas será más fácil que internamente se reacomoden y reconfiguren en su quehacer, no sucede lo mismo en la comuna 16, donde son constantes los enfrentamientos entre 'los pájaros' y 'los chivos'.
La situación es semejante a una bomba de tiempo. En la medida que existan bandos en contienda interna al servicio de las AGC y la llamada Oficina del Valle de Aburrá, que también están en confrontación la proyección puede acercarse a fenómenos cíclicos de violencia generalizada, esta podría ser una de las razones por la que tienden a agudizarse cada vez la situación de derechos humanos en las comunas.
La Paz territorial debe llegar a las realidades de la gente como el conjunto de medidas, planteamientos y etapas necesarias encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones más pacíficas y sostenibles (dentro de un territorio), debe entenderse como el conjunto de acciones destinadas a favorecer una paz duradera, independientemente del momento en el que se aplican (si es antes, durante, o después de un conflicto armado).
El tiempo de la paz como realidad trasformadora debe pasar transver-salmente por las garantías de las obligaciones estatales y los máximos/ mínimos vitales para la población.
Estrategias de intervención para la transformación
- En materia de seguridad, se requiere que esta sea de carácter integral y que implique todo el aparataje interinstitucional con posibilidades de fortalecimiento del pago de la deuda social que reduzca las desigualdades y genere oportunidades de todo tipo.
- Urge reducir a cero la cifra sobre deserción escolar, aumentar la cobertura, ampliar los espacios de ocio sano para los jóvenes y mejorar la calidad de la Educación.
- El trabajo interinstitucional en el orden de lo social debe destacarse en las comunas para el fortaleciendo el tejido social y la recuperación de los valores de identidad, comunitarios.
- La construcción de una agenda social pública de cara con amplia participación de las comunidades buscando siempre combatir y acabar las brechas sociales.
- Las acciones de intervención deben ser de carácter Institucionalidad y de gran impacto en la recuperación de tejido social.
- La necesidad histórica de garantizar una planeación y gestión social efectiva, con la intervención en alto grado de los sectores más vulnerables.
- Habilitar proyectos y programas con responsabilidad social capacidad evocadora y pedagógica.
- Construir participativamente relaciones interinstitucionales.
- Diagnosticar y monitorear permanentemente los procesos comunitarios que ayudan a consolidar ofertas de impacto comunitario: sociales, políticos y económicos.
- Consolidar las relaciones inter comunitarias.
- Garantizar el derecho a la ciudad
- Ejecutar más y mejores procesos pedagógicos y de formación de líderes.
- Construcción permanente de la cartografía social, sus conflictos que requieran atención inmediata.
- Realización de programas y obras de gran impacto en la comunidad basados ante todo en la concertación, que generen espacios de inclusión social, de participación, que generen además cambios positivos en la desigualdad social y en las oportunidades de los habitantes.
- La garantía de no repetición de hechos violentos con acciones claras y precisas.
- Cualificación afectiva de la administración de justicia.
- Estrategias de prevención y violencia a nivel poblacional y barrial.
- Fortalecimiento de procesos de planeación local, de seguridad, fortalecimiento de programas de cuadrantes.
- Así mismo el papel de la recuperación y aporte desde la Memoria histórica, acompañando con pedagogías que involucren ampliamente el papel de la Paz.
- Fortalecer los programas de prevención de uso de sustancias psicoactivas.
- Operaciones estructurales, que golpeen a una organización criminal desde la cúpula hasta los cimientos pasando por sus redes de financiación y lavado de activos. Programas de atención y prevención contra el fenómeno de reclutamiento forzado y el uso de niños, niñas y adolescente por parte de las estructuras criminales paramilitares.
- Programas de prevención a casos de violencia intrafamiliar.
- Intensificar campañas y programas para atacar el consumo y uso de sustancias psicoactivas.
- Impulsar campañas para prevenir la violencia contra la mujer.
- Trabajar por reducir al cero la tasa de desempleo.
- Impulsar, patrocinar, construir planes que apunten a superar la precaria situación económica y de pobreza
- Fortalecer programas para el impulso del deporte, el arte, la cultura y el ocio sano.
- Garantizar el derecho a la ciudad de todos y todas las habitantes.
- Reconocer los liderazgos populares y su trabajo por el derecho al territorio.
- El fortalecimiento de las instituciones del Estado, como también establecer las responsabilidades de acción u omisión en el tema de seguridad.
Elaborado por
Equipo Derechos Humanos Fundación Sumapaz.
Referencias
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- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2009) Desapariciones forzadas o involuntarias. Ginebra: Folleto informativo N° 6.
- Baró, I. (14 de abril de 2013). Reclutamiento Forzado. Recuperado de http://reclutamientoforzado1.blogspot.com.co/
- El Espectador. (30 de julio de 2017). 86% de las víctimas de trata de personas son mujeres: Gobierno. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/politica/86-de-las-victimas-de-trata-de-personas-son-mujeres-gobierno-articulo-705636
- El Tiempo. (17 de septiembre de 1991). Milicias Populares: Sangriento Juicio. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-155834
- Flórez, C. (19 de febrero de 2017). Turismo sexual infantil, un crimen sin ley. El Mundo.com. Recuperado de http://www.elmundo.com/noticia/Turismo-sexual-infantil-un-crimen-sin-ley/46716
- Hernández, Y. (11 de julio de 2017). La política de seguridad de Medellín está fracasando. Agencia de Prensa IPC. Recuperado de http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/07/11/la-politica-de-seguridad-de-medellin-es-ta-fracasando-gustavo-villegas/
- Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2017). Cifras preliminares de lesiones de causa externa en Colombia. Recuperado de http://www.medicinalegal.gov.co/observatorio
- Matta, N. (8 de noviembre de 2017). Capturan a un policía por supuestos nexos con "la Terraza". El Colombiano. Recuperado de http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/capturan-a-un-policia-por-supuestos-nexos-con-la-terraza-MF7654349
- Medina, F. (2016). Una historia de las milicias de Medellín. Medellín: Instituto Popular de Capacitación. Personería de Medellín. (2016). Informe sobre la situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Recuperado de file:///C:/Users/ELENA%20MACKEN/Downloads/informe-ddhh-2016.PDF
- Rojas, J. (27 de marzo de 2017). Pobreza bajó en Antioquia y Medellín durante 2016. El Colombiano. Recuperado de http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/pobreza-bajo-en-antioquia-y-medellin-durante-2016-XM6196347
Población LGBTI vs Heteronormatividad en las montañas "libres" antioqueñas
Foto: Marcha de la Diversidad Sexual y de Género Región Pacífico (Cali-2017)
"El Estado y el gobierno nos condenan por nuestras orientaciones
sexuales e identidades de género diversas, pero nosotros-as,
hombres y mujeres diversos-as seguimos en nuestra lucha por
una verdadera inclusión social, política y participativa."
Juan Esteban Rámpira Gómez.
ctivista LGBTI Polo De Rosa-Nodo Antioquia
Antecedentes
En Medellín y en Antioquia las cosas siguen siendo color rosa oscuro para la población LGBTI; seguir mencionando que no hay ninguna clase de garantías para esta población desde ninguna perspectiva, porque se habla de una Política Pública que ni siquiera se cumple, la misma que en el momento del apogeo simula las luchas y las reivindicaciones de la población, pero que al pasar el tiempo se queda en letra muerta; Política Pública que no refleja, ni muestra las verdaderas problemáticas de estos hombres y mujeres que hacen parte de la población; Política Pública que no evidencia todas las demandas características que como hombres y mujeres pertenecientes a la población requerimos. Algo debe quedar muy claro y es que esta población no está en búsqueda que se nos vea o se nos trate con lástima o rareza por el solo hecho de amar a otro ser del mismo sexo; desde esa óptica podemos afirmar tajantes que existen muchos aspectos en los cuales la población LGBTI se encuentra en una gran desventaja; para empezar tendríamos que seguir mencionando y manifestando, de manera contundente, que en Medellín y en Antioquia no hay ninguna clase de garantías para nuestra población, ni en términos laborales, ni educativos, ni sociales, ni incluyentes, entre otros.
Pero más que quedarnos en la mera queja o en la denuncia inerte, seguimos mencionando que en esta ciudad donde hay recursos para todo y todos los sectores poblacionales, hablando desde la parte burocrático-administrativa de turno, es complejo llegar a un acuerdo para destinar recursos decentes y suficientes para atender a la población de forma efectiva; y es que a los gobernantes de turno poco o nada les interesa hablar de las problemáticas reales de esta población; esto se demuestra con la poca asistencia y propuestas serias de parte de concejales, de congresistas y hasta del mismo alcalde, cuando el tema es concerniente a la problemática LGBTI y las continuas violencias que se presentan de forma sistemática y permanente.
En la ciudad y el departamento siguen asesinando y cercenando cualquier posibilidad de reivindicación de luchas; las vulneraciones hacia nosotros y nosotras siguen siendo masificadas de manera atroz y despampanante, y perseguidos-as por esas costumbres y prácticas de índole machista y patriarcal que se resumen en una imposición heteronormativa, costumbres y prácticas que nos hacen ver y percibir como un germen peligroso de la sociedad, entonces es desde aquí donde no podemos hablar que Colombia es un Estado Social de Derecho, porque nos están negando amar y demostrar nuestros afectos en el espacio público, donde el único objetivo de la mayoría de legisladores es acabar con nosotros de manera sistemática e impositiva a través de posiciones subjetivas y sesgadas de heteronormatividad, que han repercutido de manera excluyente y marginal, desembocando en el exterminio de nuestra población.
Seguimos siendo perseguidos-as y agredidos-as por la policía y el ejército; manifestar nuestros afectos en centros comerciales y lugares públicos ocasiona maltrato físico, verbal y sicológico por parte de sus dueños, seguimos siendo desplazados-as por tener una orientación sexual o una identidad de género diferente, seguimos siendo excluidos-as de espacios de incidencia por hablar del tema de forma franca; nos siguen vulnerando nuestros derechos y no pasa nada, pero peor aún, se siguen cometiendo crímenes de odio y nos convertimos inmediatamente en un indicador; es decir, nos sumamos a los indicadores de todas las entidades, pero de investigación seria alguna, no hay nada.
Costumbres heteronormativas que están acabando con la vida de las personas por el solo hecho de tener una orientación sexual o identidad de género diferente, sin contar los muchos casos de suicidio que cometen muchos hombres y mujeres jóvenes por causa de ese matoneo físico y psicológico que les hace la sociedad. Y ningún fin amerita llevar a la desesperación a un-a joven por el solo hecho de ser gay, lesbiana, bisexual, trans o intersexual, hasta provocarles el acabar con su vida. Pero así nos quieran embaucar, coartar y cooptar con todas las políticas públicas que se inventan, desde ese discursito donde se habla de aceptación y de inclusión y de que ya la homosexualidad es un hecho social "normal", es evidente que todo ello es una gran mentira porque nos siguen viendo como enfermos mentales, porque no han querido reconocer que también somos personas que estamos ahí, que aportamos, que incidimos y que lo que queremos es transformar y seguir apostándole a un verdadero proyecto de inclusión y equidad social. La única verdad de a puño es que se nos sigue estigmatizando y vulnerando.
Vemos necesario mencionar dentro de este informe casos muy relevantes que demuestran que no hay posibilidad alguna de garantías para nosotros y nosotras, hombres y mujeres que hacemos parte de esta población, donde se demuestra que en Antioquia y en Medellín los gobernantes tienen una deuda grandísima con la población LGBTI, porque en Antioquia y Medellín se volvió costumbre la burla generalizada hacia la población, burlas oficialistas y no oficialistas cargadas de odios, desprecios, silencios y muertes.
En Antioquia como departamento que no legisla aun de forma decidida y concreta a favor de la población LGBTI, se siente y se percibe por parte de las y los integrantes de esta, que no somos acogidos-as por ninguna política departamental, y esto lo que demuestra es que en nuestro departamento, no se aporta desde las voluntades políticas al tema de la defensa y la protección de hombres y mujeres diversos sexuales y de género; antes bien, se volvió una costumbre que ciertas élites, conformadas por las llamadas "divas" de la población quieran gestionar y jalonear recursos, mencionando que es para la construcción, desarrollo y transformación de temas meramente de diversidad sexual y de género (Políticas Públicas), pero nada de esto impacta realmente en las realidades padecidas y no se cumple en su objetivo prioritario; todo lo contrario, sigue la opresión, la vulneración, el abandono y la condena eterna hacia la población.
En Antioquia las vulneraciones hacia la población LGBTI se han masifica-do tanto, que no solo se quedan en los actos de LGBTI-fobia, sino que también ha crecido el rechazo en términos de las diferentes prácticas sociales que nos permiten la Ley escrita, la cual ha sido incorporada a esta misma Política Pública en la que se busca nuestra inclusión; por ejemplo, en términos del acceso al ámbito laboral, la población trans no puede ejercer ningún otro trabajo sino es solamente el de la peluquería o el mal llamado "trabajo sexual", que en verdad es explotación y recrudecimiento de la miseria, o a los hombres y a las mujeres que "no han salido del closet", y que se hace más fácil discriminarlos-as por esa misma situación de invisibilidad y clandestinidad; es así como se evidencian diversas formas de discriminación que se presentan a diario en nuestra cotidianidad machista y patriarcal, que nos hacen sentir como los nadie.
Por otra parte, a partir de datos recolectados por la Unidad de Víctimas, alrededor de 1.275 persona LGBTI han sido víctimas del conflicto armado interno en Colombia en los últimos 50 años; de ese número macabro 82 han muerto, 172 han sido amenazadas y 930 han sido desplazadas. Estas personas fueron agredidas principalmente por su orientación sexual e identidad de género diversa, además, fueron perseguidas.
Es necesario añadir que ninguna institución de índole estatal o del ministerio público en Colombia toman en serio a las personas LGBTI que han sufrido abusos y ataques por parte de los diferentes actores armados, y ya es hora que en tiempos de postconflicto pasen a reconocer que la población LGBTI ha sido víctima significativa de violencia sexual durante los últimos 50 años. Ya es hora que, en tiempos de postconflicto, el campo y las áreas rurales de Colombia se transformen profunda y estructuralmente, de manera que el territorio rural se convierta en un escenario para la convivencia con la diversidad social, cultural y sexual, donde se promuevan la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, se afirmen y restituyan los Derechos y se elimine para siempre la violencia.
Pero la situación para la población en Antioquia se agudiza cada día más. No hay cómo poner estas situaciones de vulneraciones en escenarios de incidencia, porque ni siquiera los entes correspondientes para investigar estos casos lo hacen, es decir, seguimos siendo parte de un registro institucional. Es necesario que se reconozca que la población LGBTI es víctima en todos los aspectos; que las mismas instituciones nos vulneran como población y nos revictimizan desde todos los talantes y desde todos los ángulos que puedan existir; no se puede seguir permitiendo que seamos una población que desde los discursos partidistas y politiqueros nos están condenando.
Hoy, al año 2017, todavía hay miles de casos de crímenes de odio que no se investigan; cabe mencionar que las personas de la población LGBTI con las luchas como disidentes sexuales y del género, se convierten en enemigos de esta "cultura" retrógrada, machista, patriarcal y heteronormativa.
La lucha de la población LGBTI en términos de visibilización, de procura de sus derechos y de todo el reconocimiento buscado, ha sido una lucha que nos ha condenado de manera directa en lo social, lo político, lo religioso, lo económico, entre otros aspectos claves de la sociedad, no solo desde la norma sino desde la cultura y la realidad que heredarán, de forma desafortunada, las nuevas generaciones dentro de ese contexto o matriz social xenofóbica, sexista, machista y discriminatoria.
Hechos documentados
En Antioquia y en Medellín en lo que ha corrido del año 2017, se han presentado vulneraciones altamente fuertes y significativas contra la población LGBTI, y aunque suene redundante o reiterativo, estos casos no son reconocidos ni investigados como es el deber ser por parte de los entes a quienes les corresponde. Por ende estos casos se quedan en la total impunidad y en el olvido institucional y social; un olvido para quienes no les interesa ese ser o esa persona a la que le vulneraron sus derechos más básicos. Asimismo, es indispensable anotar que frente a estos actos de violencia y discriminación influyen factores o asuntos transversales que ostentan las personas como lo étnico, lo racial, la clase socioeconómica, la situación de habitabilidad de calle, la discapacidad, la relación entre la injerencia política y el conflicto armado interno, las organizaciones criminales reeditadas y los escenarios propios de la cotidianidad social tales como el contexto escolar, el entorno laboral y el núcleo familiar.
Pero estas costumbres y arraigos de tipo cultural están quitando la vida a estos hombres y mujeres que hacemos parte de la población, y ante esto no se hace nada porque no existe ni la más mínima posibilidad que la población LGBTI pueda avanzar en términos de esa lucha por alcanzar realmente los derechos, no para ser aceptados-as ni tolerados-as sino como el derecho fundamental mínimo o básico de las mujeres diversas y los hombres diversos. Nos habla nuestra Constitución que Colombia es un Estado Social de Derecho, pero nada de lo que está consignado en ese papel se cumple, porque la realidad es otra totalmente diferente; más aun cuando la población diversa tiene que enfrentarse con esas Políticas Públicas deficientes, descontextualizadas y con pocas voluntades reales para avanzar en términos de defensa y protección integral de la población LGBTI.
En Antioquia se han presentado en 2017 varias vulneraciones hacia nuestra población, y esto nos obliga a seguir haciendo hincapié en que nos están asesinando y no hay nada que remedie estas vulneraciones; cabe recordar con pesar, que estas vulneraciones y estos asesinatos hacia las personas LGBTI, se quedan en cifras frías que se vuelven titular amarillista de las noticias del día a día y, por tanto, no se investigan por la ausencia de voluntades que así lo permitan.
Casos documentados
El pasado jueves 01 de junio de 2017 a las 6:45pm el personal de seguridad del Centro Comercial Mayorca Megaplaza, ubicado en Sabaneta, encontró a una pareja de hombres al parecer sosteniendo relaciones sexuales en uno de los cubículos de los baños. Como esa conducta está prohibida, iniciaron un proceso para desalojarlos del lugar y grabaron todo, según los protocolos que el Centro Comercial establece para estos casos. Sin embargo, las imágenes terminaron en redes sociales y en ellas, además, se ve al Jefe de Seguridad del lugar maltratando verbal y físicamente a uno de los hombres, haciendo afirmaciones tales como "los baños del Centro Comercial me los tienen que respetar, el Centro Comercial no es un prostíbulo, para eso hay moteles y mangas. Y aquí quedaron grabados ustedes porque eso es un irrespeto", antes de forzar al hombre adulto mayor a salir. El Jefe de Seguridad les asegura que les prohibirá el ingreso al Centro Comercial y los amenaza diciendo "cuando los vea aquí, la seguridad se va a encargar de sacarlos porque son personas no gratas y se me retiran por favor antes de que los levante a pata". En los últimos segundos de grabación, el empleado termina dándole un golpe e insultando al otro hombre que se negaba a salir del baño.
El pasado miércoles 22 de marzo de 2017 a las 11:40pm en el sector del CAI de Soya, zona tradicional de ejercicio de prostitución de mujeres trans, fue baleada con cuatro impactos, por un par de individuos motorizados, la joven mujer transgenerista dedicada al trabajo sexual conocida como Andrea, Andrés Felipe Calderón Gómez; inicialmente había sido trasladada al Hospital Marco Fidel Suárez del municipio de Bello, pero de allí fue remitida a Policlínica; según datos de allegados cercanos este ataque ocasionó que Andrea quedara postrada de por vida a una silla de ruedas.
En el municipio de Puerto Berrío, subregión del Magdalena Medio an-tioqueño, se presentó un caso de asesinato el viernes 07 de abril de 2017 a las 11:00pm, cometido contra el chico gay Jhon Sebastián Marín Zabala de 21 años de edad; este crimen de odio por prejuicio fue ocasionado por múltiples heridas con arma blanca por órdenes dadas por un delincuente reconocido incluso por las mismas autoridades locales por su larga lista de antecedentes penales, de nombre Luis Fernando Querubín y apodado "Marlboro". Este caso resulta emblemático ya que las autoridades tenían en su haber una denuncia presentada por la propia víctima desde octubre de 2015, cuando alias "Marlboro" le propinó una golpiza, golpiza que se repitió, pero esta vez a "planazos" de machete, a mediados de enero del presente año. Actualmente se encuentra en proceso de investigación por parte de la Fiscalía local, mientras el asesino "Marlboro" se pasea "como Pedro por su casa" por el municipio de Puerto Berrio, va a misa, comulga, y hasta saluda sin ningún empacho a la madre de la víctima. Este caso está íntimamente relacionado con otro crimen que continúa en la impunidad, también ocurrido en Puerto Berrio, pero contra una mujer lesbiana.
En la ciudad de Medellín el 06 de octubre de 2017, el adolescente Kevin Mosquera de 14 años fue hallado sin vida en su casa, el cuerpo sin vida de Kevin fue encontrado sobre su cama, según testigos manifestaros que a Kevin le gustaba vestir como si fuera una mujer.
En la vereda La Chinita, del corregimiento de San Félix de Bello, una pareja perteneciente a la población LGBTI, inició una discusión que terminó con la vida de Sebastián Otálvaro, un joven de 23 años de edad (Noticias Caracol, 2017).
Una joven trans fue expulsada del templo católico en el municipio de Anzá cuando se encontraba en la misa; la joven manifiesta que el sacerdote se le acercó y delante de todos los feligreses le dijo "Te salís, te salís, te advertí que si entrabas vestido de mujer aquí a la iglesia te sacaba" (Caracol Radio, 2017).
Una mujer trans fue asesinada en Caucasia; Angelina Miranda tenía 25 años de edad, y era reconocida en esta zona del Bajo Cauca antioqueño por su activismo por los Derechos Humanos. Hacia las 11:00pm del miércoles 15 de noviembre de 2017, hombres armados irrumpieron en la casa de Angelina Miranda. Después de cruzar unas palabras con ella, uno de los sujetos sacó su arma de fuego con silenciador y acabó con la vida de la activista, propinándole tres disparos.
| Año | 2016 | 2017 |
| Vulneraciones | Entre 2015 y 2016 se presentaron ante la Personería de Medellín 298 casos de vulneraciones | En lo que va del año, según la Personería de Medellín, van 66 casos de vulneraciones |
Es preocupante ver que el rastreo que se hace para poder identificar estos casos, que son diarios y cotidianos para la población LGBTI, no se logre evidenciar casos de crímenes de odio y agresiones por parte de la fuerza pública; esto nos debe de llamar la atención porque es claro que nos están asesinando por tener una orientación sexual o identidad de género diferente y no se hace evidente, seguimos siendo solo cifras, las cuales muchas de ellas no son reales, porque nos ponen que no son víctimas de crímenes de odio, sino que nos categorizan en otros ítems.
Ni qué decir de la fuerza pública legal o no (Bacrim), unas de las más vulneradoras de la población y las que más cometen crímenes de odio, además nos desplazan de nuestros barrios y comunas por tener una orientación sexual o identidad de género totalmente disímil a la que ellos permiten dentro del marco de valores heterosexistas; pero ante estas graves situaciones no hay pronunciamiento alguno de los entes correspondientes; es así que como población LGBTI sentimos un vacío social que no nos permite expresar realmente nuestra lucha e incidencia.
Informe presentado por
Equipo de Activistas del Polo De Rosa- Nodo Antioquia.
Referencias
- Caracol Radio. (8 de noviembre de 2017). Denuncian que párroco de Anzá, Antioquia, expulsó del templo a un joven LGBTI. Caracol Radio, Recuperado de http://caracol.com.co/emisora/2017/11/08/medellin/1510149012_427190.html
- Noticias Caracol. (6 de octubre de 2017). Investigan las muertes de dos jóvenes de la comunidad LGBTI en el Valle de Aburrá. Noticias Caracol, Recuperado de https://noticias.caracoltv.com/medellin/investigan-las-muertes-de-dos-jovenes-de-la-comunidad-lgbti-en-el-valle-de-aburra
Primer balance del Cese al Fuego Bilateral temporal entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Antioquia
Este balance es presentado por el Mecanismo de Monitoreo y Veeduría Social |1| al Cese al Fuego Bilateral Temporal de Carácter Nacional, CFBTN, entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y tiene por objeto analizar su cumplimiento en el departamento de Antioquia entre el 1 de octubre y el 25 de noviembre.
El ejercicio se realizó teniendo en cuenta los nueve puntos que comprende el acuerdo, recogidos del acuerdo Mesa de Negociaciones |2| y los comunicados que cada una de las partes publicaron, el punto principal del CFBTN y 8 acuerdos de buena voluntad para mejorar las condiciones humanitarias de la población civil.
Acuerdo principal:
1. Suspensión de acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y ELN.
Compromisos de buena voluntad del ELN:
2. Suspensión de secuestros contra ciudadanos nacionales o extranjeros.
3. Suspensión de atentados contra la infraestructura del país.
4. Suspensión de enrolamiento de menores con edades inferiores a las autorizadas por el DIH.
5. No instalar artefactos antipersonales que pongan en peligro la integridad de la población civil.
Compromisos de buena voluntad del Gobierno de Colombia:
1. Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas buscando proteger a los líderes/as sociales y así dinamizar el aviso oportuno de amenazas, su trámite, investigación y difusión pública de los resultados.
2. El cumplimiento y aplicación de una ley que recientemente desjudi-cializó varios tipos penales dirigidos a la persecución de la protesta social.
3. Adelantar un programa de carácter humanitario para mitigar las condiciones de reclusión de las detenidas y presos políticos del ELN, en aspectos relacionados con salud, seguridad y acercamiento familiar.
4. Poner en marcha en el marco de la Mesa de Negociaciones las audiencias previstas para la participación de la sociedad civil que hacen parte del desarrollo del punto uno (1) de la agenda.
Los protocolos acordados entre las partes definen que la labor de verificación esta en cabeza de ambas delegaciones, la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal. En este aspecto se encuentra el primer problema, ya que este Mecanismo de Veeduría y Verificación del CFBTN solo funciona en el nivel nacional y poco está coordinado para ser replica en los diferentes territorios del país, lo que ha dificultado el monitoreo y seguimiento en los municipios, imposibilitado el diálogo en el departamento entre el Mecanismo de Veeduría Social y el acordado en el acordado por las partes en el "Protocolo del Mandato del Mecanismo de Veeduría Y Verificación, MV&V".
Por esta razón se debe aclarar que el presente balance se realiza a partir de la información recolectada por las organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos tanto del carácter nacional como extranjero, y la revisión de medios de comunicación oficiales y alternativos, escritos y audiovisuales.
Con beneplácito podemos afirmar que no se registraron incidentes en el departamento de Antioquia que permitan decir que haya sido violado el acuerdo principal del CFBTN, esto quiere decir, que se suspendieron todas las acciones ofensivas y no ocurrieron incidentes armados entre las partes.
Durante la vigencia del CFBTN, no se han reportado incidentes relacionados con toma de rehenes, reclutamiento de menores, atentados contra la infraestructura o instalación de artefactos antipersonales por parte del ELN. Los 4 compromisos de buena voluntad asumidos por esta organización han sido cumplidos a cabalidad en Antioquia.
En relación con 3 de los 4 compromisos de buena voluntad adquiridos por el Gobierno Nacional, publicados por el Jefe Negociador Juan Camilo Restrepo en las páginas web oficiales de la Presidencia de la República |3| y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, |4| se logró establecer que no hubo el mismo cumplimiento:
No se evidenciaron esfuerzos desde el Estado Colombiano para fortalecer o modificar el Sistema de Alertas Tempranas operado por la Defensoría del Pueblo, por el contrario encontramos que las agresiones a Líderes/as Sociales y Defensores/as de Derechos Humanos se mantienen, según registró el Observatorio de la Fundación Sumapaz Sobre el Nivel de Riesgo de la Labor de Líderes, Lideresas y Defensores de DDHH en Antioquia desde el 1 de octubre hasta el 25 de noviembre, se registraron 24 agresiones:
- 2 Agresiones individuales a líderes reclamantes de tierras en la subregión de Urabá. |5|
- 2 Amenazas colectivas de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. |6|
- 12 Amenazas Individuales: 5 a integrantes del sector sindical con actor victimizante sin identificar en el Valle de Aburrá, 2 a líderes comunitarios con actor victimizante sin identificar en el Valle de Aburrá, y 5 a líderes indígenas por paramilitares AGC |7| en las subregiones de Urabá (2), Suroeste (1) y Bajo Cauca (2).
- 3 Detenciones arbitrarias a activistas estudiantiles en el marco de una movilización social en el Valle de Aburrá. |8|
- 1 Señalamiento colectivo realizado por el Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez a Defensores de Derechos Humanos de la Comuna 13. |9|
- 4 Homicidios, 1 lideresa comunitaria en el Valle de Aburrá (Comuna 13 -Medellín) atribuible a un grupo paramilitar, |10| 1 campesino en la subregión del Bajo Cauca (Tarazá), |11| 1 campesino en la subregión del Norte (Briceño) atribuibles a las AGC |12| y 1 líder trans en Bajo Cauca (Caucasia) atribuible a actores paramilitares. |13|
El 50% de estas agresiones fueron perpetradas por paramilitares, en el 33,3% de los casos no se tiene información sobre el responsable y en el 16,6% de los incidentes el agresor es un agente del Estado (3 casos atribuibles a la Policía y 1 caso donde se responsabiliza a Gobernador de Antioquia)
En cuanto a la aplicación de la ley que despenalizó conductas dirigidas a la criminalización de la protesta y movilización social, se revisó en el medio oficial para la publicación de las diferentes normas aprobadas por el legislativo, la Gaceta del Congreso, |14| y no se encontró desarrollo normativo alguno que despenalice tipos penales como, Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, |15| Perturbación de actos oficiales, |16| Violencia contra servidor público, |17| Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, |18| que son los delitos que generalmente se le imputan a los manifestantes.
Muestra de la continuidad de la criminalización la protesta, fue lo ocurrido en Medellín el 12 de octubre de 2017 en el marco de una movilización en contra del recorte presupuestal de la educación, convocada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), se presentaron agresiones por parte de integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) a los manifestantes y la detención arbitraria de 3 activistas estudiantiles de la Universidad de Antioquia por la supuesta comisión del delito de Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público.
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - Seccional Antioquia, con acompañamiento de funcionarios de Gobierno Nacional y delegados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), visitaron 8 cárceles del departamento: EPMSC Medellín "Bellavista", COPED Medellín "Pedregal", EPC Itagüí "La Paz", EP Puerto Triunfo "El Pesebre", EPMSC Caucasia, EPMSC Yarumal, EPMSC Andes y la Cárcel Municipal de Tarazá.
En estas visitas integrantes del FCSPP pudieron constatar la presencia en estos centros de reclusión de 60 Prisioneros Políticos del ELN: 7 mujeres y 53 hombres. Sobre sus condiciones humanitarias se encontró que:
- Salud: Se detectaron deficiencias y demoras en la atención en salud, especialmente con el suministro de medicamentos, atención de médicos generales y especialistas, se encontraron casos graves de diabetes, hipertensión, problemas de las vías digestivas (colon), de la vista, problemas renales y psicológicos.
- Seguridad: La situación más riesgosa la padecen los prisioneros/as políticos/as en el COPED "Pedregal", dadas las amenazas y ataques que ya han recibido por parte de otros reclusos integrantes de bandas u organizaciones paramilitares. En el EPMSC Andes, se encontró a un preso político del ELN, quien no figuraba como tal en los registros de la prisión y esta falta de clasificación lo pone en similar riesgo.
Frente al último compromiso del Gobierno, el trámite de las audiencias para la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, se evidencia el desarrollo de 8 audiencias preparatorias, 6 presenciales y 2 virtuales, donde se discutió la metodología para la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz:
- 1ra. Audiencia, del 30 de octubre hasta el 1 de noviembre en Tocancipá - Cundinamarca, donde participaron organizaciones y movimientos sociales.
- 2da. Audiencia, de 7 al 9 de noviembre en Tocancipá, donde se convocaron organizaciones de mujeres, plataformas de paz y organizaciones de DDHH.
- 3ra. Audiencia, del 3 al 14 de noviembre en Tocancipá, a la que se convocaron sectores de la academia.
- 4ta. Audiencia el 14 de noviembre en Tocancipá, con sectores y organizaciones ambientales.
- 5ta. Audiencia, el 15 de noviembre en Tocancipá, con organizaciones de la costa del caribe.
- 6ta. el 16 de noviembre en Tocancipá, con organizaciones de ciudades.
- 1ra. Audiencia Virtual, el 11 de noviembre, con participación de presos políticos.
- 2da. Audiencia virtual, el 16 de noviembre, con la participación de migrantes.
Conclusiones
El cumplimiento del punto principal del CFBTN en el departamento de Antioquia, la inexistencia de acciones ofensivas o incidentes armados, evidencia el compromiso de ambas partes, lo que ha permitido avances significativos en los alivios humanitarios contemplados en el punto 5F de la agenda de negociación, cumpliendo las sugerencias de las comunidades donde se desarrolla con mayor intensidad el conflicto armado.
El cumplimiento íntegro de los compromisos de buena voluntad por parte del Ejército de Liberación Nacional deja entrever el compromiso de esta organización para con los diálogos adelantados con el Gobierno Nacional, en pro de una paz duradera y estable con cambios estructurales.
Queda una inmensa preocupación por la situación de los líderes/as y defensores/as de derechos humanos en el departamento, y esto evidencia la falta de compromiso de los agentes estatales para mitigar el riesgo de esta población, es necesaria y urgente la reestructuración de los instrumentos del Estado Colombiano para hacerle frente a estas amenazas.
Es claro que el avance en los territorios y copamiento de los territorios dejados por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) por las diferentes estructuras paramilitares es el principal factor de riesgo para los líderes/as en los diferentes municipios del departamento y por esto se hace urgente las acciones por parte de la Fuerza pública en contra de estos grupos.
También preocupa los pocos avances en materia de protección y garantías para la protesta y movilización social, para quienes ejercen el legítimo derecho a la participación en política y la libre asociación. Es necesario que en materia de movilización y protesta social se avance mucho más en brindar las garantías necesarias y que la protesta no siga siendo objeto de un tratamiento de guerra por parte de los agentes estatales.
Aún no se ha tomado por parte del Gobierno las medidas correctivas en cuanto a los temas de salud, seguridad y acercamiento familiar de los prisioneros políticos del ELN, se deben tomar medidas urgentes para atender los problemas de salud documentados en las 8 visitas realizadas por el la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y debidamente informados en la Mesa de Negociación en Quito, también se deben agilizar por parte de la Regional Noroeste del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, los traslados que sean necesarios para salvaguardar la integridad de los prisioneros que hoy se encuentran en peligro por permanecer en los mismos patios de reclusión de los paramilitares.
Cada día se hace más urgente la humanización de las condiciones de reclusión de todas las personas que se encuentran privadas de su libertad, independientemente que se trate de presos sociales o políticos.
La realización de las audiencias preparatorias es un gran avance para la participación de la sociedad civil en la construcción de propuestas para la construcción de una paz con justicia social y por esto, se exalta el buen desarrollo de las mismas.
Es necesario que el Gobierno Colombiano avance con los compromisos de buena voluntad adquiridos en el marco del CFBTN, protección efectiva a líderes/as y defensores/as de derechos humanos, descriminalización de la protesta y movilización social y mejoramiento de las condiciones humanitarias al interior de los centros penitenciarios y carcelarios del país.
Como conclusión final se resalta la importancia del CFBTN en cuanto al alivio humanitario que este significa para las poblaciones en los territorios donde se siente con mayor intensidad el conflicto político, social y armado, un mejor ambiente para la realización de espacios de participación para la sociedad civil como las audiencias sectoriales, poblacionales y territoriales, por esta razón es necesario adelantarse al 9 de enero como fecha de terminación de este cese al fuego y plantear su continuidad como presupuesto oportuno para fortalecer las negociación adelantadas por las partes en Quito.
Erradicar la violencia contra sindicalistas en Colombia, un reto más para hacer posible la paz
La ampliación de la democracia, el fortalecimiento del movimiento sindical, las garantías para la libertad sindical y el respeto por los derechos laborales son algunos de los principales cambios que podrían tener una ventana de oportunidad derivada de la coyuntura de paz que vive el país. Sin embargo, ha pasado un año desde que se firmó el acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP y alrededor de nueve meses desde que se instaló la fase pública de diálogos de paz con el ELN, y el balance muestra que el camino no ha sido fácil y que cada vez son más grandes los retos para hacer posible la paz. En medio de este contexto, uno de los principales debates gira en torno a la situación de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos (¡AGUZATE!, 2017), esto sumado al seguimiento realizado por la Escuela Nacional Sindical, ENS, sobre las violaciones contra sindicalistas constituye una grave preocupación que empaña los esfuerzos por la paz. Según la CSI Colombia sigue siendo el primer país en el mundo con el mayor índice de asesinatos de sindicalistas (Confederación Sindical Internacional, CSI, 2016). Por ello, ante la persistencia de la persecución, la violencia y la criminalización contra quienes lideran la defensa de los derechos humanos desde sus organizaciones y sus territorios, es necesario mantener encendidas las alarmas sobre la necesidad de garantías.
Así como ha venido ocurriendo contra miembros de comunidades y otros colectivos que trabajan por la defensa de derechos, la violencia contra los sindicalistas no cesa, y durante el último año presenta tres agravantes: 1) se ha agudizado contra directivos y activistas; 2) se ha reactivado en las zonas rurales; 3) se incrementaron los hechos de violencia ocurridos en escenarios de movilización y denuncia; y 4) violencia articulada a la criminalización de la acción sindical. Es muy importante destacar que en el transcurso del año 2017, la labor de defensa de derechos por parte de los sindicatos se ha expresado en la promoción de procesos organizativos de los trabajadores, participación en ámbitos de negociación colectiva, reclamos por la violación de los derechos laborales, acciones de movilización y solidaridad, defensa de la libertad sindical, en especial del derecho a la huelga, apoyo y pedagogía por la paz, veeduría de los recursos públicos, denuncias frente a corrupción y malos manejos al interior de las empresas, articulación a procesos sociales, políticos, comunitarios y defensa de la tierra, entre otras acciones. Asimismo, en repetidas ocasiones el activismo sindical expresado en cada uno de estos escenarios ha sido golpeado por la persecución, la violencia y la criminalización. Al respecto, en julio de 2017 la Confederación Sindical de las Américas (CSA), remitió una carta al presidente Santos manifestando su rechazo contra la violencia y la falta de garantías para que los sindicalistas puedan desempeñar su labor.
La violencia antisindical es un fenómeno de largo alcance, de acuerdo con el seguimiento realizado por la ENS, desde el 1 de enero de 1973 hasta el 14 de noviembre de 2017, se han registrado al menos, 14.566 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas, entre la cuales se han documentado 3.139 homicidios, 394 atentados contra la vida, 238 desapariciones forzadas, 7.112 amenazas de muerte, 105 torturas, 667 hostigamientos y 1.897 desplazamientos forzados. De los sindicalistas quienes han perdido su vida, 2.815 son hombres, 324 son mujeres y 903 son dirigentes sindicales (Confederación General del Trabajo, 2014).
Aunque se identifica como un factor favorable de cambio la continuidad de la tendencia decreciente de la violencia antisindical en los últimos cinco años, la persistencia de esta práctica antisindical sigue siendo un obstáculo para la libertad sindical en Colombia, durante el año 2017 los casos registrados suman 185, lo cual indica la existencia latente del riesgo que podría incidir en el incremento de vulnerabilidad para las y los sindicalistas en medio de un ambiente de violencia selectiva contra líderes y defensores de derechos humanos. De acuerdo al análisis sobre la violencia antisindical en este periodo reciente, se pueden identificar algunas hipótesis centrales: 1) la tendencia decreciente en el registro de casos ; 2) la violencia antisindical focalizada en activistas y dirigentes sindicales; 3) se acrecientan los hechos de violencia dirigidos contra organizaciones sindicales en su conjunto; 4) se presenta un cruce entre la violencia y la criminalización de la acción sindical; y 5) la reactivación de la violencia antisindical en el sector rural (Escuela Nacional Sindical, 2016).
En 2017 no cesa la violencia contra el activismo sindical
Según Sinderh, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre del año 2017, se tiene registro de 185 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, entre las cuales se encuentran 16 homicidios, 13 atentados contra la vida, 118 amenazas, 24 hostigamientos y 9 detenciones arbitrarias. Adicionalmente, se siguen presentando acciones contra organizaciones sindicales como colectivo |4|, entre ellas 7 amenazas, un atentado a sede sindical y un robo de archivo sindical. El 8 de marzo de 2017 fue atacada con una granada la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), seccional Ciénaga, en el departamento de Magdalena. Allí se encontraban reunidos los directivos nacionales y de la seccional. El artefacto explosivo fue dejado debajo del carro del dirigente de Sintrainagro, Medardo Cuesta Quejada.
Tabla 1. Violaciones a la vida, libertad e integridad, contra sindicalistas en Colombia, 2017 (noviembre 14)
| Tipo de violación/sexo | Mujeres | Hombres | Total |
| Amenazas | 11 | 107 | 118 |
| Hostigamiento | 3 | 21 | 24 |
| Homicidios | 3 | 13 | 16 |
| Atentado con o sin lesiones | 1 | 12 | 13 |
| Detención arbitraria | - | 9 | 9 |
| Allanamiento ilegal | - | 2 | 2 |
| Desaparición forzada | - | 1 | 1 |
| Desplazamiento forzado | - | 1 | 1 |
| Tortura | - | 1 | 1 |
| Total general | 18 | 167 | 185 |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS
Siguiendo la tendencia de los últimos años, una lectura preliminar en 2017 muestra que prevalece la violencia no letal, la amenaza y el hostigamiento son los tipos de violencia que presentan una mayor recurrencia, representada en el 76,7% del total de casos registrados, lo cual indica que la persecución y la intimidación continúan siendo dispositivos centrales y no efectos colaterales de la violencia antisindical, a menudo ligados a escenarios donde se destaca el activismo sindical. Durante el último año, gran parte de los sindicalistas y sindicatos quienes fueron víctimas de amenazas estaban llevando a cabo procesos de defensa de derechos, del territorio y de la paz, Por ejemplo, el 6 de enero de 2017 varias organizaciones defensoras de derechos humanos en el departamento del Tolima fueron amenazadas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar que opera en la zona. Varios dirigentes y activistas de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (Astracatol), así como Nelson Moreno directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT subdirectiva Tolima, "fueron señalados de comunistas que le hacen daño al Tolima y al país con el cuento de la paz", Asimismo, según David Cerero Chitiva, activista de ADE, el 17 de abril de 2017 fueron amenazados algunos profesores quienes habían estado adelantando en el colegio cátedras e investigaciones de los acuerdos de paz con los estudiantes.
Por otra parte, en lo corrido del 2017 se han registrado 18 violaciones cometidas contra mujeres sindicalistas, la mayoría de ellas directivas y activistas sindicales, quienes desempeñan su labor principalmente en el ámbito rural, así: 7 en el sector de la agricultura, 8 en servicios comunales, 1 en transporte almacenamiento y comunicaciones, 2 en el sector de minas y canteras. Luz Tejedor Anzola y su hermano José Tejedor Anzola quienes eran afiliados a Sintragrim fueron asesinados el 05 de marzo de 2017 en el municipio de Mesetas, Meta. Por otra parte, Juli Higuera presidenta de Utraclaro fue amenazada a través de un panfleto y un arreglo floral el 20 de octubre de 2017 en Bogotá. La amenaza fue extendida a miembros de su familia. Asimismo, mujeres familiares de dirigentes sindicales han sido víctimas de la violencia, como es el caso de la esposa y la hija de Huber de Jesús Ballesteros, dirigente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, (Fensuagro).
La violencia antisindical focalizada en sindicalistas que lideran la defensa de derechos
Tabla 2. Violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas en Colombia según tipo de sindicalista, 2017 (Noviembre 14)
| Tipo de sindicalista | N. de Casos | % |
| Dirigente Sindical | 155 | 83,78% |
| Trabajador de Base | 29 | 15,68% |
| Asesor Sindical | 1 | 0,54% |
| Total general | 185 | 100.00% |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS
Otra de las características es la concentración de la violencia antisindical contra la dirigencia y el activismo sindical, mientras que, para el 2016 este tipo de casos alcanzaron el 75,9%, en lo que va corrido del año 2017 superan el 83,7% del registro total; es decir, cada vez se evidencia una relación más estrecha entre la actividad sindical, en sus diversas expresiones reivindica-tivas y organizativas, y la violencia contra los sindicalistas y los sindicatos quienes lideran estos procesos. Por ejemplo, algunas violaciones han ocurrido en medio de la reclamación de derechos laborales, mientras se encontraban en un proceso de negociación colectiva y adelantando una querella, el 3 de febrero de 2017 fueron amenazados nueve dirigentes sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Vigilancia, Escoltas y Similares (Sintraviescols), en el Valle del Cauca. También fue amenazado un dirigente de la CUT subdirectiva Valle. Por otro lado, muy grave resulta que mientras se encontraban en una huelga de más de 50 días, el 21 de abril de 2017 fueron amenazados 12 afiliados del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Empresa Big Group Salinas Colombia (Sintrasales) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de Big Group Salinas de Manaure (SINTRABGSALINAS). El 22 de mayo de 2017 fue víctima de un atentado el presidente de SINTRABG-SALINAS, Carlos Andrés Gómez Galván.
Además, las agresiones también se han presentado en escenarios de movilización, el 27 de febrero de 2017, Juan Elías Méndez Gutiérrez, Melvin Dávila Rincón, Manuel Salvador Vergara Pérez, Gilberto Antonio Julio Velás-quez y Andrus Miguel Julio Díaz, afiliados a la USO y al Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad (Sinproseg), quienes estaban participando de una protesta, fueron detenidos por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Adicionalmente, el 28 de febrero, los dirigentes de la USO Wilmer Hernández, Alexander Escobar y Rodolfo Vecino, fueron agredidos por el Esmad.
Asimismo, la violencia antisindical se ha presentado mientras los sindicatos adelantan acciones de veeduría, tal es el caso de Eric de Jesús Amador Toro y Rodrigo Medina directivos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud en Colombia (Sintrasaludcol) quienes venían presentado denuncias contra Saludcoop/Cafesalud han recibido varias amenazas en el transcurso del año 2017. Eric de Jesús directivo de la seccional de Barranquilla fue amenazado el 16 de marzo de 2017 presuntamente por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN. Asimismo, Rodrigo Medina directivo de la subdirectiva Cali fue amenazado el 25 de abril de 2017.
Se observa entonces que persiste el interés de obstaculizar la actividad sindical por medio de la intimidación y la influencia del miedo, muchos de estos mensajes amenazantes estuvieron encaminados a un ataque contra la posición política y acentuar la estigmatización de la acción sindical.
Tabla 4. Violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas en Colombia según sector económico, 2017 (noviembre 14)
| Sector económico | N° Casos | % |
| Agricultura, Caza y Pesca | 73 | 39,46% |
| Minas y Canteras | 56 | 30,27% |
| Educación | 23 | 12,43% |
| Servicios Comunales Y Personales | 20 | 10,81% |
| Ind. Manufacturera | 5 | 2,70% |
| Salud | 4 | 2,16% |
| Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones | 4 | 2,16% |
| Total general | 185 | 100,0% |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS
Se reactiva la violencia antisindical en el sector rural
Precisamente, derivado de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC, uno de los principales retos que enfrentaría el país sería la transformación de las condiciones de violencia, desigualdad, inequidad, pobreza y exclusión que perviven en lo rural y afectan a distintas poblaciones. Por esto se torna tan preocupante la reactivación de la violencia antisindical en el sector rural, durante el 2017 el sector de la agricultura ha concentrado 73 casos, es decir, más de una tercera parte de la violencia antisindical registrada en el país.
Cabe anotar que, en consonancia con la tendencia nacional de focalización de la violencia contra la dirigencia sindical, en el sector rural este tipo de violencia alcanza el 80,0%. Una parte significativa de esta violencia se ha expresado en homicidios en la región del Suroccidente. El 01 de julio de 2017, en el municipio El Cerrito, Valle, fue asesinado Alberto Román Acos-ta, presidente de Sintrainagro seccional Guacarí. El 6 de agosto de 2017, en el municipio de El Rosario, Nariño, asesinan a Nidio Dávila quien era líder campesino, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan) subdirectiva Rosario filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-CUT).
Además, amenazan a las personas que estén de acuerdo y continúen trabajando en pro de una sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en este municipio. Según habitantes del sector, quienes realizaron estos hechos fueron el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Gaitanis-tas de Colombia (AGC), frente Conquistadores del Sur o los del Morocho. El 9 de agosto de 2017 fue en el municipio de Piamonte, Cauca, fue asesinado Fernando Asprilla, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Piamonte Cauca, Asintracampic, filial de Fensuagro. El líder campesino y sindical era ex presidente de la Junta Comunal de la Vereda la Tigrera, del municipio de Piamonte Baja Bota Caucana, y coordinaba y representaba el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica.
Resulta muy desfavorable que los sindicatos más victimizados sean aquellos que, han sostenido un activismo en distintos ámbitos: defensa de derechos laborales, articulación a procesos sociales, políticos, comunitarios y defensa de la tierra. Dado que en lo rural las condiciones laborales resultan más precarias, allí el trabajo de las organizaciones sindicales resulta ser más arduo, incluso para conseguir unos mínimos de garantías y derechos.
Otro aspecto a señalar son las amenazas que se enmarcan en la presunta relación de la actividad sindical y el señalamiento de ser guerrillero, aunque esta lógica se presenta tanto en el ámbito urbano como en el rural, en este último la situación es más compleja ya que es el territorio donde el conflicto armado tiene un mayor arraigo. Al respecto, el centro de investigación DeJusticia luego de analizar 276 sentencias proferidas frente a crímenes cometidos contra sindicalistas, señala la existencia de un "prejuicio insurgente" que alude al estereotipo de "sindicalista guerrillero" como preámbulo de la victimización (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011). Muestra de ello fue lo sucedido con Cristóbal Guamanga directivo del Sindicato de pequeños Agricultores del Departamento del Cauca (Sinpeagric), filial de Fensuagro, líder social y campesino quien ha sido víctima de seguimientos y amenazas, una de las cuales se presentó el 3 de marzo de 2017 contra él y otras organizaciones sociales y políticas "Sentencia de muerte a guerrilleros, farucos, tienen el tiempo contado se van o se mueren...".
Otro caso que ilustra la violencia contra un dirigente sindical del sector rural y la criminalización de la acción sindical, es lo sucedido con Huber de Jesús Ballesteros, dirigente de Fensuagro e integrante del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, quien fue detenido el 25 de agosto de 2013 y dejado en libertad el 13 de enero de 2017 por vencimiento de términos. Posteriormente, en abril, mayo y junio del presente año ha sido víctima de varias amenazas y seguimientos por parte de las AUC, incluso algunas de ellas se han dirigido contra su esposa y su hija. Además, los mensajes amenazantes lo declaran objetivo militar y manifiestan oposición a la implementación de los acuerdos de paz,
El 9 de febrero de 2017 fueron amenazados Alfonso Mendoza Álvarez y José Borja Escalante, dirigentes del Sintrainagro, subdirectiva Ciénaga. Por medio de un texto escrito, el grupo paramilitar Comando Urbano Los Rastrojos los amenaza de muerte y les exige que se vayan de la zona.
Tabla 3. Violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas en Colombia según departamento, 2017 (noviembre 14)
| Departamento | N°Casos | % |
| Cauca | 47 | 25,41% |
| Valle | 20 | 10,81% |
| Santander | 16 | 8,65% |
| Tolima | 14 | 7,57% |
| Antioquia | 13 | 7,03% |
| Guajira | 13 | 7,03% |
| Bolívar | 10 | 5,41% |
| Huila | 9 | 4,86% |
| Meta | 7 | 3,78% |
| Cesar | 6 | 3,24% |
| Nariño | 6 | 3,24% |
| Boyacá | 5 | 2,70% |
| Magdalena | 5 | 2,70% |
| Atlántico | 4 | 2,16% |
| Bogotá D.E. | 4 | 2,16% |
| Putumayo | 3 | 1,62% |
| Córdoba | 1 | 0,54% |
| Quindío | 1 | 0,54% |
| Risaralda | 1 | 0,54% |
| Total general | 185 | 100,00% |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS
Según Sinderh, en este periodo la violencia contra sindicalistas y sindicatos se ha presentado en 19 departamentos, y en 7 de ellos se agrupa el 71,89% de los casos documentados: Cauca, Valle, Santander, Tolima, Antioquia, Guajira y Bolívar. En primer lugar, se destaca que más de una cuarta parte de la violencia se ha concentrado en el Cauca afectando principalmente sindicatos del sector rural, 35 de 47 casos registrados en este departamento fueron cometidos contra afiliados a Fensuagro, entre los cuales se encuentran un homicidio y dos atentados. Adicionalmente, se observa que no cesa la violencia en el Valle donde se han documentado alrededor de 20 casos de violencia antisindical, de los cuales 15 se han presentado en escenarios de negociación colectiva, denuncias y pronunciamientos públicos, creación de sindicato y acciones de movilización, dejando en evidencia la conexidad entre el activismo sindical y la violencia, como una característica que se ha venido consolidando en esta región.
La violencia antisindical en Antioquia durante el año 2017
Cabe señalar que, aún con las cifras preliminares de las cuales se disponen, la violencia antisindical en Antioquia se ha venido incrementando desde el año 2016, así: en 2015 (4 casos), en 2016 (11 casos) y en 2017 (13 casos). De los casos documentados en el último año se tiene registro de un homicidio, 3 atentados, 8 amenazas y un hostigamiento.
Es necesario aclarar que en las cifras presentadas por la ENS existe un sub registro por dificultades en el acceso a la información, principalmente, con relación a los casos de docentes sindicalizados. Con relación a lo anterior, para julio de 2017 Adida reportaba información sobre más de 80 casos de docentes en situación de amenaza (Asociación de Institutores de Antioquia, 2017). Un dirigente sindical del sector minero, quien además participaba en plataformas de derechos humanos del Valle de Aburrá, quien venía siendo amenazado durante los últimos años salió exiliado en el primer semestre del año 2017. En cuanto a otros sindicatos víctima se encuentran Fensuagro, Adida, Sintraplus, CGT, Seup, Sinatra y Usdidea.
De manera similar a lo ocurrido en otras regiones del país, de acuerdo a los contextos en los cuales se han presentado las violaciones se observa el propósito de impedir la actividad sindical a través de la violencia, una muestra de ello es lo ocurrido con el Sindicato de Trabajadores de la Fundación sin ánimo de lucro Pascual Bravo, Sintraplús, organización que se ha interesado en hacer veeduría a los procesos de contratación y los recursos del transporte público, y ante la identificación de irregularidades Sintraplus ha adelantado las denuncias pertinentes, algunas de ellas en acción conjunta con el Sindicato de Trabajadores y Empleados del Sistema de Transporte del Valle de Aburra, Sintrametro. Es necesario señalar que los trabajadores han venido enfrentando persecución, acoso laboral y amenazas contra su presidente Jhon Fredy Pulgarín y otro de sus directivos Jhon Fredy Zabala.
Durante el segundo semestre del año 2016 y el primer trimestre del año 2017, se han disminuido los esquemas de seguridad de algunos dirigentes sindicales de la CGT subdirectiva Antioquia, quienes realizan su trabajo en Medellín, Rionegro y Bello, entre ellos el presidente Rubén Darío Gómez Hurtado; el secretario general Jorge Iván Diez Vélez, el secretario de derechos humanos y presidente de la UTP seccional Bello Luis Alberto Pinzón, y el secretario adjunto Gerardo De Jesús Sánchez Zapata. También se ha retirado, parcialmente, medidas de protección al presidente de la CGT Urabá Albeiro Franco Valderrama. Esta situación se presenta pese a que durante el año 2016 y en mayo de 2017 se presentaron amenazas contra directivos de la CGT Antioquia.
Tabla 5. Violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas en Colombia según presuntos responsables, 2017 (noviembre 14)
| Presuntos responsables | N.de Casos | % |
| Paramilitares | 91 | 49,19% |
| No Identificado | 80 | 43,24% |
| Organismo estatal | 11 | 5,94% |
| Guerrilla | 3 | 1,62% |
| Total general | 185 | 100,00% |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS
Por último, sobre la información relacionada con los presuntos responsables de la violencia cometida contra sindicalistas se tiene que en lo corrido del año 2017 los principales presuntos victimarios han sido los paramilitares en casi de la mitad de los casos registrados, lo cual resulta un factor de riesgo en un escenario de construcción de la paz, en el cual preocupa la falta de reconocimiento por parte de la institucionalidad acerca de la pervivencia de este grupo armado ilegal. El segundo lugar de los presuntos victimarios lo ocupan los organismos estatales lo cual genera una alarma sobre la responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos humanos. Además, resulta muy grave que en el 43,24% de los casos se desconozca algún indicio del presunto responsable.
Persiste la deuda en materia de justicia, aún son altos índices de impunidad
Desde la Misión de Alto Nivel de la OIT se produjo un importante fortalecimiento de la
capacidad de la Fiscalía General de la Nación (FGN), para investigar los crímenes cometidos
contra sindicalistas. Sin embargo, esta capacidad no se ha traducido en avances significativos, en
cuanto a la tasa de impunidad, se avizora un tenue avance de 98,0% en 2010 a 95,0% en 2015.
Cabe anotar que fue solo entre el 2007 y el 2014 que se emitieron 497 sentencias, esto es el
99,0% del total, periodo que coincide con la creación de la subunidad de la fiscalía dedicada a la
investigación de casos de violencia contra sindicalistas. De igual forma, se observa un aumento
sin precedentes de 125 sentencias para el año 2011, luego de firmado el PAL y de la Misión de
Alto Nivel de la OIT, tendencia que no se mantuvo en los años siguientes. A este avance
limitado se suma que en 2016 el Consejo Superior de la Judicatura disminuyó de 3 a 1 el número
de jueces dedicados exclusivamente al juzgamiento de homicidios cometidos contra sindicalistas
(Escuela Nacional Sindical, 2010).
Referencias
Informe de derechos humanos, seguridad y paz 2017, Medellín
Observatorio de Derechos Humanos y Paz Instituto Popular de Capacitación (IPC) |1|
El informe del Observatorio de derechos humanos y paz 2017 presenta el seguimiento de las políticas, hechos y situaciones en materia de derechos humanos, seguridad y paz correspondientes a los veinte tres meses de gobierno del alcalde de la ciudad de Medellín: Federico Gutiérrez, incluyendo los dieciocho meses que Gustavo Villegas estuvo a cargo de la Secretaria de Seguridad, que llegaron a su fin el 4 de julio del 2017 tras ser detenido por la Fiscalía General de la Nación imputándole cargos tales como concierto para delinquir agravado, omisión de denuncia y uso indebido de información privilegiada. El organismo investigativo lo inculpó de abusar de su posición como funcionario público al suministrarle información confidencial a Édison Rodolfo Rojas, alias Pichi, exjefe de la Oficina de Envigado, quien fue capturado en Panamá en 2013, y a Julio Perdomo, desmovilizad del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia. |2|
Es de anotar que a la par fue detenido Mariano Zea Ospina, |3| quien presuntamente era el vínculo con los miembros de "La Oficina". |4| A raíz de estos hechos, hubo un remezón en la Secretaría de Seguridad, siendo llamativa la renuncia del sociólogo Jorge Fernando Gaviria Vélez, quien se venía desempeñando como asesor en la Alcaldía en temas de seguridad y, que específicamente, participaba en la elaboración de un proyecto de ley dirigido a favorecer al crimen organizado y bandas criminales en caso de un eventual sometimiento o acogimiento a la justicia; lo cual, también, implica al exsecretario de seguridad. |5| Extrañamente, el 14 de julio, por amenazas contra su vida, el consejero de la Alcaldía de Medellín y director de política criminal de la Secretaría de Seguridad, Arnulfo de Jesús Serna Gi-raldo, renunció de marera intempestiva, hecho que pasó inadvertido y no se conocieron las motivaciones reales. "Serna Giraldo fue director seccional de Fiscalías en Medellín y con su salida ya son cuatro las personas que han dejado sus cargos en el contexto del caso que le abrió el ente acusador a Gustavo Villegas Restrepo". |6|
Lo anterior permite, no solo sugerir, sino hacer evidentes las prácticas continuas de transacciones, el nivel de los pactos, que se ha venido tejiendo entre la legalidad y la ilegalidad en Medellín. Las presuntas instrucciones que desde despachos oficiales se hacían a estructuras criminales para el control del delito y la criminalidad, ponen en entredicho la legitimidad de la institucionalidad y el modelo de gobernabilidad de Medellín, por su relación con aspectos esenciales de la estrategia de seguridad plasmada en el Plan de desarrollo, apuesta central del Alcalde para el periodo 2015-2019.
Así las cosas, lo que se espera es que el Alcalde asuma la responsabilidad política por lo que viene sucediendo en la ciudad, y dar a conocer la verdad de lo acontecido con su exsecretario, sobre todo si se tiene en cuenta que quien lo ha reemplazado en el cargo es un funcionario devoto de Villegas. Máxime cuando los resultados e indicadores presentados con bombos y platillos en ese periodo, obedecían a una estrategia de seguridad basada en la negociación con la ilegalidad para disminuir los indicadores "de alto impacto", tal como lo sindica la fiscalía. Negociaciones que corresponden con la concertación con organizaciones de la criminalidad organizada, con poderes y mercados ilegales, lo que obliga al Alcalde a hacerle frente a las consecuencias de las posibles alianzas, ilegales e ilegítimas, que se pudieron haber tejido desde la Secretaría de Seguridad.
El alcalde le debe a la ciudad una explicación sobre el nombramiento y desempeño, en esos meses, de quien estuvo al frente de la seguridad en Medellín; además, sobre sus formas de decidir y actuar en favor de intereses "confusos": urge la verdad sobre el caso de Gustavo Villegas y sobre su maniobrar, como principal responsable de la estrategia de seguridad. La ciudadanía requiere respuestas sobre lo sucedido, y aunque la jurisdicción es quien debe juzgar garantizando el debido proceso, no cabe duda de que este caso genera un daño a la confianza ciudadana en las instituciones y a la legitimidad política de la administración municipal, afectando, en últimas, a la democracia, como principio político orientador de la gestión pública.
Igualmente, con la captura del Secretario se conoció el proyecto de ley que se venía construyendo en su dependencia, |7| el cual ideaba el sometimiento o acogimiento a la justicia para el crimen organizado de la ciudad, sin la participación de la ciudadanía, por el contrario, a sus espaldas. Proyecto que demandaba el establecimiento de un diálogo ciudadano, sectorial, poblacional, en especial con las víctimas de esas estructuras, poniendo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación en el centro de cualquier acuerdo. Sin embargo, dicho proceso no estaba concebido así, sino con omisión absoluta de estas obligaciones. Esto ratifica que, las interpretaciones y las formas de accionar del alcalde Federico Gutiérrez y de sus secretarios, en materia de derechos humanos, seguridad y paz, tienen correspondencia más con un modelo autoritario de toma de decisiones que con uno democrático.
Lo dispuesto en este periodo, por el alcalde, en materia de derechos humanos, paz y seguridad ha sido deficitario; ya que, antes que consolidar procesos ciudadanos y territoriales, ha impulsado y materializado una política de seguridad contraria a los avances y las estrategias recogidas en el Acuerdo municipal del 21 de septiembre de 2015. No se trata solo de intervenciones coyunturales, mediáticas y verticales, ligadas a tácticas como el aumento del pie de fuerza, el uso de más tecnologías, incluyendo el helicóptero, o de medidas de tipo policial y de choque que desconocen los contextos y las dinámicas particulares de los territorios y, en consecuencia, los derechos de las comunidades y sus procesos de transformación.
Así lo corrobora Luis Fernando Suárez, Exsecretario, Vicealcalde de Go-bernabilidad y Seguridad de Medellín en el periodo entre 2012 y 2015, quien en comunicado público opina sobre la situación de inseguridad que vive la ciudad en este nuevo periodo "En el año 2015 terminamos de formular la Política Pública de seguridad y convivencia con un horizonte de 10 años, proceso acompañado por la Oficina contra las Drogas y Delitos de las Naciones Unidas (ONUDC), la Universidad EAFIT y con la participación de Organizaciones sociales. Esta Política está fundamentada en la definición de la ONU de "Seguridad Humana", con visión integral de la seguridad, con enfoque de derechos, con enfoque territorial metropolitano y micro territorial, con enfoque de género. Esta define 7 lineamientos estratégicos, de los cuales destaco: Transformación social para la construcción de paz, gestión del conocimiento y justicia. Define también la política elementos fundamentales de convivencia ciudadana. Tuvimos la ilusión de pensar que en Medellín se le apuesta al largo plazo, a construir sobre lo construido, como responsablemente lo hicimos nosotros, recogiendo la experiencia y logros de los anteriores gobiernos. Hoy la realidad es otra, lamentablemente la actual administración desconoció de manera irresponsable este riguroso ejercicio, engavetó la Política (Desconociendo el Acuerdo Municipal que la aprobó), situación que se explica porque la actual visión de seguridad de la Alcaldía es exclusivamente represiva y centrada en el populismo punitivo". |8|
Como se puede apreciar, la política de seguridad presidida por Federico Gutiérrez no vislumbra cómo responder a los problemas de la ciudad desde un enfoque que asegure y garantice los derechos humanos de manera integral, lo cual requiere de la articulación de un cúmulo de experiencias, tanto gubernamentales como ciudadanas, del orden local y nacional, de tal forma que se garantice la coherencia en las formas de proceder frente a las problemáticas de ciudad, desde los distintos ámbitos gubernamentales, así como de regulación y gestión social, sean estos estatales, comunitarios o de mercado. Esto asegura que las experiencias acumuladas en la ciudad no se desperdicien, y que se superen las miradas cortoplacistas, tanto en los diagnósticos como en las estrategias de intervención de los problemas y déficits en materia de derechos humanos.
Bajo las circunstancias en las que estamos, resulta imprescindible hablar en clave de una política pública de largo aliento, de Estado, no circunscritas a los exiguos períodos de cuatro años que tiene una específica administración municipal, pues en dicho término resulta imposible realizar los avances que se requieren para desarrollar una política que garantice los derechos humanos en una ciudad con problemas tan complejos como Medellín.
Las políticas y la administración de la seguridad en Medellín, centro radial del Área Metropolitana, tienen que pasar por comprender las realidades que subyacen a las meras cifras y datos, asociadas a un análisis territorial de zonas, comunas, barrios y otras formas de configuraciones espaciales que trascienden fronteras y límites, que no siempre corresponden con la división político administrativa oficial, en aras de generar estrategias pertinentes para la intervención frente a los problemas que representa la criminalidad organizada a nivel regional, en un contexto en el que las estructuras criminales en Medellín y Valle de Aburrá han alcanzado consolidar controles territoriales, poblacionales y económicos, |9| además de su arraigo y la constitución de todo un sistema social que legitima la presencia y las prácticas de actores armados. Lo cual es necesario entenderlo, no como una suma-toria de hechos aislados, como lo ampliaremos más adelante, sino como un acontecimiento sociopolítico, pues las estructuras criminales han logrado, no solo suplantar y remplazar al Estado en muchas de sus funciones (léase monopolios, tales como el de la fuerza, seguridad, justicia y economía local), sino articularse y ser funcionales e instrumentales a la consolidación de las estrategias estatales de control y administración de la ilegalidad.
Así pues, la seguridad es un bien rentable para quienes controlan el territorio desde la ilegalidad, el crimen organizado, los mercados ilícitos y las fronteras de facto. Y la ausencia del monopolio de la fuerza por parte del Estado local, o su delegación a estructuras del crimen organizado, permite que, en ciertas zonas, se teja un relacionamiento de poderes que crea una zona de indeterminación entre la ilegalidad y la legalidad, que no permite plenamente la presencia del Estado: el mercado de las armas y su uso; la administración de una justicia, sujeción de mercados y economía local, en los que se administran diferentes formas de coerción, que operan como mecanismos de control social, en muchos casos, legitimados por diversos sectores de la sociedad. Todo lo anterior pasa por: la legitimidad de las decisiones que se toman, en un sentido y en otro, y las motivaciones de cada uno de los actores involucrados; asuntos complejos que plantean la imposibilidad de leer un fenómeno como la seguridad separado de los derechos humanos situados y contextualizados.
La seguridad continúa siendo la principal preocupación en las agendas gubernamentales; se avizora, en Federico Gutiérrez alcalde de la ciudad, un discontinuo, un quiebre en materia de política pública del manejo de la seguridad. Pues, mientras en las anteriores administraciones se trabajó por consolidar mínimamente una serie de estrategias que incorporaran la modernización y articulación en el nivel institucional; priorizar la participación de las comunidades, los actores del sector privado y las universidades en los procesos de construcción, monitoreo y veeduría, y configurar un enfoque más integral para la administración de la seguridad, tal como se puede apreciar en el Acuerdo 21 de 2015, |10| la discordancia de la actual alcaldía en la práctica desvertebra su pretendido, puesto que deja al garete la prevención en tres planos esenciales: lo social, lo situacional y lo institucional privilegiando la coerción, la coyuntura y el militarismo.
Federico Gutiérrez Zuluaga cumplió la mitad de su período como alcalde de la ciudad, bajo el lema "Medellín cuenta con vos" |11| Plan de Desarrollo aprobado para el periodo 2016-2019, diseñado con siete dimensiones, la número dos, con el lema "Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana", con el objetivo justificado de "reducir progresivamente los niveles de inseguridad a través de una gestión integral que genere condiciones para el goce efectivo de los derechos". Es en esta dimensión donde se encuentran disgregada mente lo relativo a seguridad, derechos humanos y paz, pun-talmente en el reto tres "Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio", integra cinco programas: promoción de los derechos humanos, pos acuerdo y garantías de no repetición, memoria para la construcción de paz, ciudadanía activa por la paz y atención a víctimas del conflicto armado.
Al valorar y contrastar, la concepción del Plan y el nivel de ejecución en estos 23 meses, su discurrir ha estado determinado por el enfoque de la seguridad en términos verticales, sin participación de la ciudadanía, regresivo, represivo y reduccionista, que ha llevado a un simple programa la visión de derechos humanos, quebrantando la noción de integralidad, ya que su política se instala el enfoque en el derecho a la seguridad. Igual pasa con los derechos de las víctimas del conflicto armado y su atención, los procesos de memoria y verdad y la desarticulación con acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón entre las Farc-EP y el gobierno nacional.
La situación de los derechos humanos en Medellín 2017. Algunos indicadores
En los primeros 689 días de Federico Gutiérrez como alcalde de Medellín, se han presentado 978 homicidios, 475 en el primer año y 503 en lo recorrido del 2017 |12| lo que implica que, durante su mandato, diariamente en la cuidad mueren violentamente cada dos días tres ciudadanos, el mes octubre termino con 65 homicidios, siendo el mes más violento de los últimos tres años. De enero a octubre 31 de 2017, las cifras de homicidios en la ciudad de Medellín estuvieron por encima de 22 homicidios por cada cien mil habitantes -hpcmh-, muy lejos de las metas de la actual administración, quien en su Plan de desarrollo se comprometió alcanzar una tasa de 15 hpcmh, con una estrategia publica y mediática para "garantizar o recuperar la seguridad".
Fuente: Elaboración Observatorio de derechos humanos y paz (IPC), con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) - Secretaría de Seguridad - Alcaldía de Medellín. 2016 y 2017
Fuente: Elaboración Observatorio de derechos humanos y paz (IPC) con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) - Secretaría de Seguridad - Alcaldía de Medellín. 2017
Al hacer una valoración de variables y de la política de seguridad, no perder de vista, que los hechos se han mantenido y presentan una tendencia al alza, tal como lo demuestran los indicadores expuestos en este informe, en contraste con las acciones e intervenciones realizadas por la actual administración, las cuales han sido ineficaces para revertir el control territorial, puesto que en los primeros diez meses del año en curso se presentaron 23 homicidios más con respeto al mismo periodo del año 2016, el número de mujeres asesinadas aumento desenfrenadamente durante el 2017, se presentaron 51 mujeres asesinadas, 17 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representó un aumento del 527, con un nivel de impunidad del 96%. |13|
Fuente: laboración: Observatorio de derechos humanos y paz (IPC), con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) - Secretaría de Seguridad - Alcaldía de Medellín. 2017
En el periodo enero - octubre del año 2017, el 30.57 de las víctimas asesinadas son jóvenes entre los 18 y 25 años, seguido de un 30.27 personas ultimadas entre los 26 y 35 años de edad. El 907 son hombres y de estos más del 507 fueron efectuados, según los reportes del SISC, por el crimen organizado, es decir que 269 homicidios ocurrieron en medio de confrontaciones de los actores armados, la gran mayoría de los homicidios están ubicados en los corregimientos de AltaVista, San Cristóbal y en las comunas Robledo y Belén, es decir en este lapso de tiempo los homicidios se ubicaron en las zonas noroccidental y suroccidental de la ciudad.
Fuente: Elaboración Observatorio de derechos humanos y paz (IPC), con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) - Secretaría de Seguridad - Alcaldía de Medellín. 2017
El acenso del indicador de homicidios en toda la ciudad se incrementa desde el mes de julio el cual presento 60 homicidios, agosto 56, septiembre con 40 y octubre el más elevado con 65, coincidente este aumento con la detención del exsecretario de seguridad Gustavo Villegas, situación que ha genera dudas, desconfianza y sospechas sobre la existencia de posibles pactos entre la institucionalidad local y el crimen organizado, desestabilizados por el hecho de esta captura y lo acontecido a partir de esta.
Para el análisis de la política de la actual administración de Medellín, en materia de seguridad, es preciso cotejar las cifras, datos y hechos, situarlos territorialmente, considerando los diferentes actores -legales e ilegales-, los procesos sociales, y la misma legitimidad que dan éstos a prácticas, proyectos y decisiones que han tomado los encargados, tanto el secretario de seguridad como el alcalde Federico Gutiérrez, ya que no se comportan de igual manera en las 16 comunas y los cinco corregimientos. Como se aprecia en los mapas, es posible identificar con mayor precisión una localización, sitios puntuales, modos operandis de las dinámicas criminales por las disputas territoriales, por lo que los homicidios ocurridos en cada zona obedecen a contextos que, en ocasiones, difieren o se superponen entre sí, en ese sentido se puede apreciar la concentración del 557 de los homicidios en: Comuna 7, Robledo: Comuna 16, Belén y en el Corregimiento de Altavista, paradójicamente comunas y barrios priorizados por las políticas del actual mandatario, además del centro de la ciudad Comuna 10 la Candelaria, todo el occidente de la ciudad presentan indicadores de homicidios elevados, coincidente con el aumento del desplazamiento forzado intraurbano en las mismas zonas, tal como se presentará más adelante en este informe.
Enero-Octubre de 2016 y 2017
Comunas con más Homicidios
Occidente de Medellín
Fuente: Elaboración: Observatorio de derechos humanos y paz (IPC). con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) - Secretaría de Seguridad - Alcaldía de Medellín. 2016 y 2017
Al examinar la ubicación tempo-espacial de los homicidios presentados en la ciudad de Medellín en el periodo de enero a octubre de 2017, en las zonas centro-occidental, suroccidental y corregimiento de Altavista, se reconoce que el 187 de los homicidios relacionados con la criminalidad organizada sucedieron en la comuna 07, Robledo (46 casos de 280); un 127 se concentró en la Comuna 10, La Candelaria (33 casos) y 117 en las comunas 16, Belén con 31 homicidios y en la Comuna 13, San Javier 30 casos. |14| Lo cual permite inferir que el aumento de homicidios es reflejo de disputas entre bandas, tensiones entre sectores del crimen organizado, disputas por el control del territorio. Estas disputas concuerdan con el crecimiento de la extorsión, del desplazamiento forzado intraurbano, del despojo y de la ocupación violenta de bienes inmuebles, demostrando con ello lo equivocado de la política emprendida en materia de seguridad.
Contrario sucede en la zona oriental de la ciudad, la criminalidad organizada ha alcanzado unos altos niveles de pactación que le permiten ejercer un amplio control territorial y una extendida coerción social extorsiva que resulta funcional a sus intereses económicos basados en rentas y mercados ilegales. Dicho control se evidencia en la reducción significativa de los homicidios, situación que resulta favorable, incluso, para la administración municipal.
Fuente: Elaboración: Observatorio de derechos humanos y paz (IPC). Con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) - Secretaría de Seguridad - Alcaldía de Medellín. 2017
En consecuencia, tal como se presentan las cifras y mapas, lo que sucede en la zona occidental de la Medellín, en el que sectores del crimen organizado están en confrontación, al margen de los pactos de la criminalidad; en otras franjas de la ciudad, como la zona oriental, el indicie de homicidios ha rebajado, los mercados -legales e ilegales- están regulados, están delimitadas las fronteras de facto, ya que existen pactos en el crimen organizado que le permiten ejercer un amplio control territorial y una extendida coerción social extorsiva que resulta funcional a sus intereses económicos basados en rentas y mercados ilegales "Fijar los límites espaciales es crucial para una estructura criminal, pues ello le permite definir las plazas de vicio, el cobro de extorsiones y las responsabilidades ante el mando superior |15|". Así pues, el control territorial da cuenta, siendo el mayor indicador de ineficacia de la política pública de seguridad aplicada en la ciudad en los últimos tiempos, como se puede apreciar muy funcional para las estructuras criminales, pero inicuas para la ciudanía y el proyecto de estado social de derecho.
De la misma manera que se consideran las cifras de homicidios, es imperioso analizar el tipo de arma que usan y se reportan, puesto que el comercio, control y disposición de armas es una representación del poder del crimen organizado, de sus estructuras, de su mercado. En lo que va del año, según el SISC, se documenta que el uso de las armas de fuego y las muertes por sus proyectiles es de un 707 (304) del total de los homicidios ocurridos entre los meses de enero a octubre de 2017 en la ciudad de Medellín, por armas corto punzantes del 267. Las preguntas sobre el uso, control y provisión de armas y proyectiles sugieren un mercado controlado, ya que según las cifras reportadas en lo que va del año, se han incautado 201 revólveres, 138 pistolas, 67 escopetas, una carabina, y 10 armas de fuego sin categoría; lo que quiere decir que, en promedio, en la ciudad se recuperan diariamente dos armas de fuego. Entonces, ¿cómo y quién provee armas de fuego y sus municiones?, ¿quién controla ese mercado?, ¿cuál es la política de la alcaldía, no solo para decomisar, sino para abordar e intervenir íntegramente este mercado? El SISC de la alcaldía arguye que "El uso de los diferentes tipos de arma a menudo se relaciona con el contexto en el que ocurre el homicidio. Así, el uso de armas de fuego se relaciona de manera frecuente -aunque no exclusivamente- con los homicidios que ocurren por dinámicas de los grupos delincuenciales. Esto porque el uso de estas armas supone un mayor nivel de organización y de costos, debido a que el acceso a un arma de fuego está sujeto a contar con recursos económicos, sea que se trate de armas adquiridas legalmente o de armas hurtadas o con prontuario delictivo previo". |16|
Fuente: Elaboración Observatorio de derechos humanos y paz (IPC). con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) - Secretaría de Seguridad - Alcaldía de Medellín. 2017
En definitiva, según los reportes del SISC se encuentra que, en efecto, de los 304 homicidios cometidos con arma de fuego, el 827 (248 casos) se relacionan con los hechos ocurridos en medio de dinámicas de los grupos delin-cuenciales organizados. Mientras que, para el arma cortopunzante, el 487 de los homicidios (53 casos) está asociado a problemas de convivencia.
Desplazamiento forzado intraurbano, Medellín 2017
Se parte de considerar el desplazamiento forzado intraurbano conexo y articulado al conjunto prácticas extorsivas del crimen organizado de la ciudad. Según los informes del SISC en Medellín, entre enero y septiembre de 2017 |17|, se desplazaron forzosamente 339 personas, 109 familias, como consecuencia de amenazas, por resistirse al pago de extorsión o incluso la imposibilidad de continuar pagando "vacunas". Se identifica que en los barrios Belén Zafra, Robledo, San Javier y el corregimiento de San Cristóbal, zona occidental de la ciudad, se incrementó el desplazamiento forzado intraurbano. Según la Personería de Medellín: "de las 484 familias víctimas del desplazamiento intraurbano registradas en Medellín en lo corrido del año (2017), 164 (el 33,87) proceden del corregimiento de Altavista y de la comuna de Robledo, dos zonas de la ciudad con problemas de enfrentamientos entre combos" |18| así mismo la Unidad permanente registra que solo del corregimiento de Altavista han tenido que dejar sus casas 180 personas que corresponden a 97 núcleos familiares y en Robledo 115, de 67 núcleos. Reportes que no concuerdan con los proporcionados por el SISC de la alcaldía, sin embargo en ambas fuentes coinciden en la crisis que se presenta en la ladera occidental de la ciudad.
En lo corrido del año 2017, la Personería de Medellín ha recibido 810 declaraciones solo por desplazamiento forzado intraurbano, que afectan a 2.340 personas. Sin embargo, el Ministerio Público identificó que "muchos de los éxodos son silenciosos y que las familias no denuncian por miedo o desinformación. Lo que representa que la cifra no coincide con la realidad. El despojo es el arma de estas bandas para dejar claro que son las dueñas de los barrios y de las rentas criminales como la extorsión y el microtráfico" |19|.
En nota de prensa, el personero de Medellín, Guillermo Durán reconoce que: "las bandas utilizan desde hace años, como estrategia de guerra, desplazar a familias de sus enemigos, a personas que consideran incómodas o de las que necesitan sus casas para actividades ilícitas o porque no les pagan extorsión y también por miedo a que los delaten con las autoridades |20|". Lo más calamitoso es que solo en el barrio Belén Zafra en el transcurso de 2017 se han presentado cuatro episodios de desplazamiento masivo intraurbano |21|, solo entre el 12 y el 26 de octubre10 familias fueron desplazadas de manera forzada en Belén Zafra .
En ese sentido (...) según un informe de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, en el primer semestre de 2017, la atención a hogares que declararon desplazamiento intraurbano aumentó un 167 con relación al mismo periodo del año anterior; es decir, 66 hogares más. Hubo un tremendo incremento en el corregimiento Altavista (2407), en donde se dieron 24 casos más que el año pasado, y en el corregimiento San Cristóbal aumentó el 1007, igual que en la comuna 10, La Candelaria. |22|
Tanto el despojo de bienes como el desplazamiento forzado, el cual se viene incrementando en lo recorrido del año, demuestran el declarado y extenso control que las estructuras criminales ejercen sobre los diferentes territorios de la ciudad. Tal como lo revela el informe de la Personería, al señalar que, en buena medida, la ocurrencia de estos hechos de desplazamiento forzado intraurbano, están asociados con procesos de administración de justicia por parte de grupos armados, repoblamientos para expulsar a personas tratadas como "sospechosas", intenciones de reclutamiento forzado y vinculación de menores, o el no pago de extorsiones, entre otros factores. Vicisitudes y acontecimientos que sumandos al incremento de homicidios en estos barrios, hace evidente una crisis humanitaria, incorrectamente atendida por la administración local, pues su política ha privilegiado acciones policiales, circunstanciales y mediáticas.
Desaparición Forzada
Fuente: Elaboración Observatorio de derechos humanos y paz (IPC). con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) - Secretaría de Seguridad - Alcaldía de Medellín. 2017
En la ciudad de Medellín se ha enraizado una criminalidad organizada y armada, tal como se ha venido planteando, han logrado afianzar controles territoriales, poblacionales y económicos, estableciendo órdenes en espacios, públicos y privados; en economías y mercados, tanto legales como ilegales. Haciendo uso de diversas formas de coerción violenta, restricciones y estableciendo limites, tanto reales como imaginarios. En ese sentido se advierten de prácticas, significados y situaciones puntuales presentes en algunas de las comunidades que dan cuenta de todo un sistema social, que ha naturalizado y legitimado el papel del empresariado de protección violenta. El homicidio selectivo, la extorsión, el desplazamiento forzado in-traurbano son hechos que dan cuenta de la complejidad, a lo cual hay que sumarle la desaparición forzada, que como practica es también una forma de control social y sometimiento político, que en los últimos años se ha cualificado en su forma de proceder. Es decir, como se observan en anteriores informes |23|, aparecen por periodos la disminución de los homicidios y la par va el aumento la desaparición forzada y otras prácticas coercitivas.
Según Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, en el periodo de enero a septiembre de 2017, en la ciudad de Medellín se ha presentado un total 201 desapariciones, de las cuales 153 corresponden a hombres y 48 mujeres. Un grave problema que es necesario advertir para este periodo es la falta de información con datos precisos, pues el SISC no los está suministrando a pesar de solicitarlos, lo que dificulta poder triangular información entre diversas fuentes, para valorar la real magnitud de esta práctica perversa que atenta contra la integralidad de los derechos humanos, practica histórica en la ciudad utilizada por los actores armados para mantener el control territorial, social y político.
Extorsiones, bajos índices de denuncia
Frente a las extorsiones, los bajos índices de denuncia frente al real número de casos que se presentan en la ciudad, dan cuenta de la forma como se han naturalizado y enraizado ciertas prácticas de restricción y coerción violenta en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Me-dellín, exponiendo la enorme capacidad de control territorial del crimen organizado y sus estructuras armadas consolidando, inclusive, el grado de legitimación alcanzado entre la población sometida a su dominación. En efecto, la eficacia de los sistemas punitivos |24| impuestos por actores de la criminalidad, son un factor decisivo para este enraizamiento de las exacciones forzadas contras las personas y comunidades.
El caso de las rentas criminales se extienden a todos los barrios, comunas y zonas de la ciudad, se presentan diversas prácticas, modalidades, formas; en general los tipos de extorsión son de diverso orden y naturaleza, como hecho social y político, la extorsión en la ciudad en lo últimos años, ha logrado extenderse, ser permanente y en tanto naturalizada, no es un simple y aislado hecho de renta criminal, ello es un desacertado diagnóstico; la extorsión es ante todo la manifestación de unos poderes ilegales que, en muchos casos, con la aquiescencia, connivencia y respaldo institucional, logran regular el orden social y dominar la vida comunitaria en los territorios, donde la extorsión es una de las maneras silenciosas de materializar esos órdenes.
De tal magnitud es la naturalización, el control del crimen organizado y el miedo construido en los territorios, que en el 2017 solo se registraron entre enero y octubre 280 denuncias por extorsión, una disminución con respecto a las 291 denuncias registradas en el año 2016. Las comunas con mayor nivel de denuncias en lo recorrido del año están ubicadas en la ladera occidental de la ciudad la Comuna 16 Belén con 31 denuncias; Laureles-Estadio, con 23; y La Candelaria con 42 denuncias registradas, y en el lado oriental de la ciudad la comuna Popular registra 3 casos y Santa Cruz 6. El corregimiento de San Cristóbal ubicado en la zona occidental presenta 19 denuncias.
Lo que no implica que este sea un escenario de reducción, ni de acabar la práctica de la extorsión en Medellín, sucede todo lo contrario, es decir, a menor número de denuncias significa mayor control territorial, más efectivos los cobros coercitivos, más arraigada la coerción social extorsiva de la criminalidad organizada, y menos y poca efectiva las políticas de seguridad para contener e impedir que el fenómeno continué afianzándose. Es por ello que, no basta con mirar de manera desagregada cada situación problemática en materia de seguridad, sino mantener un análisis complejo de la realidad, que permita comprender el por qué ante las disminuciones circunstanciales de un determinado indicador, ello debe ser motivo de preocupación, toda vez que la realidad que se está reflejando es la del afincamiento de los controles territoriales en la ciudad. Según el mismo SISC de la alcaldía de Medellín da la razón que "estas cifras no representan la magnitud de la problemática de extorsión en la ciudad, la cual continúa en proceso de diversificación y expansión, dada la cantidad de sectores donde se extorsiona pero que no se denuncia. En consecuencia, en este documento se presenta información de contexto que muestra a personas desplazadas de manera forzada por no pagar extorsión". |25|
La extorsión, como práctica de coerción de las estructuras criminales, en la ciudad es una manera de exponer la violación continua y sistemática de los Derechos humanos para los ciudadanos y las comunidades, ya que ésta es ante todo una forma criminal de coersión, que vulnera sistemáticamente el derecho a la libertad, al patrimonio y al derecho a la vida. Sumado al hecho, igualmente silencioso, de la corrupción donde las bandas han estado estrechamente ligadas a miembros de la fuerza pública |26|. Todo esto da pie a cuestionar la real política de seguridad que se ha implementado con el pasar de los años en la ciudad. Con la reciente captura de quien fuera el Secretario de Seguridad y Convivencia, Gustavo Villegas Restrepo por, presuntamente, favorecer a la estructura criminal La Oficina del Valle de Aburrá |27|, se puede entender la gravedad de la crisis institucional, pero además, a deducir cómo logran permear estas estructuras a las instituciones para beneficiarse, con las lamentables consecuencias que agudizan las dinámicas del conflicto urbano, las condiciones de inseguridad sin que el Estado local ejerza sus control real de los territorios.
Violencia sexual
La violencia sexual es otro hecho que en Medellín que debe ser abordado en contextos especificados puesto que, tal como comenzamos sustentado, la ciudad está atravesada por conflictos por los territorios y territorialidades, donde las estructuras armadas y el crimen organizado mantienen vigente el poder territorial, económico y poblacional sobre las comunas de Mede-llín. Situación que favorece unas condiciones que viabilizan el uso de los diferentes tipos de violencias: Tales como la violencia sexual, la de género, contra las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidades diversas y la violencia intrafamiliar. Es necesario advertir, cuatro asuntos son problemáticos para abordar estos tipos de violencias y su consecuente vulneración a los derechos humanos: i) insuficiente o precaria información ii) niveles altos de impunidad iii) políticas públicas desarticuladas y poco difundidas y iv) una institucionalidad quebrantada, con poca legitimidad en los territorios.
Según el último informe de la Personería de Medellín |28|, los índices de violencia sexual reportados en la ciudad durante el año 2015 fueron 1667 denuncias, en 1460 las víctimas fueron mujeres, es decir, el 87.6%. En el año 2016 de 1537 denuncias por delitos sexuales 1362 de las víctimas fueron mujeres, es decir, el 88.6%. Se presentó una disminución en denuncias por delitos sexuales en contra de mujeres del 7.8% con respecto al año 2015, 755 menores abusados según las denuncias y los reportes. Con relación a los rangos de edades en los que en mayor número se presentaron estos delitos, tenemos que están entre 6 y 11 años, seguido por 14 a 17, 12 a 13, 0 a 5, 18 a 24 años y 25 a 28. Todas estas cifras son aproximadas, la información es incompleta ante la cantidad de casos que realmente se presentan en la ciudad, muchos hechos no se registran y la gran mayoría no se denuncian.
En ciudad, según información de la Personería de Medellín, entre el primero de enero y el 31 de octubre de 2017, se registraron 554 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes -NNA-, es decir que cada dos días tres menores son abusados sexualmente. Si bien se presenta una disminución respecto a todo el 2016, en mismo este periodo de 2017, se registraron 40 homicidios de menores de edad |29|, según las cifras de delitos sexuales reportados por el SISC es de 888, según las denuncias los miembros de la familia o personas cercanas son los principales victimarios. Frente a estos datos es alarmante el sub registro y los niveles de impunidad.
Tal como se evidencia en los informes de Medicina Legal la violencia sexual es alarmante puesto que en el año "2016 se practicaron 21.399 exámenes médicos legales por delito sexual. De ese total un 10,1 por ciento correspondió al departamento de Antioquia y el 5,3 por ciento se presentó en Medellín. Asimismo, el 86 por ciento de estos exámenes se practicaron a menores de edad. Según esto, por lo menos 59 niños son abusados sexualmente al día en el país. En el 88% de los casos presentados los victimarios fueron familiares o allegados y el 76% se presentaron en las mismas viviendas de los menores" |30|. Lo que implica que Antioquia es el segundo departamento del país donde más exámenes sexológicos por presuntos delitos sexuales se realizaron así: en el año 2015 un total de 2.710 y en el año 2016 con 2.163 casos, siendo las mujeres las principales víctimas, y de estas la mayoría menores edad, la principal expresión de este tipo de violencia fue el abuso sexual a las mujeres, en el ámbito doméstico mayoritariamente
Violencia contra la mujer
Si bien en el año 2016 disminuyeron los asesinatos de las mujeres en Medellín con respecto al año 2015, pasando 46 casos a 37 casos respectivamente, en el año 2017 se incrementaron un 53% con 51 |31| casos, analizados estos tres años se observa que la mayoría de mujeres asesinadas son jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 30 años de edad y el lugar de la ciudad con mayor índice es la comuna 10, la Candelaria. Igual que en el consolidado general la mayoría de los homicidios son por arma de fuego seguida por el arma cortopunzante. Frente a ello las organizaciones de mujeres de la ciudad plantean dos asuntos cardinales: uno, a los hombres los matan por razones distintas, como por el conflicto urbano o problemas de combos, mientras que a las mujeres por su condición de género; dos, existe poca información oficial sobre los agresores que cometieron los homicidios contra las mujeres y los feminicidios, lo cual queda reflejado en los pocos avances alcanzados en materia de investigación de estos delitos, y en la alta impunidad reinante, como consecuencia de "las barreras para el acceso a la atención, desde la institucionalidad, (...), falta de recursos y de personal idóneo para la gran cantidad de casos que deben resolverse, poca divulgación de la ley que protege a las mujeres, lentitud en los trámites de denuncia: recolección de pruebas, medidas de protección y judicialización, lo que aumenta el riesgo de las víctimas |32|.
Consideraciones finales
1. La salida de la Secretaria de Seguridad de la alcaldía de Medellín de Gustavo Villegas por su detención por parte de la Fiscalía General de la Nación evidencia las continuas prácticas de transacciones, el nivel de los pactos, que conservan sectores que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad en Medellín. Este hecho corrobora que los grupos criminales organizados, no solo se han extendido geográficamente, sino además políticamente, desplegando tal poder que han logrado permear escenarios de la institucionalidad, poniéndola a subvención de sus intereses. Las circunstancias del ex secretario de seguridad y el manejo que el alcalde le proporcionó a esta coyuntura puso en entredicho la legitimidad de la institucionalidad y el modelo de goberna-bilidad de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez le corresponde una explicación y la verdad a la ciudad frente a lo acaecido.
2. En 23 meses de gobierno, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez desarrolla una política de seguridad que no interpreta las realidades de la ciudad, en sus comunas y barrios, en la medida que han aumentado el número de homicidios, de feminicidios, han disminuido las denuncias en algunas prácticas delictivas, evidenciándose con ello por un lado mayor control de las estructuras armadas y de la criminalidad organizada en la zono oriental, por otro lado, niveles altos de confrontación de estructuras armadas en zonas de disputa territorial, como es el caso de la zona occidental, con lo cual finalkmente se demuestra que la seguridad en Medellín esta dilapidada.
3. Con la política de seguridad materializada en los últimos años, que no solo compromete al actual Alcalde, también a algunos de sus antecesores, se ve como paulatinamente se profundiza ya no solo el control, también el poder del criminen organizado: en los territorios, en la economía, en la política, en sectores poblacionales. Utilizan, acorde a la necesidad o interés, explícitos y diferencias formas modalidades de coerción, bien sea física, social, económica o política.
4. El componente de derechos humanos puesto en práctica por la actual admiración, que cumple la mitad de su periodo, es circunstancial, pues como lo manifiestan los indicadores, los contextos y la aplicación de las políticas, no hay una apuesta institucional integral para garantizar su disfrute, todo lo contrario, tal como se evidencia, no solo por los aumentos en los indicadores de homicidios, feminicidios, extorción, desplazamiento forzado, sino y fundamental mente por la consolidación del empresariado violento en barrios y comunas de Medellín.
5. Finalmente recordar lo que hemos planteado en informes anteriores con relación a las políticas de seguridad: se ha impuesto en Medellín un modelo basado en la criminalización de la pobreza y el populismo punitivo, como estrategia central de los sucesivos gobiernos locales, desde la entronización de la seguridad como un derecho fundamental. Los diagnósticos de los que han partido esas políticas han coincidido en definir, de manera selectiva, ciertos conflictos delictuales o criminales como los centrales en materia de inseguridad, partiendo de arbitrarias mediciones cuantitativas sobre la ocurrencia de ciertos tipos de conductas. Así por ejemplo, la medición de los homicidios ha estado en el centro del debate, casi que desviando por completo la atención sobre otras formas de coerción que, en su conjunto, configuran modelos de control territorial.
Este énfasis sigue favoreciendo la impunidad sobre los fenómenos de macrocriminalidad en la ciudad y el Valle de Aburrá, además de invisibilizar a las víctimas de dichas prácticas. Cualquier intento de construcción de paz urbana pasa por superar este modelo, haciendo visibles los actores de poder político y económico hegemónicos que han participado y se han beneficiado de los fenómenos de violencia armada, pero sobretodo, colocando en el centro a las víctimas y sus derechos fundamentales a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Los modelos transac-cionales, como los que lideraba el exsecretario Villegas y el partido Centro Democrático, lo único que favorecen es la impunidad de las élites involucradas, y la pervivencia de los factores asociados a la violencia, modelo que fue un rotundo fracaso en el caso de la Ley de Justicia y Paz... Ello no se puede volver a repetir.
Referncias
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- Plan de Desarrollo 2016-2019 "Medellín cuenta con vos". Recuperado de: https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2016/PlandedesarrolloMunicipalConsolidadov229FEB16.pdf
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- W Radio. (2017). Renuncia el asesor del proyecto de sometimiento de bandas criminales. Recuperado de http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/renuncia-el-asesor-del-proyecto-de-sometimiento-de-bandas-criminales/20170712/nota/3518509.aspx
[Fuente: NODO Antioquia, Medellín, 11dic17]
Notas:
Notas de la presentación:
1. A la par a este informe, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías de Derechos Humanos, con el apoyo del proyecto financiado a los delegados de las plataformas de derechos humanos, expertos y experta integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, también construyó un informe sobre el paramilitarismo en 4 subregiones de Antioquia. Sugerimos consultarlo en la página de la Coordinación: http://coeuropaorg.co/ o en las páginas de las organizaciones responsables de la coordinación y elaboración del documento: Corporación Jurídica Libertad, Fundación Su-mapaz y la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño [Volver]
Notas del informe sobre el Primer balance del Cese al Fuego Bilateral temporal entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Antioquia
1. Este es un espacio de Organizaciones Sociales, cuyo objetivo es hacerle seguimiento al Cese al Fuego Bilateral y Temporal en el departamento, participando activamente en el proceso de negociación, generando apropiación y discusión sobre las dinámicas de los territorios en los cuales trabajan. Hacen parte de este escenario la Confluencia por la Vida y Por la Paz en Antioquia, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estado Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de los Defensores/as de Derechos Humanos y Líderes/as Sociales [Volver]
2. Acuerdo del 4 de septiembre de 2017de la Mesa de Diálogos para la Paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional [Volver]
3. Ver en: http://es.presidencia.gov.co/noticia/170904-Comunicado-del-Jefe-de-la-Delegacion-del-Gobierno-Juan-Camilo-Restrepo [Volver]
4. Ver en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/dialagos-eln/Paginas/Comunicados-conjuntos/acuerdo-comunicado-cese-fuego-bilateral-tem-poral-gobierno-ELN.aspx [Volver]
5. Ver en: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/10/02/9130/ [Volver]
6. Ver en: http://www.cdpsanjose.org/node/115 [Volver]
7. Ver en: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/los-cinco-grupos-indigenas-de-antioquia-marchan-en-medellin-147408 [Volver]
8. Ver en: https://www.facebook.com/sies.colombia/photos/a.412782848911980.1073741883.408860239304241/727577717432490/?-type=3&theater [Volver]
9. Periódico ADN, 18 de octubre de 2017 [Volver]
10. Ver en: http://m.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/homicidio-de-mujer-en-la-comuna-13-XB7524123 [Volver]
11. Ver en: http://www.rcnradio.com/locales/taraza-fue-asesinado-hombre-lideraba-los-programas-sustitucion-voluntaria-cultivos/ [Volver]
12. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/?Llamado-Urgente-Lider-de-sustitucion-de-cultivos-en-Antioquia-es-asesinado [Volver]
13. Ver en: https://wwwelespectador.com/noticias/nacional/mujer-trans-fue-asesinada-en-caucasia-articulo-723571 [Volver]
14. Ver en: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.portals [Volver]
15. Ley 1453 de 2011 "Ley de Seguridad Ciudadana", Artículo 10 [Volver]
16. Ley 1453 de 2011 "Ley de Seguridad Ciudadana", Artículo 15 [Volver]
17. Ley 1453 de 2011 "Ley de Seguridad Ciudadana", Artículo 43 [Volver]
18. Ley 1453 de 2011 "Ley de Seguridad Ciudadana", Artículo 44 [Volver]
Notas del Informe de derechos humanos, seguridad y paz 2017, Medellín del Observatorio de Derechos Humanos y Paz Instituto Popular de Capacitación (IPC)
1. Informe realizado por
- Juan Esteban Jaramillo Giraldo. Abogado, Magister en Ciencia Política. Investigador del Observatorio de derechos humanos y paz.
- Jorge Diego sierra Arroyave. Antropólogo. Coordinador del Observatorio de derechos humanos y paz.
- Andrés Mauricio Soto. Sociólogo. Investigador en residencia del Observatorio de derechos humanos y paz. [Volver]
2. "Desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas, se venía perfilando como uno de los voceros de la organización criminal Ja Oficina" con miras a la negociación de un eventual acuerdo de sometimiento con el Gobierno Nacional". (El Colombiano, 17 de marzo de 2017; El Espectador, 5 de julio 2017). [Volver]
3. Según información tenía un contrato con el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), institución universitaria adscrita al municipio de Medellín, el cual inició en julio de 2016 y se liquidó en diciembre del mismo año. El propósito del contrato era trabajar en la "Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia, en ejecución del contrato interadministrativo No. 4600065469", celebrado con la Secretaría de Seguridad y convivencia [Volver]
4. Recuperado de http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/renuncia-el-asesor-del-proyecto-de-sometimiento-de-bandas-criminales/20170712/nota/3518509.aspx [Volver]
5. Tres décadas del poder paralelo de la Oficina de Envigado. El espectador. https://ww.elespectador.com/noticias/judicial/tres-decadas-del-poder-paralelo-de-la-oficina-de-envigado-articulo-703244 [Volver]
6. Por amenazas renunció Arnulfo Serna, asesor de Alcaldía de Medellín. El colombiano http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/arnulfo-serna-habria-renunciado-a-la-alcaldia-de-medellin-por-amenazas-AJ6913013 [Volver]
7. Proyecto que enredó a Villegas irá al Congreso la otra semana. El Colombiano. http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/proyecto-de-sometimiento-de-bandas-criminales-iniciara-tramite-en-el-congreso-EG6954152. 21 de julio de 2017 [Volver]
8. Medellín requiere una reflexión profunda sobre seguridad: Luis Suárez. El Mundo, 28 de agosto de 2017. http://www.elmundo.com/noticia/Medellin-requiere-una-reflexion-profunda-sobre-seguridadLuis-Suarez/358267 [Volver]
9. Informe DDHH 2016, Boletín Observatorio Derechos humanos y paz No. 19 [Volver]
10. https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/Publicaciones/Shared%20Content/GACETA%20OFICIAL/2015/Gaceta%204331/ACUERDO%200021%20DE%202015.pdf [Volver]
11. https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/Publicaciones/Shared%Content/Documentos/2016/PlandedesarrolloMunicipalConsolidadov229FEB16.pdf [Volver]
12. Cifras del SISC de la Alcaldía de Medellín. Fecha de Enero a 20 de noviembre de 2017 [Volver]
13. Impunidad en violencia contra la mujer es del 96 % en Colombia. http://www.elcolombiano.com/colombia/violencia-contra-la-mujer-en-colombia-EN7078547 [Volver]
14. INFORME DE INDICADORES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, SISC Noviembre de 2017 [Volver]
15. Así definen las bandas las fronteras de Medellín. El Colombiano, junio 21 de 2017 http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asi-definen-las-bandas-las-fronteras-de-medellin-HY6760876 [Volver]
16. INFORME DE INDICADORES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN MEDELLÍN Periodo de análisis: enero 1 - octubre 31 de 2017 Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISC. Secretaría de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín. Página 12. Subrayado nuestro. [Volver]
17. Según el SISC es la fecha hasta la cual está disponible la información [Volver]
18. 16 % crecen las familias desplazadas en Medellín. El Colombiano. http://www.elcolombiano.com/antioquia/desplazamiento-forzado-en-medellin-XC7370246 [Volver]
19. Recuperado de http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/preocupa-desplazamiento-forzado-en-medellin-147990 [Volver]
20. 16 % crecen las familias desplazadas en Medellín. El Colombiano, 26 de septiembre http://www.elcolombiano.com/antioquia/desplazamiento-forzado-en-medellin-XC7370246 [Volver]
21. En menos de 15 días, 10 familias fueron desplazadas en Zafra, Medellín. El Tiempo. http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/en-solo-15-dias-han-desplazado-a-10-familias-en-un-barrio-de-medellin-segun-personeria-146242 [Volver]
22. Editorial Corporación Región http://www.region.org.co/index.php/opinamos/item/247-editorial-el-desplazamiento-forzado-dentro-de-la-ciudad-crece-y-seguimos-como-si-nada [Volver]
23. Ver Boletín No. 19. Informe Personería de Medellín 2015 [Volver]
24. Para ampliar consultar los trabajos del profesor Hernando Londoño Berrío, 2017 [Volver]
25. INFORME DE INDICADORES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN MEDELLÍN. Periodo de análisis: enero 1 - octubre 31 de 2017Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISC. Secretaría de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín. Página 44 [Volver]
26. 200 policías han sido retirados de sus cargos por actos de corrupción en el país http://caracol.com.co/emisora/2017/07/27/medellin/1501127805_364307.html [Volver]
27. Secretario de Seguridad no atacó a "La Oficina": Fiscalía. El colombiano. http://www.el-colombiano.com/antioquia/seguridad/secretario-de-seguridad-no-ataco-a-la-oficina--fiscalia-YN6852133 [Volver]
28. file:///C:/Users/usuarioipc/Downloads/informe-ddhh-2016.PDF [Volver]
29. http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/en-2017-se-han-registrado-554-casos-de-abuso-sexual-a-ninos-en-medellin-personeria-152978 [Volver]
30. http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/755-menores-abusados-el-ano-pasado-en-medellin-148832 [Volver]
31. Para el 2017 la fecha de corte es 20 de noviembre, cifras proporcionadas por el SIC [Volver]
32. Impunidad, la reina en casos de abuso sexual. El Tiempo. http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/impunidad-reina-en-casos-de-abuso-sexual-en-medellin-138308 [Volver]
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